Cada vez que un escándalo sacude al Ministerio de Educación (MEDUCA) aparece la misma reacción: hay que encontrar al culpable, cambiar de ministro o funcionarios, investigar contratos, exigir mayor transparencia y prometer que la próxima administración será diferente.
Todo eso puede ser necesario. Pero no resuelve el problema de fondo.
Un sistema que concentra miles de millones de balboas, decisiones de compra, nombramientos, infraestructura, tecnología, programas educativos y una enorme estructura administrativa en un ministerio central siempre será extraordinariamente atractivo para la política, los grupos de presión y quienes viven de contratar con el Estado. El problema no es solamente quién administra MEDUCA, sino qué y cuánto administra.
En 2026 el MEDUCA tiene un presupuesto aprobado de aproximadamente B/.3.640 millones. Su propia estructura institucional refleja un organismo que interviene desde la formulación de políticas y controles hasta la coordinación académica, administrativa y regional del sistema educativo.
Desde una perspectiva liberal, una verdadera reforma educativa debería comenzar precisamente allí: separando aquello que necesariamente debe hacer el Estado de aquello que simplemente hemos acostumbrado a que haga un ministerio.
El MEDUCA debería gobernar el sistema, no gestionarlo todo
Un MEDUCA reformado debería ser considerablemente más pequeño.
Su función central tendría que concentrarse en pocas cosas: establecer estándares mínimos de aprendizaje; garantizar información pública comparable sobre resultados; proteger el acceso a la educación de quienes no puedan financiarla; fiscalizar el cumplimiento de normas básicas; y administrar mecanismos transparentes de financiamiento. Poco más.
No debería decidir desde Ciudad de Panamá qué computadora necesita un maestro de Chiriquí, qué reparación corresponde a una escuela de Darién, qué proveedor debe abastecer determinado insumo o cómo debe resolverse cada necesidad material de miles de centros educativos diferentes.Tampoco debería decidir sobre el contenido entero y uniforme del Currículum escolar excepto lo que hemos señalado arriba.
Porque cuanto mayor sea la cantidad de decisiones que pasan por un mismo escritorio, mayor será también el valor económico de controlar ese escritorio.
La descentralización no elimina la corrupción, pero reduce el premio de capturar el poder central.
Dividir el poder también divide las oportunidades de corrupción
Existe una diferencia enorme entre que una institución compre decenas de miles de equipos mediante una sola contratación y que cientos o miles de unidades educativas puedan adquirir los recursos que necesitan dentro de presupuestos públicos, reglas claras y procedimientos competitivos.
En el primer modelo hay un comprador gigantesco y unos pocos contratos gigantescos. En el segundo hay muchos compradores, muchos proveedores y decisiones mucho más pequeñas.
La corrupción puede existir igualmente. Pero deja de existir un único punto capaz de distribuir cientos de millones y esa diferencia importa.
Una licitación nacional puede justificar enormes esfuerzos de lobby, relaciones políticas, intermediarios y captura regulatoria. Una compra realizada por una escuela, municipio o región difícilmente tenga el mismo atractivo.
La descentralización funciona entonces como una forma de diversificación del riesgo institucional. Es el mismo principio por el que no ponemos toda nuestra riqueza en una única inversión. Tampoco deberíamos poner todo el poder de decisión educativa en una única institución.
El dinero debería seguir al alumno
Pero descentralizar solamente desde MEDUCA hacia otras burocracias públicas sería insuficiente.
Transferir facultades del gobierno nacional a direcciones regionales o municipios puede acercar las decisiones a los ciudadanos, pero no introduce necesariamente competencia. Una reforma verdaderamente promercado debería avanzar un paso más: financiar a las personas antes que financiar estructuras.
El Estado puede garantizar que todos los niños tengan recursos para educarse sin necesidad de convertirse simultáneamente en propietario, administrador, comprador y proveedor dominante de educación.
El mecanismo podría adoptar diferentes formas: bonos educativos, cuentas educativas, financiamiento por estudiante o modelos combinados. El principio es más importante que el instrumento, es decir, el presupuesto acompaña al alumno y no a la institución.
Una familia podría elegir entre escuelas públicas autónomas, cooperativas, privadas, comunitarias u otras modalidades habilitadas bajo estándares mínimos comunes. Panamá ya reconoce jurídicamente incluso la educación en casa mediante la Ley 245 de 2021, lo que demuestra que el ordenamiento jurídico no identifica necesariamente educación con escolarización estatal tradicional.
La consecuencia de financiar la demanda sería profunda. Las escuelas dejarían de recibir recursos simplemente porque existen. Tendrían que atraer y conservar estudiantes. Y los padres dejarían de ser administrados por el sistema para transformarse progresivamente en sus clientes.
Autonomía para las escuelas
Una escuela pública verdaderamente descentralizada debería poder administrar una parte importante de su presupuesto. Su director y su comunidad educativa deberían tener capacidad para decidir sobre mantenimiento, tecnología, materiales y determinadas contrataciones dentro de límites previamente establecidos. También debería existir autonomía creciente para contratar personal y organizar proyectos educativos. A cambio, esa autonomía tendría que venir acompañada de algo que el sistema centralizado suele diluir: responsabilidad concreta por los resultados.
Hoy, cuando todo depende de una extensa cadena administrativa, es extraordinariamente fácil que nadie sea finalmente responsable.
El director culpa a la regional, la regional culpa al ministerio, el ministerio culpa al presupuesto, el gobierno culpa al anterior. Y el ciudadano termina sin saber quién tomó la decisión.
La descentralización permite exactamente lo contrario: usted recibió este presupuesto, tomó estas decisiones y obtuvo estos resultados.
Transparencia no significa publicar más PDFs
Existe además una confusión frecuente entre transparencia y burocracia.
Un sistema transparente no es necesariamente aquel que exige veinte formularios, siete firmas y cinco controles previos. Muchas veces semejante arquitectura simplemente multiplica las oportunidades para la discrecionalidad administrativa (es decir, corrupción).
La verdadera transparencia debería permitir que cualquier ciudadano pueda conocer, en pocos minutos, cuánto dinero recibe una escuela, qué compró, a quién se lo compró, cuánto pagó y qué resultados educativos obtiene. Esto se da mediante los datos abiertos auditables fácilmente por todos los ciudadanos, compras visibles, precios comparables, contratos disponibles e indicadores de resultados. Y todo ello en formatos que permitan comparar una escuela con otra.
No necesitamos necesariamente más interventores, lo que necesitamos es más información y más ojos mirando.
Cuando cientos de proveedores pueden competir y miles de padres pueden comparar, la vigilancia deja de depender exclusivamente de funcionarios que fiscalizan a otros funcionarios.
También hay que permitir que fracasen las malas decisiones
Aquí aparece probablemente el elemento más incómodo de cualquier reforma liberal: la competencia solamente funciona cuando existen consecuencias.
Si una escuela administra persistentemente mal sus recursos, pierde estudiantes y ofrece malos resultados, no puede recibir automáticamente más dinero para compensar su fracaso. Deberá cambiar su dirección, reorganizarse, fusionarse con otra institución o eventualmente desaparecer y mientras tanto, los recursos deben acompañar a los estudiantes hacia alternativas mejores. Eso es precisamente lo que normalmente no ocurre en los monopolios públicos.
Una empresa que pierde clientes debe corregirse, sin embargo, una oficina pública que funciona mal suele reclamar mayor presupuesto. Los incentivos están invertidos.
El mercado no significa abandonar al que menos tiene
Quizás el argumento más previsible contra este modelo sea que terminaría perjudicando a los sectores de menores ingresos. Es exactamente al revés si se diseña correctamente.
La familia con dinero ya dispone de libertad educativa, porque puede pagar una escuela privada, mudarse cerca de una mejor escuela, contratar profesores particulares o enviar a sus hijos al extranjero. El monopolio educativo afecta principalmente a quien no puede escapar de él, los más pobres.
Por eso un sistema de elección escolar debería contemplar financiamiento público completo para las familias de menores ingresos, recursos adicionales para discapacidad, zonas rurales o situaciones de especial vulnerabilidad y eventualmente incentivos mayores para escuelas que atiendan poblaciones difíciles. La redistribución puede hacerse explícitamente.
Lo que no resulta necesario es que, para ayudar a una familia pobre a pagar la educación de sus hijos, el Estado tenga que administrar directamente prácticamente toda la cadena educativa.
Del ministerio proveedor al Estado garante
Panamá discute actualmente una modernización de su Ley Orgánica de Educación, cuya base sigue siendo la Ley 47 de 1946; la propia Comisión de Educación de la Asamblea ha venido trabajando en propuestas de reforma. Eso abre una oportunidad mucho mayor que modificar artículos administrativos.
Modernizar no debería significar digitalizar el mismo modelo centralizado ni tampoco incorporar computadoras, plataformas, nuevas direcciones o nuevos procedimientos.
Una reforma estructural consiste en preguntarse qué funciones debe conservar el Estado y cuáles pueden devolverle a las escuelas, las familias, las comunidades y el mercado.
MEDUCA debería evolucionar desde un gigantesco proveedor y administrador de educación hacia un organismo mucho más limitado que garantice acceso, establezca estándares mínimos, produzca información y fiscalice reglas generales. Es decir, ser menos interventor y más árbitro en caso de colisiones en la gestión descentralizada.
La mejor política anticorrupción es reducir aquello que puede capturarse
Nunca habrá un sistema institucional completamente inmune a la corrupción. Se pueden cambiar ministros, endurecer penas, crear comisiones y multiplicar auditorías. Se pueden diseñar nuevas plataformas de contratación y todo eso podrá ayudar; pero seguirá existiendo un incentivo extraordinario para capturar una institución mientras esa institución conserve un poder extraordinario para repartir dinero, contratos y empleos.
La reforma liberal introduce una defensa mucho más elemental: quitar poder antes que intentar encontrar personas suficientemente virtuosas para ejercerlo.
Descentralizar las decisiones.
Dividir las compras.
Permitir competencia entre proveedores.
Dar autonomía a las escuelas.
Publicar resultados.
Financiar a los estudiantes.
Y permitir que las familias elijan.
No porque los padres, directores, municipios o empresarios sean moralmente superiores a los funcionarios de MEDUCA, justamente porque ninguno de ellos lo es. El liberalismo nunca necesitó gobernantes perfectos ni los pretende; sólo aboga por instituciones diseñadas bajo la premisa mucho más realista de que las personas responden a incentivos, persiguen intereses propios y pueden abusar del poder cuando ese poder se concentra.
Por eso, después de cada escándalo educativo (ahora con la renunciada ministra) que vuelve a agobiarnos, quizás la pregunta no debería ser “¿Quién será el próximo ministro?”, sino una bastante más importante: “¿Por qué necesitamos que el próximo ministro tenga tanto poder?”
