Hoy, Ursula von der Leyen ha presentado ante las cámaras con toda la solemnidad que el cargo permite, la nueva aplicación europea de verificación de edad. El anuncio es impecable en su retórica: proteger a los niños, acabar con los depredadores en línea, devolverle la inocencia a la infancia digital. «Los padres deben educar a sus hijos, no las plataformas», proclamó la presidenta de la Comisión Europea, con una frase que, en su superficie, suena casi libertaria. Casi.
Porque lo que von der Leyen no mencionó en su alocución es la paradoja fundamental que entraña toda esta arquitectura: para que los padres protejan a sus hijos sin que lo hagan las plataformas, la Unión Europea ha construido una plataforma estatal que lo hará por todos.
Los hechos, primero
La aplicación funciona de manera aparentemente sencilla: el usuario la descarga, la configura con su pasaporte o documento nacional de identidad, y a partir de ese momento puede «demostrar su edad» ante cualquier servicio digital. Von der Leyen asegura que es anónima, de código abierto y que ha sido probada en siete países, entre ellos España, Francia, Grecia, Italia, Dinamarca y Chipre. El sistema se enmarca dentro de un proyecto mucho mayor: la Cartera Europea de Identidad Digital, regulada por el reglamento eIDAS2, que deberá estar operativa para todos los ciudadanos europeos antes de finales de 2026.
El diagnóstico que mueve a Bruselas no carece de fundamento empírico: uno de cada seis menores sufre acoso en internet, los algoritmos de las plataformas están diseñados para generar adicción, y en 2023 se registraron más de 36 millones de denuncias de abuso sexual infantil en línea. Son números que hielan la sangre. Son números que, políticamente, hacen imposible cualquier objeción sin parecer cómplice del horror.
Y aquí comienza el problema.
Hayek tenía razón: las buenas intenciones no garantizan buenos resultados
Friedrich Hayek advirtió en «Camino de servidumbre» que los regímenes que más daño han causado a la libertad no arrancaron con manifiestos totalitarios, sino con programas de bienestar social llenos de compasión genuina. La intención no es el resultado. El instrumento no es neutral. Y el Estado que hoy vigila a los menores es el mismo Estado que mañana vigila a todos.
Preguntémonos lo que von der Leyen no preguntó en su rueda de prensa: ¿qué ocurre cuando cada ciudadano europeo debe identificarse con su pasaporte o DNI para acceder a servicios digitales? ¿Qué base de datos almacena esas verificaciones? ¿Quién audita al auditor? La presidenta afirma que la app es «completamente anónima» y que los usuarios no revelarán información personal más allá de su edad. Pero eso es técnicamente imposible: para verificar que alguien tiene 18 años, el sistema tiene que saber en algún momento quién es esa persona. El anonimato criptográfico que promete Bruselas puede existir en teoría; en la práctica regulatoria y política, las excepciones siempre aparecen.
La infraestructura del control no se desmonta
El argumento más grave no es lo que esta aplicación hace hoy, sino lo que hace posible mañana. Una infraestructura de identificación digital universal, vinculada a documentos de identidad nacionales y desplegada en todos los dispositivos del continente, es exactamente el tipo de herramienta que cualquier gobierno futuro —democrático o no— necesitaría para rastrear, filtrar y controlar el acceso de sus ciudadanos a la información.
Varias leyes similares en Estados Unidos —en Arkansas, Utah o Texas— ya han sido impugnadas judicialmente por invadir la privacidad. El Online Safety Act británico enfrenta críticas similares. No son objeciones tecnicistas: son defensas de un principio cardinal que la Europa de hoy parece haber olvidado, el de que la carga de la prueba recae sobre quien quiere vigilar, no sobre quien quiere ser libre.
El monopolio de la tutela
Hay algo más, menos técnico y más filosófico, que debería inquietarnos. Cuando el Estado asume la función de proteger a los niños en internet de manera sistemática y obligatoria, no está complementando a los padres: los está sustituyendo. No como excepción sino como norma. La responsabilidad parental, que es irreductiblemente individual y contextual, se convierte en un trámite burocrático que se delega en una app diseñada en Bruselas.
Los libertarios no negamos que internet presenta riesgos reales para los menores. Lo que negamos es la conclusión de que la respuesta óptima sea construir una infraestructura de identificación masiva gestionada por instituciones que no rinden cuentas ante ningún hogar concreto, ante ningún padre o madre específicos, sino ante la abstracción difusa de «la sociedad europea».
La alternativa no es la indiferencia. Son herramientas voluntarias, competencia entre soluciones privadas, educación digital real en las aulas, y responsabilidad contractual directa de las plataformas ante sus usuarios. Todo eso es más difícil de anunciar en una rueda de prensa con una aplicación reluciente. Pero es también lo que preserva la libertad cuando cambia el gobierno.
El precio de la seguridad perfecta
Von der Leyen dijo hoy que «ya no hay excusas» para que las plataformas no verifiquen la edad. Es una frase que debería hacernos temblar. Cuando un poder ejecutivo supranacional declara que ya no hay excusas para cumplir sus mandatos, está diciendo también que ya no habrá espacio para la desobediencia civil, para la privacidad técnica, para el anonimato legítimo.
Los niños merecen protección. Los ciudadanos adultos merecen privacidad. Y ambas cosas, en una sociedad libre, no deberían estar reñidas. El problema de la propuesta europea no es su objetivo, sino su método: construir la mayor infraestructura de identificación digital de la historia del continente para resolver un problema que requería, ante todo, más educación y más responsabilidad parental real.
El infierno, decía Hayek, no lo construyen los malvados. Lo construyen los bienintencionados que están seguros de tener razón.