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  • La Competitividad y el Registro Público panameño.

    Las sociedades panameñas están de capa caída, el número de sociedades panameñas viene decreciendo desde hace ya varios años de picos de casi 36 mil sociedades inscritas en el 2014 se ha caído a menos de mil por mes, cuando antes se inscribían hasta 6 mil al mes . Las firmas de abogados están despidiendo personal. Y se dedican a vender sociedades en otras jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos.

    Ante todo esto el gobierno está en una disyuntiva, por un lado ha hecho todo lo que la OCDE y el GAFI le han pedido, por el otro, las sociedades panameñas caen y siguen cayendo y los negocios se van a otras jurisdicciones. También se ven los depósitos bancarios.

    El gobierno está en una etapa de plena negación. Por ejemplo, el director del registro público habla de que Panamá adoptó normas internacionales para hacer el sistema panameño más competitivo, y depurarse. Bueno, el tema con la competitividad es que las normas para depurar el sistema sean aplicables a todos por igual. Si un país adopta ciertas normas pero los demás no, están en desventaja a la hora de luchar por clientes que sin duda se irán a los países con normas más ventajosas.

    La competitividad no se logra cumpliendo con normas burocráticas de la OCDE; se logra ofreciendo la plaza más atractiva a los clientes. Y acá es donde está el problema. Ciertas normas han sido redactadas de manera tan burocrática que solo parecen beneficiar a las empresas de contabilidad internacional asociadas con la OCDE.

    La manera como se ha manejado el tema de los agentes residentes y las responsabilidades de los mismos de rendir cuentas han hecho que tener una sociedad panameña sea demasiado caro, aún para hacer negocios locales en Panamá. Es mejor cerrarlas o dejarlas inactivas que abrir sociedades nuevas.

    La actuación del gobierno durante los Panama Papers tampoco ayuda; en lugar de decir lo injusto que era que se escogiera el nombre Panama Papers pese a que la mayoría de las sociedades involucradas no eran de nuestra jurisdicción, se tornó en una cuestión vergonzante de la cual mejor no hablar. Vamos, antes las filtraciones del HCBC o de la Unión de Bancos Suizos eran las filtraciones de estas empresas; después de los Panama Papers, las filtraciones eran los “Paradise Papers”, no los Bermuda Papers ni los Singapore Papers. En cambio, los papeles de Mossack y Fonseca eran los Panama Papers pese a que la mayoría de las sociedades involucradas lo eran en British Virgin Island (BVI). Uno de los argumentos de peso que se debió usar fue éste, pero nunca se usó; en su lugar, nuestros funcionarios parecían venados en las luces de un auto, dando excusas a cada momento y firmando lo que les pusieran enfrente.

    Hasta se nombró una comisión formada por personas vinculadas a Soros y la OCDE para dar “recomendaciones” que terminó en otro escándalo cuando estas recomendaciones excedían con creces lo que solicitaba la OCDE. Y esto ha seguido, el daño a la reputación de Panamá como plaza continúa, pese a las medidas que tomamos para ser más “competitivos” o sea, no para atraer clientes, sino para no figurar en las listas negras de la OCDE o de la Unión Europea. El problema es que a cada medida que cumplimos para salir de una lista, suelen añadir otra nueva constantemente para ponernos en una nueva lista. Porque en el fondo lo que busca la OCDE no es eliminar ni el lavado de dinero, ni la financiación del terrorismo, ni las armas de destrucción masiva, ni la evasión fiscal, sino la mera idea de la competencia fiscal en sí, o sea que los países atraigan inversiones y dineros de todo el mundo ofreciendo un régimen fiscal atractivo.

    En tanto el gobierno no defienda el derecho soberano a hacer esto, a competir, y no entienda que para atraer inversiones se tiene que tener un régimen atractivo, no vamos a ser competitivos. Porque si ser competitivos significa nada más salir de las listas negras de la OCDE y hacer las sociedades panameñas más caras en tiempo y dinero, pues apaga y vámonos.

    Lo que se ha venido haciendo post Panama Papers es venir tratando de evitar salir de las listas negras y grises, adoptando más requisitos que las hacen más caras, lentas de constituir y por lo tanto poco atractivas a nuestras sociedades, sin ninguna garantía de que no nos sigan imponiendo otros requisitos, y de que la imagen de la plaza Panamá mejore, y con ello la imagen de las sociedades panameñas. En pocas palabras, nuestras sociedades son ahora más caras, pero nuestra imagen internacional no mejora.

    Lo cual nos lleva a otro tema; uno de los pocos atractivos que tenía Panamá como plaza era la opacidad de nuestras sociedades, ahora ese atractivo ha desaparecido. Y no hemos tratado de construir otros atractivos distintos. No tenemos un sistema judicial rápido y confiable que haga atractivo tener sociedades en Panamá en caso de pleitos, así que mejor se las hace en una jurisdicción británica o norteamericana, tampoco tenemos las ventajas migratorias de Austria y ciertas islas del Caribe.

    Las licitaciones en Panamá tienen una larga sombra de corrupción que favorece a las empresas de países donde pagar coimas en el extranjero es legal, como China y Brasil, y hace poco atractivo a las empresas alemanas y norteamericanas licitar. La visita de Pompeo a Panamá tuvo que ver bastante con eso. Añada a esto los intentos de imponer controles de capitales por razones xenofóbicas como los impuestos a las remesas o demagógicas como el 7% a las transferencias bancarias, y el mensaje que se manda al público es que no tengan cuentas en bancos panameños, y no se invierta en Panamá.

    En otras palabras, mientras no busquemos atractivos para la plaza, por más que cumplamos las normas de la OCDE, vamos a ver como nuestras sociedades siguen desapareciendo y los activos líquidos de los bancos se van a Miami y Puerto Rico. Si no tomamos medidas para defender la imagen y la soberanía del país, no controlamos la corrupción y mejoramos la justicia y tomamos medidas populistas y demagógicas para terminar de matar al herido, no esperemos milagros.

    El Director del Registro Público debe tener en claro que hacer las cosas más caras y burocráticas para evitar los chantajes de la OCDE y la EU, no es hacer al país más competitivo, de la misma manera que tomar medidas en Venezuela para evitar que te secuestren, es ser más competitivo. En ambos casos es un aumento del costo de hacer negocios y nada más.

  • El mundo de los offshores después de Trump.

    El mundo de las compañias offshore está sometido a dos revoluciones simultáneas. Por un lado, las presiones de la OCDE y la Unión Europea para eliminar la Erosión de la Base Imponible  (BEPS) y por otro lado la reforma fiscal de Donald Trump. Esta combinación no trae buenos augurios para el sistema offshore Panameño. Porque por un lado estamos cerrando la puerta a la inversión extranjera y por la otra ésta ya no tiene razones para estar en Panamá cuando ya no es un refugio fiscal y los Estados Unidos sí lo es y mejor aún.

    Un sistema offshore implica tener sociedades de personas que no residen en Panamá, en un País que no les cobra impuestos por sus operaciones en el territorio, en el caso de Panamá no porque tengan una ventaja especial, sino porque Panamá es un país que no ve a sus personas como activos, sino como personas y no cobra impuestos a las rentas extranjeras. Finalmente los sistemas ofshore ofrecen privacidad financiera, en diversos grados. Panamá ha tenido que ceder su privacidad a las presiones del GAFI y la OCDE. El problema es que ahora también tiene presiones para evitar servir como refugio fiscal que erosione la base impositiva en otros países, justo cuando los Estados Unidos, de la mano de Donald Trump se quiere convertir en un enorme refugio fiscal por lo menos para que las empresas repatríen sus ingresos y a la vez atraer inversionistas del extranjero.

    Tras los acuerdos de intercambios de información fiscal, las empresas offshore deben seguir sirviendo para proteger el patrimonio personal, después de pagados los impuestos. Si bien cada vez se hace más difícil usar los sistemas offshore para evitar impuestos, un sistema offshore todavía puede servir para protección de activos post impuestos. También un sistema offoshore puede servir para hacer negocios multinacionales, usando la jurisdicción como base para lidiar con negocios que se realizan en multiples jurisdicciónes. En otras palabras, el sistema offshore panameño sigue siendo útil, pese a las presiones de la OCDE y el GAFI, eso sí, siempre y cuando el gobierno entrante, ya que no tenemos esperanzas de que el gobierno actual quiera hacer algo, tome las medidas necesarias para adaptar el sistema a las nuevas circustancias.

    Uno de los grandes cambios de Trump es que su portafolio de acciones, wallet electrónicos de criptomonedas, e inversiones de bienes raíces ahora van a tener que pagar impuestos sobre las ganancias aunque la transacción sea en el extranjero. Esto es un desafío importante porque ahora muchas operaciones que se hacían offshore se van a hacer en los Estados Unidos porque no hay ventajas reales en hacerlas en el extranjero. La única manera de beneficiarse del sistema offshore para un ciudadano norteamericano es viviendo él también en el extranjero. Otras jurisdicciones han reconocidio esto y creado ventajas migratorias para los ciudadanos extranjeros que quieran hospedarse en los refugios fiscales y llevar su dinero allí. Esto en muchos casos implica la nacionalidad del país; Panamá de hecho no ha tomado medidas para casar su política migratoria con la politica fiscal y de atracción de negocios offshore.

    Una de las políticas de Trump con su reforma fiscal es que las corporaciones ya no pueden retener sus ganancias offshore. La principal razón para los ciudadanos norteamericanos para tener negocios offshore es la Foreign Earned Income Exclusion y el no tener que pagar gastos del Seguro Social o impuestos a la planilla para ser mas explícitos, si se es autoempleado en una corporación offshore.

    Está claro que para poder seguir usando los beneficios de tener sociedades offshore lo mejor es ser un expatriado.  Trump no ha cumplido del todo sus promesa de campaña de eliminar la extraterritorialidad sobre la renta; si bien la hizo para las corporaciones, no lo hizo para los individuos. Donald Trump favoreció a las grandes multinacionales versus los ciudadanos expatriados, aunque sí subió a mas de 100,000 dólares los ingresos personales en el extranjero que no son gravables en los Estados Unidos.

    El problema ahora es que las presiones hacia la privacidad van por otros lugares mas allá de los acuerdos de intercambios de información;  por ejemplo, el gobierno británico ha pedido, para frenar el lavado de dinero en inversiones inmobiliarias, que los beneficiarios finales sean conocidos. El nuevo ataque regulatorio ya no va orientado a las jurisdicciones sino a la posibilidad de usar sus productos en otros países.

    Ante estas medidas lo mas exitoso es convertir a Panamá en un centro de operaciones con impuestos bajos ya que la hora de usar las sociedades y las cuentas de papel para esconder dueños ausentes está cada vez más bajo asalto. Y es allí donde Donald Trump ha ganado: la reforma fiscal que ha aprobado hace menos necesario para las multinacionales tener sedes en el extranjero.

    Queda para el siguiente gobierno proponer reformas para que Panamá sea competitiva en lugar de ver cómo los bancos y firmas de abogados pierden empleos y el gobierno recaudación. La reforma debe ser por convertir a Panamá en un centro de operaciones multinacionales real, no solo de facturación y de protección de activos, y no solo líquidos.

  • Delaware en Blockchain, desafíos e intereses en juego para su adopción luego de sancionada la ley.

    Con una incorporación de casi un millón de entidades comerciales, un cuerpo corporativo bien establecido y un tribunal empresarial sofisticado (Delaware Court of Chancery), Delaware es ampliamente considerada como la capital corporativa de los Estados Unidos, si no del mundo.

    En el mes de Mayo del  2017, el ex gobernador  de Delaware, Jack Markell lanzó una iniciativa para ayudar al estado a abrazar la industria emergente de la tecnología Blockchain y de contratos inteligentes.

    Markell en su momento, dijo:  “Los contratos inteligentes ofrecen una forma poderosa e innovadora de agilizar procedimientos de back-office engorrosos, reducir los costos de transacción para los consumidores y las empresas, y gestionar y reducir el riesgo”.

    El proyecto de ley fue formalmente introducido en mayo de 2017 y enmienda la Ley General de Sociedades de Delaware. Dicho proyecto afirma:  “Las enmiendas y las disposiciones conexas tienen por objeto proporcionar a las corporaciones de Delaware facultades legales específicas para utilizar redes de bases de datos electrónicas (ejemplos de los cuales se describen actualmente como libros distribuidos o Blockchain) para la creación y mantenimiento de registros corporativos”.

    La medida aprobada, que comenzó a regir desde el  1ro de  Agosto del 2017 ha sido un hito que los proponentes calificaron como “histórico” dada la historia del estado y el aumento en la experimentación que podría resultar de la seguridad jurídica. Con la experimentación de la tecnología,  la Ley  hace posible que la custodia, la emisión, la redención y la negociación tengan lugar en un libro distribuido.

    La nuevísima incorporación del Blockchain en el Derecho de sociedades de Delaware ha supuesto una apuesta definitiva por la aplicación de las nuevas tecnologías en la legislación más relevante en materia societaria de Estados Unidos. Esta iniciativa puesta en marcha en el Estado de Delaware contiene una hoja de ruta que se divide en tres grandes etapas. La primera etapa consiste en el despliegue de la tecnología de bases de datos distribuidas en los archivos públicos de Delaware junto con la aplicación de registros inteligentes para automatizar el cumplimiento de las normas relativas a la retención y destrucción de documentos de archivo. La segunda etapa consiste en la presentación de un sistema inteligente de presentación de registro de transacciones aseguradas que sustituya los trámites en papel  (mayor sujetos, además, a errores humanos) que tradicionalmente se han utilizado para la constitución de garantías bajo el Uniform Commercial Code de Estados Unidos (UCC). La tercera etapa consiste en implementar en bases de datos distribuidas los registros relacionados con las acciones de las compañías incorporadas en Delaware, que suponen la mayor parte de las grandes sociedades de Estados Unidos.

    Esta novedosa iniciativa puesta en marcha en el Estado de Delaware ocasionará numerosas implicaciones jurídicas y económicas. En primer lugar, supondrán un avance transcendental en el proceso de constitución, supervisión y realización de trámites y operaciones societarias, incluidas operaciones de M&A, proxy voting, convocatoria de juntas generales de accionistas, o distribución de dividendos. En segundo lugar, mejorará la eficacia y eficiencia de los sistemas de registro y constitución de garantías, contribuyendo de esta manera a una mayor seguridad jurídica y a una mejor tutela de los derechos de terceros. En tercer lugar, y como consecuencia de la posibilidad de utilizar la tecnología Blockchain para los trámites societarios, incluyendo la presentación de información financiera de las empresas, esta iniciativa permitirá mejorar el control de los riesgos y solvencias de la compañías, por lo que afectará igualmente al mercado del crédito. Finalmente, esta nueva iniciativa del Estado de Delaware también supondrá, entre otros aspectos, un enorme impacto en la infraestructura del mercado de valores de Estados Unidos, agilizando el cumplimiento de las operaciones sobre acciones, simplificando la estructura de intermediación actualmente existente en los mercados de valores, incrementando la seguridad jurídica y contribuyendo a eliminar las posibles incongruencias entre el Derecho de Sociedades y el Derecho del Mercado de Valores.

    Aunque la mudanza a Blockchain  promete un cambio Copernicano, aún quedan pendientes por resolver temas propios de cualquier transición, aunque la resistencia mayor vendría desde dentro de la misma industria. Según estimaciones recientes de un estudio de Oliver Wyman, el gasto global anual en servicios de valores y posventa en la región es de 100.000 millones de dólares, con un adicional de $ 100 a $ 150 mil millones en tecnología  y gastos de operaciones en los mercados de capital. Aunque la investigación de Bain & Co. sugiere que los emisores y los inversionistas finales pueden ver entre 15 y 35 mil millones de dólares en ahorros mediante la transición de los mercados secundarios a la tecnología Blockchain, esos ahorros probablemente sean a expensas de los centros de compensación y custodios, cuya utilidad sería reemplazada por Blockchain.  Como tales, esos actores intermediarios, que actualmente tienen un gran poder en el ecosistema,  tienen pocos incentivos para hacer o facilitar la transición.

    Aunque muchos intermediarios están explorando activamente el potencial de la tecnología Blockchain para que el mercado no los deje atrás,  el riesgo de perturbar sus propios modelos de negocios y ofertas competitivas es muy grande. He aquí la resistencia de la intermediación ante la tecnología, tal como lo vemos en los taxistas con Uber, los hoteles con Airbnb, los bancos con fintech y las criptomonedas y muchos ejemplos más que vemos a diario.

    Pero la tecnología es imparable y son los costos y los usuarios finales quienes determinan el empuje y adopción de Blockchain. Con cerca de dos tercios de las compañías incluidas en Fortune 500 incorporadas en Delaware, el derecho legal de usar tecnología de contabilidad distribuida puede promover la adopción generalizada de plataformas Blockchain y puede transformar la totalidad de la industria tal como la conocemos hoy en día y eso incluye, por su impacto, también a Panamá.