Lo que realmente se da en nuestro patio es un intervencionismo económico y populista.

El “estatismo” suele definirse como una gran intervención estatal, politiquera o ideológica, que con facilidad deriva en corrupción. Sin embargo, al abrir la bolsa de grillos de lo que realmente entendemos por corrupción, descubrimos que el vocablo “estatismo” se queda corto. No describe con precisión la actuación gubernamental típica de Panamá ni de muchos otros países.

Lo que realmente se da en nuestro patio es un intervencionismo económico y populista. Los gobiernos invaden de manera permanente la esfera propia del mercado y de la microeconomía familiar: alteran la determinación de precios, los contratos, la contratación laboral, los descuentos y mucho más. Todo ello lo ejecuta el poder de turno —las castas dominantes— con un objetivo claro: lograr ventajas económicas y políticas para los poderosos, mientras destruyen tejido productivo y social.

En este esquema entra de lleno el clientelismo. Las políticas de control de precios, los descuentos obligatorios por ley, los subsidios que no subsidian y los favores a gremios sindicales o a “amiguitos” convierten al gobierno en una simple maquinaria de padrinazgo. Más allá todavía, hablamos de una gobernanza predatoria y demagógica: decisiones reactivas, tomadas bajo la presión popular que alimenta el “regalierno” y su simbiosis mediática, sin considerar jamás los efectos colaterales ni las consecuencias a mediano y largo plazo. El resultado es el desgobierno. Gobiernos que hacen metástasis desde su función debida para con el Estado hacia realidades bastardas y destructivas. Gobernanza depredadora, y punto.

Para entenderlo con claridad, veamos el caso de los controles de precios. Estos sofocan la información esencial que los productores necesitan para decidir qué producir, cuánto y a qué costo. La historia soviética lo ilustra con crudeza: cuando el gobierno no lograba fijar precios realistas, terminaba consultando catálogos de Sears. Absurdo, por supuesto, porque aquellos precios no reflejaban la realidad de la producción y comercialización local. Más allá de sofocar la información de costos, se destruyen los incentivos a producir y a conservar. El desenlace es previsible: escasez, mercados negros, mala calidad y la sustitución de la asignación de mercado por una asignación puramente politiquera.

Los descuentos obligatorios para jubilados generan distorsiones similares. Bajo la coartada de “amar al prójimo”, gobiernos torcidos imponen a los privados la carga de “subsidiar” a un grupo electoralmente atractivo. El caso de un restaurante que se llena de comensales y aun así quiebra no es anécdota: es el resultado lógico. Los clientes pagan un precio fijado políticamente que ya no cubre los costos. La responsabilidad social se convierte en pillaje electoral. Y a todo ello, los causantes de la quiebra escondidos debajo de una falsa asistencia social.

En resumen: el estatismo es la ideología que sostiene que el Estado debe dirigir intensamente la economía. Lo que en la práctica obtenemos suele ser peor. Gobiernos que utilizan el poder estatal de forma oportunista y cortoplacista —mediante controles de precios, descuentos forzosos o favores especiales— destruyen las señales de precios y los márgenes privados sin ningún plan coherente. No estamos ante una gran teoría del Estado, sino ante el ejercicio negligente y electoralista del poder.

Estas realidades están a la vista de quien quiera o sea capaz de advertirlas. El problema es que gran parte del populacho ya se ha hecho adicto a esta gobernanza malsana.