El Presupuesto General del Estado para 2027 ya comenzó su recorrido por la Asamblea Nacional. El proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a B/.35.111,7 millones, apenas un 0,6% más que el presupuesto modificado de 2026.
Ese primer dato merece atención porque, en un país acostumbrado durante años a presupuestos que crecen con mayor velocidad, un incremento nominal tan pequeño transmite al menos una intención de contención. No equivale todavía a una reducción del tamaño del Estado, ni mucho menos a una reforma estructural, pero tampoco sería justo ignorar el esfuerzo por mantener prácticamente estable el gasto agregado.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha presentado el presupuesto como “responsable, realista y ejecutable”, con énfasis en inversión pública, sostenibilidad fiscal y mayor asignación a los gobiernos locales. El proyecto contempla alrededor de B/.12.564 millones destinados a inversión.
Hay, por tanto, elementos positivos que conviene reconocer antes de entrar en las preguntas difíciles.
Una composición algo más saludable
Uno de los cambios más interesantes está en la estructura del gasto.
El presupuesto del Gobierno Central bajaría de aproximadamente B/.17.935,6 millones en 2026 a B/.16.534,5 millones en 2027, una reducción cercana al 7,8%. Parte importante de esa caída se explica por un menor servicio de la deuda: pasa de B/.7.938,9 millones a B/.5.496,1 millones, unos B/.2.443 millones menos.
Ese descenso no significa, por supuesto, que Panamá haya reducido su deuda en esa magnitud. Los vencimientos y operaciones financieras varían de un año a otro. Pero sí libera espacio presupuestario durante 2027 y reduce temporalmente la presión que el servicio financiero ejerce sobre otros usos de los recursos públicos.
También resulta razonable que el Gobierno intente orientar una proporción mayor hacia inversión.
La inversión pública bien seleccionada puede resolver cuellos de botella importantes en infraestructura, agua, saneamiento, movilidad, educación o logística. En un país cuya competitividad depende enormemente de su infraestructura y de su posición como centro internacional de servicios, no todo gasto público puede evaluarse simplemente por su monto.
La pregunta relevante es qué rendimiento social y económico produce.
Un dólar utilizado para mantener una estructura administrativa innecesaria no tiene el mismo significado que un dólar utilizado para reparar una carretera que conecta una zona productiva con los mercados.
Por eso el debate presupuestario debería abandonar gradualmente la obsesión por cuánto recibe cada institución y avanzar hacia una discusión sobre qué resultados obtiene con esos recursos.
El verdadero problema está en el gasto que nadie puede tocar
Hay, sin embargo, una advertencia especialmente importante.
Moody’s ha señalado recientemente que Panamá tiene alrededor del 70% del gasto del Gobierno Central sujeto a distintos grados de rigidez, mientras que leyes especiales, escalafones y obligaciones automáticas continúan agregando presión sobre las finanzas públicas. Para 2027, estimaciones citadas durante esta discusión sitúan en aproximadamente B/.340 millones el costo adicional asociado a algunas de esas obligaciones legales.
Este es probablemente uno de los problemas fiscales más importantes de Panamá y, paradójicamente, uno de los menos visibles.
Un ministro de Economía puede administrar prudentemente las cuentas y aun así disponer de muy poco margen real para cambiar el destino del gasto ya que existen salarios fijados mediante leyes especiales, escalafones automáticos, transferencias obligatorias o subsidios establecidos previamente. Además, están las asignaciones constitucionales o legales y el servicio de deuda.
Cada una de esas obligaciones puede haber tenido una justificación política en el momento en que fue creada. El problema aparece cuando se acumulan durante décadas hasta convertir el presupuesto en una enorme estructura de compromisos previamente adquiridos.
Entonces el presupuesto deja parcialmente de ser una decisión anual sobre prioridades y comienza a parecerse a una factura que simplemente llega todos los años.
La planilla merece atención, pero sin simplificaciones
Otro número que merece seguimiento es la planilla estatal, presupuestada para 2027 en aproximadamente B/.7.924 millones.
Aquí también conviene evitar dos extremos.
No todo funcionario público es prescindible y no toda contratación estatal constituye malgasto. Médicos, docentes, policías, técnicos jurídicos, ingenieros, investigadores y muchos otros trabajadores realizan funciones que el Estado ha decidido prestar, pero tampoco debería aceptarse que la planilla crezca simplemente por inercia.
La pregunta correcta no es necesariamente ¿Cuántos funcionarios podemos despedir? sino más bien ¿Qué funciones necesita realmente realizar el Estado y cuántas personas necesita para realizarlas?
El orden de esas preguntas importa muchísimo.
Reducir personal sin reformar procesos puede deteriorar servicios. Reformar procesos, digitalizar trámites, eliminar duplicidades y cerrar funciones innecesarias permite después reducir estructuras de manera racional. Eso es desburocratización real, lo contrario es simplemente recorte arbitrario.
Los B/.37 millones de publicidad: pequeños en el presupuesto, grandes como símbolo
Durante la sustentación del presupuesto apareció además una partida de aproximadamente B/.37 millones para promoción y publicidad estatal. El propio Chapman expresó sorpresa al conocer el agregado, explicando posteriormente que allí se incluyen también empresas públicas y financieras y que algunas campañas responden a objetivos específicos, como la promoción de la lotería fiscal o la venta de bienes aprehendidos.
En un presupuesto de B/.35.000 millones, B/.37 millones representan poco más de una décima de punto porcentual y que fiscalmente no resolverán el déficit panameño. Pero institucionalmente son interesantes.
La publicidad estatal debería superar una prueba relativamente sencilla de responder a la pregunta ¿esta comunicación beneficia al ciudadano o al gobernante?.
Informar sobre vacunaciones, fechas tributarias, prevención de desastres, cambios regulatorios o servicios públicos puede estar plenamente justificado, pero mostrar una obra terminada acompañada del rostro, nombre o eslogan de quien gobierna pertenece a una categoría bastante diferente.
No hace falta prohibir toda comunicación gubernamental. Hace falta distinguir con mayor claridad información pública de propaganda política financiada por terceros obligados a pagarla. Y justamente esos terceros son los contribuyentes, mejor dicho, los pagadores de impuestos.
Más descentralización también exige mejores controles
El proyecto contempla además mayores recursos para gobiernos locales, algo coherente con una estrategia de descentralización territorial. Chapman ha defendido esa orientación señalando que las regiones deberían tener mayores posibilidades de atender necesidades de acuerdo con sus propias realidades. La dirección es razonable ya que un gobierno central difícilmente puede conocer mejor que una comunidad sus prioridades cotidianas.
Pero descentralización no significa simplemente transferir dinero desde una burocracia nacional hacia 81 burocracias municipales.
Para que funcione debe ir acompañada de transparencia, responsabilidad y comparación y como mínimo debe transparentarse cuánto recibe cada municipio, en qué lo utiliza, cuánto cuesta cada obra, quién la ejecuta y qué resultados obtiene.
La descentralización es poderosa precisamente porque permite comparar. Por ejemplo, si dos municipios reciben recursos semejantes y uno construye una obra por la mitad del costo que otro, alguien debería preguntar por qué.
Esa información constituye uno de los mecanismos de control más efectivos que existen.
Las vistas presupuestarias pueden ser más importantes que la aprobación final
Desde el 17 de agosto, la Comisión de Presupuesto comenzó las vistas de las 96 instituciones incluidas en el proyecto. Cada una deberá explicar sus necesidades, prioridades, programas y proyectos ante los diputados y quizás allí se encuentre la parte más interesante de todo el proceso.
Porque un presupuesto agregado de B/.35.111 millones dice relativamente poco.
La información realmente útil aparece cuando comenzamos a bajar niveles.
¿Cuánto cuesta una institución?
¿Cuánto dedica a personal?
¿Cuánto a consultorías?
¿Cuánto a alquileres?
¿Cuánto a viajes?
¿Cuánto a publicidad?
¿Cuántos programas diferentes persiguen el mismo objetivo?
¿Cuántas entidades realizan funciones similares?
¿Cuáles muestran resultados mensurables?
Es allí donde puede comenzar una conversación adulta sobre eficiencia pública, no desde el prejuicio de que todo gasto es malo, pero tampoco desde la presunción contraria de que todo programa público merece continuar simplemente porque ya existe.
Panamá no necesita convertir el presupuesto en una guerra ideológica
El gobierno de José Raúl Mulino nunca se presentó como un experimento libertario ni prometió una reducción radical del Estado asi que evaluarlo con ese estándar como nos gustaría desde nuestra mirada, sería intelectualmente injusto. Y no vamos a hacerlo.
La evaluación razonable sería investigar dentro del modelo de Estado que el propio Gobierno ha elegido administrar, ¿lo está haciendo con prudencia, profesionalismo y conciencia de las restricciones fiscales?
Hasta ahora hay algunas señales que merecen reconocimiento: crecimiento presupuestario prácticamente contenido, mayor énfasis declarado en inversión, una reducción importante del servicio de deuda correspondiente a 2027 y un Ministerio de Economía que al menos ha colocado la sostenibilidad fiscal dentro del discurso público. Eso es muy bueno!
Pero hay también problemas estructurales que ningún ministro puede resolver simplemente administrando mejor el presupuesto anual. A saber, las mayores dificultades están en la rigidez legal del gasto, la expansión acumulativa de compromisos, la planilla, los subsidios, la duplicidad institucional.Y quizás la más importante, la dificultad política de eliminar programas una vez creados y que se van sumando cada año creando capas geológicas burocráticas y de gasto superfluo. Ahí se encuentra probablemente la próxima etapa de la discusión fiscal panameña.
Del presupuesto del año al Estado que queremos financiar
El Presupuesto 2027 no parece, al menos en su planteamiento inicial, irresponsable.
Tampoco es un presupuesto de transformación del Estado.
Es más bien un presupuesto de administración y consolidación, condicionado por muchas decisiones que Panamá tomó durante las décadas anteriores y quizás precisamente por eso ofrece una oportunidad.
En lugar de discutir cada año si Educación recibe más, Salud menos o determinada institución consiguió cincuenta millones adicionales, los panameños en general y los representantes en particular podrían comenzar a preguntarse periódicamente algo mucho más elemental: ¿seguiríamos creando hoy todas las instituciones, programas, subsidios y obligaciones que estamos financiando?
Si la respuesta a alguna de ellas es no, ahí comienza el verdadero ahorro, no en quitarle cinco dólares a cada programa, sino en dejar de financiar aquello cuya razón de existir desapareció.
Una política fiscal seria no necesita considerar al Estado un enemigo, sino obliga a algo mucho más sencillo y exigente: obligarlo periódicamente a justificar por qué sigue gastando cada balboa que le pide al ciudadano.
