El vocablo “fiscal” es muy interesante. En su origen se refería a una cesta o “capacho” de mimbre utilizada para recoger uvas, aceitunas o para guardar y transportar dinero; que con el tiempo, pasó a referirse al resguardo del tesoro estatal. Luego, al término fiscal se le agregó el sufijo -izar– dándole sentido verbal de acción; es decir, de cuidar los recursos estatales. Pero, el sentido de la palabra no se estancó allí sino que pasó a incluir las funciones de la defensa del interés público en general; y es aquí a dónde quiero llevar este ensayo.

Si la razón de ser del fiscal (el gobierno y sus gobernantes) —y de la fiscalización— es la salvaguarda de lo que a todos nos pertenece, que es mucho más que la riqueza del dinero; pues nuestro verdadero tesoro social radica en el respeto y el amor por el prójimo.

Tristemente, en Panamá hemos sufrido una mutación aberrante del término “autoridad”, tal como cuando Tío Pueblo llama “autoridad” a los policías o a la ATTT. Por acto u omisión desde lo alto hemos tergiversado el sentido de la verdadera “autoridad”: que no es quien lleva tolete y arma sino quien es el autor del libro o de la obra, que obra en sano conocimiento y no desde curules de ignominia carentes de dignidad.

Nos hemos acostumbrado a un debate público estéril, un cacareo incesante enfocado en un «fetichismo legal». Juristas y tecnócratas se desgastan puliendo normativas, diseñando presupuestos millonarios y planificando sistemas de semaforización inteligente, bajo la ingenua premisa de que las leyes caminan por sí solas. Pero la realidad es descarnada: de nada sirven las normas, las señales viales verticales o los pasos peatonales cuando el andamiaje humano encargado de supervisar y hacer cumplir la ley padece de una profunda descomposición moral.

Tomemos como radiografía de este mal a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). He hablado con quienes han estado en las entrañas de la bestia y, simplemente, la ATTT, ni en constitución ni en la práctica, es más que autora del desorden vial. En su lugar, se ha convertido en un súcubo institucional que se alimenta de la sociedad a través de la extorsión y el juega vivo.

El caso de los «cupos» de transporte es el secreto a voces más vergonzoso del país. Lo que supuso ser una herramienta estatal de seguridad vial y ordenamiento público es hoy una entidad inmoral e inefectiva que en vez de ordenar el tránsito y el transporte lo ha desordenado por completo.

Hace poco, una persona de entera integridad me relataba una escena horrorosa que ilustra perfectamente esta degradación: en una fiesta de personajes gubernamentales, los premios dentro de la piñata no eran dulces, eran cupos de transporte. Si esto no los pinta de cuerpo y alma…

A mí la ATTT me acusó y hallaron culpable de que mi remolque y lancha colisionaron a dos autos, dándose a la fuga. Mi abogado me advirtió que me hallarían culpable, ya que los jueces operaban en pérfida coyunda con empresas se seguro. Le conté a la directora de la ATTT, quien me dijo iba a despedir a los jueces; pero la despidieron a ella. Finalmente, me llamó la empresa de seguros para cobrarme los daños y les dije que me tendrían que demandar; que yo los arrastraría por los medios. Jamás me volvieron a contactar.

Yo también viví 14 en las entrañas de súcubo estatal y de nada sirve relatar realidades asquerosas; ya que todo el andamiaje está putrefacto. Hay que ser despistado para no ver lo que a diario sufrimos en las calles y que nos cuesta miles de millones al año en combustible, tiempo, accidentes, y más; y a todo ello, brilla por su ausencia la fiscalización.