¿Será cierto que Panamá, desde Pedraria, luego con la Gran Colombia, la Fiebre de Oro a través del Istmo y el período que desembocó la Guerra de los Mil días, logró una verdadera independencia en 1903? ¿De qué o de quienes nos independizamos? O… ¿no sería que hemos ido saltando de una a otra dependencia; antes exógenas y hoy endógenas? ¿Y, qué es una verdadera independencia? Analicemos el asunto lo más desapasionadamente posible.
Existe verdadera independencia cuando los ciudadanos pueden ejercer libremente sus actividades económicas sin trabas ni tutelaje permanente de los gobiernos del Estado, es decir, de las autoridades gubernamentales que reciben el poder solo por delegación popular. Y, esto no lo invento yo; lo establece nuestra Constitución en su Artículo 282, al menos en su inicio, al declarar que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Lastimosamente, luego del punto y coma, nuestra Constitución comete el disparate contradecir por completo lo dicho en la primera parte del Artículo al dictaminar que el Estado podrá:
“orientarla, dirigirla, reglamentarla, reemplazarla o crearla» según considere necesario.”
De esta manera, lo que comienza como una declaración de libertad económica se transforma, en la práctica, en una amplia habilitación para la intervención estatal.
Pero, la pregunta que aflora de semejante dislate o desvarío es inevitable: ¿Acaso se trató de un simple error o fue el reflejo de una tendencia socialista deliberada por parte del o los constitucionalistas que la redactaron? Muchos creen que el sesgo socialista fue de la Dictadura Militar pero no lo creo; ya la Constitución del 47 tomaba esa inclinación. Nuestros “militares” no eran socialistas sino fascistas; muchos que terminaron ricachones.
De lo anterior se deduce que nuestra realidad se ha caracterizado por una gobernanza grotesca, que ha mantenido sumidos en la pobreza: a gran parte de los rabiprietos; a buena parte de la clase media; y a no pocos rabiblancos. El arte del pillaje está en la intervención en gobiernos del Estado metidos hasta las coronillas en todo aquello que debería ser exclusivo de los actores del mercado. Nuestros “gobiernos” montaron monopolios en actividades mercantiles como educación, el transporte, la energía, la recolección de basura el agua potable y más.
Y, aunque muchos panameños no pagan impuestos directos, ¡vaya si no los pagan indirectos! Gran parte de los fondos que genera toda esa actividad mercantil monopolizada, en lugar de usarse para promover un verdadero mercado libre gestionado por la comunidad, terminan financiando la rapiña de los piratas que supuestamente nos han gobernado.
Existe una verdadera independencia cuando los ciudadanos pueden ejercer libremente sus derechos humanos en actividades económicas y demás, sin trabas excesivas. Los gobiernos, la gobernanza, debe respetar el principio de subsidiaridad; de no regalar pescado sino de enseñar o permitir la buena pesca. Así lo parece reconocer en su primera parte, el Artículo 282 de nuestra Constitución, al establecer que:
“El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares;”
Hasta ahí, el texto respeta a la población. Sin embargo, después del punto y coma, el mismo artículo da un giro que diluye esa primacía:
“El Estado podrá «orientarla, dirigirla, reglamentarla, reemplazarla o crearla» según considere necesario.”
De esta manera, lo que comienza como una declaración de libertad económica se transforma en norma que consagra la discrecionalidad interventora y empobrecedora. En este artículo queda patente la naturaleza de élites cuyos intereses personales superan por mucho los del pueblo; ese que permanece maniatado a través de estrategias de pillaje.
¿De verás sigues creyendo que en 1903 nos independizamos? Tal vez de Colombia, pero… llamar independencia a lo que tenemos es autoengaño.

