El enredo de la regla escrita alcanza su punto más grotesco cuando el Estado no busca ordenar la convivencia, sino suplantar las leyes del mercado o, peor aún, ignorar las leyes de la física. En ambos escenarios, la autoridad autoproclamada levanta ficciones normativas que se desmoronan al primer contacto con la cruda realidad.

Muestra fehaciente de esta suplantación la encontramos en la regulación del transporte público a cargo de la ATTT. Bajo el pretexto técnico de controlar el «cupo» —término que cínicamente alude a lo que cabe en un espacio—, la burocracia estatal dictamina cuántos taxis o autobuses deben operar. La asquerosa realidad detrás de esta fachada es la coima institucionalizada. Un cupo de taxi en la capital puede costar miles de dólares, y las rutas al interior, como la Panamá-David, se cotizan a precios obscenos. Lo criminal del asunto es que este dinero jamás ingresa al erario público para mejorar las vías; fluye directamente a los corruptos bolsillos de caciques sindicales y políticos cocotudos. El Estado inventa una escasez artificial para vender el derecho a trabajar. Si no se exigen cupos políticos para abrir una farmacia o una oficina técnica, ¿por qué se permite en el transporte? Porque es el caldo de cultivo perfecto para el clientelismo y la extorsión de mercado.

Esta misma soberbia del escritorio se traslada al ámbito de la seguridad estructural. Hace poco, en una conferencia sobre normativas de ingeniería antisísmica, el desarrollador original de las reglas exponía con complacencia la rigurosidad de los códigos locales. Pero ante la pregunta de qué ocurriría si un sismo de magnitud 7.7 ocurriera directamente debajo de la cuenca del Canal y si las estructuras resistirían, el experto se limitó a reiterar que “los edificios están bien construidos”. Su postura es entendible dentro de la rigidez académica, pero yo, que padezco de decir cosas que no se deben decir, hice otros señalamientos en la sala que muchos prefieren soslayar.

Ningún experto puede predecir el comportamiento absoluto de la naturaleza. Mi opinión lega es que los eventos sísmicos varían inmensamente en magnitud y dispersión, y un movimiento de 7.7 traería un cataclismo fáctico que ninguna norma técnica puede tapar ni predecir. Sí, los rascacielos pueden estar teóricamente bien construidos bajo el papel, pero la gran interrogante es: ¿aguantarán? ¿Y qué significa realmente “aguantar”? Tal vez muchas de esas inmensas torres no sufran un colapso fulminante, pero quedarían tan severamente dañadas en sus bases que habría que derribarlas por completo, provocando una ruina financiera y habitacional sin precedentes.

Mientras tanto, las viviendas autoconstruidas de la periferia, desamparadas por la fiscalización oficial, se vendrían abajo en cuestión de segundos. Los puentes emblemáticos sobre la vía interoceánica se fracturarían y, en el peor de los escenarios, las presas del Canal podrían ceder, vaciando el lago Gatún, dejando a la ciudad sin agua potable y al comercio mundial completamente paralizado.

Allí radica el nudo final del enredo normativo. A ciertas estructuras comerciales y residenciales de alto valor se les aplica una fiscalización asfixiante, mientras que la periferia social crece en otra cruda realidad. La naturaleza, al igual que el mercado, no acata decretos alcaldicios ni códigos firmados en juntas técnicas. El sismo no lee el manual de ingeniería, así como el delincuente no solicita un cupo ni se afilia a un club de tiro. Cuando la normativa se reduce a un negocio de ventanilla o a un fetiche de complacencia profesional, el país queda suspendido sobre un manto de fragilidad oculta.

Al final, el alma del asunto es que estos vericuetos normativos son el claro reflejo de una gobernanza irreal y corrupta. Es en la etiología de ese mal institucional en donde los panameños debemos enfocarnos con urgencia si queremos evitar que se nos desplome el país entero. Para el Remanente que observa sin anteojeras, queda claro que las normas humanas son solo herramientas útiles si respetan el orden natural; de lo contrario, son solo el preludio escrito del desastre.

Nota: El Enredo Normativo (Parte III)