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  • Secretario del Brexit ordena eliminar la Ley de Bruselas de 1972, que pone fin a toda la legislación de la UE en UK.

    El Gobierno inglés, a través del Secretario de Estado para el Brexit, ha firmado una orden para derogar la Ley del Parlamento que impuso la pertenencia de Gran Bretaña a la UE (CEE, Unión Europea, Comunidad Económica Europea) en 1972.

    La Ley de 1972 es el vehículo que permite que las regulaciones fluyan directamente a la legislación del Reino Unido desde los órganos legislativos de la UE en Bruselas. El anuncio de la derogación de la Ley marca un paso histórico en el retorno de los poderes legislativos de Bruselas al Reino Unido. «Estamos retomando el control de nuestras leyes, ya que es lo que el público votó en 2016», manifiesta el comunicado de prensa de la Secretaría del Brexit este Domingo. La derogación de la Ley de Comunidades Europeas de 1972 entrará en vigor cuando Gran Bretaña abandone formalmente la UE el 31 de octubre. Luego de haber firmado la legislación que cristalizará en ley la próxima derogación del ECA (European Communities Act) , el Secretario de Estado para Salir de la UE, Steve Barclay, dijo: «Esta es una señal clara para la gente de este país de que no hay vuelta atrás: nos vamos de la UE como lo prometimos el 31 de octubre, independientemente de las circunstancias, entregando las instrucciones que nos dieron en 2016».

    «Los votos de 17.4 millones de personas que deciden abandonar la UE es el mayor mandato democrático otorgado a cualquier gobierno del Reino Unido. Los políticos no pueden elegir qué votos públicos desean respetar. El Parlamento ya votó la salida a partir el 31 de octubre. La firma de esta legislación asegura que la Ley de Retiro de la UE derogará la Ley de Comunidades Europeas de 1972 el mismo día de la salida».

    También se manifestó sobre las innumerables regulaciones de la UE que fluyeron directamente en la legislación del Reino Unido durante décadas, y dijo que cualquier gobierno serio que tuviera la decisión de la salida (Brexit) el 31 de octubre debería mostrar su compromiso de derogarlo.

    Por último, el comunicado de prensa reproduce lo que es la nueva postura dura del gabinete de Boris Johnson: Esto es lo que estamos haciendo al poner en marcha esta derogación. Este es un momento histórico para recuperar el control de Bruselas sobre nuestras leyes.

    Líderes opositores o algunos conservadores que bregan por una salida con acuerdo, han manifestado su desacuerdo con esta Ley, demeritándola sobre el hecho que si se pospone la fecha, esta Ley no entraría en vigencia. Boris Johnson les ha respondido; «Algunos de ustedes han dicho públicamente que están decididos a tratar de evitar que salgamos de la UE en esa fecha si no podemos asegurar un acuerdo». El primer ministro agregó: ‘Es clarísimo que Bruselas, o la UE, simplemente no se comprometerá mientras ellos crean que existe la más mínima posibilidad de que el Parlamento pueda bloquear el Brexit el 31 de octubre». Mientras tanto, Johnson afirmó que «los llamados esfuerzos para evitar el «No Deal» están haciendo que el «No Deal» sea más probable de suceder».

  • Los paises nórdicos rechazan la «tasa Google», impuesto a las tecnológicas por la Unión Europea.

    Los ministros de Finanzas de los tres países nórdicos de la Unión Europea, Suecia, Dinamarca y Finlandia, han expresado su rechazo hacia el impuesto especial para grandes tecnológicas como Google, Apple, Facebook y Amazon que propuso en marzo la Comisión Europea.

    «Google, Facebook o Amazon pagan proporcionalmente menos de la mitad en impuestos que un puesto de salchichas». La grotesca  comparación  la hizo en el año 2016 el ex canciller austríaco, Christian Kern, indignado por el poco dinero que los gigantes digitales dejaron en la Hacienda de su país. Francia, España, Italia y Alemania fueron los primeros en alzar la voz y  exigieron a Bruselas y a sus socios del Eurogrupo alguna respuesta al respecto.

    Tres meses después de que Bruselas propusiese gravar con un impuesto del 3 % sobre ingresos a las tecnológicas que facturen más de 750 millones de euros globalmente y más de 50 millones en territorio europeo, las administraciones sueca, danesa y finlandesa se reiteran en su posición inicial: creen que va contra el interés de la UE y podría perjudicar la economía.

    «Los países nórdicos pertenecen a los países líderes en digitalización. La digitalización ha acelerado el desarrollo de nuestras economías y ha permitido el desarrollo de nuevos modelos comerciales. Es esencial garantizar que todas las empresas, incluidas las digitales, también tengan un entorno favorable al crecimiento en el futuro. Los impuestos bien diseñados y justos son un factor clave para lograr esto».

    Así comienza el  comunicado conjunto firmado por los tres ministros nórdicos, Magdalena Andersson, Kristian Jensen y Petteri Orpo, donde se asegura que este impuesto se desvía de los principios establecidos  internacionalmente tal y como está planteado.

    «Tradicionalmente, las empresas exportadoras no pagan impuestos en su destino de exportación simplemente porque tienen consumidores allí. La propuesta de un impuesto sobre los servicios digitales significa que básicamente toda la creación de valor se considera que tiene lugar en el lugar del consumidor», explican en el documento publicado el viernes.

    Asimismo, aseguran que «un impuesto sobre los servicios digitales se desvía de los principios fundamentales del impuesto sobre la renta al aplicar el impuesto sobre la renta bruta, es decir, sin tener en cuenta si el contribuyente está obteniendo beneficios o no». Por ello, creen que estos «cambios sustanciales» deberían debatirse y acordarse a nivel internacional.

    A finales de abril, ya fue noticia que la oposición de casi una decena de países de la Unión Europea bloqueaba las posibilidades de un acuerdo, por el momento, en torno a este impuesto digital especial y temporal.

    Además de Suecia, Dinamarca y Finlandia, en el grupo que rechazaban la propuesta de Bruselas estarían Irlanda, Malta, Luxemburgo, Lituania y el Reino Unido. A favor del impuesto se situarían Francia, España, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria e Italia, mientras que el resto mantenía posturas ambiguas.

    Los tres ministros de Finanzas de los países nórdicos de la Unión Europea, sin embargo, sí se muestran partidarios de reformar el sistema tributario en cuanto a lo digital, pero que esta reformulación de impuestos debería llevarse a cabo a través de la OCDE a nivel mundial. La Comisión Europea, explica Reuters, ha defendido que «los cambios internacionales en materia fiscal han sido históricamente muy lentos en entrar en vigor».

    La Comisión Europea propuso una tasa «transicional» a corto plazo que daría espacio y tiempo a los veintiocho miembros para negociar la ansiada base mínima del impuesto de sociedades y un plan global en el marco de la OCDE para conseguir que los nuevos modelos de negocio virtuales paguen la parte que les corresponde de los impuestos.

    Bruselas considera que el paso adelante era necesario y que habría sido una «ilusión» pensar que se podría llegar a corto o medio plazo a un acuerdo con los socios internacionales, según admitió el comisario de Economía, Pierre Moscovici, en la última cumbre de líderes de la Unión Europea en Sofía. El francés aspiraba a recaudar hasta 5.000 millones de euros anuales con este impuesto que, según se pudo comprobar en esa cita, sigue perdiendo entusiastas y defensores a medida que las negociaciones van tomando forma.

    La negociación a nivel político de este nueva fiscalidad digital comenzó a finales de abril en el consejo informal de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. La propuesta legislativa se tendrá que presentar ante el Consejo de la Unión Europea para su aprobación y al Parlamento Europeo para consulta.

    «La digitalización está cambiando el mundo rápidamente y en el futuro seguramente afectará también a las empresas que ahora consideramos tradicionales. Nuestro objetivo es garantizar que todas las empresas, nuevas y viejas, más o menos digitales, nacionales e internacionales, estén sujetas a impuestos de una manera eficiente y equitativa, basada en la creación de valor, para que los países nórdicos y el resto de la UE sigan siendo competitivos en un mundo cada vez más interconectado y digital», finaliza el comunicado.

    Estos tres países consideran que el gravamen va contracorriente de los principios internacionales y esta postura debilita aún más la posible salida adelante de la medida de la Comisión.