Donald Trump ha conmemorado sus 100 primeros días en la Casa Blanca con el anuncio de una propuesta de reforma fiscal que incluye una agresiva rebaja del Impuesto de Sociedades. De cumplirse los planes del presidente, el tipo general pasaría al 15 por ciento. Además, el mandatario ha puesto encima de la mesa la transición hacia un sistema territorial, lo que supondría el fin del pago de impuestos por beneficios obtenidos en el extranjero.
La propuesta de Trump está pendiente de aprobación en el Congreso y el Senado. La mayoría republicana en ambas cámaras invita a pensar que, en efecto, habrá una rebaja importante del Impuesto de Sociedades, aunque está por ver si los legisladores llegarán tan lejos como propone el presidente Trump. Pero, mientras Washington concreta su revolución fiscal, las propuestas de la Casa Blanca ya están causando nerviosismo al otro lado del charco.
La respuesta de Bruselas
En Bruselas, la primera reacción ha sido reveladora. Casi doscientos eurodiputados socialdemócratas del Parlamento Europeo han reaccionado a la propuesta de la Casa Blanca con un comunicado en el que denuncian que las rebaja de Trump “es una amenaza al trabajo de la OCDE, el G-20 y la UE, que están avanzando hacia el establecimiento de un sistema tributario justo y eficiente, que ponga fin a la erosión de las bases tributarias”. Los socialdemócratas también apuntan que “reducir al 15 por ciento el Impuesto de Sociedades y adoptar un sistema tributario de corte territorial puede invitar a los gobiernos de otros países a entrar en una carrera hacia abajo, con continuos recortes del tipo impositivo cobrado a las empresas. Esto favorecería principalmente a las grandes multinacionales e impondría desventajas competitivas al resto de compañías”.
Especialmente dura ha sido la respuesta de Paul Tang. Este político holandés, también adscrito a la bancada socialdemócrata, es una de las cabezas visibles de la Unión Europea en el grupo de trabajo llamado a impulsar la armonización del criterio de cálculo del Impuesto de Sociedades en el Viejo Continente. Tang afirmó que la rebaja propuesta por Trump “es una vergüenza” y resulta “similar a las medidas proteccionistas desatadas en la década de 1930, con el objetivo de empobrecer al país vecino”.
Por su parte, la Comisión Europea ha guardado un revelador silencio, pero su servicio de comunicación ha terminado declarando a la agencia Bloomberg que “debido a su poder e influencia en la economía global, el gobierno de Estados Unidos debe jugar un rol central en la lucha contra la evasión fiscal, tal y como está haciendo la Unión Europea. Estados Unidos ha apoyado las medidas que han impulsado la OCDE y el G-20. Esperamos que siga siendo así”.
La respuesta de Londres
En Reino Unido, que ya se prepara para negociar su salida de la Unión Europea, el anuncio de Trump no ha cogido a nadie por sorpresa. Según me explica Mark Field, uno de los diputados más cercanos a la primera ministra, Theresa May, “se ha hablado mucho del riesgo que supone el Brexit para la City londinense, pero creo que el principal peligro que enfrentamos no es que las empresas financieras se vayan a París o a Frankfurt, sino que se vayan a Estados Unidos, donde se están anunciando cambios muy importantes”.
Tras el referéndum del pasado 23 de junio, en el que una mayoría de los británicos optó por abandonar la UE, el entonces titular de la cartera de Finanzas, George Osborne, puso encima de la mesa el recorte del Impuesto de Sociedades. “Tenemos que demostrar que seguiremos poniéndole las cosas fáciles a las empresas. Por eso, tenemos que llevar el Impuesto de Sociedades del 20 al 15 por ciento”, afirmó en las páginas del Financial Times.
La dimisión de David Cameron y la llegada al poder de Theresa May se tradujo en el relevo de Osborne. Su sucesor en el cargo, Philip Hammond, ya ha advertido que “todo dependerá de la negociación con la Unión Europea, pero si se pretende dejar a Reino Unido fuera del mercado único, tendremos que recuperar esa competitividad bajando el Impuesto de Sociedades”. De momento, Hammond ha confirmado que, entre 2018 y 2020, el tipo general de dicho impuesto pasará del 20 al 17 por ciento.
Un nuevo paradigma
Aunque no todos los gobiernos del Viejo Continente están a favor de limitar la competencia fiscal, los técnicos de la Unión Europea y los Ejecutivos de Alemania y Francia llevan años defendiendo desde las instituciones comunitarias una agenda de armonización tributaria que poco a poco ha sido asumida por la OCDE y el G-20. Pero el impulso definitivo a esta campaña por los impuestos altos ha venido del otro lado del Atlántico, especialmente en los años de gobierno de Barack Obama.
La victoria de Trump puede suponer un cambio de tendencia y abrir un nuevo paradigma. En clave fiscal, las reformas que ha propuesto el presidente ya están teniendo importantes consecuencias en la política tributaria del resto de países desarrollados. Pero otro efecto del plan de la Casa Blanca es un refuerzo de la campaña para abolir FATCA. Esta norma, que se está extendiendo a nivel global vía acuerdos bilaterales, fuerza a las entidades de otros países a “identificar” e “informar” sobre cuentas vinculadas a ciudadanos estadounidenses o residentes fiscales en el país norteamericano, bajo amenaza de duras sanciones.
Ya en 2014, el Comité Nacional del Partido Republicano pidió formalmente la retirada de FATCA. Ahora, con Trump en la Casa Blanca, los esfuerzos para acabar con estos tratados se están redoblando. Legisladores como Rand Paul y grupos de la sociedad civil como Americans for Tax Reform ya están abanderando la eliminación de FATCA, en el marco de la reforma fiscal que prepara Washington.
Este giro por parte de Estados Unidos dejaría a la Unión Europea en una situación muy precaria. Las campañas de armonización descansan sobre una premisa central: la adopción de una posición común defendida por los gobiernos más poderosos del mundo. Si Trump se desmarca de esa alianza y Reino Unido sigue su propio camino tras el Brexit, las iniciativas contra la competencia fiscal van a quedar muy tocadas y las políticas tributarias van a recuperar la tónica de décadas pasadas, en las que el objetivo central no era exprimir al contribuyente sino ganar atractivo para impulsar el crecimiento al calor de un marco fiscal más atractivo.
¿La guerra fiscal?
Todo lo anterior puede terminar desencadenando una oleada de rebajas fiscales que aceleraría el pulso de la competencia tributaria y frenaría los excesos armonizadores de los últimos años. Hay razones para pensar que esas dinámicas van a fortalecerse: basta con mirar lo ocurrido en los últimos doce meses para comprobarlo.
En Francia, el triunfo de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales puede suponer una importante rebaja del Impuesto de Sociedades. En Suiza se acaban de modificar las normas de la fiscalidad empresarial, para dejar el tipo efectivo en el 14 por ciento. Bélgica también ha movido ficha y quiere reducir su tasa del 34 al 20 por ciento. España viene de reducir Sociedades del 30 al 25 por ciento. En Letonia, donde ya hay un flat tax del 15 por ciento, se va a aprobar una base imponible alternativa, que permitirá cambiar el tipo único por una tasa equivalente a 2.500 euros por trabajador. En Hungría, el tipo general va a caer del 19 al 9 por ciento. En Estonia, el tramo es del 20 por ciento pero no se cobra sobre el beneficio, sino únicamente en el reparto de dividendos. Irlanda sigue ofreciendo un tipo del 12,5 por ciento, pero además ha introducido un gravamen del 6,25 por ciento para los beneficios derivados de patentes registradas en la isla. Y también se anuncian medidas interesantes en Israel, Australia, Eslovaquia, Polonia, Noruega, Países Bajos…
Las políticas dictadas desde Bruselas nunca han tenido tan poca influencia como en 2017. La incapacidad demostrada por las instituciones comunitarias desde el estallido de la Gran Recesión ha disparado el euroescepticismo y ha dejado en una posición muy precaria a quienes defienden las políticas de la armonización.
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