Por primera vez, la Comisión ha presentado un informe exhaustivo sobre la ciudadanía por inversión y los planes de residencia operados por varios estados miembros de la Unión Europea (UE). El informe se genera después de un anuncio de la OCDE de que pretende aumentar su trabajo para enfrentar la evasión fiscal mediante la ciudadanía por inversión y planes similares, centrándose en particular en los contribuyentes que buscan evitar que sus datos financieros se intercambien con la autoridad fiscal de su país de origen bajo el CRS (Reportes comunes de información).
El nuevo informe de la Comisión establece un mapa de las prácticas existentes e identifica ciertos riesgos que tales esquemas implican para la UE, en particular con respecto a la seguridad, el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. El informe encuentra que la falta de transparencia en el funcionamiento de los esquemas y la falta de cooperación entre los estados miembros exacerban aún más estos riesgos.
El Comisionado de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, dijo: ‘Residir legalmente en la UE y en el área de Schengen tiene derechos y privilegios que no deben ser objeto de abuso. Los Estados miembros deben respetar y aplicar en todo momento los controles y balances obligatorios existentes, y los sistemas nacionales de residencia de inversionistas no deben estar exentos de eso. El trabajo que hemos realizado en los últimos años en términos de aumentar la seguridad, fortalecer nuestras fronteras y cerrar las brechas de información no debe ponerse en peligro. Supervisaremos el cumplimiento total de la legislación de la UE ‘.
En la UE, tres estados miembros, Bulgaria, Chipre y Malta, actualmente operan esquemas que otorgan a los inversores la nacionalidad de estos países en condiciones menos estrictas que los regímenes de naturalización ordinarios, dijo la Comisión. En estos tres estados miembros, no hay obligación de residencia física para el individuo, o un requisito de otras conexiones genuinas con el país antes de obtener la ciudadanía. Estos esquemas son de interés común en la UE, ya que cada persona que adquiera la nacionalidad de un estado miembro adquirirá simultáneamente la ciudadanía de la Unión. La decisión de un estado miembro de conceder la ciudadanía a cambio de una inversión, otorga automáticamente derechos en relación con otros estados miembros, en particular la libre circulación y el acceso al mercado interno de la UE para ejercer actividades económicas, así como el derecho a votar y ser elegido en elecciones europeas y locales.
En la práctica, estos esquemas a menudo se anuncian como un medio para adquirir la ciudadanía de la Unión, junto con todos los derechos y privilegios asociados con ella. La Comisión dijo, entre otras cosas, que el monitoreo y la presentación de informes son necesarios para garantizar que las personas no aprovechen estos esquemas para beneficiarse de las reglas fiscales privilegiadas. La Comisión agregó que los esquemas de residencia de inversionistas, aunque son diferentes de los esquemas de ciudadanía en los derechos que otorgan, plantean riesgos de seguridad igualmente graves para los estados miembros y para la UE en general. Un permiso de residencia válido otorga a un nacional de un tercer país no solo el derecho a residir en el estado miembro en cuestión, sino también a viajar libremente en el área Schengen. Si bien la legislación de la UE regula las condiciones de entrada para ciertas categorías de nacionales de terceros países, la concesión de permisos de residencia de inversionistas actualmente no está regulada a nivel de la UE y sigue siendo una competencia nacional. Actualmente, 20 estados miembros ejecutan dichos esquemas: Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y el Reino Unido.
La Comisión dijo que supervisará más ampliamente las cuestiones de cumplimiento de la legislación de la UE planteadas por los planes de residencia y ciudadanía por inversión y tomará las medidas necesarias según corresponda. Por este motivo, dijo que los estados miembros deben garantizar, en particular, que:
- Todos los controles obligatorios de fronteras y seguridad se realicen sistemáticamente;
- Los requisitos de la Directiva de permiso de residencia a largo plazo y la Directiva de reunificación familiar se cumplen adecuadamente; y
- Los fondos pagados por los solicitantes de ciudadanía y residencia de inversionistas se evalúan de acuerdo con las normas de la UE contra el lavado de dinero.
La Comisión señaló que, en el contexto de los riesgos de evasión fiscal, existen herramientas disponibles en el marco de la UE para la cooperación administrativa, en particular para el intercambio de información. La Comisión dijo que supervisará los pasos tomados por los estados miembros para abordar los problemas de transparencia y gobernabilidad en la gestión de estos esquemas. Además, establecerá un grupo de expertos de los estados miembros para mejorar la transparencia, la gobernanza y la seguridad de los esquemas. Ese grupo se encargará, en particular, de:
- Establecer un sistema de intercambio de información y consultas sobre el número de solicitudes recibidas, los países de origen y el número de ciudadanos y permisos de residencia otorgados / rechazados por los Estados miembros para individuos basados en inversiones; y
- Desarrollar un conjunto común de controles de seguridad para los planes de ciudadanía de los inversores, incluidos los procesos específicos de gestión de riesgos, para finales de 2019.
Por último, en relación con los terceros países que establecen planes similares, la Comisión supervisará los sistemas de ciudadanía por inversión en los potenciales países candidatos en proceso de adhesión a la UE. También supervisará el impacto de tales esquemas en los países visa-free de la UE como parte del mecanismo de suspensión de visados.
Dado el movimiento de la OCDE en esta área de la política internacional, el último anuncio parece indicar que la UE está tratando de limpiar sus asuntos internos, para luego ir por una reforma internacional más amplia que abarquen el resto de países no europeos.
