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  • Instituciones y pragmatismo: atención al gato.

    Las discusiones que se están generando estos días «son pragmáticas» me dice un analista, casi despreciando en su respuesta al planteamiento de las ideas; es decir, se plantea lo que se quiere y se deciden herramientas para obtenerlo. El problema con ésto es que siguen sin atenderse a las instituciones violentadas que generan estos pésimos resultados que padece la población en su conjunto. Entre oligopolios, privilegios, precios, inflación, corrupción y educación pasan desapercibidos los diseños que han dado origen a tal situación. Y si no se presta atención a las causas generadoras de la enfermedad, mal diagnóstico y peores resultados. Como los que estamos viendo.

    El problema es de diseño institucional y ello requiere mucho más que una mesa: por empezar, una República descansa sobre tres poderes y ellos deben o deberían ser entre sí un freno y contrapeso, por lo que a malas leyes violentadoras de los principios fundamentales, el Poder Judicial debería declararlas inconstitucionales; lo mismo debería hacer la Asamblea frenando al Ejecutivo ante extralimitaciones del poder y el Ejecutivo debería poder administrar la cosa pública sin demasiada intervención en los asuntos privados, que para ello está la sociedad que produce.

    Entonces, qué hacer?

    Ante todo, discutir los problemas donde reside el poder, que hasta donde rige la Constitución hoy día, es la Asamblea. A quien legitime otra situación, sería bueno refrescar lo que hiciera Fujimori en Perú en 1992, cuando disolvió la Asamblea y dicha medida fue aplaudida por el 80 % de la población, respaldándose así en una suerte de «legitimidad social» que tanto gusta al populismo. Pregúntense cómo terminó Fujimori y cómo transcurren sus días hoy. El apoyo de las masas cambia tan rápidamente como sus pretensiones e intereses;  y justamente para ello están las instituciones y su importancia.

    Pero atención, cuando hablamos de instituciones no nos referimos a edificios de ladrillos u oficinas gubernamentales. Las instituciones son los mecanismos que limitan al poder: división de poderes, el «rule of law», independencia judicial, libertad de prensa que funcionando, se limitan a garantizar el ejercicio de los derechos individuales (vida, libertad, propiedad) y miden con la misma vara al conjunto de la sociedad. A ello nos referimos con la igualdad de todos ante la ley.

    Por lo tanto, si un grupo de personas decide e impone reglas que deberá afrontar un grupo de la población para satisfacer al grupo que decide en forma circunstancial, estamos de facto violentando las instituciones y ello nos convierte en un grupo tribal, una sociedad cerrada y oscura como denominaba Karl Popper a este tipo de sociedades cavernarias. La aspiración debe ser a una Sociedad Abierta, donde la libertad y la propiedad sean los rectores de una sociedad de individuos que en el mercado realizan permanentemente acuerdos libres y voluntarios entre sí.

    Cómo hacerlo?

    El primer paso es no sonreír y pensar que ésto es academia, que «esto es en los papeles, pero que la realidad es otra». Son las ideas las que mueven el mundo, son el faro que ilumina el camino. No hay caminos medios: o se está con la libertad o se está contra ella. Aún cuando pequeñas intervenciones aparentemente sin importancia se imponen, se deben desestimar. A nadie parecía importarle mucho el control de precios hasta que le tocó; a nadie parecía importarle mucho los subsidios hasta que le tocó pagarlos; a nadie parecía importarle mucho la educación estatal hasta que le tocó padecerla; a nadie le importó mucho que el gobierno cerrara toda acción humana, hasta que le tocó sufrir sus consecuencias; a nadie le importó mucho el sistema de gestión estatal de salud y pensiones hasta que lo sufrió y así podrían enumerarse casi todas las actividades que deberían manejarse en el ámbito privado y el gobierno lo hace público. Y la lista es enorme y continúa.

    Sin embargo, con todo a la vista, se siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez. Se debe terminar de una buena vez por todas con la idea del pragmatismo;  las políticas se deben decidir en razón de las ideas. Si no se tiene clara la Visión, nos puede pasar lo que a Alicia, la del país de las maravillas del famoso cuento de Lewis Carroll, cuando le pregunta al gato de Cheshire en un cierto punto qué camino debía tomar. Cheshire le contesta: “Eso depende mucho del lugar adonde quieras ir. Si no sabes adónde quieres ir, no importa qué camino sigas”.

  • La frontera entre el impuesto justo y el impuesto ladrón

    El recaudo fiscal exagerado convierte al estado en una entidad que en muchos sentidos es criminal. Y es que más allá del diezmo (10%) el gasto estatal no mejora la condición de su gente sino todo lo contrario. Bien se ha demostrado que al rebasar el recaudo justo para el encargo constitucional comienzan a pasar muchas cosas perversas, tales como: La economía se ralentiza y el ingreso personal y familiar disminuye, con todo y la supuesta transferencia de una vana asistencia social que alegan dar los politicastros. En síntesis, existe una correlación directamente inversa entre el tamaño del gobierno y la prosperidad; es decir, a más gobierno menos prosperidad.

    En el caso de Panamá, hace rato que padecemos de un maligno neoplasma gubernamental. Y peor cuando con vamos tomando conciencia de que llega el momento en que los aumentos impositivos para alimentar al megalodón estatal termina disminuyendo el recaudo fiscal junto con el bienestar social.

    Richar W. Rahn del instituto para el crecimiento económico global, nos alerta que el aumento de impuestos, tal como el de ganancias de capital, que dependen de una inclinación o disposición de vender bienes raíces o acciones, trastoca y perjudica al país. Si aumentas semejantes impuestos terminas cambiando ciertas actividades económicas y con ello otras que no advertimos y que son económicamente perjudiciales.

    En los EE.UU. bajo el presidente Reagan con impuestos personales al 28% se recaudaba mucho más que con el 70% del presidente Carter. Es análogo a las bombas de agua, que para que funcionen hace falta cebarlas.

    Cuando joven veía las cómicas del Pato Donald y de Rico Mc Pato, que se revolcaba en montañas de monedas de oro. Esas eran y son imágenes graciosas pero falaces, ya que ningún rico cuerdo guarda el dinero así; sino lo invierte y reinvierte, con lo cual va creando más y mejor economía para todos. Lo mismo no se puede decir del gobierno desmedido.

    En los EE.UU. muchos candidatos de izquierda quieren instituir un impuesto a la riqueza, pensando que con ello van a costear sus alucinantes planes de un bienestar utópico. El problema con ello es que la riqueza no es cosa fija sino muy variable y subjetiva; y quienes lo proponen han perdido contacto con la realidad, o peor.

    Creer que el emprendedor exitoso va a seguir invirtiendo y produciendo sólo para que lleguen los diputados a disque “redistribuirlo” es la madre de la ingenuidad. Y, nuevamente, ¿será tan difícil entender que el buen emprendedor es un recuso muy escaso que, como el buen corcel de carrera, corre mucho mejor cuando se le aflojan las riendas? Que el gobierno, por su parte, tiene el encargo de tirar de las riendas de los torcidos y no a los buenos corredores. Pero triste que ni jalar las riendas de los torcidos hacen bien. Y esto último es como los perversos retenes del tránsito que, son análogos a la captura de camarones con redes de arrastre: barren con el lecho marino, trastocando el balance biológico, para capturar unos cuantos camarones.

    En resumen, es triste tener que hablar de impuesto ladrón, porque se supone que el ideal es guardar respeto por la autoridad. Pero, tristemente, la autoridad se gana y luego se mantiene con buenos ejemplos y no con esa propaganda paga que dice cosas como: “Estamos trabajando para ustedes”. No parece.

  • El ocaso del estado de derecho

    La sabiduría política, esa que no guarda parentesco con la criolla infecciosa que padecemos, sólo se logra a través de una amarga experiencia de generaciones que pagaron caro el aprendizaje. Y el deterioro de dicha sabiduría comienza con el mal uso de los vocablos a través de los cuales buscamos transmitir ideas claras y concisas. Tal es el caso de la palabra libertad o de la frase ‘estado de derecho’. El ejemplo al cual suelo recurrir a cansancio es el de ese partido político estadounidense que se autodenomina “liberal”, a pesar de que en la práctica sus políticas están lejos de ser cónsonas con una auténtica libertad y así los pueblos van perdiendo el derrotero de la prosperidad social y económica.

    ¿Qué ocurre con la comunicación humana cuando cada quien inventa nuevas y vagas definiciones a los vocablos que permiten un mejor entendimiento entre humanos? Ocurren varias cosas, tales como el que, aunque nos hablamos no nos entendemos. Y en ello vemos que los términos ya no son herramientas del entendimiento, como cuando algunos dicen ser liberales sin serlo. O decir que el neoliberalismo es una tendencia de extrema derecha, cuando en realidad es una tendencia que se inclina a la izquierda.

    Por otro lado, quienes escribimos somos criticados por el uso términos muy “rebuscados” o tal. ¿Será que debemos limitar nuestro vocabulario en vano intento por rescatar a los que van abandonando su idioma?

    En todo caso, la idea que me ocupa hoy es la del significado de la frase “estado de derecho”; frase que originalmente usaban los ingleses para referirse a la libertad, y que hoy día ha ido perdiendo no sólo definición sino preponderancia.

    Hay quienes aducen que en los antiguos pueblos de Grecia o de Roma no había libertad. Sin embargo, el asunto no es tan simple y, en todo caso, el que muchos no entendieran y respetasen los derechos humanos de sus prójimos no significa la inexistencia de esos derechos. A través de toda la historia humana, si buscamos, podremos encontrar ese remanente que entendía y procuraba la libertad. Friedrich A. Hayek cuenta del término “isonomía”, perdido en desuso, que aparecía en 1598 en la obra de John Florio, “World of Wordes”, que significa “igualdad de leyes para toda clase de personas.” También se ha usado la frase, “el gobierno de la ley,” y “estado de derecho.” O, simplemente, las reglas del juego.

    Y si nos vamos a la Grecia antigua encontramos el término “demokratia” con el sentido de un ideal político inclusivo. Lastimosamente con el pasar del tiempo los politicastros fueron degenerando el concepto, tal como hemos visto hoy día en Venezuela, en dónde gran parte de la población no acoge el mandato de la ley, sino que idolatran a un caudillo redentor que nos rescata del sufrimiento. En Panamá lo vemos con tantos que dicen que tal o cual robó, pero le dio al pueblo.

    Sepamos entonces que desde el momento en que una nación no es gobernada por una ley justa, sino por un mandatario que dicta sus propios caprichos, allí no hay libertad, y tampoco democracia.

    Más aún, el estado de derecho puede ser determinado por el tamaño del gobierno; ya que cuando un gobierno excede el tamaño acorde con su encargo, se va transformando en una especie de camaleón que se viste del color de sus propios intereses y no los de su comunidad. En Panamá, por ejemplo, cuando se reparten jamones o hasta casas, el gobierno se convierte en un árbitro de ganadores y perdedores, lo cual dista rotundo de ser estado de derecho. Lo que corresponde al estado es tutelar los derechos humanos luego de lo cual la población deja de procurar su prosperidad por cuenta propia y se sienta a esperar que el gobierno y sus torcidos politicastros resuelvan aquello que son completamente incapaces de resolver, lo cual intentan mediante la confiscación a otros que sí producen.

    Un estado de derecho, nos dijo Hayek, es aquel en dónde las reglas del juego están dadas antes del comienzo del juego. Reglas que permiten a los jugadores conocer cómo los gobernantes electos usarán los poderes coercitivos que les han sido delegados.

    Un estado de derecho es análogo a límite de velocidad en las carreteras, que es para todos. Más aún, y, a fin de cuentas, el estado de derecho es el instrumento que constriñe o limita el poder del gobierno. Tal es el caso que exige autorización de juez cuando se montan retenes, dado que se está afectando una libertad humana fundamental, la de libre tránsito.

    Y no se trata sólo del tamaño del gobierno sino de su alcance; y en dicho sentido vuelve a tomar vigencia el tema de los retenes, que las autoridades pretenden justificar en virtud de una seguridad insegura. El retén mal usado sólo da apariencia y no sustancia. Y aún más allá, todo ese malandar es una pendiente resbalosa que nos conduce a la servidumbre.

    Y al hablar de alcance también deberíamos caer en cuenta de que a medida que inflamos la ley, la vamos viciando en ambigüedades; luego de lo cual la población no sólo deja de entenderla sino de atenderla. Por algo vemos que buena parte de nuestras leyes, comenzando con la constitución, son letra muerta.

    El otro aspecto de la gobernanza desmedida en tamaño y alcance, es el de sus costos impositivos, los cuales recaen en el mismo pueblo que pretende servir, aunque tío pueblo no lo perciba. La masa pueblerina ya sumida en una ausencia de derechos, simplemente supone que mediante mayores impuestos a los “ricos”, se pueden resolver sus carencias. Y pongo el término “ricos” entre comillas, para denotar que su mismo significado es vago; ya que deja una gran área de ambigüedad.

    Y, el impuesto justo es un impuesto justo; en dónde el segundo “justo” no es de justicia sino de tamaño; es decir, aquello que cabe. El impuesto justo es el mínimo cónsono con la tarea; ya que es más económico y no promueve la evasión. A fin de cuentas y, en resumen, los impuestos son excesivos cuando el gobierno mismo es excesivo. Y lo mismo aplica al alcance del gobierno. Y ni hablar de lo que ocurre cuando los gobernantes o sus acólitos se creen expendedores de dádivas. Deleznable pretender que se es solidario o caritativo al repartir aquello que no te pertenece.

  • Principales objeciones al proyecto de reformas constitucionales de La Concertación

    ¿Por qué no gusta el proyecto de reformas propuesto? Porque el tema es que mientras estamos ocupados tratando de solucionar dos problemas importantes a escala constitucional, la Concertación va mucho más allá;  y quiere colarnos asuntos de carácter programático en la Constitución que definen el papel y propósito del Estado mucho más allá del tema de los honorables diputados y magistrados. Las reformas constitucionales propuestas por la Concertación contienen cambios substanciales a la idea del Estado Panameño.

    Por ejemplo, se plantea cambiar el artículo 1 de la Constitución para definirlo como una nación pluricultural y étnica, organizada en un Estado Social de Derecho. Además propone un artículo nuevo, larguísimo artículo, donde establece que sus funciones son las de promover los derechos humanos, la participación en paridad, la convivencia y demás buenas intenciones, pero nunca en ningún momento declara que todo este respeto a los Derechos Humanos, la participación y la convivencia tiene como objeto asegurar la vida, la libertad, la prosperidad y la búsqueda de la felicidad de los asociados. Se pinta un mundo idílico como un propósito en sí mismo. Cuando la finalidad de todo esquema constitucional es asegurar el desarrollo de las personas individuales. La sociedad al final es un conjunto de individuos. No hay en los cambios programáticos ninguna mención a esto.

    Hay un dicho, que quien parte y reparte, se lleva la mejor parte. La Concertación propone un artículo nuevo, en el cual se convierte en sí misma en “la instancia nacional de participación ciudadana, en materia de diálogo social, construcción de consensos, consulta, verificación, recomendación y propuestas sobre la formulación y ejecución de las políticas públicas y compromisos de Estado.” Francamente esto es terrible. Básicamente un organismo se quiere abrogar y centralizar en sí, temas que son parte de la sociedad civil, los partidos políticos, los medios de comunicación y los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Esto es corporativismo. Y es inaceptable en un estado democrático moderno.

    Se propone también modificar el artículo 35 de la Constitución, eliminando las menciones a la moral cristiana y a la Iglesia Católica como la de la mayoría de los panameños. Estamos de acuerdo. Sin embargo no se menciona por ningún lado la idea de separación de la Iglesia y el Estado y la prohibición de una religión de Estado. Creo que tras la presidencia de Juan Carlos Varela, Panamá no puede esperar más. El documento de la Concertación se queda corto. Muy corto. Es un artículo que por ser de carácter normativo, puede ser modificado con urgencia.

    La Concertación para el Desarrollo de nuevo vuelve a proponer un artículo nuevo programático, o sea tipo carta al Niño Dios sobre el tema ecológico.  El problema es que si un grupo de presión logra colar en las reformas su tema mascota, otros grupos de presión van a buscar lo mismo. Esta es una de las razones por las cuales las reformas constitucionales, si quieren tener éxito, deben limitarse a temas normativos que afectan la arquitectura del Estado. Debemos dejar de tratar de decir en la Constitución que país queremos. Más bien debemos tratar de evitar tener un país que no queremos.

    De nuevo, en los derechos políticos establece que el art 137 debe mandar que las postulaciones para cargos de elección popular deban ser en paridad, solo para añadir en la propuesta de cambios al artículo 139 que no habrá discriminación por sexo, raza, religión o que tiendan a destruir la forma democrática de gobierno. Lo sentimos mucho;  la Concertación Nacional para el Desarrollo debe tener bien en claro algo: por el principio de no contradicción, es imposible que A sea B y no sea B. O hay paridad, o hay “no discriminación” y democracia. Pero no pueden coexistir ambas cosas. Porque para forzar la paridad, se tiene que discriminar por cuotas basadas en sexo o raza y se tiene que ignorar la voluntad de los votantes en los partidos que llevan a cabo elecciones primarias internas. No se puede establecer dos normas constitucionales dispuestas a contradecirse entre sí.

    El problema actual es el balance de los poderes del Estado y las reformas que la Concertación propone: normas programáticas idílicas. Queda por ver si lo que proponen para el tema que nos importa, es realmente efectivo, o no.

  • Saltó la Liebre

    Nuestra Canciller ahora opina que Panamá debe seguir los ejemplos de Colombia, Chile y Costa Rica que se han incorporado a la OCDE. Según la canciller, estar en la OCDE mejoraría nuestra institucionalidad, como sin duda ha mejorado la de México, miembro fundador de la OCDE.

    La OCDE aparentemente tiene estándares institucionales y mediciones muy robustos, y que esto le serviría a Panamá, que se está quedando atrás en institucionalidad, pero que a alguna gente no le va a gustar, dice la canciller.

    Y tiene razón, yo soy uno de aquellos a los que no les gusta esa idea. Y como buen lobo tengo mis motivos. La idea que la OCDE está dando prioridad en sus actuaciones internacionales a la “competencia fiscal perjudicial”, sobre temas como la educación, o la justicia y otros temas institucionales, deja en claro una cosa. La OCDE es más o menos lo mismo que la Unión Europea post Euro. Dicen las malas lenguas que la Unión Europea es un club alemán. O sea que el manejo de la política monetaria y fiscal de la Unión Europea tiene como objeto defender más que nada los intereses alemanes. El Euro evita que los estados usen la moneda propia con fines proteccionistas y hace barato comprar productos alemanes para quien tiene Euros. La política fiscal y regulatoria de la Unión Europea tiene como función principal defender el Estado del Bienestar Alemán asegurándose que no puedan surgir competidores de las industrias alemanas que sostienen el estado del bienestar con sus impuestos en otros países. La Unión Europea busca ahora estos start ups en el este o sur de Europa en la cuna.

    La OCDE actúa de manera similar, pero a nivel internacional. Mantiene la división del trabajo como está. Los países ricos acaparan las inversiones y los países pobres solo seguirán exportando materias primas. Cuando hablamos de competencia fiscal perjudicial, estamos hablando de evitar que los inversionistas de países desarrollados con impuestos altos no puedan escapar a países subdesarrollados con impuestos bajos. Al final, tras el discurso bonito y lindo de anticorrupción e institucionalidad, queda sólo esto. Sino pregúntenles a los mejicanos, fundadores de la OCDE, qué tan institucionales y libres de corrupción se encuentran. Pero que están cogidos por la burocracia, están.

    Otro argumento para que Panamá entre en la OCDE es que al final siempre nos aplican las regulaciones aunque no seamos miembros; por lo menos si estamos sentados a la mesa de la OCDE, podemos discutir las regulaciones antes que nos las apliquen, al estilo de la membresía del Reino Unido en la Unión Europea, según Yes Prime Minister. Que el Reino Unido se unió a la Unión Europea para luchar desde adentro contra ésta. Bueno, ya sabemos que al final no les funcionó y se han tenido que ir como sea de la misma. Panamá en la OCDE sería un disidente entre un mar de creyentes. Además, ser disidentes requeriría un gobierno de Panamá que tenga ideas claras sobre qué quiere hacer para el país y pueda disentir con las propuestas de los demás miembros de la OCDE de manera  firme y sustentada, algo que Panamá no ha hecho, por lo menos durante la actual Cancillería.

    Y no es la única manera de hacer sentir nuestra voz. Otro método es asociarse con los países no miembros de la OCDE a los cuales les han querido aplicar normas de la OCDE sin ser miembros. Y plantear una estrategia diplomática común que debe incluir usar los instrumentos de derecho internacional, sobre todo cuando buscan aplicarle a países miembros normas que los propios países miembros no se aplican a sí mismos en una jugada proteccionista. Eso es algo que el actual gobierno nunca quiso hacer. Bajarse los pantalones con la OCDE y, de ser posible, ser miembro putativo de la organización, parece que siempre fue la política no manifiesta del actual gobierno. Me alegro que al final lo digan.

    Y me alegro que ya no les quede tiempo para meternos en la OCDE.