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Etiqueta: marcos institucionales

  • Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    El conflicto por los puertos de Balboa y Cristóbal acaba de entrar en una etapa mucho más delicada.

    CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando más de US$1.500 millones, alegando violaciones al tratado de protección de inversiones aplicable a sus activos. Su filial Panama Ports Company mantiene, paralelamente, otro procedimiento arbitral en el que reclama más de US$2.000 millones por la pérdida de las concesiones que durante casi tres décadas le permitieron operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

    Conviene aclararlo desde el comienzo: Panamá no ha sido condenado a pagar US$3.500 millones. Son reclamaciones de las empresas, que deberán ser discutidas y eventualmente resueltas en arbitraje internacional.

    Pero tampoco conviene minimizar lo que está ocurriendo. El verdadero problema supera ampliamente la identidad de CK Hutchison, China o Estados Unidos.

    Lo que está en juego es algo bastante más importante para un país pequeño, abierto y dependiente del comercio internacional: la previsibilidad de las reglas bajo las cuales alguien decide invertir capital durante treinta años.

    Una concesión no se vuelve legítima por ser privada

    Existe una tentación frecuente entre quienes defendemos mercados libres: asumir que cualquier conflicto entre una empresa privada y el Estado debe resolverse automáticamente a favor de la empresa. Eso sería un error. El liberalismo no consiste en defender empresarios, sino defender derechos de propiedad, contratos, competencia e igualdad ante la ley.

    Una concesión otorgada mediante privilegios, exclusividades, condiciones discriminatorias o violaciones constitucionales no se transforma en liberal simplemente porque el beneficiario sea una compañía privada.

    La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el 29 de enero de 2026 inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobaba el contrato con Panama Ports Company, así como sus adendas y la prórroga posterior. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero y quedó en firme. Además, el fallo cuestionó particularmente la interpretación realizada en 2021 según la cual la concesión debía renovarse automáticamente hasta 2047.

    Si un contrato viola la Constitución, ningún liberal serio debería sostener que debe mantenerse simplemente porque existe. Pero aquí comienza, no termina, el problema.

    El Estado también debe responder por los contratos que él mismo celebró

    Durante casi treinta años Panama Ports Company operó esos puertos bajo un contrato celebrado, aprobado y sucesivamente reconocido por el propio Estado panameño.

    La empresa realizó inversiones, contrató trabajadores, adquirió equipos, estableció relaciones comerciales y organizó su actividad económica suponiendo que los actos del Estado eran jurídicamente válidos. Y aquí aparece un cuestionamiento: si el propio Estado concedió, aprobó, supervisó, prorrogó y durante décadas reconoció un contrato que finalmente resulta inconstitucional, ¿quién debe asumir el costo de ese error institucional?

    No existe una respuesta sencilla.

    Pero desde la perspectiva de la seguridad jurídica resulta difícil sostener que toda la pérdida debe recaer automáticamente sobre quien confió en los actos oficiales de ese mismo Estado. Una república seria no puede comportarse como una contraparte contractual común cuando firma y como soberano omnipotente cuando desea salir del contrato. Si el Estado tiene la capacidad de declarar inválido aquello que él mismo otorgó, el inversionista incorpora ese riesgo al precio de invertir.

    Y ese precio no lo paga solamente CK Hutchison, lo pagan todos los futuros inversionistas.

    El riesgo país no nace únicamente del déficit

    Solemos hablar de riesgo país pensando en deuda pública, pero existe otro riesgo menos visible: el riesgo institucional.

    Un empresario que estudia invertir US$500 millones en Panamá intenta estimar costos de construcción, salarios, energía, demanda, impuestos y logística, pero además, analiza el marco institucional: ¿las reglas bajo las cuales invierto hoy seguirán siendo reconocidas dentro de diez o veinte años?

    Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre esa respuesta, mayor será la rentabilidad que exigirá para arriesgar su capital. Ese fenómeno es perfectamente comprensible; la inversión es necesariamente una acción orientada hacia el futuro. El empresario renuncia a recursos presentes esperando obtener un rendimiento posterior. Cuanto mayor sea la incertidumbre institucional que no puede controlar, menor será el número de proyectos que superen su cálculo empresarial.

    Algunos no se harán, otros exigirán retornos mayores o incorporarán garantías adicionales. Y otros simplemente se realizarán en otra jurisdicción.

    La seguridad jurídica, por tanto, no es una abstracción para abogados, es un precio.

    Y ahora apareció la geopolítica

    El caso sería suficientemente complejo si fuera solamente jurídico. Pero no lo es.

    Los puertos además quedaron atrapados en la creciente disputa estratégica entre Estados Unidos y China; Donald Trump cuestionó públicamente la presencia china alrededor del Canal, aunque el Canal propiamente dicho pertenece y es administrado por Panamá. Posteriormente CK Hutchison anunció una operación global de aproximadamente US$23.000 millones para vender numerosos activos portuarios —incluidos inicialmente Balboa y Cristóbal— a un consorcio encabezado por BlackRock y MSC. La operación encontró a su vez resistencia desde Beijing. Panamá quedó literalmente en el medio.

    Y para un país cuya gran ventaja histórica consiste precisamente en servir como punto de encuentro del comercio mundial, ésa es una posición especialmente peligrosa ya que la función económica del Canal no consiste en elegir ganadores geopolíticos, sino en todo lo contrario, que es permitir el tránsito, el comercio y la conexión entre individuos y empresas independientemente de las disputas de sus gobiernos.

    Cuanto más consiga Panamá mantenerse como una jurisdicción confiable, neutral y comercialmente abierta, mayor será el valor de su posición geográfica. Cuanto más permita que sus decisiones económicas sean interpretadas como extensiones de Washington, Beijing o cualquier otra potencia, más difícil será preservar esa ventaja.

    Neutralidad no significa ingenuidad

    Esto tampoco implica que Panamá deba ignorar riesgos legítimos de seguridad nacional.

    Un Estado puede y debe establecer reglas básicas. Panamá puede establecer reglas generales de control, transparencia y seguridad sobre infraestructura crítica, exigir información sobre propiedad efectiva, imponer requisitos de gobernanza, auditoría, continuidad operativa, ciberseguridad o límites previamente definidos a determinadas formas de control. Sólo en casos excepcionales, claramente previstos por la ley y bajo criterios objetivos, podría llegar a impedir una operación concreta.

    Pero hay una enorme diferencia entre hacerlo mediante reglas ex ante, aplicables a todos, y alterar condiciones una vez que las inversiones ya fueron realizadas. Ésa es precisamente una de las funciones centrales del Estado de derecho, permitir que las personas conozcan las reglas antes de actuar.

    Hayek insistía en la importancia de normas generales, abstractas y previsibles precisamente porque reducen la discrecionalidad del gobernante.

    El problema no es que Panamá establezca una política sobre activos estratégicos, lo sería si esa política cambiara dependiendo de quién presiona, qué potencia amenaza o qué empresa ocupa circunstancialmente el activo. Eso dejaría de ser rule of law, una vez más, administración discrecional de intereses.

    Los US$3.500 millones no son todavía una deuda, pero tampoco son gratis

    También existe una dimensión fiscal.

    Las dos reclamaciones conocidas superan conjuntamente los US$3.500 millones. Una corresponde a los derechos contractuales reclamados por Panama Ports Company; la nueva acción de CK Hutchison se plantea separadamente bajo derechos derivados de un tratado de protección de inversiones.

    Panamá puede ganar ambos casos, obtener decisiones parciales, llegar a acuerdos o perderlos.

    Hoy nadie responsable puede presentar esos US$3.500 millones como una obligación cierta, pero desde el punto de vista presupuestario representan una contingencia. Y las contingencias también forman parte del verdadero costo del Estado.

    Ésta es una cuestión especialmente importante desde Public Choice, porque los gobernantes toman decisiones hoy cuyos costos pueden aparecer años después, pero quien obtiene el beneficio político de una medida puede no ser quien tenga que incorporar posteriormente la indemnización al presupuesto. El tiempo separa la decisión de su factura y cuando finalmente llega la factura, la paga un tercero: el contribuyente.

    ¿Quién paga cuando el Estado se equivoca?

    Éste es quizás el aspecto más interesante del caso. Supongamos que el contrato original tuvo condiciones extraordinariamente favorables para la empresa. Supongamos incluso que funcionarios panameños cometieron errores gravísimos al aprobarlo o prorrogarlo.

    ¿Quién termina pagando?

    Si el contrato permanece, pueden hacerlo los ciudadanos mediante condiciones desfavorables; si se anula y Panamá pierde el arbitraje, vuelven a hacerlo los ciudadanos mediante una indemnización, pero los funcionarios que diseñaron el contrato original rara vez aportan un centavo; lo mismo, los funcionarios que aprobaron la prórroga tampoco. Y quienes toman posteriormente decisiones que generan responsabilidad internacional tampoco responden personalmente con su patrimonio.

    Éste es exactamente el problema de incentivos que Buchanan y la teoría de Public Choice obligan a mirar. El Estado no es una entidad abstracta que absorbe pérdidas, las traslada.

    Por eso el control institucional previo importa tanto.

    La próxima concesión debería ser muy diferente

    Panamá tiene ahora una oportunidad.

    No para reemplazar una empresa extranjera por otra políticamente más conveniente, o sustituir capital chino por estadounidense. Y mucho menos para convertir los puertos en empresas administradas burocráticamente por el Estado.

    La oportunidad consiste en diseñar un sistema mucho más competitivo y jurídicamente robusto.

    Si Balboa y Cristóbal vuelven a concesionarse, Panamá debería procurar: reglas abiertas y conocidas previamente; licitaciones internacionales genuinamente competitivas; ninguna negociación diseñada alrededor de una empresa específica; plazos razonables; mecanismos transparentes de revisión; obligaciones claras de inversión; ausencia de renovaciones automáticas y procedimientos de resolución de controversias definidos desde el comienzo.

    Sobre todo, debería evitar contratos-ley convertidos en matrimonios de varias décadas entre el poder político y un único operador.

    El mercado necesita contratos, pero también necesita contestabilidad.

    Panamá debe elegir a Panamá

    Existe finalmente una tentación geopolítica que convendría resistir; interpretar el episodio como una victoria estadounidense sobre China sería tan peligroso como interpretarlo como una obligación panameña de proteger intereses chinos. Panamá no tiene por qué elegir entre Washington y Beijing. Tiene que elegir algo mucho más sencillo: a Panamá.

    Y el interés panameño de largo plazo consiste en ser una jurisdicción abierta al capital, respetuosa de los contratos, neutral en el comercio y extraordinariamente predecible en sus reglas.

    El activo más importante del país no es solamente el Canal, sino la confianza en que cualquier persona puede utilizarlo, invertir alrededor de él y comerciar a través de Panamá sin necesitar primero saber qué potencia controla el tablero político del momento.

    La geografía le dio a Panamá una ventaja extraordinaria, las instituciones determinan cuánto vale.

    Por eso el desenlace del conflicto de Balboa y Cristóbal importará mucho más que los US$1.500 millones, los US$2.000 millones o incluso quién termine operando ambos puertos.

    Cuando todo esto termine, ¿los inversionistas considerarán que Panamá ofrece reglas más claras y previsibles que antes, o menos?

    Ésa será la verdadera factura del caso. Y ésa, mucho más que cualquier arbitraje, será la que determine el costo económico de lo ocurrido.

  • IKEA en Panamá: reglas, logística y consumidores

    IKEA en Panamá: reglas, logística y consumidores

    El desembarco de IKEA en Panamá no es una anécdota comercial: es una señal. Inter IKEA Systems B.V. otorgó a Sarton Group los derechos de franquicia para Panamá y Costa Rica, dentro de su expansión en América. Sarton ya opera IKEA en mercados como República Dominicana, Puerto Rico y las islas españolas; la fecha exacta de apertura en Panamá todavía no fue anunciada oficialmente, pero ya han iniciado el proceso de reclutamiento.

    Desde una mirada liberal, lo importante no es “qué marca llega”, sino por qué puede llegar. IKEA no aparece por patriotismo, ni por decreto, ni por relato político. Llega porque Panamá ofrece tres activos institucionales difíciles de fabricar desde un ministerio: dolarización, apertura comercial y posición logística.

    Panamá es atractivo porque combina el Canal, puertos, servicios financieros, comercio regional y una economía dolarizada. El propio informe comercial de EE. UU. describe al país como una economía estable, con baja inflación y una plataforma logística privilegiada para inversión internacional. También señala que Panamá atrae habitualmente entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa y alberga una de las zonas francas más grandes del mundo.

    La llegada de IKEA puede tener efectos virtuosos muy concretos: más competencia en muebles y hogar, presión a la baja sobre precios, mejores estándares de diseño, logística, atención al cliente, financiamiento, entregas y comercio electrónico. El consumidor gana no porque el Estado “proteja” al comercio local, sino porque lo obliga a competir.

    También puede beneficiar al mercado inmobiliario. Panamá tiene una economía muy vinculada a expatriados, alquileres, segundas residencias, turismo residencial y movilidad regional. Una oferta de mobiliario modular, relativamente accesible y estandarizada reduce costos de equipamiento para propietarios, desarrolladores y pequeños inversores. En criollo: amueblar una vivienda para alquilar puede volverse más barato, más rápido y más previsible.

    Pero el punto más interesante es otro: IKEA trae consigo capital organizacional. No es solo vender mesas. Es introducir procesos, proveedores, inventarios, estándares, formación laboral, diseño de espacios, logística inversa y cultura de eficiencia. La inversión extranjera buena no solo trae dólares; trae conocimiento práctico. El Banco Mundial remarca justamente que la inversión extranjera directa permite absorber tecnología, gestión y participación en cadenas de suministro.

    Ahora bien, Panamá tiene una particularidad: el comercio al por menor está restringido constitucionalmente a nacionales panameños, salvo estructuras permitidas y excepciones. Esa reserva aparece recogida en guías legales y comerciales sobre el país. Por eso es probable que la operación requiera arquitectura local, franquicia, sociedad panameña o asociación compatible con la normativa. Lejos de ser un detalle menor, muestra una tensión clásica: Panamá es abierta, pero no plenamente liberal.

    Desde un liberalismo serio, la conclusión no debería ser “qué bueno que venga IKEA gracias al Estado”, sino algo más incómodo: qué bueno que venga IKEA a pesar de las barreras que todavía existen. La inversión entra donde puede calcular riesgos. Donde hay moneda estable, logística, seguridad jurídica razonable y consumidores con poder de compra. Pero cuanto más se limite la entrada de competidores, más se protege al incumbente local a costa del consumidor.

    La lección es simple: Panamá no necesita inventar campeones nacionales ni subsidiar muebles. Necesita reglas claras, impuestos razonables, apertura, puertos eficientes, libertad contractual y respeto a la propiedad. Cuando eso existe, las empresas llegan solas. Y cuando llegan, el beneficio no es para “la marca”: es para millones de consumidores que de pronto tienen más opciones.

    IKEA en Panamá es, en el fondo, una pequeña victoria de la civilización comercial: extranjeros invirtiendo, consumidores eligiendo, empresas compitiendo y capital buscando donde puede crear valor. Eso, aunque muchos no lo quieran admitir, se parece bastante más al desarrollo que cualquier plan quinquenal.

  • Instituciones y pragmatismo: atención al gato.

    Las discusiones que se están generando estos días «son pragmáticas» me dice un analista, casi despreciando en su respuesta al planteamiento de las ideas; es decir, se plantea lo que se quiere y se deciden herramientas para obtenerlo. El problema con ésto es que siguen sin atenderse a las instituciones violentadas que generan estos pésimos resultados que padece la población en su conjunto. Entre oligopolios, privilegios, precios, inflación, corrupción y educación pasan desapercibidos los diseños que han dado origen a tal situación. Y si no se presta atención a las causas generadoras de la enfermedad, mal diagnóstico y peores resultados. Como los que estamos viendo.

    El problema es de diseño institucional y ello requiere mucho más que una mesa: por empezar, una República descansa sobre tres poderes y ellos deben o deberían ser entre sí un freno y contrapeso, por lo que a malas leyes violentadoras de los principios fundamentales, el Poder Judicial debería declararlas inconstitucionales; lo mismo debería hacer la Asamblea frenando al Ejecutivo ante extralimitaciones del poder y el Ejecutivo debería poder administrar la cosa pública sin demasiada intervención en los asuntos privados, que para ello está la sociedad que produce.

    Entonces, qué hacer?

    Ante todo, discutir los problemas donde reside el poder, que hasta donde rige la Constitución hoy día, es la Asamblea. A quien legitime otra situación, sería bueno refrescar lo que hiciera Fujimori en Perú en 1992, cuando disolvió la Asamblea y dicha medida fue aplaudida por el 80 % de la población, respaldándose así en una suerte de «legitimidad social» que tanto gusta al populismo. Pregúntense cómo terminó Fujimori y cómo transcurren sus días hoy. El apoyo de las masas cambia tan rápidamente como sus pretensiones e intereses;  y justamente para ello están las instituciones y su importancia.

    Pero atención, cuando hablamos de instituciones no nos referimos a edificios de ladrillos u oficinas gubernamentales. Las instituciones son los mecanismos que limitan al poder: división de poderes, el «rule of law», independencia judicial, libertad de prensa que funcionando, se limitan a garantizar el ejercicio de los derechos individuales (vida, libertad, propiedad) y miden con la misma vara al conjunto de la sociedad. A ello nos referimos con la igualdad de todos ante la ley.

    Por lo tanto, si un grupo de personas decide e impone reglas que deberá afrontar un grupo de la población para satisfacer al grupo que decide en forma circunstancial, estamos de facto violentando las instituciones y ello nos convierte en un grupo tribal, una sociedad cerrada y oscura como denominaba Karl Popper a este tipo de sociedades cavernarias. La aspiración debe ser a una Sociedad Abierta, donde la libertad y la propiedad sean los rectores de una sociedad de individuos que en el mercado realizan permanentemente acuerdos libres y voluntarios entre sí.

    Cómo hacerlo?

    El primer paso es no sonreír y pensar que ésto es academia, que «esto es en los papeles, pero que la realidad es otra». Son las ideas las que mueven el mundo, son el faro que ilumina el camino. No hay caminos medios: o se está con la libertad o se está contra ella. Aún cuando pequeñas intervenciones aparentemente sin importancia se imponen, se deben desestimar. A nadie parecía importarle mucho el control de precios hasta que le tocó; a nadie parecía importarle mucho los subsidios hasta que le tocó pagarlos; a nadie parecía importarle mucho la educación estatal hasta que le tocó padecerla; a nadie le importó mucho que el gobierno cerrara toda acción humana, hasta que le tocó sufrir sus consecuencias; a nadie le importó mucho el sistema de gestión estatal de salud y pensiones hasta que lo sufrió y así podrían enumerarse casi todas las actividades que deberían manejarse en el ámbito privado y el gobierno lo hace público. Y la lista es enorme y continúa.

    Sin embargo, con todo a la vista, se siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez. Se debe terminar de una buena vez por todas con la idea del pragmatismo;  las políticas se deben decidir en razón de las ideas. Si no se tiene clara la Visión, nos puede pasar lo que a Alicia, la del país de las maravillas del famoso cuento de Lewis Carroll, cuando le pregunta al gato de Cheshire en un cierto punto qué camino debía tomar. Cheshire le contesta: “Eso depende mucho del lugar adonde quieras ir. Si no sabes adónde quieres ir, no importa qué camino sigas”.

  • Donde no se entiende el derecho, hay miseria

    Las preocupaciones por la preservación del derecho vienen de lejos. Han surgido en la Grecia clásica con las preguntas sobre la dignidad del ser humano, en la Roma republicana con el énfasis en puntos de referencia extramuros de la norma positiva, en los Fueros anteriores a la España moderna con los juicios de manifestación y luego con las Cortes de Cádiz, en Inglaterra con el Habeas Corpus, el common law y la Carta Magna, en Estados Unidos con la severa limitación al poder y el derecho a la resistencia a la opresión, en la Revolución Francesa -antes de la contrarrevolución de los jacobinos- con el énfasis en la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y en todas las inspiraciones liberales que siguieron a esas raíces nobles.

    Todo este tejido en pos de la libertad constituye el blanco principal de ataque de los totalitarismos que bajo muy diferentes disfraces conspiran contra el sacro respeto a las autonomías individuales propiciado por la larga tradición liberal. Como ha resumido Salvador de Madariaga en De la angustia a la libertad: “La libertad es pues la esencia misma de la vida. No es mera circunstancia cuya presencia mejora o su ausencia empeora, es la vida humana, el mismo aire que respira el hombre como espíritu consciente. Sin libertad no hay hombre, ni hay comunidad, porque el hombre cae al nivel de la bestia y la comunidad a la del rebaño.”

    Por supuesto que el alarido de Madame Marie-Jeanne Roland está muy vigente en cuanto a “Oh! libertad cuantos crímenes se comenten en tu nombre”. Por ello es que resulta indispensable comprender esa definición muy difundida en la que ha insistido Friedrich Hayek en cuanto a que se trata de “ausencia de coacción de otros hombres”. No es lícito en este contexto extrapolar a la física o la biología, carece de sentido decir que el hombre no es libre de bajarse de un avión en pleno vuelo o que no es libre de ingerir arsénico sin padecer las consecuencias. La libertad se refiere a las relaciones sociales. Como apunta Thomas Sowell tampoco tiene sentido sostener que la pobreza no permite ser libres puesto que se trata de dos planos distintos, la pobreza extrema es una desgracia pero es de una naturaleza diferente a la libertad, del mismo modo ilustra Sowell que la constipación es una desgracia pero nada tiene que ver con la libertad. Por otra parte todos provenimos de las cuevas y de la miseria más brutal y en libertad se pudo progresar mientras que en otros casos donde la libertad está ausente no hubo ni hay progreso moral y material, sin perjuicio de comprender que todos somos pobres o ricos según con quién nos comparemos.

    En este sentido la libertad es negativa en el sentido de la definición hayekiana por lo que no tiene base de sustentación el proponer una denominada “libertad positiva” puesto que la confunde con oportunidad. Una persona puede carecer de la oportunidad de adquirir una bicicleta de lo cual no se sigue que deje de ser libre, de lo contrario deberíamos concluir que solo los multimillonarios son libres aunque incluso ellos, dado que los recursos son siempre limitados tendrían su libertad restringida puesto que, por ejemplo, no podrían adquirir la Luna. Con este razonamiento absurdo deberíamos decir que todos somos esclavos pero en verdad lo somos mientras nos atropellen nuestros derechos pero no lo somos si no estamos sometidos a la coacción de terceros.

    En nuestro medio ha habido grandes maestros del derecho que es muy pertinente repasar como Marco Aurelio Risolía, Segundo Linares Quintana, Juan González Calderón, Gregorio Badeni y antes que ellos Amancio Alcorta, José Manuel Estrada y aun antes Juan Bautista Alberdi y su notable Fragmento preliminar al estudio del derecho. Como ha puesto en evidencia Jellinek “el derecho es un mínimo de ética” entendido como la necesaria legislación para proteger los derechos de las personas en sus relaciones interpersonales, lo cual aclaramos se traduce en el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, situación que no agota la ética que abarca no solo las aludidas relaciones interpersonales sino las intrapersonales pero que no hacen a las normas de convivencia civilizada y está por tanto reservadas al fuero interno de cada cual. En una sociedad abierta cada uno hace lo que le plazca con su vida siempre y cuando no se lesione derechos de otros.

    Lamentablemente en el mundo en que vivimos estamos parcial o totalmente esclavizados por un Leviatán desbocado que se financia con impuestos exorbitantes, inflaciones ilimitadas y endeudamientos astronómicos, todo en un contexto de regulaciones asfixiantes. Como dijimos al abrir esta nota periodística, las raíces de la libertad consisten en ponerle bridas al poder mientras que en la actualidad, en gran medida, se otorgan cartas en blanco para que los aparatos estatales hagan lo que les plazca con nuestras vidas y haciendas. Esto deriva de la flagrante incomprensión del significado del derecho, de allí es que se acepte la sandez de sostener que “frente a una necesidad nace un derecho” y consecuentemente se promulguen constituciones inconstitucionales y legislaciones contrarias al respeto recíproco con lo que se demuele el derecho.

    En otra oportunidad hemos abordado la antedicha sandez y ahora la resumimos en una cápsula para luego seguir con otros aspectos fundamentales del derecho. A todo derecho corresponde una obligación. Si una persona gana diez en el mercado laboral hay la obligación universal de respetarle ese ingreso, pero si ganando lo dicho la persona pretende que el gobierno le asegure veinte y el aparato estatal procede en consecuencia, esto se traduce en que otros deben hacerse cargo por la fuerza de la diferencia lo cual implica una lesión al derecho de esos otros por lo que estamos frente a un pseudoderecho. Vivimos la era de los pseudoderechos: “derecho a una vivienda digna”, “derecho a vitaminas e hidratos de carbono”, “derecho a un salario adecuado”, “derecho a la recreación” y similares. Son todos pseudoderechos, como queda dicho, no pueden otorgarse sin lesionar derechos de terceros.

    En este ámbito se hace necesario insistir en la importancia crucial del derecho de propiedad. Esta institución se torna indispensable al efecto de darle el mejor uso a los siempre escasos recursos disponibles. En las transacciones cotidianas el comerciante que acierta en las preferencias de su prójimo obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos. El cuadro de ganancias y pérdidas no es una situación irrevocable, se modifica según se modifique la eficiencia del empresario para atender los deseos de sus congéneres. Desde luego que no nos referimos a los que la juegan de empresarios pero están vinculados al poder de turno para obtener privilegios de diversa naturaleza puesto que explotan a sus semejantes con precios mayores, calidades inferiores o las dos cosas al mismo tiempo.

    Como se ha puesto de relieve la intervención en los precios afecta el derecho de propiedad y en el extremo la abolición de la propiedad elimina precios y por ende no hay posibilidad alguna de evaluar proyectos, de llevar registros contables y en general de todo cálculo económico. Como hemos ejemplificado antes, en este contexto no se sabe si conviene construir carreteras con pavimento o con oro puesto que se ha barrido con los únicos indicadores que tiene el mercado para operar y es imposible conocer la mejor variante técnica puesto que es inseparable de su costo lo cual, como decimos, no se conoce si no hay precios de mercado. Sin llegar a este extremo, en la medida en que los aparatos estatales si inmiscuyen con los precios se desdibujan las antedichas señales y por ende se consume capital que es el único factor que permite el incremento de salarios e ingresos en términos reales. En otros términos, afectar el derecho de propiedad empobrece a todos pero muy especialmente a los más necesitados puesto que son los más afectados por el derroche.

    Entonces decir que “frente a toda necesidad nace un derecho” no solo es una sandez mayúscula sino que constituye un imposible puesto que, como queda dicho, las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos por lo que no hay de todo para todos todo el tiempo lo cual sería Jauja, situación en la cual no habría precios ya que todo sería gratuito pero no se necesita ser un economista para saber que en la vida nada es gratis, todo tiene un costo.

    Para ilustrar la relevancia del derecho de propiedad, hemos puesto antes el ejemplo de lo que ocurría con el ganado vacuno en nuestro continente: quien se topaba con un animal lo achuraba para engullirlo o lo cuereaba y dejaba el resto a las aves de rapiña con lo que se corría el riesgo de la extinción de estos animales hasta que apareció la tecnología más avanzada de la época que consistió primero en la marca y luego el alambrado con lo que los propietarios podían reproducir y defenderse de la extinción. Esto mismo ocurrió con las manadas de elefantes en África: al asignar derechos de propiedad los titulares estaban incentivados a mantener y reproducir y no dejar a la suerte que se ametrallaran en busca de marfil. La misma Justicia es inseparable del derecho de propiedad puesto que la definición clásica es “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad y ésta es inseparable del proceso de mercado, es decir, del respeto a las transacciones entre propietarios de dinero, bienes y servicios.

    A primera vista parece incomprensible la poca capacidad de mirar lo que viene ocurriendo en el mundo para percatarse que en la medida en que tiene lugar la libertad hay progreso moral y material mientras que ocurre lo contrario donde no hay libertad lo cual, nuevamente reiteramos, perjudica a todos pero muy especialmente a los más necesitados y vulnerables. Decimos que es incomprensible a primera vista puesto que si ahondamos en el asunto descubrimos que el tema proviene de sistemas de educación que son en realidad aparatos de adoctrinamiento totalitario por lo que no resulta relevante que en un país todos sean muy ricos, porque si prosigue el referido adoctrinamiento los egresados marcharán en las plazas a favor del marxismo con el librito de Mao en la mano. No parece que seamos capaces de prestar atención de lo que tiene lugar en la retaguardia y entonces aparecen las sorpresas mayúsculas en países en los que aparentemente se han adoptado medidas liberalizadoras que elevan el nivel de vida y, sin embargo, hay protestas de indignados que pretenden revertir las políticas que con sus pros y sus contras han sido bienhechoras.

    En resumen, el problema es el desconocimiento del derecho que remite a marcos institucionales deficientes, una situación que sucede en primer lugar en las aulas donde, salvo honrosas excepciones, los egresados no son abogados en el sentido de defensores del derecho sino estudiantes de leyes que pueden recitar sus números, incisos y párrafos pero que no solo no tienen idea de su fundamento jurídico por estar impregnados de positivismo legal sino que se constituyen en los mayores artífices de la demolición.

  • Por qué es importante limitar al gobierno

    En esta época de COVID y de encierros dictatoriales, más que nunca, debemos examinar la naturaleza de los gobiernos, sus funciones y sus limitaciones. Y cuando digo “limitaciones” me refiero a: para lo que sirven y para que no sirven. Como suelo repetir incansablemente, los gobiernos no sirven para “resolver tus problemas”, tal como estaba escrito en la pancarta de un manifestante en Colón: “Exigimos vengan a resolver nuestros problemas”.

    Hace unos días fue aniversario del 9/11 y fecha en que se desencadenó un aumento sustancial del intervencionismo gubernamental o central en la vida de los ciudadanos, no sólo allá sino aquí mismo en Panamá; ¿o es que no han visto el jaleo de viajar en aviones y tal? O el caso de policías decomisando licor que pasajeros llevaban en sus maletas en viajes a Taboga. Y ahora que ciertos legisladores proponen una vacunación ¡obligatoria! Tanto el 9/11 como el COVID y tal, son eventos ideales para que el estado profundo se vuelva más profundo; con lo cual los ciudadanos van perdiendo el control de sus vidas. Y no, no estoy contra el gobierno sino contra el gobierno desmedido.

    Uno de los comodines que han surgido con la Pandemia es ese de “confía en los expertos”. Curioso si consideramos que los expertos no confían en los expertos. Mejor sería decir: “Escucha a los expertos, investiga y usa el sentido común.” El problemita es que resulta tan cómodo dejarnos ir con la corriente… Cuando dicen, “el gobierno o los gobiernos son corruptos”, salta la respuesta: “Bueno, sí, pero eso siempre ha sido el caso.” Pero ello no significa que lo será para siempre ya que, igual que ocurre hoy con la CSS, todo mal camino conduce a mal destino. Arreglar el jaleo de la CSS es más que factible. El reto está en el exitoso lavado de cerebro del “no a la privatización”; particularmente cuando quienes lo vociferan no tienen la menor idea de los que es la privatización o descentralización.

    En cuanto a la vacunación OBLIGATORIA, vayámonos enterándonos de que ello no es ético, como tampoco es legal. Ya han salido versiones según las cuales aún no se ha demostrado que la vacuna rusa es más segura que el mismo COVID. ¿Qué te parece que legislen la obligación de tomar pastillas para reducir el colesterol o lo que sea? ¿O es que piensas que el COVID es más mortal que las enfermedades coronarias?

    A fin de cuentas, prácticamente nada obligado es bueno; tanto así que ni el mismo Creador nos obligó a ser buenos. Lo que hizo fue decirnos: “Amaos los unos a los otros” y según entiendo “amar” y “obligar” no son sinónimos.

    En resumen, lo que sí es completamente importante es que los ciudadanos vayamos logrando ser auto determinantes; que seamos capaces de ser productivos y compasivos. Y… de no dejarnos mangonear por los politicastros del estado profundo.