GCCVIEWS

Categoría: Destacado

  • La Teología en la Desigualdad Económica

    La Teología en la Desigualdad Económica

    La doctora Wanjiru Njoya vuelve a llevarnos por senderos del entendimiento muy poco trillados; esta vez al examinar el tema de la desigualdad económica o DE; desde una perspectiva ‘teológica’; es decir, vista en sentido de la Creación. Mucho se cacarea acerca de la DE pero deambulamos por laberintos matorrales en sus causas y, particularmente, las razones por las cuales existe tanta falta de productividad humana; ya que, hay que ser sanamente productivo para no ser económicamente dependiente.

    En el patio panameño he pasado toda una vida escuchando a “economistas” que cacarean sobre la macro economía pero poco o nada sobre la micro economía; aquella que no existe en las esferas de un MEF sino de la familia o en su ausencia. Y en ello nos lanzamos en estériles discusiones acerca de cómo distribuir aquello que producen unos para repartirlo a los que no saben, no quieren o pueden producir cosas que otros desean consumir. En otras palabras, vivimos en un mundo ideológico carente de lógica.

    El desafío está en entender cuando cacarean de una distribución de la riqueza; sea económica o aquella mucho más astronómica que trasciende el dinero. En fin, vivimos como náufragos que buscan sustento en pecios flotantes. Y en ello Njoya cita al afro descendiente Thomas Sowell, uno de los intelectuales más influyentes y controversiales de siglo pasado, cuando dice:

    “Ni la lógica ni la evidencia empírica ofrecen una razón convincente para esperar resultados iguales o aleatorios entre individuos, grupos, instituciones o naciones.”

    Y es que al habar de una distribución de lo que llaman “riqueza”, palabra muy mal usada y entendida, entramos al confuso mundo de los términos torcidos; entre otras, porque hablar de riqueza en sentido de dinero es un disparate, ya que hay cosas que no se pueden “distribuir”. El problema no va por el sendero de la distribución sino de cual es la mejor manera de promover que la gente sea más productiva.

    Y sí, también podemos hablar de “distribución” en sentido estadístico; pero la estadística no puede medir la verdadera riqueza, y mucho menos como se logra. Lo que sí podemos es ver y entender cómo ciertas políticas económicas de palacio que, más que nada nacen del interés por votos o peor, interés por pillaje, producen pobreza económica y espiritual.

    El mundo es un sitio caótico, imposible de resolver desde palacios manipuladores; ya que la verdadera función de palacio no es dictar cosas como salarios mínimos y disque educar, sino de velar por que estas actividades en la población se lleven a cabo sin trampas.

    Pero… ¿Qué es lo que han hecho nuestros gobiernos a través del tiempo? Pues, para disque resolver desigualdades, se han dedicado a patear los balones en vez de servir como jueces de los partidos de la vida. Y, en tal realidad, ¿qué ocurre cuando quien comete las faltas y delitos son los jueces; NODUCA, IDAAN, Policía, ¿etc.? ¿Acaso ellos mismos se arrestarán y juzgarán y pondrán en prisión?

    Y es que resulta imposible ver y entender el comportamiento humano; y sólo podemos imaginarlo. Y es así que los “economistas de palacio” pretenden ver e imponer criterios y normas que llaman “económicas”. Pero cuando el río desborda su cauce, estos expertos se agachan para que las piedras les pasen por encima.

    En fin, es irreal la pretensión de medir las causas de la “riqueza” en números y tal. Es común ver a ricos que se vuelven pobres y pobres que se vuelven ricos. Y, al final, lo importante es ver y entender cuales son las condiciones que mejor ayudan a las personas a ayudarse ellos mismo; ya que la salvación jamás nos llegará desde el palacio; sea de garza o de gallinazos.

  • EURR: Revolut lleva el euro a la blockchain, pero no la libertad monetaria

    EURR: Revolut lleva el euro a la blockchain, pero no la libertad monetaria

    Revolut acaba de llevar el euro a Ethereum, el EURR. No es tan poco como parece, ni tanto como sugiere el marketing.

    La fintech inició el lanzamiento gradual de EURR, una stablecoin diseñada para conservar un valor de un euro. Comenzará con clientes seleccionados de Dinamarca, Polonia y Portugal —un mercado inicial de aproximadamente dos millones de usuarios— y prevé extenderla al resto del Espacio Económico Europeo antes de finalizar el año.

    EURR permitirá convertir euros en tokens, enviarlos a billeteras externas y utilizarlos en redes blockchain sin asumir la exposición cambiaria de las stablecoins vinculadas al dólar. La conversión desde dinero fiat no tendría, según Revolut, comisión ni spread, aunque continuarán aplicándose los límites habituales de sus servicios cripto. El despliegue para usuarios comenzará en Ethereum y se ampliará a otras redes conforme aumente la liquidez.

    Hasta ahí, la versión publicitaria. Ahora veamos qué es realmente EURR, quién responde por ella y qué clase de libertad ofrece.

    La stablecoin de Revolut que no emite Revolut

    Aunque lleva la marca Revolut Euro, EURR no es jurídicamente una obligación de Revolut Bank.

    La emisora es Bridge Building S.A., la sociedad luxemburguesa de Bridge, empresa de infraestructura para stablecoins adquirida por Stripe en febrero de 2025. Bridge obtuvo el 29 de junio de 2026 dos autorizaciones de la autoridad financiera de Luxemburgo: una como entidad de dinero electrónico y otra como proveedor de servicios de criptoactivos. Revolut Digital Assets Europe, regulada en Chipre, actúa como distribuidor y ofrece el token dentro de su aplicación y de Revolut X.

    La distinción no es meramente burocrática. El titular de EURR posee un derecho de rescate contra Bridge, no contra la entidad bancaria de Revolut. Es Bridge quien debe emitir los tokens, custodiar o invertir las reservas y entregar un euro por cada EURR presentado para su rescate.

    En otras palabras, no compramos “un euro de Revolut”. Adquirimos un pasivo digital de Bridge, distribuido por Revolut y denominado en euros.

    ¿Qué respalda cada EURR?

    La promesa es sencilla: por cada token en circulación debe existir un euro, o el equivalente en activos líquidos denominados en euros.

    Las reservas pueden mantenerse en cuentas segregadas en entidades financieras reguladas o invertirse en instrumentos líquidos admitidos por MiCA. En la fotografía inicial del lanzamiento había apenas 374 EURR en circulación respaldados por 374 euros depositados en efectivo. No es una cifra económicamente relevante: confirma que estamos ante una prueba controlada, no ante una stablecoin que ya haya conquistado mercado.

    El white paper prevé que una firma contable independiente verifique mensualmente que las reservas igualen o superen los tokens emitidos. Sin embargo, al momento del lanzamiento no identifica qué firma realizará esa comprobación.

    Aquí conviene hacer otra distinción que suele perderse bajo la etiqueta “regulada”. MiCA exige autorización, reservas, transparencia y derecho de rescate, pero el propio registro de ESMA advierte que los white papers allí publicados no han sido revisados ni aprobados por las autoridades: la responsabilidad por su contenido continúa siendo del emisor.

    Regulación no significa garantía estatal, mucho menos ausencia de riesgo.

    Un token no es un depósito bancario

    Quien mantiene euros en una cuenta bancaria de Revolut puede encontrarse, según la entidad que le preste el servicio, bajo un sistema europeo de garantía de depósitos. EURR es otra cosa: un token de dinero electrónico y, por tanto, no está cubierto como depósito bancario.

    Existe un derecho de rescate a la par, pero su ejercicio directo exige superar los controles de identificación de Bridge y proporcionar una cuenta bancaria del Espacio Económico Europeo con un IBAN válido. El plazo anunciado para recibir los euros puede alcanzar dos días hábiles.

    Esto introduce varios riesgos que el respaldo uno a uno no elimina: riesgo del emisor, de los bancos donde se mantengan las reservas, del contrato inteligente, de la red utilizada, de liquidez en mercados secundarios y del propio proceso de rescate.

    Además, Bridge conserva la capacidad de congelar direcciones asociadas con actividades sospechosas o cuando lo soliciten las autoridades. Sus condiciones también admiten que determinados fondos puedan ser bloqueados o embargados sin previo aviso. Y los planes de recuperación previstos por MiCA pueden contemplar, en circunstancias de tensión, límites temporales, cargos de liquidez o incluso la suspensión de los rescates.

    EURR puede circular por una blockchain pública, pero eso no convierte su política monetaria ni su administración en descentralizadas. Una cosa es que el registro sea distribuido y otra muy distinta que el activo carezca de administrador.

    El negocio detrás de la innovación

    El momento elegido por Revolut tampoco es casual.

    EURR llega mientras la compañía retira USDT de su oferta para clientes del Espacio Económico Europeo y Suiza. Los saldos que permanezcan después del 31 de agosto serán convertidos a la moneda base de cada usuario. MiCA cierra así el acceso a determinados competidores y, al mismo tiempo, abre un mercado extraordinario para los emisores que obtienen sus licencias.

    Revolut no sólo ofrece una alternativa: procura conservar dentro de su propio ecosistema el volumen que antes circulaba mediante stablecoins ajenas.

    La oportunidad comercial es evidente. Revolut declara más de 80 millones de clientes, de los cuales más de 16 millones ya utilizan sus servicios cripto. Bridge aporta la licencia y la infraestructura; Revolut, la distribución; y Stripe termina ocupando silenciosamente una parte esencial de las nuevas tuberías del dinero digital.

    Existe además el negocio de las reservas. MiCA prohíbe pagar intereses a los tenedores de tokens de dinero electrónico. Por tanto, aunque Bridge obtenga rendimientos sobre los activos permitidos, el titular de EURR sólo conserva la promesa de recuperar su euro nominal. El rendimiento del respaldo queda del lado del emisor y de los acuerdos comerciales que éste haya celebrado.

    Nada de eso es ilegítimo. Es el precio y el modelo de negocio de un servicio voluntario. Pero conviene comprenderlo antes de presentar la stablecoin como una democratización del sistema financiero.

    El gran problema europeo: casi todas las stablecoins hablan en dólares

    El mercado mundial de stablecoins ya supera los 300.000 millones de dólares, pero continúa abrumadoramente dominado por USDT y USDC. En junio de 2026, el Banco Central Europeo calculaba que las stablecoins denominadas en euros apenas reunían alrededor de 500 millones de euros.

    Circle anunció pocos días antes del lanzamiento de EURR que su EURC había superado los 400 millones de euros en circulación. Esa es la verdadera referencia competitiva de Revolut, junto con los tokens emitidos por Société Générale, Banking Circle, AllUnity y los proyectos preparados por distintos consorcios bancarios.

    EURR parte prácticamente de cero, pero cuenta con algo que muchos competidores no tienen: una aplicación utilizada diariamente por millones de personas. Su prueba no será conseguir una licencia ni colocar el token en un menú. Será lograr liquidez, aceptación externa y usos reales fuera de Revolut.

    Hay, además, un detalle bastante desprolijo: EURR ya era el símbolo utilizado por otra stablecoin en euros, emitida por StablR. Dos activos diferentes pueden compartir ticker porque en una blockchain la verdadera identidad está en la dirección del contrato, no en las cuatro letras que aparecen en pantalla. Para un producto que pretende acercar las stablecoins al usuario corriente, empezar duplicando el nombre de otro token no parece precisamente una contribución a la claridad.

    ¿Es competencia monetaria?

    Desde una perspectiva liberal, el lanzamiento tiene aspectos positivos. Amplía las alternativas voluntarias, permite experimentar con nuevos mecanismos de pago y somete a bancos, fintechs y emisores a cierta competencia. Nadie debería impedir que un individuo convierta sus euros en un token y los envíe por la red que considere más conveniente.

    EURR también puede mejorar transferencias internacionales, liquidaciones fuera del horario bancario y operaciones entre dinero fiat y activos digitales. Si reduce costos y fricciones, será el mercado —no un ministerio ni el Banco Central Europeo— quien deba premiarlo.

    Pero sería exagerado confundir esta competencia entre emisores y plataformas con una verdadera competencia entre monedas.

    EURR no ofrece una unidad monetaria distinta. No protege frente a la inflación del euro, no limita las decisiones del BCE y no permite elegir otro patrón de valor. Si el euro pierde poder adquisitivo, EURR lo perderá exactamente en la misma proporción. Lo que compite es el emisor, la interfaz y el sistema de transferencia; no la moneda subyacente.

    No estamos ante la desnacionalización del dinero imaginada por Hayek. En el mejor de los casos, estamos ante una mejora privada de sus tuberías.

    Tampoco es un euro digital del BCE

    EURR no debe confundirse con una moneda digital de banco central. No es de curso legal, su uso es voluntario y el BCE no lleva directamente la cuenta de sus titulares. Es emitida por una empresa privada y puede trasladarse a billeteras externas y redes públicas.

    Ésa es una diferencia importante.

    Sin embargo, tampoco es dinero resistente a la censura. El emisor puede congelarlo, el distribuidor controla el acceso desde su plataforma, las entradas y salidas requieren identificación y el rescate final depende de instituciones financieras reguladas. Es mucho más parecido a dinero electrónico programable y transferible que a Bitcoin.

    Bitcoin elimina la necesidad de confiar en un emisor y no promete rescatarse por otra moneda. EURR hace exactamente lo contrario: su utilidad y estabilidad dependen de que Bridge cumpla en todo momento la promesa de entregar un euro. Uno procura soberanía monetaria; el otro procura comodidad, estabilidad nominal y mejores medios de pago. Son herramientas diferentes para necesidades diferentes.

    Un avance útil, con el nombre correcto

    EURR puede convertirse en un buen producto. Revolut posee la escala, Bridge la infraestructura y Stripe la capacidad tecnológica para llevar las stablecoins en euros mucho más allá de los mercados cripto tradicionales.

    Pero todavía no existe evidencia de adopción. Los 374 euros iniciales son un ensayo, no una revolución. Habrá que observar cuánto cuesta realmente retirar el token, qué liquidez consigue fuera de Revolut, dónde se mantienen las reservas, quién las audita, cuántas direcciones son congeladas y qué ocurre cuando un usuario necesita rescatar en medio de una crisis.

    Desde una mirada liberal, más alternativas voluntarias siempre son preferibles a menos. Lo preocupante comienza cuando la regulación no se limita a exigir transparencia y cumplimiento contractual, sino que expulsa unas opciones para favorecer a los emisores autorizados por el propio regulador. La competencia deja entonces de producirse en una cancha abierta y pasa a depender de quién consigue permiso para ingresar.

    EURR no es dinero libre. Es un pasivo privado denominado en moneda estatal, regulado en su emisión y censurable en su circulación. Puede ser más rápido, más barato y mucho más útil que los viejos rieles bancarios, y eso ya sería un avance considerable.

    Pero no cambia la naturaleza del euro. Sólo lo coloca sobre una blockchain.

  • ¿Por qué las empresas de inteligencia artificial están comprando millones de libros?

    ¿Por qué las empresas de inteligencia artificial están comprando millones de libros?

    Durante años, buena parte de la inteligencia artificial actual se entrenó con contenidos disponibles en internet. Páginas web, foros, artículos, enciclopedias y repositorios digitales proporcionaron enormes cantidades de texto para enseñar a los grandes modelos de lenguaje. Pero la red empieza a mostrar sus límites. Algunas empresas tecnológicas han buscado otra fuente de conocimiento y han encontrado en los libros la solución.

    A principios de 2026, The Washington Post reveló una de estas estrategias a partir de documentos judiciales relacionados con Anthropic, la empresa responsable del asistente de IA Claude. La investigación sacó a la luz “Project Panama”, un proyecto secreto iniciado en 2024 para adquirir libros impresos a gran escala. Los ejemplares se escaneaban y sus textos se incorporaban a los procesos de desarrollo de modelos de IA. Para acelerar el proceso, millones de libros fueron cortados, digitalizados y después enviados a reciclar.

    El procedimiento muestra un cambio importante en la forma de valorar el libro. El objeto físico pierde importancia frente a su contenido. El texto puede extraerse, convertirse en datos y utilizarse para alimentar modelos de inteligencia artificial.

    Anthropic no es la única compañía interesada en acceder a grandes colecciones de libros. En mayo de 2026, cinco grandes editoriales estadounidenses y el escritor Scott Turow demandaron a Meta y Mark Zuckerberg. Los acusaron de utilizar millones de libros y artículos procedentes de repositorios piratas para entrenar a su modelo Llama. Otros litigios contra empresas de IA apuntan en la misma dirección.

    Los libros han adquirido así un nuevo valor estratégico. Ya no son solo objetos que contienen y transmiten conocimiento. También son grandes conjuntos de datos en la competición por desarrollar mejores modelos de inteligencia artificial.

    ¿Qué tienen los libros que no tenga internet?

    Los grandes modelos de lenguaje necesitan enormes cantidades de texto. Sin embargo, cantidad y calidad no son necesariamente lo mismo.

    Internet ofrece una diversidad difícil de encontrar en otro lugar. Pero también contiene textos breves, repetidos o poco revisados.

    Además, desde 2022, cada vez hay más contenidos creados con IA en internet. Un estudio publicado en 2026 analizó páginas web aparecidas entre 2022 y 2025. A mediados de 2025, alrededor del 35 % de las nuevas páginas estudiadas incluían textos generados o modificados con IA. Esto no significa que el 35 % de internet haya sido creado por máquinas, pero sí muestra que estos contenidos tienen cada vez más presencia en la red.

    El problema no es solo distinguir quién ha escrito qué. Una investigación publicada en Nature ya mostró en 2024 que entrenar sucesivas nuevas generaciones de modelos con contenidos producidos por modelos anteriores puede provocar una degradación progresiva de los resultados.

    En este contexto, los libros anteriores a la expansión de la IA generativa adquieren un nuevo valor. Ofrecen a las empresas tecnológicas contenidos extensos y estructurados que, en muchos casos, han pasado por procesos profesionales de edición y corrección. Además, han sido escritos por personas.

    Cuando el patrimonio se convierte en datos

    Durante siglos hemos creado bibliotecas, archivos y universidades para conservar una parte de nuestra memoria colectiva. Estas instituciones no se limitan a almacenar sus fondos, también los catalogan, los preservan y los hacen accesibles.

    La inteligencia artificial está dando un nuevo valor a ese patrimonio. No interesa el ejemplar físico; importa la información que contiene. Al digitalizarlo, el texto puede convertirse en datos y utilizarse para entrenar modelos de IA.

    Desde la pasada primavera, libreros de España, Alemania, Australia y Nueva Zelanda han alertado de pedidos masivos y poco habituales realizados por la empresa canadiense Zoom Books. Esta compañía se dedica a la venta de libros de segunda mano por internet. Sus compras suelen realizarse a través de grandes plataformas como AbeBooks o Biblio. En ellas se pueden encontrar desde títulos baratos hasta ediciones raras y difíciles de conseguir.

    Estos patrones de compra –y el precedente de Anthropic– han despertado sospechas. Sobre todo, por su volumen y por el interés en obras antiguas, descatalogadas o que no están disponibles en formato digital. Zoom Books niega que sea para alimentar a la IA y, por el momento, no existen pruebas concluyentes que permitan atribuirle ese fin.

    Libros amontonados en columnas.
    Las librerías de segunda mano son un filón de ejemplares descatalogados, exóticos o raros. Rhamely / Unsplash

    Pero el fenómeno muestra hasta qué punto el contenido de los libros ha adquirido un nuevo valor. La información puede extraerse del objeto, convertirse en datos y circular de forma independiente. Muchos de estos textos nunca se han digitalizado, y algunos contienen conocimientos locales, especializados o publicados en lenguas con poca presencia en internet. Ofrecen información que todavía no está disponible en grandes bases de datos digitales.

    Una nueva carrera por el conocimiento

    Durante los últimos años hemos hablado de la carrera de la IA en términos de procesadores, energía, centros de datos y algoritmos. Pero la compra masiva de libros pone sobre la mesa otro recurso estratégico, mucho menos visible: el conocimiento humano.

    Destruir un ejemplar puede parecer poco relevante cuando existen miles de copias. Pero no todos los libros están en esa situación. Muchos están descatalogados, tuvieron tiradas pequeñas o pertenecen a editoriales y ámbitos locales. Otros son difíciles de encontrar. En estos casos, cada ejemplar que desaparece dificulta el acceso a su contenido.

    También importa qué libros se eligen. No todos los conocimientos están igual de representados en los datos que utilizan los modelos de IA. La selección puede reforzar desequilibrios que ya existen en internet.

    La lengua es un buen ejemplo. También lo son el origen geográfico, la época o el tipo de conocimiento. Algunas culturas, perspectivas y formas de entender el mundo pueden estar muy presentes. Otras, mucho menos. Y otras pueden quedar al margen.

    A esto se suma el debate sobre los derechos de autor. Escritores, editoriales y otros creadores cuestionan que sus obras puedan utilizarse para entrenar sistemas comerciales de IA sin permiso ni compensación. En Europa, la normativa sobre inteligencia artificial intenta aportar algo más de transparencia. Entre otras medidas, exige a las empresas responsables de los grandes modelos informar sobre los contenidos utilizados para entrenarlos y adoptar medidas para respetar la legislación europea sobre derechos de autor.

    La cuestión, en todo caso, no es solo qué pueden aprender las nuevas herramientas tecnológicas de nuestros libros. Debemos preguntarnos qué ocurre con ellos tras su digitalización y procesamiento masivo, qué se conserva, qué puede llegar a desaparecer y qué conocimientos quedan fuera. Porque seleccionar los contenidos con los que aprende una IA también significa decidir qué voces estarán más presentes en sus respuestas y qué sesgos puede reproducir.

    ¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Arte + Humanidades Claudia Lorenzo.

    Paloma González Díaz, Assistant lecturer, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    El conflicto por los puertos de Balboa y Cristóbal acaba de entrar en una etapa mucho más delicada.

    CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando más de US$1.500 millones, alegando violaciones al tratado de protección de inversiones aplicable a sus activos. Su filial Panama Ports Company mantiene, paralelamente, otro procedimiento arbitral en el que reclama más de US$2.000 millones por la pérdida de las concesiones que durante casi tres décadas le permitieron operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

    Conviene aclararlo desde el comienzo: Panamá no ha sido condenado a pagar US$3.500 millones. Son reclamaciones de las empresas, que deberán ser discutidas y eventualmente resueltas en arbitraje internacional.

    Pero tampoco conviene minimizar lo que está ocurriendo. El verdadero problema supera ampliamente la identidad de CK Hutchison, China o Estados Unidos.

    Lo que está en juego es algo bastante más importante para un país pequeño, abierto y dependiente del comercio internacional: la previsibilidad de las reglas bajo las cuales alguien decide invertir capital durante treinta años.

    Una concesión no se vuelve legítima por ser privada

    Existe una tentación frecuente entre quienes defendemos mercados libres: asumir que cualquier conflicto entre una empresa privada y el Estado debe resolverse automáticamente a favor de la empresa. Eso sería un error. El liberalismo no consiste en defender empresarios, sino defender derechos de propiedad, contratos, competencia e igualdad ante la ley.

    Una concesión otorgada mediante privilegios, exclusividades, condiciones discriminatorias o violaciones constitucionales no se transforma en liberal simplemente porque el beneficiario sea una compañía privada.

    La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el 29 de enero de 2026 inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobaba el contrato con Panama Ports Company, así como sus adendas y la prórroga posterior. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero y quedó en firme. Además, el fallo cuestionó particularmente la interpretación realizada en 2021 según la cual la concesión debía renovarse automáticamente hasta 2047.

    Si un contrato viola la Constitución, ningún liberal serio debería sostener que debe mantenerse simplemente porque existe. Pero aquí comienza, no termina, el problema.

    El Estado también debe responder por los contratos que él mismo celebró

    Durante casi treinta años Panama Ports Company operó esos puertos bajo un contrato celebrado, aprobado y sucesivamente reconocido por el propio Estado panameño.

    La empresa realizó inversiones, contrató trabajadores, adquirió equipos, estableció relaciones comerciales y organizó su actividad económica suponiendo que los actos del Estado eran jurídicamente válidos. Y aquí aparece un cuestionamiento: si el propio Estado concedió, aprobó, supervisó, prorrogó y durante décadas reconoció un contrato que finalmente resulta inconstitucional, ¿quién debe asumir el costo de ese error institucional?

    No existe una respuesta sencilla.

    Pero desde la perspectiva de la seguridad jurídica resulta difícil sostener que toda la pérdida debe recaer automáticamente sobre quien confió en los actos oficiales de ese mismo Estado. Una república seria no puede comportarse como una contraparte contractual común cuando firma y como soberano omnipotente cuando desea salir del contrato. Si el Estado tiene la capacidad de declarar inválido aquello que él mismo otorgó, el inversionista incorpora ese riesgo al precio de invertir.

    Y ese precio no lo paga solamente CK Hutchison, lo pagan todos los futuros inversionistas.

    El riesgo país no nace únicamente del déficit

    Solemos hablar de riesgo país pensando en deuda pública, pero existe otro riesgo menos visible: el riesgo institucional.

    Un empresario que estudia invertir US$500 millones en Panamá intenta estimar costos de construcción, salarios, energía, demanda, impuestos y logística, pero además, analiza el marco institucional: ¿las reglas bajo las cuales invierto hoy seguirán siendo reconocidas dentro de diez o veinte años?

    Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre esa respuesta, mayor será la rentabilidad que exigirá para arriesgar su capital. Ese fenómeno es perfectamente comprensible; la inversión es necesariamente una acción orientada hacia el futuro. El empresario renuncia a recursos presentes esperando obtener un rendimiento posterior. Cuanto mayor sea la incertidumbre institucional que no puede controlar, menor será el número de proyectos que superen su cálculo empresarial.

    Algunos no se harán, otros exigirán retornos mayores o incorporarán garantías adicionales. Y otros simplemente se realizarán en otra jurisdicción.

    La seguridad jurídica, por tanto, no es una abstracción para abogados, es un precio.

    Y ahora apareció la geopolítica

    El caso sería suficientemente complejo si fuera solamente jurídico. Pero no lo es.

    Los puertos además quedaron atrapados en la creciente disputa estratégica entre Estados Unidos y China; Donald Trump cuestionó públicamente la presencia china alrededor del Canal, aunque el Canal propiamente dicho pertenece y es administrado por Panamá. Posteriormente CK Hutchison anunció una operación global de aproximadamente US$23.000 millones para vender numerosos activos portuarios —incluidos inicialmente Balboa y Cristóbal— a un consorcio encabezado por BlackRock y MSC. La operación encontró a su vez resistencia desde Beijing. Panamá quedó literalmente en el medio.

    Y para un país cuya gran ventaja histórica consiste precisamente en servir como punto de encuentro del comercio mundial, ésa es una posición especialmente peligrosa ya que la función económica del Canal no consiste en elegir ganadores geopolíticos, sino en todo lo contrario, que es permitir el tránsito, el comercio y la conexión entre individuos y empresas independientemente de las disputas de sus gobiernos.

    Cuanto más consiga Panamá mantenerse como una jurisdicción confiable, neutral y comercialmente abierta, mayor será el valor de su posición geográfica. Cuanto más permita que sus decisiones económicas sean interpretadas como extensiones de Washington, Beijing o cualquier otra potencia, más difícil será preservar esa ventaja.

    Neutralidad no significa ingenuidad

    Esto tampoco implica que Panamá deba ignorar riesgos legítimos de seguridad nacional.

    Un Estado puede y debe establecer reglas básicas. Panamá puede establecer reglas generales de control, transparencia y seguridad sobre infraestructura crítica, exigir información sobre propiedad efectiva, imponer requisitos de gobernanza, auditoría, continuidad operativa, ciberseguridad o límites previamente definidos a determinadas formas de control. Sólo en casos excepcionales, claramente previstos por la ley y bajo criterios objetivos, podría llegar a impedir una operación concreta.

    Pero hay una enorme diferencia entre hacerlo mediante reglas ex ante, aplicables a todos, y alterar condiciones una vez que las inversiones ya fueron realizadas. Ésa es precisamente una de las funciones centrales del Estado de derecho, permitir que las personas conozcan las reglas antes de actuar.

    Hayek insistía en la importancia de normas generales, abstractas y previsibles precisamente porque reducen la discrecionalidad del gobernante.

    El problema no es que Panamá establezca una política sobre activos estratégicos, lo sería si esa política cambiara dependiendo de quién presiona, qué potencia amenaza o qué empresa ocupa circunstancialmente el activo. Eso dejaría de ser rule of law, una vez más, administración discrecional de intereses.

    Los US$3.500 millones no son todavía una deuda, pero tampoco son gratis

    También existe una dimensión fiscal.

    Las dos reclamaciones conocidas superan conjuntamente los US$3.500 millones. Una corresponde a los derechos contractuales reclamados por Panama Ports Company; la nueva acción de CK Hutchison se plantea separadamente bajo derechos derivados de un tratado de protección de inversiones.

    Panamá puede ganar ambos casos, obtener decisiones parciales, llegar a acuerdos o perderlos.

    Hoy nadie responsable puede presentar esos US$3.500 millones como una obligación cierta, pero desde el punto de vista presupuestario representan una contingencia. Y las contingencias también forman parte del verdadero costo del Estado.

    Ésta es una cuestión especialmente importante desde Public Choice, porque los gobernantes toman decisiones hoy cuyos costos pueden aparecer años después, pero quien obtiene el beneficio político de una medida puede no ser quien tenga que incorporar posteriormente la indemnización al presupuesto. El tiempo separa la decisión de su factura y cuando finalmente llega la factura, la paga un tercero: el contribuyente.

    ¿Quién paga cuando el Estado se equivoca?

    Éste es quizás el aspecto más interesante del caso. Supongamos que el contrato original tuvo condiciones extraordinariamente favorables para la empresa. Supongamos incluso que funcionarios panameños cometieron errores gravísimos al aprobarlo o prorrogarlo.

    ¿Quién termina pagando?

    Si el contrato permanece, pueden hacerlo los ciudadanos mediante condiciones desfavorables; si se anula y Panamá pierde el arbitraje, vuelven a hacerlo los ciudadanos mediante una indemnización, pero los funcionarios que diseñaron el contrato original rara vez aportan un centavo; lo mismo, los funcionarios que aprobaron la prórroga tampoco. Y quienes toman posteriormente decisiones que generan responsabilidad internacional tampoco responden personalmente con su patrimonio.

    Éste es exactamente el problema de incentivos que Buchanan y la teoría de Public Choice obligan a mirar. El Estado no es una entidad abstracta que absorbe pérdidas, las traslada.

    Por eso el control institucional previo importa tanto.

    La próxima concesión debería ser muy diferente

    Panamá tiene ahora una oportunidad.

    No para reemplazar una empresa extranjera por otra políticamente más conveniente, o sustituir capital chino por estadounidense. Y mucho menos para convertir los puertos en empresas administradas burocráticamente por el Estado.

    La oportunidad consiste en diseñar un sistema mucho más competitivo y jurídicamente robusto.

    Si Balboa y Cristóbal vuelven a concesionarse, Panamá debería procurar: reglas abiertas y conocidas previamente; licitaciones internacionales genuinamente competitivas; ninguna negociación diseñada alrededor de una empresa específica; plazos razonables; mecanismos transparentes de revisión; obligaciones claras de inversión; ausencia de renovaciones automáticas y procedimientos de resolución de controversias definidos desde el comienzo.

    Sobre todo, debería evitar contratos-ley convertidos en matrimonios de varias décadas entre el poder político y un único operador.

    El mercado necesita contratos, pero también necesita contestabilidad.

    Panamá debe elegir a Panamá

    Existe finalmente una tentación geopolítica que convendría resistir; interpretar el episodio como una victoria estadounidense sobre China sería tan peligroso como interpretarlo como una obligación panameña de proteger intereses chinos. Panamá no tiene por qué elegir entre Washington y Beijing. Tiene que elegir algo mucho más sencillo: a Panamá.

    Y el interés panameño de largo plazo consiste en ser una jurisdicción abierta al capital, respetuosa de los contratos, neutral en el comercio y extraordinariamente predecible en sus reglas.

    El activo más importante del país no es solamente el Canal, sino la confianza en que cualquier persona puede utilizarlo, invertir alrededor de él y comerciar a través de Panamá sin necesitar primero saber qué potencia controla el tablero político del momento.

    La geografía le dio a Panamá una ventaja extraordinaria, las instituciones determinan cuánto vale.

    Por eso el desenlace del conflicto de Balboa y Cristóbal importará mucho más que los US$1.500 millones, los US$2.000 millones o incluso quién termine operando ambos puertos.

    Cuando todo esto termine, ¿los inversionistas considerarán que Panamá ofrece reglas más claras y previsibles que antes, o menos?

    Ésa será la verdadera factura del caso. Y ésa, mucho más que cualquier arbitraje, será la que determine el costo económico de lo ocurrido.

  • Una vacuna escrita para cada tumor: el ARNm da su primer gran salto contra el cáncer

    Una vacuna escrita para cada tumor: el ARNm da su primer gran salto contra el cáncer

    No es todavía “la vacuna contra el cáncer” ni permite hablar de una cura universal. Pero el anuncio realizado por Moderna y Merck el 19 de agosto marca un hito: por primera vez una terapia oncológica personalizada basada en ARN mensajero supera con éxito un ensayo clínico de fase III.

    Durante años hemos escuchado hablar de vacunas contra el cáncer con una mezcla comprensible de esperanza y escepticismo. Esta vez hay una diferencia importante: el anuncio no procede de un experimento con animales ni de un pequeño ensayo inicial.

    Moderna y Merck —MSD fuera de Estados Unidos y Canadá— comunicaron el 19 de agosto de 2026 que intismeran autogene, su terapia personalizada de ARN mensajero, alcanzó los objetivos principales de un ensayo de fase III en pacientes con melanoma de alto riesgo.

    El estudio, denominado INTerpath-001, incluyó a 1.137 pacientes con melanoma en estadios IIB a IV cuyo tumor había podido ser extirpado completamente. Los pacientes recibieron pembrolizumab —el conocido inmunoterápico Keytruda— solo o combinado con la nueva vacuna personalizada.

    La combinación consiguió una mejoría estadísticamente significativa y clínicamente relevante tanto en la supervivencia libre de recaída como en la supervivencia libre de metástasis a distancia respecto de Keytruda utilizado solo. Es la primera vez que una terapia individualizada de neoantígenos basada en ARNm obtiene un resultado positivo de esta magnitud en fase III.

    Y eso merece atención.

    Una vacuna que no existe hasta que aparece el paciente

    Aquí empieza lo verdaderamente fascinante.

    Cuando pensamos en una vacuna imaginamos un producto idéntico para millones de personas. Ésta funciona exactamente al revés. Cada vacuna es diferente.

    Primero se extirpa y analiza el tumor del paciente. Se estudian las mutaciones de sus células cancerosas y se identifican aquellas que producen proteínas anormales —los llamados neoantígenos— capaces de distinguir a la célula tumoral de una célula normal.

    A partir de esa información se diseña mediante algoritmos una molécula de ARN mensajero que puede codificar hasta 34 neoantígenos específicos de ese tumor. Es decir, se fabrica una vacuna prácticamente a medida del cáncer de esa persona.

    Una vez administrada, el ARNm proporciona temporalmente a las células las instrucciones necesarias para producir esos marcadores. El sistema inmunológico aprende entonces a reconocerlos y genera linfocitos T capaces de buscar células que exhiban esas características.

    La idea podría resumirse de manera sencilla: mostrarle al sistema inmunológico la fotografía molecular del enemigo.

    Pero queda un problema.

    Los tumores han desarrollado sofisticados mecanismos para desactivar las defensas del organismo. Uno de ellos utiliza la vía PD-1 para poner una especie de freno a los linfocitos T.

    Ahí entra pembrolizumab (Keytruda), que bloquea precisamente ese mecanismo.

    Las dos terapias hacen, por tanto, cosas diferentes pero complementarias: la vacuna enseña al sistema inmunológico qué debe atacar y Keytruda le quita uno de los frenos que dificultan el ataque.

    Lo que ya sabíamos antes del anuncio

    El resultado de esta semana no ha aparecido de la nada. Antes de iniciar la enorme fase III, Moderna y Merck habían realizado un ensayo fase IIb con 157 pacientes con melanoma avanzado de alto riesgo completamente extirpado. Y existe ya seguimiento a cinco años publicado en junio de 2026 en el Journal of Clinical Oncology.

    Los resultados son especialmente interesantes porque permiten observar si el efecto desaparece con el tiempo. No parece hacerlo. Después de una mediana de seguimiento de cinco años, la combinación de intismeran y pembrolizumab mostró, frente a pembrolizumab solo:

    • 49 % menos riesgo de recaída o muerte.
    • 59 % menos riesgo de desarrollar metástasis a distancia o morir.

    En supervivencia global también apareció una tendencia favorable, pero el número de muertes era todavía demasiado pequeño para sacar una conclusión estadísticamente firme.

    Además, los investigadores encontraron algo que refuerza la hipótesis de funcionamiento del tratamiento: en los pacientes vacunados aparecieron nuevos clones de linfocitos T dirigidos contra los neoantígenos codificados por la vacuna, y la expansión de esos clones fue mayor entre quienes permanecieron libres de recaída.

    No sólo parece funcionar clínicamente. Hay indicios biológicos de que está haciendo precisamente aquello para lo que fue diseñada.

    ¿Qué acaba de cambiar entonces?

    La fase II sugería que la estrategia funcionaba. La fase III comienza a demostrar que puede convertirse en medicina real. Ésa es la diferencia.

    Los ensayos de fase III son grandes estudios comparativos destinados a determinar si un tratamiento supera suficientemente al estándar existente como para justificar su aprobación.

    INTerpath-001 comparó precisamente la vacuna más Keytruda contra Keytruda solo, que ya constituye una terapia muy potente y la combinación consiguió superar al tratamiento de referencia en sus dos variables fundamentales: evitar que el cáncer reaparezca y evitar que llegue a órganos distantes.

    Las compañías todavía no han publicado las cifras detalladas de esta fase III. Conocemos que los objetivos fueron alcanzados y que el resultado fue estadística y clínicamente significativo, pero todavía faltan los hazard ratios, curvas de supervivencia, análisis por subgrupos y seguimiento completo.

    Tampoco se ha demostrado todavía que la combinación aumente definitivamente la supervivencia global.

    Esa cautela es fundamental.

    Pero también lo es reconocer que superar una fase III constituye una frontera muy distinta que la de mostrar resultados prometedores en laboratorio.

    Moderna y Merck ya han anunciado que presentarán los datos completos en un congreso médico internacional y comenzarán las conversaciones con los organismos reguladores para solicitar la aprobación del tratamiento.

    No es “la vacuna contra el cáncer”

    Aquí conviene desmontar probablemente el titular que veremos repetido durante las próximas semanas. No existe un único cáncer.

    Lo que llamamos cáncer engloba centenares de enfermedades diferentes, con mutaciones, tejidos, evolución y respuestas inmunológicas distintas.

    Tampoco esta vacuna evitaría que una persona sana desarrolle cáncer, como una vacuna contra el sarampión evita el sarampión; es una vacuna terapéutica: se administra a alguien que ya tuvo un cáncer identificado y cuyo tumor puede analizarse para construir el tratamiento.

    Y en este caso concreto se está utilizando después de la cirugía intentando destruir las células malignas microscópicas que puedan haber quedado y provocar posteriormente una recaída o una metástasis. Por eso quizá resulte más preciso llamarla inmunoterapia personalizada basada en ARNm.

    La verdadera revolución puede estar en la plataforma

    El resultado del melanoma podría terminar siendo solamente la primera pieza.

    Moderna y Merck mantienen actualmente nueve estudios de fase II y III con intismeran en distintos tumores. Además del melanoma, la tecnología está siendo evaluada en cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de vejiga y carcinoma renal, entre otros.

    Y aquí aparece la dimensión potencialmente revolucionaria del descubrimiento.

    Tradicionalmente intentamos encontrar una molécula capaz de tratar a miles o millones de pacientes con determinada enfermedad, pero esta tecnología propone otra lógica: conservar la plataforma y cambiar el medicamento para cada individuo.

    El procedimiento industrial sería el mismo, pero la secuencia genética contenida dentro de la vacuna sería distinta para cada paciente.

    Secuenciar el tumor.
    Identificar sus mutaciones.
    Seleccionar los neoantígenos más prometedores.
    Diseñar el ARN.
    Fabricarlo.
    Administrarlo.
    Y convertir al sistema inmunológico del propio paciente en una herramienta dirigida contra las características particulares de su cáncer.

    Es medicina personalizada llevada hasta una escala que hace apenas dos décadas parecía difícilmente imaginable.

    También plantea enormes desafíos: velocidad de fabricación, costos, capacidad de secuenciación, logística y acceso a terapias que necesariamente serán más complejas que producir millones de dosis idénticas de un mismo medicamento.

    Pero la tecnología de ARNm posee precisamente una característica que puede ayudar a resolver parte de ese problema: una vez desarrollada la plataforma, modificar la información que transporta resulta mucho más sencillo que desarrollar desde cero una nueva molécula farmacológica.

    Una noticia enorme, sin necesidad de exagerarla

    Quizá lo más extraordinario de esta historia sea que no hace falta llamarla “cura del cáncer” para que sea una noticia excepcional.

    Por primera vez una vacuna individualizada de ARNm ha llegado hasta una gran fase III y ha demostrado mejorar los resultados de una de las inmunoterapias más importantes que ya posee la oncología.

    Falta conocer la magnitud exacta del beneficio en esta fase III. Falta comprobar la supervivencia global. Falta la evaluación de los reguladores. Falta saber cuánto costará, cuánto demorará fabricar cada vacuna y si el éxito del melanoma podrá repetirse en otros tumores.

    La ciencia avanza precisamente así: eliminando incertidumbres una detrás de otra.

    Pero una de ellas acaba de caer.

    Hasta ahora podíamos decir que era posible diseñar una vacuna de ARN mensajero utilizando las mutaciones particulares del cáncer de una persona y conseguir que su sistema inmunológico aprendiera a reconocerlas. Desde el 19 de agosto de 2026 podemos añadir algo mucho más importante: en un ensayo clínico de fase III, esa estrategia consiguió mejorar el tratamiento de pacientes reales. No es todavía la cura del cáncer.

    Pero puede ser uno de esos momentos en los que, mirando hacia atrás dentro de algunos años, descubramos que la manera de tratarlo empezó a cambiar.

  • El Intervencionismo Gubernamental Genera la Familia Menguante

    El Intervencionismo Gubernamental Genera la Familia Menguante

    Alrededor del mundo las tasas de natalidad se desploman y, lo grave es que, por debajo de 2.1 nacimientos por mujer, la sociedad misma se desploma de maneras que muy pocos vislumbran. Lastimosamente, pocos advierten el nexo entre la castrante intervención gubernativa y el fenómeno de la familia menguante. Los factores que inciden en el problema son múltiples: los disparados costos de vida, los valores cambiantes y, en general, la creciente dificultad de criar, educar y conducir a los hijos para integrarlos a la sociedad de forma productiva.

    Para entender el efecto castrante del intervencionismo debemos referirnos a la «praxeología»; es decir, al estudio de la praxis, la práctica o acción humana. En otras palabras, a lo que ocurre cuando uno actúa de una u otra forma y a los móviles detrás de esa conducta.

    Si estudiamos la práctica del apareamiento humano, en su fase inicial está impulsada y guiada por instintos carnales a los que solemos llamar «amor». Pero esto me lleva a preguntar: ¿es realmente amor la simple cúpula macho/hembra? La atracción inicial no está motivada por un deseo explícito de reproducción, sino por un impulso biológico primario. ¿Es esa atracción física «amor» o es simplemente el mecanismo con el que la naturaleza asegura la cópula? El amor auténtico, en cambio, emerge como un constructo posterior que sostiene la alianza humana a largo plazo.

    Históricamente, los hijos solían ser el resultado natural del impulso copulativo. Sin embargo, al vivir en familia las cosas cambian: los hijos resultan ser una excelente inversión a largo plazo dentro de un medioambiente institucional estable que premia el sacrificio. Pero en nuestra era han entrado en juego elementos distorsionadores que alteran estos patrones históricos, comenzando por la inflación monetaria: una grosería gubernamental que destruye sistemáticamente el ahorro.

    A esto se le suman las pensiones de la CIS (Caja de Inseguridad Social), un putrefacto esquema Ponzi con fecha de caducidad en el que se pierde por completo lo ahorrado. En semejante realidad, lo que termina mandando no es el factor humano de la descendencia, sino la asquerosa intervención centralizada.

    Luego está el tema de la salud y sus severas distorsiones en una economía politizada. Vaya usted a buscar atención a la CIS, donde la supervivencia se resume en una lista de espera burocrática. Y no podemos olvidar al NODUCA, una deseducación obligada y diseñada para mantener al rebaño cercado.

    En cuanto a la vivienda, nuestros gobiernos la han vendido bajo la consigna del subsidio. El caso de los apartamentos que reemplazaron a las fincas y viviendas quemadas durante la Invasión debía ser aleccionador; pero no lo es, ya que muy pocos lo entienden.

    Pero donde la puerca tuerce el rabo es en la creación de instituciones gubernamentales que trastocan la función propia de la gobernanza, amoldándola a intereses bastardos y corruptos. En Panamá, el Estado está metido en todo lo que no le compete, transformando la gestión pública en un asalto empobrecedor. Para muestra de cómo el asistencialismo estatal destruye la estructura familiar, basta ver cómo en EE. UU. la proporción de hogares monoparentales en la comunidad negra se disparó del 22% al 67% entre 1960 y 1985 tras la expansión del Estado de bienestar.

    La familia ha dejado de ser soberana, reemplazada por instituciones gubernamentales políticamente corruptas y destructivas de la moral. Todo esto no es más que lo advertido por pensadores como Hayek en El camino de servidumbre: la tragedia de entregar la libertad a cambio de migajas. Y, a fin de cuentas, todo ello explica el fenómeno de la familia menguante. Si no rechazamos decididamente el estatismo, no hay salvación posible.

  • Lo que necesita MEDUCA es dejar de administrar la educación, no un mejor ministro

    Lo que necesita MEDUCA es dejar de administrar la educación, no un mejor ministro

    Cada vez que un escándalo sacude al Ministerio de Educación (MEDUCA) aparece la misma reacción: hay que encontrar al culpable, cambiar de ministro o funcionarios, investigar contratos, exigir mayor transparencia y prometer que la próxima administración será diferente.

    Todo eso puede ser necesario. Pero no resuelve el problema de fondo.

    Un sistema que concentra miles de millones de balboas, decisiones de compra, nombramientos, infraestructura, tecnología, programas educativos y una enorme estructura administrativa en un ministerio central siempre será extraordinariamente atractivo para la política, los grupos de presión y quienes viven de contratar con el Estado. El problema no es solamente quién administra MEDUCA, sino qué y cuánto administra.

    En 2026 el MEDUCA tiene un presupuesto aprobado de aproximadamente B/.3.640 millones. Su propia estructura institucional refleja un organismo que interviene desde la formulación de políticas y controles hasta la coordinación académica, administrativa y regional del sistema educativo.

    Desde una perspectiva liberal, una verdadera reforma educativa debería comenzar precisamente allí: separando aquello que necesariamente debe hacer el Estado de aquello que simplemente hemos acostumbrado a que haga un ministerio.

    El MEDUCA debería gobernar el sistema, no gestionarlo todo

    Un MEDUCA reformado debería ser considerablemente más pequeño.

    Su función central tendría que concentrarse en pocas cosas: establecer estándares mínimos de aprendizaje; garantizar información pública comparable sobre resultados; proteger el acceso a la educación de quienes no puedan financiarla; fiscalizar el cumplimiento de normas básicas; y administrar mecanismos transparentes de financiamiento. Poco más.

    No debería decidir desde Ciudad de Panamá qué computadora necesita un maestro de Chiriquí, qué reparación corresponde a una escuela de Darién, qué proveedor debe abastecer determinado insumo o cómo debe resolverse cada necesidad material de miles de centros educativos diferentes.Tampoco debería decidir sobre el contenido entero y uniforme del Currículum escolar excepto lo que hemos señalado arriba.

    Porque cuanto mayor sea la cantidad de decisiones que pasan por un mismo escritorio, mayor será también el valor económico de controlar ese escritorio.

    La descentralización no elimina la corrupción, pero reduce el premio de capturar el poder central.

    Dividir el poder también divide las oportunidades de corrupción

    Existe una diferencia enorme entre que una institución compre decenas de miles de equipos mediante una sola contratación y que cientos o miles de unidades educativas puedan adquirir los recursos que necesitan dentro de presupuestos públicos, reglas claras y procedimientos competitivos.

    En el primer modelo hay un comprador gigantesco y unos pocos contratos gigantescos. En el segundo hay muchos compradores, muchos proveedores y decisiones mucho más pequeñas.

    La corrupción puede existir igualmente. Pero deja de existir un único punto capaz de distribuir cientos de millones y esa diferencia importa.

    Una licitación nacional puede justificar enormes esfuerzos de lobby, relaciones políticas, intermediarios y captura regulatoria. Una compra realizada por una escuela, municipio o región difícilmente tenga el mismo atractivo.

    La descentralización funciona entonces como una forma de diversificación del riesgo institucional. Es el mismo principio por el que no ponemos toda nuestra riqueza en una única inversión. Tampoco deberíamos poner todo el poder de decisión educativa en una única institución.

    El dinero debería seguir al alumno

    Pero descentralizar solamente desde MEDUCA hacia otras burocracias públicas sería insuficiente.

    Transferir facultades del gobierno nacional a direcciones regionales o municipios puede acercar las decisiones a los ciudadanos, pero no introduce necesariamente competencia. Una reforma verdaderamente promercado debería avanzar un paso más: financiar a las personas antes que financiar estructuras.

    El Estado puede garantizar que todos los niños tengan recursos para educarse sin necesidad de convertirse simultáneamente en propietario, administrador, comprador y proveedor dominante de educación.

    El mecanismo podría adoptar diferentes formas: bonos educativos, cuentas educativas, financiamiento por estudiante o modelos combinados. El principio es más importante que el instrumento, es decir, el presupuesto acompaña al alumno y no a la institución.

    Una familia podría elegir entre escuelas públicas autónomas, cooperativas, privadas, comunitarias u otras modalidades habilitadas bajo estándares mínimos comunes. Panamá ya reconoce jurídicamente incluso la educación en casa mediante la Ley 245 de 2021, lo que demuestra que el ordenamiento jurídico no identifica necesariamente educación con escolarización estatal tradicional.

    La consecuencia de financiar la demanda sería profunda. Las escuelas dejarían de recibir recursos simplemente porque existen. Tendrían que atraer y conservar estudiantes. Y los padres dejarían de ser administrados por el sistema para transformarse progresivamente en sus clientes.

    Autonomía para las escuelas

    Una escuela pública verdaderamente descentralizada debería poder administrar una parte importante de su presupuesto. Su director y su comunidad educativa deberían tener capacidad para decidir sobre mantenimiento, tecnología, materiales y determinadas contrataciones dentro de límites previamente establecidos. También debería existir autonomía creciente para contratar personal y organizar proyectos educativos. A cambio, esa autonomía tendría que venir acompañada de algo que el sistema centralizado suele diluir: responsabilidad concreta por los resultados.

    Hoy, cuando todo depende de una extensa cadena administrativa, es extraordinariamente fácil que nadie sea finalmente responsable.

    El director culpa a la regional, la regional culpa al ministerio, el ministerio culpa al presupuesto, el gobierno culpa al anterior. Y el ciudadano termina sin saber quién tomó la decisión.

    La descentralización permite exactamente lo contrario: usted recibió este presupuesto, tomó estas decisiones y obtuvo estos resultados.

    Transparencia no significa publicar más PDFs

    Existe además una confusión frecuente entre transparencia y burocracia.

    Un sistema transparente no es necesariamente aquel que exige veinte formularios, siete firmas y cinco controles previos. Muchas veces semejante arquitectura simplemente multiplica las oportunidades para la discrecionalidad administrativa (es decir, corrupción).

    La verdadera transparencia debería permitir que cualquier ciudadano pueda conocer, en pocos minutos, cuánto dinero recibe una escuela, qué compró, a quién se lo compró, cuánto pagó y qué resultados educativos obtiene. Esto se da mediante los datos abiertos auditables fácilmente por todos los ciudadanos, compras visibles, precios comparables, contratos disponibles e indicadores de resultados. Y todo ello en formatos que permitan comparar una escuela con otra.

    No necesitamos necesariamente más interventores, lo que necesitamos es más información y más ojos mirando.

    Cuando cientos de proveedores pueden competir y miles de padres pueden comparar, la vigilancia deja de depender exclusivamente de funcionarios que fiscalizan a otros funcionarios.

    También hay que permitir que fracasen las malas decisiones

    Aquí aparece probablemente el elemento más incómodo de cualquier reforma liberal: la competencia solamente funciona cuando existen consecuencias.

    Si una escuela administra persistentemente mal sus recursos, pierde estudiantes y ofrece malos resultados, no puede recibir automáticamente más dinero para compensar su fracaso. Deberá cambiar su dirección, reorganizarse, fusionarse con otra institución o eventualmente desaparecer y mientras tanto, los recursos deben acompañar a los estudiantes hacia alternativas mejores. Eso es precisamente lo que normalmente no ocurre en los monopolios públicos.

    Una empresa que pierde clientes debe corregirse, sin embargo, una oficina pública que funciona mal suele reclamar mayor presupuesto. Los incentivos están invertidos.

    El mercado no significa abandonar al que menos tiene

    Quizás el argumento más previsible contra este modelo sea que terminaría perjudicando a los sectores de menores ingresos. Es exactamente al revés si se diseña correctamente.

    La familia con dinero ya dispone de libertad educativa, porque puede pagar una escuela privada, mudarse cerca de una mejor escuela, contratar profesores particulares o enviar a sus hijos al extranjero. El monopolio educativo afecta principalmente a quien no puede escapar de él, los más pobres.

    Por eso un sistema de elección escolar debería contemplar financiamiento público completo para las familias de menores ingresos, recursos adicionales para discapacidad, zonas rurales o situaciones de especial vulnerabilidad y eventualmente incentivos mayores para escuelas que atiendan poblaciones difíciles. La redistribución puede hacerse explícitamente.

    Lo que no resulta necesario es que, para ayudar a una familia pobre a pagar la educación de sus hijos, el Estado tenga que administrar directamente prácticamente toda la cadena educativa.

    Del ministerio proveedor al Estado garante

    Panamá discute actualmente una modernización de su Ley Orgánica de Educación, cuya base sigue siendo la Ley 47 de 1946; la propia Comisión de Educación de la Asamblea ha venido trabajando en propuestas de reforma. Eso abre una oportunidad mucho mayor que modificar artículos administrativos.

    Modernizar no debería significar digitalizar el mismo modelo centralizado ni tampoco incorporar computadoras, plataformas, nuevas direcciones o nuevos procedimientos.

    Una reforma estructural consiste en preguntarse qué funciones debe conservar el Estado y cuáles pueden devolverle a las escuelas, las familias, las comunidades y el mercado.

    MEDUCA debería evolucionar desde un gigantesco proveedor y administrador de educación hacia un organismo mucho más limitado que garantice acceso, establezca estándares mínimos, produzca información y fiscalice reglas generales. Es decir, ser menos interventor y más árbitro en caso de colisiones en la gestión descentralizada.

    La mejor política anticorrupción es reducir aquello que puede capturarse

    Nunca habrá un sistema institucional completamente inmune a la corrupción. Se pueden cambiar ministros, endurecer penas, crear comisiones y multiplicar auditorías. Se pueden diseñar nuevas plataformas de contratación y todo eso podrá ayudar; pero seguirá existiendo un incentivo extraordinario para capturar una institución mientras esa institución conserve un poder extraordinario para repartir dinero, contratos y empleos.

    La reforma liberal introduce una defensa mucho más elemental: quitar poder antes que intentar encontrar personas suficientemente virtuosas para ejercerlo.

    Descentralizar las decisiones.

    Dividir las compras.

    Permitir competencia entre proveedores.

    Dar autonomía a las escuelas.

    Publicar resultados.

    Financiar a los estudiantes.

    Y permitir que las familias elijan.

    No porque los padres, directores, municipios o empresarios sean moralmente superiores a los funcionarios de MEDUCA, justamente porque ninguno de ellos lo es. El liberalismo nunca necesitó gobernantes perfectos ni los pretende; sólo aboga por instituciones diseñadas bajo la premisa mucho más realista de que las personas responden a incentivos, persiguen intereses propios y pueden abusar del poder cuando ese poder se concentra.

    Por eso, después de cada escándalo educativo (ahora con la renunciada ministra) que vuelve a agobiarnos, quizás la pregunta no debería ser “¿Quién será el próximo ministro?”, sino una bastante más importante: “¿Por qué necesitamos que el próximo ministro tenga tanto poder?”

    Nota: contenido editado por AI, al efecto de una redacción más armoniosa, las ideas, como ha sido siempre, son nuestras.

  • La Coyunda Entre lo Natural y la Creatividad Humana

    La Coyunda Entre lo Natural y la Creatividad Humana

    Las realidades morales de la naturaleza y la creatividad humana trabajando juntas

    Cuando el piloto alcanza suficiente altura, el panorama cambia por completo. Lo que desde tierra parecía un oscuro chubasco con ventiscas, desde arriba se convierte en radiantes pompas de jabón. Dejamos abajo la tormentosa oscuridad y, de pronto, el mundo se ve diferente. Podemos ver mucho más lejos y llegar a donde antes no imaginábamos. Lo mismo ocurre en el plano mental y espiritual cuando logramos elevarnos.

    La naturaleza —la Creación— no es un simple almacén neutral de materias primas. Tiene realidades morales propias. Es un sistema vivo, ordenado y generoso, pero también exigente. Nos da abundantemente, siempre y cuando respetemos sus ritmos y sus límites. Quien intenta violarla con arrogancia termina cosechando erosión, contaminación y escasez. Quien la cuida con sabiduría descubre que puede ser sorprendentemente generosa.

    Aquí entra la creatividad humana, ese don extraordinario que se nos ha concedido. Es el fuego interior que debemos alimentar con leña seca para que produzca llamaradas. Gracias a ella aprendimos a despegarnos del suelo y surcar los aires, y hoy ya soñamos con volar más allá de la atmósfera.

    La verdadera mayordomía no consiste en elegir entre explotar la naturaleza o dejarla intacta. Consiste en aprender a trabajar con ella. Es la diferencia entre saquear un bosque y diseñar sistemas que lo renueven mientras producen lo necesario. Es la diferencia entre contaminar un río y crear tecnologías que lo mantengan limpio y productivo. Hasta los pequeños castores nos enseñan que es posible reparar cuencas destruidas sin necesidad de tecnología avanzada.

    Esta colaboración entre la naturaleza y la creatividad humana es uno de nuestros mayores recursos. Gracias a ella hemos pasado de vivir a merced de la tierra a poder alimentarnos, vestirnos y protegernos de formas antes impensables. Sin embargo, este poder trae consigo una responsabilidad moral profunda. No somos dueños absolutos del planeta. Somos mayordomos. Se nos ha confiado un jardín para cultivarlo, embellecerlo y entregarlo mejor de lo que lo recibimos.

    Desafortunadamente, en países como Venezuela y Panamá vemos el resultado de lo contrario. A pesar de tener abundantes recursos naturales, no hemos sabido usarlos con sabiduría. Nuestros gobiernos, en lugar de fomentar el espíritu de mayordomía en el pueblo, han promovido el servilismo a través de subsidios que, en realidad, solo subsidian la pobreza y la dependencia.

    Como piloto, nunca confié ciegamente en el controlador de tierra. Él puede asesorar sobre el tráfico y las tormentas, pero cuando surge una emergencia, quien está al mando de la aeronave soy yo. Lo mismo ocurre en la vida y en la sociedad. El mayor Controlador del Universo nos dio libertad para volar incluso en cielos tormentosos. Qué arrogancia la de aquellos gobernantes estatistas que pretenden controlarlo todo, y luego culpan a otros cuando el vuelo termina en accidente.

    En la mayordomía de los recursos, la altura importa. Cuanto más alto volamos —moral, intelectual y espiritualmente—, mejor entendemos que la naturaleza y la creatividad humana no son enemigas, sino socias en un proyecto mucho más grande.

    El vuelo continúa.

    Nota: Ensayo No. 3 sobre: La Mayordomía de los Recursos

  • Ballena Azul: la libertad contra el totalitarismo digital

    Ballena Azul: la libertad contra el totalitarismo digital

    Hay historias sobre Corea del Norte que parecen escritas para una novela de espionaje. Esta, sin embargo, ocurrió en GitHub, Zoom, ChatGPT, billeteras cripto y escritorios virtuales. Resulta que dos investigadores de ciberseguridad, Mauro Eldritch y Heiner García, crearon una empresa que no existía. La llamaron Ballena Azul LTD. Construyeron una página web, una identidad corporativa, documentación, un supuesto protocolo DeFi y hasta una historia empresarial suficientemente convincente como para parecer una startup más del ecosistema cripto.

    Después hicieron algo todavía más extraño: contrataron a tres desarrolladores que sospechaban formaban parte de una red norcoreana dedicada a infiltrarse como trabajadores remotos en empresas occidentales. Los supuestos infiltrados creían haber entrado en una empresa y en realidad habían entrado en un laboratorio.

    Durante semanas, sus ordenadores virtuales fueron observados dentro de entornos controlados de ANY.RUN. Los investigadores pudieron registrar archivos abiertos, conexiones, herramientas utilizadas, cuentas, wallets, VPN y parte de la infraestructura desde la que operaban.

    La operación tiene algo de comedia, pero detrás de ella hay una de las expresiones más inquietantes del totalitarismo contemporáneo. Y también una extraordinaria lección sobre la libertad.

    El trabajador que no era quien decía ser

    Ballena Azul se presentó como una startup DeFi que trabajaría con grandes tenedores de criptomonedas.

    Era un cebo casi perfecto.

    Los investigadores contactaron con un reclutador vinculado, según su investigación, a Famous Chollima, denominación utilizada en inteligencia de amenazas para una estructura relacionada con operaciones norcoreanas de trabajadores informáticos. El objetivo habitual de estas redes no consiste necesariamente en entrar rompiendo una contraseña.

    Es mucho más sencillo.

    Consiste en conseguir que la empresa les abra la puerta por caminos normales: Currículum, entrevista, contrato,usuario, contraseña, GitHub, repositorios y sistemas internos. El atacante deja de parecer atacante porque figura en Recursos Humanos.

    Según la investigación, tres personas fueron incorporadas a Ballena Azul utilizando identidades que presentaban inconsistencias importantes. Uno afirmaba residir en Texas mientras entregaba una licencia de California y una cuenta bancaria de Nueva York. Otro presentó documentación cuya metadata indicaba manipulación mediante Google Gemini. Un tercero proporcionó una licencia aparentemente auténtica perteneciente a otra persona.

    Después recibieron escritorios virtuales para trabajar. Ahí empezó la parte interesante.

    Instalaron herramientas de acceso remoto, comprobaron direcciones IP, utilizaron VPN, accedieron a cuentas personales y recurrieron repetidamente a herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT apareció como asistente de programación y redacción; Gemini, según los investigadores, había sido utilizado incluso para alterar documentación.

    Pero cometieron un error magnífico; uno de ellos sincronizó su cuenta de Google con la máquina que le había proporcionado la empresa, solo que aquella máquina pertenecía a los investigadores.

    De pronto, quienes pretendían observar desde dentro comenzaron a ser observados.

    Esto no era una leyenda urbana

    Conviene separar la parte divertida de la historia del problema real.

    El Departamento de Justicia estadounidense lleva años documentando operaciones en las que ciudadanos norcoreanos obtienen trabajos remotos utilizando identidades falsas o robadas. En junio de 2025 informó de esquemas que habían conseguido empleo en más de cien empresas estadounidenses, apoyados incluso por redes de intermediarios y las llamadas laptop farms: ordenadores físicamente situados en Estados Unidos pero manejados remotamente desde el extranjero.

    En otro proceso, cuatro ciudadanos norcoreanos fueron acusados de obtener empleos tecnológicos mediante identidades falsas y posteriormente robar más de 900.000 dólares en activos digitales de dos empresas. Uno de los acusados habría modificado el código fuente de contratos inteligentes para apropiarse de unos 740.000 dólares.

    El Tesoro estadounidense elevó todavía más la dimensión del asunto en marzo de 2026: estimó que estas redes de trabajadores tecnológicos generaron casi 800 millones de dólares durante 2024, recursos vinculados posteriormente al financiamiento de los programas armamentísticos del régimen norcoreano.

    Por eso Ballena Azul es interesante, porque no descubre que Corea del Norte utiliza trabajadores tecnológicos para conseguir divisas. Eso ya estaba documentado. Lo extraordinario es poder observar uno de esos mecanismos desde dentro.

    Pero hay una pregunta anterior a la ciberseguridad

    ¿De quién es el trabajo de una persona?

    Para un liberal, la respuesta debería ser obvia.

    De esa persona.

    Su inteligencia le pertenece.

    Su tiempo le pertenece.

    El fruto de su trabajo le pertenece.

    Y precisamente por eso el aspecto más aberrante de esta historia no comienza cuando alguien utiliza una identidad falsa para infiltrarse en una empresa occidental. Comienza mucho antes, cuando un Estado considera que sus ciudadanos son recursos productivos a su disposición.

    El gobierno norcoreano no inventó solamente una sofisticada industria de fraude internacional. Construyó primero una sociedad donde la autonomía individual prácticamente desapareció.

    Naciones Unidas ha documentado durante años restricciones extremas a la libertad de expresión, asociación, movimiento, privacidad y acceso a la información, además del empleo institucionalizado del trabajo forzado. En 2024, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas describió precisamente el trabajo forzado en Corea del Norte como un fenómeno institucionalizado por el Estado.

    Por eso conviene resistir una tentación.

    Es fácil mirar las imágenes de estos jóvenes delante de una webcam y pensar simplemente: ahí están los malos.

    Quizá algunos lo sean.

    Quizá algunos participen conscientemente de operaciones criminales.

    Pero sabemos demasiado poco sobre el grado de libertad real con el que actúan como para convertir automáticamente a cada uno de ellos en encarnación del régimen que los utiliza. Y ahí aparece una distinción esencial para cualquier filosofía verdaderamente liberal: el Estado norcoreano y los norcoreanos no son la misma cosa.

    Confundirlos sería aceptar precisamente la ficción colectivista que sostiene al régimen. El individuo no es su gobierno.

    El totalitarismo convierte personas en infraestructura

    Hay una expresión especialmente reveladora utilizada en los informes estadounidenses: el gobierno norcoreano se apropia de una parte muy considerable de los salarios generados por estos trabajadores en el exterior. Es decir, un programador consigue un empleo, produce código y una empresa paga por ese trabajo. Sin embargo, el fruto de su trabajo termina siendo absorbido por la maquinaria estatal.

    Visto desde la teoría liberal, estamos ante una versión tecnológicamente sofisticada de algo antiquísimo. La expropiación del individuo por el poder.

    El trabajador deja de ser una persona que intercambia voluntariamente su conocimiento por dinero y se convierte en un activo económico de una organización política.

    Es difícil encontrar una representación más clara de la diferencia entre trabajo libre y trabajo administrado. En una sociedad libre, una persona programa porque alguien desea contratarla y ambos aceptan las condiciones. En una sociedad totalitaria, el conocimiento de esa persona puede convertirse en una exportación del Estado, donde uno produce y el otro decide el destino del producto.

    Y entonces aparece Bitcoin

    Aquí la historia se vuelve incómoda también para quienes amamos las criptomonedas.

    Corea del Norte utiliza activos digitales. Eso es cierto.

    Los utiliza para mover fondos, evadir controles financieros y lavar dinero procedente tanto de operaciones informáticas como de robos. El Tesoro estadounidense ha identificado direcciones de Bitcoin, Ethereum y Tron relacionadas con algunas de estas redes. Pero de allí se desprende con frecuencia una conclusión equivocada:“Entonces las criptomonedas son el problema”.

    No.

    Sería equivalente a concluir que internet es culpable porque los espías utilizan internet. O que el dólar es totalitario porque una dictadura cobra en dólares.

    Bitcoin no pregunta por la moralidad de quien transmite una transacción. Precisamente ésa es una de sus propiedades fundamentales.

    Una red monetaria neutral no distingue entre el disidente que intenta sacar sus ahorros de una dictadura y el agente de esa dictadura que intenta mover fondos.

    La neutralidad tiene un precio. Pero su alternativa también.

    Porque para construir un sistema capaz de impedir anticipadamente cualquier utilización indebida habría que construir una autoridad capaz de decidir quién puede transmitir valor y quién no.

    Y entonces habríamos solucionado el problema del autoritarismo creando otro.

    Libertad no significa ingenuidad

    Nada de esto implica que una empresa tenga la obligación de contratar a alguien que falsifica su identidad. La libertad contractual funciona en ambas direcciones. Quien contrata tiene exactamente el mismo derecho a conocer con quién está contratando que el trabajador a decidir para quién trabaja. Utilizar una identidad robada no constituye un ejercicio de libertad: es fraude.

    Robar criptomonedas o acceder engañosamente a propiedad ajena tampoco es ejercer la libertad, porque el principio liberal no consiste en tolerar cualquier conducta, sino en distinguir con enorme precisión entre libertad y agresión.

    Una persona puede usar una VPN, puede proteger su privacidad o cobrar en Bitcoin. También puede trabajar remotamente desde cualquier lugar del planeta y utilizar un seudónimo si la contraparte lo acepta. Nada de eso, por sí mismo, viola los derechos de nadie.

    El problema aparece cuando existe engaño destinado a obtener acceso a propiedad ajena, suplantación de identidad, robo o incumplimiento deliberado de las condiciones bajo las cuales otra persona aceptó contratar. Ahí termina el intercambio voluntario.

    El peligro de aprender la lección equivocada

    Los propios investigadores recomiendan reforzar controles de identidad, realizar verificaciones periódicas, formar a reclutadores y vigilar determinados patrones tecnológicos.

    Tiene sentido.

    Una empresa privada debe protegerse. Pero aquí también conviene colocar un límite liberal.

    La respuesta a Corea del Norte no puede ser convertir cada contratación remota en un interrogatorio estatal y cada usuario de una VPN en un sospechoso.

    No deberíamos destruir las herramientas que protegen a millones de personas porque también las utilicen delincuentes.

    La criptografía protege al disidente.

    La VPN protege al periodista.

    El cifrado protege al ciudadano.

    Bitcoin permite transferir riqueza sin pedir autorización.

    La inteligencia artificial permite trabajar a quien antes no habría podido hacerlo.

    El trabajo remoto permite que un programador nacido en un país pobre venda su capacidad intelectual a una empresa situada a diez mil kilómetros.

    Todas esas tecnologías reducen una característica que históricamente ha favorecido al poder: la necesidad de pedir permiso.

    Naturalmente también pueden ser utilizadas por quien pretende dañarnos; la libertad siempre contiene ese riesgo.

    Una sociedad absolutamente segura frente al mal uso de la libertad tendría que eliminar buena parte de la libertad misma.

    Ballena Azul ganó porque podía experimentar

    Y aquí quizá esté la ironía más hermosa de toda la historia.

    ¿Cómo fueron descubiertos los presuntos agentes de uno de los Estados más centralizados del planeta?

    No mediante un Ministerio Mundial de Verificación Digital ni una identidad obligatoria universal o la abolición del anonimato. Los descubrieron unos investigadores independientes que tuvieron una idea disparatada: crear una empresa falsa y dejar que los infiltrados entraran.

    Construyeron una web, se inventaron personajes, programaron infraestructura y los escritorios virtuales. Improvisaron reuniones e introdujeron fallos deliberados. Observaron comportamientos, compartieron información con otros investigadores. Es decir: experimentaron descentralizadamente y sin un plan maestro.

    Algo profundamente hayekiano ocurrió allí.

    Frente a una organización jerárquica y centralizada apareció conocimiento distribuido. Personas diferentes poseían pequeñas piezas de información: una dirección IP, una wallet, una metadata, un historial de navegador, una herramienta de acceso remoto, una identidad inconsistente. Ninguna pieza explicaba todo, pero juntas comenzaron a hacerlo. El conocimiento que permitió descubrir la operación no estaba concentrado en una autoridad omnisciente, estaba disperso.

    Exactamente como ocurre en una sociedad libre.

    La batalla real

    Por eso Ballena Azul no es solamente una historia sobre hackers. Es una pequeña parábola política.

    En un extremo tenemos un Estado que reclama la vida económica de sus ciudadanos, controla su movimiento, restringe brutalmente la información que reciben y dirige recursos humanos hacia sus propios objetivos.

    En el otro tenemos una sociedad abierta llena de defectos, desorden, anonimato, criptomonedas, empresas privadas, investigadores independientes y tecnologías que cualquiera puede utilizar, incluso sus enemigos.

    La primera parece ordenada, la segunda parece caótica.

    Pero sólo una permite que alguien tenga una idea que nadie autorizó. Y ese detalle importa muchísimo. El liberalismo nunca prometió un mundo sin delincuentes, sin estafadores, espías o dictadores. Prometió algo mucho más modesto y muchísimo más importante: que ningún hombre debería disponer arbitrariamente de la vida de otro. Que el conocimiento debe poder circular y la propiedad tiene dueño. Que el intercambio debe ser voluntario y el poder necesita límites.

    Y que el individuo existe antes que el Estado.

    Quizá ésa sea la enseñanza más incómoda de Ballena Azul. No debemos defender la libertad porque sólo vaya a ser utilizada por buenas personas; si ésa fuera la condición, la libertad sería imposible.

    La defendemos precisamente porque nadie debería tener el poder de decidir previamente quién merece utilizarla. Después castigamos el fraude, perseguimos el robo, protegemos la propiedad y responsabilizamos al agresor.

    Pero no entregamos nuestras libertades como precio por sentirnos seguros.

    Porque si para combatir a una dictadura necesitamos copiar su principio fundamental, que alguien desde arriba decida quién puede trabajar, comunicarse, ocultar su identidad, mover su dinero o utilizar determinada tecnología, quizá hayamos ganado la operación de ciberseguridad y perdido algo bastante más importante, que la libertad no es una herramienta del sistema.

    Es el límite que le imponemos al sistema.

  • La empresa líquida: cuando la flexibilidad en las organizaciones se convierte en incertidumbre para sus trabajadores

    La empresa líquida: cuando la flexibilidad en las organizaciones se convierte en incertidumbre para sus trabajadores

    Un lunes cualquiera, una persona abre su ordenador y descubre que el equipo en el que trabajaba ya no existe como tal. El proyecto ha cambiado de prioridad, la herramienta de gestión se ha sustituido por otra, su responsable directo ha pasado a otra área y parte de sus compañeros son ahora colaboradores externos. No ha ocurrido una crisis visible. Simplemente, la organización se ha reorganizado. Otra vez.

    Durante décadas, muchas empresas se construyeron sobre una promesa relativamente estable: seguridad, pertenencia y trayectorias profesionales previsibles a cambio de compromiso y lealtad. El trabajo no era solo una fuente de ingresos. También ordenaba el tiempo, definía una identidad social y ofrecía cierta sensación de futuro compartido.

    Esa lógica está cambiando. Trabajo híbrido, digitalización, equipos por proyectos, metodologías ágiles, subcontratación, inteligencia artificial y plataformas bajo demanda han convertido la adaptación permanente en una condición básica de la vida laboral. La empresa ya no se presenta tanto como una estructura sólida sino como un organismo que se reconfigura continuamente.

    La imagen recuerda a la modernidad líquida propuesta por el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman en el año 2000: un mundo en el que las instituciones, las relaciones y las identidades pierden estabilidad y se vuelven más frágiles, móviles y temporales. Esta lectura se ha llevado también al terreno organizativo para explicar cómo la liquidez contemporánea modifica el liderazgo, las carreras profesionales y las formas de control dentro del trabajo.

    La agilidad como promesa

    Conviene evitar una lectura nostálgica. La flexibilidad no es, en sí misma, un problema. En entornos tecnológicos y económicos muy cambiantes, las organizaciones excesivamente rígidas reaccionan tarde, innovan peor y arrastran inercias burocráticas.

    Las investigaciones sobre agilidad organizativa muestran que la capacidad de detectar cambios, responder con rapidez y reorganizar recursos puede mejorar el rendimiento de las empresas. Una revisión sistemática basada en 249 estudios empíricos publicados entre 1998 y 2024 encontró una relación consistente entre distintas formas de agilidad empresarial y resultados organizativos.

    Las prácticas ágiles de trabajo, con una red de equipos que funcionan en ciclos rápidos de aprendizaje y toma de decisiones, pueden favorecer el bienestar cuando aumentan la autonomía, el apoyo social, la retroalimentación y la claridad de objetivos. La empresa líquida puede ofrecer oportunidades reales. El problema aparece cuando la flexibilidad deja de ser una herramienta y se convierte en un estado permanente de inestabilidad: esas mismas prácticas pueden aumentar demandas, presión comunicativa o sensación de sobreexposición si no se gestionan bien.

    Equipos que se forman y se disuelven

    Muchas organizaciones funcionan cada vez más mediante proyectos: equipos temporales, alianzas externas, colaboradores independientes y redes que se activan y se desactivan según la necesidad. Los estudios sobre organizaciones basadas en proyectos explican esta transformación hacia estructuras con núcleos estables y bolsas flexibles de socios o profesionales que se incorporan proyecto a proyecto.

    La ventaja es evidente: se gana especialización y velocidad. La pérdida es menos visible: cuesta más construir memoria compartida, confianza y sentido de pertenencia. No basta con juntar talento para que exista cooperación. Las relaciones laborales necesitan tiempo, normas implícitas, experiencias comunes y una mínima continuidad.

    Aquí aparece una de las paradojas del trabajo contemporáneo. La empresa gana flexibilidad, pero parte de la incertidumbre se desplaza al individuo. Ya no se espera solo que una persona haga bien su trabajo, sino que se actualice constantemente, cambie de equipo, redefina su rol y mantenga su empleabilidad en un mercado incierto.

    El coste psicológico de no tener suelo

    La investigación en salud laboral lleva años mostrando que la inseguridad en el empleo no es un asunto menor. Una revisión de 56 muestras independientes y más de 53 000 participantes encontró una relación significativa entre la inseguridad laboral y los problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, agotamiento emocional y menor satisfacción vital.

    Algo similar ocurre con la ambigüedad de rol. Cuando las personas no saben bien qué se espera de ellas, cuáles son sus límites de responsabilidad o cómo se evaluará su rendimiento, aumenta la tensión psicológica. Estudios sobre burnout o síndrome de estar quemado han encontrado que la ambigüedad y el conflicto de rol se asocian con mayor desgaste emocional.

    Esto no significa que toda reorganización sea dañina. Significa que la adaptación permanente necesita estructura. Cambiar puede ser estimulante cuando existen recursos, apoyo y claridad. Pero se vuelve agotador cuando todo parece provisional: el equipo, el liderazgo, las prioridades, las herramientas e incluso los valores corporativos.

    Pertenecer a una empresa que cambia sin parar

    El trabajo híbrido añade otra capa. La distancia física no elimina necesariamente el vínculo con la organización, pero lo vuelve más dependiente de factores psicológicos: comunicación, apoyo social, identificación y sensación de formar parte de algo. La investigación sobre trabajadores virtuales ya señaló que, cuando desaparecen los elementos tangibles de la organización, la identificación organizativa se vuelve crucial.

    Estudios recientes sobre el trabajo desde casa muestran que la intensidad del teletrabajo puede relacionarse con trayectorias distintas de aislamiento laboral, dependiendo de cuestiones como el apoyo entre compañeros o las dificultades de comunicación. Por eso, el debate no debería reducirse a “oficina sí vs. oficina no”. La cuestión relevante es cómo se construye pertenencia cuando el trabajo se distribuye en pantallas, plataformas y equipos cambiantes.

    La seguridad psicológica ofrece una pista importante. La experta en liderazgo organizacional Amy Edmondson la definió como la creencia compartida de que un equipo es seguro para asumir riesgos interpersonales: preguntar, discrepar, reconocer errores o proponer ideas incompletas. Sin ese suelo relacional, la innovación se convierte fácilmente en presión.

    Agilidad con anclajes

    La empresa líquida no es necesariamente una mala empresa. Puede ser innovadora, rápida y abierta. Pero necesita anclajes. Las personas pueden adaptarse a entornos cambiantes si cuentan con reglas comprensibles, liderazgos confiables, espacios de participación, apoyo social y trayectorias mínimamente legibles.

    La identificación con equipos y organizaciones se ha relacionado con menos estrés y mayor bienestar, y las iniciativas de cambio funcionan mejor cuando tienen en cuenta cómo afectan a la identidad de las personas implicadas.

    El desafío no consiste en volver, sin más, a la empresa rígida del pasado, ni en celebrar acríticamente la flexibilidad como si siempre fuera sinónimo de libertad. La cuestión es cómo diseñar organizaciones capaces de moverse sin convertir la vida laboral en una sucesión interminable de reajustes.

    Mónica Pellejero, Profesor investigador en Organización de Empresas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Agustín J. Sánchez Medina, Catedrático en Organización de Empresas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.