Entre el 18 y el 19 de enero de 2026 quedó cristalizado un giro inquietante en el discurso de Donald Trump: en mensajes/carta dirigidos al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, Trump vinculó su frustración por no haber recibido el Nobel de la Paz 2025 con su postura más dura respecto de Groenlandia, llegando a decir que ya no se siente obligado a “pensar puramente en la paz”. En paralelo, su administración escaló la presión sobre aliados europeos con amenazas de aranceles (10% desde febrero, con escalamiento posterior) si no acompañaban un “acuerdo” para la “compra” o control de Groenlandia, una región autónoma dentro del Reino de Dinamarca.
Desde una mirada libertaria, el problema de base no es (solo) el estilo bravucón, sino la arquitectura moral que deja entrever: cuando un líder dice que la paz era una obligación “instrumental” y que, al no ser recompensado simbólicamente, queda “liberado” para priorizar “intereses americanos”, está normalizando una lógica de recompensa–castigo aplicada a otros pueblos. La libertad, entendida como límites al poder político, muere cuando la soberanía ajena se vuelve moneda de cambio para una narrativa doméstica.
El principio de no agresión y su “equivalente” en derecho internacional
El principio de no agresión (PNA) es una regla moral: no iniciar fuerza contra personas o su propiedad. ¿Aplica a países? Los libertarios suelen desconfiar del concepto “Estado como propietario”, porque el Estado no adquiere como adquiere un individuo: se financia coercitivamente y administra territorios donde conviven millones de dueños privados. Aun así, cuando pasamos al plano del derecho internacional público, existe un análogo práctico del PNA: la prohibición del uso o amenaza de la fuerza y el respeto por la integridad territorial. No es perfecto (los Estados violan estas reglas), pero es el “cinturón de seguridad” mínimo que evita que el planeta funcione como un tablero de botín.
La presión económica para forzar una cesión territorial (aranceles como “castigo” por apoyar a Dinamarca/Groenlandia) se parece demasiado a una coerción interestatal que degrada el comercio: el intercambio deja de ser pacífico y voluntario y se convierte en palanca política. Europa, de hecho, empezó a discutir herramientas de represalia y “anti-coerción”. Esto no es liberalismo; es mercantilismo con megáfono.
“No hay solo propietarios, sino países”: el nudo gordiano groenlandés
Groenlandia no es un lote baldío. Allí hay comunidades, instituciones locales y reclamos políticos propios. La solución “liberal” no puede ser “traspasar” población como si fueran activos. La respuesta doctrinal, si queremos ser consistentes, debería exigir:
- Consentimiento real de los groenlandeses (no el de burócratas en Washington, Copenhague o Bruselas).
- No uso de fuerza ni amenaza (militar o económica) como método de negociación.
- Acuerdos de seguridad y comercio basados en contratos, bases y cooperación voluntaria, no anexiones.
Esto es clave porque Trump justificó su impulso por Groenlandia con argumentos de “seguridad global” y críticas a la capacidad europea para proteger la isla, tesis repetida por su secretario del Tesoro. Pero aun si la preocupación estratégica fuese genuina, el liberalismo clásico recuerda que “necesidad” no crea “derecho” sobre terceros.
¿Hay que tomarlo en serio?
Sí, por dos razones. Primero, porque no es solo retórica: hay medidas de política comercial y tensión diplomática real alrededor del tema. Segundo, porque incluso dentro de EE.UU. hay reacción institucional: una encuesta Reuters/Ipsos mostró bajo apoyo a adquirir Groenlandia y aún menor apoyo al uso de fuerza. Y en el Congreso surgieron intentos de bloquear fondos para cualquier ocupación/anexión, señal de que el sistema de frenos aún “respira”.
¿Podría existir un impeachment?
Políticamente, la palabra ya apareció en boca de figuras republicanas: el congresista Don Bacon advirtió que si Trump intentara usar fuerza contra Groenlandia podría abrirse la puerta a un proceso de destitución, y otros legisladores han descrito la idea como una amenaza al vínculo con la OTAN. Ahora bien: que sea posible no significa que sea probable; el impeachment depende de mayorías, clima social y, sobre todo, de si hay un acto inequívoco que cruce líneas rojas (p. ej., uso de fuerza, desobediencia abierta al Congreso, etc.). Lo relevante, desde un enfoque liberal, es reforzar la noción de que el Ejecutivo no “posee” la política exterior: está limitado por la Constitución, por el Congreso (presupuesto/guerras) y por el costo político.
Lecciones históricas y una salida liberal para Europa
La historia enseña que las “anexiones por seguridad” raramente terminan en seguridad: suelen crear carreras armamentistas, resentimiento y conflictos prolongados. Europa, si se siente amenazada, tiene dos opciones malas (escalar o ceder) y una opción difícil pero liberal: disuasión defensiva + unidad comercial inteligente + diplomacia firme. Esto incluye:
- Reforzar capacidades defensivas en el Ártico sin lenguaje belicista.
- Negociar acuerdos de cooperación con Groenlandia/Dinamarca (infraestructura, minería, puertos, I+D) que reduzcan la tentación de “soluciones imperiales”.
- Usar represalias comerciales de modo quirúrgico (si se eligen) para no destruir el comercio como institución, sino para desincentivar la coerción.
La doctrina liberal no promete un mundo sin Estados, pero sí un mundo donde el poder está atado. Cuando un líder sugiere que la paz era una etiqueta que se descarta si no llega un premio, lo más libertario no es aplaudir el “realismo”; es insistir en límites: no agresión, consentimiento, comercio voluntario y frenos institucionales. Y sí: tomarlo en serio, precisamente para no normalizarlo.
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