BIP-110 pretendía proteger Bitcoin de quienes, según sus promotores, estaban desviándolo de su verdadera misión. Terminó demostrando algo bastante más importante: que Bitcoin no tiene custodios autorizados para definir esa misión.

La propuesta, denominada Reduced Data Temporary Softfork, buscaba restringir durante aproximadamente un año la incorporación de imágenes, textos y otros datos considerados “no monetarios” dentro de las transacciones. Para ello endurecía las reglas de consenso: limitaba el tamaño de determinados campos, restablecía un máximo de 83 bytes para OP_RETURN y restringía algunas posibilidades de Taproot. Su argumento era reconociblemente bitcoiner: la cadena debía ser dinero sólido, no un depósito universal de archivos; el almacenamiento arbitrario encarecía el espacio de bloque, aumentaba las exigencias para operar nodos y podía desplazar los pagos genuinos.

La preocupación no era absurda. La respuesta sí resultó profundamente discutible.

Porque una cosa es sostener que Bitcoin debe preservar su carácter monetario, advertir sobre el crecimiento de la cadena o configurar voluntariamente un nodo para no retransmitir ciertas transacciones. Otra muy distinta es convertir esa preferencia en una nueva regla de consenso que declare inválidas transacciones que hasta entonces eran válidas, pagaban su comisión y no quebrantaban ninguna regla existente.

BIP-110 no se limitaba a combatir el spam. Quería establecer, mediante consenso técnico, qué usos de Bitcoin merecían ser considerados legítimos. Su propia redacción hablaba de “abuso de datos”, de “usos dañinos” y de la necesidad de “reenfocar” Bitcoin hacia su verdadera finalidad. Pero una red sin autoridad central no dispone de un ministerio encargado de interpretar la intención del fundador. Mucho menos de clasificar las transacciones según su dignidad moral.

Y aquí comienza la parte verdaderamente satoshiana de la historia.

Una propuesta no es una ley

BIP significa Bitcoin Improvement Proposal. Que una propuesta reciba un número y sea incorporada al repositorio de BIPs no significa que Bitcoin la haya aprobado. El propio repositorio advierte expresamente que publicar un BIP no implica que sea una buena idea, que exista consenso o que vaya a adoptarse. Es un mecanismo para documentar propuestas, no un parlamento y mucho menos un boletín oficial.

BIP-110 establecía una vía de activación peculiar. Los mineros podían señalar su apoyo mediante el bit 4 y, si al menos 1.109 de los 2.016 bloques de un período —el 55 %— lo hacían, la propuesta quedaría encaminada hacia la activación. Pero si ese apoyo no aparecía, el mecanismo no se detenía: al llegar al bloque 961.632, los nodos que ejecutaban BIP-110 comenzarían a rechazar todos los bloques que no señalizaran la propuesta.

Es decir, el 55 % era la vía amable. Si no se alcanzaba, llegaba la activación obligatoria para quienes hubieran instalado ese software.

La aspiración era reproducir la lógica de una UASF, una user-activated soft fork: los usuarios, mediante sus nodos, endurecerían las reglas y obligarían a los mineros a adaptarse para no perder el mercado. Sus defensores invocaban el precedente de SegWit en 2017.

Pero un ultimátum solo funciona cuando detrás existe suficiente peso económico. De lo contrario, no se obliga a nadie: uno simplemente se marcha solo.

Los mineros respondieron arriesgando su propio dinero

Antes del inicio de la fase obligatoria, apenas 51 de los 2.016 bloques del período anterior habían señalizado BIP-110: alrededor del 2,53 %. Era una distancia abismal respecto del 55 % previsto.

Al llegar el bloque 961.632, los nodos BIP-110 cumplieron su amenaza y comenzaron a rechazar los bloques sin señalización. La red se dividió. Roughnecks consiguió minar los bloques 961.632 y 961.633 en la rama BIP-110 utilizando el sistema DATUM de OCEAN. Después, la cadena quedó prácticamente inmóvil.

Bitcoin continuó produciendo bloques con normalidad. La rama BIP-110, en cambio, había heredado la dificultad de minería de Bitcoin —127,48 billones en ese momento—, pero sin heredar su potencia de cómputo. Como la dificultad solo se reajusta al completar 2.016 bloques, la cadena minoritaria quedó atrapada: necesitaba minar casi un período entero con una fracción diminuta del hashrate antes de poder obtener algún alivio.

Roughnecks terminó suspendiendo sus operaciones y recomendando a los demás mineros detenerse. Para el 10 de agosto, la cadena principal llevaba ya más de doscientos bloques de ventaja, mientras la rama BIP-110 seguía detenida después de sus dos primeros bloques.

¿Significa esto que los mineros gobiernan Bitcoin?

No exactamente.

Los mineros no pueden imponer a un nodo un bloque que ese nodo considere inválido. Si mañana decidieran crear 50 millones de bitcoins, los nodos que conservasen el límite de 21 millones rechazarían esos bloques, aunque detrás estuviera el 100 % del hashrate. Los mineros producen candidatos a formar parte de la cadena; los nodos verifican que esos candidatos cumplan las reglas que ellos han decidido ejecutar.

Pero BIP-110 no defendía una regla de Bitcoin frente a mineros que intentaban vulnerarla. Pretendía introducir una regla nueva y convertir en inválido lo que hasta entonces era válido.

Frente a dos conjuntos incompatibles de reglas, los mineros tuvieron que elegir dónde invertir energía, equipos y tiempo. Casi todos eligieron la cadena que ya concentraba a los usuarios, los mercados, las billeteras, los exchanges, la liquidez y la infraestructura. No emitieron un decreto. Arriesgaron capital.

En el diseño de Satoshi, la prueba de trabajo impide sustituir las consecuencias económicas por declaraciones políticas. El white paper explica que la cadena con mayor trabajo acumulado representa la secuencia respaldada por la mayor potencia de cómputo. Los participantes expresan su aceptación extendiendo bloques válidos y rehúsan extender los que consideran inválidos.

BIP-110 proclamó una preferencia. Los mineros revelaron la suya pagando por ella.

Los nodos tampoco son votos

Durante la controversia se repitió que una determinada proporción de nodos apoyaba BIP-110. Pero contar nodos visibles no equivale a contar personas, monedas, actividad económica ni consentimiento.

Crear muchos nodos es barato. Una sola persona puede operar cien; un exchange que procesa miles de millones puede utilizar unos pocos. El número bruto es vulnerable a ataques Sybil y no permite conocer quién utiliza realmente cada cadena, qué valor custodia, qué pagos recibe o qué software ejecutan los nodos que no son públicamente visibles.

Un nodo no es una papeleta electoral. Es una frontera privada.

Cada operador decide qué reglas aplicará a la información que recibe y qué cadena reconocerá como válida. Esa soberanía es real, pero tiene un alcance preciso: permite decidir qué acepta uno mismo, no qué deben aceptar los demás.

Los nodos BIP-110 fueron completamente soberanos. Nadie los censuró, clausuró ni obligó a ejecutar Bitcoin Core. Rechazaron la cadena principal y continuaron con las reglas que preferían. Lo que no podían hacer era transformar su decisión individual en una obligación colectiva.

Esa es la diferencia entre soberanía y poder.

Ejecutar un nodo garantiza el derecho a decir: “esto no es Bitcoin para mí”. No garantiza que el mercado responda: “entonces tampoco lo será para nosotros”.

¿Y la comunidad?

La comunidad no votó en una asamblea porque Bitcoin carece de una comunidad jurídicamente representable. No existe un padrón de bitcoiners, una autoridad electoral ni una definición autorizada de pertenencia.

La comunidad se manifestó de la única manera compatible con una red voluntaria:

• algunos desarrolladores escribieron y revisaron código;
• algunos operadores instalaron BIP-110;
• otros conservaron sus reglas anteriores;
• los mineros asignaron su hashrate;
• los usuarios mantuvieron sus fondos y su actividad en la cadena que consideraron Bitcoin;
• las empresas, billeteras y mercados decidieron qué red continuarían soportando;
• y nadie pudo obligar a los demás a acompañarlo.

El resultado agregado de esas decisiones fue devastador para BIP-110. No porque una autoridad lo prohibiera, sino porque casi nadie con capacidad económica suficiente decidió seguirlo.

Eso también explica por qué la comparación con la activación de SegWit en 2017 era incompleta. Una UASF no posee poderes mágicos. Puede coordinar expectativas cuando ya existe una coalición económica considerable y cuando los mineros creen que ignorarla les hará perder bloques, ingresos y clientes. BIP-110 intentó utilizar el mismo mecanismo sin haber construido previamente ese consenso.

Confundió la herramienta con la fuerza que debía sostenerla.

El mercado del espacio de bloque

Desde una mirada libertaria, el problema de fondo aparece en la pretensión de determinar centralmente cuáles son los usos correctos de un recurso escaso.

El espacio de bloque tiene un precio. Quien desea utilizarlo debe competir con otros usuarios mediante comisiones. Los mineros deciden qué transacciones incluir, dentro de las reglas aceptadas por la red, porque asumen el coste de producir el bloque. Los operadores de nodos pueden establecer políticas de retransmisión, filtrar lo que no quieren propagar y elegir libremente qué software ejecutar.

Es posible que las inscripciones sean frívolas. También es posible que resulten desagradables, inútiles o perjudiciales para la experiencia de quienes quieren utilizar Bitcoin exclusivamente como dinero. Pero el liberalismo no consiste en reemplazar las preferencias del planificador estatal por las preferencias de un comité de guardianes monetarios.

Si una transacción respeta las reglas vigentes y paga el precio requerido por el espacio que consume, excluirla exige algo más que afirmar que su finalidad es indigna.

Los defensores de BIP-110 podían proponer otras políticas, desarrollar filtros, abaratar la operación de nodos, persuadir a los mineros, construir herramientas alternativas o convencer a una mayoría económica de modificar las reglas. Lo que no podían hacer era invocar “la verdadera misión de Bitcoin” como título de propiedad sobre un protocolo que nadie posee.

Bitcoin no pertenece a quienes mejor interpretan a Satoshi.

El fracaso que confirmó el diseño

La rama BIP-110 no fue técnicamente silenciada. Fue libre de existir y, precisamente por eso, quedó obligada a demostrar cuánto respaldo real tenía. Sus partidarios pudieron escribir el código y los nodos pudieron ejecutarlo. Los mineros pudieron dedicarle potencia y los usuarios pudieron atribuir valor a sus monedas. Los mercados pudieron reconocerlas y casi ninguno lo hizo en una escala suficiente.

Ese desenlace no demuestra que los mineros sean soberanos, que la mayoría siempre tenga razón ni que Bitcoin jamás deba modificar sus reglas. Demuestra algo más austero: en un sistema sin autoridad central, una modificación controvertida solo prevalece cuando consigue coordinar a quienes validan, producen, utilizan y valoran la red.

Los nodos custodian sus propias reglas. Los mineros aportan trabajo y seguridad. Los usuarios y mercados atribuyen valor económico. Ningún grupo gobierna por separado y ninguno puede sustituir indefinidamente a los demás.

BIP-110 quiso rescatar Bitcoin mediante una prohibición temporal. Bitcoin respondió sometiendo esa prohibición a la competencia.No hubo policía, regulador ni tribunal. No hubo que expulsar a sus promotores ni impedirles bifurcar el código. Se les permitió probar su tesis con sus propios nodos, su propio hashrate y su propio dinero.

La cadena avanzó dos bloques y se detuvo. Probablemente no exista un epitafio más satoshiano para una idea que creyó poseer más consenso del que realmente tenía.