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  • Brexit: a diez años, el balance que la mirada liberal no puede evadir

    Brexit: a diez años, el balance que la mirada liberal no puede evadir

    Hoy se cumplen exactamente diez años del referéndum del 23 de junio de 2016, y la fecha llega cargada de simbolismo: Keir Starmer, el séptimo primer ministro británico desde aquel día, presentó su renuncia apenas 24 horas antes del aniversario. Una década de inestabilidad en Downing Street —seis cambios de liderazgo, cinco conservadores y un laborista— resume mejor que cualquier discurso lo que el Brexit ha sido en términos políticos: una herida que no termina de cerrar. Conviene, en este aniversario, hacer un balance sin trampas, desde una perspectiva liberal que valore tanto la soberanía democrática como los costos reales de las decisiones, y que esté dispuesta a la autocrítica cuando los hechos lo exijan.

    La cuenta económica: más cara de lo prometido

    El dato más citado en estos días proviene de un estudio elaborado por el economista Nick Bloom, de Stanford, junto con economistas del Banco de Inglaterra, que tuvieron acceso a datos internos de la institución. Su conclusión, publicada justo antes del aniversario: los datos a nivel de empresa apuntan a una pérdida del PIB del 6% en diez años, mientras que estudios más amplios sugieren un promedio del 8%. El propio gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha admitido en público que el nivel de actividad y crecimiento de la economía fue menor a causa de la salida del mercado único. Bloom añade un matiz importante para cualquier liberal honesto: el Reino Unido crecía con fuerza antes del Brexit y podría haber mantenido, al menos en parte, el ritmo de Estados Unidos de no haber salido de la UE.

    Las nuevas relaciones comerciales prometidas como compensación tampoco han llegado a la magnitud anunciada. Según las propias estimaciones del gobierno británico, el acuerdo con Australia añadirá apenas un 0,08% al PIB a largo plazo, el de Nueva Zelanda un 0,03%, y el acuerdo con India, presentado como una gran victoria estratégica, apenas un 0,13%. El ingreso al CPTPP, celebrado como prueba de la nueva «Global Britain», entra en la misma categoría: simbólicamente relevante, económicamente marginal.

    La promesa incumplida que más duele: la inmigración

    Si hay un terreno donde la autocrítica liberal debe ser más severa, es la inmigración, precisamente porque era la bandera con la que el Brexit ganó el referéndum. Las cifras oficiales muestran que, lejos de reducirse, la migración neta alcanzó cerca de un millón de personas en 2023 antes de descender a 308.000 en 2025, con un cambio de composición —menos europeos, más migración extracomunitaria— pero no necesariamente con el control prometido en aquel autobús de campaña. Para un liberal clásico, esto no debería sorprender: el problema nunca fue Bruselas como tal, sino la falta de una política migratoria coherente, algo que la soberanía recuperada no resolvió automáticamente. Recuperar la capacidad legal de decidir no equivale a ejercerla bien.

    Soberanía regulatoria: la autonomía que pocos usan

    Aquí está, quizás, la autocrítica más incómoda para el liberalismo que defendió el Brexit en nombre de la desregulación. El Reino Unido recuperó, en teoría, plena capacidad para legislar fuera del marco de Bruselas. En la práctica, gran parte del tejido empresarial británico sigue alineándose voluntariamente con los estándares europeos, porque la UE sigue siendo, con diferencia, su mayor socio comercial y el costo de divergir resulta mayor que el beneficio. La soberanía formal existe; la revolución desreguladora que muchos brexiters de inspiración libertaria imaginaron, no. El llamado «efecto Bruselas» demostró ser más fuerte que la retórica de la independencia regulatoria.

    Geopolítica: de potencia continental a potencia media

    Desde la óptica geopolítica, el Brexit obligó al Reino Unido a redefinirse como una potencia media que apuesta por la angloesfera, los acuerdos de defensa bilaterales y un acercamiento estratégico al Indo-Pacífico, en lugar de actuar como ancla atlántica de un bloque continental de 450 millones de habitantes. Ha recuperado asientos propios en foros donde antes hablaba a través de Bruselas, pero también ha perdido el peso negociador que solo da formar parte del mercado único más grande del mundo. Los acuerdos recientes con la UE sobre Gibraltar, electricidad y cohesión territorial —todavía en negociación en este 2026— sugieren, de hecho, un lento proceso de realineamiento técnico que contradice la narrativa de ruptura total.

    Lo que de verdad piensan los británicos

    Y aquí aparece la paradoja que ninguna mirada liberal honesta puede ignorar: el malestar con los resultados del Brexit convive con un giro hacia el populismo euroescéptico más duro. Dos encuestas de Ipsos citadas por Associated Press muestran que el 52% de los británicos querría volver a unirse a la UE, frente a un 33% que se opone, y sin embargo Reform UK, el partido de Nigel Farage —el rostro histórico de la campaña por el Brexit—, encabeza las encuestas nacionales con cerca de un 27% de intención de voto. El electorado británico no está pidiendo más liberalismo de mercado ni más apertura: buena parte del malestar se canaliza hacia un nacionalismo proteccionista en torno a la inmigración y la identidad, no hacia la agenda de libre comercio y desregulación que muchos liberales esperaban del «Brexit bien hecho».

    El veredicto liberal sobre el Brexit, sin coartadas

    Una valoración intelectualmente honesta no puede limitarse a decir «yo lo advertí» desde ningún bando. Quienes defendieron el Brexit como ejercicio de autodeterminación democrática tenían razón en el principio —ningún liberal debería sentirse incómodo con que un pueblo decida, en referéndum, los términos de su asociación política—, pero deben reconocer que la promesa de una Gran Bretaña más libre, más desregulada y más próspera no se ha cumplido ni de lejos en la magnitud anunciada. Quienes se opusieron tenían razón en el diagnóstico económico, pero a menudo ignoraron, y siguen ignorando, que el malestar democrático con un bloque percibido como distante y opaco era legítimo y no se resuelve solo con cifras de PIB. El Brexit no fracasó por exceso de soberanía, sino por defecto de un programa liberal que la aprovechara. Diez años después, el Reino Unido tiene más control formal sobre sus leyes y menos crecimiento, más fronteras simbólicas y casi la misma inmigración, más discursos de independencia y menos margen real de maniobra frente a sus vecinos. Esa es la cuenta que ningún bando puede maquillar.

  • Secretario del Brexit ordena eliminar la Ley de Bruselas de 1972, que pone fin a toda la legislación de la UE en UK.

    El Gobierno inglés, a través del Secretario de Estado para el Brexit, ha firmado una orden para derogar la Ley del Parlamento que impuso la pertenencia de Gran Bretaña a la UE (CEE, Unión Europea, Comunidad Económica Europea) en 1972.

    La Ley de 1972 es el vehículo que permite que las regulaciones fluyan directamente a la legislación del Reino Unido desde los órganos legislativos de la UE en Bruselas. El anuncio de la derogación de la Ley marca un paso histórico en el retorno de los poderes legislativos de Bruselas al Reino Unido. «Estamos retomando el control de nuestras leyes, ya que es lo que el público votó en 2016», manifiesta el comunicado de prensa de la Secretaría del Brexit este Domingo. La derogación de la Ley de Comunidades Europeas de 1972 entrará en vigor cuando Gran Bretaña abandone formalmente la UE el 31 de octubre. Luego de haber firmado la legislación que cristalizará en ley la próxima derogación del ECA (European Communities Act) , el Secretario de Estado para Salir de la UE, Steve Barclay, dijo: «Esta es una señal clara para la gente de este país de que no hay vuelta atrás: nos vamos de la UE como lo prometimos el 31 de octubre, independientemente de las circunstancias, entregando las instrucciones que nos dieron en 2016».

    «Los votos de 17.4 millones de personas que deciden abandonar la UE es el mayor mandato democrático otorgado a cualquier gobierno del Reino Unido. Los políticos no pueden elegir qué votos públicos desean respetar. El Parlamento ya votó la salida a partir el 31 de octubre. La firma de esta legislación asegura que la Ley de Retiro de la UE derogará la Ley de Comunidades Europeas de 1972 el mismo día de la salida».

    También se manifestó sobre las innumerables regulaciones de la UE que fluyeron directamente en la legislación del Reino Unido durante décadas, y dijo que cualquier gobierno serio que tuviera la decisión de la salida (Brexit) el 31 de octubre debería mostrar su compromiso de derogarlo.

    Por último, el comunicado de prensa reproduce lo que es la nueva postura dura del gabinete de Boris Johnson: Esto es lo que estamos haciendo al poner en marcha esta derogación. Este es un momento histórico para recuperar el control de Bruselas sobre nuestras leyes.

    Líderes opositores o algunos conservadores que bregan por una salida con acuerdo, han manifestado su desacuerdo con esta Ley, demeritándola sobre el hecho que si se pospone la fecha, esta Ley no entraría en vigencia. Boris Johnson les ha respondido; «Algunos de ustedes han dicho públicamente que están decididos a tratar de evitar que salgamos de la UE en esa fecha si no podemos asegurar un acuerdo». El primer ministro agregó: ‘Es clarísimo que Bruselas, o la UE, simplemente no se comprometerá mientras ellos crean que existe la más mínima posibilidad de que el Parlamento pueda bloquear el Brexit el 31 de octubre». Mientras tanto, Johnson afirmó que «los llamados esfuerzos para evitar el «No Deal» están haciendo que el «No Deal» sea más probable de suceder».

  • Los paises nórdicos rechazan la «tasa Google», impuesto a las tecnológicas por la Unión Europea.

    Los ministros de Finanzas de los tres países nórdicos de la Unión Europea, Suecia, Dinamarca y Finlandia, han expresado su rechazo hacia el impuesto especial para grandes tecnológicas como Google, Apple, Facebook y Amazon que propuso en marzo la Comisión Europea.

    «Google, Facebook o Amazon pagan proporcionalmente menos de la mitad en impuestos que un puesto de salchichas». La grotesca  comparación  la hizo en el año 2016 el ex canciller austríaco, Christian Kern, indignado por el poco dinero que los gigantes digitales dejaron en la Hacienda de su país. Francia, España, Italia y Alemania fueron los primeros en alzar la voz y  exigieron a Bruselas y a sus socios del Eurogrupo alguna respuesta al respecto.

    Tres meses después de que Bruselas propusiese gravar con un impuesto del 3 % sobre ingresos a las tecnológicas que facturen más de 750 millones de euros globalmente y más de 50 millones en territorio europeo, las administraciones sueca, danesa y finlandesa se reiteran en su posición inicial: creen que va contra el interés de la UE y podría perjudicar la economía.

    «Los países nórdicos pertenecen a los países líderes en digitalización. La digitalización ha acelerado el desarrollo de nuestras economías y ha permitido el desarrollo de nuevos modelos comerciales. Es esencial garantizar que todas las empresas, incluidas las digitales, también tengan un entorno favorable al crecimiento en el futuro. Los impuestos bien diseñados y justos son un factor clave para lograr esto».

    Así comienza el  comunicado conjunto firmado por los tres ministros nórdicos, Magdalena Andersson, Kristian Jensen y Petteri Orpo, donde se asegura que este impuesto se desvía de los principios establecidos  internacionalmente tal y como está planteado.

    «Tradicionalmente, las empresas exportadoras no pagan impuestos en su destino de exportación simplemente porque tienen consumidores allí. La propuesta de un impuesto sobre los servicios digitales significa que básicamente toda la creación de valor se considera que tiene lugar en el lugar del consumidor», explican en el documento publicado el viernes.

    Asimismo, aseguran que «un impuesto sobre los servicios digitales se desvía de los principios fundamentales del impuesto sobre la renta al aplicar el impuesto sobre la renta bruta, es decir, sin tener en cuenta si el contribuyente está obteniendo beneficios o no». Por ello, creen que estos «cambios sustanciales» deberían debatirse y acordarse a nivel internacional.

    A finales de abril, ya fue noticia que la oposición de casi una decena de países de la Unión Europea bloqueaba las posibilidades de un acuerdo, por el momento, en torno a este impuesto digital especial y temporal.

    Además de Suecia, Dinamarca y Finlandia, en el grupo que rechazaban la propuesta de Bruselas estarían Irlanda, Malta, Luxemburgo, Lituania y el Reino Unido. A favor del impuesto se situarían Francia, España, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria e Italia, mientras que el resto mantenía posturas ambiguas.

    Los tres ministros de Finanzas de los países nórdicos de la Unión Europea, sin embargo, sí se muestran partidarios de reformar el sistema tributario en cuanto a lo digital, pero que esta reformulación de impuestos debería llevarse a cabo a través de la OCDE a nivel mundial. La Comisión Europea, explica Reuters, ha defendido que «los cambios internacionales en materia fiscal han sido históricamente muy lentos en entrar en vigor».

    La Comisión Europea propuso una tasa «transicional» a corto plazo que daría espacio y tiempo a los veintiocho miembros para negociar la ansiada base mínima del impuesto de sociedades y un plan global en el marco de la OCDE para conseguir que los nuevos modelos de negocio virtuales paguen la parte que les corresponde de los impuestos.

    Bruselas considera que el paso adelante era necesario y que habría sido una «ilusión» pensar que se podría llegar a corto o medio plazo a un acuerdo con los socios internacionales, según admitió el comisario de Economía, Pierre Moscovici, en la última cumbre de líderes de la Unión Europea en Sofía. El francés aspiraba a recaudar hasta 5.000 millones de euros anuales con este impuesto que, según se pudo comprobar en esa cita, sigue perdiendo entusiastas y defensores a medida que las negociaciones van tomando forma.

    La negociación a nivel político de este nueva fiscalidad digital comenzó a finales de abril en el consejo informal de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. La propuesta legislativa se tendrá que presentar ante el Consejo de la Unión Europea para su aprobación y al Parlamento Europeo para consulta.

    «La digitalización está cambiando el mundo rápidamente y en el futuro seguramente afectará también a las empresas que ahora consideramos tradicionales. Nuestro objetivo es garantizar que todas las empresas, nuevas y viejas, más o menos digitales, nacionales e internacionales, estén sujetas a impuestos de una manera eficiente y equitativa, basada en la creación de valor, para que los países nórdicos y el resto de la UE sigan siendo competitivos en un mundo cada vez más interconectado y digital», finaliza el comunicado.

    Estos tres países consideran que el gravamen va contracorriente de los principios internacionales y esta postura debilita aún más la posible salida adelante de la medida de la Comisión.