El incendio que devastó el ayuntamiento histórico de Limoges merece algo más que quedar diluido en la palabra «disturbios». Se atacó un patrimonio cultural que generaciones de franceses construyeron y conservaron. Su destrucción no mejora una escuela, no facilita el acceso a una vivienda ni corrige una injusticia. Deja a toda la sociedad más pobre.

Hubo también saqueos, agresiones y ataques a otros edificios. Este lunes, el primer ministro Sébastien Lecornu pidió a las autoridades locales preparar toques de queda parciales y focalizados. Emmanuel Macron rechazó la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, y reclamó esclarecer los fallos de previsión y actuación policial. La respuesta oficial está cambiando; las explicaciones apresuradas, en cambio, parecen escritas de antemano.

Para algunos, basta señalar la inmigración; para otros, el capitalismo, la extrema izquierda o Rusia. Pero una mirada liberal exige algo más que escoger un culpable compatible con nuestras preferencias: distinguir responsabilidades individuales, incentivos institucionales y causas que todavía necesitan demostración.

Las movilizaciones reunieron reclamos estudiantiles por las condiciones educativas, protestas por el costo de vida, sindicatos y antiguos chalecos amarillos. Hubo manifestaciones pacíficas y grupos que atacaron bienes y personas. El gobierno atribuye parte de la violencia a sectores de ultraizquierda y delincuentes oportunistas. Esa atribución debe investigarse; no convierte a todos los manifestantes en una organización criminal.

¿Por qué se protesta? ¿Quién inicia la violencia? ¿Quién aprovecha para saquear? ¿Quién obtiene un beneficio político después? Son preguntas diferentes. Confundirlas permite condenar a una multitud sin identificar responsables o justificar delitos invocando un malestar verdadero.

El principio liberal es claro: ninguna frustración concede derecho a destruir la propiedad ajena. Tampoco la existencia de saqueadores autoriza al Estado a tratar como delincuente a quien se manifiesta pacíficamente. La protección de las personas exige perseguir las agresiones y controlar el uso de la fuerza pública. Los toques de queda deben evaluarse por su necesidad, alcance, duración y controles, no celebrarse como una solución automática.

Hay una pregunta particularmente incómoda para el modelo francés: ¿cómo conviven un gasto público tan elevado y semejante insatisfacción con los servicios? Según los datos provisionales de INSEE, en 2025 el gasto público representó el 57,3 % del PIB, el déficit alcanzó el 5,1 % y la deuda el 115,7 %. Estas cifras no demuestran que cada escuela disponga de recursos suficientes. Sí obligan a examinar qué se financia, con qué resultados y a costa de quién.

Desde una perspectiva liberal, importa tanto cuánto gasta el Estado como qué funciones concentra, qué privilegios conserva y qué posibilidades deja a los ciudadanos para resolver sus necesidades. Recortar una prestación mientras se mantienen estructuras ineficientes y barreras a la competencia no constituye, por sí solo, una reforma liberal.

También merece atención el conflicto entre generaciones. Cuando se financian beneficios presentes mediante obligaciones futuras, parte del costo recae sobre personas que no participaron de la decisión. No toda deuda tiene el mismo destino ni toda inversión pública produce beneficios suficientes para justificarla. Precisamente por eso, debemos preguntar qué se está financiando y quién asumirá el riesgo.

Si trabajar, ahorrar o acceder a una vivienda se percibe como un esfuerzo sin horizonte, el desencanto puede crecer. Eso es una hipótesis sobre el malestar, no una explicación probada de cada incendio. Tampoco permite dividir a la sociedad entre mayores culpables y jóvenes víctimas: las diferencias patrimoniales atraviesan las generaciones.

La historia francesa ayuda a formular preguntas, aunque no ofrece una respuesta automática. Las revoluciones de 1789, 1830 y 1848, la Comuna, Mayo del 68 y los chalecos amarillos tuvieron actores y objetivos distintos. No son episodios intercambiables de una supuesta inclinación nacional al caos.

Tocqueville señaló una continuidad más interesante: la centralización administrativa precedía a la Revolución y sobrevivió a ella. Desde esa perspectiva, cabe preguntarse si un poder que concentra tantas decisiones termina concentrando también las frustraciones. Cuando casi toda solución se espera de París, casi todo fracaso puede convertirse en una disputa con París. Es una interpretación institucional, no un destino histórico inevitable.

El panorama geopolítico añade presiones concretas. El FMI advirtió este año que la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento energético perjudicaban la actividad francesa y elevaban la inflación. Un choque externo puede reducir el ingreso disponible y agravar tensiones internas sin que exista una dirección extranjera de las protestas.

Las operaciones de influencia merecen investigación. Pero tampoco cabe equiparar antecedentes distintos: el préstamo ruso al partido de Le Pen está documentado; el informe parlamentario sobre injerencias recoge una oferta de dinero al entonces asesor de Mélenchon que este afirma haber rechazado. Ninguno de esos antecedentes demuestra por sí mismo quién organizó los actuales disturbios.

Aquí sirve el cui bono: ¿a quién beneficia? El desorden puede favorecer a quienes prometen autoridad, a quienes buscan debilitar al gobierno o a actores externos interesados en la división. Incluso puede beneficiar a adversarios simultáneamente. Obtener rédito, financiar una organización y ordenar un ataque son hechos diferentes; cada vínculo necesita pruebas.

Tampoco corresponde eludir la pregunta por la participación de inmigrantes musulmanes. Quienes hayan intervenido en agresiones, incendios o saqueos deben responder por sus acciones con el mismo criterio que cualquier otro responsable. Si organizaciones islamistas instigaron, financiaron o coordinaron ataques, esa intervención debe investigarse y probarse. Las fuentes consultadas, sin embargo, no permiten establecer qué proporción de los autores pertenece a esos colectivos ni acreditar una dirección islamista de los disturbios.

Ser inmigrante describe una trayectoria; ser musulmán, una identidad religiosa; adherir al islamismo, una posición política. Ninguna de esas categorías sustituye la prueba de una conducta. La responsabilidad individual, central para el liberalismo, exige identificar a quien agrede sin convertir a sus vecinos o correligionarios en culpables por asociación. Una explicación seria también debe mostrar por qué contextos diferentes producen resultados diferentes.

La tarea pendiente es reconstruir los episodios, identificar responsables, investigar los fallos de seguridad y examinar las condiciones que alimentan el descontento. Reconocer causas internas no exonera a los violentos; investigar injerencias tampoco exonera a quienes gobiernan.

Una sociedad libre necesita proteger la vida y la propiedad, preservar su patrimonio, permitir la protesta y ofrecer reglas bajo las cuales trabajar y progresar tenga sentido. Una sociedad que se niega a castigar las agresiones abandona a sus ciudadanos; una que cree haberlo explicado todo identificando el origen de algunos agresores renuncia a entender sus propios problemas. Comprender una crisis exige mantener abiertas las preguntas que incomodan también a nuestro propio bando.