Uno de los principios más elementales del liberalismo es la estricta separación entre el poder político y los negocios privados. No por una cuestión moral abstracta, sino por una razón profundamente práctica: cuando esa frontera se diluye, emerge inevitablemente el sistema prebendario, donde el éxito económico deja de depender del mérito y pasa a depender del acceso al poder.
El reciente escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA vuelve a poner este problema en el centro de la escena. La promoción pública del activo por parte del presidente generó un aumento explosivo de su valor seguido de un colapso abrupto, con pérdidas millonarias para miles de inversores y ganancias concentradas en unos pocos actores con información privilegiada.
Más grave aún, investigaciones posteriores han revelado posibles vínculos previos, comunicaciones directas y hasta la existencia de borradores de acuerdos económicos asociados a esa promoción, lo que ha derivado en denuncias judiciales, pedidos de investigación y cuestionamientos éticos de fondo.
Sin embargo, el problema excede lo jurídico. Puede que algunos aspectos terminen siendo legales o indemostrables en términos penales. Pero el liberalismo no se agota en la legalidad. Existe una dimensión anterior y más exigente: la legitimidad.
El fenómeno que aquí se observa no es nuevo. Es el clásico patrón de captura del poder por intereses privados o, en su variante más moderna, de utilización del poder para habilitar negocios que no existirían sin esa influencia. En términos de la teoría de la elección pública (public choice), los incentivos están alineados: quien detenta poder tiene la capacidad de generar beneficios extraordinarios, y quienes buscan esos beneficios tienen incentivos para acercarse al poder.
El resultado es un sistema donde las oportunidades no se distribuyen en función del talento o el riesgo asumido, sino en función de la cercanía política. Eso es, precisamente, el prebendarismo.
Y aquí radica el punto más delicado: cuando este tipo de prácticas ocurre bajo gobiernos que se presentan como liberales, el daño es doble. No sólo se afecta la confianza institucional, sino que se erosiona el propio capital simbólico de las ideas de la libertad.
Porque el liberalismo no es un discurso antiestatal en abstracto. Es una ética del poder. Implica límites, implica renuncias, implica —sobre todo— la decisión consciente de no utilizar la posición pública para generar ventajas privadas.
Cuando esa barrera se rompe, lo que queda no es un “liberalismo imperfecto”. Es otra cosa. Es la repetición de un patrón histórico donde el poder político deja de ser árbitro y se convierte en jugador.
Y en ese punto, la narrativa de la “casta” pierde sentido. Porque el problema nunca fue sólo quién estaba en el poder, sino qué se hace con él.
En cualquier economía sana, hacer negocios depende del mercado. En una economía capturada, depende del poder.
Y cuando esa lógica se instala, el sistema deja de premiar la innovación y empieza a premiar la proximidad.
Por eso, el verdadero daño de estos episodios no está únicamente en las pérdidas económicas o en las investigaciones judiciales en curso. Está en algo más profundo: la degradación de las reglas de juego.
Un gobierno que prometía terminar con los privilegios no puede, sin costo, ser percibido como parte de ellos.
Porque en política, como en los mercados, la confianza es el activo más valioso.
Y una vez que se pierde, no hay relato que la reconstruya.