Categoría: Acción Humana

El intervencionismo daña

Lo que realmente se da en nuestro patio es un intervencionismo económico y populista.

El “estatismo” suele definirse como una gran intervención estatal, politiquera o ideológica, que con facilidad deriva en corrupción. Sin embargo, al abrir la bolsa de grillos de lo que realmente entendemos por corrupción, descubrimos que el vocablo “estatismo” se queda corto. No describe con precisión la actuación gubernamental típica de Panamá ni de muchos otros países.

Lo que realmente se da en nuestro patio es un intervencionismo económico y populista. Los gobiernos invaden de manera permanente la esfera propia del mercado y de la microeconomía familiar: alteran la determinación de precios, los contratos, la contratación laboral, los descuentos y mucho más. Todo ello lo ejecuta el poder de turno —las castas dominantes— con un objetivo claro: lograr ventajas económicas y políticas para los poderosos, mientras destruyen tejido productivo y social.

En este esquema entra de lleno el clientelismo. Las políticas de control de precios, los descuentos obligatorios por ley, los subsidios que no subsidian y los favores a gremios sindicales o a “amiguitos” convierten al gobierno en una simple maquinaria de padrinazgo. Más allá todavía, hablamos de una gobernanza predatoria y demagógica: decisiones reactivas, tomadas bajo la presión popular que alimenta el “regalierno” y su simbiosis mediática, sin considerar jamás los efectos colaterales ni las consecuencias a mediano y largo plazo. El resultado es el desgobierno. Gobiernos que hacen metástasis desde su función debida para con el Estado hacia realidades bastardas y destructivas. Gobernanza depredadora, y punto.

Para entenderlo con claridad, veamos el caso de los controles de precios. Estos sofocan la información esencial que los productores necesitan para decidir qué producir, cuánto y a qué costo. La historia soviética lo ilustra con crudeza: cuando el gobierno no lograba fijar precios realistas, terminaba consultando catálogos de Sears. Absurdo, por supuesto, porque aquellos precios no reflejaban la realidad de la producción y comercialización local. Más allá de sofocar la información de costos, se destruyen los incentivos a producir y a conservar. El desenlace es previsible: escasez, mercados negros, mala calidad y la sustitución de la asignación de mercado por una asignación puramente politiquera.

Los descuentos obligatorios para jubilados generan distorsiones similares. Bajo la coartada de “amar al prójimo”, gobiernos torcidos imponen a los privados la carga de “subsidiar” a un grupo electoralmente atractivo. El caso de un restaurante que se llena de comensales y aun así quiebra no es anécdota: es el resultado lógico. Los clientes pagan un precio fijado políticamente que ya no cubre los costos. La responsabilidad social se convierte en pillaje electoral. Y a todo ello, los causantes de la quiebra escondidos debajo de una falsa asistencia social.

En resumen: el estatismo es la ideología que sostiene que el Estado debe dirigir intensamente la economía. Lo que en la práctica obtenemos suele ser peor. Gobiernos que utilizan el poder estatal de forma oportunista y cortoplacista —mediante controles de precios, descuentos forzosos o favores especiales— destruyen las señales de precios y los márgenes privados sin ningún plan coherente. No estamos ante una gran teoría del Estado, sino ante el ejercicio negligente y electoralista del poder.

Estas realidades están a la vista de quien quiera o sea capaz de advertirlas. El problema es que gran parte del populacho ya se ha hecho adicto a esta gobernanza malsana.

agosto 31, 2026
La Teología en la Desigualdad Económica

La doctora Wanjiru Njoya vuelve a llevarnos por senderos del entendimiento muy poco trillados; esta vez al examinar el tema de la desigualdad económica o DE; desde una perspectiva ‘teológica’; es decir, vista en sentido de la Creación. Mucho se cacarea acerca de la DE pero deambulamos por laberintos matorrales en sus causas y, particularmente, las razones por las cuales existe tanta falta de productividad humana; ya que, hay que ser sanamente productivo para no ser económicamente dependiente.

En el patio panameño he pasado toda una vida escuchando a “economistas” que cacarean sobre la macro economía pero poco o nada sobre la micro economía; aquella que no existe en las esferas de un MEF sino de la familia o en su ausencia. Y en ello nos lanzamos en estériles discusiones acerca de cómo distribuir aquello que producen unos para repartirlo a los que no saben, no quieren o pueden producir cosas que otros desean consumir. En otras palabras, vivimos en un mundo ideológico carente de lógica.

El desafío está en entender cuando cacarean de una distribución de la riqueza; sea económica o aquella mucho más astronómica que trasciende el dinero. En fin, vivimos como náufragos que buscan sustento en pecios flotantes. Y en ello Njoya cita al afro descendiente Thomas Sowell, uno de los intelectuales más influyentes y controversiales de siglo pasado, cuando dice:

“Ni la lógica ni la evidencia empírica ofrecen una razón convincente para esperar resultados iguales o aleatorios entre individuos, grupos, instituciones o naciones.”

Y es que al habar de una distribución de lo que llaman “riqueza”, palabra muy mal usada y entendida, entramos al confuso mundo de los términos torcidos; entre otras, porque hablar de riqueza en sentido de dinero es un disparate, ya que hay cosas que no se pueden “distribuir”. El problema no va por el sendero de la distribución sino de cual es la mejor manera de promover que la gente sea más productiva.

Y sí, también podemos hablar de “distribución” en sentido estadístico; pero la estadística no puede medir la verdadera riqueza, y mucho menos como se logra. Lo que sí podemos es ver y entender cómo ciertas políticas económicas de palacio que, más que nada nacen del interés por votos o peor, interés por pillaje, producen pobreza económica y espiritual.

El mundo es un sitio caótico, imposible de resolver desde palacios manipuladores; ya que la verdadera función de palacio no es dictar cosas como salarios mínimos y disque educar, sino de velar por que estas actividades en la población se lleven a cabo sin trampas.

Pero… ¿Qué es lo que han hecho nuestros gobiernos a través del tiempo? Pues, para disque resolver desigualdades, se han dedicado a patear los balones en vez de servir como jueces de los partidos de la vida. Y, en tal realidad, ¿qué ocurre cuando quien comete las faltas y delitos son los jueces; NODUCA, IDAAN, Policía, ¿etc.? ¿Acaso ellos mismos se arrestarán y juzgarán y pondrán en prisión?

Y es que resulta imposible ver y entender el comportamiento humano; y sólo podemos imaginarlo. Y es así que los “economistas de palacio” pretenden ver e imponer criterios y normas que llaman “económicas”. Pero cuando el río desborda su cauce, estos expertos se agachan para que las piedras les pasen por encima.

En fin, es irreal la pretensión de medir las causas de la “riqueza” en números y tal. Es común ver a ricos que se vuelven pobres y pobres que se vuelven ricos. Y, al final, lo importante es ver y entender cuales son las condiciones que mejor ayudan a las personas a ayudarse ellos mismo; ya que la salvación jamás nos llegará desde el palacio; sea de garza o de gallinazos.

agosto 28, 2026
EURR: Revolut lleva el euro a la blockchain, pero no la libertad monetaria

Revolut acaba de llevar el euro a Ethereum, el EURR. No es tan poco como parece, ni tanto como sugiere el marketing.

La fintech inició el lanzamiento gradual de EURR, una stablecoin diseñada para conservar un valor de un euro. Comenzará con clientes seleccionados de Dinamarca, Polonia y Portugal —un mercado inicial de aproximadamente dos millones de usuarios— y prevé extenderla al resto del Espacio Económico Europeo antes de finalizar el año.

EURR permitirá convertir euros en tokens, enviarlos a billeteras externas y utilizarlos en redes blockchain sin asumir la exposición cambiaria de las stablecoins vinculadas al dólar. La conversión desde dinero fiat no tendría, según Revolut, comisión ni spread, aunque continuarán aplicándose los límites habituales de sus servicios cripto. El despliegue para usuarios comenzará en Ethereum y se ampliará a otras redes conforme aumente la liquidez.

Hasta ahí, la versión publicitaria. Ahora veamos qué es realmente EURR, quién responde por ella y qué clase de libertad ofrece.

La stablecoin de Revolut que no emite Revolut

Aunque lleva la marca Revolut Euro, EURR no es jurídicamente una obligación de Revolut Bank.

La emisora es Bridge Building S.A., la sociedad luxemburguesa de Bridge, empresa de infraestructura para stablecoins adquirida por Stripe en febrero de 2025. Bridge obtuvo el 29 de junio de 2026 dos autorizaciones de la autoridad financiera de Luxemburgo: una como entidad de dinero electrónico y otra como proveedor de servicios de criptoactivos. Revolut Digital Assets Europe, regulada en Chipre, actúa como distribuidor y ofrece el token dentro de su aplicación y de Revolut X.

La distinción no es meramente burocrática. El titular de EURR posee un derecho de rescate contra Bridge, no contra la entidad bancaria de Revolut. Es Bridge quien debe emitir los tokens, custodiar o invertir las reservas y entregar un euro por cada EURR presentado para su rescate.

En otras palabras, no compramos “un euro de Revolut”. Adquirimos un pasivo digital de Bridge, distribuido por Revolut y denominado en euros.

¿Qué respalda cada EURR?

La promesa es sencilla: por cada token en circulación debe existir un euro, o el equivalente en activos líquidos denominados en euros.

Las reservas pueden mantenerse en cuentas segregadas en entidades financieras reguladas o invertirse en instrumentos líquidos admitidos por MiCA. En la fotografía inicial del lanzamiento había apenas 374 EURR en circulación respaldados por 374 euros depositados en efectivo. No es una cifra económicamente relevante: confirma que estamos ante una prueba controlada, no ante una stablecoin que ya haya conquistado mercado.

El white paper prevé que una firma contable independiente verifique mensualmente que las reservas igualen o superen los tokens emitidos. Sin embargo, al momento del lanzamiento no identifica qué firma realizará esa comprobación.

Aquí conviene hacer otra distinción que suele perderse bajo la etiqueta “regulada”. MiCA exige autorización, reservas, transparencia y derecho de rescate, pero el propio registro de ESMA advierte que los white papers allí publicados no han sido revisados ni aprobados por las autoridades: la responsabilidad por su contenido continúa siendo del emisor.

Regulación no significa garantía estatal, mucho menos ausencia de riesgo.

Un token no es un depósito bancario

Quien mantiene euros en una cuenta bancaria de Revolut puede encontrarse, según la entidad que le preste el servicio, bajo un sistema europeo de garantía de depósitos. EURR es otra cosa: un token de dinero electrónico y, por tanto, no está cubierto como depósito bancario.

Existe un derecho de rescate a la par, pero su ejercicio directo exige superar los controles de identificación de Bridge y proporcionar una cuenta bancaria del Espacio Económico Europeo con un IBAN válido. El plazo anunciado para recibir los euros puede alcanzar dos días hábiles.

Esto introduce varios riesgos que el respaldo uno a uno no elimina: riesgo del emisor, de los bancos donde se mantengan las reservas, del contrato inteligente, de la red utilizada, de liquidez en mercados secundarios y del propio proceso de rescate.

Además, Bridge conserva la capacidad de congelar direcciones asociadas con actividades sospechosas o cuando lo soliciten las autoridades. Sus condiciones también admiten que determinados fondos puedan ser bloqueados o embargados sin previo aviso. Y los planes de recuperación previstos por MiCA pueden contemplar, en circunstancias de tensión, límites temporales, cargos de liquidez o incluso la suspensión de los rescates.

EURR puede circular por una blockchain pública, pero eso no convierte su política monetaria ni su administración en descentralizadas. Una cosa es que el registro sea distribuido y otra muy distinta que el activo carezca de administrador.

El negocio detrás de la innovación

El momento elegido por Revolut tampoco es casual.

EURR llega mientras la compañía retira USDT de su oferta para clientes del Espacio Económico Europeo y Suiza. Los saldos que permanezcan después del 31 de agosto serán convertidos a la moneda base de cada usuario. MiCA cierra así el acceso a determinados competidores y, al mismo tiempo, abre un mercado extraordinario para los emisores que obtienen sus licencias.

Revolut no sólo ofrece una alternativa: procura conservar dentro de su propio ecosistema el volumen que antes circulaba mediante stablecoins ajenas.

La oportunidad comercial es evidente. Revolut declara más de 80 millones de clientes, de los cuales más de 16 millones ya utilizan sus servicios cripto. Bridge aporta la licencia y la infraestructura; Revolut, la distribución; y Stripe termina ocupando silenciosamente una parte esencial de las nuevas tuberías del dinero digital.

Existe además el negocio de las reservas. MiCA prohíbe pagar intereses a los tenedores de tokens de dinero electrónico. Por tanto, aunque Bridge obtenga rendimientos sobre los activos permitidos, el titular de EURR sólo conserva la promesa de recuperar su euro nominal. El rendimiento del respaldo queda del lado del emisor y de los acuerdos comerciales que éste haya celebrado.

Nada de eso es ilegítimo. Es el precio y el modelo de negocio de un servicio voluntario. Pero conviene comprenderlo antes de presentar la stablecoin como una democratización del sistema financiero.

El gran problema europeo: casi todas las stablecoins hablan en dólares

El mercado mundial de stablecoins ya supera los 300.000 millones de dólares, pero continúa abrumadoramente dominado por USDT y USDC. En junio de 2026, el Banco Central Europeo calculaba que las stablecoins denominadas en euros apenas reunían alrededor de 500 millones de euros.

Circle anunció pocos días antes del lanzamiento de EURR que su EURC había superado los 400 millones de euros en circulación. Esa es la verdadera referencia competitiva de Revolut, junto con los tokens emitidos por Société Générale, Banking Circle, AllUnity y los proyectos preparados por distintos consorcios bancarios.

EURR parte prácticamente de cero, pero cuenta con algo que muchos competidores no tienen: una aplicación utilizada diariamente por millones de personas. Su prueba no será conseguir una licencia ni colocar el token en un menú. Será lograr liquidez, aceptación externa y usos reales fuera de Revolut.

Hay, además, un detalle bastante desprolijo: EURR ya era el símbolo utilizado por otra stablecoin en euros, emitida por StablR. Dos activos diferentes pueden compartir ticker porque en una blockchain la verdadera identidad está en la dirección del contrato, no en las cuatro letras que aparecen en pantalla. Para un producto que pretende acercar las stablecoins al usuario corriente, empezar duplicando el nombre de otro token no parece precisamente una contribución a la claridad.

¿Es competencia monetaria?

Desde una perspectiva liberal, el lanzamiento tiene aspectos positivos. Amplía las alternativas voluntarias, permite experimentar con nuevos mecanismos de pago y somete a bancos, fintechs y emisores a cierta competencia. Nadie debería impedir que un individuo convierta sus euros en un token y los envíe por la red que considere más conveniente.

EURR también puede mejorar transferencias internacionales, liquidaciones fuera del horario bancario y operaciones entre dinero fiat y activos digitales. Si reduce costos y fricciones, será el mercado —no un ministerio ni el Banco Central Europeo— quien deba premiarlo.

Pero sería exagerado confundir esta competencia entre emisores y plataformas con una verdadera competencia entre monedas.

EURR no ofrece una unidad monetaria distinta. No protege frente a la inflación del euro, no limita las decisiones del BCE y no permite elegir otro patrón de valor. Si el euro pierde poder adquisitivo, EURR lo perderá exactamente en la misma proporción. Lo que compite es el emisor, la interfaz y el sistema de transferencia; no la moneda subyacente.

No estamos ante la desnacionalización del dinero imaginada por Hayek. En el mejor de los casos, estamos ante una mejora privada de sus tuberías.

Tampoco es un euro digital del BCE

EURR no debe confundirse con una moneda digital de banco central. No es de curso legal, su uso es voluntario y el BCE no lleva directamente la cuenta de sus titulares. Es emitida por una empresa privada y puede trasladarse a billeteras externas y redes públicas.

Ésa es una diferencia importante.

Sin embargo, tampoco es dinero resistente a la censura. El emisor puede congelarlo, el distribuidor controla el acceso desde su plataforma, las entradas y salidas requieren identificación y el rescate final depende de instituciones financieras reguladas. Es mucho más parecido a dinero electrónico programable y transferible que a Bitcoin.

Bitcoin elimina la necesidad de confiar en un emisor y no promete rescatarse por otra moneda. EURR hace exactamente lo contrario: su utilidad y estabilidad dependen de que Bridge cumpla en todo momento la promesa de entregar un euro. Uno procura soberanía monetaria; el otro procura comodidad, estabilidad nominal y mejores medios de pago. Son herramientas diferentes para necesidades diferentes.

Un avance útil, con el nombre correcto

EURR puede convertirse en un buen producto. Revolut posee la escala, Bridge la infraestructura y Stripe la capacidad tecnológica para llevar las stablecoins en euros mucho más allá de los mercados cripto tradicionales.

Pero todavía no existe evidencia de adopción. Los 374 euros iniciales son un ensayo, no una revolución. Habrá que observar cuánto cuesta realmente retirar el token, qué liquidez consigue fuera de Revolut, dónde se mantienen las reservas, quién las audita, cuántas direcciones son congeladas y qué ocurre cuando un usuario necesita rescatar en medio de una crisis.

Desde una mirada liberal, más alternativas voluntarias siempre son preferibles a menos. Lo preocupante comienza cuando la regulación no se limita a exigir transparencia y cumplimiento contractual, sino que expulsa unas opciones para favorecer a los emisores autorizados por el propio regulador. La competencia deja entonces de producirse en una cancha abierta y pasa a depender de quién consigue permiso para ingresar.

EURR no es dinero libre. Es un pasivo privado denominado en moneda estatal, regulado en su emisión y censurable en su circulación. Puede ser más rápido, más barato y mucho más útil que los viejos rieles bancarios, y eso ya sería un avance considerable.

Pero no cambia la naturaleza del euro. Sólo lo coloca sobre una blockchain.

agosto 27, 2026
¿Por qué las empresas de inteligencia artificial están comprando millones de libros?

Durante años, buena parte de la inteligencia artificial actual se entrenó con contenidos disponibles en internet. Páginas web, foros, artículos, enciclopedias y repositorios digitales proporcionaron enormes cantidades de texto para enseñar a los grandes modelos de lenguaje. Pero la red empieza a mostrar sus límites. Algunas empresas tecnológicas han buscado otra fuente de conocimiento y han encontrado en los libros la solución.

A principios de 2026, The Washington Post reveló una de estas estrategias a partir de documentos judiciales relacionados con Anthropic, la empresa responsable del asistente de IA Claude. La investigación sacó a la luz “Project Panama”, un proyecto secreto iniciado en 2024 para adquirir libros impresos a gran escala. Los ejemplares se escaneaban y sus textos se incorporaban a los procesos de desarrollo de modelos de IA. Para acelerar el proceso, millones de libros fueron cortados, digitalizados y después enviados a reciclar.

El procedimiento muestra un cambio importante en la forma de valorar el libro. El objeto físico pierde importancia frente a su contenido. El texto puede extraerse, convertirse en datos y utilizarse para alimentar modelos de inteligencia artificial.

Anthropic no es la única compañía interesada en acceder a grandes colecciones de libros. En mayo de 2026, cinco grandes editoriales estadounidenses y el escritor Scott Turow demandaron a Meta y Mark Zuckerberg. Los acusaron de utilizar millones de libros y artículos procedentes de repositorios piratas para entrenar a su modelo Llama. Otros litigios contra empresas de IA apuntan en la misma dirección.

Los libros han adquirido así un nuevo valor estratégico. Ya no son solo objetos que contienen y transmiten conocimiento. También son grandes conjuntos de datos en la competición por desarrollar mejores modelos de inteligencia artificial.

¿Qué tienen los libros que no tenga internet?

Los grandes modelos de lenguaje necesitan enormes cantidades de texto. Sin embargo, cantidad y calidad no son necesariamente lo mismo.

Internet ofrece una diversidad difícil de encontrar en otro lugar. Pero también contiene textos breves, repetidos o poco revisados.

Además, desde 2022, cada vez hay más contenidos creados con IA en internet. Un estudio publicado en 2026 analizó páginas web aparecidas entre 2022 y 2025. A mediados de 2025, alrededor del 35 % de las nuevas páginas estudiadas incluían textos generados o modificados con IA. Esto no significa que el 35 % de internet haya sido creado por máquinas, pero sí muestra que estos contenidos tienen cada vez más presencia en la red.

El problema no es solo distinguir quién ha escrito qué. Una investigación publicada en Nature ya mostró en 2024 que entrenar sucesivas nuevas generaciones de modelos con contenidos producidos por modelos anteriores puede provocar una degradación progresiva de los resultados.

En este contexto, los libros anteriores a la expansión de la IA generativa adquieren un nuevo valor. Ofrecen a las empresas tecnológicas contenidos extensos y estructurados que, en muchos casos, han pasado por procesos profesionales de edición y corrección. Además, han sido escritos por personas.

Cuando el patrimonio se convierte en datos

Durante siglos hemos creado bibliotecas, archivos y universidades para conservar una parte de nuestra memoria colectiva. Estas instituciones no se limitan a almacenar sus fondos, también los catalogan, los preservan y los hacen accesibles.

La inteligencia artificial está dando un nuevo valor a ese patrimonio. No interesa el ejemplar físico; importa la información que contiene. Al digitalizarlo, el texto puede convertirse en datos y utilizarse para entrenar modelos de IA.

Desde la pasada primavera, libreros de España, Alemania, Australia y Nueva Zelanda han alertado de pedidos masivos y poco habituales realizados por la empresa canadiense Zoom Books. Esta compañía se dedica a la venta de libros de segunda mano por internet. Sus compras suelen realizarse a través de grandes plataformas como AbeBooks o Biblio. En ellas se pueden encontrar desde títulos baratos hasta ediciones raras y difíciles de conseguir.

Estos patrones de compra –y el precedente de Anthropic– han despertado sospechas. Sobre todo, por su volumen y por el interés en obras antiguas, descatalogadas o que no están disponibles en formato digital. Zoom Books niega que sea para alimentar a la IA y, por el momento, no existen pruebas concluyentes que permitan atribuirle ese fin.

Las librerías de segunda mano son un filón de ejemplares descatalogados, exóticos o raros. Rhamely / Unsplash

Pero el fenómeno muestra hasta qué punto el contenido de los libros ha adquirido un nuevo valor. La información puede extraerse del objeto, convertirse en datos y circular de forma independiente. Muchos de estos textos nunca se han digitalizado, y algunos contienen conocimientos locales, especializados o publicados en lenguas con poca presencia en internet. Ofrecen información que todavía no está disponible en grandes bases de datos digitales.

Una nueva carrera por el conocimiento

Durante los últimos años hemos hablado de la carrera de la IA en términos de procesadores, energía, centros de datos y algoritmos. Pero la compra masiva de libros pone sobre la mesa otro recurso estratégico, mucho menos visible: el conocimiento humano.

Destruir un ejemplar puede parecer poco relevante cuando existen miles de copias. Pero no todos los libros están en esa situación. Muchos están descatalogados, tuvieron tiradas pequeñas o pertenecen a editoriales y ámbitos locales. Otros son difíciles de encontrar. En estos casos, cada ejemplar que desaparece dificulta el acceso a su contenido.

También importa qué libros se eligen. No todos los conocimientos están igual de representados en los datos que utilizan los modelos de IA. La selección puede reforzar desequilibrios que ya existen en internet.

La lengua es un buen ejemplo. También lo son el origen geográfico, la época o el tipo de conocimiento. Algunas culturas, perspectivas y formas de entender el mundo pueden estar muy presentes. Otras, mucho menos. Y otras pueden quedar al margen.

A esto se suma el debate sobre los derechos de autor. Escritores, editoriales y otros creadores cuestionan que sus obras puedan utilizarse para entrenar sistemas comerciales de IA sin permiso ni compensación. En Europa, la normativa sobre inteligencia artificial intenta aportar algo más de transparencia. Entre otras medidas, exige a las empresas responsables de los grandes modelos informar sobre los contenidos utilizados para entrenarlos y adoptar medidas para respetar la legislación europea sobre derechos de autor.

La cuestión, en todo caso, no es solo qué pueden aprender las nuevas herramientas tecnológicas de nuestros libros. Debemos preguntarnos qué ocurre con ellos tras su digitalización y procesamiento masivo, qué se conserva, qué puede llegar a desaparecer y qué conocimientos quedan fuera. Porque seleccionar los contenidos con los que aprende una IA también significa decidir qué voces estarán más presentes en sus respuestas y qué sesgos puede reproducir.

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Paloma González Díaz, Assistant lecturer, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

agosto 26, 2026
Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

El conflicto por los puertos de Balboa y Cristóbal acaba de entrar en una etapa mucho más delicada.

CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando más de US$1.500 millones, alegando violaciones al tratado de protección de inversiones aplicable a sus activos. Su filial Panama Ports Company mantiene, paralelamente, otro procedimiento arbitral en el que reclama más de US$2.000 millones por la pérdida de las concesiones que durante casi tres décadas le permitieron operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Conviene aclararlo desde el comienzo: Panamá no ha sido condenado a pagar US$3.500 millones. Son reclamaciones de las empresas, que deberán ser discutidas y eventualmente resueltas en arbitraje internacional.

Pero tampoco conviene minimizar lo que está ocurriendo. El verdadero problema supera ampliamente la identidad de CK Hutchison, China o Estados Unidos.

Lo que está en juego es algo bastante más importante para un país pequeño, abierto y dependiente del comercio internacional: la previsibilidad de las reglas bajo las cuales alguien decide invertir capital durante treinta años.

Una concesión no se vuelve legítima por ser privada

Existe una tentación frecuente entre quienes defendemos mercados libres: asumir que cualquier conflicto entre una empresa privada y el Estado debe resolverse automáticamente a favor de la empresa. Eso sería un error. El liberalismo no consiste en defender empresarios, sino defender derechos de propiedad, contratos, competencia e igualdad ante la ley.

Una concesión otorgada mediante privilegios, exclusividades, condiciones discriminatorias o violaciones constitucionales no se transforma en liberal simplemente porque el beneficiario sea una compañía privada.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el 29 de enero de 2026 inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobaba el contrato con Panama Ports Company, así como sus adendas y la prórroga posterior. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero y quedó en firme. Además, el fallo cuestionó particularmente la interpretación realizada en 2021 según la cual la concesión debía renovarse automáticamente hasta 2047.

Si un contrato viola la Constitución, ningún liberal serio debería sostener que debe mantenerse simplemente porque existe. Pero aquí comienza, no termina, el problema.

El Estado también debe responder por los contratos que él mismo celebró

Durante casi treinta años Panama Ports Company operó esos puertos bajo un contrato celebrado, aprobado y sucesivamente reconocido por el propio Estado panameño.

La empresa realizó inversiones, contrató trabajadores, adquirió equipos, estableció relaciones comerciales y organizó su actividad económica suponiendo que los actos del Estado eran jurídicamente válidos. Y aquí aparece un cuestionamiento: si el propio Estado concedió, aprobó, supervisó, prorrogó y durante décadas reconoció un contrato que finalmente resulta inconstitucional, ¿quién debe asumir el costo de ese error institucional?

No existe una respuesta sencilla.

Pero desde la perspectiva de la seguridad jurídica resulta difícil sostener que toda la pérdida debe recaer automáticamente sobre quien confió en los actos oficiales de ese mismo Estado. Una república seria no puede comportarse como una contraparte contractual común cuando firma y como soberano omnipotente cuando desea salir del contrato. Si el Estado tiene la capacidad de declarar inválido aquello que él mismo otorgó, el inversionista incorpora ese riesgo al precio de invertir.

Y ese precio no lo paga solamente CK Hutchison, lo pagan todos los futuros inversionistas.

El riesgo país no nace únicamente del déficit

Solemos hablar de riesgo país pensando en deuda pública, pero existe otro riesgo menos visible: el riesgo institucional.

Un empresario que estudia invertir US$500 millones en Panamá intenta estimar costos de construcción, salarios, energía, demanda, impuestos y logística, pero además, analiza el marco institucional: ¿las reglas bajo las cuales invierto hoy seguirán siendo reconocidas dentro de diez o veinte años?

Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre esa respuesta, mayor será la rentabilidad que exigirá para arriesgar su capital. Ese fenómeno es perfectamente comprensible; la inversión es necesariamente una acción orientada hacia el futuro. El empresario renuncia a recursos presentes esperando obtener un rendimiento posterior. Cuanto mayor sea la incertidumbre institucional que no puede controlar, menor será el número de proyectos que superen su cálculo empresarial.

Algunos no se harán, otros exigirán retornos mayores o incorporarán garantías adicionales. Y otros simplemente se realizarán en otra jurisdicción.

La seguridad jurídica, por tanto, no es una abstracción para abogados, es un precio.

Y ahora apareció la geopolítica

El caso sería suficientemente complejo si fuera solamente jurídico. Pero no lo es.

Los puertos además quedaron atrapados en la creciente disputa estratégica entre Estados Unidos y China; Donald Trump cuestionó públicamente la presencia china alrededor del Canal, aunque el Canal propiamente dicho pertenece y es administrado por Panamá. Posteriormente CK Hutchison anunció una operación global de aproximadamente US$23.000 millones para vender numerosos activos portuarios —incluidos inicialmente Balboa y Cristóbal— a un consorcio encabezado por BlackRock y MSC. La operación encontró a su vez resistencia desde Beijing. Panamá quedó literalmente en el medio.

Y para un país cuya gran ventaja histórica consiste precisamente en servir como punto de encuentro del comercio mundial, ésa es una posición especialmente peligrosa ya que la función económica del Canal no consiste en elegir ganadores geopolíticos, sino en todo lo contrario, que es permitir el tránsito, el comercio y la conexión entre individuos y empresas independientemente de las disputas de sus gobiernos.

Cuanto más consiga Panamá mantenerse como una jurisdicción confiable, neutral y comercialmente abierta, mayor será el valor de su posición geográfica. Cuanto más permita que sus decisiones económicas sean interpretadas como extensiones de Washington, Beijing o cualquier otra potencia, más difícil será preservar esa ventaja.

Neutralidad no significa ingenuidad

Esto tampoco implica que Panamá deba ignorar riesgos legítimos de seguridad nacional.

Un Estado puede y debe establecer reglas básicas. Panamá puede establecer reglas generales de control, transparencia y seguridad sobre infraestructura crítica, exigir información sobre propiedad efectiva, imponer requisitos de gobernanza, auditoría, continuidad operativa, ciberseguridad o límites previamente definidos a determinadas formas de control. Sólo en casos excepcionales, claramente previstos por la ley y bajo criterios objetivos, podría llegar a impedir una operación concreta.

Pero hay una enorme diferencia entre hacerlo mediante reglas ex ante, aplicables a todos, y alterar condiciones una vez que las inversiones ya fueron realizadas. Ésa es precisamente una de las funciones centrales del Estado de derecho, permitir que las personas conozcan las reglas antes de actuar.

Hayek insistía en la importancia de normas generales, abstractas y previsibles precisamente porque reducen la discrecionalidad del gobernante.

El problema no es que Panamá establezca una política sobre activos estratégicos, lo sería si esa política cambiara dependiendo de quién presiona, qué potencia amenaza o qué empresa ocupa circunstancialmente el activo. Eso dejaría de ser rule of law, una vez más, administración discrecional de intereses.

Los US$3.500 millones no son todavía una deuda, pero tampoco son gratis

También existe una dimensión fiscal.

Las dos reclamaciones conocidas superan conjuntamente los US$3.500 millones. Una corresponde a los derechos contractuales reclamados por Panama Ports Company; la nueva acción de CK Hutchison se plantea separadamente bajo derechos derivados de un tratado de protección de inversiones.

Panamá puede ganar ambos casos, obtener decisiones parciales, llegar a acuerdos o perderlos.

Hoy nadie responsable puede presentar esos US$3.500 millones como una obligación cierta, pero desde el punto de vista presupuestario representan una contingencia. Y las contingencias también forman parte del verdadero costo del Estado.

Ésta es una cuestión especialmente importante desde Public Choice, porque los gobernantes toman decisiones hoy cuyos costos pueden aparecer años después, pero quien obtiene el beneficio político de una medida puede no ser quien tenga que incorporar posteriormente la indemnización al presupuesto. El tiempo separa la decisión de su factura y cuando finalmente llega la factura, la paga un tercero: el contribuyente.

¿Quién paga cuando el Estado se equivoca?

Éste es quizás el aspecto más interesante del caso. Supongamos que el contrato original tuvo condiciones extraordinariamente favorables para la empresa. Supongamos incluso que funcionarios panameños cometieron errores gravísimos al aprobarlo o prorrogarlo.

¿Quién termina pagando?

Si el contrato permanece, pueden hacerlo los ciudadanos mediante condiciones desfavorables; si se anula y Panamá pierde el arbitraje, vuelven a hacerlo los ciudadanos mediante una indemnización, pero los funcionarios que diseñaron el contrato original rara vez aportan un centavo; lo mismo, los funcionarios que aprobaron la prórroga tampoco. Y quienes toman posteriormente decisiones que generan responsabilidad internacional tampoco responden personalmente con su patrimonio.

Éste es exactamente el problema de incentivos que Buchanan y la teoría de Public Choice obligan a mirar. El Estado no es una entidad abstracta que absorbe pérdidas, las traslada.

Por eso el control institucional previo importa tanto.

La próxima concesión debería ser muy diferente

Panamá tiene ahora una oportunidad.

No para reemplazar una empresa extranjera por otra políticamente más conveniente, o sustituir capital chino por estadounidense. Y mucho menos para convertir los puertos en empresas administradas burocráticamente por el Estado.

La oportunidad consiste en diseñar un sistema mucho más competitivo y jurídicamente robusto.

Si Balboa y Cristóbal vuelven a concesionarse, Panamá debería procurar: reglas abiertas y conocidas previamente; licitaciones internacionales genuinamente competitivas; ninguna negociación diseñada alrededor de una empresa específica; plazos razonables; mecanismos transparentes de revisión; obligaciones claras de inversión; ausencia de renovaciones automáticas y procedimientos de resolución de controversias definidos desde el comienzo.

Sobre todo, debería evitar contratos-ley convertidos en matrimonios de varias décadas entre el poder político y un único operador.

El mercado necesita contratos, pero también necesita contestabilidad.

Panamá debe elegir a Panamá

Existe finalmente una tentación geopolítica que convendría resistir; interpretar el episodio como una victoria estadounidense sobre China sería tan peligroso como interpretarlo como una obligación panameña de proteger intereses chinos. Panamá no tiene por qué elegir entre Washington y Beijing. Tiene que elegir algo mucho más sencillo: a Panamá.

Y el interés panameño de largo plazo consiste en ser una jurisdicción abierta al capital, respetuosa de los contratos, neutral en el comercio y extraordinariamente predecible en sus reglas.

El activo más importante del país no es solamente el Canal, sino la confianza en que cualquier persona puede utilizarlo, invertir alrededor de él y comerciar a través de Panamá sin necesitar primero saber qué potencia controla el tablero político del momento.

La geografía le dio a Panamá una ventaja extraordinaria, las instituciones determinan cuánto vale.

Por eso el desenlace del conflicto de Balboa y Cristóbal importará mucho más que los US$1.500 millones, los US$2.000 millones o incluso quién termine operando ambos puertos.

Cuando todo esto termine, ¿los inversionistas considerarán que Panamá ofrece reglas más claras y previsibles que antes, o menos?

Ésa será la verdadera factura del caso. Y ésa, mucho más que cualquier arbitraje, será la que determine el costo económico de lo ocurrido.

agosto 25, 2026
El Intervencionismo Central Castrante

El intervencionismo central conlleva serias consecuencias – Escrito original hace 6 años sobre una realidad que no muere sino crece y bien vale abundar en ello.

Al grueso de la población poco les mueve las realidades económicas; sin embargo, ¡vaya si éstas no le afectan! Es tan cómodo dejar que el rey se encargue de esos fastidios: “¡Economía!, ¿qué es eso? Para eso tenemos gobierno, y yo sigo con lo mío.” Luego, cuando lo económico se hace presente en nuestras vidas, las cosas cambian, aunque sigamos ignorando su razón y origen. Toda esa irresponsable delegación que venimos haciendo al gobierno, en cosas que realmente no son propias de una sana gobernanza, son fatales.

Podemos decir que hay “intervención o intervencionismo económico central” cuando los gobiernos se inmiscuyen en la economía de los ciudadanos más allá de su constitucional función de velar por la vida, libertad y propiedad. Simplemente, el gobierno no debe inmiscuirse en la economía; lo cual nos lleva a reiterar la definición de economía. Son muchas las definiciones, pero las auténticas guardan la esencia del asunto; algo así como: “Es el arte de poner la paila con lo que nos entra.” En términos menos vulgares: “Es la administración frugal o ahorrativa del gasto o consumo del dinero y otros capitales.” Es la planificación prudente de la casa o familia. Entonces ¿dónde entran los politicastros en todo ello?

La misma naturaleza humana responde a la necesidad de satisfacer deseos que son infinitos con recursos que son finitos. Pero ¡ojo!, que sólo son finitos en la medida de nuestra falta de visión de un mundo y universo infinito. Dicho eso, no hay caso que estamos limitados por nuestras propias limitaciones humanas; ya que el pastel es infinito y sólo hace falta ir descubriéndolo y ampliándolo; siempre y cuando los politicastros no se inmiscuyan.

Los humanos tenemos dos vías de acceso a las cosas que deseamos: 1) Es fabricándolas nosotros mismos, o… 2) Mediante el intercambio o mercado; al cual debo añadir, mercado no intervenido, y menos por bribones de palacio. No obstante, la ruta de entrada de los interventores centrales va por la ruta de “te estamos cuidando” contra el robo, fraude y tal. Sí, eso es potable, hasta que quien roba y comete fraude es quien te cuida. ¡Uy!, ‘¿y como nos protegemos contra eso? Pues, limitando el tamaño y función de los cuidadores. ¿Recuerdan también aquello de la “división de poderes”?

Tristemente, una vez que hemos permitido o ayudado con la entrada de los bribones centrales en nuestras economías, el asunto se torna harto difícil de arreglar. Las tretas parecen ser infinitas: Tal como aquello de una “economía mixta”. No sé por qué, pero me suena a “ménage à trois”. ¿Seremos tan ingenuos de pensar y creer que los gobiernos se meten en nuestras alcobas para colaborar con la coyunda reproductiva? Tristemente, sí somos ingenuos. Y ni hablar cuando nos dicen que están para “estimular” el asunto.

Debemos ser más que ingenuos o descuidados para creer que la intervención de los politicastros van a ayudarnos económicamente, y ni hablar en la alcoba. ¡Ya, basta! No es más que el zorro justificando su presencia en el gallinero. Y entonces entra el estado completamente obeso y metiche… y se me acaban las palabras y el buen humor.

Lo cierto, mis estimados lectores, consecuencias hay, y cada día están más próximas. Y aprovecho para reiterar lo que nos advirtió esa gringa nacida en Rusia, Ayn Rand, lo cual me lo recordó un amigo economista: «Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada: cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores: cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti: cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada».

agosto 24, 2026
Una vacuna escrita para cada tumor: el ARNm da su primer gran salto contra el cáncer
No es todavía “la vacuna contra el cáncer” ni permite hablar de una cura universal. Pero el anuncio realizado por Moderna y Merck el 19 de agosto marca un hito: por primera vez una terapia oncológica personalizada basada en ARN mensajero supera con éxito un ensayo clínico de fase III.

Durante años hemos escuchado hablar de vacunas contra el cáncer con una mezcla comprensible de esperanza y escepticismo. Esta vez hay una diferencia importante: el anuncio no procede de un experimento con animales ni de un pequeño ensayo inicial.

Moderna y Merck —MSD fuera de Estados Unidos y Canadá— comunicaron el 19 de agosto de 2026 que intismeran autogene, su terapia personalizada de ARN mensajero, alcanzó los objetivos principales de un ensayo de fase III en pacientes con melanoma de alto riesgo.

El estudio, denominado INTerpath-001, incluyó a 1.137 pacientes con melanoma en estadios IIB a IV cuyo tumor había podido ser extirpado completamente. Los pacientes recibieron pembrolizumab —el conocido inmunoterápico Keytruda— solo o combinado con la nueva vacuna personalizada.

La combinación consiguió una mejoría estadísticamente significativa y clínicamente relevante tanto en la supervivencia libre de recaída como en la supervivencia libre de metástasis a distancia respecto de Keytruda utilizado solo. Es la primera vez que una terapia individualizada de neoantígenos basada en ARNm obtiene un resultado positivo de esta magnitud en fase III.

Y eso merece atención.

Una vacuna que no existe hasta que aparece el paciente

Aquí empieza lo verdaderamente fascinante.

Cuando pensamos en una vacuna imaginamos un producto idéntico para millones de personas. Ésta funciona exactamente al revés. Cada vacuna es diferente.

Primero se extirpa y analiza el tumor del paciente. Se estudian las mutaciones de sus células cancerosas y se identifican aquellas que producen proteínas anormales —los llamados neoantígenos— capaces de distinguir a la célula tumoral de una célula normal.

A partir de esa información se diseña mediante algoritmos una molécula de ARN mensajero que puede codificar hasta 34 neoantígenos específicos de ese tumor. Es decir, se fabrica una vacuna prácticamente a medida del cáncer de esa persona.

Una vez administrada, el ARNm proporciona temporalmente a las células las instrucciones necesarias para producir esos marcadores. El sistema inmunológico aprende entonces a reconocerlos y genera linfocitos T capaces de buscar células que exhiban esas características.

La idea podría resumirse de manera sencilla: mostrarle al sistema inmunológico la fotografía molecular del enemigo.

Pero queda un problema.

Los tumores han desarrollado sofisticados mecanismos para desactivar las defensas del organismo. Uno de ellos utiliza la vía PD-1 para poner una especie de freno a los linfocitos T.

Ahí entra pembrolizumab (Keytruda), que bloquea precisamente ese mecanismo.

Las dos terapias hacen, por tanto, cosas diferentes pero complementarias: la vacuna enseña al sistema inmunológico qué debe atacar y Keytruda le quita uno de los frenos que dificultan el ataque.

Lo que ya sabíamos antes del anuncio

El resultado de esta semana no ha aparecido de la nada. Antes de iniciar la enorme fase III, Moderna y Merck habían realizado un ensayo fase IIb con 157 pacientes con melanoma avanzado de alto riesgo completamente extirpado. Y existe ya seguimiento a cinco años publicado en junio de 2026 en el Journal of Clinical Oncology.

Los resultados son especialmente interesantes porque permiten observar si el efecto desaparece con el tiempo. No parece hacerlo. Después de una mediana de seguimiento de cinco años, la combinación de intismeran y pembrolizumab mostró, frente a pembrolizumab solo:
- 49 % menos riesgo de recaída o muerte.
- 59 % menos riesgo de desarrollar metástasis a distancia o morir.
En supervivencia global también apareció una tendencia favorable, pero el número de muertes era todavía demasiado pequeño para sacar una conclusión estadísticamente firme.

Además, los investigadores encontraron algo que refuerza la hipótesis de funcionamiento del tratamiento: en los pacientes vacunados aparecieron nuevos clones de linfocitos T dirigidos contra los neoantígenos codificados por la vacuna, y la expansión de esos clones fue mayor entre quienes permanecieron libres de recaída.

No sólo parece funcionar clínicamente. Hay indicios biológicos de que está haciendo precisamente aquello para lo que fue diseñada.

¿Qué acaba de cambiar entonces?

La fase II sugería que la estrategia funcionaba. La fase III comienza a demostrar que puede convertirse en medicina real. Ésa es la diferencia.

Los ensayos de fase III son grandes estudios comparativos destinados a determinar si un tratamiento supera suficientemente al estándar existente como para justificar su aprobación.

INTerpath-001 comparó precisamente la vacuna más Keytruda contra Keytruda solo, que ya constituye una terapia muy potente y la combinación consiguió superar al tratamiento de referencia en sus dos variables fundamentales: evitar que el cáncer reaparezca y evitar que llegue a órganos distantes.

Las compañías todavía no han publicado las cifras detalladas de esta fase III. Conocemos que los objetivos fueron alcanzados y que el resultado fue estadística y clínicamente significativo, pero todavía faltan los hazard ratios, curvas de supervivencia, análisis por subgrupos y seguimiento completo.

Tampoco se ha demostrado todavía que la combinación aumente definitivamente la supervivencia global.

Esa cautela es fundamental.

Pero también lo es reconocer que superar una fase III constituye una frontera muy distinta que la de mostrar resultados prometedores en laboratorio.

Moderna y Merck ya han anunciado que presentarán los datos completos en un congreso médico internacional y comenzarán las conversaciones con los organismos reguladores para solicitar la aprobación del tratamiento.

No es “la vacuna contra el cáncer”

Aquí conviene desmontar probablemente el titular que veremos repetido durante las próximas semanas. No existe un único cáncer.

Lo que llamamos cáncer engloba centenares de enfermedades diferentes, con mutaciones, tejidos, evolución y respuestas inmunológicas distintas.

Tampoco esta vacuna evitaría que una persona sana desarrolle cáncer, como una vacuna contra el sarampión evita el sarampión; es una vacuna terapéutica: se administra a alguien que ya tuvo un cáncer identificado y cuyo tumor puede analizarse para construir el tratamiento.

Y en este caso concreto se está utilizando después de la cirugía intentando destruir las células malignas microscópicas que puedan haber quedado y provocar posteriormente una recaída o una metástasis. Por eso quizá resulte más preciso llamarla inmunoterapia personalizada basada en ARNm.

La verdadera revolución puede estar en la plataforma

El resultado del melanoma podría terminar siendo solamente la primera pieza.

Moderna y Merck mantienen actualmente nueve estudios de fase II y III con intismeran en distintos tumores. Además del melanoma, la tecnología está siendo evaluada en cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de vejiga y carcinoma renal, entre otros.

Y aquí aparece la dimensión potencialmente revolucionaria del descubrimiento.

Tradicionalmente intentamos encontrar una molécula capaz de tratar a miles o millones de pacientes con determinada enfermedad, pero esta tecnología propone otra lógica: conservar la plataforma y cambiar el medicamento para cada individuo.

El procedimiento industrial sería el mismo, pero la secuencia genética contenida dentro de la vacuna sería distinta para cada paciente.

Secuenciar el tumor.
Identificar sus mutaciones.
Seleccionar los neoantígenos más prometedores.
Diseñar el ARN.
Fabricarlo.
Administrarlo.
Y convertir al sistema inmunológico del propio paciente en una herramienta dirigida contra las características particulares de su cáncer.

Es medicina personalizada llevada hasta una escala que hace apenas dos décadas parecía difícilmente imaginable.

También plantea enormes desafíos: velocidad de fabricación, costos, capacidad de secuenciación, logística y acceso a terapias que necesariamente serán más complejas que producir millones de dosis idénticas de un mismo medicamento.

Pero la tecnología de ARNm posee precisamente una característica que puede ayudar a resolver parte de ese problema: una vez desarrollada la plataforma, modificar la información que transporta resulta mucho más sencillo que desarrollar desde cero una nueva molécula farmacológica.

Una noticia enorme, sin necesidad de exagerarla

Quizá lo más extraordinario de esta historia sea que no hace falta llamarla “cura del cáncer” para que sea una noticia excepcional.

Por primera vez una vacuna individualizada de ARNm ha llegado hasta una gran fase III y ha demostrado mejorar los resultados de una de las inmunoterapias más importantes que ya posee la oncología.

Falta conocer la magnitud exacta del beneficio en esta fase III. Falta comprobar la supervivencia global. Falta la evaluación de los reguladores. Falta saber cuánto costará, cuánto demorará fabricar cada vacuna y si el éxito del melanoma podrá repetirse en otros tumores.

La ciencia avanza precisamente así: eliminando incertidumbres una detrás de otra.

Pero una de ellas acaba de caer.

Hasta ahora podíamos decir que era posible diseñar una vacuna de ARN mensajero utilizando las mutaciones particulares del cáncer de una persona y conseguir que su sistema inmunológico aprendiera a reconocerlas. Desde el 19 de agosto de 2026 podemos añadir algo mucho más importante: en un ensayo clínico de fase III, esa estrategia consiguió mejorar el tratamiento de pacientes reales. No es todavía la cura del cáncer.

Pero puede ser uno de esos momentos en los que, mirando hacia atrás dentro de algunos años, descubramos que la manera de tratarlo empezó a cambiar.
agosto 21, 2026
El Intervencionismo Gubernamental Genera la Familia Menguante

Alrededor del mundo las tasas de natalidad se desploman y, lo grave es que, por debajo de 2.1 nacimientos por mujer, la sociedad misma se desploma de maneras que muy pocos vislumbran. Lastimosamente, pocos advierten el nexo entre la castrante intervención gubernativa y el fenómeno de la familia menguante. Los factores que inciden en el problema son múltiples: los disparados costos de vida, los valores cambiantes y, en general, la creciente dificultad de criar, educar y conducir a los hijos para integrarlos a la sociedad de forma productiva.

Para entender el efecto castrante del intervencionismo debemos referirnos a la «praxeología»; es decir, al estudio de la praxis, la práctica o acción humana. En otras palabras, a lo que ocurre cuando uno actúa de una u otra forma y a los móviles detrás de esa conducta.

Si estudiamos la práctica del apareamiento humano, en su fase inicial está impulsada y guiada por instintos carnales a los que solemos llamar «amor». Pero esto me lleva a preguntar: ¿es realmente amor la simple cúpula macho/hembra? La atracción inicial no está motivada por un deseo explícito de reproducción, sino por un impulso biológico primario. ¿Es esa atracción física «amor» o es simplemente el mecanismo con el que la naturaleza asegura la cópula? El amor auténtico, en cambio, emerge como un constructo posterior que sostiene la alianza humana a largo plazo.

Históricamente, los hijos solían ser el resultado natural del impulso copulativo. Sin embargo, al vivir en familia las cosas cambian: los hijos resultan ser una excelente inversión a largo plazo dentro de un medioambiente institucional estable que premia el sacrificio. Pero en nuestra era han entrado en juego elementos distorsionadores que alteran estos patrones históricos, comenzando por la inflación monetaria: una grosería gubernamental que destruye sistemáticamente el ahorro.

A esto se le suman las pensiones de la CIS (Caja de Inseguridad Social), un putrefacto esquema Ponzi con fecha de caducidad en el que se pierde por completo lo ahorrado. En semejante realidad, lo que termina mandando no es el factor humano de la descendencia, sino la asquerosa intervención centralizada.

Luego está el tema de la salud y sus severas distorsiones en una economía politizada. Vaya usted a buscar atención a la CIS, donde la supervivencia se resume en una lista de espera burocrática. Y no podemos olvidar al NODUCA, una deseducación obligada y diseñada para mantener al rebaño cercado.

En cuanto a la vivienda, nuestros gobiernos la han vendido bajo la consigna del subsidio. El caso de los apartamentos que reemplazaron a las fincas y viviendas quemadas durante la Invasión debía ser aleccionador; pero no lo es, ya que muy pocos lo entienden.

Pero donde la puerca tuerce el rabo es en la creación de instituciones gubernamentales que trastocan la función propia de la gobernanza, amoldándola a intereses bastardos y corruptos. En Panamá, el Estado está metido en todo lo que no le compete, transformando la gestión pública en un asalto empobrecedor. Para muestra de cómo el asistencialismo estatal destruye la estructura familiar, basta ver cómo en EE. UU. la proporción de hogares monoparentales en la comunidad negra se disparó del 22% al 67% entre 1960 y 1985 tras la expansión del Estado de bienestar.

La familia ha dejado de ser soberana, reemplazada por instituciones gubernamentales políticamente corruptas y destructivas de la moral. Todo esto no es más que lo advertido por pensadores como Hayek en El camino de servidumbre: la tragedia de entregar la libertad a cambio de migajas. Y, a fin de cuentas, todo ello explica el fenómeno de la familia menguante. Si no rechazamos decididamente el estatismo, no hay salvación posible.

agosto 20, 2026
Presupuesto 2027: una oportunidad para mirar no sólo cuánto gasta Panamá, sino cómo gasta

El Presupuesto General del Estado para 2027 ya comenzó su recorrido por la Asamblea Nacional. El proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a B/.35.111,7 millones, apenas un 0,6% más que el presupuesto modificado de 2026.

Ese primer dato merece atención porque, en un país acostumbrado durante años a presupuestos que crecen con mayor velocidad, un incremento nominal tan pequeño transmite al menos una intención de contención. No equivale todavía a una reducción del tamaño del Estado, ni mucho menos a una reforma estructural, pero tampoco sería justo ignorar el esfuerzo por mantener prácticamente estable el gasto agregado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha presentado el presupuesto como “responsable, realista y ejecutable”, con énfasis en inversión pública, sostenibilidad fiscal y mayor asignación a los gobiernos locales. El proyecto contempla alrededor de B/.12.564 millones destinados a inversión.

Hay, por tanto, elementos positivos que conviene reconocer antes de entrar en las preguntas difíciles.

Una composición algo más saludable

Uno de los cambios más interesantes está en la estructura del gasto.

El presupuesto del Gobierno Central bajaría de aproximadamente B/.17.935,6 millones en 2026 a B/.16.534,5 millones en 2027, una reducción cercana al 7,8%. Parte importante de esa caída se explica por un menor servicio de la deuda: pasa de B/.7.938,9 millones a B/.5.496,1 millones, unos B/.2.443 millones menos.

Ese descenso no significa, por supuesto, que Panamá haya reducido su deuda en esa magnitud. Los vencimientos y operaciones financieras varían de un año a otro. Pero sí libera espacio presupuestario durante 2027 y reduce temporalmente la presión que el servicio financiero ejerce sobre otros usos de los recursos públicos.

También resulta razonable que el Gobierno intente orientar una proporción mayor hacia inversión.

La inversión pública bien seleccionada puede resolver cuellos de botella importantes en infraestructura, agua, saneamiento, movilidad, educación o logística. En un país cuya competitividad depende enormemente de su infraestructura y de su posición como centro internacional de servicios, no todo gasto público puede evaluarse simplemente por su monto.

La pregunta relevante es qué rendimiento social y económico produce.

Un dólar utilizado para mantener una estructura administrativa innecesaria no tiene el mismo significado que un dólar utilizado para reparar una carretera que conecta una zona productiva con los mercados.

Por eso el debate presupuestario debería abandonar gradualmente la obsesión por cuánto recibe cada institución y avanzar hacia una discusión sobre qué resultados obtiene con esos recursos.

El verdadero problema está en el gasto que nadie puede tocar

Hay, sin embargo, una advertencia especialmente importante.

Moody’s ha señalado recientemente que Panamá tiene alrededor del 70% del gasto del Gobierno Central sujeto a distintos grados de rigidez, mientras que leyes especiales, escalafones y obligaciones automáticas continúan agregando presión sobre las finanzas públicas. Para 2027, estimaciones citadas durante esta discusión sitúan en aproximadamente B/.340 millones el costo adicional asociado a algunas de esas obligaciones legales.

Este es probablemente uno de los problemas fiscales más importantes de Panamá y, paradójicamente, uno de los menos visibles.

Un ministro de Economía puede administrar prudentemente las cuentas y aun así disponer de muy poco margen real para cambiar el destino del gasto ya que existen salarios fijados mediante leyes especiales, escalafones automáticos, transferencias obligatorias o subsidios establecidos previamente. Además, están las asignaciones constitucionales o legales y el servicio de deuda.

Cada una de esas obligaciones puede haber tenido una justificación política en el momento en que fue creada. El problema aparece cuando se acumulan durante décadas hasta convertir el presupuesto en una enorme estructura de compromisos previamente adquiridos.

Entonces el presupuesto deja parcialmente de ser una decisión anual sobre prioridades y comienza a parecerse a una factura que simplemente llega todos los años.

La planilla merece atención, pero sin simplificaciones

Otro número que merece seguimiento es la planilla estatal, presupuestada para 2027 en aproximadamente B/.7.924 millones.

Aquí también conviene evitar dos extremos.

No todo funcionario público es prescindible y no toda contratación estatal constituye malgasto. Médicos, docentes, policías, técnicos jurídicos, ingenieros, investigadores y muchos otros trabajadores realizan funciones que el Estado ha decidido prestar, pero tampoco debería aceptarse que la planilla crezca simplemente por inercia.

La pregunta correcta no es necesariamente ¿Cuántos funcionarios podemos despedir? sino más bien ¿Qué funciones necesita realmente realizar el Estado y cuántas personas necesita para realizarlas?

El orden de esas preguntas importa muchísimo.

Reducir personal sin reformar procesos puede deteriorar servicios. Reformar procesos, digitalizar trámites, eliminar duplicidades y cerrar funciones innecesarias permite después reducir estructuras de manera racional. Eso es desburocratización real, lo contrario es simplemente recorte arbitrario.

Los B/.37 millones de publicidad: pequeños en el presupuesto, grandes como símbolo

Durante la sustentación del presupuesto apareció además una partida de aproximadamente B/.37 millones para promoción y publicidad estatal. El propio Chapman expresó sorpresa al conocer el agregado, explicando posteriormente que allí se incluyen también empresas públicas y financieras y que algunas campañas responden a objetivos específicos, como la promoción de la lotería fiscal o la venta de bienes aprehendidos.

En un presupuesto de B/.35.000 millones, B/.37 millones representan poco más de una décima de punto porcentual y que fiscalmente no resolverán el déficit panameño. Pero institucionalmente son interesantes.

La publicidad estatal debería superar una prueba relativamente sencilla de responder a la pregunta ¿esta comunicación beneficia al ciudadano o al gobernante?.

Informar sobre vacunaciones, fechas tributarias, prevención de desastres, cambios regulatorios o servicios públicos puede estar plenamente justificado, pero mostrar una obra terminada acompañada del rostro, nombre o eslogan de quien gobierna pertenece a una categoría bastante diferente.

No hace falta prohibir toda comunicación gubernamental. Hace falta distinguir con mayor claridad información pública de propaganda política financiada por terceros obligados a pagarla. Y justamente esos terceros son los contribuyentes, mejor dicho, los pagadores de impuestos.

Más descentralización también exige mejores controles

El proyecto contempla además mayores recursos para gobiernos locales, algo coherente con una estrategia de descentralización territorial. Chapman ha defendido esa orientación señalando que las regiones deberían tener mayores posibilidades de atender necesidades de acuerdo con sus propias realidades. La dirección es razonable ya que un gobierno central difícilmente puede conocer mejor que una comunidad sus prioridades cotidianas.

Pero descentralización no significa simplemente transferir dinero desde una burocracia nacional hacia 81 burocracias municipales.

Para que funcione debe ir acompañada de transparencia, responsabilidad y comparación y como mínimo debe transparentarse cuánto recibe cada municipio, en qué lo utiliza, cuánto cuesta cada obra, quién la ejecuta y qué resultados obtiene.

La descentralización es poderosa precisamente porque permite comparar. Por ejemplo, si dos municipios reciben recursos semejantes y uno construye una obra por la mitad del costo que otro, alguien debería preguntar por qué.

Esa información constituye uno de los mecanismos de control más efectivos que existen.

Las vistas presupuestarias pueden ser más importantes que la aprobación final

Desde el 17 de agosto, la Comisión de Presupuesto comenzó las vistas de las 96 instituciones incluidas en el proyecto. Cada una deberá explicar sus necesidades, prioridades, programas y proyectos ante los diputados y quizás allí se encuentre la parte más interesante de todo el proceso.

Porque un presupuesto agregado de B/.35.111 millones dice relativamente poco.

La información realmente útil aparece cuando comenzamos a bajar niveles.

¿Cuánto cuesta una institución?

¿Cuánto dedica a personal?

¿Cuánto a consultorías?

¿Cuánto a alquileres?

¿Cuánto a viajes?

¿Cuánto a publicidad?

¿Cuántos programas diferentes persiguen el mismo objetivo?

¿Cuántas entidades realizan funciones similares?

¿Cuáles muestran resultados mensurables?

Es allí donde puede comenzar una conversación adulta sobre eficiencia pública, no desde el prejuicio de que todo gasto es malo, pero tampoco desde la presunción contraria de que todo programa público merece continuar simplemente porque ya existe.

Panamá no necesita convertir el presupuesto en una guerra ideológica

El gobierno de José Raúl Mulino nunca se presentó como un experimento libertario ni prometió una reducción radical del Estado asi que evaluarlo con ese estándar como nos gustaría desde nuestra mirada, sería intelectualmente injusto. Y no vamos a hacerlo.

La evaluación razonable sería investigar dentro del modelo de Estado que el propio Gobierno ha elegido administrar, ¿lo está haciendo con prudencia, profesionalismo y conciencia de las restricciones fiscales?

Hasta ahora hay algunas señales que merecen reconocimiento: crecimiento presupuestario prácticamente contenido, mayor énfasis declarado en inversión, una reducción importante del servicio de deuda correspondiente a 2027 y un Ministerio de Economía que al menos ha colocado la sostenibilidad fiscal dentro del discurso público. Eso es muy bueno!

Pero hay también problemas estructurales que ningún ministro puede resolver simplemente administrando mejor el presupuesto anual. A saber, las mayores dificultades están en la rigidez legal del gasto, la expansión acumulativa de compromisos, la planilla, los subsidios, la duplicidad institucional.Y quizás la más importante, la dificultad política de eliminar programas una vez creados y que se van sumando cada año creando capas geológicas burocráticas y de gasto superfluo. Ahí se encuentra probablemente la próxima etapa de la discusión fiscal panameña.

Del presupuesto del año al Estado que queremos financiar

El Presupuesto 2027 no parece, al menos en su planteamiento inicial, irresponsable.

Tampoco es un presupuesto de transformación del Estado.

Es más bien un presupuesto de administración y consolidación, condicionado por muchas decisiones que Panamá tomó durante las décadas anteriores y quizás precisamente por eso ofrece una oportunidad.

En lugar de discutir cada año si Educación recibe más, Salud menos o determinada institución consiguió cincuenta millones adicionales, los panameños en general y los representantes en particular podrían comenzar a preguntarse periódicamente algo mucho más elemental: ¿seguiríamos creando hoy todas las instituciones, programas, subsidios y obligaciones que estamos financiando?

Si la respuesta a alguna de ellas es no, ahí comienza el verdadero ahorro, no en quitarle cinco dólares a cada programa, sino en dejar de financiar aquello cuya razón de existir desapareció.

Una política fiscal seria no necesita considerar al Estado un enemigo, sino obliga a algo mucho más sencillo y exigente: obligarlo periódicamente a justificar por qué sigue gastando cada balboa que le pide al ciudadano.

agosto 19, 2026
Del Casco Viejo al Nuevo

En su origen germánico, la palabra burgo designaba una torre, castillo o fortificación amurallada construida con el propósito de resguardar a una población en la Edad Media. Alrededor de estas fortalezas —e incluso de los monasterios—, mercaderes y artesanos se fueron asentando fuera de los muros, en el «extramuros». Dichos asentamientos periurbanos fueron conocidos como arrabales; o «El Arrabal», en el caso específico de nuestro Casco Viejo en Panamá.

Sí, nuestro Casco Viejo fue un verdadero burgo. Cuando los piratas acechaban, los habitantes del arrabal cruzaban hacia el intramuros no solo buscando refugio, sino para sumarse activamente a la defensa.

A dónde voy con estas líneas es a describir un fenómeno que pocos han advertido sobre Panamá: el hecho de que fue y, de cierta manera, sigue siendo un burgo rodeado de arrabales. Es cierto que el burgo moderno ya no ostenta murallas de cal y canto, pero en el mundo contemporáneo existen muchas otras clases de murallas.

Al igual que en la época medieval, la ciudad fue evolucionando. Cuando cesaron los ataques piratas, fuimos derribando los muros de piedra del ayer para reemplazarlos con fronteras invisibles. Lo cierto es que en el corazón de nuestra capital habitan, principalmente, los burgueses (los del burgo), mientras que en la periferia se extienden los arrabales, intercalados a veces con nuevos enclaves acomodados. Valdría la pena preguntarnos cuánto hemos evolucionado realmente en cuanto a nuestras murallas socioeconómicas. Estas han mutado en rascacielos que funcionan como burgos financieros, manteniendo al margen a los del arrabal mediante sofisticados muros traslúcidos.

Hoy en día, la dinámica de colaboración se ha pervertido. Los habitantes de los arrabales —tanto citadinos como migrantes del campo— ya no entran al burgo para acarrear piedras, verter agua hirviendo, reparar brechas, apagar incendios u operar ballestas. Hoy, las élites han aprendido a utilizarlos para fines más oscuros: los usan para legitimar con su voto a gobernantes corruptos o para articular protestas callejeras por encargo. A cambio, se les compensa con esquemas de «subsidios» que lo único que realmente subsidian y perpetúan es la pobreza.

Los arrabales de hoy, igual que los de antaño, quedan atrapados tras nuevos anillos defensivos: infraestructuras deficientes, transporte precario y servicios colapsados de agua y electricidad. No se trata de pretender que el Burgo deba regalarles todo; se trata de señalar que mantener al arrabal en la ignorancia —mediante un sistema educativo deficiente (el «NODUCA») e instituciones clientelistas— es la forma más eficaz de condenarlo a vivir en el ayer.

agosto 18, 2026