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  • Democracia o República

    El Preámbulo de nuestra Constitución establece en su razón de ser, entre otras: “…con el fin supremo de… asegurar la democracia…”; lo cual gime la pregunta: ¿Y qué con ‘la república’? Si nos llamamos “república”, ¿cómo no dejamos sentado en constitución la defensa de esa institución que es superior a la democracia? John Adams (1735-1826), segundo presidente de los EE.UU., lo explicó de la siguiente manera: “Las personas tienen derechos que anteceden a todos los gobiernos terrenales; derechos que no pueden ser revocados o restringidos por la ley humana; derechos que devienen del Gran Legislador del Universo.” Si lo entendemos bien, veremos que nada en una constitución puede crear derechos; es decir, los derechos los podemos descubrir, pero no crear.

    Lo extraordinario de la constitución estadounidense es que nació con apenas siete artículos, a los cuales luego se agregaron 27 enmiendas. Pero lo más trascendental aún es que quienes enmarcaron la constitución estadounidense dejaron claro que el mayor peligro para las libertades vendría a través del gobierno. Por ello fue que las enmiendas fueron redactadas en frases negativas, tales como: no será recortada, infringida, negada, degradada, violada o negada. En otras palabras, hablaron de un ‘estado de derecho’ en dónde todos son iguales ante la ley. Que el poder del gobierno es limitado y descentralizado, mediante un sistema de pesos y contrapesos. Y, que, si el gobierno interviene en los asuntos de la sociedad civil, es con único fin de proteger al ciudadano en contra del fraude y la fuerza, pero no para para intervenir en los casos de intercambios voluntarios y pacíficos. En otras palabras y como ejemplo, no para encargarse de cosas como la educación sino para ver que en ello no se den fraudes. Lástima que ni en los EE.UU. ni en Panamá fueron fieles a ello. Ahora, cuando quien comete fraude es el mismo gobierno, no hay forma de poner cascabel a ese gato.

    En escueto contraste, el término “democracia” comúnmente se refiere a un mandato mayoritario; lo cual deja el camino abierto para pensar que la ley es lo que sea que fuese decidido por el gobierno; dado que quien gobierna es el pueblo. ¡Por supuesto!, que el grave peligro en ello es que terminemos con leyes viscerales ausentes de la razón. Más trágico aún es que con demasiada frecuencia vemos que las democracias engendran “derechos” que son vistos como privilegios. Ejemplo patético de ello lo vemos en el Artículo 91 de nuestra constitución que da a los padres de familia el “derecho a participar” en la educación de sus hijos; cuando debía ser todo lo contrario.

    Una lectura estudiada de la historia y constitución de los EE.UU. dejará en clara evidencia el desdén que sentían los padres de esa patria por la democracia. O, como señaló Winston Churchill: “…la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas esas otras que se han intentado de tiempos en tiempo…”

    En nuestra querida Panamá vemos que la democracia es vista como la pugna entre partidos para ver quien se hace con el poder de rapiña para el próximo período. Ello queda en marcado contraste con una república en dónde las minorías no quedan a la merced de las mayorías. Y vuelvo con John Adams cuando advirtió: “Recuerden, las democracias no perduran, pronto se desgastan cometiendo suicidio.” John Marshal lo propuso así: “…la diferencia (entre democracia y república) es análoga a la diferencia entre el caos y el orden.” En síntesis, los fundadores de la república estadounidense entendían muy bien que la democracia les conduciría a la misma tiranía monárquica de la cual habían escapado bajo el rey Gorge III.

    Expuesto de otra manera: el sistema democrático, carente de la república, se presta para burlar los mecanismos democráticos o de gobierno por el pueblo; tal como, de hecho, ocurre en nuestro patio. La cruda realidad es lo fácil que una república puede degenerar en una democracia o tiranía de mayorías, que fácilmente se reviste de legitimidad.

    En escueto resumen, los términos “democracia” y “república” no son sinónimos, sino, más bien antónimos.

  • Los ‘Chalecos Amarillos’ y la crisis del Estado de bienestar

    Europa y un modelo socialdemócrata en crisis. Pero, ¿alcanza la ciudadanía a comprender el fenómeno en todo su alcance?

    Por Juan David García Ramírez

    Los movimientos de protesta que días pasados han conmovido la tranquilidad social en las grandes urbes europeas –comenzando por París– acaso evoquen los tiempos convulsos de la Roma imperial; instancia aquella en la que la disconformidad de sectores bien representativos de la población supo hacerse sentir en las calles –al menos, así lo relata Tácito en su Historia.

    A lo largo de las últimas horas, turistas despistados y opinadores snobistas se han escandalizado con el accionar de las turbas, con los bloqueos de avenidas, plazas o del funcionamiento de trenes subterráneos, así como con los ataques registrados en perjuicio de las fuerzas del orden.

    A aquellos, tras no haber tomado nota respecto de la crisis del Estado de bienestar, les resulta incomprensible que en París, Berlín, Madrid o Estocolmo, la conflictividad social se haya acentuado. En París –conforme ya se ha visto–, los comentados ‘Chalecos Amarillos‘ se tomaron las calles durante semanas, en abierto rechazo a la decisión del gobierno del presidente Emmanuel Macron de aumentar el precio de los combustibles. En Madrid, desde tiempos de la recesión económica, las manifestaciones masivas de pensionados y empleados públicos –inicialmente autocalificados como ‘Indignados’– tuvieron por fin explicitar una férrea oposición contra los recortes, y hoy son cosa de todos los días. En Berlín, Frankfurt y otras ciudades germanas, miles de ciudadanos han expresado sus reparos en torno de los efectos nocivos que comporta la entrada indiscriminada (y carente de control alguno) de centenares de miles de inmigrantes provenientes de Oriente Medio.

    Ya desde los años sesenta, generaciones enteras de europeos volviéronse permeables a una fe ciega en el Estado como proveedor de bienes y servicios, garante este de estabilidad social y económica, y como solucionador primigenio de toda problemática emparentada con el individuo. El transporte, la educación, la salud y, tiempo después, la política agraria, la previsión social, la gestión de los asuntos culturales y hasta el control del consumo, se propusieron como excusa para nutrir un crecimiento desmedido de los gobiernos y de la propia Unión Europea –todo lo cual ya se ha agotado. El ciudadano europeo promedio tenía por costumbre burlarse de sus pares estadounidenses, asiáticos y de la América Latina –aunque sobre todo de los primeros, dadas las incontables horas de trabajo que les caracteriza y el escaso tiempo familiar y para vacaciones. Todo ello, mientras italianos, españoles y franceses –siempre gracias al formato de Estado-niñera propugnado por el modelo socialdemócrata europeo– podían y, aún hoy, pueden irse de vacaciones casi durante dos meses en el verano, y obtener licencias médicas a partir de un simple dolor de cabeza; como también pudieron acceder a subsidios de desempleo y a cuantiosas variantes de beneficios, por el solo hecho de existir. Al punto tal en que millones de inmigrantes se exhiben hoy dispuestos a perecer en el Mar Mediterráneo, con tal de aprovechar para sí las mieles del asistencialismo.

    Un manifestante de los chalecos amarillos ondea una bandera tricolor francesa durante una protesta en París. (EFE)

    Sin embargo, hoy día, cuando les toque despertar del sueño, lo cierto es que esos mismos europeos ya no se ríen tanto de sus pares en otros continentes. De tal suerte que, ahora, padecen las consecuencias de haber puesto a la economía de mercado y a la democracia liberal al servicio de la utopía socialista. Hace a esta realidad la estadística de Estados eminentemente gigantescos, como el francés o el español, en donde el 22 y el 16% de la población, respectivamente, ocupa puestos en el sector público. Estos guarismos permiten comprender cómo es posible que tantas personas sigan oponiéndose a la implementación de reformas económicas profundas, por cuanto aquel sistema es el que les ha mantenido aislados de los riesgos de la vida real.

    El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaso buscando evitar un movimiento similar al de Francia, ha tomado la decisión de incrementar el salario mínimo en un 22%. No caben dudas: le lloverán aplausos, y su índice de popularidad mejorará. Pero, más tarde o más temprano, la iniciativa resultará onerosa para su país, en tanto que ella solo servirá para pisar el acelerador hacia el esperable colapso del Estado de bienestar.

    Publicado a través de La Gran Epoca.

    Publicado originalmente en El Quindiano (Armenia, Colombia)