GCCVIEWS

Etiqueta: Asamblea Constituyente

  • Asamblea o mesas de negociación?: crisis de representación

    Este domingo pasado, en Inbuenostv, mientras conversábamos con los aspirantes a una curul en la Asamblea en Panamá, se me ocurrió plantear lo grave de ver cómo temas propios de ese órgano legislativo, se estaban discutiendo (y lo peor, negociando) en un tú a tú entre el Ejecutivo y los designados (o autodesignados) representantes populares. Me pregunto si se está leyendo lo peligroso de esta situación, que en la academia se la denomina “crisis de representación”.

    Para ser breve, la república admite dos formas de gobernarse: la democracia directa, donde no hay mediación entre el ciudadano y el gobierno, entonces por cada decisión que se necesita tomar se somete a referéndum; o la democracia indirecta, que es la que descansa en el diseño constitucional panameño, donde la voluntad del ciudadano se expresa a través de los representantes, que para ello se dedican a los asuntos públicos mientras los primeros se dedican a sus negocios.

    Conviene precisar que la representación tiene carácter público, el debate entonces es público porque todo lo que deba debatirse involucra a toda la sociedad, una Asamblea no puede convertir intereses privados en una cuestión pública mediante un debate y ley en el congreso. Con ello se infiere que los derechos individuales no pueden estar sometidos a discusión pública y he allí el principal carácter de una Asamblea: la delimitación y freno ante el avance del poder del Ejecutivo, entendiendo al poder en modo weberiano de “la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena”. Para ejemplificar lo anterior, una Asamblea no puede ni debe pasar una ley que beneficie a unos pocos a costa del resto de la sociedad.

    Sin embargo, ya Bertrand de Jouvenel advertía que “el poder es expansivo por su propia naturaleza” y la clase política, una vez que llega al poder, sólo se esfuerza por diseñar los mecanismos para preservarse en el mismo. La teoría de la representación política de la defensa de lo público termina convirtiéndose en un instrumento privado y selectivo para la defensa de intereses privados y selectivos. Esta situación puede perdurar mientras no se produzcan crisis, especialmente económicas, como la que se produce a raíz de las malas decisiones gubernamentales tomadas en respuesta a la pandemia, entre otras tantas malas decisiones que ya se venían dando en materia económica.

    Inevitablemente, la secuencia de conductas previo al quiebre del sistema político que moralmente hay que evitar, comienza con un profundo malestar entre los representados. Este sentimiento de falta de representatividad se traduce en un sentimiento de desapego y desconfianza por parte de la ciudadanía en los partidos y en las instituciones políticas. Inicialmente, los representantes políticos atienden la voz de descontento ciudadano que lo vemos traducido en reuniones, comisiones, alguna invitación a debatir.

    Un segundo momento de esta secuencia se caracteriza por la lenta y completa desatención y desconexión de los partidos políticos tradicionales ante las consecuencias concretas de aquel descontento, ya el ciudadano siente que las promesas iniciales se diluyen en el tiempo y, así, se llega al tercer momento, cuando se produce la doble crisis, tanto de representados como de representantes. El representado se siente defraudado por la política y exige un cambio (no tiene muy claro qué cambio, pero lo quiere) y el representante, ya totalmente abocado a su propia causa de permanecer en el poder, que ya no sabe bien a quién o qué, tiene que representar.

    En este contexto, se abre la puerta de entrada a la escena política de movimientos sociales de todo tipo que canalizan y se apropian de ese descontento social, que pueden terminar en finales pacíficos como movimientos o nuevos partidos políticos. O por el contrario, en revoluciones violentas. La trampa de caer en los primeros cuando aún existe una Asamblea constituida, que es el órgano natural del debate, era advertida por Maquiavelo, cuando sostuvo que “el Príncipe necesita contar con la amistad del pueblo porque de lo contrario aquel no tiene remedio en la adversidad”.

    Entonces, la tentación del ejecutivo gobernante de apoyarse en “el pueblo” antes que en otros poderes fuertes es muy grande (Maquiavelo se refería a una “minoría de poderosos”, que en la época eran la nobleza y otros), dado que “los poderes fuertes pueden convertirse en adversarios y enemigos mientras que al pueblo le basta con no ser oprimido”. Maquiavelo propone así, como manejable y oportuna para el Príncipe, la vía del contacto directo con el pueblo, como actualmente sería una mesa de negociación entre los considerados representantes de los ciudadanos descontentos y el gobierno, haciendo invisible a la Asamblea. Ahora piense el lector en cuántas veces ha escuchado (cuando no sucedido) la amenaza de un Ejecutivo “fuerte” llamando a eliminar la Asamblea y gobernar directamente con el “pueblo.”

    Este clima de conflictividad social es el caldo de cultivo para el surgimiento de líderes mesiánicos y partidos populistas, tanto de izquierda como derecha, que prometen remediar la fractura entre política y sociedad. Esta concepción populista asume que las opiniones de la mayoría son esencialmente justas y se deben respetar. Y nada más moralmente incorrecto, dado que las decisiones de la mayoría no poseen en sí mismas ninguna superioridad moral dado que son solamente una mera convención numérica, una mayoría no constituye un argumento sobre la verdad, lo moral o lo correcto.

    El problema con todos estos movimientos es que siempre que aparece el líder carismático, enseguida propone una serie de medidas, una especie de “hoja de ruta” que comienzan tímidamente con propuestas que a las claras van contra el espíritu republicano y generalmente anticonstitucionales, como la expropiación de facto, o más graves y escalando hasta declarar la necesidad de reforma integral o reemplazo de la Constitución.

    Pero si la representación está en crisis, ¿hay algún remedio que no sea el peligroso de una reforma constitucional con resultado incierto o la implementación de facto de una democracia directa como parecería que es del gusto de algunos líderes latinoamericanos?

    Por suerte sí existen mecanismos de fácil implementación, e incluso muchos de estos mecanismos están previstos en la misma Constitución, pero sino, igual pueden ensayarse mediante un fuerte compromiso de los representantes que constituyen el remanente ético: desde la posibilidad de incluir listas abiertas en los procesos electorales, modificaciones de leyes electorales, facilitación de la iniciativa popular, previsión de referéndums en casos determinados, presupuestos participativos, contacto directo con el ciudadano utilizando las tecnologías, etc.

    Citando a mi querida ex compañera de estudios, la politóloga Constanza Mazzina, “La crisis de los partidos es la crisis de la democracia. Por delante, los partidos tienen el desafío de justificar su existencia, de aggionarse, de rendir cuentas, de transparentar su accionar y su financiamiento y, en última instancia, de responder a los ciudadanos. Deben dejar de ser estructuras opacas y cerradas. En inglés hay un término muy interesante para denominar esta tarea: “answerability”, deberíamos pensar el término en español y hacerlo posible.”.

    Lo que hay que preservar es la Asamblea como órgano imprescindible de la democracia republicana, especialmente en países con muchas complejidades. Esa es la tarea como ciudadanos, acudir donde reside el poder ciudadano y que es parte del contrapeso institucional. Si caemos en la tentación de la voluntad popular directa a manos de un líder carismático que, por definición puede modificar arbitrariamente las leyes y a su antojo satisfacer todas las demandas, podemos terminar de cavarnos el pozo donde irán a parar los derechos fundamentales y esta idea negativa de ellos, que implican restricciones a la acción de terceros.

    Por ello es preocupante que el ejecutivo pueda negociar por fuera de la Asamblea; aún cuando no nos gusten los representantes actuales, existen mecanismos para exigirles y encauzarlos. Reconocer o legitimar agrupaciones, movimientos, mesas, rondas, que puedan realizar acuerdos que comprometen a la ciudadanía entera y generaciones futuras, es no entender aquel principio básico republicano que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Y de ahí, al surgimiento del populismo mesiánico, sólo hay unos pocos votos descontentos.

     

  • La Constituyente: algunas reflexiones

    La Constituyente y su debate, si originaria o paralela, si conveniente o no su reforma en estos momentos, nos hizo recordar algunas sentencias muy valiosas que consideramos deben ser un punto de partida para reflexionar sobre la discusión pública de estos momentos.

    Juan Bautista Alberdi, conocido como el padre del constitucionalismo latinoamericano, en el capítulo XXXIV de su célebre obra, Las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, nos  advierte sobre los peligros potenciales de los protagonistas: «La mejor política, la más fácil, la más eficaz para conservar la Constitución, es la política de la honradez y de la buena fe; la política clara y simple de los hombres de bien (…). Pero entiéndase que la política de la honradez requerida por la sana política no es la honradez apasionada y rencorosa (…). La sinceridad de los actos no es todo lo que se puede apetecer en política; se requiere además la justicia, en que reside la verdadera probidad.

    Para muchos, no todos, proponentes de la Constituyente,  los integrantes reformadores, saldrían de las bases mismas de los partidos políticos. ¿Sería esa una buena idea?

    «Cuando la Constitución es oscura o indecisa, se debe pedir su comentario a la libertad y al progreso (…).

    «… Para que los pueblos la amen [a la Constitución], es menester que la vean rodeada de prestigio y de esplendor…»

    Asimismo, nos da luces sobre el deber ser, del carácter perpetuo o duradero de una Carta Magna: «El principal medio de afianzar el respeto de la Constitución es evitar en todo lo posible sus reformas. Éstas pueden ser necesarias a veces, pero constituyen siempre una crisis pública, más o menos grave. (…) Deben evitarse todo lo posible, o retardarse lo más. La verdadera sanción de las leyes reside en su duración. Remediemos sus defectos, no por la abrogación, sino por la interpretación.

    «[…] Conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución. ¿Tiene defectos, es incompleta? No reemplacéis por otra nueva. La novedad de la ley es una falta que no se compensa por ninguna perfección; porque la novedad excluye el respeto y la costumbre y una ley sin estas bases es un pedazo de papel, un trozo literario.

    «La interpretación, el comentario, la jurisprudencia, es el gran medio de remediar los defectos de las leyes. (…) La ley es un Dios mudo: habla siempre por la boca del magistrado. Éste la hace ser sabia o inocua. De palabras se compone la ley, y de las palabras se ha dicho que no hay ninguna mala, sino mal tomada».

    «… Cread la jurisprudencia, que es el suplemento de la legislación, siempre incompleta, y dejad en reposo las leyes, que de otro modo jamás echarán raíz.

    «Para no tener que retocar o innovar la Constitución, reducidla a las cosas fundamentales, a los hechos más esenciales del orden político. No comprendáis en ella disposiciones por su naturaleza transitorias, como las relativas a elecciones.

    «… Gobernar poco, intervenir lo menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir la autoridad, es el mejor medio para hacerla estimable».

    Entonces, tanto legislación como interpretación de la ley, son las características claves para el sostenimiento de la Ley Fundamental, así , la función que la legislación debería tener, en relación con la estabilidad del sistema, sería integradora. Es decir, que la legislación debería interpretar la Constitución y así reglamentar las carencias normativas, no restringiendo los derechos y garantías por ella dictada, sino manteniendo la amplitud que ella otorga.

    De allí la importancia de la interpretación constitucional consiste en «desentrañar el sentido de la descripción efectuada por el autor de la norma».

    Concluyendo, si la legislación va contra el espíritu de la Carta Magna, con jueces interpretando, bastaría para lograr su respeto y desechar todo aquellos que el legislador actuara en contrario. Sin la necesidad de una Constituyente paralela u originaria que posiblemente mejorarían en mucho estos procesos ¿estos mecanismos ya no están establecidos en la actual Constitución?

    Con ello, se lograría ir sobre el aparato administrativo del estado, que es el que deformado y por sobre la Ley, avanza sobre los derechos fundamentales. Y esta diferencia es vital entender, porque ahora mismo, no se está demandando el cese de tal cuestión, sino algo más de una Constitución y para ello, recordar siempre que: “Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de los gobiernos esperan una cosa contraria a la naturaleza” y que ”Todo pueblo que come de la limosna del suelo solamente será un pueblo de mendigos toda su vida”.

  • Una constituyente Inoportuna

    El presidente, en la cúspide de su impopularidad, y viendo una derrota clara para su partido en las próximas elecciones se saca de la manga la constituyente. O sea, llamar al público a una refundación radical del Estado mediante una nueva Carta Magna. Esto lo ha hecho pasando por encima de pedirle un visto bueno a la Asamblea Nacional. Sabemos que ésta posiblemente se negará del todo.

    ¿Qué se busca con esto y qué consecuencias tiene?

    Políticamente es claro que se busca amarrar, como en algún momento intentó Ricardo Martinelli, al próximo gobierno. Se puede dar el caso de que el ganador de las elecciones del 2019 obtendría una victoria pírrica, porque ganaría no para llevar a cabo su plan de gobierno, sino para convocar a un Asamblea Constituyente que daría por terminado su mandato. En otras palabras, todo el tiempo y esfuerzo, todos los recursos utilizados por los candidatos a puestos de elección en las elecciones del 2019 serían en vano, ya que sus cargos serían anulados por la Asamblea Constituyente.

    Porque estemos claros, una Constituyente es un cambio radical, estamos hablando de quitar la piedra angular sobre la cual se sostiene todo el sistema legal y político de un Estado y reemplazarlo por otro. Esto significa mantener a todo el país en pausa por dos años más, cuando el país desde el 2016 vive una marcada desaceleración económica que el gobierno esconde con cifras maquilladas pero que es evidente en el día a día de los panameños. ¿Conviene paralizar al nuevo gobierno dos años más con una Constituyente, mientras la economía del país se frena? Parece que los proponentes de la Constituyente no piensan en esto. Los del gobierno es claro que buscan neutralizar al siguiente gobierno, porque si hubieran estado desesperados por la constituyente, la hubieran convocado al inicio de su período y no al final. Los de la sociedad civil se dividen en dos grupos, los abogados divos constitucionalistas que se miran en el espejo y aspiran a ser los padres de la refundación de la Patria, y los grupos de extrema izquierda que desean quizás dar un cambio radical a la composición del Estado Panameño.

    El problema es que fuera de estos grupos, nadie en Panamá parece tener claro qué se quiere con una Constituyente. No hemos avanzado mucho desde el ejercicio de la Junta de Notables de Ricardo Martinelli, una serie de cartas al Niño Dios legales, donde cada grupo aspira a elevar su tema mascota a nivel constitucional. Básicamente todos los proponentes de la Constituyente actuales aspiran a eso. A que sus intereses especiales o sus políticas personales sean elevados a normas constitucionales. Y ésa ha sido desgraciadamente la constante de los últimos ejercicios constituyentes latinoamericanos.

    Las constituciones latinoamericanas modernas suelen ser cada vez más largas y detallistas, pero no logran resolver los problemas de crecimiento económico, inequidad, corrupción legal y falta de estabilidad política. Crean hermosas políticas de papel, pero no resuelven nada en la práctica.

    Y es que todos sabemos que la Constitución Panameña actual tienen problemas serios, como la falta de legitimidad en su origen en la dictadura militar, así como el hecho de que los poderes del Estado dependen en la práctica del Ejecutivo quien controla el presupuesto, lo cual significa que elegimos un monarca, no un presidente por un período limitado de 5 años. Esto ha sido una receta para la corrupción y la impunidad. Sólo cuando la sociedad corrupta entre los poderes del Estado se rompe temporalmente como ahora, podemos ver lo corrupto que es el sistema político actual. Pero resulta curioso que los impulsores de la Constituyente no toquen este tema ni qué normas proponen para resolverlo en la nueva constitución; más bien se enfocan en los mecanismos para llamar a una Asamblea Constituyente, como si ésta fuera un fin en sí y no un medio para cambiar la constitución. Si se está desesperado por cambiar la constitución lo más lógico sea que se diga de antemano qué se quiere cambiar ¿no? El problema de ir a una Asamblea Constituyente de esa manera es que no se sabe qué clase de Constitución va a salir de ésta, y se puede terminar con algo peor, lo cual va a poner al país en vilo por dos años, en medio de una crisis económica.

    Hay mecanismos adecuados para cambiar la Constitución sin irse a un salto al vacío político. Como las reformas constitucionales. Y de irse a un Asamblea Constituyente, una paralela al inicio y no final de un período presidencial sería garantía de hacer cambios de la manera racional y calmada que el país necesita.

    Llamar a una constituyente en las circunstancias actuales, dejando la puerta abierta a un caos político sin que la sociedad la pida, es un ejercicio de irresponsabilidad suprema de los cuales ya hemos tenido varios en los 2010s.