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  • La escuadra, el machete y la ley de la calle

    La escuadra, el machete y la ley de la calle

    La palabra “normativa” deriva de “norma”, un vocablo que en la Grecia de ayer designaba a la escuadra o regla del carpintero utilizada para verificar los ángulos rectos en la madera. Hoy en día, usamos el término como adjetivo o sustantivo para referirnos al conjunto de reglas que rigen una materia o actividad específica, tal como el porte de armas o el tránsito vehicular. Al respecto, uno supondría que los principios normativos actuales deben originarse en la Constitución y ser desarrollados con coherencia por un órgano legislativo.

    Pero el asunto no es tan sencillo. Las normas que guían el comportamiento humano son muchísimo más antiguas que las constituciones y los parlamentos. Los legisladores jamás deberían inventar las normas desde la nada; su verdadera labor fundamental consiste en descubrir aquellas que ya están inscriptas en la constitución de la Naturaleza.

    El gran jaleo con esto es que en la naturaleza humana no sólo están grabadas las pautas del buen comportamiento, sino también las del malo. Por ejemplo, todos acordamos que la norma “no robarás” es buena y necesaria. Sin embargo, si un ciudadano le roba el arma a un asesino para evitar que cometa una masacre, estamos ante lo que filosóficamente llamaríamos un “buen robo”. En ese instante, la rigidez de la regla escrita choca de frente con la realidad, y el panorama normativo se vuelve un enredo formidable.

    Este enredo se manifiesta con crudeza cuando las leyes se redactan desde oficinas alfombradas en la capital, ignorando por completo la geografía y la realidad social del país. Hace unos días, conversando durante el desayuno con la señora que me atiende en casa —quien lamentablemente es analfabeta—, me enteré del incidente de su pareja. El señor compró un machete en una tienda, lo envolvió cuidadosamente en papel periódico para transportarlo de forma segura y abordó el transporte público hacia su hogar. En el camino, un policía lo increpó con severidad. A pesar de mostrar la factura de compra y explicar su destino, se armó el «merecumbé».

    Aquí estalla la paradoja clasista y geográfica de nuestra normativa. Si usted camina con un machete en la mano por un potrero en el interior profundo, es considerado un trabajador respetable. Si usted es una persona pudiente y transporta la misma herramienta en el maletero de su vehículo privado, nadie lo cuestionará. Pero si usted es un ciudadano de a pie que debe abordar un metrobús o una chiva para llevar su herramienta de trabajo a casa, la «normativa» —o mejor dicho, el prejuicio del uniformado en la calle— lo convierte automáticamente en una amenaza pública.

    ¿Cuál es la verdadera normativa en este caso? No existe una regla clara porque el derecho moderno ha olvidado la naturaleza práctica de las cosas. Al perder de vista que el machete es la extensión del brazo del campesino y no inherentemente un arma criminal, la ley deja de ser una escuadra que endereza la sociedad y se convierte en un laberinto diseñado para tropezar al más vulnerable. Cuando la regla escrita persigue el objeto y no la intención real del individuo, el enredo normativo está servido.

    Como este tema es espeso como un buen chicheme, lo desarrollaré en una serie de 3 ensayos que abordan la compleja realidad de la normativa, tanto jurídica como aquella que no emana de la Asamblea, Presidencia o alguna institución gubernamental.

    El Enredo Normativo (Parte I)

  • Al avión como a la familia, lo vuela su piloto, el responsable.

    Al avión como a la familia, lo vuela su piloto, el responsable.

    En la teoría constitucional, a menudo se distingue entre dos tipos de leyes: las leyes negativas, que actúan como una señal de alto para impedir que el gobierno vulnere los derechos individuales y familiares, y los mandatos positivos, que exigen al Estado intervenir activamente y prestar servicios. Si bien los derechos positivos —como la educación pública provista por el Estado— suelen concebirse como bienes sociales, conllevan un defecto estructural oculto. Cuando un gobierno impone y gestiona un servicio, pasa de establecer normas a ejecutar operaciones. Al hacerlo, vulnera sistemáticamente el principio de subsidiariedad: la idea fundamental de que la toma de decisiones corresponde a la unidad más cercana capaz de asumirlas, empezando por el individuo y la familia y los hijos.

    El mito del control remoto

    Para comprender por qué fracasa este cambio operativo, consideremos una analogía de la aviación. En la gestión del tráfico aéreo, la función del controlador es garantizar la separación entre aeronaves, mantener rutas ordenadas y establecer límites de seguridad. Sin embargo, ningún controlador, por muy experimentado que sea, puede pilotar la aeronave desde la torre.

    No pueden percibir la respuesta directa de los mandos, calibrar las sutiles sacudidas de la turbulencia local ni asumir el riesgo físico inmediato que afronta la tripulación en la cabina; o la familia y el negocio en el mercado.

    Cuando el Estado, y por sus gobiernos, asumen funciones propias de la familia —como la educación y la formación moral de los hijos—, actúa como un controlador que insiste en pilotar el avión. Desde un ministerio centralizado en la capital, las instituciones humanas complejas parecen ordenadas en los organigramas. Los burócratas asumen que emitir una norma o aprobar un presupuesto garantiza un vuelo tranquilo. No obstante, la administración a distancia carece de la retroalimentación contextual, la capacidad de adaptación y el cuidado natural que solo poseen los padres o la comunidad local. Y ni hablar que carecen de la motivación.

    La pérdida del árbitro

    El peligro más profundo de este cambio es de índole estructural: cuando el árbitro se pone la camiseta y se suma al juego, ¿quién controla al árbitro?

    Cuando el gobierno se limita a una función de supervisión y cumplimiento de normas, los ciudadanos pueden confiar en los mecanismos de control habituales:

    • El poder judicial puede sancionar a quienes actúan indebidamente.
    • La competencia ofrece a los consumidores una alternativa.
    • Los organismos reguladores actúan como árbitros neutrales.

    Sin embargo, cuando el Estado o sus gobiernos se convierten en los principales proveedores —ya sea de educación, atención sanitaria o industria—, inevitablemente proteges sus propios intereses. En los sistemas públicos centralizados, el bajo rendimiento rara vez conlleva una rendición de cuentas. Cuando las instituciones estatales fallan, los funcionarios no pierden su sustento ni las instituciones se enfrentan a la disciplina natural de la libre competencia. En cambio, son los ciudadanos quienes asumen todo el coste —soportando infraestructuras deterioradas, inercia administrativa y oportunidades perdidas—, al tiempo que pagan por ello a través de los impuestos.

    Preservar la cabina de mando

    La función legítima de la gobernanza no es proveer todo lo necesario, sino garantizar las condiciones para que las personas libres puedan valerse por sí mismas y mantener a sus familias. El gobierno existe para asegurar que se respeten normas justas, se protejan los derechos y el espacio aéreo permanezca seguro; no para desplazar al piloto.

    Cuando el poder estatal se extiende hacia ámbitos propios de la familia y la iniciativa local, socava tanto la libertad individual como la eficacia administrativa. Preservar una sociedad libre exige defender la frontera fundamental entre el árbitro en la torre de control y el capitán en la cabina de mando.