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  • El Peligro del Poder Ilimitado según Bertrand de Jouvenel

    Bertrand de Jouvenel, en su obra «Sobre el Poder», ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder político y sus implicaciones. En el capítulo sexto, Jouvenel examina el peligro inherente del poder ilimitado, argumentando que su expansión no conduce a la estabilidad sino a una serie de conflictos y tensiones que pueden socavar la propia estructura gubernamental.

    El Gobierno y la Ampliación de sus Competencias

    Una de las ideas centrales de Jouvenel es que «El gobierno no es más estable cuando sus competencias son más amplias. Al contrario, choca contra más intereses, y la propia presión que sobre ellos ejerce incita a éstos a desquitarse en otros intereses». Esta cita encapsula la visión de Jouvenel sobre cómo el incremento del poder gubernamental, en lugar de consolidar su autoridad, genera una mayor resistencia y conflicto.

    Cuando el gobierno amplía su control sobre diversos aspectos de la vida social y económica, inevitablemente entra en conflicto con intereses establecidos. Estos intereses pueden ser individuales o colectivos, económicos o culturales, pero todos tienen en común el deseo de proteger su autonomía frente a la interferencia estatal. La expansión del poder gubernamental, por lo tanto, no solo incrementa el número de fricciones, sino que también intensifica la oposición a sus políticas.

    La Presión y la Resistencia

    Jouvenel observa que la presión ejercida por un gobierno con competencias amplias provoca una reacción de resistencia entre aquellos cuyos intereses se ven afectados. Esta resistencia no siempre se manifiesta de manera directa, sino que puede llevar a los afectados a buscar compensación o desquite en otros ámbitos, creando así un ciclo de tensión y confrontación.

    Por ejemplo, una política gubernamental que afecte negativamente a un sector económico puede llevar a sus actores a presionar en otros sectores donde tienen influencia, generando así un efecto dominó de conflictos de interés. Este tipo de dinámica pone de manifiesto que el poder ilimitado no solo es incapaz de armonizar los intereses en conflicto, sino que en realidad exacerba las tensiones existentes.

    La Ilusión de la Estabilidad

    La ampliación del poder gubernamental puede dar la apariencia de estabilidad y control, pero esta es una ilusión. La realidad, según Jouvenel, es que un poder ilimitado crea un entorno de constante fricción y desafío. Los individuos y grupos que sienten sus intereses amenazados por la intromisión gubernamental buscarán formas de resistir y contrarrestar esta presión, ya sea a través de medios legales, políticos o incluso clandestinos.

    Esta resistencia puede debilitar la capacidad del gobierno para gobernar efectivamente, ya que sus esfuerzos por controlar y regular cada vez más aspectos de la sociedad son continuamente socavados por la oposición. En lugar de lograr una estabilidad duradera, el poder ilimitado se encuentra atrapado en una lucha perpetua con los intereses que busca dominar.

    Conclusión

    En el capítulo sexto de «Sobre el Poder», Bertrand de Jouvenel nos advierte sobre los peligros del poder ilimitado. Su análisis revela que la expansión del poder gubernamental no solo no asegura la estabilidad, sino que en realidad engendra una serie de conflictos y resistencias que pueden debilitar el propio gobierno. Al chocar contra una multiplicidad de intereses, el poder ilimitado se enfrenta a una resistencia que socava su autoridad y efectividad.

    La reflexión de Jouvenel es una llamada a la moderación en el ejercicio del poder y a la importancia de reconocer y respetar los intereses diversos dentro de una sociedad. En lugar de buscar controlar todos los aspectos de la vida social y económica, un gobierno debe aprender a equilibrar su autoridad con la autonomía de los individuos y grupos, promoviendo así una estabilidad genuina basada en el respeto mutuo y la colaboración.

  • Maquiavelo describe la raíz del poder político

    El pensador florentino Maquiavelo fue el precursor del pensamiento político moderno. Durante siglos fue colocado del lado de los villanos, aunque el contenido de su obra refleja otra cosa.

    Hace tiempo escribí sobre este personaje pero debido a que se vuelve sobre el asunto estimo pertinente recordar lo dicho con algunas variantes. Hay quienes juzgan que este autor revelaba su perversidad en sus dos obras más conocidas, es decir, El Príncipe y Discursos sobre la primera década de Tito Livio, lo cual se configura como “maquiavelismo”, pero lo que hizo en estas obras -especialmente en la primera- es simplemente una descripción del poder y de los politicastros que pululan por doquier, lo cual es señalado, entre otros, por autores como James Burnham, George Sabine o Maurizio Vitroli en sus archiconocidos trabajos sobre la materia.

    “Podría citar mil ejemplos modernos y demostrar que muchos tratados de paz, muchas promesas han sido nulas e inútiles por la infidelidad de los Príncipes, de los cuales, el que más ha salido ganando es el que ha logrado imitar mejor a la zorra. Pero es menester respetar bien ese papel; hace falta gran industria para fingir y disimular, porque los hombres son tan sencillos y tan acostumbrados a obedecer las circunstancias, que el que quiera engañar siempre hallará a quien hacerlo”. Este es uno de los pasajes de El Príncipe de Maquiavelo en el que resume su tesis central.

    En esa obra célebre se encuentra el verdadero rostro del poder cuando se lee que el gobernante “debe parecer clemente, fiel, humano, religioso e íntegro; más ha de ser muy dueño de sí para que pueda y sepa ser todo lo contrario […] dada la necesidad de conservar el Estado, suele tener que obrar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión […], los medios que emplee para conseguirlo siempre parecerán honrados y laudables, porque el vulgo juzga siempre por las apariencias”. Incluso hay quienes ingenuamente interpretan el uso maquiavélico de virtú como si se tratara de virtud cuando en verdad esa expresión en El Príncipe alude a la voluntad de poder que solo se obtiene por el uso de la fuerza. Más aún, escribe Maquiavelo que “El Príncipe que quiera conservar a sus súbditos unidos y con fe, no debe preocuparse de que le tachen de cruel […] es más seguro ser temido que amado […] Los hombres temen menos ofender al que se hace amar que el que se hace temer […] solo han llevado a cabo grandes empresas los que hicieron poco caso de su palabra, que se dieron maña para engañar a los demás”.

    Por su parte, en el contexto de los poderes papales, en el otro libro referido Maquiavelo señala que en relación a los abusos del caso “el primer servicio que debemos los italianos a la sede papal es haber llegado a ser irreligiosos y malos” y concluye en un plano más amplio que “Jamás hubo ni habrá un país unido y próspero sin no se somete todo a la obediencia de un gobierno.” Recordemos en otro orden de cosas que de los veinte Concilios hasta el momento -de 325 a 1965- a la mitad de ellos asistió el gobernante político del momento.

    Se trata entonces de una muy ajustada observación de lo que en líneas generales significa quién se instala en el trono del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno, pero resulta sumamente curiosa la renovada confianza, no solo de los consabidos adulones que sin vestigio alguno de dignidad están en todas partes y anidan en todos los tiempos, sino de gente de apariencia normal que es engañada y saqueada una y otra vez, a pesar de lo cual insiste en la experiencia cuando el próximo candidato promete “cambio, combatir la corrupción y establecer justicia” y otras cantinelas equivalentes.

    Produce asombro y verdadera perplejidad que se suela considerar como normal que el político mienta en campaña para engatusar a la incauta clientela, incluso livianamente se lo justifica y perdona al candidato diciendo que “es político”. Es que como ha escrito Hannah Arendt, “nadie ha puesto en duda que la verdad y la política están más bien en malos términos y nadie, que yo sepa, ha contado a la veracidad entre las virtudes políticas”. Por ello es que Alfred Whitehead ha enfatizado que “el intercambio entre individuos y entre grupos sociales es de una de dos formas, la fuerza o la persuasión. El comercio es el gran ejemplo del intercambio a la manera de la persuasión. La guerra, la esclavitud y la compulsión gubernamental es el reino de la fuerza”. Por su lado Ortega y Gasset ha escrito: “La política se apoderó de mí y he tenido que dedicar más de dos años de mi vida al analfabetismo (la política es analfabetismo)”. Como nos ha enseñado Gaetano Mosca, la historia no debe interpretarse con lentes monistas o unidireccionales, pero en el caso que nos ocupa se juega nada menos que la libertad que es lo que precisamente permite abrir ríos que se bifurcan en muy distintas direcciones y que permiten naves de diverso calado y volumen.

    Después de tantas matanzas, guerras, torturas y estropicios mayúsculos patrocinados por los aparatos estatales de todas las latitudes, es menester derribar telarañas mentales y explorar otras avenidas fértiles. Para los que quieren ver la realidad del poder hay por lo menos dos etapas que, a su debido tiempo, es aconsejable se transiten. Si lo que se presenta a continuación no es aceptado hay que pensar en otros procedimientos pero no quedarse inmóvil esperando las próximas elecciones pues de este modo se corre el riesgo de convertir al planeta tierra en un inmenso Gulag en nombre de una democracia degradada.

    Debe percatarse que la democracia como ha sido concebida en una manifestación de igualdad ante la ley y la protección de los derechos de las minorías, no ha funcionado debido a los incentivos perversos que se desatan muy a disgusto de los Giovanni Sartori de todos los tiempos. En el camino el sistema ha mutado en cleptocracia, a saber, el gobierno de los ladrones de libertades, propiedades y sueños de vida de cada uno de los que llevan a cabo actividades que no lesionan derechos de terceros.

    En una primera etapa, por ejemplo, debería contemplarse el establecimiento de tres pilares aplicables a los tres poderes. Un triunvirato para el Ejecutivo al efecto de diluir la idea del líder y similares tal como se propuso en los debates constitucionales estadounidenses y, agregamos, elegido por sorteo tal como lo propuso Montesquieu en el segundo capítulo del Segundo Libro de El espíritu de las leyes y tal como ocurrió en las repúblicas de Florencia y Venecia, situación en la que las personas dejan de contarse anécdotas más o menos irrelevantes sobre candidatos para concentrarse en los límites al poder, esto es en la fortaleza de marcos institucionales puesto que cualquiera podría acceder. En el Judicial, Bruno Leoni sugiere que debería permitirse que en los conflictos que surjan en las relaciones contractuales, las partes deberían establecer quienes han de oficiar de árbitros en todas las instancias que se estipulen sin regulación de ninguna naturaleza, con lo que se volverá a lo ocurrido durante el primer tramo del common law y durante la República romana. Por último, debería adoptarse lo que Hayek bautizó como “demarquía” en el tercer tomo de su Law, Legislation and Liberty al efecto de introducir reformas al Legislativo.

    En la segunda etapa, que es en la que ahora nos detendremos a resumir pero con la brevedad que exige una nota periodística, debería prestarse atención a lo que han venido sugiriendo autores tales como Anthony de Jasay, Bruce Benson, Randy Barnett, David Friedman, Murray Rothbard, Jan Narvenson, Gustave de Molinari, Leslie Green, Walter Block, Morris y Linda Tanehill y tantos otros (sistema que he bautizado como “autogobierno”, que a falta de una definición lexicográfica hago una estipulativa en mi libro y en mis tres ensayos académicos sobre la materia publicados respectivamente en Buenos Aires, Londres, Madrid y Santiago de Chile). Debates sobre estos temas están demorados y poco explorados debido a que estamos inundados de medidas infantiles que atrasan y demoran toda posibilidad de progreso como la machacona y absurda idea del control de precios, la inflación monetaria, el embrollo de impuestos astronómicos, deudas siderales, legislaciones contrarias a los derechos más elementales, cerrazón al comercio internacional y normas en el ámbito laboral que perjudican enormemente a quienes desean trabajar.

    Es del caso destacar que una de las obras del referido de Jasay titulada Against Politics donde se objeta el monopolio de la fuerza y se explica la manera evolutiva de producir normas en libertad, el premio Nobel en economía James Buchanan escribe sobre ese trabajo que “Aquí se encuentra la filosofía política como debiera ser: temas serios discutidos con verba, agudeza, coraje y genuino entendimiento”. Lo peor son los conservadores en el peor sentido de la expresión, esto es, no los que pretenden conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino los que no pueden zafar de las tinieblas mentales y son incapaces de discutir otros paradigmas dentro de la tradición liberal que como es sabido no es un puerto sino una travesía permanente en un contexto evolutivo. Por ello la sabiduría del lema de la Royal Society de Londres: nullius in verba, a saber, no hay palabras finales.

    No me quiero poner demasiado técnico en esta columna periodística pero el debate por el momento se centra y gira en torno a la asimetría de la información, las externalidades, el dilema del prisionero, el teorema Kaldor-Hicks y el llamado equilibrio Nash.

    Es de interés tener en cuenta los casos en los que las sociedades que operaron sin el monopolio de la fuerza como el de Islandia desde el año 900 al 1200 de nuestra era al que se refiere David Friedman en “Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case” y David Miller en su libro Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Island, el de Irlanda desde principios del siglo VI a mediados del XVII, caso al que alude Joseph E. Penden en “Stateless Societies: Ancient Ireland” y el caso de los hebreos, tal como lo relata la Biblia antes del período de los Jueces (Samuel, II, 8), mencionado sucintamente por Lord Acton en su Essays on Freedom and Power.

    Nada de lo dicho puede adoptarse a la manera de un tajo abrupto en la historia, es indispensable el debate en un proceso de discusiones paulatinas en el que exista la debida comprensión de las ventajas de un sistema abierto sin monopolios impuestos. El antes aludido Barnett en Restoring The Lost Constitution nos dice que en nuestro sistemas políticos resulta curioso la insistencia que están consentidos por los ciudadanos cuando no hay manera de expresar el no-consentimiento en cuyo contexto se interpreta como que el aparato estatal fuera el dueño del lugar donde uno vive: “Cara, usted consiente, seca también consciente, no tira la moneda ¿adivine que? Usted también consiente. Esto simplemente no es consentir”. Por último, resulta atingente recordar que Joseph Schumpeter ha señalado en Capitalismo, socialismo y democracia que “La teoría que asimila los impuestos a cuotas de club o a la adquisición de los servicios, por ejemplo, de un médico, solamente prueba lo alejada que está esta parte de las ciencias sociales la aplicación de métodos científicos”.

    No es posible vaticinar cuánto tiempo demandará el antedicho debate ni siquiera si se concretará a niveles suficientes, pero en todo caso es absolutamente necesario ponerle bridas al abuso del poder si queremos vivir una vida digna. Es cierto que ha habido y hay políticos con los mejores propósitos y deseos de libertad, pero el tema es revisar con atención y el debido tiempo los incentivos y las consecuencias implícitas en el monopolio de la fuerza.

    En línea con lo dicho en esta nota, es pertinente concluir con un pronóstico de Jorge Luis Borges. En el libro titulado El otro Borges en el que Fernando Mateo recopila dieciséis entrevistas de diversos medios al célebre escritor, se reproduce una en la que Borges reitera lo que ha dicho y escrito en muchas otras oportunidades, a saber, que la meta debiera ser la abolición de los aparatos estatales en línea con lo estipulado por el decimonónico Herbert Spencer, ocasión en la que el periodista inquiere: “¿Piensa seriamente que tal estado es factible?” A lo que el entrevistado responde: “Por supuesto. Eso sí, es cuestión de esperar doscientos o trescientos años”. A continuación, como última pregunta, el entrevistador formula el siguiente interrogante: “¿Y mientras tanto?” A lo que Borges contesta: “Mientras tanto, jodernos”.

    Agrego un pensamiento de Chesterton antes de un final con un par de pensamientos brutales: “Toda ciencia incluso la ciencia divina es una sublime novela policial. Solo que no está destinada a descubrir por qué ha muerto un hombre, sino el más oscuro secreto de por qué está vivo.” Así es, resulta clave preguntarnos para qué vivimos, no simplemente transcurrir. Y los dos pensamientos brutales llevan al extremo lo consignado por Maquiavelo, uno es el disfraz de politicastros que resumió Trotsky en su discurso en el Parque Sokolniki el 6 de junio de 1918 donde vocifera que “Nos proponemos construir un paraíso terrenal”, el otro mucho más sincero y que pone al descubierto la tentación de los aparatos estatales sin límites pertenece a Stalin en el Catorceavo Congreso del Partido el 18 de diciembre de 1921 en el sentido de sostener que “Quien se oponga a nuestra causa con actos, palabras o pensamientos -si, bastan los pensamientos- será totalmente aniquilado”…lo cual mandó hacer con el propio Trotsky.

  • ¿No hay plan?, una nota para distraídos

    En otras ocasiones lo he consignado, pero en vista del renovado entusiasmo y énfasis con que se esfuerzan los distraídos para denunciar que no hay plan, es necesario reiterar y contradecir a los incautos y anoticiarlos que sí hay plan.

    Un plan tan efectivo para producir resultados inmediatos que ni siquiera los fulanos de marras se percatan que existe, quienes miran para otro lado atolondrados por las circunstancias. Es tan eficiente el plan en curso que avanza a pasos agigantados de un modo tal que se hace invisible para ojos muy poco atentos y acostumbrados a que un plan tiene que tener ciertas características que ellos solo conciben como posibles, son mentes estructuradas incapaces de advertir el peligro. Están estructurados en base a fabricaciones preconcebidas con lo que no pueden interpretar otras manifestaciones fuera de su estrecha familiaridad.

    Para estos liliputenses solo hay plan si se consignan guarismos tales como el porcentaje de déficit fiscal, el ritmo de expansión monetaria, el comportamiento de la maraña tributaria o la evolución de la deuda, el resto no puede ser un plan aunque se planifique la destrucción de todo vestigio de procedimientos civilizados.

    Si le hubieran dicho a Fidel Castro, a Hugo Chávez o ahora a Daniel Ortega o a Kim Jung Un que sus gobiernos no tienen plan se hubieran descostillado de risa.

    ¿No se ve con toda claridad la celeridad con que el plan totalitario procede sin cortapisas de alguna firmeza, solo rodeados de declaraciones altisonantes y sin resultados concretos? ¿No se ve que ya no tiene sentido la parla sobre la República puesto que por el momento no hay vestigio de república? Un sistema republicano tiene cinco componentes, la alternancia en el poder, la responsabilidad de los actos de gobierno ante los gobernados, la publicidad de los actos de gobierno en el contexto de la necesaria transparencia, la división de poderes y la igualdad ante la ley. Muy poco queda en pie y sin embargo se insiste en que no hay plan como si nuestras dolencias vinieran por azar.

    Tengamos en cuenta que la igualdad ante la ley no es desde luego que todos seamos iguales para ir a un campo de concentración, se trata de la igualdad de derechos atada e inseparable de la noción de Justicia que según la definición clásica es el “dar a cada uno lo suyo” y “lo suyo” remite a la propiedad privada, una institución extremadamente vapuleada en nuestro medio por los atropellos inmisericordes del Leviatán.

    Se porfía que no hay plan mientras los planificadores se mofan de la tontera ajena y siguen introduciendo nuevos gravámenes, nuevas expansiones galopantes de la base monetaria, nuevos endeudamientos internos y externos, nuevos subsidios, nuevas legislaciones laborales que aniquilan el trabajo y nuevas regulaciones asfixiantes. Pero los supuestos soldaditos de la cordura aseguran que no hay plan.

    Si seguimos rodeados de estos irresponsables pronto todos nos encontraremos en un inmenso Gulag donde cuando ya sea demasiado tarde se reconocerá que ese era el plan impuesto y dirigido por los capitostes que administrarán los alambrados de púa. Para los distraídos si un plan no se anuncia acompañado de una planilla Excel o si no encaja en los criterios de la burocracia del FMI no es un plan. Si no se dice claramente cuál es el rumbo, no hay rumbo aunque los acontecimientos se precipiten machaconamente siempre en la misma dirección. Hasta que el choque contra la pared última no sea patente no hay plan, por más que la velocidad de los acontecimientos conducidos por megalómanos exponenciales se acerca a la pared definitiva y por más que se hayan producido reiterados choques espectaculares contra paredes intermedias como avisos de peligro inminente de la catástrofe final. Por más que todo ello ocurra, se sigue manteniendo que no hay plan lo cual desdibuja la noción de plan y las trifulcas de palacio que entretienen a tantos con chismografía de segunda, igual que con el cuento del lobo feroz es para comernos mejor.

    Tal vez convenga en este contexto alguna reflexión sobre el sentido del derecho a los efectos de escapar de la trampa del no-plan mientras nos devora el si-plan basado en la estrangulación de las autonomías individuales y consiguientemente del derecho. De un largo tiempo a esta parte la noción original de la ley se ha deteriorado significativamente. En la tradición del common law y en buena parte del derecho romano, especialmente durante la República y la primera parte del Imperio, el equivalente al Poder Legislativo era para administrar las finanzas del gobierno mientras que el derecho era el resultado de un proceso de descubrimiento que surgía de otro campo: los fallos de árbitros según los convenios entre partes que el poder de policía se encargaba de hacer cumplir.

    El jurisconsulto italiano Bruno Leoni en su célebre obra La libertad y la ley explica que “estamos tan acostumbrados a pensar en el sistema del derecho romano en términos del Corpus Juris de Justiniano, esto es, en términos de una ley escrita en un libro, que hemos perdido de vista cómo operaba el derecho romano […] El derecho romano privado, que los romanos llamaban jus civile, en la práctica, no estuvo al alcance del legislador […] por tanto, los romanos disponían de una certidumbre respecto de la ley que permitía a los ciudadanos hacer planes para el futuro de modo libre y confiado y esto sin que exista para nada escrito en el sentido de legislaciones y códigos” a diferencia de lo que hoy ocurre en cuanto a que cualquier legislación puede modificarse abruptamente en cualquier dirección, en cualquier área o abarcando extensos territorios.

    El filósofo del derecho Lon Fuller en The Principles of Social Order concluye que “el juez que tiene claramente en su mente que el principio del contrato puede, sin su ayuda, servir como ordenamiento social abordará su materia con un espíritu diferente de aquel juez que supone que la influencia del contrato en los asuntos humanos deriva enteramente de la legislación fabricada por el Estado”, lo cual expande en su libro titulado The Morality of Law en la que crítica muy documentadamente al positivismo legal, corriente que desafortunadamente hoy predomina en la mayor parte de las Facultades de Derecho en la que los egresados citan legislaciones, incisos y párrafos pero desconocen los fundamentos de la norma extramuros de la ley positiva.

    Nota: editado ligeramente para darle contenido internacional al artículo.

  • ¿Qué esperamos de los nuevos magistrados?

    El gobierno anunció nuevas magistradas, y estas se ven muy bien. Por ahora se evitó nombrar amiguetes del presidente, o militantes del partido como se rumoreaba o resignadamente se esperaba. Los candidatos a magistrado parecen todos abogadas y abogados profesionales y competentes. Los suplentes, bueno, salvo uno que otro con vínculos partidistas, parecen tener buenas calificaciones.

    Para los estándares de los gobiernos anteriores, esto es un gran avance. Significa que por primera vez se oye un reclamo de la sociedad civil, de despolitizar la corte y parar el amiguismo en la justicia. Es un buen avance, pero tenemos que ir más allá.

    Como en el sistema actual la Corte Suprema de Justicia interpreta la Constitución, ya que afortunadamente no tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos que no sólo revisar la hoja de vida educativa de los candidatos a magistrados, y sus conocimientos sobre las ramas del derecho de las Salas de la Corte Suprema de Justicia para la cual fueron asignados, sino sus tendencias ideológicas en fallos. si han sido jueces de menor instancia, o en sus escritos académicos si no lo han sido. Esto es importante no solo para ver la probidad e independencia política de los candidatos, de lo cual existe un déficit en la Justicia Panameña, sino que más que eso, ver si por fin revertimos la tendencia histórica latinoamericana, donde la ley más que proteger a los ciudadanos individuales frente al poder, o a las minorías, la justicia, sobre todo la justicia constitucional latinoamericana, tiende a justificar el poder y sus actos, no a contenerlos y limitarlos. Y es allí donde existe un gran déficit histórico.

    En realidad, la tendencia histórica ha sido a que las Cortes Supremas de Justicia, lejos de limitar al estado, tienden a justificar sus intrusiones en los derechos individuales y limitar los derechos de propiedad. No solo en nombre del bien común sino de intereses particulares cercanos al poder.

    Sería bueno saber cuál es la postura de los candidatos a magistrados (y los ya electos) sobre temas como los retenes, el control de precios, la portación de armas, consumo de drogas, el matrimonio igualitario, la libertad de expresión y la penalización de la calumnia e injuria. Temas que afectan derechos individuales.

    También es bueno hablar de los otros derechos, los derechos sociales. ¿Cómo los ven? ¿Como justificaciones para expandir el estado con más clientelismo, o como obligaciones del Estado de garantizar el marco para que estos derechos prosperen?.

    Una ventaja del sistema actual de la Corte Suprema de Justicia es que los magistrados, aparte de ver temas constitucionales, tienen que ver el día a día judicial de sus ramas del derecho. Esto los mantiene con los pies en la tierra y los hace ver la realidad de la sociedad panameña. La propuesta de un Tribunal Constitucional muy de moda en la región, tiende a separar a los magistrados del día a día de la práctica judicial y los convierte en una especie de Olimpo jurídico, donde sólo se ven los temas constitucionales relacionados con el Estado. Al final, los Tribunales Constitucionales terminan más altamente politizados, y se convierten en una especie de legisladores mediante fallos judiciales.

    Teniendo en cuenta las ventajas del sistema actual, sería bueno aparte de ver sus conocimientos sobre las salas de la corte a la cual están destinados, saber su opinión sobre temas constitucionales.

    Por ahora, estos nombramientos, basados en méritos profesionales y académicos y no en amiguismo o sectarismo son un gran avance, pero tenemos que ir pensando más allá. Un magistrado debe ser alguien comprometido con la democracia y con los ciudadanos de a pie. Y eso solo se aprende interrogando a los candidatos en audiencias públicas y buscando su rastro de papel en escritos académicos, artículos o fallos judiciales. El sistema judicial es el punto más débil de la libertad económica panameña, es ineficiente en proteger derechos de propiedad y aplicar contratos. El sistema judicial es ineficiente en el área penal, afectando a la seguridad pública, generando impunidad, la desigualdad en los resultados dependiendo de la clase social o vínculos políticos de los imputados.

    El sistema actual es ineficiente en impartir justicia de manera rápida. El sistema de justicia administrativa tiende a ser un mero aval de las decisiones convenientes al poder. Todo el proceso en todas las ramas es predominantemente escrito, y terriblemente burocrático. No se han tomado medidas para usar todas las herramientas de la tecnología moderna, como expedientes digitales online, filmaciones y grabaciones digitalizadas de audiencias. Notificaciones automáticas online y físicas mediante pool de notificadores seleccionados por algoritmos y verificados por GPS. Todos esos avances se han implantado en países cercanos mucho más pobres, pero acá no, porque sería el fin de varios negocios privados de miembros del sistema judicial…

    El problema es que mientras tengamos los diputados que tengamos, que son representantes de intereses regionales, y no tengamos una asamblea bicameral, con una cámara superior que represente intereses nacionales, dudamos que podamos llevar nuestra selección de magistrados al siguiente nivel. Pero algo es algo, y por lo menos el actual presidente está tratando de hacer lo correcto. Un cambio fundamental con los presidentes anteriores. Y merecen aplaudirse. Porque el sistema judicial es el más cuestionado de los Poderes del Estado, y tiene una función básica que cumplir.