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  • Wall Street descubrió la blockchain: la batalla ya no es por el dinero digital, sino por quién lo controla

    Wall Street descubrió la blockchain: la batalla ya no es por el dinero digital, sino por quién lo controla

    Durante años, buena parte del sistema financiero tradicional de Wall Street trató a las criptomonedas como una extravagancia tecnológica, una amenaza especulativa o, directamente, un problema que debía ser contenido mediante regulación.

    Ese debate empieza a quedar viejo.

    Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Deutsche Bank y otras grandes instituciones financieras ya no están preguntándose si el dinero se moverá sobre blockchain. Están preparándose para emitirlo ellas mismas.

    Un consorcio integrado actualmente por 21 instituciones financieras anunció que constituirá durante 2026 una compañía destinada a emitir una stablecoin vinculada al dólar estadounidense durante el primer semestre de 2027. El proyecto, que comenzó en 2025 con apenas diez participantes, contempla posteriormente monedas vinculadas a otras divisas del G7, empezando probablemente por el euro.

    No es un experimento de una fintech exótica. Es Wall Street.

    Y posiblemente sea una de las noticias más importantes del año para entender hacia dónde se dirige el sistema monetario internacional.

    Del “cripto es una amenaza” al “queremos nuestra propia cripto”

    Conviene empezar haciendo una distinción que el entusiasmo tecnológico suele borrar: una stablecoin bancaria no es Bitcoin.

    Bitcoin es un activo monetario cuya arquitectura elimina la necesidad de confiar en un emisor central. No existe un Goldman Sachs de Bitcoin, ni un Ministerio de Bitcoin, ni un directorio que pueda decidir emitir otros veinte millones de bitcoins porque apareció una emergencia financiera.

    Una stablecoin bancaria, en cambio, seguirá siendo básicamente un pasivo emitido por una institución, denominado en una moneda fiduciaria y respaldado por activos financieros.

    Puede circular mediante blockchain, liquidarse las 24 horas, utilizar contratos inteligentes. Incluso puede ser tecnológicamente extraordinaria, pero sigue teniendo un emisor.

    Y donde existe un emisor existe también alguien capaz de establecer condiciones, identificar usuarios, congelar activos, rechazar operaciones o cumplir órdenes de una autoridad.

    La blockchain no elimina mágicamente el poder; puede descentralizarlo o puede hacerlo mucho más eficiente. Esa diferencia será fundamental durante la próxima década.

    La revolución que ganó sin tomar el poder

    Hay, sin embargo, algo extraordinariamente interesante en lo que acaba de ocurrir.

    Durante décadas el sistema financiero funcionó sobre infraestructuras construidas específicamente alrededor de intermediarios: bancos corresponsales, cámaras de compensación, custodios, agentes de transferencia, sistemas nacionales de liquidación y horarios bancarios.

    Bitcoin introdujo otra posibilidad: un libro contable global capaz de transferir propiedad digital sin que cada movimiento necesitara reconciliar varias bases de datos privadas.

    Después llegaron Ethereum, las stablecoins y la tokenización.

    Y lentamente ocurrió algo curioso, el establishment financiero que debía demostrar que aquella tecnología era innecesaria comenzó a adoptarla.

    Hay otra noticia de estas mismas horas que permite comprender la dimensión del cambio.

    La Securities and Exchange Commission estadounidense propuso el 1 de septiembre modernizar por primera vez en décadas las reglas aplicables a los transfer agents, actores fundamentales para registrar y transferir la propiedad de acciones.

    La propia SEC señala expresamente que las nuevas reglas pretenden adaptarse a procesos contemporáneos que incluyen el uso de blockchain en emisiones de valores y transferencias de acciones. Las reglas existentes datan fundamentalmente de finales de los años setenta y principios de los ochenta.

    Por supuesto, es todavía una propuesta regulatoria, pero el cambio conceptual es enorme.

    Ya no estamos discutiendo únicamente si alguien puede comprar bitcoin desde una aplicación. Estamos empezando a discutir si acciones, bonos, fondos, depósitos y dinero pueden acabar compartiendo una infraestructura financiera tokenizada y eso cambia completamente el tablero.

    Europa tampoco quiere quedarse afuera

    La competencia ya ha comenzado.

    Qivalis, el proyecto europeo destinado a emitir una stablecoin regulada denominada en euros, pasó de doce bancos en febrero a 37 instituciones financieras de 15 países europeos en mayo de este año. Su diseño prevé respaldo uno a uno en euros y cumplimiento del régimen europeo MiCA. BBVA participa, además, tanto en Qivalis como en la nueva iniciativa internacional de stablecoin bancaria.

    Es difícil interpretar semejante movimiento coordinado como una moda pasajera.

    Los bancos han descubierto algo que Tether y Circle comprendieron bastante antes: una moneda fiduciaria puede conservar su unidad de cuenta tradicional y, al mismo tiempo, adquirir características tecnológicas que el sistema bancario convencional nunca ofreció: transferencias permanentes, liquidación prácticamente inmediata, programabilidad, interoperabilidad internacional, custodia digital o mercados funcionando las veinticuatro horas. Y probablemente costos radicalmente inferiores en numerosos procesos. Hay mucho dinero en juego.

    Tether, solamente, tiene más de 180.000 millones de dólares emitidos y ha generado beneficios extraordinarios administrando los activos que respaldan USDT. Es perfectamente lógico que los bancos observen ese negocio y se pregunten por qué deberían dejarlo enteramente en manos de empresas nacidas fuera del sistema bancario.

    Hayek estaría interesado, pero probablemente haría algunas preguntas

    Desde una perspectiva liberal, la llegada de stablecoins privadas presenta una paradoja interesante: por un lado, cualquier mecanismo que introduzca competencia en la provisión de servicios monetarios merece atención; durante demasiado tiempo asumimos que moneda e infraestructura monetaria debían ser prácticamente sinónimos del Estado. No necesariamente.

    Una persona podría utilizar dólares mediante USDC, USDT, una stablecoin de un consorcio bancario, depósitos tokenizados, Bitcoin o cualquier otra solución que consiga suficiente aceptación. Cuantos más oferentes existan, mayor será potencialmente la competencia por seguridad, costes, privacidad, reservas, velocidad y calidad del servicio.

    Eso es bastante diferente de una CBDC.

    Una moneda digital de banco central introduce potencialmente un único emisor público, una infraestructura vinculada directamente a la autoridad monetaria y una capacidad tecnológica de supervisión que nunca existió con el efectivo.

    Una stablecoin privada pertenece a otra categoría, pero “privada” no significa necesariamente “libre”, especialmente cuando quienes compiten son gigantes financieros estrechamente regulados por los mismos Estados.

    Podríamos terminar teniendo diez stablecoins diferentes cuyo funcionamiento práctico estuviera sometido a casi exactamente las mismas reglas de identificación, vigilancia, censura y autorización.

    Habría competencia entre marcas.No necesariamente competencia entre modelos monetarios.

    El peligro de confundir tokenización con descentralización

    Ésta probablemente sea la cuestión más importante.

    Blockchain es una tecnología. Descentralización es una estructura institucional. No son lo mismo.

    Un banco central podría emitir una CBDC sobre una blockchain y seguir teniendo control absoluto sobre esa moneda; un banco comercial puede tokenizar depósitos y conservar control completo sobre las cuentas; una bolsa puede registrar acciones mediante tecnología de registro distribuido y continuar decidiendo quién puede operar. Incluso podríamos construir un sistema financiero extremadamente eficiente técnicamente y simultáneamente mucho más invasivo en términos de privacidad.

    Ese escenario debería preocupar especialmente a los liberales.

    Porque uno de los errores más habituales de nuestra época consiste en confundir digitalización con libertad. La digitalización puede reducir intermediarios, pero también puede aumentar extraordinariamente la capacidad de control.

    El efectivo posee una característica que suele pasar inadvertida precisamente porque siempre estuvo allí: permite realizar una transacción legítima sin solicitar autorización tecnológica a nadie.

    En un sistema completamente tokenizado esa propiedad podría desaparecer.

    Por eso la pregunta relevante no será simplemente “¿Está funcionando sobre blockchain?”, sino ¿Quién controla las claves, quién puede modificar las reglas y quién puede impedir una transacción?. Son preguntas mucho más importantes que el nombre de la tecnología utilizada.

    Hasta el G20 cambió el lenguaje

    La transformación puede observarse incluso en los organismos internacionales.

    Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 reunidos el 31 de agosto y 1 de septiembre reconocieron expresamente el papel potencialmente transformador de los activos digitales para el crecimiento económico y destacaron el papel del sector privado en esa innovación.

    Al mismo tiempo, comoe ra de esperarse, reclamaron marcos regulatorios, supervisión, protección de la estabilidad financiera y aplicación de las normas FATF sobre activos virtuales. También señalaron específicamente la importancia de las stablecoins y de los pagos transfronterizos.

    Vale la pena observar la evolución semántica.

    Hace algunos años la discusión internacional giraba fundamentalmente alrededor del riesgo; hoy se habla simultáneamente de riesgo y oportunidad.

    No significa que los gobiernos hayan abrazado el ideal cypherpunk, sino algo bastante más sencillo: ya comprendieron que no podrán ignorar esta infraestructura.

    La verdadera batalla acaba de empezar

    Durante la primera etapa de Bitcoin, el conflicto parecía sencillo.

    Estado versus criptomonedas; Banco central versus dinero privado; Wall Street versus descentralización. Pero la realidad resultó bastante más interesante.

    La tecnología está siendo absorbida por las mismas instituciones que inicialmente amenazaba y ahora comienza una segunda batalla.

    No será una batalla entre dinero digital y dinero analógico, el dinero será digital de cualquier manera.

    La discusión será qué clase de dinero digital tendremos.

    Podemos terminar con una arquitectura abierta donde Bitcoin, stablecoins, depósitos tokenizados, monedas privadas y sistemas descentralizados compitan entre sí.

    O podemos terminar simplemente trasladando el sistema financiero existente a una infraestructura tecnológica mucho más eficiente, manteniendo los mismos intermediarios y añadiendo capacidades de supervisión que antes eran imposibles.

    Incluso podríamos terminar con algo peor: un ecosistema donde los bancos privados proporcionen la interfaz mientras los Estados establecen las condiciones de circulación del dinero mediante identificación permanente, listas negras automáticas y restricciones programables.

    Sería blockchain, también tokenización. Hasta pordríamos llamarlo innovación; pero difícilmente sería la revolución monetaria que imaginaron quienes construyeron Bitcoin.

    Por eso el anuncio de Goldman Sachs, Bank of America, Citi y Deutsche Bank importa mucho más que saber si Bitcoin cotiza hoy a 75.000, 77.000 u 80.000 dólares.

    El precio nos dice cuánto alguien está dispuesto a pagar hoy; la infraestructura nos dice cómo podría funcionar el dinero mañana. Y allí está ocurriendo algo extraordinario.

    Después de intentar durante años domesticar a las criptomonedas, Wall Street parece haber comprendido finalmente que no puede detener la tecnología, así que ha elegido una estrategia mucho más inteligente: entrar en ella.

    La cuestión que queda abierta es si esa entrada producirá competencia monetaria y mayor libertad individual o simplemente construirá una versión tokenizada del viejo sistema financiero.

    Porque la gran discusión de los próximos años ya no será si utilizaremos blockchain, será mucho más antigua y mucho más importante: quién tendrá el poder sobre nuestro dinero.

  • Presupuesto 2027: una oportunidad para mirar no sólo cuánto gasta Panamá, sino cómo gasta

    Presupuesto 2027: una oportunidad para mirar no sólo cuánto gasta Panamá, sino cómo gasta

    El Presupuesto General del Estado para 2027 ya comenzó su recorrido por la Asamblea Nacional. El proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a B/.35.111,7 millones, apenas un 0,6% más que el presupuesto modificado de 2026.

    Ese primer dato merece atención porque, en un país acostumbrado durante años a presupuestos que crecen con mayor velocidad, un incremento nominal tan pequeño transmite al menos una intención de contención. No equivale todavía a una reducción del tamaño del Estado, ni mucho menos a una reforma estructural, pero tampoco sería justo ignorar el esfuerzo por mantener prácticamente estable el gasto agregado.

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha presentado el presupuesto como “responsable, realista y ejecutable”, con énfasis en inversión pública, sostenibilidad fiscal y mayor asignación a los gobiernos locales. El proyecto contempla alrededor de B/.12.564 millones destinados a inversión.

    Hay, por tanto, elementos positivos que conviene reconocer antes de entrar en las preguntas difíciles.

    Una composición algo más saludable

    Uno de los cambios más interesantes está en la estructura del gasto.

    El presupuesto del Gobierno Central bajaría de aproximadamente B/.17.935,6 millones en 2026 a B/.16.534,5 millones en 2027, una reducción cercana al 7,8%. Parte importante de esa caída se explica por un menor servicio de la deuda: pasa de B/.7.938,9 millones a B/.5.496,1 millones, unos B/.2.443 millones menos.

    Ese descenso no significa, por supuesto, que Panamá haya reducido su deuda en esa magnitud. Los vencimientos y operaciones financieras varían de un año a otro. Pero sí libera espacio presupuestario durante 2027 y reduce temporalmente la presión que el servicio financiero ejerce sobre otros usos de los recursos públicos.

    También resulta razonable que el Gobierno intente orientar una proporción mayor hacia inversión.

    La inversión pública bien seleccionada puede resolver cuellos de botella importantes en infraestructura, agua, saneamiento, movilidad, educación o logística. En un país cuya competitividad depende enormemente de su infraestructura y de su posición como centro internacional de servicios, no todo gasto público puede evaluarse simplemente por su monto.

    La pregunta relevante es qué rendimiento social y económico produce.

    Un dólar utilizado para mantener una estructura administrativa innecesaria no tiene el mismo significado que un dólar utilizado para reparar una carretera que conecta una zona productiva con los mercados.

    Por eso el debate presupuestario debería abandonar gradualmente la obsesión por cuánto recibe cada institución y avanzar hacia una discusión sobre qué resultados obtiene con esos recursos.

    El verdadero problema está en el gasto que nadie puede tocar

    Hay, sin embargo, una advertencia especialmente importante.

    Moody’s ha señalado recientemente que Panamá tiene alrededor del 70% del gasto del Gobierno Central sujeto a distintos grados de rigidez, mientras que leyes especiales, escalafones y obligaciones automáticas continúan agregando presión sobre las finanzas públicas. Para 2027, estimaciones citadas durante esta discusión sitúan en aproximadamente B/.340 millones el costo adicional asociado a algunas de esas obligaciones legales.

    Este es probablemente uno de los problemas fiscales más importantes de Panamá y, paradójicamente, uno de los menos visibles.

    Un ministro de Economía puede administrar prudentemente las cuentas y aun así disponer de muy poco margen real para cambiar el destino del gasto ya que existen salarios fijados mediante leyes especiales, escalafones automáticos, transferencias obligatorias o subsidios establecidos previamente. Además, están las asignaciones constitucionales o legales y el servicio de deuda.

    Cada una de esas obligaciones puede haber tenido una justificación política en el momento en que fue creada. El problema aparece cuando se acumulan durante décadas hasta convertir el presupuesto en una enorme estructura de compromisos previamente adquiridos.

    Entonces el presupuesto deja parcialmente de ser una decisión anual sobre prioridades y comienza a parecerse a una factura que simplemente llega todos los años.

    La planilla merece atención, pero sin simplificaciones

    Otro número que merece seguimiento es la planilla estatal, presupuestada para 2027 en aproximadamente B/.7.924 millones.

    Aquí también conviene evitar dos extremos.

    No todo funcionario público es prescindible y no toda contratación estatal constituye malgasto. Médicos, docentes, policías, técnicos jurídicos, ingenieros, investigadores y muchos otros trabajadores realizan funciones que el Estado ha decidido prestar, pero tampoco debería aceptarse que la planilla crezca simplemente por inercia.

    La pregunta correcta no es necesariamente ¿Cuántos funcionarios podemos despedir? sino más bien ¿Qué funciones necesita realmente realizar el Estado y cuántas personas necesita para realizarlas?

    El orden de esas preguntas importa muchísimo.

    Reducir personal sin reformar procesos puede deteriorar servicios. Reformar procesos, digitalizar trámites, eliminar duplicidades y cerrar funciones innecesarias permite después reducir estructuras de manera racional. Eso es desburocratización real, lo contrario es simplemente recorte arbitrario.

    Los B/.37 millones de publicidad: pequeños en el presupuesto, grandes como símbolo

    Durante la sustentación del presupuesto apareció además una partida de aproximadamente B/.37 millones para promoción y publicidad estatal. El propio Chapman expresó sorpresa al conocer el agregado, explicando posteriormente que allí se incluyen también empresas públicas y financieras y que algunas campañas responden a objetivos específicos, como la promoción de la lotería fiscal o la venta de bienes aprehendidos.

    En un presupuesto de B/.35.000 millones, B/.37 millones representan poco más de una décima de punto porcentual y que fiscalmente no resolverán el déficit panameño. Pero institucionalmente son interesantes.

    La publicidad estatal debería superar una prueba relativamente sencilla de responder a la pregunta ¿esta comunicación beneficia al ciudadano o al gobernante?.

    Informar sobre vacunaciones, fechas tributarias, prevención de desastres, cambios regulatorios o servicios públicos puede estar plenamente justificado, pero mostrar una obra terminada acompañada del rostro, nombre o eslogan de quien gobierna pertenece a una categoría bastante diferente.

    No hace falta prohibir toda comunicación gubernamental. Hace falta distinguir con mayor claridad información pública de propaganda política financiada por terceros obligados a pagarla. Y justamente esos terceros son los contribuyentes, mejor dicho, los pagadores de impuestos.

    Más descentralización también exige mejores controles

    El proyecto contempla además mayores recursos para gobiernos locales, algo coherente con una estrategia de descentralización territorial. Chapman ha defendido esa orientación señalando que las regiones deberían tener mayores posibilidades de atender necesidades de acuerdo con sus propias realidades. La dirección es razonable ya que un gobierno central difícilmente puede conocer mejor que una comunidad sus prioridades cotidianas.

    Pero descentralización no significa simplemente transferir dinero desde una burocracia nacional hacia 81 burocracias municipales.

    Para que funcione debe ir acompañada de transparencia, responsabilidad y comparación y como mínimo debe transparentarse cuánto recibe cada municipio, en qué lo utiliza, cuánto cuesta cada obra, quién la ejecuta y qué resultados obtiene.

    La descentralización es poderosa precisamente porque permite comparar. Por ejemplo, si dos municipios reciben recursos semejantes y uno construye una obra por la mitad del costo que otro, alguien debería preguntar por qué.

    Esa información constituye uno de los mecanismos de control más efectivos que existen.

    Las vistas presupuestarias pueden ser más importantes que la aprobación final

    Desde el 17 de agosto, la Comisión de Presupuesto comenzó las vistas de las 96 instituciones incluidas en el proyecto. Cada una deberá explicar sus necesidades, prioridades, programas y proyectos ante los diputados y quizás allí se encuentre la parte más interesante de todo el proceso.

    Porque un presupuesto agregado de B/.35.111 millones dice relativamente poco.

    La información realmente útil aparece cuando comenzamos a bajar niveles.

    ¿Cuánto cuesta una institución?

    ¿Cuánto dedica a personal?

    ¿Cuánto a consultorías?

    ¿Cuánto a alquileres?

    ¿Cuánto a viajes?

    ¿Cuánto a publicidad?

    ¿Cuántos programas diferentes persiguen el mismo objetivo?

    ¿Cuántas entidades realizan funciones similares?

    ¿Cuáles muestran resultados mensurables?

    Es allí donde puede comenzar una conversación adulta sobre eficiencia pública, no desde el prejuicio de que todo gasto es malo, pero tampoco desde la presunción contraria de que todo programa público merece continuar simplemente porque ya existe.

    Panamá no necesita convertir el presupuesto en una guerra ideológica

    El gobierno de José Raúl Mulino nunca se presentó como un experimento libertario ni prometió una reducción radical del Estado asi que evaluarlo con ese estándar como nos gustaría desde nuestra mirada, sería intelectualmente injusto. Y no vamos a hacerlo.

    La evaluación razonable sería investigar dentro del modelo de Estado que el propio Gobierno ha elegido administrar, ¿lo está haciendo con prudencia, profesionalismo y conciencia de las restricciones fiscales?

    Hasta ahora hay algunas señales que merecen reconocimiento: crecimiento presupuestario prácticamente contenido, mayor énfasis declarado en inversión, una reducción importante del servicio de deuda correspondiente a 2027 y un Ministerio de Economía que al menos ha colocado la sostenibilidad fiscal dentro del discurso público. Eso es muy bueno!

    Pero hay también problemas estructurales que ningún ministro puede resolver simplemente administrando mejor el presupuesto anual. A saber, las mayores dificultades están en la rigidez legal del gasto, la expansión acumulativa de compromisos, la planilla, los subsidios, la duplicidad institucional.Y quizás la más importante, la dificultad política de eliminar programas una vez creados y que se van sumando cada año creando capas geológicas burocráticas y de gasto superfluo. Ahí se encuentra probablemente la próxima etapa de la discusión fiscal panameña.

    Del presupuesto del año al Estado que queremos financiar

    El Presupuesto 2027 no parece, al menos en su planteamiento inicial, irresponsable.

    Tampoco es un presupuesto de transformación del Estado.

    Es más bien un presupuesto de administración y consolidación, condicionado por muchas decisiones que Panamá tomó durante las décadas anteriores y quizás precisamente por eso ofrece una oportunidad.

    En lugar de discutir cada año si Educación recibe más, Salud menos o determinada institución consiguió cincuenta millones adicionales, los panameños en general y los representantes en particular podrían comenzar a preguntarse periódicamente algo mucho más elemental: ¿seguiríamos creando hoy todas las instituciones, programas, subsidios y obligaciones que estamos financiando?

    Si la respuesta a alguna de ellas es no, ahí comienza el verdadero ahorro, no en quitarle cinco dólares a cada programa, sino en dejar de financiar aquello cuya razón de existir desapareció.

    Una política fiscal seria no necesita considerar al Estado un enemigo, sino obliga a algo mucho más sencillo y exigente: obligarlo periódicamente a justificar por qué sigue gastando cada balboa que le pide al ciudadano.

  • Ballena Azul: la libertad contra el totalitarismo digital

    Ballena Azul: la libertad contra el totalitarismo digital

    Hay historias sobre Corea del Norte que parecen escritas para una novela de espionaje. Esta, sin embargo, ocurrió en GitHub, Zoom, ChatGPT, billeteras cripto y escritorios virtuales. Resulta que dos investigadores de ciberseguridad, Mauro Eldritch y Heiner García, crearon una empresa que no existía. La llamaron Ballena Azul LTD. Construyeron una página web, una identidad corporativa, documentación, un supuesto protocolo DeFi y hasta una historia empresarial suficientemente convincente como para parecer una startup más del ecosistema cripto.

    Después hicieron algo todavía más extraño: contrataron a tres desarrolladores que sospechaban formaban parte de una red norcoreana dedicada a infiltrarse como trabajadores remotos en empresas occidentales. Los supuestos infiltrados creían haber entrado en una empresa y en realidad habían entrado en un laboratorio.

    Durante semanas, sus ordenadores virtuales fueron observados dentro de entornos controlados de ANY.RUN. Los investigadores pudieron registrar archivos abiertos, conexiones, herramientas utilizadas, cuentas, wallets, VPN y parte de la infraestructura desde la que operaban.

    La operación tiene algo de comedia, pero detrás de ella hay una de las expresiones más inquietantes del totalitarismo contemporáneo. Y también una extraordinaria lección sobre la libertad.

    El trabajador que no era quien decía ser

    Ballena Azul se presentó como una startup DeFi que trabajaría con grandes tenedores de criptomonedas.

    Era un cebo casi perfecto.

    Los investigadores contactaron con un reclutador vinculado, según su investigación, a Famous Chollima, denominación utilizada en inteligencia de amenazas para una estructura relacionada con operaciones norcoreanas de trabajadores informáticos. El objetivo habitual de estas redes no consiste necesariamente en entrar rompiendo una contraseña.

    Es mucho más sencillo.

    Consiste en conseguir que la empresa les abra la puerta por caminos normales: Currículum, entrevista, contrato,usuario, contraseña, GitHub, repositorios y sistemas internos. El atacante deja de parecer atacante porque figura en Recursos Humanos.

    Según la investigación, tres personas fueron incorporadas a Ballena Azul utilizando identidades que presentaban inconsistencias importantes. Uno afirmaba residir en Texas mientras entregaba una licencia de California y una cuenta bancaria de Nueva York. Otro presentó documentación cuya metadata indicaba manipulación mediante Google Gemini. Un tercero proporcionó una licencia aparentemente auténtica perteneciente a otra persona.

    Después recibieron escritorios virtuales para trabajar. Ahí empezó la parte interesante.

    Instalaron herramientas de acceso remoto, comprobaron direcciones IP, utilizaron VPN, accedieron a cuentas personales y recurrieron repetidamente a herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT apareció como asistente de programación y redacción; Gemini, según los investigadores, había sido utilizado incluso para alterar documentación.

    Pero cometieron un error magnífico; uno de ellos sincronizó su cuenta de Google con la máquina que le había proporcionado la empresa, solo que aquella máquina pertenecía a los investigadores.

    De pronto, quienes pretendían observar desde dentro comenzaron a ser observados.

    Esto no era una leyenda urbana

    Conviene separar la parte divertida de la historia del problema real.

    El Departamento de Justicia estadounidense lleva años documentando operaciones en las que ciudadanos norcoreanos obtienen trabajos remotos utilizando identidades falsas o robadas. En junio de 2025 informó de esquemas que habían conseguido empleo en más de cien empresas estadounidenses, apoyados incluso por redes de intermediarios y las llamadas laptop farms: ordenadores físicamente situados en Estados Unidos pero manejados remotamente desde el extranjero.

    En otro proceso, cuatro ciudadanos norcoreanos fueron acusados de obtener empleos tecnológicos mediante identidades falsas y posteriormente robar más de 900.000 dólares en activos digitales de dos empresas. Uno de los acusados habría modificado el código fuente de contratos inteligentes para apropiarse de unos 740.000 dólares.

    El Tesoro estadounidense elevó todavía más la dimensión del asunto en marzo de 2026: estimó que estas redes de trabajadores tecnológicos generaron casi 800 millones de dólares durante 2024, recursos vinculados posteriormente al financiamiento de los programas armamentísticos del régimen norcoreano.

    Por eso Ballena Azul es interesante, porque no descubre que Corea del Norte utiliza trabajadores tecnológicos para conseguir divisas. Eso ya estaba documentado. Lo extraordinario es poder observar uno de esos mecanismos desde dentro.

    Pero hay una pregunta anterior a la ciberseguridad

    ¿De quién es el trabajo de una persona?

    Para un liberal, la respuesta debería ser obvia.

    De esa persona.

    Su inteligencia le pertenece.

    Su tiempo le pertenece.

    El fruto de su trabajo le pertenece.

    Y precisamente por eso el aspecto más aberrante de esta historia no comienza cuando alguien utiliza una identidad falsa para infiltrarse en una empresa occidental. Comienza mucho antes, cuando un Estado considera que sus ciudadanos son recursos productivos a su disposición.

    El gobierno norcoreano no inventó solamente una sofisticada industria de fraude internacional. Construyó primero una sociedad donde la autonomía individual prácticamente desapareció.

    Naciones Unidas ha documentado durante años restricciones extremas a la libertad de expresión, asociación, movimiento, privacidad y acceso a la información, además del empleo institucionalizado del trabajo forzado. En 2024, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas describió precisamente el trabajo forzado en Corea del Norte como un fenómeno institucionalizado por el Estado.

    Por eso conviene resistir una tentación.

    Es fácil mirar las imágenes de estos jóvenes delante de una webcam y pensar simplemente: ahí están los malos.

    Quizá algunos lo sean.

    Quizá algunos participen conscientemente de operaciones criminales.

    Pero sabemos demasiado poco sobre el grado de libertad real con el que actúan como para convertir automáticamente a cada uno de ellos en encarnación del régimen que los utiliza. Y ahí aparece una distinción esencial para cualquier filosofía verdaderamente liberal: el Estado norcoreano y los norcoreanos no son la misma cosa.

    Confundirlos sería aceptar precisamente la ficción colectivista que sostiene al régimen. El individuo no es su gobierno.

    El totalitarismo convierte personas en infraestructura

    Hay una expresión especialmente reveladora utilizada en los informes estadounidenses: el gobierno norcoreano se apropia de una parte muy considerable de los salarios generados por estos trabajadores en el exterior. Es decir, un programador consigue un empleo, produce código y una empresa paga por ese trabajo. Sin embargo, el fruto de su trabajo termina siendo absorbido por la maquinaria estatal.

    Visto desde la teoría liberal, estamos ante una versión tecnológicamente sofisticada de algo antiquísimo. La expropiación del individuo por el poder.

    El trabajador deja de ser una persona que intercambia voluntariamente su conocimiento por dinero y se convierte en un activo económico de una organización política.

    Es difícil encontrar una representación más clara de la diferencia entre trabajo libre y trabajo administrado. En una sociedad libre, una persona programa porque alguien desea contratarla y ambos aceptan las condiciones. En una sociedad totalitaria, el conocimiento de esa persona puede convertirse en una exportación del Estado, donde uno produce y el otro decide el destino del producto.

    Y entonces aparece Bitcoin

    Aquí la historia se vuelve incómoda también para quienes amamos las criptomonedas.

    Corea del Norte utiliza activos digitales. Eso es cierto.

    Los utiliza para mover fondos, evadir controles financieros y lavar dinero procedente tanto de operaciones informáticas como de robos. El Tesoro estadounidense ha identificado direcciones de Bitcoin, Ethereum y Tron relacionadas con algunas de estas redes. Pero de allí se desprende con frecuencia una conclusión equivocada:“Entonces las criptomonedas son el problema”.

    No.

    Sería equivalente a concluir que internet es culpable porque los espías utilizan internet. O que el dólar es totalitario porque una dictadura cobra en dólares.

    Bitcoin no pregunta por la moralidad de quien transmite una transacción. Precisamente ésa es una de sus propiedades fundamentales.

    Una red monetaria neutral no distingue entre el disidente que intenta sacar sus ahorros de una dictadura y el agente de esa dictadura que intenta mover fondos.

    La neutralidad tiene un precio. Pero su alternativa también.

    Porque para construir un sistema capaz de impedir anticipadamente cualquier utilización indebida habría que construir una autoridad capaz de decidir quién puede transmitir valor y quién no.

    Y entonces habríamos solucionado el problema del autoritarismo creando otro.

    Libertad no significa ingenuidad

    Nada de esto implica que una empresa tenga la obligación de contratar a alguien que falsifica su identidad. La libertad contractual funciona en ambas direcciones. Quien contrata tiene exactamente el mismo derecho a conocer con quién está contratando que el trabajador a decidir para quién trabaja. Utilizar una identidad robada no constituye un ejercicio de libertad: es fraude.

    Robar criptomonedas o acceder engañosamente a propiedad ajena tampoco es ejercer la libertad, porque el principio liberal no consiste en tolerar cualquier conducta, sino en distinguir con enorme precisión entre libertad y agresión.

    Una persona puede usar una VPN, puede proteger su privacidad o cobrar en Bitcoin. También puede trabajar remotamente desde cualquier lugar del planeta y utilizar un seudónimo si la contraparte lo acepta. Nada de eso, por sí mismo, viola los derechos de nadie.

    El problema aparece cuando existe engaño destinado a obtener acceso a propiedad ajena, suplantación de identidad, robo o incumplimiento deliberado de las condiciones bajo las cuales otra persona aceptó contratar. Ahí termina el intercambio voluntario.

    El peligro de aprender la lección equivocada

    Los propios investigadores recomiendan reforzar controles de identidad, realizar verificaciones periódicas, formar a reclutadores y vigilar determinados patrones tecnológicos.

    Tiene sentido.

    Una empresa privada debe protegerse. Pero aquí también conviene colocar un límite liberal.

    La respuesta a Corea del Norte no puede ser convertir cada contratación remota en un interrogatorio estatal y cada usuario de una VPN en un sospechoso.

    No deberíamos destruir las herramientas que protegen a millones de personas porque también las utilicen delincuentes.

    La criptografía protege al disidente.

    La VPN protege al periodista.

    El cifrado protege al ciudadano.

    Bitcoin permite transferir riqueza sin pedir autorización.

    La inteligencia artificial permite trabajar a quien antes no habría podido hacerlo.

    El trabajo remoto permite que un programador nacido en un país pobre venda su capacidad intelectual a una empresa situada a diez mil kilómetros.

    Todas esas tecnologías reducen una característica que históricamente ha favorecido al poder: la necesidad de pedir permiso.

    Naturalmente también pueden ser utilizadas por quien pretende dañarnos; la libertad siempre contiene ese riesgo.

    Una sociedad absolutamente segura frente al mal uso de la libertad tendría que eliminar buena parte de la libertad misma.

    Ballena Azul ganó porque podía experimentar

    Y aquí quizá esté la ironía más hermosa de toda la historia.

    ¿Cómo fueron descubiertos los presuntos agentes de uno de los Estados más centralizados del planeta?

    No mediante un Ministerio Mundial de Verificación Digital ni una identidad obligatoria universal o la abolición del anonimato. Los descubrieron unos investigadores independientes que tuvieron una idea disparatada: crear una empresa falsa y dejar que los infiltrados entraran.

    Construyeron una web, se inventaron personajes, programaron infraestructura y los escritorios virtuales. Improvisaron reuniones e introdujeron fallos deliberados. Observaron comportamientos, compartieron información con otros investigadores. Es decir: experimentaron descentralizadamente y sin un plan maestro.

    Algo profundamente hayekiano ocurrió allí.

    Frente a una organización jerárquica y centralizada apareció conocimiento distribuido. Personas diferentes poseían pequeñas piezas de información: una dirección IP, una wallet, una metadata, un historial de navegador, una herramienta de acceso remoto, una identidad inconsistente. Ninguna pieza explicaba todo, pero juntas comenzaron a hacerlo. El conocimiento que permitió descubrir la operación no estaba concentrado en una autoridad omnisciente, estaba disperso.

    Exactamente como ocurre en una sociedad libre.

    La batalla real

    Por eso Ballena Azul no es solamente una historia sobre hackers. Es una pequeña parábola política.

    En un extremo tenemos un Estado que reclama la vida económica de sus ciudadanos, controla su movimiento, restringe brutalmente la información que reciben y dirige recursos humanos hacia sus propios objetivos.

    En el otro tenemos una sociedad abierta llena de defectos, desorden, anonimato, criptomonedas, empresas privadas, investigadores independientes y tecnologías que cualquiera puede utilizar, incluso sus enemigos.

    La primera parece ordenada, la segunda parece caótica.

    Pero sólo una permite que alguien tenga una idea que nadie autorizó. Y ese detalle importa muchísimo. El liberalismo nunca prometió un mundo sin delincuentes, sin estafadores, espías o dictadores. Prometió algo mucho más modesto y muchísimo más importante: que ningún hombre debería disponer arbitrariamente de la vida de otro. Que el conocimiento debe poder circular y la propiedad tiene dueño. Que el intercambio debe ser voluntario y el poder necesita límites.

    Y que el individuo existe antes que el Estado.

    Quizá ésa sea la enseñanza más incómoda de Ballena Azul. No debemos defender la libertad porque sólo vaya a ser utilizada por buenas personas; si ésa fuera la condición, la libertad sería imposible.

    La defendemos precisamente porque nadie debería tener el poder de decidir previamente quién merece utilizarla. Después castigamos el fraude, perseguimos el robo, protegemos la propiedad y responsabilizamos al agresor.

    Pero no entregamos nuestras libertades como precio por sentirnos seguros.

    Porque si para combatir a una dictadura necesitamos copiar su principio fundamental, que alguien desde arriba decida quién puede trabajar, comunicarse, ocultar su identidad, mover su dinero o utilizar determinada tecnología, quizá hayamos ganado la operación de ciberseguridad y perdido algo bastante más importante, que la libertad no es una herramienta del sistema.

    Es el límite que le imponemos al sistema.

  • La empresa líquida: cuando la flexibilidad en las organizaciones se convierte en incertidumbre para sus trabajadores

    La empresa líquida: cuando la flexibilidad en las organizaciones se convierte en incertidumbre para sus trabajadores

    Un lunes cualquiera, una persona abre su ordenador y descubre que el equipo en el que trabajaba ya no existe como tal. El proyecto ha cambiado de prioridad, la herramienta de gestión se ha sustituido por otra, su responsable directo ha pasado a otra área y parte de sus compañeros son ahora colaboradores externos. No ha ocurrido una crisis visible. Simplemente, la organización se ha reorganizado. Otra vez.

    Durante décadas, muchas empresas se construyeron sobre una promesa relativamente estable: seguridad, pertenencia y trayectorias profesionales previsibles a cambio de compromiso y lealtad. El trabajo no era solo una fuente de ingresos. También ordenaba el tiempo, definía una identidad social y ofrecía cierta sensación de futuro compartido.

    Esa lógica está cambiando. Trabajo híbrido, digitalización, equipos por proyectos, metodologías ágiles, subcontratación, inteligencia artificial y plataformas bajo demanda han convertido la adaptación permanente en una condición básica de la vida laboral. La empresa ya no se presenta tanto como una estructura sólida sino como un organismo que se reconfigura continuamente.

    La imagen recuerda a la modernidad líquida propuesta por el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman en el año 2000: un mundo en el que las instituciones, las relaciones y las identidades pierden estabilidad y se vuelven más frágiles, móviles y temporales. Esta lectura se ha llevado también al terreno organizativo para explicar cómo la liquidez contemporánea modifica el liderazgo, las carreras profesionales y las formas de control dentro del trabajo.

    La agilidad como promesa

    Conviene evitar una lectura nostálgica. La flexibilidad no es, en sí misma, un problema. En entornos tecnológicos y económicos muy cambiantes, las organizaciones excesivamente rígidas reaccionan tarde, innovan peor y arrastran inercias burocráticas.

    Las investigaciones sobre agilidad organizativa muestran que la capacidad de detectar cambios, responder con rapidez y reorganizar recursos puede mejorar el rendimiento de las empresas. Una revisión sistemática basada en 249 estudios empíricos publicados entre 1998 y 2024 encontró una relación consistente entre distintas formas de agilidad empresarial y resultados organizativos.

    Las prácticas ágiles de trabajo, con una red de equipos que funcionan en ciclos rápidos de aprendizaje y toma de decisiones, pueden favorecer el bienestar cuando aumentan la autonomía, el apoyo social, la retroalimentación y la claridad de objetivos. La empresa líquida puede ofrecer oportunidades reales. El problema aparece cuando la flexibilidad deja de ser una herramienta y se convierte en un estado permanente de inestabilidad: esas mismas prácticas pueden aumentar demandas, presión comunicativa o sensación de sobreexposición si no se gestionan bien.

    Equipos que se forman y se disuelven

    Muchas organizaciones funcionan cada vez más mediante proyectos: equipos temporales, alianzas externas, colaboradores independientes y redes que se activan y se desactivan según la necesidad. Los estudios sobre organizaciones basadas en proyectos explican esta transformación hacia estructuras con núcleos estables y bolsas flexibles de socios o profesionales que se incorporan proyecto a proyecto.

    La ventaja es evidente: se gana especialización y velocidad. La pérdida es menos visible: cuesta más construir memoria compartida, confianza y sentido de pertenencia. No basta con juntar talento para que exista cooperación. Las relaciones laborales necesitan tiempo, normas implícitas, experiencias comunes y una mínima continuidad.

    Aquí aparece una de las paradojas del trabajo contemporáneo. La empresa gana flexibilidad, pero parte de la incertidumbre se desplaza al individuo. Ya no se espera solo que una persona haga bien su trabajo, sino que se actualice constantemente, cambie de equipo, redefina su rol y mantenga su empleabilidad en un mercado incierto.

    El coste psicológico de no tener suelo

    La investigación en salud laboral lleva años mostrando que la inseguridad en el empleo no es un asunto menor. Una revisión de 56 muestras independientes y más de 53 000 participantes encontró una relación significativa entre la inseguridad laboral y los problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, agotamiento emocional y menor satisfacción vital.

    Algo similar ocurre con la ambigüedad de rol. Cuando las personas no saben bien qué se espera de ellas, cuáles son sus límites de responsabilidad o cómo se evaluará su rendimiento, aumenta la tensión psicológica. Estudios sobre burnout o síndrome de estar quemado han encontrado que la ambigüedad y el conflicto de rol se asocian con mayor desgaste emocional.

    Esto no significa que toda reorganización sea dañina. Significa que la adaptación permanente necesita estructura. Cambiar puede ser estimulante cuando existen recursos, apoyo y claridad. Pero se vuelve agotador cuando todo parece provisional: el equipo, el liderazgo, las prioridades, las herramientas e incluso los valores corporativos.

    Pertenecer a una empresa que cambia sin parar

    El trabajo híbrido añade otra capa. La distancia física no elimina necesariamente el vínculo con la organización, pero lo vuelve más dependiente de factores psicológicos: comunicación, apoyo social, identificación y sensación de formar parte de algo. La investigación sobre trabajadores virtuales ya señaló que, cuando desaparecen los elementos tangibles de la organización, la identificación organizativa se vuelve crucial.

    Estudios recientes sobre el trabajo desde casa muestran que la intensidad del teletrabajo puede relacionarse con trayectorias distintas de aislamiento laboral, dependiendo de cuestiones como el apoyo entre compañeros o las dificultades de comunicación. Por eso, el debate no debería reducirse a “oficina sí vs. oficina no”. La cuestión relevante es cómo se construye pertenencia cuando el trabajo se distribuye en pantallas, plataformas y equipos cambiantes.

    La seguridad psicológica ofrece una pista importante. La experta en liderazgo organizacional Amy Edmondson la definió como la creencia compartida de que un equipo es seguro para asumir riesgos interpersonales: preguntar, discrepar, reconocer errores o proponer ideas incompletas. Sin ese suelo relacional, la innovación se convierte fácilmente en presión.

    Agilidad con anclajes

    La empresa líquida no es necesariamente una mala empresa. Puede ser innovadora, rápida y abierta. Pero necesita anclajes. Las personas pueden adaptarse a entornos cambiantes si cuentan con reglas comprensibles, liderazgos confiables, espacios de participación, apoyo social y trayectorias mínimamente legibles.

    La identificación con equipos y organizaciones se ha relacionado con menos estrés y mayor bienestar, y las iniciativas de cambio funcionan mejor cuando tienen en cuenta cómo afectan a la identidad de las personas implicadas.

    El desafío no consiste en volver, sin más, a la empresa rígida del pasado, ni en celebrar acríticamente la flexibilidad como si siempre fuera sinónimo de libertad. La cuestión es cómo diseñar organizaciones capaces de moverse sin convertir la vida laboral en una sucesión interminable de reajustes.

    Mónica Pellejero, Profesor investigador en Organización de Empresas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Agustín J. Sánchez Medina, Catedrático en Organización de Empresas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • La escasez en Bitcoin

    La escasez en Bitcoin

    En los últimos días volvió a aparecer una discusión interesante: ¿es mejor invertir en Bitcoin o en empresas de inteligencia artificial? Muchos analistas responden mirando gráficos, balances o valoraciones. Si las acciones de IA están demasiado caras, concluyen que quizá Bitcoin tenga hoy un mayor recorrido.

    Es un análisis válido, pero creemos que deja afuera la cuestión más importante.

    Desde la Escuela Austríaca, el verdadero debate no es cuál activo puede subir más el año que viene. La pregunta es otra: ¿qué clase de bien económico estamos comparando?

    Y ahí aparece una diferencia enorme: la escasez en Bitcoin.

    La escasez no da valor… pero sin escasez no hay valor

    Una de las ideas más malinterpretadas de la economía es creer que algo vale porque es escaso.

    No.

    Si mañana encontráramos una piedra única en todo el universo, pero a nadie le interesara tenerla, seguiría siendo extraordinariamente escasa… y no valdría prácticamente nada.

    Los austríacos llevan más de un siglo explicando que el valor nunca está dentro de las cosas. El valor nace en la mente de las personas.

    Somos nosotros quienes decidimos qué bienes nos ayudan a alcanzar nuestros fines, y esa valoración subjetiva es la que termina formando los precios.

    Pero esa explicación suele hacer que olvidemos la otra mitad de la historia que dice que para que exista un bien económico primero debe existir escasez. Si algo puede obtenerse en cantidades ilimitadas respecto de nuestras necesidades, deja de ser objeto de elección. Nadie economiza el aire que respira, pero sí una botella de agua en medio del desierto.

    La escasez no crea el valor, simplemente hace posible que exista.

    Bitcoin y la inteligencia artificial no juegan el mismo juego

    Aquí aparece la verdadera diferencia. Las empresas de inteligencia artificial compiten en un mercado abierto, hoy domina una, pero mañana puede aparecer otra mejor. Dentro de cinco años quizá ninguna de las actuales siga liderando el sector. Y eso no significa que sean malas inversiones, al contrario, algunas podrán crear enorme riqueza.

    Pero siempre existirán nuevas empresas, nuevos competidores y nuevas tecnologías intentando reemplazar a las anteriores. Ese proceso competitivo es precisamente lo que hace funcionar al mercado.

    Pero Bitcoin pertenece a otra categoría ya que no es una empresa, por lo tanto no depende de un director ejecutivo ni presenta balances trimestrales. Y, sobre todo, nadie puede crear más bitcoin para competir con los ya existentes. Podrán aparecer diez mil criptomonedas nuevas o podrán desarrollarse tecnologías superiores para muchas cosas, pero ninguna de ellas aumenta la cantidad de bitcoin. Eso es lo realmente extraordinario.

    La utilidad marginal también importa

    Carl Menger explicó que las personas ordenamos nuestras necesidades según la importancia que les damos.

    La primera unidad de un bien suele satisfacer un fin más importante que la segunda, y ésta más que la tercera. Por eso hablamos de utilidad marginal.

    Con Bitcoin sucede algo curioso.

    Muchas personas valoran cada satoshi precisamente porque saben que forma parte de una cantidad máxima conocida y que nadie puede alterar discrecionalmente.

    Si mañana el protocolo permitiera emitir otros veinte millones de bitcoin, probablemente la valoración subjetiva que millones de personas hacen de cada unidad cambiaría, pero no porque hubiera cambiado la tecnología o porque Bitcoin hubiera dejado de funcionar, sino porque habría desaparecido una de las características que hacía que tantas personas lo consideraran un buen vehículo para preservar valor.

    No es una cuestión de precio

    Aquí es donde, creemos, suele perderse el debate. No sabemos si una inversión en Bitcoin subirá más que una inversión en las empresas de inteligencia artificial. Nadie puede saberlo como tampoco sabemos qué compañía dominará ese mercado dentro de diez años.

    Pero lo que sí sabemos es que ambas cosas responden a lógicas completamente distintas.

    Las empresas de IA seguirán naciendo mientras existan emprendedores capaces de crear mejores productos. Esa abundancia potencial forma parte de su naturaleza.

    Bitcoin, en cambio, no puede reproducirse. Y esa imposibilidad de ampliar su oferta también forma parte de su naturaleza.

    La escasez de Bitcoin

    Quizá la comparación nunca debió ser inversión en «Bitcoin versus inteligencia artificial». Una empresa de IA puede convertirse en una inversión extraordinaria, pero también puede desaparecer, ser comprada o quedar obsoleta.

    Bitcoin ofrece otra cosa en cambio; no ofrece beneficios ni garantiza rentabilidad. Ni siquiera asegura que su precio vaya a subir.

    Lo único que ofrece es una característica que ningún consejo de administración, ningún gobierno y ningún emprendedor puede modificar: una oferta absolutamente limitada y conocida de antemano, 21 millones de unidades inmodificable. Después, como enseñó Mises, serán las personas quienes decidan si esa característica merece ser valorada.

    Porque el valor nunca está en Bitcoin. Quizás esa sea la mayor enseñanza de la Escuela Austríaca. Bitcoin no es valioso porque sea escaso. Es valioso únicamente para quienes consideran que su escasez les ayuda a alcanzar un fin que juzgan importante. La escasez no crea el valor; simplemente hace posible que las personas puedan atribuírselo.

  • Mucho algoritmo y pocas humanidades: así se forman los creadores de IA

    Mucho algoritmo y pocas humanidades: así se forman los creadores de IA

    En los próximos años, los sistemas de inteligencia artificial (IA)influirán cada vez más en decisiones relacionadas con el empleo, la educación, la salud, la seguridad, la justicia o el acceso a servicios públicos.

    Los datos muestran un crecimiento espectacular de estas titulaciones. Desde que la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad del País Vasco pusieran en marcha los primeros grados específicos en Inteligencia Artificial en 2020, la oferta se ha expandido hasta alcanzar veinticinco universidades españolas en apenas seis años.

    Respuesta a la demanda del mercado

    La demanda laboral explica en gran medida este fenómeno. Empresas e instituciones buscan perfiles especializados capaces de diseñar algoritmos, desarrollar sistemas de aprendizaje automático o gestionar grandes volúmenes de datos.

    Pero las competencias que las empresas definen para este perfil incluyen adaptabilidad, aprendizaje continuo, IA aplicada, pensamiento crítico, inteligencia emocional, liderazgo colaborativo, gestión del conocimiento, comunicación, creatividad o ética tecnológica.

    ¿Está la formación alineada con estas demandas? ¿Cómo se están formando estos futuros profesionales?

    Apenas hay contenidos no técnicos

    Hemos investigado el contenido de los grados de Inteligencia Artificial en las universidades españolas y comprobado que apenas contienen formación en ética, filosofía, sociología o pensamiento crítico.

    Las materias humanísticas tienen poco peso en la formación de estos futuros profesionales de tecnologías con un impacto profundo en la vida de millones de personas.

    Al analizar los planes de estudio de estas titulaciones encontramos que la inmensa mayoría mantiene una orientación eminentemente técnico-científica. Matemáticas, programación, estadística, ciencia de datos o aprendizaje automático ocupan el núcleo de la formación. Las asignaturas relacionadas con la reflexión ética, social, legal o cultural aparecen de manera testimonial en muchos programas.

    De siete a dos asignatura humanística

    Algunas universidades destacan por incorporar una mayor presencia de contenidos humanísticos. La Universidad de Málaga, por ejemplo, incluye siete asignaturas vinculadas a cuestiones éticas, jurídicas o sociales en algunas de sus especilizaciones; la Universidad de Deusto incorpora seis; y otras instituciones como CUNEF, la Universidad del País Vasco, la Universidad Francisco de Vitoria o la Universidad Pontificia de Comillas cuentan con entre cuatro y cinco materias de este tipo.

    Sin embargo, en numerosas universidades la formación humanística se reduce a una o dos asignaturas, y en algunos casos apenas existe una materia relacionada con estas cuestiones a lo largo de toda la carrera. La presencia de las humanidades es claramente residual, con una tendencia estructural a priorizar la competencia técnica frente a la reflexión ética, legal y social.

    ¿Por qué debería preocuparnos este desequilibrio?

    La IA ya no es una tecnología confinada a los laboratorios. Los algoritmos participan en procesos de selección de personal, ayudan a establecer diagnósticos médicos, influyen en qué información vemos en internet, determinan recomendaciones educativas y pueden llegar a intervenir en decisiones administrativas o judiciales. Cuando estas herramientas funcionan con sesgos, reproducen discriminaciones o afectan a derechos fundamentales, las consecuencias son profundamente humanas.

    Por eso quienes diseñarán estas tecnologías deberían recibir una formación más extensa en disciplinas que precisamente estudian a los seres humanos y las sociedades. Programar un sistema capaz de reconocer patrones es una habilidad esencial. Comprender cómo esos patrones pueden reforzar desigualdades sociales también debería serlo.

    Más allá de asignaturas aisladas

    Los autores del estudio sostienen que no basta con añadir una asignatura aislada sobre ética para resolver el problema. Lo que está en juego es una concepción más amplia de la formación universitaria. Proponen integrar conocimientos procedentes de la filosofía, la sociología de la tecnología, el derecho digital, la ciencia política, la epistemología de los datos o incluso los llamados “neuroderechos”, un ámbito sobre la protección de la identidad mental y la autonomía cognitiva en un contexto de creciente interacción entre inteligencia artificial y neurotecnologías.

    La cuestión de fondo es sencilla pero decisiva. Si los sistemas de IA van a influir en la organización de nuestras sociedades, ¿puede considerarse suficiente una formación centrada casi exclusivamente en la dimensión técnica? ¿Es posible construir tecnologías justas sin comprender en profundidad los problemas sociales que pretenden resolver? ¿Podemos hablar de innovación responsable cuando quienes desarrollan estas herramientas apenas tienen espacios para reflexionar críticamente sobre sus consecuencias?

    Encrucijada histórica

    Nuestra investigación plantea que la universidad española se encuentra ante una encrucijada histórica. No solo debe formar profesionales capaces de desarrollar tecnologías avanzadas, sino también ciudadanos preparados para comprender sus implicaciones sociales, políticas y culturales.

    Quizá el verdadero desafío de la inteligencia artificial no sea crear máquinas cada vez más inteligentes, sino garantizar que quienes las diseñan comprendan mejor la complejidad humana. Porque una sociedad gobernada por algoritmos necesita ingenieros excelentes, pero también profesionales capaces de preguntarse para quién se construye la tecnología, a quién beneficia, a quién puede perjudicar y qué valores incorpora en su funcionamiento.

    Si la IA va a tomar decisiones que afectan a millones de personas, sus algoritmos deberían estar diseñados por personas que hayan aprendido sobre desigualdad, la ética o derechos fundamentales. Los especialistas capaces de programar sistemas inteligentes también deberían ser capaces de comprender sus consecuencias, pues serán quienes tengan un impacto más directo sobre los valores que estos sistemas deberían incorporar.

    Vanesa Cejudo Mejias, Directora de Innovacón en Facultad de Ciencias sociales y Hum. Docente en area social y area arte, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • MiCA entra en pleno vigor

    MiCA entra en pleno vigor

    Hoy, 1 de julio de 2026, expira formalmente el régimen transitorio del Reglamento MiCA. Dieciocho meses de prórroga que casi todos los Estados miembros, apuraron hasta el último minuto. A partir de esta medianoche, cualquier proveedor de servicios de criptoactivos que opere en la Unión Europea sin autorización de la CNMV —o de su homóloga en otro país del bloque, vía pasaporte comunitario— está, sencillamente, fuera de la ley. No es una nueva norma. Es el cierre de una puerta que llevaba dos años entornada.

    Conviene no caer en el catastrofismo de barra de bar cripto. MiCA no toca ni una línea del protocolo de Bitcoin. No hay bloque que deje de minarse, ni transacción P2P que deje de firmarse. Lo que MiCA regula son los intermediarios: los exchanges, los custodios, los emisores de stablecoins. Es decir, regula precisamente aquello que el diseño original de Satoshi nació para volver innecesario. Ahí está la ironía que merece ser nombrada sin épica ni desprecio: la ley europea no ataca a Bitcoin, lo confirma como frontera. Regula todo lo que rodea al protocolo y deja intacto, por definición, lo que no puede regular.

    Lo que cambia para quien usa un exchange

    Para el usuario medio de Binance, Coinbase o Kraken en Europa, hoy no hay drama inmediato. Los grandes ya tienen o están tramitando su licencia MiCA, muchos vía pasaporte desde otro Estado miembro. Pero el paisaje se ha vaciado con violencia: de los más de tres mil proveedores que operaban bajo los registros nacionales heredados, apenas una fracción sobrevive con autorización plena en España por ejemplo, y solo un puñado cuenta con la licencia de Clase 3 que permite custodiar fondos de clientes en el modelo de exchange tradicional. El costo de entrada —entre cincuenta mil y cien mil euros solo para iniciar el trámite, y hasta dos millones anuales de cumplimiento recurrente— ha operado como un filtro de clase: sobreviven los que ya eran grandes, mueren los que aspiraban a serlo.

    Y hay una factura silenciosa que nadie imprime en el folleto de bienvenida: desde enero de este año, DAC8 obliga a los exchanges a reportar automáticamente a Hacienda cada transacción, cada saldo, cada movimiento, sin umbral mínimo. Da igual si son cincuenta euros o cincuenta mil. La promesa original de privacidad financiera, en un exchange regulado europeo, ha muerto de muerte natural y nadie ha firmado la esquela. MiCA protege al usuario del exchange que quiebra o que le miente en el libro blanco. No lo protege —no puede, no quiere— del Estado que quiere saberlo todo sobre él.

    Lo que no cambia para quien no usa un exchange

    Aquí está el matiz que la cobertura alarmista suele saltarse: quien opera en autocustodia, quien interactúa directamente con un contrato inteligente en Uniswap o Aave desde su propia wallet, quien mueve Bitcoin peer to peer sin pasar por un intermediario centralizado, no está dentro del perímetro de MiCA. No es una laguna legal que algún burócrata cerrará en la próxima revisión. Es la consecuencia estructural de cómo funciona la tecnología: MiCA regula sujetos —empresas, personas jurídicas, prestadores de servicios—, y cuando eliminas al sujeto intermediario no queda nadie a quien notificar, auditar o sancionar. El protocolo no tiene domicilio fiscal ni consejo de administración al que la CNMV pueda enviarle un requerimiento.

    Esto no convierte la autocustodia en gratuita ni en cómoda. Gestionar tus propias llaves exige aprender, y aprender exige tiempo que la mayoría no está dispuesta a invertir mientras el botón de «comprar» del exchange siga a un clic. La soberanía técnica siempre ha tenido ese costo de entrada, y sería una falta de honestidad intelectual venderla como un gesto sin fricción. Pero la opción sigue ahí, intacta, el mismo 1 de julio en que Europa cierra el cerco sobre todo lo demás.

    El viejo espíritu de Satoshi, puesto a prueba

    El diseño de Bitcoin nunca prometió que los intermediarios desaparecerían solos. Prometió que dejarían de ser necesarios para quien decidiera prescindir de ellos. Quince años después, la mayoría de los usuarios de cripto en Europa —por comodidad, por desconocimiento o por pura racionalidad económica— siguen prefiriendo el intermediario regulado a la responsabilidad total sobre sus propias claves. MiCA no traiciona el cypherpunk original: simplemente confirma que la inmensa mayoría del mercado nunca quiso vivir en él. Quería el activo, no la filosofía. Quería la exposición a Bitcoin sin renunciar a la comodidad de un tercero que responda cuando algo sale mal.

    Eso no es una derrota del proyecto original. Es su bifurcación natural. Hoy conviven, con más nitidez que nunca, dos capas: la de los exchanges regulados —vigilados, reportados, fiscalizados hasta el último euro— y la del protocolo desnudo, tan libre y tan hostil con el descuido como lo fue siempre. MiCA no ha cerrado la segunda capa. La ha hecho, si acaso, más visible por contraste. Y ese contraste, más que cualquier discurso libertario de manual, es la mejor demostración práctica de por qué Satoshi diseñó lo que diseñó: no para que el Estado no pudiera regular el dinero, sino para que existiera, siempre, una salida para quien no quisiera pedirle permiso.

    La libertad que queda hoy en Europa no es la que promete ningún reglamento. Es la que sigue dependiendo, como siempre, de quién guarda las llaves.

  • La Gran Convergencia: cuando Wall Street se pone el disfraz de Satoshi

    La Gran Convergencia: cuando Wall Street se pone el disfraz de Satoshi

    Jay Jacobs, jefe de ETF de renta variable de BlackRock, lo dijo sin sonrojarse en el podcast Chain Reaction: tres cuartas partes de los compradores del IBIT nunca habían tenido un ETF antes. La frase suena a victoria para el bitcoiner casual. Léase de nuevo. No dice que TradFi entró en Bitcoin. Dice que Bitcoin está metiendo gente nueva en TradFi, y que una vez dentro, esos inversores acaban comprando el S&P 500 de BlackRock, el oro de BlackRock y, por qué no, el ETF de inteligencia artificial de BlackRock. En la gestora más grande del planeta a esto lo llaman, sin ironía, la «Gran Convergencia».

    Conviene tomarse en serio el nombre, porque describe con precisión lo que está ocurriendo: la disolución deliberada de la frontera entre cripto y el sistema que cripto nació para esquivar. Jacobs lo resume con una frase que cualquier minarquista debería subrayar en rojo: cada vez se va a hablar menos de TradFi contra DeFi y mucho más de TradFi y DeFi. No es una predicción neutral. Es un programa corporativo. Y como todo programa corporativo bien diseñado, no necesita prohibir nada: solo necesita volverse indispensable.

    El embudo, no la puerta

    El relato oficial desde 2024 era que el ETF al contado abriría las puertas de Bitcoin a los inversores tradicionales, demasiado prudentes o demasiado regulados para tocar una wallet. Jacobs admite ahora que el flujo es bidireccional, pero la dirección que a BlackRock le interesa de verdad es la otra: usar el imán de Bitcoin para atraer capital hacia su catálogo completo de productos indexados. El IBIT no es un servicio que BlackRock presta a los bitcoiners. Es un anzuelo con el que BlackRock pesca clientes nuevos para sí misma. Con 48.000 millones de dólares en activos y más de 765.000 BTC bajo su paraguas, ya no hablamos de un experimento de nicho: hablamos de la mayor operación de captura narrativa que ha sufrido el dinero digital desde su nacimiento.

    El cypherpunk original quería eliminar al intermediario de confianza. La Gran Convergencia hace exactamente lo contrario: instala al intermediario de confianza en el centro de la ecuación y le pone un wrapper de ETF para que parezca progreso. El propio Larry Fink llamó una vez a Bitcoin un «índice de lavado de dinero»; hoy lo vende como cobertura frente a la inestabilidad de la deuda soberana que sus propios fondos ayudan a sostener. La conversión no es ideológica. Es comercial. Y eso, para quien crea en la coherencia de los principios, debería ser motivo de alarma, no de celebración.

    La paradoja que nadie quiere nombrar

    Aquí está la trampa que el optimismo institucional prefiere no mirar de frente: para que Bitcoin alcance la escala que sus defensores siempre soñaron, tiene que pasar por las manos de las mismas estructuras centralizadas que estaba diseñado para volver irrelevantes. Cuantas más acciones de IBIT se venden, menos claves privadas se generan. Cuanto más cómodo resulta el ETF, menos gente aprende a custodiar lo propio. El bitcoiner que compra IBIT no posee Bitcoin: posee un derecho contractual sobre Bitcoin que custodia un tercero, sujeto a las mismas reglas, los mismos reguladores y los mismos riesgos de contraparte que el sistema bancario que Satoshi quiso esquivar en 2008. Es la diferencia exacta entre tener la llave y tener el recibo de quien tiene la llave.

    El ejemplo de la OPI de SpaceX, citado por el propio Jacobs, ilustra hacia dónde apunta todo esto: futuros perpetuos pre-OPI y acciones tokenizadas que llevan el volumen de operaciones de mil millones a veintidós mil millones de dólares en semanas. No es democratización del capital privado. Es la tokenización de los privilegios de Wall Street, envuelta en jerga blockchain para que la absorba sin resistencia una generación que asocia «cripto» con libertad. Convergencia, en efecto. Pero convergencia hacia el centro, no hacia los márgenes.

    Lo que está realmente en juego

    Nada de esto significa que el precio no vaya a subir, ni que la adopción institucional carezca de mérito como hecho de mercado. Significa que el éxito medido en dólares bajo gestión y el éxito medido en soberanía individual son, cada vez más, dos métricas que avanzan en direcciones opuestas. BlackRock no necesita destruir el ideal cypherpunk para neutralizarlo: le basta con financiarlo, empaquetarlo y cotizarlo en bolsa. Es la vieja lección minarquista aplicada a la era digital: el Estado y sus grandes operadores financieros rara vez prohíben aquello que pueden absorber y rentabilizar.

    La autocustodia sigue siendo, hoy como en 2009, el único acto que distingue a un propietario de Bitcoin de un accionista de BlackRock con extra de marketing. Todo lo demás —el ETF, el podcast, la «Gran Convergencia»— es Wall Street aprendiendo a hablar cypherpunk para vender, una vez más, la misma dependencia de siempre.

  • El derecho a elegir: una reforma liberal para la salud panameña

    El derecho a elegir: una reforma liberal para la salud panameña


    Existe una paradoja incómoda en el corazón de los sistemas de salud latinoamericanos: se habla mucho del «derecho a la salud» pero se ignora sistemáticamente el derecho previo, más fundamental y más personal, que hace posible cualquier otro derecho en medicina: el derecho a elegir. Elegir al médico. Elegir el hospital. Elegir la atención que mejor se ajusta a las necesidades propias, no a las de una burocracia que desconoce tanto al paciente como a su historia.

    Un estudio reciente realizado por Ipsos en España pone en evidencia que el 71% de los ciudadanos madrileños sabe que puede elegir a su médico de familia dentro del sistema público, diez puntos por encima de la media nacional. Madrid obtiene la mejor valoración del sistema de libre elección sanitaria de todo el país: un 7,7 sobre diez, frente a un 6,8 de media. Y lo más revelador no son los números, sino lo que los ciudadanos dicen cuando se les pregunta por qué cambian de médico o de centro: buscan trato humano y personalizado, rapidez en la atención y confianza en el profesional. No buscan ideología sanitaria. No buscan al Estado. Buscan a alguien que les atienda bien.

    Esta es una lección que Panamá no puede seguir ignorando.


    El sistema panameño: fragmentado, burocrático y sin salida

    El sistema de salud de Panamá es, en su estructura actual, un laberinto de segmentaciones que conspiran contra el paciente. La Caja de Seguro Social (CSS) cubre a los trabajadores formales y sus dependientes. El Ministerio de Salud (MINSA) atiende a la población sin cobertura de seguridad social. El sector privado existe, pero su acceso depende exclusivamente de la capacidad de pago individual. El resultado es un sistema tripartito donde la calidad de atención que recibe un ciudadano no depende de sus necesidades médicas, sino de su condición laboral, su lugar de residencia y su nivel de ingreso.

    Dentro de este esquema, el asegurado de la CSS no elige. Se le asigna una policlínica según su lugar de trabajo o domicilio. Se le asigna un médico. Se le asigna una fecha. Se le asigna todo, salvo la posibilidad de decidir. Si no le satisface la atención, si el médico asignado no genera confianza, si el centro queda a dos horas de distancia, el paciente no tiene salida formal: o acepta lo que le corresponde según el criterio administrativo, o paga de su bolsillo en el sector privado, duplicando el costo de un sistema que ya financia con sus cotizaciones.

    Esto no es un sistema de salud. Es una forma de administrar la enfermedad.


    La libre elección no es un privilegio: es un principio

    Desde una perspectiva liberal clásica, el argumento a favor de la libre elección sanitaria no es simplemente utilitario, aunque los datos de eficiencia también lo respalden. Es, ante todo, un argumento sobre la dignidad del individuo.

    El liberalismo clásico parte de la premisa de que el ser humano es el mejor juez de sus propios intereses. No porque sea infalible, sino porque nadie más tiene acceso a la información íntima que define sus preferencias, sus circunstancias y sus valores. Un burócrata en la Ciudad de Panamá no sabe que el asegurado en Chitré tiene mayor confianza en un determinado médico, que su horario laboral hace imposible acudir a la policlínica asignada, o que sus condiciones de salud requieren una atención más especializada de la que su centro puede ofrecer. El individuo sí lo sabe. Y tiene el derecho de actuar en consecuencia.

    La libre elección sanitaria no exige privatizar el sistema de salud. No exige eliminar la cobertura pública. No exige nada que no sea coherente con un Estado que respeta a sus ciudadanos: permitir que el dinero público que cada trabajador aporta mediante sus cotizaciones le siga a él, no a la institución, cuando decide dónde recibir atención.


    El modelo madrileño como referencia pragmática

    Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid no es un experimento radical. Es una aplicación sensata de un principio obvio: si el ciudadano financia el sistema, el sistema debe responder al ciudadano, no al revés.

    El modelo madrileño de libre elección no elimina la red pública de hospitales y centros de salud. Al contrario, la mantiene y la somete a un estímulo que ninguna reforma burocrática ha logrado introducir con la misma eficacia: la competencia por la preferencia del paciente. Cuando un hospital sabe que los ciudadanos pueden elegir ir a otro centro, tiene incentivos reales para mejorar su trato, reducir sus tiempos de espera y elevar la calidad de su atención. La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Rey Juan Carlos lideran las preferencias de los madrileños precisamente porque han respondido mejor a lo que los pacientes valoran.

    El mecanismo es elegante en su simplicidad: la información fluye a través de las decisiones de millones de ciudadanos actuando según sus propias necesidades, y esa información distribuida guía la mejora del sistema mejor de lo que podría hacerlo cualquier plan central.


    Una propuesta para Panamá: cuatro pilares de una reforma posible

    Una reforma de libre elección para el sistema panameño no requiere una revolución constitucional ni una privatización masiva. Requiere cuatro cambios estructurales que son, en esencia, una ampliación de derechos ciudadanos.

    Primero, portabilidad de la cobertura dentro de la CSS. El asegurado debe poder elegir su policlínica y su médico de familia dentro de la red pública, independientemente de dónde trabaje o dónde resida. El número de afiliado debe seguir al paciente, no al empleador ni al domicilio. Este cambio, administrativamente viable, transformaría la relación del ciudadano con el sistema: de súbdito asignado a usuario con voz.

    Segundo, libre elección de especialista y hospital. Cuando un médico de atención primaria refiere a un paciente a un especialista o a un centro hospitalario, el paciente debería poder escoger entre los centros acreditados de la red, tanto públicos como privados concertados. El modelo de concierto con la red privada, bien regulado, amplía la oferta sin incrementar necesariamente el gasto público, al aprovechar capacidad instalada que hoy se subutiliza.

    Tercero, información transparente y comparativa. La libre elección sin información es una libertad vacía. El sistema panameño debe desarrollar y publicar indicadores de calidad, tiempos de espera y satisfacción del usuario por cada centro y por cada servicio. Que el ciudadano pueda comparar antes de elegir es tan importante como que pueda elegir. La transparencia es la condición de posibilidad de cualquier mercado de servicios que funcione bien, incluido el sanitario.

    Cuarto, el dinero sigue al paciente. Este es el principio más importante y, también, el más disruptivo. Cuando un asegurado de la CSS elige un prestador privado acreditado, una fracción de su cotización debe financiar esa atención. No como un subsidio discrecional, sino como un derecho derivado de su condición de cotizante. Este mecanismo introduce competencia real en el sistema, premia la calidad y elimina el absurdo de que el ciudadano pague dos veces: una con sus cotizaciones y otra de su bolsillo cuando la oferta pública no le satisface.


    La objeción que no se sostiene

    Los defensores del statu quo responderán, como siempre, que la libre elección beneficia a los más informados y perjudica a los más vulnerables. El argumento merece tomarse en serio, pero no resiste el análisis empírico ni el moral.

    Empíricamente, los datos de Madrid muestran que la libre elección no es un privilegio de élites: es un derecho que los ciudadanos valoran transversalmente y ejercen de forma creciente cuando se les informa y se les facilita el acceso. El problema no es la libre elección, sino la falta de información y de infraestructura para ejercerla. La solución, entonces, no es eliminar el derecho sino garantizar las condiciones para su ejercicio universal.

    Moralmente, el argumento paternalista es el que resulta más perjudicial para los más vulnerables. Decirle a un ciudadano de escasos recursos que no puede elegir su médico porque el Estado sabe mejor que él lo que necesita, es precisamente el tipo de condescendencia que perpetúa la desigualdad. La libre elección bien diseñada empodera especialmente a quienes hoy no tienen salida del sistema público, porque les da una herramienta de exigencia y de movilidad que antes no tenían.


    La salud como expresión de libertad

    La salud no es solo una necesidad biológica. Es el terreno donde se juega la autonomía real de las personas. Un sistema que impide elegir no protege la salud: administra la enfermedad con criterios ajenos al enfermo.

    Madrid ha demostrado que es posible construir un sistema público de salud donde el ciudadano es el protagonista de su propia atención, donde los centros compiten por servir mejor y donde la satisfacción del paciente es el indicador que orienta las decisiones institucionales. La nota de 7,7 sobre 10 que los madrileños otorgan a su modelo de libre elección no es un dato estadístico menor: es la expresión cuantificada de lo que significa que el Estado respete a sus ciudadanos.

    Panamá tiene todos los recursos intelectuales, institucionales y sociales para recorrer ese camino. Lo que le falta es la voluntad política de poner al paciente, y no a la burocracia, en el centro del sistema.

    El derecho a elegir médico no es un capricho liberal. Es el mínimo de dignidad que un Estado moderno le debe a sus ciudadanos.


  • Bitcoin a 50.000 dólares: ¿análisis técnico o profecía interesada?

    Bitcoin a 50.000 dólares: ¿análisis técnico o profecía interesada?

    Un artículo de Cointelegraph plantea una hipótesis inquietante: si bitcoin no logra recuperar la zona de los 84.000 dólares y, en particular, su media móvil de 200 días, podría reabrirse el camino hacia los 50.000 dólares. La tesis es técnicamente defendible: en ciclos bajistas anteriores, perder y luego fallar en recuperar esa media funcionó como confirmación de debilidad estructural. Hoy BTC ronda los 81.000 dólares, por debajo de esa zona crítica.

    Pero conviene no confundir un nivel técnico con una sentencia. El análisis citado por Cointelegraph depende de una analogía con 2022: entonces, bitcoin no pudo recuperar la media de 200 días y terminó marcando nuevos mínimos. El problema es que el mercado de 2026 no es exactamente el de 2022. Hoy hay ETFs, mayor participación institucional, mesas reguladas, derivados más profundos y empresas que acumulan bitcoin como activo de tesorería. Eso no elimina el riesgo bajista; lo transforma.

    De hecho, abril de 2026 cerró con una subida superior al 12%, el mejor mes de bitcoin en un año, apoyado por una mejora en los flujos hacia ETFs tras varios meses de salidas. Cinco Días informó entradas netas cercanas a 2.500 millones de dólares en abril, aunque también señaló que bitcoin seguía bastante por debajo de su máximo de octubre.

    La lectura bajista, entonces, tiene sentido si se mira solo el gráfico: 84.000 dólares es una frontera psicológica y técnica. Barron’s también ubicó la resistencia en la zona de 81.000-83.000 dólares, con la media de 200 días cerca de 83.863, como umbral para mejorar la perspectiva de medio plazo.

    Sin embargo, el mercado no se mueve únicamente por medias móviles. Reuters reportó que Strategy, la firma asociada a Michael Saylor, sufrió una fuerte pérdida trimestral por la caída de bitcoin, en un contexto de cautela por valoraciones de IA, política monetaria incierta de la Fed y tensiones geopolíticas. Pero el mismo reporte también subrayó que grandes instituciones financieras siguen expandiéndose hacia ETFs y servicios vinculados a bitcoin.

    Ahí está la contradicción central: el gráfico dice “cuidado”; la estructura de mercado dice “esto ya no es solo un casino minorista”. Bitcoin puede caer a 50.000 dólares, claro. Sería una corrección dura, pero no absurda. Lo discutible es presentarlo como destino casi inevitable si falla una sola resistencia.

    En nuestra opinión, el artículo acierta al señalar que 84.000 dólares es una zona decisiva, pero exagera el dramatismo al convertirla en un plebiscito entre bull market y colapso. Bitcoin está en una fase de prueba, no necesariamente de capitulación. Si rompe y sostiene 84.000, el relato bajista pierde fuerza. Si falla y además pierde la zona de 76.000-78.000, entonces sí: los 60.000 primero y los 50.000 después vuelven al tablero.

    Pero hay algo más que suele quedar fuera de estos análisis: bitcoin no nació como un activo para ser evaluado por mesas de riesgo ni como un instrumento para maximizar retornos en carteras institucionales. Fue concebido como una moneda nativa de internet, resistente a la censura, ajena a la discrecionalidad de bancos centrales y gobiernos. No como una promesa de enriquecimiento, sino como una herramienta de autonomía.

    Por eso, más allá de si toca los 84.000 o vuelve a los 50.000, hay una dimensión que no aparece en los gráficos: su capacidad de funcionar fuera del sistema. Los analistas pueden debatir soportes y resistencias; los fondos, ajustar exposición; los reguladores, intentar encuadrarlo. Pero mientras exista como red abierta, utilizable sin permiso, bitcoin seguirá representando algo más incómodo que una simple inversión.

    Quizás la conclusión más honesta no sea elegir entre alcistas y bajistas, sino recordar que el precio es solo una capa de la historia. Porque, incluso en medio de la volatilidad, la idea original —una forma de dinero que no depende de nadie— sigue ahí. Y para muchos de nosotros, eso sigue siendo razón suficiente no solo para observarlo, sino para usarlo.