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Etiqueta: positivismo

  • La soberbia del escritorio frente al sismo de la realidad.

    La soberbia del escritorio frente al sismo de la realidad.

    El enredo de la regla escrita alcanza su punto más grotesco cuando el Estado no busca ordenar la convivencia, sino suplantar las leyes del mercado o, peor aún, ignorar las leyes de la física. En ambos escenarios, la autoridad autoproclamada levanta ficciones normativas que se desmoronan al primer contacto con la cruda realidad.

    Muestra fehaciente de esta suplantación la encontramos en la regulación del transporte público a cargo de la ATTT. Bajo el pretexto técnico de controlar el «cupo» —término que cínicamente alude a lo que cabe en un espacio—, la burocracia estatal dictamina cuántos taxis o autobuses deben operar. La asquerosa realidad detrás de esta fachada es la coima institucionalizada. Un cupo de taxi en la capital puede costar miles de dólares, y las rutas al interior, como la Panamá-David, se cotizan a precios obscenos. Lo criminal del asunto es que este dinero jamás ingresa al erario público para mejorar las vías; fluye directamente a los corruptos bolsillos de caciques sindicales y políticos cocotudos. El Estado inventa una escasez artificial para vender el derecho a trabajar. Si no se exigen cupos políticos para abrir una farmacia o una oficina técnica, ¿por qué se permite en el transporte? Porque es el caldo de cultivo perfecto para el clientelismo y la extorsión de mercado.

    Esta misma soberbia del escritorio se traslada al ámbito de la seguridad estructural. Hace poco, en una conferencia sobre normativas de ingeniería antisísmica, el desarrollador original de las reglas exponía con complacencia la rigurosidad de los códigos locales. Pero ante la pregunta de qué ocurriría si un sismo de magnitud 7.7 ocurriera directamente debajo de la cuenca del Canal y si las estructuras resistirían, el experto se limitó a reiterar que “los edificios están bien construidos”. Su postura es entendible dentro de la rigidez académica, pero yo, que padezco de decir cosas que no se deben decir, hice otros señalamientos en la sala que muchos prefieren soslayar.

    Ningún experto puede predecir el comportamiento absoluto de la naturaleza. Mi opinión lega es que los eventos sísmicos varían inmensamente en magnitud y dispersión, y un movimiento de 7.7 traería un cataclismo fáctico que ninguna norma técnica puede tapar ni predecir. Sí, los rascacielos pueden estar teóricamente bien construidos bajo el papel, pero la gran interrogante es: ¿aguantarán? ¿Y qué significa realmente “aguantar”? Tal vez muchas de esas inmensas torres no sufran un colapso fulminante, pero quedarían tan severamente dañadas en sus bases que habría que derribarlas por completo, provocando una ruina financiera y habitacional sin precedentes.

    Mientras tanto, las viviendas autoconstruidas de la periferia, desamparadas por la fiscalización oficial, se vendrían abajo en cuestión de segundos. Los puentes emblemáticos sobre la vía interoceánica se fracturarían y, en el peor de los escenarios, las presas del Canal podrían ceder, vaciando el lago Gatún, dejando a la ciudad sin agua potable y al comercio mundial completamente paralizado.

    Allí radica el nudo final del enredo normativo. A ciertas estructuras comerciales y residenciales de alto valor se les aplica una fiscalización asfixiante, mientras que la periferia social crece en otra cruda realidad. La naturaleza, al igual que el mercado, no acata decretos alcaldicios ni códigos firmados en juntas técnicas. El sismo no lee el manual de ingeniería, así como el delincuente no solicita un cupo ni se afilia a un club de tiro. Cuando la normativa se reduce a un negocio de ventanilla o a un fetiche de complacencia profesional, el país queda suspendido sobre un manto de fragilidad oculta.

    Al final, el alma del asunto es que estos vericuetos normativos son el claro reflejo de una gobernanza irreal y corrupta. Es en la etiología de ese mal institucional en donde los panameños debemos enfocarnos con urgencia si queremos evitar que se nos desplome el país entero. Para el Remanente que observa sin anteojeras, queda claro que las normas humanas son solo herramientas útiles si respetan el orden natural; de lo contrario, son solo el preludio escrito del desastre.

    Nota: El Enredo Normativo (Parte III)

  • Derecho Natural y Constitución

    Derecho Natural y Constitución

    El derecho natural es un fuerte candidato a ser el punto de partida fundamental de cualquier constitución duradera o de un orden político viable. Antes de las reglas positivas, del diseño institucional, de la separación de poderes o de los procedimientos de reforma, es necesario contar con una visión coherente de lo que ya es verdadero acerca de los seres humanos y de sus relaciones —derechos, deberes, justicia y los límites de la autoridad legítima— que el documento escrito reconoce, protege y organiza, ya que la ley se descubre y no se inventa.

    Las tradiciones del derecho natural (clásica, estoica, tomista, lockeana y ciertas corrientes de la Ilustración) sostienen que existen principios morales y prácticos descubribles por la razón, arraigados en la naturaleza humana y en las exigencias de la cooperación social. Estos incluyen bienes básicos como la vida, el conocimiento, la razonabilidad práctica y la comunidad; derechos correlativos contra la agresión, el robo o el dominio arbitrario; y la idea de que la autoridad política solo se justifica en la medida en que asegura estos bienes y derechos, en lugar de anularlos. Una constitución que parte de aquí trata al Estado como un instrumento para proteger un orden moral pre político, y no como la fuente de todos los derechos y de toda legitimidad. Esa orientación tiende a producir límites más claros al poder, protecciones más sólidas para los individuos y las asociaciones intermedias, y una mayor resistencia a la captura puramente mayoritaria o de élites.

    En la práctica, muchas tradiciones constitucionales exitosas se han inspirado en esta premisa, aunque no siempre usaran la expresión “derecho natural”. Los documentos fundacionales estadounidenses, por ejemplo, invocan explícitamente “las Leyes de la Naturaleza y del Dios de la Naturaleza” y derechos inalienables. Las constituciones liberales clásicas y algunas de orientación demócrata-cristiana tratan de manera similar ciertos derechos y restricciones institucionales como reflejos de realidades morales más profundas, y no como meras preferencias políticas. Cuando las constituciones, por el contrario, consideran los derechos como puras creaciones del Estado o de las mayorías políticas sucesivas, se vuelven más vulnerables a la revisión cada vez que cambia el equilibrio temporal de poder: un resultado visible en muchos experimentos constitucionales latinoamericanos que han sido reescritos repetidamente con cada ciclo de predominio político.

    Respecto a Panamá y a las discusiones de la APEDE entre expresidentes, los debates sobre reforma constitucional allí, como en otros lugares, suelen centrarse en la arquitectura institucional (presidencialismo frente a parlamentarismo, límites de mandatos, reglas electorales, independencia judicial, reglas fiscales). Esas cuestiones son importantes, pero son secundarias. Sin un punto de partida compartido acerca de la naturaleza y los límites de la autoridad legítima, las opciones institucionales se convierten en instrumentos de una disputa de poder en lugar de salvaguardas de un orden común. Un enfoque inspirado en el derecho natural preguntaría primero: ¿Cuáles son los requisitos básicos de la justicia y del florecimiento humano que cualquier constitución panameña debe respetar? ¿Qué formas de poder estatal están inherentemente limitadas por esos requisitos? Solo entonces los detalles de los procedimientos de reforma, los contrapesos y el diseño institucional se siguen como medios y no como fines.

    Esto no significa afirmar que el derecho natural produzca un plano único y detallado que todo país deba copiar. Personas razonables discrepan sobre el contenido preciso y la derivación de los principios del derecho natural, y las aplicaciones históricas han sido a veces selectivas o interesadas. Las circunstancias culturales, históricas y prácticas también moldean las instituciones viables. Sin embargo, la alternativa —tratar la constitución como un puro acto de voluntad de la coalición dominante del momento— tiene un historial peor en cuanto a estabilidad a largo plazo, gobierno limitado y protección de los derechos básicos.

    En resumen, centrarse primero en el descubrimiento y el reconocimiento de las restricciones del derecho natural es una forma más fundamental y durable de “constituir” un Estado que comenzar por la ingeniería institucional o la negociación partidista. El texto escrito y los argumentos políticos que le siguen deben ser consecuencia de ese reconocimiento.

  • ¿Derecho humano o demagogia politiquera?

    Definitivamente que para lograr mejor entendimiento de las cosas hace falta visitarlas constantemente. Lo curioso es que cuando ya creemos que entendemos algún tema, la realidad del mundo nos pone en jaque al demostrarnos que no, que aún nos falta mucho por aprender. Tal es el caso de los derechos humanos, que día a día vemos a tantos que pretenden que la manta se estire más para arropar como “derecho” cosas que no lo son.

    A los demagogos del mundo les resulta fácil y “provechoso” declarar con fervor religioso que la atención de salud es un derecho humano, dado que lo contrario suena inhumano, y, en cierto sentido tienen razón; “suena inhumano”. Es como el agua, en dónde todos tenemos derecho al acceso, pero no a que te lo lleven potabilizado a casa de manera gratuita. Pero… gratuita no es.

    Entonces ¿qué hemos de entender por “derecho humano”. En el caso de los cuidados de salud deberíamos comenzar por definirlos y veremos que de inmediato el asunto se complica y ya no es sólo asunto de definir lo que es derecho humano sino… ¿qué entendemos por “cuidado de salud”?

    En realidad, el problema es como el cuento de los tres amigos que en medio de un viaje llegan a una posada y piden cuarto. El posadero les alquila el cuarto por $30 y les dice que vayan que les manda las maletas con el botones. Ya con los huéspedes camino al cuarto, el posadero cambia de parecer respecto al precio, pues quiere que los clientes vuelvan en un futuro, y decide descontarles $5 de los $30. El hospedero da al botones los $5 para que los reparta a los huéspedes. Camino a llevar las maletas y los $5, el botones, no ve cómo repartir 5 entre 3, decide quedarse con $2 y dar a cada huésped $1. Ahora lo interesante. Si los 3 pagaron $30 y a cada uno les devolvieron $1, quiere decir que cada uno pagó $9. 9×3=27… más los dos que se tomó el botones suman 29. ¿Dónde quedó el $1 que falta para los $30?

    Saque usted cuentas, pero la moraleja que nos queda es que siempre nos encontramos con quienes enredan hasta lo que parece imposible de enredar. El asunto está en cómo planteamos las cosas y en el planteamiento sembramos la falsedad.

    Los problemas de los cuidados de salud se atascan en el lodazal de lo irreal cuando el estado y sus gobiernos se quedan sin plata para pagar el engaño. La pretensión, por ejemplo, ¿de darle cuidado de salud a quienes viven en zonas remotas, sin caer en aquello de la escogencia de ganadores y perdedores? Si estás más cerquita tienes más derecho humano; y así la cosa va perdiendo sentido.

    Los auténticos derechos humanos son naturales y tienen tres componentes: el derecho a existir, a vivir libre, y el derecho a la propiedad; tres cosas que no te las da nadie, sino que nadie tiene derecho a quitarlas. Cosa muy diferente es el agua o derecho de salud, que supone que otro está obligado a proveer.

    Más allá, sí podemos presuponer que, en la medida de lo posible, tecnológica y económicamente, el conjunto social debe procurar los medios y políticas para promover mayor atención de salud asequible. Sin embargo, ¿qué decir de nuestra supuesta CSS, que no es más que una empresa privada intervenida y prostituida por los politicastros? esa que cada día se acerca más al colapso final.

    Todo ello es una inmoralidad de confiscación, parte y reparte. De engaño de politicastros demagogos que se aprovechan de la mentalidad de semovientes que van conformando una dictadura de las mayorías. Es decir que… es derecho porque si lo niegas te aplastamos acusándote de inhumano; sin importar que sea irreal.