En agosto de 2025, Google Play anunció una nueva política que podría transformar profundamente el ecosistema de las aplicaciones de criptomonedas. A partir del 29 de octubre, solo los desarrolladores con licencia bancaria o equivalentes podrán listar apps wallets en su tienda en más de 15 jurisdicciones clave, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón.

En EE. UU., los desarrolladores deberán registrarse como Money Services Business (MSB) ante FinCEN y obtener licencias estatales de transmisor de dinero, o bien actuar como bancos autorizados. En la UE, deben contar con autorización como Crypto-Asset Service Provider (CASP) bajo el marco MiCA. Lo preocupante para muchos es que no se hacen distinciones claras entre wallets custodiales —que guardan los activos del usuario— y no custodiales —donde el usuario retiene el control total de sus fondos.

Desde una perspectiva libertaria, esta medida despierta alarmas por varias razones:

1. Reducción de la competencia y centralización forzada: al requerir licencias costosas, se favorece a grandes empresas ya establecidas, mientras que pequeños desarrolladores, proyectos de código abierto y wallets orientadas a la privacidad quedan marginados. Así, se obstaculiza el florecimiento de alternativas descentralizadas.
2. Regulación encubierta a través de plataformas privadas: esta no es una regulación estatal, sino una imposición indirecta de un actor privado con enorme control sobre la distribución móvil. Google asegura querer “proporcionar un entorno seguro y conforme”, pero la realidad es que está actuando como regulador de facto, sin pasar por debate legislativo ni rendición de cuentas clara.
3. Sobre-regulación: el hecho de que FinCEN en 2019 reconociera que las wallets no custodiales no son transmisoras de dinero —por tanto, no requieren registro como MSB— choca frontalmente con el nuevo enfoque de Google, que obliga igual cumplimiento a todas las wallets.

Wallets concretas afectadas

• MannaBitcoin (Manna Wallet): Se trata de una wallet no custodial de Bitcoin. Su fundador, Adam Simecka, denunció que Google la deslistó sin previo aviso, eliminó reseñas de cinco estrellas y la hizo desaparecer de los resultados de búsqueda. Aunque no requiere custodia, sufrió los efectos colaterales de la política ambigua.

• Samourai Wallet: Reconocida wallet no custodial centrada en privacidad, ya fue removida previamente por supuestas investigaciones federales (aunque FinCEN indicó que no necesitaba registro MSB). La nueva política amenaza su disponibilidad estable.

• Wallets históricos de 2018: Google silenciosamente removió varias wallets conocidas, como Bitcoin Wallet (de Bitcoin.com), CoPay (de BitPay) y BitPay mismo. Este episodio no estaba relacionado con licencias, sino probablemente con confusiones tras prohibiciones a apps de minería.

• Falsas apps maliciosas: Aunque no derivadas de la política, merece mencionarse que existen wallets fraudulentas que imitan servicios legítimos y han sido removidas tras estafas. Por ejemplo, una app falsa de WalletConnect drenó más de US$70 000 antes de ser retirada, y otras imitaron marcas como Daedalus.

En respuesta a las críticas, Google aclaró en X que las wallets no custodiales no estarían en el alcance de la política, y que el Centro de Ayuda será actualizado para reflejar esa distinción. Pero dicha aclaración llega después de que el cambio generó incertidumbre, llevando a varias apps a autodeslistarse por temor a incumplimientos imposibles de asumir. Y aunque se reconozca la distinción, nada garantiza que no se mantenga la barrera de entrada para nuevos actores.

Desde un punto de vista libertario, que defiende el libre mercado, la innovación abierta y los derechos individuales, esta medida representa un retroceso:

• Atenta contra la libertad de creación: imponer requisitos de licencias que normalmente no se exigen para desarrolladores de software (sin que manejen dinero de terceros) crea una brecha inédita en el mundo del desarrollo móvil.
• Amenaza la privacidad financiera: muchas wallets no custodiales son invaluablemente útiles para quienes buscan soberanía sobre sus finanzas. Exigir registros KYC/AML convierte aplicaciones que solo muestran el saldo del usuario en instrumentos más intrusivos.
• Refuerza los monopolios tecnológicos: si solo las grandes, corporaciones con recursos legales y financieros pueden cumplir, se consolida un oligopolio de apps reguladas y homologadas, a expensas de la pluralidad del ecosistema.

En definitiva, aunque la intención de proteger a los usuarios puede parecer legítima, el camino elegido echa por tierra principios esenciales de libertad económica y privacidad. La puerta al mercado se convierte en un portón blindado, impedimento para quienes buscan innovar sin ceder su independencia.