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  • Estudio revela multimillonario impacto económico de los inmigrantes indocumentados en EEUU

    Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos representan una significativa contribución económica para el país, aportando miles de millones de dólares en impuestos a pesar de trabajar en condiciones inestables y mal remuneradas, según estudio

    Los inmigrantes indocumentados representarían un aporte multimillonario para las arcas del estado en forma de impuestos, según se desprende del más reciente estudio del Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés).

    El informe de la organización de política fiscal no partidista basada en Washington, D.C. estima que hay unos 10,9 millones de personas sin documentos legales para trabajar en el país, y que por cada millón de inmigrantes bajo esa condición, los servicios públicos reciben unos 8.900 millones de dólares por los trabajos realizados, mayoritariamente en economías inestables y trabajos mal remunerados en sectores como la construcción o la agricultura.

    “[Son] trabajos que solo los inmigrantes sin papeles quieren hacer y los estadounidenses o gente con papeles, no”, apuntó Agustina Berguersi, investigadora del Instituto Ayn Rand, en declaraciones a la Voz de América.

    Los reclamos para traer inmigrantes legalmente

    Los estados de California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey recaudaron más de 1.000 millones de dólares cada uno de las contribuciones fiscales de indocumentados, según el reporte. De hecho, si se otorgara autorización de trabajo a todos aquellos que actualmente están sin documentos, las contribuciones aumentarían en 40.200 millones de dólares, hasta los 136.000 millones, calcula el estudio.

    Berguersi subrayó que “hay que resaltar que las restricciones en inmigración también son hacia los estadounidenses porque ellos no pueden contratar la mano de obra legal que se necesita”, en referencia a las trabas burocráticas y el largo proceso legal que se requiere para contratar personal temporal en ciertos sectores.

    Esa es la misma demanda que hacen muchos empleadores, que han exigido soluciones durante años a la Casa Blanca, sin importar el partido gobernante. Muchos, como Chalmers Carr, propietario de Titan Farms en Carolina del Sur, aseguran que se ven obligados a hacer contratos ilegales por las dificultades.

    “La industria agrícola estadounidense necesita acceso a este tipo de trabajadores porque simplemente nuestra fuerza laboral está en declive y no tenemos personas que deseen trabajar en empleos agrícolas”, expuso el empresario a la VOA.

    Sin embargo, un informe del Comité de Educación y Fuerza Laboral del Congreso de Estados Unidos contrasta con esas declaraciones. “Muchas personas suponen erróneamente que la mayoría de los inmigrantes sin papeles trabajan en granjas, pero esto no ha sido así durante muchas décadas. De hecho, solo alrededor del 1 % de toda la fuerza laboral estadounidense está empleada en la agricultura, por lo que es imposible que los trabajadores agrícolas representen una gran parte de todos los indocumentados”, aclara la investigación.

    Otros informes, como el del Centro de Estudios de Inmigración y del Centro de Investigaciones Pew, fechado en 2018, arrojan una cifra similar. “Aunque los inmigrantes ilegales representan una parte significativa de los trabajadores en este pequeño sector, solo una pequeña parte de todos los inmigrantes ilegales son trabajadores agrícolas”, agregan las instituciones.

    Los empleos relacionados con la limpieza, la cocina o la construcción ocupaban los primeros puestos de la lista de ocupaciones con el mayor número de personal indocumentado en Estados Unidos.

    El estudio de ITEP también expone que más de un tercio de los impuestos procedentes de los indocumentados se destinan al Seguro Social y al cuidado de la salud, beneficios a los que, a pesar de aportar tributariamente, los migrantes en esa condición no tienen acceso.

    El impacto de la economía de los latinos en Estados Unidos

    Se estima que alrededor del 13 % de los 62 millones de latinos en Estados Unidos son indocumentados, según el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que su impacto económico es igualmente importante.

    La economía de los latinos en Estados Unidos ha alcanzado los 3,2 billones de dólares, según el Informe Oficial del Producto Interior Bruto Latino de 2023 del centro de pensamiento Latino Donor Collaborative (LDC). Esta cifra representa un crecimiento del 14 % interanual en este grupo poblacional.

    “Este crecimiento es espectacular porque se desprende que los latinos continúan creciendo entre dos y tres veces más que el resto”, dijo Ana Valdés, directora general de LDC, convencida de que “todos tienen que ser conscientes de donde viene el crecimiento”.

    “Es un estudio muy importante para todos los estadounidenses, es un estudio de negocios para saber donde está el crecimiento. Porque no puedes hacer crecer tu negocio si no sabes cuál es la comunidad que está creciendo más”, agregó Valdés, tras la presentación del informe.

    Según la responsable de LDC, todo parte en el acceso a la educación superior, lo que ha permitido que los hispanos de segunda y tercera generación puedan ascender socialmente y acceder a puestos de trabajo mejor remunerados que sus padres o abuelos.

    “Los niños latinos se están graduando a niveles récord. Por ejemplo, los licenciados latinos de ingeniería se han multiplicado por cuatro en 10 años y eso se traduce en crecimiento en salarios y compra de propiedades, crecimiento en la fundación de negocios”, subraya Valdés, aclarando que este crecimiento también “es de calidad”.

    Patty Juárez, responsable de asuntos hispanos de la entidad financiera Wells Fargo, también cree que el acceso a la educación ha sido clave para que esta comunidad se desarrollara con éxito. “Todo eso viene a agrandar la contribución de los latinos a la economía, estamos muy orgullosos de lo que representamos para Estados Unidos”, comentó a la VOA.

  • Controles de la entrada o salida de efectivo en la UE: nuevo acuerdo alcanza a tarjetas prepago y otros activos

    El Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper) ha refrendado el 27 de Junio pasado, un acuerdo entre el Consejo, representado por la Presidencia búlgara, y el Parlamento Europeo sobre un proyecto de Reglamento destinado a mejorar los controles de la entrada o salida de efectivo en la Unión.

    Gracias al acuerdo alcanzado hoy en torno a la modernización del Reglamento sobre los controles de efectivo será más fácil detectar en Europa la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas. La experiencia ha demostrado que debemos adaptar nuestros instrumentos con más rapidez si queremos combatir las nuevas amenazas e impedir que las actividades delictivas pongan en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos.

    Vladislav Goranov, ministro de Hacienda de Bulgaria

    El Reglamento mejorará el sistema actual de controles en relación con la entrada o salida de efectivo en la UE. Sustituye al Reglamento sobre los controles de efectivo (Reglamento n.º 1889/2005), que es aplicable desde 2007.

    El objetivo es reflejar en la legislación de la UE los elementos más recientes de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

    Se ha ampliado la definición de «efectivo» para abarcar no solo los billetes y las monedas, sino también otros instrumentos o materias primas de elevada liquidez, como los cheques, los cheques de viaje, las tarjetas de prepago o el oro.

    El Reglamento también ha ampliado su alcance para incluir el efectivo enviado por correo, o transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería.

    Complementa el marco jurídico de la UE en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establecido en la Directiva 2015/849.

    El nuevo acto legislativo amplía la obligación de todo ciudadano que entre o salga de la UE de declarar a las autoridades aduaneras el efectivo que lleve consigo por valor igual o superior a 10 000 euros.

    La declaración deberá hacerse con independencia de si los viajeros llevan el efectivo en su persona, en su equipaje o en su medio de transporte. A petición de las autoridades tendrán que presentarlo para su control.

    Si el efectivo se expide mediante envíos postales, mediante envíos por mensajería, como equipaje no acompañado o como carga en contenedores («efectivo no acompañado»), las autoridades competentes estarán facultadas para solicitar al remitente o al destinatario, según los casos, una declaración de revelación. La declaración se efectuará por escrito o por vía electrónica mediante un formulario normalizado.

    Las autoridades estarán facultadas para llevar a cabo controles de cualquier envío, receptáculo o medio de transporte que pueda contener efectivo no acompañado.

    Las autoridades de los Estados miembros intercambiarán información cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que pudiera afectar negativamente a los intereses financieros de la UE. Esta información se transmitirá también a la Comisión Europea.

    El nuevo Reglamento no impedirá a los Estados miembros establecer controles nacionales adicionales sobre los movimientos de efectivo dentro de la Unión con arreglo a la legislación nacional, a condición de que dichos controles respeten las libertades fundamentales de la Unión.

    Ahora el Consejo y el Parlamento Europeo deberán confirmar el Reglamento mediante votación, tras lo cual se publicará en el Diario Oficial de la UE.

    Antecedentes

    Las normas actuales sobre la circulación de efectivo con origen o destino en la UE son de aplicación desde el 15 de junio de 2007 y forman parte del marco de la UE para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

    Conforme a la legislación actual, los viajeros que entran en la UE o salen de ella tienen la obligación de declarar ante las autoridades aduaneras los importes de efectivo por valor igual o superior a 10 000 euros (o su equivalente en otras monedas o en efectos negociables al portador). El nuevo Reglamento hace extensiva esta obligación a materias primas de elevada liquidez o instrumentos financieros tales como el oro o las tarjetas de prepago.

    La nueva legislación es necesaria habida cuenta de que los terroristas y delincuentes han logrado encontrar formas de eludir las normas sobre controles de efectivo. Es preciso impedir que las organizaciones delictivas cuyas actividades ilícitas generan elevados importes de efectivo se aprovechen de las lagunas de que adolece el sistema actual para trasladar y blanquear el dinero.

    Comunicado del Comité de Representantes Permanentes de la UE