El reciente voto del Parlamento Europeo para remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a poner de manifiesto una paradoja fundamental del comercio internacional contemporáneo: un tratado de libre comercio —forjado durante más de 25 años de negociaciones— queda paralizado por mecanismos jurídicos internos que lo convierten en un terreno minado de litigios y vetos políticos antes incluso de entrar en vigor.
Este acuerdo, que fue firmado el 17 de enero de 2026 y que aspira a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo —eliminando más del 90% de los aranceles entre la UE y los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)— debería representar un triunfo del comercio abierto. Sin embargo, la decisión del Parlamento Europeo de someter el tratado a una revisión judicial y de demorar su aprobación durante posiblemente hasta dos años, pone en evidencia cómo las instituciones públicas, en lugar de facilitar intercambios beneficiosos, se convierten en obstáculos proteccionistas disfrazados de rigor legal.
Desde una perspectiva liberal, este tipo de parálisis no solo es frustrante; es corrosivo para las propias bases del comercio internacional. El objetivo de un libre comercio genuino es permitir que individuos y empresas intercambien bienes y servicios voluntariamente, sin barreras artificiales que distorsionen precios, reduzcan eficiencia y limiten oportunidades económicas. Cuando el Estado —en este caso, a través de un órgano supranacional como el Parlamento Europeo— obliga a que un acuerdo comercial sea sometido a dilaciones jurídicas por cuestiones reglamentarias o de soberanía, está elevando las barreras estatales por encima de las decisiones de los actores económicos. El resultado inevitable es menor comercio, precios más altos y menor bienestar para consumidores y productores en ambas regiones.
Este fenómeno no es exclusivo de la UE. En un contexto global donde Estados Unidos ha reforzado políticas proteccionistas en los últimos años —con aranceles u otras medidas defensivas siempre bajo justificaciones de seguridad nacional o política interna— se multiplica la percepción de que las grandes potencias prefieren controlar el comercio internacional a través del Estado antes que liberarlo en favor de individuos y empresas. En ambos casos, el proteccionismo se oculta bajo la bandera de “defender mercados domésticos”, pero termina perjudicando precisamente a quienes se pretende defender: los consumidores que pagan precios inflados y los productores que ven limitada su capacidad de competir en mercados más amplios.
El debilitamiento o bloqueo de un acuerdo como el UE-Mercosur tiene consecuencias reales y tangibles: menor acceso a bienes más baratos, interrupciones en las cadenas de suministro, reducción de competitividad y una señal negativa para los países emergentes que buscan integrarse al mercado global. El bloqueo no solo retrasa beneficios económicos, sino que alimenta el ciclo de desconfianza entre bloques comerciales, empujando a gobiernos y legisladores a adoptar medidas aún más restrictivas para “proteger” sectores concretos. Así, por un laberinto judicial o un veto político, se sacrifican décadas de esfuerzos para conectar mercados.
La crítica liberal al proteccionismo europeo o estadounidense no es dogmática ni abstracta: se basa en la experiencia histórica de que las economías abiertas generan mayor prosperidad, innovación y dinamismo que las cerradas. Para que los acuerdos de libre comercio cumplan su cometido, no bastan negociaciones interminables; deben ser facilitados, protegidos y defendidos como expresiones de la libertad económica. Cuando, en cambio, se convierten en objeto de litis judiciales o escudos arancelarios, los beneficiarios últimos no son los ciudadanos, sino las élites que obtienen réditos de la escasez y la burocracia.
En última instancia, quienes siempre pierden con estas parálisis son los individuos: consumidores que pagan más, productores que venden menos y economías enteras que pierden competitividad. Si el objetivo declarado de los gobiernos es incrementar la prosperidad y la cooperación pacífica, deberían permitir que el comercio florezca, no entorpecerlo con tribunales y vetos políticos. El libre comercio debe ser libre no solo en el papel, sino en la práctica.
En su artículo “Cómo dispararse en el pie”, publicado originalmente en el ABC español, el economista y ensayista Guy Sorman ofrece una advertencia urgente, una lección liberal para distraídos: las naciones que levantan barreras proteccionistas sin medir consecuencias solo cosechan miseria y estancamiento. El autor recurre a la larga tradición liberal —desde la Escuela de Salamanca hasta Adam Smith— para recordar los fundamentos del crecimiento sostenible: leyes estables, Estado modesto y eficiente, moneda confiable, libertad empresarial y comercio sin restricciones.
1. Orden decretado frente a orden espontáneo
Sorman contrapone el orden decretado —resultado de utopías económicas forzadas por el poder político— con el orden espontáneo, surgido del genio creativo de la sociedad y la interacción libre. El primero deriva en declive económico y represión (comunismo, fascismo); el segundo, en prosperidad compartida —el verdadero legado del capitalismo real.
2. Proteccionismo como autolesión
El corazón del ensayo reflexiona sobre el proteccionismo contemporáneo, ejemplificado en decisiones recientes de Estados Unidos (Trump). Sorman lo compara con pegarse un tiro en el pie: el cierre de fronteras no solo encarece productos e infla precios para consumidores, sino que erosiona las relaciones comerciales y la estabilidad institucional.
3. Reglas impredecibles: el enemigo del desarrollo
Sorman retoma la idea del economista francés Raymond Barre: es preferible una política económica mala pero duradera, que una buena pero efímera. La imprevisibilidad —como cambios arbitrarios en aranceles o instituciones— destruye confianza e inversiones. Según Sorman, esto está ocurriendo hoy en EE.UU., con efectos globales.
4. Negar la realidad: autodestrucción institucional
La crítica de Sorman se torna aún más mordaz cuando describe la negación de realidades objetivas: desempleo creciente, encuestas independientes, políticas insostenibles, o el intento de destituir autoridades estadísticas o monetarias para ocultar la realidad. Romper “el termómetro” no cura la fiebre: solo adormece la percepción del dolor, lo cual es peligroso en lo político .
5. ¿Quién detendrá el suicidio nacional?
Cierra su artículo con una apelación: ante la auto-aniquilación de una gran nación, ¿habrá rescate liberal? Sorman cree que no vendrá de EE.UU., sino de Europa: una Europa unida, coherente y valiente capaz de imponer valores liberales frente a la deriva suicida.
Perspectiva complementaria: más allá de Sorman
Reglas claras y Estado limitado: El énfasis en reglas claras y permanentes no es nuevo: Friedrich Hayek argumentaba que solo un Estado neutral y limitado puede proteger la libertad y el orden espontáneo.
Costos ocultos del proteccionismo: No solo afecta precios; crea mercados cerrados, innovación retrasada y clientelismos locales que se perpetúan sin competencia.
La ilusión de la soberanía económica: La idea de «independencia productiva» ignora que pocos países tienen todos los recursos y capacidades tecnológicas en su territorio. El intercambio permite especialización y acceso a bienes superiores.
Europa como baluarte liberal: La propuesta de Sorman gana fuerza si consideramos el proyecto europeo histórico: construcción de instituciones supranacionales (UE), acuerdos de libre comercio y defensa del régimen liberal como contrapeso al populismo y al autoritarismo.
Guy Sorman, con lúcido análisis, nos advierte contra la ineptitud moderna de olvidar los fundamentos liberales: mercados abiertos, reglas duraderas y reconocimiento de la realidad. Su metáfora del tiro en el pie es desafiante: la economía moderna requiere humildad, prudencia y confianza institucional. Sin ese andamiaje, incluso las democracias más sólidas corren el riesgo de dispararse, lenta pero inexorablemente, hacia su propia implosión.
El 27 de julio de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron un acuerdo comercial US-UE histórico que marca un giro profundo en las relaciones transatlánticas. El pacto establece un arancel fijo del 15 % sobre aproximadamente el 70 % de las exportaciones de la Unión Europea (UE) hacia Estados Unidos, evitando así la entrada en vigor de tarifas del 30 % o 50 % que amenazaban con desatar una guerra comercial abierta.
Aunque la medida aporta cierta estabilidad y previsibilidad, supone un aumento drástico respecto al promedio arancelario previo, de apenas 1‑2 %. A cambio, la UE se comprometió a comprar 750.000 millones de dólares en productos energéticos estadounidenses y realizar 600.000 millones en inversiones en EE. UU. antes de 2028, además de incorporar adquisiciones masivas de armamento, sin cifras oficiales.
Ganadores y perdedores
Para Estados Unidos, el acuerdo es una victoria clara: el arancel del 15 % refuerza la industria local, reduce el déficit comercial y asegura ingresos energéticos e inversión extranjera. Además, las empresas norteamericanas obtienen acceso preferente a un mercado europeo de más de 500 millones de consumidores.
En cambio, para Europa el pacto se percibe como desfavorable. Según analistas europeos, el acuerdo generará un sobrecosto neto de 10.433 millones de euros para la UE y 367 millones para España en especial, afectando a sectores estratégicos:
Farmacéutico: el nuevo 15 % añade 13.613 M€ para la UE y 342 M€ para España, rompiendo la exención previa.
Agrícola: el mismo 15 % supone 2.265 M€ y 263 M€, afectando vinos, aceite y frutas.
Automoción: único respiro, con una rebaja del 27,5 % al 15 %, que ahorra 7.260 M€ a la UE y 285 M€ a España.
El balance sigue siendo negativo, ya que el alza de costos en farmacéuticos y agroalimentarios supera con creces el alivio automotriz.
Concesiones desproporcionadas y riesgo político
Para evitar la escalada arancelaria, Bruselas aceptó compromisos económicos y estratégicos masivos, mientras Washington mantiene aranceles asimétricos, como el 50 % sobre el acero. Esta falta de reciprocidad ha generado fuertes críticas internas: el primer ministro francés François Bayrou habló de “un día negro para Europa”, mientras que la CEOE española expresó su “máxima preocupación” por el golpe a la competitividad.
El pacto también abre un frente político: deberá ser ratificado por los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo, lo que podría exacerbar las divisiones internas, especialmente en naciones exportadoras como España, Francia o Alemania.
¿Una cesión estratégica irreversible?
Más allá de los números, el acuerdo refleja una cesión estratégica que cuestiona la capacidad de la UE para defender sus intereses. Los compromisos financieros, energéticos y militares refuerzan la dependencia europea frente a EE. UU. y podrían minar la cohesión interna.
Como advierten analistas, este pacto “pone en jaque la soberanía y la unidad de la UE”, y si no redefine su estrategia comercial con mayor firmeza, Europa corre el riesgo de dar otro paso hacia la irrelevancia global.
What if: la estrategia alternativa que Europa no eligió
Cabe preguntarse si existía otra vía. ¿Qué habría ocurrido si la UE hubiera optado por no ceder, limitándose a no aplicar medidas retaliatorias, comunicando de forma clara su compromiso con el libre comercio y dejando que el propio mercado estadounidense ajustara los precios de los productos europeos por efecto de los aranceles?
En ese escenario, los consumidores y empresas de EE. UU. habrían asumido el costo político de los precios más altos, mientras que la narrativa de Trump como defensor del “trabajador americano” podría haberse debilitado ante su propia base electoral. Una respuesta firme, serena y bien comunicada, habría ridiculizado la ofensiva proteccionista, colocando a Washington como el agresor en el debate global sobre comercio.
Sin embargo, Bruselas optó por la vía rápida de la negociación asimétrica, sacrificando margen económico y soberanía estratégica para evitar una confrontación inmediata. Además de seguir la ruta del proteccionismo negociado frente a la alternativa del libre comercio.
Opinión final
El acuerdo UE‑EE. UU. de 2025 será recordado como un pacto desigual, fruto de la presión y la urgencia, más que de una visión estratégica europea. Evitar una guerra comercial inmediata es un objetivo legítimo, pero el precio ha sido ceder poder económico, político y simbólico. La alternativa —defender el libre comercio y exponer el costo político de los aranceles ante la opinión pública estadounidense— no se intentó.
Europa no solo firmó un acuerdo costoso; firmó también un reconocimiento implícito de su falta de confianza en sí misma.
El 19 de mayo de 2025 se selló un acuerdo histórico entre el Reino Unido y la Unión Europea que marca un giro auspicioso en sus relaciones tras años de tensiones post-Brexit. Este nuevo entendimiento, que abarca áreas clave como comercio, pesca, defensa y movilidad juvenil, no solo apunta a superar heridas abiertas, sino también a trazar una hoja de ruta común hacia una cooperación más madura y pragmática.
Del desencuentro a la reconstrucción
Desde que el Reino Unido concretó su salida de la UE en 2020, las relaciones bilaterales se vieron atravesadas por desencuentros, burocracia y desconfianza mutua. Pero con el paso del tiempo y el peso de la realidad geopolítica, ambas partes reconocieron que el aislamiento no era una opción sostenible. Así, este nuevo acuerdo no revierte el Brexit, pero sí representa una aproximación más sensata: una manera de convivir sin renunciar a la soberanía, pero aceptando la interdependencia.
Los pilares del acuerdo
Comercio y regulación sanitaria. Uno de los avances más celebrados es la eliminación de los controles fronterizos sobre productos agroalimentarios británicos destinados a la UE, gracias a un nuevo acuerdo veterinario. Esto armoniza normativas sanitarias, facilita el comercio y podría inyectar hasta £9.000 millones anuales a la economía británica, reduciendo trabas que afectaban a productores y consumidores por igual.
Pesca: pragmatismo sobre el orgullo. El pacto extiende por 12 años el acceso mutuo a zonas pesqueras, una cuestión especialmente simbólica y conflictiva desde el referéndum de 2016. Aunque algunos sectores pesqueros británicos ven esto como una concesión, el acuerdo garantiza previsibilidad y sostenibilidad para ambos bloques.
Defensa y seguridad compartida. El Reino Unido se reincorpora parcialmente al sistema de defensa europeo a través del fondo “Safe”, con acceso a un presupuesto de €150.000 millones para innovación y seguridad. En un contexto donde EE. UU. reduce su implicancia en la seguridad europea, este giro es estratégico para ambas partes.
Movilidad y juventud: puentes para el futuro. Se restablece la participación del Reino Unido en el programa Erasmus y se lanza un esquema de movilidad juvenil para facilitar intercambios de estudiantes y profesionales jóvenes. Además, los ciudadanos británicos podrán volver a usar e-gates al ingresar a la UE, agilizando el tránsito y reduciendo la fricción en los viajes.
Ciudadanos en el centro
Para los ciudadanos británicos, este acuerdo significa recuperar muchas facilidades perdidas post Brexit: acceso a programas educativos, menos burocracia para viajar y mayores oportunidades laborales en Europa. Para los europeos, se mantiene el acceso a recursos y mercados británicos, además de contar con un aliado activo en materia de defensa y cultura.
Una lectura ética y política del momento
En un tiempo donde el cortoplacismo político ha primado, este acuerdo podría interpretarse como un ejemplo alentador de visión a largo plazo. Hoy por hoy, en muchas sociedades, la ética, la libertad y los valores republicanos no se valoran tanto como el beneficio inmediato que ofrece el pragmatismo político. Sin embargo, este nuevo pacto muestra que la cooperación estratégica, basada en principios compartidos y no solo en la urgencia del momento, puede generar beneficios reales y duraderos.
Una nueva era sin nostalgia
Este acuerdo no implica un retorno al pasado ni una marcha atrás en el Brexit. Se trata, más bien, de una adaptación madura a una realidad compleja, en la que ni la confrontación ni la autosuficiencia total resultaron viables. Reino Unido y la UE, tras años de incertidumbre, eligen post Brexit, una relación menos ideológica y más funcional. Un nuevo capítulo comienza —y esta vez, con los ciudadanos en el centro.
Introducción:
La Comisión Europea ha presentado recientemente una propuesta legislativa para renovar la Unión Aduanera, un sistema establecido en 1968 para establecer tarifas aduaneras comunes a las mercancías que ingresan a la Unión Europea. Esta propuesta busca modernizar y simplificar el entorno regulatorio, así como centralizar la supervisión y adaptar el sistema a las características del comercio digital. Sin embargo, esta remodelación puede tener consecuencias que afecten principalmente a las personas que se benefician de los bajos precios y la desregulación del libre comercio. En este artículo, analizaremos los detalles de la propuesta y cómo puede impactar en la capacidad de las personas para adquirir productos asequibles.
El Problema de la Unión Aduanera:
La Unión Aduanera de la UE ha enfrentado desafíos debido a su estructura obsoleta y la falta de una base de datos centralizada y supervisión efectiva de la cadena de suministro. Los importadores deben lidiar con 27 administradores diferentes y más de 111 sistemas informáticos no siempre conectados entre sí. Esto genera ineficiencias y obstáculos para el comercio fluido de mercancías.
La Complejidad Creciente:
La propuesta de reforma se basa en la creciente complejidad del entorno comercial actual por varias razones. En primer lugar, el auge del comercio electrónico ha dado lugar a un aumento significativo de envíos de bajo valor que ingresan a la Unión Europea desde fuera del bloque. En segundo lugar, las normas relacionadas con estándares medioambientales, laborales y sanciones geopolíticas han aumentado, lo que agrega una capa adicional de regulaciones y complicaciones. Estos factores han dificultado la eficiencia y la aplicación efectiva de la Unión Aduanera.
Detalles de la Propuesta:
La propuesta de reforma se basa en tres ideas principales. La primera es establecer una nueva asociación entre las aduanas y las empresas basada en la transparencia y la responsabilidad. Se utilizará inteligencia artificial y aprendizaje automático para reducir al mínimo la necesidad de hacer declaraciones aduaneras y simplificar los procesos para las empresas. La segunda idea es establecer una nueva arquitectura para la vigilancia de la Unión Aduanera, creando una nueva autoridad europea que centralice los esfuerzos y coordine mejor a las autoridades nacionales. La tercera idea es adaptar el marco al comercio electrónico, que presenta desafíos únicos, incluyendo altos niveles de fraude.
Impacto Potencial en el Libre Comercio:
Aunque la propuesta tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la transparencia de la Unión Aduanera, existe la preocupación de que pueda afectar negativamente al libre comercio y a las personas que dependen de los bajos precios y la desregulación para adquirir productos asequibles. Por ejemplo, la eliminación de la exención de derechos de aduana para mercancías de valor inferior a 150 euros puede resultar en un aumento de los costos para los consumidores. Además, la introducción de un centro de datos aduaneros de la UE y la supresión de los límites de valor podrían generar una mayor burocracia y dificultades para las empresas, especialmente para aquellas que se dedican al comercio electrónico.
La propuesta de reforma busca equilibrar la necesidad de modernizar la Unión Aduanera con la facilitación del comercio y la protección de los intereses de los consumidores. Sin embargo, es importante abordar las preocupaciones y desafíos que podrían surgir debido a estos cambios.
Una de las preocupaciones clave es el posible aumento de los costos para los consumidores. Al eliminar la exención de derechos de aduana para mercancías de bajo valor, es probable que los precios de algunos productos importados se vean afectados. Esto podría impactar negativamente a aquellos que confían en la disponibilidad de productos asequibles para satisfacer sus necesidades diarias, pensemos en aquellos que utilizan Amazon, Aliexpress o similares.
Además, la introducción de un centro de datos aduaneros de la UE y la simplificación de los sistemas informáticos pueden requerir una adaptación y una inversión significativa por parte de las empresas. Esto puede ser especialmente desafiante para las pequeñas y medianas empresas que pueden tener recursos limitados. La implementación de estas medidas debe considerar las necesidades y capacidades de las diferentes empresas para evitar una carga excesiva y garantizar una transición suave.
Si bien puede ser comprensible la necesidad de abordar el fraude en el comercio electrónico, es importante encontrar un equilibrio para no obstaculizar la capacidad de las empresas y los consumidores de beneficiarse de las ventajas del comercio digital. La lucha contra el fraude debe ir acompañada de medidas que no impongan barreras innecesarias o excesivas para el comercio legítimo.
En resumen, la propuesta de reforma de la Unión Aduanera de la UE busca abordar los desafíos actuales y adaptarse a las realidades del comercio moderno. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta el impacto potencial en el libre comercio y en aquellos que dependen de los bajos precios y la desregulación para acceder a productos asequibles. Es necesario un enfoque equilibrado que promueva la eficiencia y la transparencia sin imponer cargas excesivas a las empresas y los consumidores. La propuesta ahora debe ser debatida y acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, lo que brinda una oportunidad para abordar estas preocupaciones y garantizar que se logren resultados positivos para todos los involucrados en el comercio internacional.
Liberar el comercio interno para competir en el comercio internacional
A partir de 2018 se acabaron los miramientos: Estados Unidos comenzó a castigar a China por sus injustas prácticas comerciales y les advirtió a sus aliados, como Europa o Canadá, de sus políticas de comercio dispares. Desde entonces, el comercio ha estado en todos los titulares, con amenazas y contra amenazas de ambos lados.
Pero este ir y venir distrajo al mundo del hecho de que estamos en un paradigma anticuado, y que una solución mayor podría resultar ser bastante simple.
Para el paradigma actual de comercio, cuando se lo ve desde dentro del complejo y rígido sistema de comercio burocrático internacional que es la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las diferentes instituciones nacionales con la tarea de administrar el comercio, esta escalada en la guerra comercial de la administración de Trump es entendible y justificada.
Según las (muy defectuosas) reglas de juego, China se está aprovechando de las políticas de libre comercio de Europa y EE. UU. para avanzar oficialmente con su política de completa dominación de todas las industrias. Europa y el resto de Asia están tratando de ganarle un poco de ventaja a Estados Unidos, aunque en principio están más interesados que China en un comercio justo.
Para Estados Unidos, la tolerancia de tales prácticas de comercio acabaron en un déficit comercial persistente con el resto del mundo, valuado en cientos de miles de millones de dólares, la pérdida de millones de puestos en fabricación y billones en obligaciones de deuda internacionales. En lo positivo, aumentó el rendimiento de ganancias de corporaciones multinacionales americanas que producen en el extranjero y venden en Estados Unidos. También ha bajado el precio de algunos dispositivos (algunos productivos, muchos otros inútiles) para los consumidores.
Por eso, el plan de la administración de Trump es igualar el terreno, nivelando más o menos los aranceles en bienes entrantes, que son en promedio 10% en China, 4,8% en la Unión Europea y 3,5% en Estados Unidos. Esos aranceles pueden llegar a ser un termómetro simplificado de las complejas barreras de comercio que maneja cada país, pero proveen una buena estimación de qué tan realmente interesado está determinado país en el libre comercio.
Quedará por ver si el aumento en los aranceles funciona en última instancia. China tiene más que perder pero también puede suprimir mucho más el descontento que EE. UU., donde algunos estados e industrias se movilizarán políticamente para defender el status quo una vez que sufran las represalias.
Liberar el comercio interno
Una mirada rápida al manual de la OMC para aplicar tarifas y contra tarifas, como también las muchas consecuencias inesperadas de controlar el comercio, incluso si son pro EE. UU., muestran que este problema necesita ser resuelto a un nivel más alto, fuera del paradigma del comercio controlado por el gobierno.
La solución es liberalizar radicalmente el comercio, pero no solo a nivel internacional, la liberalización del comercio interno es más importante.
¿Comercio interno? La economía clásica y la prensa nos han adoctrinado para que creamos que solo las naciones comercian. Sin embargo, al igual que las estadísticas económicas, no tiene sentido. Son las compañías e individuos los que comercian y en realidad no importa si es nacional o internacional.
Si compro un par de barras de chocolate suizo Cailler Frigor en Amazon, yo comercio con la compañía que me los transporta desde Europa por Amazon. Les envío dinero y ellos me envían el producto.
Pasa lo mismo si compro por Amazon chocolate Hershey producido en el país (mucho más barato pero no tan bueno) y lo hago desde aquí, Estados Unidos.
Los bienes y servicios son intercambiados por dinero, ya sea dentro del país o internacionalmente. Cada impuesto, arancel o regulación que se impone en el camino es un obstáculo al comercio.
Para el comercio interno en Estados Unidos, las barreras más importantes al comercio entre individuos y compañías son los impuestos al comprar y vender bienes y servicios (impuesto a las ventas) y más importante, impuestos al vender servicios de trabajo (impuesto a las ganancias, o impuesto a la renta).
Los impuestos a las ganancias de capital y los impuestos sobre los dividendos obstaculizan el camino del libre flujo del capital. El corrupto sistema de dinero fiduciario de reserva fraccional bajo la administración de la Reserva Federal impide que el capital encuentre lugares adecuados para invertir, produciendo exceso de capacidad en sectores como el de bienes raíces y una completa falta de infraestructura de inversión, por citar solo un problema.
Falta solo agregar otras regulaciones que limitan o prohiben las transacciones comerciales, especialmente en el mercado laboral, para ver que el comercio interno está gravemente lisiado y opera muy por debajo de su capacidad.
Es irónico que la mayoría de la gente que pide más fervientemente la liberalización del comercio internacional (en realidad solo quieren regulaciones que los favorezcan) son los que están más en contra de la liberalización del comercio interno.
Si se liberara completamente el potencial del comercio interno, Estados Unidos no tendría que preocuparse sobre el 10% de tarifas promedio en China o de las exportaciones a China en general, porque los bienes nacionales producidos podrían competir fácilmente con productos que vienen de una economía en desarrollo, semi-planeada por el Estado. Sin los costos regulatorios y de los impuestos, incluso los paneles solares producidos en Estados Unidos serían más baratos y mejores que los subsidiados de China.
El planeamiento estatal es menos eficiente y efectivo que la operación de los mercados libres; por lo tanto, China no puede ganar el juego a largo plazo, como tampoco pudo la Unión Soviética, ni Japón, cuyos mercados estuvieron fuertemente regulados por el Estado durante sus años de crecimiento. Por supuesto, esto no significa que China no pueda apuntarse algunas victorias aisladas bajando el precio de algunos productos para el mercado estadounidense, virtualmente gratis, y socavar alguna industria. Nada es perfecto. Pero los costos para China serían incluso más altos de los que son hoy en día y agotaría los recursos del país a largo plazo.
Como resultado de liberar el comercio interno, la gente y compañías en Estados Unidos producirían en el país, debido a que las regulaciones y el costo impositivo serían mucho menores o incluso nulas; o comerciaría con países interesados en el comercio libre real. El escenario ideal sería que casi todo producto que entra ahora de China sea producido en el país por el mismo precio o menor, para que no sean necesarios los aranceles comerciales internacionales.
El presidente de EE UU. Donald Trump con una proclama en una ceremonia en la Casa Blanca, que establece aranceles a la importación de acero y aluminio. Washington DC, 8 de marzo de 2018. (Leah Millis/Reuters)
Es interesante que la administración de Trump está encauzada en esta dirección, y la desregulación y baja de impuestos va en la dirección correcta considerando el punto de partida no liberal del comercio interno. No obstante, si Estados Unidos quiere competir con jugadores extranjeros hostiles como China, los impuestos y regulaciones tienen que desaparecer.
Atrapado en el medio
Por el momento, Estados Unidos ocupa una incómoda posición media. Sus políticas de comercio internacional son relativamente libres comparadas con sus competidores, y también lo son sus regulaciones y políticas de comercio internas; por esta razón es que Estados Unidos es aún la economía grande más competitiva del mundo según el Índice de competitividad global del Foro Económico Mundial (FEM).
Sin embargo, como muestra la pérdida de empleo y el aumento de la deuda, el comercio interno de EE. UU. no es lo suficientemente libre para competir con actores hostiles como China en el corto plazo. Este el riesgo principal de la estrategia de libre comercio interno.
Cuando se quitan las regulaciones, impuestos y aranceles innecesarios, es lógico que haya algo de volatilidad mientras la economía se ajusta al ambiente más libre. Un actor hostil como China podría usar este periodo de ajuste para mudarse y comprar compañías y propiedad intelectual.
Quizás sea por esto que la estrategia de la administración de Trump de liberalización nacional e intervencionismo internacional pueda ser la correcta por el momento, aunque ambas barreras nacionales e internacionales deben ser removidas en algún momento.
Muchos países en los 10 primeros puestos del índice competitivo del FEM también ocupan altos lugares en el índice de facilitación del comercio, los más notables son Singpur (N0. 1) y Hong Kong (No. 3). Ellos tuvieron sus periodos de ajuste hace unas décadas y ahora prosperan en el comercio interno y en el internacional. Son centros de comercio internacional y tienen impuestos y regímenes regulatorios relativamente benignos.
Ambos países también tienen un comercio relativamente balanceado. Singapur tiene en promedio un pequeño excedente desde 1950 y Hong Kong un pequeño déficit.
Al final del ciclo económico y a largo plazo, el comercio debería estar siempre balanceado. Al liberar el comercio interno y desatar toda la capacidad productiva de la economía, Estados Unidos podría alcanzar su objetivo y evitar guerras comerciales.
El sistema comercial actual nunca fue libre; los aranceles de Trump simplemente cambian quién obtiene qué
Cualquier cosa que el presidente Donald Trump haga suele provocar una reacción contraria al status quo. A principios de marzo el foco de atención se concentró en el comercio, ya que Trump pasó a la acción, aplicando aranceles de importación sobre el acero, el aluminio, las lavadoras y los paneles solares no solo de China sino también de otros países.
La reacción violenta de los medios de comunicación populares y los políticos de los países afectados culpó a Trump por arruinar el hermoso sistema de “libre comercio” creado en torno a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su predecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés).
Al igual que con cualquier cosa que Trump diga o haga, es importante dar un paso atrás y observar el contexto en el que está actuando desde una perspectiva más amplia.
No libre
La primera gran noticia es que (jamás) ni la OMC ni el GATT fueron “libres”. El libre comercio es el comercio sin intervención gubernamental.
Si un país o industria puede producir y exportar mucho acero, sin recibir subsidio alguno ni aplicar aranceles de importación protectores, entonces le corresponde tener un porcentaje mayor del mercado global por ser el más competitivo. Esto sucede por utilizar los recursos locales de mano de obra y capital de la manera más productiva.
Otro país puede ser el mejor productor de paneles solares, lo que lo convierte en el líder mundial en paneles solares. Los dos países pueden intercambiar acero y paneles solares y equilibrar su comercio, y cada país hace lo que mejor sabe hacer.
Siempre y cuando, y con la condición previa de que no haya ninguna interferencia gubernamental en el mercado por el dinero en sí mismo. En otras palabras, si hubiera un estándar monetario global y sólido, entonces los excedentes comerciales de un país con superávit resultarían en entradas de dinero y salidas de bienes, elevando así el nivel de precios y haciendo las exportaciones naturalmente menos competitivas. En un país deficitario, el dinero saldría y las mercancías entrarían, bajando el nivel de precios y haciendo sus exportaciones más competitivas. Por lo tanto, no habría déficits persistentes como lo estamos viendo en Estados Unidos y el resto del mundo.
Sin embargo, la OMC funciona según un sistema complejo de reglas y sanciones, opuesto a ser un sistema libre de intervención gubernamental, proporcionando a su vez un marco para que los gobiernos puedan microgestionar su comercio. La mala gestión de monedas fiduciarias mundiales y tipos de cambio flotantes, agravaron aún más los desequilibrios.
Con cada tipo de intervención gubernamental en el mercado, ya sea a través de impuestos o aranceles y cuotas de importación, crea ganadores y perdedores. Estos ganadores y perdedores son diferentes en un sistema competitivo, en el cual por ejemplo: el mejor fabricante de acero que tiene el horno más limpio, que consume menos electricidad, sería el que más ventas realice.
Ganadores y perdedores
Los ganadores del dictamen de la intervención gubernamental son a menudo menos competitivos, por lo tanto necesitan la ayuda del Estado para sobrevivir. La industria siderúrgica china en su conjunto solo sigue existiendo debido a los subsidios masivos del gobierno, otorgados en forma de préstamos baratos, transferencias directas y electricidad subsidiada por el estado.
Las empresas siderúrgicas estadounidenses no recibieron la misma ayuda y por lo tanto muchas tuvieron que retirarse. Ellos fueron los perdedores de este tipo de ejercicio del “libre comercio”, así como millones de trabajadores manufactureros estadounidenses que no podían competir con la mano de obra barata y los subsidios estatales masivos de China.
Pero también hubo ganadores en el bando estadounidense. Las corporaciones multinacionales como General Motors y Caterpillar se beneficiaron de la exportación a China o de que se les permitiera instalarse en China y comenzar la producción en el país asiático. Este es especialmente el caso de las empresas tecnológicas como Apple, que a través de representantes o apoderados, producen la mayoría de sus aparatos tecnológicos en China, donde el arancel promedio es de un 10 por ciento, en comparación con el promedio del 3,5 por ciento de los Estados Unidos.
Otro ganador de este desequilibrado libre comercio es el gobierno estadounidense, que podía vender gran parte de su deuda pública a China a través del ya mencionado sistema manipulado de divisas fiduciarias y tipos de cambio fijos y flotantes. Pero también el consumidor promedio estadounidense se benefició de precios de importación más baratos para adquirir sus miles de aparatos electrónicos y otros bienes.
La lista de ganadores y perdedores sigue y sigue, y es diferente para cada arancel, cada regulación y cada manipulación del sistema de moneda fiduciario.
Enfoque de Trump
Volviendo a Trump y sus aranceles, es natural que quiera cambiar la configuración de los ganadores y perdedores en un sistema ya profundamente manipulado. El presidente Trump es un nacionalista económico y su meta es beneficiar a la industria de Estados Unidos y al empleo doméstico. Todas las políticas, desde la inmigración hasta la regulación y la fiscalidad, refleja esta filosofía.
Por lo tanto, al aumentar los aranceles sobre determinados productos, está seleccionando a los ganadores nacionales que deberían poder ampliar la producción ante la menor competencia internacional y contratar a más trabajadores locales.
En un verdadero sistema de libre comercio, esto tendría desventajas a largo plazo, porque los trabajadores y las empresas estadounidenses aplicarían sus esfuerzos en algo que las empresas y los trabajadores extranjeros podrían hacerlo mejor.
Sin embargo, en el régimen comercial actual, cumple la función de nivelar el campo de juego para los productores nacionales y al mismo tiempo hacer la vida más incómoda no solo para las empresas estadounidenses que operan en China, sino también en Europa y Canadá.
Y viene con todas las consecuencias no intencionadas que conlleva cualquier tipo de intervención gubernamental, probablemente incluso precios más altos para los bienes de consumo doméstico.
Sin embargo, si los ciudadanos que están ahora mismo quejandose hubieran estado realmente interesados en el libre comercio y no solo en recolectar sus propios beneficios, tendrían que haber pedido hace mucho tiempo a China que reduzca sus aranceles promedio y a la Unión Europea que pusiera fin a sus subvenciones masivas a productos agrícolas europeos.
Desafortunadamente para ellos, el libre comercio es una calle de una sola dirección que conduce a Estados Unidos y no están contentos que Trump haya puesto la señal de detención.
