El nuevo estudio ‘Tecnología para la integridad en tiempos de COVID-19’ del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), recomienda a los gobiernos latinoamericanos el uso de datos y nuevas tecnologías para garantizar la integridad de las compras públicas y evitar casos de corrupción durante la mitigación de la pandemia del COVID-19.
La rápida propagación del coronavirus ha obligado a los gobiernos a realizar compras públicas urgentes de bienes y servicios como camas, medicinas y material médico. En estos procesos, la existencia de casos corrupción limitarían la efectividad e implicarían sobrecostos innecesarios que reducirían la cobertura sanitaria a miles de personas.
La INTERPOL ya advirtió sobre mecanismos de fraude telefónico y electrónico para extraer pagos de ciudadanos alarmados por adquirir medicinas u otros insumos para prevenir el contagio. El robo de suministros disponibles, aumento de precios y reventa en los mercados negros son oportunidades que aprovechan las redes de crimen organizado, así como el aumento de productos de mala calidad y/o falsificados que ingresan al mercado.
A partir del examen de evidencia seleccionada, este documento ilustra cómo los datos y las nuevas tecnologías habilitan controles y mecanismos de transparencia en las compras públicas para la atención de emergencias, gracias a la digitalización de procesos que maximizan la exposición de las actuaciones de gobiernos y permiten rastrear el uso de los recursos en tiempo real.
El análisis plantea 3 ámbitos en que el abastecimiento de bienes y servicios puede proteger contra la corrupción durante la crisis sanitaria:
- Rendición de cuentas orientada a resultados. Garantizando el destino específico de los recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en materia de contención del brote del COVID-19, es el primer paso. Existen software de código abierto como OpenRBF que administra el financiamiento basado en resultados y desempeño en los sectores de salud, educación y gobierno. OpenRBF se introdujo por primera vez en 2014, aplicado a programas de educación y prevención del VIH en Burundi. Este modelo fue adoptado por Salud Mesoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al combinar aplicativos de georreferenciación sobre el progreso de la pandemia (como los desarrollados por Singapur, Nueva Zelanda y España) con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF se lograría una superposición permanente entre los mapas de abastecimiento para la atención de la pandemia y los resultados para frenarla.
- Publicidad de la contratación directa de emergencia. En general, la publicidad en la contratación no solo permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Una solución tecnológica para estos casos ya fue desarrollada por los Estados Unidos; se trata de un sistema automático de alertas de contratos con el gobierno. Ucrania también obliga a que todos los contratos de emergencia se publiquen en su totalidad, incluidas las condiciones de pago, entrega y valor, en datos abiertos. La sociedad civil ha desarrollado la herramienta DoZorro para monitorear las adquisiciones médicas y los gastos de emergencia. Esto propicia un ambiente de control desde el sector privado y desde la sociedad civil, para que la declaratoria de emergencia no resulte en manipulación indebida de precios o de condiciones de suministro.
- Digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos. Un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el Acuerdo Marco de Precios (AMP). El AMP es un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, el cual detalla el bien o servicio, el precio máximo de adquisición, garantías mínimas y plazo mínimo de entrega. Los proveedores son seleccionados en un mecanismo licitatorio. Una vez allí, ellos reciben las necesidades de abastecimiento y harán sus ofertas, de modo que el comprador elige la que mejor se ajuste a su requerimiento. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) está liderando innovaciones digitales para los AMP, respondiendo así a regulaciones extraordinarias para contratar en Colombia debido a la emergencia que representa el COVID-19. La Dirección de Compra y Contratación Pública de Chile (ChileCompra) por su parte, ha ido más allá y en datos abiertos haciendo posible para los usuarios determinar la trazabilidad de los AMP para la atención de la emergencia del COVID-19.
El poder de disuasión de los gobiernos, en la era de los datos, no está en su capacidad de sancionar, sino en su potencial para anticiparse y prevenir la corrupción. Nuevos desarrollos en las tecnologías de información y comunicaciones, acompañados de una política de datos abiertos, podrían no solo cambiar el frente de batalla de lucha contra el coronavirus, sino que, bien aplicado y apoyado por los gobiernos y organismos internacionales, dejaría la puerta abierta a una mejora en los próximos años de la adopción de políticas de integridad al incorporar estas herramientas digitales como elemento esencial de una gestión racional e informada de la crisis.
