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  • Las 10 Ciudades más Amigables con la Economía Colaborativa en LatAm

    La Red Latinoamericana Somos Innovación, RELIAL y el Consumer Choice Center han revelado el “Índice de Economía Colaborativa LatAm 2021”. El índice destaca y clasifica a las ciudades más dinámicas de América Latina por su amabilidad con la economía colaborativa. Su principal objetivo es informar a los ciudadanos sobre qué ciudad está haciendo el mejor trabajo proporcionando la mayor variedad de servicios de la economía colaborativa al tiempo que garantiza un fácil acceso.

    Los servicios de economía compartida han florecido en algunas de las ciudades más dinámicas de América Latina, muchas de las cuales han optado por la innovación y la elección del consumidor en lugar del paternalismo favorecido por sus homólogos europeos. La ineficacia del transporte público y la incapacidad inherente del gobierno para predecir cómo evolucionará la innovación, junto con los altos niveles de corrupción y los bajos salarios, son algunas de las razones por las que la economía colaborativa ha logrado avanzar y ofrecer estos servicios a los consumidores.

    Para la mayoría de los países, el ranking incluye la capital y una segunda ciudad más grande. Sin embargo, debido a las particularidades del desarrollo económico y los sistemas políticos de Argentina, México, Brasil y Costa Rica, también incluyen más ciudades.

    Las 10 primeras ciudades según el índice son Río de Janeiro (Brasil), Bogotá (Colombia), Alajuela (Costa Rica), São Paulo (Brasil), San José (Costa Rica), Puebla de Zaragoza (México), Santiago (Chile), Ciudad de México (México), Lima (Perú), Monterrey (México) y Buenos Aires (Argentina).

    Estas 10 ciudades ocupan un lugar destacado en el uso compartido de vehículos y pisos, lo cual es una gran noticia para los consumidores de América Latina y de otros países. Sin embargo, en algunas de esas ciudades, los scooters eléctricos no están permitidos y no hay aplicaciones profesionales de car sharing disponibles. Está claro que la economía compartida está en auge en América Latina y debemos esperar ver un mayor desarrollo en los próximos años.

    Río de Janeiro (Brasil) lidera la lista de las ciudades de América Latina más favorables a la economía colaborativa. La ciudad ha demostrado una extraordinaria apertura a todos los servicios de economía entre iguales examinados. A diferencia de algunos de sus vecinos latinoamericanos, São Paulo no impone impuestos sobre el alojamiento en línea ni exige un sistema de permisos para quienes deseen alquilar en plataformas de alquiler de pisos, como Airbnb.

    Los beneficios económicos que ha aportado la economía colaborativa en Brasil, y en particular en Río, han sido sorprendentes. En 2015, por ejemplo, los ingresos de los anfitriones y el gasto de los huéspedes en Río generaron una actividad económica de 160 millones de dólares, lo que ayudó a levantar comunidades que aún no habían tenido un gran crecimiento económico.

    El flatsharing también ha revolucionado el mercado de la vivienda compartida en México. Tres ciudades mexicanas -la Ciudad de México, Puebla de Zaragoza y Monterrey- encabezaron la lista del Índice de Economía Compartida del CCC de este año. Entre 2015 y 2018, el número de huéspedes de Airbnb en México que viajan dentro del país pasó del 24% al 61%.

    Sin embargo, en Puerto Limón (Costa Rica), Salto (Uruguay) y San Miguelito (Panamá), que se encuentran entre las ciudades menos favorables a la economía colaborativa de América Latina, los servicios de transporte compartido y las motos eléctricas no están disponibles. Asimismo, en cuatro de las cinco peores ciudades, las aplicaciones para compartir gimnasio no están disponibles.

    Ranking completo

    economia colaborativa

    Según Federico Fernández, Director Ejecutivo de Somos Innovación, «el Índice de Economía Colaborativa 2021 para las ciudades latinoamericanas es una herramienta clave a la hora de señalar nichos de oportunidad perdidos para la innovación a nivel urbano de los que nuestras sociedades pueden beneficiarse. El delivery, el carsharing, el hailing, los apartamentos, los gimnasios y los nuevos servicios de micromovilidad pueden ayudarnos a todos a dar más y mejores soluciones a viejas necesidades de maneras nuevas y más eficientes».

    Para Irene Giménez, de Goethals Consulting Corp., «en Panamá, apenas había iniciado el servicio, se permitió el funcionamiento de Uber durante un determinado período de tiempo sin presiones; lo mismo sucedió con Airbnb y el resto de aplicaciones surgidas a la sombra de la sharing o gig-economy; a medida que las aplicaciones comenzaron a plantear fuerte competencia con los sectores tradicionales, no tardaron en comenzar las presiones regulatorias.

    Podemos observar que el factor común se concentra en las denuncias de evasión fiscal por parte de los sectores tradicionales de transporte. Por este motivo, el Estado mantiene las regulaciones sobre este mercado, favoreciendo particularmente a los taxis en detrimento de las otras opciones que demandan los ciudadanos. Aún así, Panamá aparece en el puesto 15 de 44 ciudades latinoamericanas, lo cual indica que de habernos mantenido bajo las regulaciones livianas iniciales, posiblemente estaríamos dentro de los primeros lugares atractivos para la innovación que requieren los ciudadanos.

    Las regulaciones ad hoc llevadas a cabo por el gobierno para atender la situación de Uber no generaron una mejora en el servicio, ya que están basadas en atender cuestiones de cumplimiento estatal. Por el contrario, la evidencia indica que estas medidas son deficientes y perjudicaron el normal funcionamiento del servicio y, en el peor de los escenarios, han expulsado a otras empresas del país, limitando así la sana competencia.

    La intervención del Estado orientada hacia la protección del sector tradicional que no ha innovado, sólo generan descontento ciudadano y posiblemente una caída en índices donde Panamá solía brillar por su  apertura y modernización. Esto induce a pensar en una necesidad de actualizar los marcos regulatorios, desregulando para seguir atrayendo más y más empresas de la gig economy.

    En los tiempos actuales los esquemas regulatorios deberían ser orientados a fortalecer estos servicios virtuales. En las ciudades que figuran en la cúspide del ranking, se permitió entrar a estas aplicaciones al mercado mediante un marco institucional favorable. El resultado es que el consumidor puede elegir libremente entre múltiples oferentes, promoviendo su competencia y el perfeccionamiento de estos a través del sistema de calificaciones. De esta manera, no existiría la necesidad de regular este mercado, ya que este se autorregularía libremente teniendo como juez soberano al consumidor.»

    Por su parte, Maria Chaplia, directora de investigación del Consumer Choice Center, explica que «la clasificación demuestra la disponibilidad de los servicios de la economía colaborativa junto con la facilidad de acceso a los usuarios. Las ciudades que obtienen la puntuación más baja han optado por una regulación excesiva en detrimento del interés de los consumidores, limitando así de forma significativa sus opciones de consumo».

    En general, se puede concluir de este estudio que, aunque hay margen de mejora, la economía colaborativa está floreciendo en América Latina. Las plataformas han demostrado una gran flexibilidad y voluntad de adaptarse a las particularidades sobre el terreno para ofrecer a los consumidores latinoamericanos más opciones.

    «En lugar de elegir a los perdedores y a los ganadores del mercado, los gobiernos deberían crear y mantener las condiciones para que tanto los servicios tradicionales como las empresas de las plataformas puedan competir en igualdad de condiciones. Debe ser el consumidor quien decida qué servicio utilizar.» concluye el estudio.

    Para conocer más acerca del “Índice de Economía Colaborativa LatAm 2021”, visiten www.somosinnovacion.lat

    Acerca de Somos Innovación

    ​​Somos Innovación es la alianza latinoamericana dedicada a lograr la implementación de soluciones innovadoras en cada uno de nuestros países, desde México hasta Argentina y Chile. Somos la voz de la sociedad civil pujante que quiere progresar a través de la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y la creatividad humana.

    La Red SI está compuesta por más de 30 organizaciones, fundaciones y tanques de pensamiento latinoamericanos. Nos une el convencimiento de que a través de soluciones innovadoras es cómo las personas se involucran en la resolución de problemas.

    Sitio web: https://www.somosinnovacion.lat

    Acerca de Goethals Consulting Corp. (GCCViews)

    Goethals Consulting Corp. es la empresa consultora de Panamá con más años de experiencia en el campo de soluciones innovadoras para empresas y gobiernos.

    Desde hace 17 años estamos brindando un servicio responsable y de excelencia a la hora de aplicar  tecnologías disruptivas tanto en el sector público como en el privado.

    Desde la plataforma de PanamaCompra, al diseño de complejos algoritmos  para la implementación del Sistema de Gestión de Centros de Justicia Integrados de El Salvador, pasando por el diseño y construcción de aplicaciones innovadoras para diversos sectores, hasta lo más reciente como Blockchain, seguimos avanzando y acompañando las nuevas tecnologías en su natural evolución.

  • Ley rider: intervencionismo en el mercado del servicio de delivery en España

    El Real Decreto Ley 9/2021, o ‘Ley Rider’, del 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, entra en vigor este 12 de agosto en España. Con esta normativa, el sector público impone a las empresas de reparto (principalmente, de comida a domicilio) una relación laboral contractual con sus repartidores, conocidos como riders, al repartir la mayoría en bicicleta.

    “Esta ley protege a los más vulnerables porque afecta a los jóvenes de nuestro país y por eso es tan importante lo que estamos haciendo”, dijo Yolanda Díaz Pérez, ministra de Trabajo. Según sus palabras, 16.794 personas han regularizado su situación laboral gracias al esfuerzo de los inspectores. Esto ha tenido un impacto económico de 29 millones de euros, afirmó.

    La nueva ley entró en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, las empresas tienen tres meses, hasta el 12 de agosto, para realizar los cambios necesarios en sus relaciones laborales con los repartidores de alimentos. Sin embargo, la nueva ley no afecta a los trabajadores de otras plataformas digitales, como las aplicaciones de transporte.

    Muchas empresas en España aprovechan lo que se conoce en los EE.UU. y UK como la “gig economy”, un término que hace referencia a los trabajadores autónomos que trabajan en trabajos temporales y flexibles, como repartir alimentos desde una variedad de empresas y establecimientos, a clientes. Pero en los últimos años, los trabajadores de este sector vienen exigiendo el reconocimiento como personal asalariado y solicitando los derechos correspondientes, como la baja por enfermedad y las vacaciones pagadas.

    Aun cuando es temprano para ver los resultados positivos que pretende la ley rider, la primer consecuencia negativa para los empleados ya se conoce: Empresas como la británica Deliveroo, a raíz de la inminente entrada en rigor de esta ley, ha decidido cerrar su actividad en España y pretende acometer un proceso de despido colectivo que afectará a un total de 3.871 personas, entre personal de oficina y repartidores.

    La empresa anunció este viernes su intención de salir del país en octubre, luego de abrir un “período de consultas” con sus trabajadores, a quienes horas después informó de la apertura del referido proceso directamente a principios de septiembre.

    En un comunicado, los responsables de Deliveroo en España han vinculado su retirada del mercado español con la competencia en el sector de la comida a domicilio, ya que “mantener una posición de mercado de primer nivel requeriría un nivel de inversión muy elevado con un retorno potencial altamente incierto».

    La ley rider también obliga a todas las empresas a informar a los pasajeros de reparto de alimentos sobre cómo los algoritmos y la inteligencia artificial afectan sus condiciones de trabajo, decisiones de contratación y despidos. “Ahora los algoritmos se van a poner al servicio de la mayoría de la sociedad”, dijo la ministra Díaz. «Todas las empresas comerciales de hoy utilizan la inteligencia artificial de una forma u otra y es clave para nosotros ser valientes y gobernar sin miedo la transición tecnológica».

    La ministra también anunció la creación de un comité de expertos que evaluará al gobierno y estudiará “el buen uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales”. Díaz explicó: “Necesitaremos conocimientos colectivos para que cuando alcancemos una posición más avanzada tengamos la aptitud con respecto a cómo abordamos el uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales”.

    La aprobación de la nueva ley provocó diversas respuestas de los sindicatos y asociaciones empresariales. Aunque la legislación está destinada a brindar más seguridad a los pasajeros que realizan entregas de alimentos, ha sido rechazada por el movimiento Delivery Workers United con el argumento de que provocará la pérdida de puestos de trabajo. Los manifestantes llevaron una pancarta con el mensaje: «Stop Rider law, soy un trabajador autónomo» frente al Congreso el pasado martes.

    Pepe Álvarez, secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), que participó en las negociaciones, celebró la medida este martes. “Esta es una ley que va a poner las cosas en orden”, dijo durante una entrevista televisiva al noticiero La hora de la 1, de la cadena estatal TVE.

    Carlos Gutiérrez, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que también participó en las negociaciones, aplaudió la ley, pero afirmó que debería haber ido más allá. “Esta es una ley que va en la dirección correcta porque fortalece la relación de trabajo entre los pasajeros y obliga a las empresas a ofrecer transparencia sobre las nuevas formas de administrar la fuerza laboral, como el uso de algoritmos”, dijo. Pero agregó: “El texto no es tan ambicioso como nos hubiera gustado. Creemos que podríamos haber ido más allá y regularizado las diferentes realidades laborales que se dan en estas plataformas digitales ”.

    La asociación líder de plataformas de entrega de alimentos APS, por su parte, que representa a Deliveroo, Stuart, Glovo y UberEats, declaró su oposición a la ley rider. En un comunicado de prensa emitido el martes, advirtió que el decreto “compromete el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB de España”. La asociación también criticó el hecho de que la ley se aprobó como un decreto real, lo que significa que no fue objeto de debate parlamentario, y sin consultar a «restaurantes, plataformas y, lo que es más sorprendente, a los propios trabajadores de la entrega«.

    La asociación también criticó la ley rider por obligar a las plataformas a hacer que sus algoritmos sean más transparentes . “Si bien España afirma ser una nación de nueva creación, esta es la primera ley en Europa que incluye la obligación de que las empresas tecnológicas revelen sus algoritmos”, agrega el comunicado de prensa.

    Como siempre sucede, las leyes se juzgan por sus intenciones, pero no por sus resultados. Deberá pasar un tiempo para evaluarlos, pero desde ya, Deliveroo cierra en España y nadie puede anticipar qué sucederá con la vida de esos riders que ahora se quedan sin trabajo.

  • Impuestos para las actividades online?

    Si algo caracteriza la actividad mercantil online o “economía gig”, es la prevalencia de contratación a corto plazo o informal, en oposición a la formal o del trabajo permanente. Y, en tal sentido, hoy me movió a atacar las teclas de mi ordenador un artículo publicada en nuestra revista online, GCC Views, intitulado, “La OCDE publica avances sobre la imposición tributaria a las actividades online”. Como diría Mafalda: “¡Ah la gran flauta!” Y es que el desespero de gobiernos por mantener a flote brutales burrocracias no tiene límites. Y, sin embargo, persiste ese mercado informal panameño que sobrepasa el 40% de la actividad económica; mientras que, en otros lares, tal como en Zimbawe, se estima que el 90% de la economía es informal.

    Pero más interesante aún es que la economía gig o del “camarón”, como dicen en Panamá, está migrando online; es decir, que el online se está convirtiendo en una vía de escape a la pobreza, al tiempo que gobiernos y partes del sector formal se sienten amenazados y buscan intervención. Es más, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales, OCDE y quien sabe quién más, los trabajos formales son incapaces de absorber los 122 millones de africanos que buscan salir de la pobreza.

    Pocos o nadie chistaría si la actividad gubernamental fuese ¡productiva! Pero por ahora no he encontrado a nadie que me diga que no se puede reducir el tamaño del gobierno, al menos, en un 50%. Yo propongo que puede ser en 80% o más. Y es que la dificultad de administrar con menos está en hacerlo mejor; y es allí donde duerme la langosta, en cuevas arrecifes sumergidas en oscuras profundidades.

    El artículo de GCC Views también informa que empresas como Booking.com, Etsy y Uber, apoyan la propuesta fisgona impositiva. ¿¡Cómo!? ¡Ho!, ya entiendo, es que una vez que un operador del mercado coloca su bandera en una porción del mismo, ya deja de luchar por la libertad de competencia y se vuelca a defender “su territorio” aprovechando ese clientelismo que fascina a demagogos. Es el caso no sólo de gobiernos sino de sindicatos y sindigarcas que defienden sus “conquistas”. Y, a todo ello, al rayo con los de más abajo.

    Pero lo que muchos no ven es que otro nombre para el “gig economy” es “capitalismo” o “libre mercado”. Y es que cuando Juancho Pueblo se baja de su auto Lyft, Uber o El Bote, luego de una carrera, lo hace cuando y porque le provoca. O está el caso del africano que se enteró del servicio de empatar a arrendadores con arrendatarios por medio de plataformas como Airbnb y se le ocurrió ofrecer su casa, mientras él se mudaba a una tolda; lo cual le resultó más que beneficioso.

    O está el caso de Jumia J-Force, en África, que le está llevando el comercio electrónico a quienes no tienen Internet. Esta empresa está presente en 16 países, permitiendo la entrega de más de 8 millones de paquetes al año; y logra en promedio unos 500 millones de clics al día. Pero… como toda esta economía naciente queda fuera del control y el intervencionismo, hay que atajarla.

    Podría escribir volúmenes más sobre esto, añadiendo cosas vitales, tal como en Panamá, en dónde la mayoría de las empresas han aprendido a usar la contabilidad como instrumento fiscal y no administrativo. Al parecer los impuestos son más importantes que la producción de riqueza. Luego no sabemos por qué tantas no subsisten.