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Etiqueta: funcionarios

  • Aguinaldos públicos: la fiesta inmoral del privilegio

    La reciente revelación de que diversas entidades del Estado panameño destinarán más de 70 millones de dólares en 2025 y 67 millones en 2026 a gratificaciones y aguinaldos debería encender una alarma no solo económica, sino fundamentalmente moral. Desde una perspectiva republicana responsable, lo preocupante no es solo la cifra , ya de por sí escandalosa en un contexto de crisis fiscal y carencias sociales, sino la filosofía que subyace a este tipo de prácticas: la idea de que el dinero de los demás puede usarse como si fuese propio, para premiar lealtades, alimentar clientelas y perpetuar privilegios.

    Incluso si existiera algo parecido a una verdadera meritocracia en la administración pública (lo que en la práctica está muy lejos de ocurrir, pues las vacantes suelen llenarse por simpatías políticas más que por concurso de oposición y antecedentes), el otorgamiento de bonos y aguinaldos extraordinarios con recursos públicos es profundamente inmoral. El dinero estatal no es un fondo privado de gratificaciones, ni una caja de celebración para premiar al funcionario más sumiso al jerarca de turno. Es, en rigor, el fruto del esfuerzo de millones de ciudadanos que trabajan y producen, y a quienes el Estado extrae coercitivamente parte de su ingreso mediante impuestos.

    La administración del dinero de otros sólo puede justificarse en nombre de economías de escala y coordinación, para proveer bienes que, de otra forma, serían más costosos o ineficientes de gestionar individualmente. Es decir: seguridad, justicia, salud y educación básica. Servicios esenciales cuya provisión colectiva tiene una justificación pragmática y, también humanitaria. Más allá de ese marco, todo uso de los fondos públicos es un acto de expoliación.

    Por eso, cuando se destinan decenas de millones a aguinaldos y bonos para funcionarios, muchos de los cuales ya disfrutan de estabilidad laboral, privilegios sindicales y escalas salariales difíciles de encontrar en el sector privado, lo que se consuma es un acto de despilfarro inmoral. Se premia no al mérito, sino a la cercanía política; no al esfuerzo, sino al servilismo. Y peor aún: se financia ese derroche con los recursos que podrían aliviar problemas urgentes y reales, como el acceso al agua potable, la infraestructura de salud colapsada o la crisis educativa.

    No se puede juzgar estas cifras con criterios de legalidad formal, porque la ley puede ser tan solo el instrumento de un sistema de privilegios. Lo que está en juego es un principio ético: nadie tiene derecho a disponer del fruto del trabajo ajeno salvo para lo estrictamente necesario en términos de convivencia y protección mutua. Cuando se usan millones de dólares para “coronar” al mejor burócrata complaciente, lo que ocurre es un doble atropello: se roba al ciudadano y se degrada la noción misma de servicio público, transformándola en botín partidista.

    No hay que perder de vista lo más importante: lo que para un funcionario es un “bono de gratificación”, para un ciudadano es el sacrificio de horas de trabajo, de emprendimientos postergados, de inversión no realizada. Cuando el Estado se convierte en una fiesta de aguinaldos, deja de cumplir su función más básica y se convierte en un festival de saqueo institucionalizado.

    La ética liberal nos recuerda que administrar el dinero de los demás es siempre un acto de extrema responsabilidad. No se trata de hacer fiestas con recursos públicos, sino de garantizar que lo que se toma al ciudadano retorne en forma de bienes esenciales que aseguren la vida en sociedad. Todo lo demás es abuso, y el abuso no se justifica ni con leyes ni con lindos discursos.

  • Los mercaderes de escándalo

    Mateo 18:7 – ¡Ay a la persona por intermedio o acción de la cual deviene el escándalo! Si por la vía de la mano, o del pie escandaliza, mejor es cortarlo y desecharlo. Dicho en idioma más común hoy día: Quien, en puestos gubernamentales de jurisdicción y mando que por sus actos u omisiones, produce escándalo justo sería que fuesen defenestrados.

    Para entender la sentencia bíblica señalada primero debemos conocer el vocablo “escándalo”, el cual hoy día ha perdido su sentido original y brutal. El origen o etimología viene del latín scandälum, que originalmente era el escollo o piedra marítima de poca profundidad con la cual encallaban las embarcaciones y naufragaban. El término luego fue tomado para referirse metafóricamente como toda cosa, acto o conducta que hace caer en el mal a otros; es el dar mal o pervertido ejemplo.

    A dónde voy con este escrito es a denunciar el escándalo horroroso y latente que está omnipresente en nuestra gobernanza parasitaria que yo he apodado el “regalierno”. Pero el asunto no se limita al saqueo de la cosa pública sino al desgobierno; ese que tuerce la realidad convirtiéndose en el escándalo o escollo que conduce a la población al zozobro moral y socioeconómico.

    Hablo de una variedad de actuaciones inmorales que involucran el dar ventajas especiales a personas, empresas y otras organizaciones, tal como las sindicales que trastocan por completo la función de los gobiernos del estado. Ello no es cosa nueva, pero lo que sí es nuevo está en la conjunción del momento histórico de la singularidad que se produce en un mundo que ha llegado a su punto de inflexión; es decir, de cambios tan acelerados y dramáticos que cambiarán por completo el mundo tal y como lo hemos conocido.

    La acción escandalosa, esa que corrompe al pueblo, es muy variada en sus razones que en algunos casos son meramente un comportamiento de ineptitud; pero, en otros casos se trata de malevolencia que llega a lo diabólico. Tal sería el haber afectado el pensamiento de la población a tal grado y en tal desviación que una mayoría entrega a los gobernantes funciones que no son propias a las del gobierno sino de la comunidad; tal sería los servicios de transporte, agua, electricidad, salud, educación y tantos otros.

    En tal grado de tergiversación de la realidad los mercaderes del escándalo, vale decir, los prostituidos gobernantes y sus huestes de funcionarios parásitos, se vuelven diccionarios de la Babel, torciendo las palabras, frases e ideas hacia el mal y lo absurdo. Así, vemos desde la misma Constitución el uso de frases como: el “interés social, justicia social, deberes sociales, leyes sociales, defensa social, seguridad social, previsión social, mejoramiento social, etc. El término “social” aparece en más de 60 frases de la Constitución; pero en ningún momento lo llegan a definir, dejando dicha definición al arbitrio de los escandalosos de turno.

    Consabido es o debe ser que la mayor función constitucional del Estado es limitar el poder gubernamental; el cual, por su misma naturaleza tiende a corromperse en proporción al tamaño del gobierno. Típicamente, a medida que los gobiernos crecen más allá de sus legítimas funciones, el escándalo se vuelve la norma; tornándose en el instrumento que todos quieren aprovechar para sus fines personales.

    Hoy son tantas las piedras de escándalo, tal como la palabra “público”, usada para justificar prácticamente lo que sea; tal como lo absurdo de llamar “educación pública” al monopolio de adoctrinamiento estatal que poco o nada educa.

    La única función propia del estado es la defensa de los derechos de la persona.

  • Como ordeñar a los ciudadanos y lograr el nacimiento del estado profundo panameño.

    En 1937, Franklin Delano Roosevelt (FDR), el autor del New Deal, el que importó la socialdemocracia a los Estados Unidos, el ídolo de los social liberales y sindicalistas de los Estados Unidos, santo del Partido Demócrata de los USA, en un discurso público dijo:

    “Una meticulosa atención se debe dar a la relación especial de los servidores públicos con los ciudadanos y el gobierno. Todos los empleados del gobierno deben darse cuenta que el proceso de negociación colectiva, como está entendido comúnmente, no puede ser transplantado al sector público. Este tiene limitaciones distintivas e irremontables.”

    Para Roosevelt, “La propia naturaleza del gobierno hace imposible que los funcionarios puedan controlar a su empleador, porque ese empleador es el pueblo mismo que habla por medio de la leyes aprobadas por sus representantes electos.”

    Roosevelt se opone a las tácticas militantes tipo sindicato en el sector público.

    “Particularmente, quiero enfatizar mi convicción de que las tácticas militantes no tienen lugar en las funciones de cualquier organización de servidores públicos. Sobre los funcionarios del servicio federal descansa la obligación de servir a todo el pueblo. Esta obligación es fundamental. Una huelga de empleados públicos manifiesta un intento de impedir u obstruir las funciones del gobierno. Estas acciones, para paralizar la función pública del gobierno son impensables e intolerables.”

    En pocas palabras, para Roosevelt, los servidores públicos, tienen un empleador, y ese no es el gobierno sino los ciudadanos. Por lo tanto un sindicato de servidores públicos sería un sindicato contra los propios ciudadanos. Esto tiene consecuencias económicas serias y por eso los sindicalistas de la época no lo apoyaban ya que comprendían las consecuencias. En la empresa privada, los sindicatos como un instrumento de negociación colectiva de los trabajadores con la patronal, les permite a los trabajadores vender su fuerza de trabajo más cara y en mejores condiciones, permitiéndoles a éstos gozar de una proporción más elevada de las ganancias de la empresa. Como el trabajador ayuda a la empresa a generar ganancias, tiene el derecho a negociar una proporción de estas ganancias. No es lo mismo en los empleos públicos.

    Los empleos públicos no generan ganancias, puede que sean empleos necesarios para la sociedad pero no generan ingresos, son gastos. Estos gastos salen de los fondos que recauda el estado de los sectores productivos. Ya sea de manera directa mediante impuestos o de manera indirecta mediante deuda pública o inflación monetaria. Los funcionarios reciben sus pagos gracias a la recaudación que hace el Estado de los dineros de los impuestos de todos. Cuando los empleados públicos negocian por más dinero, negocian por más dinero de los impuestos de todos. Cuando los empleados hacen huelgas, hacen huelga contra los ciudadanos que pagan sus salarios. Esto significa para los ciudadanos productivos mayores impuestos o mayor inflación. Y un deterioro de la función pública además, ya que el estado va a tener que hacer menos inversiones y gastos sociales y gastar más en salarios y pensiones para los funcionarios.

    Pero aún más, para Roosevelt la sindicalización pública significaba un deterioro de la democracia.
    FDR decía que la sindicalización de los empleados estatales haría imposible tener cualquier tipo de políticas públicas democráticas. Los votantes ya no tendrían la última palabra en las políticas públicas, sino que los políticos elegidos democráticamente tendrían que negociar con los sindicatos de funcionarios la ejecución de una política pública y la asignación de recursos presupuestarios con los sindicatos de empleados estatales. Esto era contrario a la democracia y los sindicatos de su época apoyaban a Roosevelt en su posición.

    Uno de los riesgos de tener burocracias estables, independientes de la política partidista y militantemente organizada, es la posibilidad de tener un “estado profundo”, una burocracia que vele militantemente por sus propios intereses a expensas de los políticos electos y de los intereses de los ciudadanos. Las instituciones diplomáticas, militares, de seguridad son notorias por formar organizaciones tipo estado profundo. En Panamá los gremios de maestros y médicos estatales son notorios por sus políticas de estado profundo a expensas del interés público. También el sistema judicial. Y parece que la cosa va empeorar con este gobierno.

    Para empezar, el fallo del 27 de noviembre del 2014 reconoce el derecho a sindicalización y convenciones colectivas de los trabajadores estatales. Panama además ha cometido falta de visión al firmar los convenios 87 y 98 de la OIT que parecen reconocer el derecho a la sindicalización de los empleados estatales y éstos forman parte del Bloque de la constitucionalidad. En otras palabras, el derecho de empleados no productivos a asociarse contra los ciudadanos a los que deben servir tiene rango constitucional en nuestro país. El gobierno actual, empeñado consciente o inconscientemente a dejarle a los panameños del futuro la mayor cantidad de bombas de tiempo posibles, no tiene otra alternativa que aceptar y regular la política presentando un proyecto de ley para regular el derecho de huelga, la asociación sindical, el derecho a negociación colectiva de los empleados parasitarios del sector público, uno de los sectores públicos más grande per cápita de la región y que ya consume en salarios mucho más de lo que gasta en inversiones, tanto así que el aumento de la deuda pública en los últimos años, ya no se va en deuda para inversiones sino en gastos operativos corrientes.

    Si la profecía de Roosevelt sobre los sindicatos de empleados públicos se cumple, el presupuesto del país se va a hacer inmanejable. Los ejemplos de los varios estados de los Estados Unidos, del Sur de Europa y de Suramérica demuestran que un sector de funcionarios bien organizados puede literalmente hacer sangrar hasta la muerte a las sociedades a las cuales gobierna; y llevarlas a la quiebra, al tomarse de rehén el estado y literalmente comerse el presupuesto presente y futuro en salarios y pensiones.

    Y además, los funcionarios se escapan del control de los propios ciudadanos a los que por naturaleza deben servir. Ya hemos visto cómo los gremios de maestros han impedido cualquier modernización del sistema educativo panameño. Ya hemos visto cómo los gremios de médicos han logrado impedir aumentar la oferta de servicios médicos amenazando con irse a la huelga cuando el gobierno ha querido contratar médicos extranjeros para servir en áreas donde nadie quiere trabajar. Ahora cualquier esfuerzo para reformar la ineficiente, cara e hipertrofiada burocracia panameña va a ser mucho más difícil.

    No es posible que los gobernantes actuales quieran esto para Panamá.