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Categoría: Destacado

Europa ya tiene su stablecoin bancaria: 37 bancos preparan un euro “on-chain”

Durante años Europa miró el crecimiento de las stablecoins con una mezcla de interés y desconfianza. El problema era evidente: casi todo ese nuevo dinero digital estaba denominado en dólares, pero hoy acaba de ocurrir algo que puede cambiar ese equilibrio: Qivalis, el consorcio respaldado por 37 bancos europeos de 15 países, recibió del Banco Central de los Países Bajos la autorización como entidad de dinero electrónico. Eso le permite avanzar hacia la emisión de su propia stablecoin bancaria, ligada al euro y respaldada 1:1. La compañía prevé comenzar la emisión en los próximos meses, una vez completados los requisitos de MiCA y publicado su white paper.

No estamos hablando de una startup pequeña. Detrás aparecen nombres como BBVA, CaixaBank, BNP Paribas, ING, UniCredit, Danske Bank, KBC, Sabadell, Bankinter o ABN Amro, entre muchos otros. El consorcio reúne ya a 37 instituciones financieras y España es uno de los países con mayor representación.

¿Para qué quieren los bancos una stablecoin?

La pregunta parece lógica, ya que si Europa ya tiene euros, transferencias SEPA y sistemas de pago instantáneo, ¿para qué crear otro euro digital?. La respuesta está en otra parte: blockchain.

Cada vez más activos financieros —bonos, fondos, acciones tokenizadas, contratos— empiezan a moverse on-chain. Para liquidar esas operaciones hace falta también una forma de dinero que pueda circular en esas mismas redes. Y hoy, cuando se necesita liquidez suficiente, el dólar domina casi completamente ese espacio.

Qivalis nació precisamente para cubrir esa brecha: crear una unidad de liquidación en euros capaz de funcionar en redes blockchain y en mercados tokenizados. Su modelo será de reserva íntegra y su distribución se hará a través de bancos, exchanges, proveedores de pagos y operadores de infraestructura de mercado. En términos sencillos: el euro quiere entrar en la misma autopista digital por la que ya circulan USDT y USDC.

La paradoja europea

Aquí aparece la parte más interesante. Europa lleva años hablando de “soberanía monetaria” y de la necesidad de evitar una dependencia excesiva del dólar digital.

Hasta ahora, la respuesta más visible era el euro digital impulsado por el BCE, pero Qivalis introduce otra posibilidad: no un único euro digital estatal, sino euros tokenizados emitidos por instituciones privadas que compiten entre sí.

Desde una perspectiva liberal, esa diferencia importa mucho. Una CBDC concentra emisión, infraestructura y capacidad de control en el banco central. Una stablecoin bancaria sigue teniendo intermediarios y regulación, pero introduce competencia entre emisores y modelos.

No es Bitcoin. Tampoco es dinero resistente a la censura, pero sí puede ampliar las alternativas disponibles.

El riesgo: competencia regulada… hasta cierto punto

La pregunta importante empieza ahora.

Qivalis emitirá bajo MiCA y estará supervisada por el banco central neerlandés. Europa dispone así de un producto completamente adaptado a su propio marco normativo. Si bien puede dar seguridad jurídica, también abre una cuestión incómoda: ¿permitirá Europa que esta stablecoin bancaria compita realmente con sus rivales extranjeros o utilizará MiCA para inclinar la cancha?

La regulación europea ya distingue entre stablecoins conformes y no conformes con MiCA, lo que condiciona qué activos pueden ofrecer determinados proveedores dentro de la UE.

Y ahí aparece el viejo problema de Public Choice: una regulación puede comenzar diciendo: “protejamos al consumidor” y terminar diciendo: “protejamos al proveedor autorizado de sus competidores”. No son lo mismo.

Lo verdaderamente importante

La noticia de hoy demuestra que la batalla ya no es: bancos contra crypto. Son los bancos que están entrando en crypto.

Tampoco es: Estado contra blockchain. Los Estados están regulando blockchain y los bancos centrales adaptando sus infraestructuras a ella.

La verdadera discusión será: qué arquitectura monetaria digital tendremos y quién podrá competir dentro de ella.

Qivalis puede ser una gran noticia para Europa si introduce una alternativa real en euros dentro de los mercados on-chain. Puede reducir dependencia del dólar, abaratar liquidaciones, mejorar pagos transfronterizos, facilitar mercados tokenizados. Todo eso es valioso, pero desde una perspectiva liberal, la prueba será otra: que su éxito dependa de que los usuarios la prefieran, no de que el regulador limite las alternativas; porque si Europa quiere demostrar verdadera soberanía monetaria, debería empezar por reconocer una idea bastante sencilla: la soberanía no consiste en que el Estado elija qué dinero debemos usar. Consiste en que el individuo pueda elegir entre varios.

octubre 15, 2026
El despertar de la humanidad: más allá del empleo y la limosna estatal

«Humanidad no es el cubículo de oficina, ni el formulario burocrático, ni la sumisión al caudillo de turno a cambio de una dádiva.»

Cuando el legendario Sherlock Holmes soltaba su famoso «Elemental, mi querido Watson» (o en nuestro argot cervantino, «Elemental, mi estimado Sancho»), no se refería a algo simple o insignificante. Al contrario, apuntaba a lo esencial, a esa verdad factual tan obvia y desnuda que la mayoría, cegada por sus propios sesgos o por el ruido del entorno, era incapaz de ver.

Hoy, los pasajeros del avión global en picada mortal siguen discutiendo acaloradamente sobre el control de precios, las tasas de interés y el último aumento al salario mínimo. No se dan cuenta de que el motor del avión ya se fundió. Vivimos bajo el mayor secuestro de la historia humana: el fraude del dinero fíat. El llamado Quantitative Easing o «relajo cuantitativo» no es más que la impresora estatal marchando a toda máquina para fabricar papelillos de monopolio. Una trampa macroeconómica que, mediante la inflación, le roba el tiempo de vida y el esfuerzo al ciudadano común antes de que el billete toque sus manos. Intentar salvar el gasto público insostenible imprimiendo billetes devaluados para financiar subsidios que no subsidian es como echarle gasolina al fuego esperando apagarlo y sin que se den cuanta del saqueo.

Pero mientras los capitanes de la burrocracia intentan sostener este andamiaje obsoleto a base de deudas e ilusiones, un alud tecnológico irreversible avanza en la dirección opuesta. La Inteligencia Artificial no viene a traer una crisis económica más; viene a demoler la Matrix de la escasez. Su verdadero impacto no es la creación de dinero digital, sino la deflación absoluta del costo de la existencia biológica. Al automatizar el drudgery —ese trabajo mundano, repetitivo y cognitivo básico que por siglos nos ha reducido a la categoría de robots biológicos—, la IA rompe el monopolio de la supervivencia. Si producir alimentos, medicina y energía pasa a costar fracciones de centavo, el dinero tradicional pierde su poder de extorsión. El Estado ya no podrá comprar la obediencia de los hombres con la promesa de la canasta básica.

¿A qué nos dedicaremos entonces? Es aquí donde se abren las compuertas del verdadero despertar de la humanidad. «Humanidad» no es el cubículo de oficina, ni el formulario burocrático, ni la sumisión al caudillo de turno a cambio de una dádiva. Esas son taras coloniales y neandertales que el MEDUCA del mundo nos programó para aceptar. La verdadera riqueza es un estado de Bienandar: es la soberanía absoluta sobre nuestro activo más valioso, el tiempo. Es la liberación de las capacidades latentes de la mente y del espíritu, esas mismas frecuencias cognitivas y genios artísticos que permitieron a un puñado de mentes diseñar la propia IA.

Cruzar el peaje hacia la Noosfera infundirá pánico en quienes solo saben definir su existencia a través del empleo tradicional o la limosna estatal. Ver caer los templos del gigantismo burocrático les parecerá el Apocalipsis. Pero el fin del esclavo obediente es, en realidad, el inicio de una física del valor puramente voluntario, donde el ser humano por fin recupera las llaves del Paraíso que le fueron entregadas en la Creación.

Nota: Ensayo 3/4: La Singularidad de la Noosfera.

octubre 14, 2026
Panamá y las listas ¿se castiga la falta de transparencia o el éxito de la competencia fiscal?

Panamá acaba de salir del Anexo I de la lista europea de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales. Es una buena noticia, pero también es una excelente oportunidad para formular una pregunta bastante incómoda: ¿qué se está sancionando realmente cuando una jurisdicción termina en una lista negra fiscal?

Porque cuando se compara Panamá con Paraguay por ejemplo, la explicación habitual que “Panamá tenía que transparentarse y Paraguay ya cumplía”, empieza a resultar demasiado sencilla, porque Paraguay también tiene un sistema tributario territorial y también mantiene una presión fiscal relativamente baja. También utiliza su régimen tributario como parte de su atractivo económico, pero sin embargo, no sufrió durante estos años el mismo nivel de presión europea que Panamá.

La diferencia existe. Pero no parece estar simplemente entre un país transparente y otro que no lo es. La verdadera diferencia está en cuánto importa cada país para el sistema financiero internacional.

Panamá salió, pero todavía no salió del todo

El 9 de octubre de 2026, el Consejo de la Unión Europea retiró a Panamá del Anexo I, la conocida lista de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales. Panamá había permanecido allí desde febrero de 2020.

La UE reconoció ahora que el país reformó el régimen de exención sobre determinadas rentas de fuente extranjera que Bruselas consideraba perjudicial. Pero el proceso no está completamente terminado: Panamá pasó al Anexo II, donde permanecen las jurisdicciones que cooperan pero todavía tienen compromisos pendientes. En el caso panameño, queda pendiente una nueva revisión del Foro Global de la OCDE sobre intercambio de información tributaria a requerimiento.

La distinción importa. Panamá dejó de ser considerado “no cooperador”, pero sigue bajo supervisión.

¿Qué objetaba realmente Europa?

La UE no sostiene formalmente que los impuestos bajos sean ilegítimos. Sus criterios se concentran en tres grandes áreas: transparencia fiscal; “fiscalidad justa” y cumplimiento de las normas contra erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, conocidas como BEPS. El conflicto aparece cuando un país ofrece ventajas fiscales que, según Bruselas, permiten atraer rentas sin suficiente actividad económica real. Ahí entra Panamá.

El criterio europeo es bastante explícito: las jurisdicciones no deberían facilitar estructuras extraterritoriales destinadas a atraer beneficios que no correspondan con actividad económica sustancial. Y cuando existe tributación nula o muy reducida, la UE exige requisitos de sustancia económica: empleados, gastos, instalaciones u otros vínculos efectivos con la jurisdicción; eso es precisamente lo que Panamá terminó modificando.

La reforma panameña no es menor

La Ley 526 de mayo de 2026 introdujo reglas específicas de sustancia económica para determinadas entidades panameñas integrantes de grupos multinacionales que reciben rentas pasivas de fuente extranjera. La propia ley lo dice expresamente: esas entidades deberán cumplir determinadas condiciones para que esas rentas continúen fuera del impuesto panameño bajo el principio de territorialidad.

Eso significa que Panamá conserva formalmente su sistema territorial, pero ya no de manera absoluta para ese universo de operaciones. La renta extranjera puede seguir sin tributar en Panamá siempre que exista suficiente vínculo económico con Panamá. No basta necesariamente con constituir la sociedad allí. Hay que demostrar actividad real.

Desde el punto de vista europeo, esto evita estructuras puramente instrumentales, desde una perspectiva liberal, sin embargo, hay otra lectura posible: un tercero consiguió condicionar la manera en que Panamá puede diseñar una parte de su propio sistema tributario.

La ley la aprobó Panamá, la coerción jurídica interna sigue siendo panameña, pero el incentivo externo fue evidente: modificar las reglas o permanecer dentro de una lista que encarecía las relaciones financieras internacionales. Eso merece llamarse por su nombre: es soberanía formal ejercida bajo una presión económica muy considerable.

¿Por qué Paraguay no recibió el mismo trato teniendo renta territorial?

Aquí aparece la comparación realmente interesante. Paraguay también aplica un modelo tributario basado fuertemente en la fuente territorial. También ha utilizado impuestos relativamente bajos y reglas simples para atraer inversión, sin embargo, la UE no lo sometió al mismo proceso que Panamá.

La razón está parcialmente en la propia metodología europea. Cuando la Unión Europea diseñó originalmente su sistema de selección en 2016, no eligió jurisdicciones al azar, sino que buscó prioritariamente aquellas con: a) fuertes vínculos económicos con la UE; b) actividad financiera relevante y c) suficiente estabilidad institucional como para ser utilizadas por empresas e inversionistas internacionales.

El propio Consejo recuerda que las primeras 92 jurisdicciones examinadas fueron seleccionadas precisamente sobre la base de sus vínculos económicos con Europa, su estabilidad institucional y la importancia de su sector financiero. Y en esos criterios Panamá y Paraguay no son equivalentes.

Panamá juega en otro campeonato financiero

Panamá no es simplemente un país con impuestos competitivos. Es y durante décadas ha sido, un centro internacional de servicios financieros, societarios, marítimos y logísticos. Tiene una fuerte banca internacional, sociedades utilizadas en operaciones transfronterizas, un poderoso Registro marítimo global, la Zona Libre de Colón, un Centro de Servicios legales especializados y Estructuras corporativas internacionales.

Además, sus flujos de capital son significativamente más relevantes que los que corresponderían simplemente al tamaño de su economía doméstica; eso es exactamente lo que convierte a una jurisdicción en interesante para las administraciones tributarias de economías grandes.

Paraguay, en cambio, ha construido buena parte de su atractivo sobre otra base: agricultura, ganadería, energía o maquila pero donde también su sistema tributario es relativamente sencillo.

Su competitividad fiscal existe, pero todavía está mucho más vinculada a actividad productiva localizada dentro del país que a su utilización como plataforma internacional de estructuración financiera. Y ahí aparece una diferencia fundamental.

Paraguay puede hacer hoy cosas que Panamá tuvo que dejar de hacer

Hay un dato que lo ilustra perfectamente. Panamá ya participa plenamente en el intercambio automático de información financiera bajo el estándar CRS, Paraguay todavía no. Paraguay comenzará sus primeros intercambios automáticos en 2027 y la propia OCDE explica por qué pudo esperar.

Los países en desarrollo que no albergan un centro financiero relevante no fueron obligados originalmente a adoptar el intercambio automático en una fecha concreta; Paraguay pertenece precisamente a ese grupo.

La OCDE señala que las jurisdicciones que se comprometieron a comenzar intercambios más adelante son países en desarrollo que no alojan un centro financiero y que, por esa razón, no habían recibido inicialmente una fecha obligatoria de implementación. Eso revela algo importante: Paraguay no fue necesariamente considerado más transparente que Panamá, sino que fue considerado menos riesgoso para las bases tributarias de otros países.

Entonces el problema no es solamente la transparencia

Ésta es la parte incómoda. Dos países pueden tener fiscalidad territorial, pueden mantener impuestos bajos, pueden competir por capital; pero el escrutinio internacional aumenta considerablemente cuando uno de ellos se transforma en una plataforma relevante para capital extranjero.

Dicho de manera sencilla: los impuestos bajos llaman menos la atención cuando sólo atraen fábricas que cuando atraen patrimonios, sociedades y flujos financieros internacionales.

Eso explica buena parte de la diferencia Panamá–Paraguay. Y también introduce una dimensión de competencia entre Estados que rara vez se reconoce abiertamente.

Competencia fiscal: ¿problema o disciplina?

Para la Unión Europea existe una categoría llamada “fiscalidad justa”. Determinados regímenes pueden ser considerados perjudiciales si permiten atraer rentas sin actividad económica suficiente o erosionar las bases tributarias de otros países, pero desde una tradición liberal la cuestión admite otra lectura: los Estados también compiten; lo hacen mediante seguridad jurídica, infraestructura, calidad institucional, regulación, moneda y, naturalmente, impuestos.

Si una empresa puede trasladar parte de su actividad desde una jurisdicción donde paga 30% hacia otra donde paga 15%, eso limita la capacidad del primer gobierno para aumentar indefinidamente su presión fiscal.

La movilidad del capital introduce disciplina, no porque los empresarios sean héroes, sino porque tienen una opción de salida.

Albert Hirschman hablaba de exit y voice: cuando una persona no puede escapar de una institución, sólo le queda intentar cambiarla políticamente. Cuando puede salir, aparece un límite adicional al poder de quien gobierna. La competencia fiscal funciona parcialmente de esa manera.

Pero hay un argumento legítimo del otro lado

Sería igualmente simplista sostener que toda estructura fiscal internacional representa competencia fiscal saludable. Si una sociedad registra miles de millones de beneficios en un país donde no tiene empleados, oficinas, dirección efectiva ni actividad económica, resulta comprensible que los países donde sí ocurre la actividad cuestionen el mecanismo.

El problema existe, la pregunta es cómo resolverlo.

Una cosa es exigir que las operaciones declaradas correspondan con actividad económica real. Otra diferente es intentar armonizar de facto la tributación internacional hasta reducir la capacidad de los países pequeños para competir mediante impuestos más bajos. La frontera entre ambas cosas es bastante menos clara de lo que suele admitir el lenguaje técnico.

El poder está del lado del mercado grande

Aquí aparece además una cuestión política inevitable. Panamá no puede obligar a Alemania, Francia o España a reconocer determinado tratamiento fiscal, pero la Unión Europea sí puede afectar enormemente a Panamá etiquetándolo como jurisdicción no cooperadora.

No necesita sanciones tradicionales, le basta con aumentar los costos de hacer negocios con la jurisdicción colocándolo en listas; así, se producen más controles, más documentación, más retenciones, más riesgo reputacional, más dificultades bancarias, menor acceso a determinadas estructuras financieras entre otras dificultades.

Entonces, la decisión sigue siendo técnicamente voluntaria: Panamá puede no modificar sus leyes, pero el costo de ejercer esa libertad aumenta. Eso es poder regulatorio y la UE lo posee en una magnitud que Panamá evidentemente no.

¿Qué ganó Panamá?

Bastante. Salir del Anexo I elimina una señal internacional especialmente negativa. Reduce razones para aplicar medidas defensivas contra operaciones relacionadas con Panamá. Disminuye riesgo reputacional. Facilita relaciones con instituciones financieras europeas y elimina obstáculos potenciales para inversión y financiación. Eso tiene valor real y negarlo en nombre de la soberanía sería ignorar cómo funciona el sistema financiero internacional.

Un centro financiero vive de confianza y conectividad, quedar fuera de las principales redes tiene un costo enorme, por eso probablemente existían buenas razones económicas para hacer las reformas.

¿Qué resignó?

También bastante.

Resignó parte de la libertad con la que históricamente podía ofrecer un régimen territorial puro a determinadas estructuras internacionales; aumentó obligaciones de información, aceptó requisitos de sustancia económica, incrementó costos regulatorios. Y aceptó, en términos prácticos, que determinados estándares fiscales internacionales condicionen el acceso pleno al sistema financiero desarrollado. Fue una decisión con un precio y sería intelectualmente pobre presentar ese proceso simplemente como: “Panamá finalmente hizo lo correcto”.

Paraguay está en una posición distinta… por ahora

La historia paraguaya resulta fascinante precisamente porque todavía conserva un margen mayor. Su competitividad fiscal se apoya mucho más en producción tangible; pero Paraguay está creciendo, atrae inversión, desarrolla maquila, cada día aumenta más su integración internacional y comienza a incorporarse gradualmente a los mecanismos internacionales de intercambio automático de información. En 2027 empezará a aplicar CRS.

Si dentro de una década Paraguay desarrolla un sector financiero internacional importante, se convierte en plataforma para patrimonios extranjeros y empieza a canalizar flujos financieros mucho mayores, probablemente descubrirá algo que Panamá aprendió hace tiempo: la tolerancia internacional hacia la competencia fiscal disminuye a medida que esa competencia empieza a funcionar demasiado bien.

Ésa es quizás la verdadera enseñanza

No creo que pueda sostenerse seriamente que Panamá fue sancionado simplemente por ser exitoso en verdad existían algunos problemas puntuales de transparencia, intercambio de información y estructuras con escasa sustancia económica, sería absurdo negarlo. Pero tampoco explica todo decir que Panamá fue sancionado porque “no cumplía” y Paraguay no porque “sí cumplía”.

Los propios criterios europeos muestran que el tamaño y la importancia financiera de una jurisdicción forman parte del proceso que determina quién recibe mayor escrutinio. Y ahí aparece algo mucho más interesante: no todos los países reciben el mismo nivel de exigencia porque no todos representan la misma amenaza potencial para las bases tributarias de las economías grandes.

Eso no convierte automáticamente el sistema en injusto, pero sí obliga a abandonar la ficción de que estamos hablando exclusivamente de técnica tributaria. También estamos hablando de intereses, de competencia de jurisdicciones. Y de poder.

¿Competencia desleal o competencia entre gobiernos?

Ésta es finalmente la pregunta política y económica. Cuando Panamá ofrece tributación territorial, ¿está erosionando injustamente la base impositiva de otros países?, ¿O está ofreciendo a individuos y empresas una jurisdicción diferente, obligando a otros gobiernos a competir?. Probablemente existan ejemplos de ambas cosas. Una sociedad ficticia sin actividad económica real es difícil de defender como expresión de competencia productiva, pero una empresa que verdaderamente traslada capital, trabajadores, oficinas y decisiones hacia una jurisdicción más competitiva está haciendo algo completamente distinto. Ahí existe actividad, existe inversión, existe elección. Y existe competencia entre Estados. La regulación internacional debería distinguir ambas situaciones con mucho cuidado.

Porque si no lo hace, “combatir la evasión” puede convertirse gradualmente en algo bastante diferente: combatir la capacidad de los contribuyentes para elegir entre jurisdicciones.

Panamá ya pagó el precio de ser relevante

Quizás por eso la comparación con Paraguay resulta tan útil. Paraguay demuestra que la baja tributación no genera automáticamente listas negras. Panamá demuestra que, cuando un país pequeño combina impuestos competitivos con un sistema financiero globalmente relevante, las reglas cambian.

Panamá consiguió finalmente salir del Anexo I; eso es positivo. Pero el precio fue adaptar parte de su modelo a estándares definidos en gran medida fuera de Panamá. Puede haber sido el intercambio correcto; lo importante es reconocer que hubo un intercambio.

Porque la discusión real nunca fue simplemente transparencia versus opacidad. También fue soberanía tributaria versus acceso al sistema financiero internacional.

Y detrás de ambas aparece una pregunta todavía más profunda: ¿hasta qué punto permitiremos que los Estados compitan entre sí por nuestro capital antes de que los propios Estados decidan limitar esa competencia?

Paraguay todavía está descubriendo las ventajas de esa libertad. Panamá acaba de descubrir cuánto cuesta conservarla cuando uno deja de ser pequeño para quienes fijan las reglas.

octubre 13, 2026
Los laberintos mágicos de la Creación y el abismo educativo

De niño, regresando a casa por la bajada de la Calle 50, desde donde hoy está el Soho Mall, que antes era la casa de mis primos Novey de la Guardia, bajando hacia la Vía Brasil, algo me hizo dar la vuelta y a caminar de espaldas, con la mirada fija en la ruta que dejaba atrás. En la loma, a la altura del edificio conocido como «el tornillo» o el F&F Tower, a casi 0.4 km, vi aparecer una fila de cinco autos, el último, un pequeño camión. Mi atención se clavó hipnotizada en ese último vehículo. A medida que la fila me iba pasando y el camión se aproximaba, un presentimiento o no sé qué, me hizo pegar una veloz carrera alejándome del borde de la vía. Al mirar atrás, el camión había perdido el control, patinando salvajemente sobre el punto exacto donde yo habría estado parado. Recuerdo perfectamente subir la loma anterior a mi casa, mirar al cielo y pensar con la inocencia de mis seis años: “Nadie lo va a creer”. Traigo a colación este episodio no por nostalgia, sino para abrir de golpe las compuertas de una inmensa y brutal realidad que nos fue legada en la mismísima Creación.

Aquella premonición salvadora no fue una anomalía milagrosa; fue un destello del sistema de navegación avanzado y latente que llevamos dentro. La ciencia materialista lleva décadas balbuceando que el ser humano apenas utiliza una minúscula fracción de su capacidad neuronal cognitiva. Lo que no nos dicen es por qué. Hemos mantenido apagadas, por diseño del sistema, frecuencias de procesamiento analítico, capacidades matemáticas insólitas y genialidades artísticas dormidas que hoy nos parecen de ciencia ficción.

Para poder aprovechar los laberintos mágicos e inimaginables que se abren en las espumas de los encantados mares de ese mañana que es hoy, debemos estar dispuestos a realizar cambios impensables. Y el primero de ellos exige demoler una estructura fósil: nuestra educación neandertal.

Los ministerios de educación, los MEDUCA del mundo, deben quedar en el olvido. Estas instituciones no nacieron como herramientas de iluminación o de educación real, sino como fábricas de sumisión y servilismo, diseñadas para moldear súbditos obedientes a merced de los torcidos que deambulan entre nosotros buscando el control del poder político. El viejo paradigma te educa para el cubículo, para la repetición y para la dependencia estatal. Te entrena para ser un engranaje sumiso en una máquina que la Inteligencia Artificial ya desmantela.

La IA nos abre realidades inimaginables; entre ellas, la educativa. Al asumir el trabajo mundano, repetitivo y cognitivo básico, la tecnología no viene a embrutecernos, sino a actuar como el gran catalizador que forzará el despertar de esas capacidades latentes de la mente humana. Nos devuelve el tiempo y nos quita la excusa. Ya no se trata de memorizar datos que un algoritmo procesa en milisegundos, sino de expandir la consciencia hacia el arte puro, la intuición hiperdimensional y la creación de valor real en el mundo del mañana.

La transición, por supuesto, infundirá pánico en las mentes educadas bajo el viejo manual del arrabal y la dádiva. Ver caer los templos del gigantismo estatal y ver desaparecer la burrocracia que simulaba funciones productivas les parecerá el fin del mundo. Pero no es el fin, es el extraordinario momento en que se abrirán las puertas de mismo Paraíso.

Mucho antes de lo imaginado miraremos atrás desde la cúspide de la Noosfera; y nos reiremos con benevolencia de nuestra incapacidad de acceder al mismo Universo con las llaves que nos fueron entregadas en la Creación.

Nota: Ensayo 2/4: La Singularidad de la Noosfera

octubre 12, 2026
La IA y el fin de la mentira. El mañana que es hoy

A quienes todavía toleran mis abordajes conceptuales —algunos con genuino interés, otros con simple paciencia— suelo lanzarles una pregunta que siempre provoca un silencio incómodo: ¿Tú crees que en el Cielo hay secretos? Tras una pausa pensativa, la respuesta casi unánime es un rotundo «no». ¡Ajá! Y si en un orden superior el secreto no existe y la transparencia es absoluta; ¿qué creen ocurrirá cuando la IA (inteligencia artificial) no de lugar a la mentira y a los secretos? El descomunal reto que, como tsunami ya llega, nos presenta incógnitas imposibles de resolver con las mentalidades de un ayer obsoleto. ¿Qué hacer frente a semejante realidad? Buenísima pregunta.

Para ver y luego entender lo que ya llega debemos despertar a la Apocalipsis y su Singularidad. Y con “apocalipsis” me refiero al final del camino que nos trajo al presente y el inicio de un nuevo camino que no lo podemos ver ni entender con los lentes del ayer sino con los de un mañana que aún no tenemos.

Intenten imaginar los cambios que vendrán con los autos robóticos o con los retretes que analicen la bioquímica de tus deposiciones. Y ello es apenas un atisbo lo que todo ello traerá. Simplemente no tenemos la capacidad de ver y entender el colapso del ayer frente a un mañana deslumbrante y sin falsedades.

¿Cómo lograremos superar los obstáculos que se interponen a la adaptación exponencial del mañana que es hoy; tales como el gigantismo de la corrupta y burrocrática gobernanza de los gobiernos estatales erigida sobre el poder descarriado? La inmensa realidad de gobiernos y gobernantes cuyas prioridades están trastocadas, al poner sus mezquinos intereses por delante. Curioso que en Panamá los presidentes no logran reelección.

Entonces… ¿qué ocurrirá cuando la IA ya no de lugar al secreto y la mentira; al robo y la desvergüenza? Cuando un sistema algorítmico global procese e interconecte la verdad factual en tiempo real y el motor del estatismo simplemente se fundirá por falta del lubricante que le permita andar. Esto nos lleva a las profundidades abismales de una realidad matemática ineludible: el fin definitivo de la cultura del falso subsidio que ya es económicamente insostenible.

Y frente a tan descomunal y brutal realidad los pasajeros del avión en picada mortal siguen viviendo y discutiendo un ayer de controles de precios, subsidios que no subsidian y tanto más que lo tienen en las narices y no lo ven. No más imaginen el transporte robótico, sin conductor, sin violar normas de tránsito, sin semáforos, sin accidentes; en dónde los seguros prácticamente desaparecerán; con costos tan disminuidos que no tendrá sentido comparar un auto. Y ni hablar cuando esos autos se eleven y transiten por el aire. Esta será la nueva etapa de la humanidad, la noosfera o etapa del conocimiento.

Un mundo en el cual el trabajo manual y gran parte, sino todo el mental, lo hará la IA. ¿A qué nos dedicaremos los humanos? A ver si logramos un atisbo a ello… pues, casi todo el trabajo en que hoy nos afanamos para ganar el pan, lo podrán hacer los robots de IA mucho mejor y a una fracción del costo.

No se trata de un cambio de gobierno ni de una crisis económica más. Estamos ante la reconfiguración radical de la condición humana. Quien tenga oídos para oír, que se prepare; porque el alud no va a detenerse para pedir permiso a quienes prefieren conservar su mirada vacua ante el mañana que es hoy.

Nota: Ensayo 1 de 3 que abordan la Singularidad de la Noosfera

octubre 9, 2026
Cómo organizar una empresa familiar para facilitar su salida a los mercados de internacionales
En España, las empresas familiares son la columna vertebral de la economía: representan el 92 % del tejido empresarial, generan el 70 % del empleo privado y aportan el 57,8 % del valor añadido bruto del país. Tienen fortalezas que pocas organizaciones pueden igualar: visión a largo plazo, compromiso con el legado y una cultura de confianza que favorece la inversión sostenida en innovación.

Y, sin embargo, hay un dato que llama la atención: solo exporta el 10 % de las empresas familiares españolas, frente al 13 % de las no familiares. ¿Significa esto que innovan menos o que son menos competitivas que las de fuera? Hemos investigado al respecto y los resultados apuntan a una explicación distinta: el problema no es la capacidad de innovar sino cómo se organiza la familia dentro de la empresa.

Innovar no basta

La textos sobre internacionalización empresarial han asumido durante décadas que innovar es el principal empujón hacia el exterior: mejores productos o procesos generan ventajas que se pueden explotar en otros mercados. El modelo de Upsala describe el proceso como una secuencia progresiva de detección de oportunidades y compromiso de recursos fuera del país.

Pero hay un paso que se suele pasar por alto: en una empresa familiar, decidir comprometer esos recursos no es una cuestión puramente económica. Pesa también lo que los investigadores llaman la “riqueza socioemocional”: el control sobre el negocio, la identidad familiar, el legado y la reputación.

Lejos de ser un lastre, estos valores son parte de lo que hace especiales a estas empresas. La cuestión es cómo se canalizan.

No importa cuánta familia hay, sino dónde está

Analizamos cerca de 8 000 observaciones de más de 1 500 pymes familiares manufactureras españolas entre 1996 y 2020 para intentar contestar a la pregunta: ¿cómo la presencia de la familia en distintos niveles directivos modera la relación entre innovar y exportar?

El resultado es claro: la implicación familiar ayuda a internacionalizarse, pero el efecto depende de dónde se concentra esa implicación, no de cuánta haya. Cuando los familiares ocupan puestos operativos el efecto es muy positivo pues actúan como bisagra entre la visión estratégica y la operación diaria, y eso hace que la innovación se traduzca en más ventas internacionales. Su compromiso con el legado, su conocimiento del día a día del negocio y su implicación directa generan mayor confianza interna y una ejecución más sólida de las estrategias.

En cambio, cuando los familiares dominan el equipo directivo prevalece una lógica más protectora: preservar el control y la autonomía puede pesar más que arriesgarse a la incertidumbre de salir fuera. No es que la familia no quiera crecer: es que el instinto de proteger lo construido compite con el impulso de expandirse. Ese freno se vuelve estadísticamente significativo cuando los familiares superan el 67 % del equipo directivo.

La combinación que funciona

Nuestros resultados no sugieren que la familia deba alejarse de la dirección. Su implicación sigue siendo una ventaja real: las relaciones de confianza y los vínculos emocionales generan un capital social interno que facilita compartir conocimiento y reduce la incertidumbre ante los mercados exteriores. De hecho, cuando se combina con capacidad innovadora, la implicación familiar refuerza la internacionalización.

El problema no es la familia en sí, sino dónde se concentra dentro de la estructura de gobierno de la empresa. Lo que proponemos es una estructura de gobernanza que combine dos piezas:
1. Un equipo directivo con presencia de profesionales externos, que aporten conocimiento de los mercados internacionales y experiencia en la gestión de la incertidumbre global.
2. Una presencia familiar fuerte en los puestos operativos para que la cultura organizacional y el compromiso se transformen en ejecución de calidad.
Esta combinación no diluye el carácter familiar de la empresa: lo refuerza. Si los directivos externos aportan perspectiva, los familiares aportan, en el día a día, cohesión y compromiso a largo plazo.

Juntos consiguen que la innovación se convierta en crecimiento internacional sostenido.

Diseño organizacional y políticas públicas

Las administraciones públicas ofrecen programas de apoyo a la internacionalización, que suelen centrarse en proporcionar financiación o información sobre los mercados exteriores. Pero si el freno real para salir a los mercados exteriores está en cómo se organiza el gobierno de la empresa, llega un punto en que esas medidas ya no avanzan.

De ahí la necesidad de que existan programas de mentoring para aquellos miembros de la familia que quieren asumir roles operativos de peso, incentivos para atraer talento directivo externo, o talleres de gobernanza familiar pensados específicamente para la internacionalización.

Mirada a largo plazo y paciencia

Las empresas familiares tienen algo que pocas organizaciones logran replicar: un compromiso genuino con el proyecto, una mirada que va más allá del corto plazo y una cohesión interna que es, en sí misma, una ventaja competitiva. Son justo los ingredientes que exige la internacionalización: paciencia, tolerancia a la incertidumbre y capacidad de ejecución sostenida.

El reto, entonces, no es cambiar la naturaleza de la empresa familiar, sino organizar mejor su talento. Cuando la familia ocupa el lugar adecuado dentro de la estructura, la salida hacia los mercados internacionales fluye de manera natural. Y eso, en el fondo, es lo que distingue a las empresas familiares que mejor compiten en los mercados.

Lucía Garcés Galdeano, Profesora Titular de Universidad. Departamento de Gestión de empresas, Universidad Pública de Navarra; Alfonso Hernández Vivanco, Lecturer, Universitat Ramon Llull; Claudio Cruz Cázares, Profesor Agregado, Universitat de Barcelona y Diana-Andreea Filipescu, Associate Professor of International Business, TBS Education

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
octubre 8, 2026
Socioeconomía de la prosperidad: nace del pueblo, no de sus gobiernos

Ningún nuevo gobernante, aunque sea de la estirpe de los magos, puede deshacer los daños acumulados durante años de desgobierno, distorsiones y malas políticas. Esa es una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. ¿Cuántos panameños conocen o entienden de economía, y mucho menos de socioeconomía? Sin embargo, todos tienen derecho al voto; un voto que termina respaldando a los mismos gobernantes y diputados corruptos por los que han venido votando desde siempre. El sufragio típico en Panamá, y en tantos otros lares, va dirigido a quien más promete regalar lo que jamás se debe entregar: la propiedad del ser humano, su albedrío y el derecho a manejar su propia empresa.

La economía no es solo números, inflación o déficit fiscal. Es la intersección entre los mercados y la cultura de una población: sus hábitos, sus expectativas, su relación con el trabajo, con la propiedad, con el Estado y el verdadero rol de la persona. Muy pocos entienden estos conceptos, y sin embargo son la base misma que determina el rumbo de una nación.

En Panamá existe un daño profundo: una cultura política de arrabal y de servilismo que se expresa con claridad en el popular grito de “¡No a la privatización!”. ¿Cuántas personas comprenden el grado de ignorancia que hay detrás de esa consigna cuando se lanza más desde las tripas que desde el cerebro? La economía no es un ente abstracto separado de la gente; incluye, intrínsecamente, la cultura de la población.

He visto marchas de protesta con pancartas que exigen que el gobierno resuelva problemas individuales, reflejo de corrientes culturales en Panamá que se oponen a la idea misma de la propiedad privada y de la responsabilidad individual. No se trata de menospreciar a nadie, sino de señalar una realidad: cuando una cultura está más cerca de estructuras ancestrales que de las exigencias de una sociedad contemporánea, y cuando casi no hay esfuerzo de adaptación, la nación termina cargando con expectativas imposibles. Pensar que un nuevo gobierno puede corregir mágicamente cientos de años de desgobierno y de una cultura desfasada de la realidad es pura fantasía.

La realidad económica y socioeconómica varía enormemente dentro de un mismo país. En Argentina, la situación de Mendoza no es la misma que la de Buenos Aires. En Mendoza, al igual que en la Florida estadounidense, las autoridades no acataron con el mismo rigor el confinamiento del COVID que otras poblaciones. Quien visita Boquete nota que casi no se ve basura en las calles. En contraste, la realidad que vomitan los ríos capitalinos es elocuente. Y ante todo ello, ¿cuántos panameños vemos y entendemos la irresponsabilidad detrás del manejo de la basura en la capital?

Recién abordé el tema del desorden vial con alguien, preguntando: ¿por qué llaman autopatrulla a los vehículos de la ATTT? No sabía. Le dije: porque la verdadera función de ordenamiento del tránsito vehicular se tiene que hacer patrullando; ya que sembrados como postes coimeros en las calles es imposible. O… ¿por qué hay tantos “policías muertos” (resaltos) en la capital? Pues porque nadie respeta las normas. ¿Andan buscando el por qué? Si las autoridades ni siquiera son capaces de administrar la recolección de basura o el ordenamiento del tránsito, ¿realmente alguien puede creer que respetarán las leyes de la economía? Y ni hablar de las de la socioeconomía, que representan el matrimonio entre las actividades del mercado y la cultura de la sociedad.

La socioeconomía no se arregla con decretos ni con discursos grandilocuentes. Se construye —o se destruye— día a día, en la cultura, en las expectativas y en las decisiones de millones de personas.

octubre 7, 2026
De la inteligencia artificial a la “superinteligencia”: el problema que Hayek ya había previsto

Durante décadas llamamos inteligencia artificial a las máquinas capaces de realizar tareas que asociábamos con la inteligencia humana. Ahora aparece una palabra mucho más ambiciosa: superinteligencia.

Donald Trump acaba de convertirla incluso en terminología oficial del gobierno estadounidense. Mediante una orden ejecutiva del 29 de septiembre, instruyó a las agencias del Ejecutivo a reemplazar, en sus comunicaciones y documentos no legislativos, Artificial Intelligence (AI) por Super Intelligence (SI). Pero hay un detalle esencial: la propia orden establece que, por ahora, “Super Intelligence” designa jurídicamente las mismas tecnologías incluidas en la definición vigente de inteligencia artificial. También ordena elaborar en 60 días una propuesta para una nueva definición federal.

Es decir: Estados Unidos no despertó el martes habiendo creado una inteligencia superior a la humana; por ahora, fundamentalmente cambió el nombre.

Y precisamente por eso vale la pena detenerse.

Una palabra que cambia la relación

“Artificial” nos habla del origen de la inteligencia: ha sido fabricada. “Super” introduce algo diferente: una jerarquía. Sugiere que estamos ante una inteligencia superior.

La Casa Blanca explica explícitamente que considera que el término antiguo ya no refleja adecuadamente las capacidades de los sistemas actuales y que Super Intelligence transmite mejor su potencial transformador, pero esto no coincide necesariamente con el significado técnico tradicional de Artificial Superintelligence, ASI.

En ese sentido, una superinteligencia sería un sistema que superase ampliamente a los mejores seres humanos en una gran variedad de capacidades intelectuales: ciencia, ingeniería, razonamiento, planificación, creatividad o investigación.

Y aquí es importante distinguir también a Elon Musk de la iniciativa terminológica de Trump. Musk lleva tiempo utilizando el concepto de superinteligencia en ese sentido técnico y, recientemente, él, Sam Altman y Dario Amodei han advertido sobre el riesgo de sistemas capaces de participar en su propio desarrollo y acelerar sucesivamente sus capacidades. Musk apoyó incluso llamados a reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados.

Por tanto, existen dos conversaciones simultáneas: una superinteligencia futura que realmente podría superar intelectualmente al ser humano, y el nuevo “Super Intelligence” utilizado por la administración Trump como nombre para la categoría tecnológica que hasta ahora llamábamos IA.

Confundirlas puede ser peligroso, porque llamar superinteligente a una herramienta puede modificar nuestra disposición a discutir con ella.

Hayek y el error del gran cerebro central

Aquí aparece Friedrich Hayek. El problema que Hayek identificó en la planificación central nunca fue simplemente que los burócratas tuvieran computadores demasiado lentos; era mucho más profundo. El conocimiento necesario para coordinar una sociedad no existe reunido en ningún sitio, está disperso entre millones de personas.

El dueño de un pequeño comercio conoce algo sobre sus clientes que no aparece en una estadística nacional; el empresario descubre una oportunidad que todavía nadie había imaginado; el consumidor cambia de preferencias; el trabajador conoce detalles de su profesión imposibles de introducir completamente en una base de datos. Y una enorme cantidad de ese conocimiento aparece durante el propio proceso de mercado. Los precios ayudan a transmitirlo, la competencia ayuda a descubrirlo, el error ayuda a corregirlo.

Por eso el gran interrogante frente a la superinteligencia no es si una máquina podrá procesar un billón de veces más datos que un funcionario. Probablemente podrá. La pregunta es si de allí debemos concluir que finalmente hemos construido el planificador capaz de conocer lo suficiente como para dirigir el sistema desde arriba; ahí reaparece la fatal arrogancia, pero dotada esta vez de centros de datos, modelos gigantescos y millones de millones de operaciones por segundo. Una superinteligencia podría resolver extraordinariamente bien el problema del procesamiento de información. Eso no significa que haya eliminado el problema del conocimiento. No puede calcular hoy una información que sólo existirá mañana porque alguien la descubrirá mañana.

Y tampoco puede resolver nuestros valores

Existe además otra dificultad que suele desaparecer detrás del entusiasmo tecnológico.

Una máquina puede decirnos qué combinación de recursos probablemente reduzca más los accidentes de tráfico, pero ¿cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar para conseguirlo?. Puede calcular qué política sanitaria maximiza determinados resultados, pero ¿cómo distribuimos los costos?. Puede determinar que determinada vigilancia financiera facilita detectar delito, pero ¿cuánta privacidad estamos dispuestos a perder?. Esas preguntas no son problemas de capacidad computacional. Son conflictos entre valores humanos. No existe suficiente inteligencia para convertir una decisión moral o política en un hecho matemático.

Popper añadiría otra advertencia

Karl Popper construyó su defensa de la sociedad abierta alrededor de una idea extraordinariamente simple: podemos equivocarnos. Por eso necesitamos crítica, contraste, instituciones que permitan corregir errores y gobernantes que puedan ser reemplazados.

Ahora imaginemos una administración que comienza a decir: “el sistema superinteligente determinó que ésta es la solución óptima”. La frase puede adquirir una autoridad formidable: ¿Quién se atreve a discutir con algo que hemos definido previamente como superior a nuestra inteligencia?. Éste puede ser uno de los peligros políticos menos evidentes de la palabra. No que la máquina inevitablemente se convierta en un tirano, sino que los humanos empecemos a conceder autoridad política a sus conclusiones.

Una sociedad abierta necesitará exactamente lo contrario. Modelos que puedan competir, resultados que puedan cuestionarse, decisiones que puedan apelarse, sistemas que puedan desconectarse. Y personas capaces de decir: “La máquina puede ser más inteligente que yo y aun así necesito saber por qué debo obedecerla”.

El verdadero problema liberal

Desde una perspectiva liberal, quizá estemos haciendo la pregunta equivocada cuando nos preguntamos si la superinteligencia será buena o mala. La cuestión fundamental será: ¿quién la controla?

Imaginemos una superinteligencia accesible a millones de individuos. Un médico la utiliza para diagnosticar mejor. Un pequeño empresario para competir con una multinacional. Un estudiante para aprender. Un científico para investigar.

Distintos modelos compiten entre sí y ninguna institución posee el monopolio. Eso puede representar una extraordinaria descentralización del conocimiento y de las capacidades.

Ahora imaginemos exactamente la misma inteligencia conectada a: identidad digital, cámaras, información tributaria, historial médico, cuentas bancarias, movimientos financieros, registros públicos y eventualmente dinero programable. El problema ya no es cuánto sabe la máquina, sino cuánto poder posee quien puede utilizar todo lo que la máquina sabe sobre nosotros. La tecnología puede ser idéntica. La estructura institucional es completamente distinta.

La superinteligencia no refuta a Hayek

Quizá ocurra algo paradójico.

Cuanto más inteligentes sean nuestras máquinas, más tentador será creer que finalmente hemos superado los límites que justificaban instituciones descentralizadas. Que ahora sí podemos calcularlo todo, predecirlo todo, optimizarlo todo, diseñar el resultado correcto.

Pero Hayek nunca sostuvo que las personas fueran demasiado poco inteligentes para planificar una sociedad. Sostuvo algo mucho más difícil de resolver: nadie posee el conocimiento que una sociedad contiene de manera distribuida.

La superinteligencia puede aumentar espectacularmente lo que sabemos. No necesariamente convierte todo lo que necesitamos saber en conocimiento centralizable.

Y Popper nos recordaría que, incluso si alguna vez construimos una inteligencia que nos supere ampliamente, seguirá siendo prudente organizar nuestras instituciones como si pudiera equivocarse. Por eso el cambio de AI a SI puede ser más que una curiosidad lingüística; las palabras importan porque moldean expectativas.

Si “superinteligencia” termina significando “autoridad que sabe mejor”, habremos cometido un error muy antiguo con una tecnología completamente nueva.

La pregunta liberal no será si debemos temer a una máquina demasiado inteligente. Será bastante más concreta: ¿vamos a utilizar la superinteligencia para ampliar la capacidad del individuo o para ampliar la capacidad de quienes pretenden decidir por él?

Porque el verdadero peligro nunca fue que alguien supiera demasiado. El peligro es que alguien crea que saber más le otorga el derecho a decidir demasiado sobre los demás.

octubre 6, 2026
El Efecto de Goteo Económico

«El “derrame” o “goteo” (trickle-down) suele ser muy malinterpretado en el debate político superficial.«.

Un podcaster pregunta: “¿Si la economía crece, los pobres salen de la pobreza o los ricos se vuelven más ricos?”. Luego asevera que una economía puede crecer sin que se reduzca la pobreza… sí; pero también depende de lo que se entiende por “economía”.

¿Cómo hacer que el crecimiento llegue a la mayoría de los hogares? El del podcast responde que “se necesita política social y redistributiva” para rescatar a los pobres. ¿Será cierto que la solución está en el confisca, parte y reparte, para que los maleantes gubernamentales se queden con la mejor parte? El podcaster y muchísimos más no se han asomado al abismo o etiología del mal.

Hay otro tema de fondo que conviene considerar: la definición misma de riqueza. ¿Acaso riqueza es simplemente tener más dinero? ¿O se logra verdadera riqueza subiendo salarios por decreto y redistribuyendo? ¡Nooo! La verdadera riqueza está en la persona que crece en cultura, conocimientos, hábitos y capacidad. Requiere aumentar la productividad y su valor en el intercambio social que es el mercado; no sólo de bienes y servicios, sino de acercamiento humano. Y, por favor, no busquemos eso por la vía política y menos la politiquera y redistributiva; pues allí no van a encontrar otra cosa que pobreza socioeconómica.

El camino más sólido pasa por generar las condiciones para que más personas logren producir productos o servicios que otros quieran comprarles. Para ello se requieren verdadera educación, seguridad jurídica, estabilidad, incentivos al trabajo e inversión; es decir, un entorno donde el esfuerzo y la productividad sean recompensados. Sin ello no hay motivación, y sin motivación regresamos a las cuevas.

Cuando niño conocí en nuestra empresa de familia, Novey, al Sr. González, gerente del patio, cuyo salario era de unos $600. Cuando se jubiló y sin más que hacer, se fue a Puerto Coquira en el Bayano y veía llegar a los nativos en sus piraguas que venían de compras a la Capital; y le vino la idea de hacerles el encargo de compras. Pasaron los años y el Sr. González le regaló una casa a cada una de sus tres hijas… eso no es goteo sino una cabeza de agua que aprendió en real vivencia en una empresa que no se embarraba con la corruptela gubernamental.

El “derrame” o “goteo” (trickle-down) suele ser muy malinterpretado en el debate político superficial. La frase nació como burla a la idea de que la actividad de arriba ayuda a los de abajo. Se usa como estratagema para negar el efecto real y virtuoso: el derrame de capacidades, conocimiento, estructura y ejemplo que los empleados de una buena empresa hacen suyo. Lo que el Sr. González demostró es precisamente eso. Y este es apenas un ejemplo.

Pero hay algo más profundo. Ni el goteo ni el diluvio alcanzan cuando la gobernanza está podrida. La pobreza crónica suele tener su manantial en instituciones extractivas, deuda pública insostenible, clientelismo y corrupción. En ese terreno, las políticas redistributivas se convierten en botín y los recortes fiscales solos no bastan. Sin reglas claras, seguridad jurídica e incentivos reales al trabajo productivo, el crecimiento se concentra o se evapora. El verdadero derrame no es un regalo que cae desde arriba: es el resultado de personas que aumentan su valor en el mercado porque el entorno se lo permite y recompensa.

octubre 5, 2026
Christa Pike y la ejecución fallida: una reflexión sobre la pena de muerte

El caso de Christa Pike me conmueve, y quiero empezar aclarando algo que para mí es indispensable: no estoy defendiendo a una delincuente ni relativizando el crimen que cometió.

Pike fue condenada por el brutal asesinato de Colleen Slemmer en Tennessee en 1995. Tenía 18 años cuando participó en el crimen. La madre de Slemmer ha apoyado durante años su ejecución.

No tengo idea de cómo reaccionaría yo si alguien asesinara a mi hija. Y precisamente por eso procuro no juzgar a una madre que reclama la muerte de quien mató a la suya. Pero hay otra pregunta que no consigo quitarme de la cabeza: ¿Estaría esa misma madre dispuesta a matar personalmente a Christa Pike?. No lo pregunto como provocación ni como reproche, sino porque creo que existe una diferencia moral enorme entre matar y pedir que alguien mate por nosotros.

Y el Estado nos permite borrar esa diferencia.

Cuando decimos “que la ejecuten”, no tenemos que mirar a la persona a los ojos. No tenemos que inmovilizarla. No tenemos que introducirle una aguja. No tenemos que administrar la sustancia que sabemos que va a detener su vida. Podemos pedirlo desde nuestra casa y después continuar con nuestro día. El Estado se encarga del resto y ahí aparece algo que me inquieta profundamente: la delegación hace mucho más fácil pedir la muerte de otra persona.

La burocracia también anestesia

Una ejecución moderna está extraordinariamente fragmentada, quizás porque así se diluye aún más el sentido de la responsabilidad.

Un tribunal dicta una sentencia. Otro tribunal revisa los recursos. Un gobernador decide si concede clemencia. Un funcionario fija la fecha. Otros preparan al condenado. Alguien consigue los medicamentos. Otro coloca las vías. Otro ejecuta el protocolo. Hay testigos, formularios, horarios y procedimientos. Al final, la muerte termina convertida en un acto administrativo. Y cuando la responsabilidad queda repartida entre tantas personas, aparece una peculiar ilusión moral: parece que nadie está matando. Pero sí alguien muere.

El intento de ejecución de Christa Pike del 30 de septiembre llevó esa contradicción a un extremo difícil de ignorar. Tennessee siguió su protocolo de inyección letal y le administró pentobarbital, pero Pike no murió. El propio Departamento de Corrección reconoció después que el protocolo no permitía realizar procedimientos adicionales y que fue trasladada a un centro médico.

Pensemos un momento en la escena: el Estado había decidido que esa persona debía morir, intentó matarla (ejecutarla dirán otros) y no lo consiguió, entonces una ambulancia la trasladó para que profesionales sanitarios procuraran mantenerla con vida.

No lo señalo como una incoherencia jurídica: evidentemente, una vez terminado el procedimiento autorizado, el Estado seguía teniendo bajo su custodia a una persona viva. Lo que me interesa es la contradicción moral que deja al descubierto. ¿Qué hacemos ahora? ¿La curamos para intentar matarla nuevamente? No sé cómo mirar esa pregunta y no sentir cierto horror.

Mi problema no es que existan crímenes monstruosos

Desde una perspectiva libertaria, mi objeción a la pena de muerte no consiste en negar la responsabilidad individual, todo lo contrario, creo profundamente en ella.

Una persona que asesina debe responder por haber destruido el derecho más básico de otra: su vida.

Tampoco me convence el argumento según el cual todo delincuente es fundamentalmente una víctima de su entorno, de la sociedad o de las circunstancias. Podemos intentar comprender las circunstancias que rodearon un crimen sin eliminar la responsabilidad de quien lo cometió.

Mi duda aparece en otro lugar. ¿Quién adquiere el derecho a matar como consecuencia de ese crimen?

Durante mucho tiempo existieron sociedades en las que el castigo estaba mucho más cerca de la víctima. La venganza, la reparación y posteriormente los sistemas de compensación nacieron precisamente alrededor del daño sufrido por una persona concreta.

El Estado moderno hizo algo muy distinto: convirtió el delito contra una persona en un delito contra “la sociedad” y se arrogó progresivamente el monopolio del castigo. En algunos lugares también el poder de matar. Y ahí mi desconfianza libertaria se dispara.

Si desconfiamos del Estado cuando regula una empresa, administra nuestro dinero, establece impuestos o decide qué podemos hacer con nuestra propiedad, ¿por qué deberíamos abandonar esa desconfianza precisamente cuando ejerce el poder más irreversible de todos?

Una multa equivocada puede devolverse, una condena injusta de prisión puede, imperfectamente y demasiado tarde, terminar, una ejecución equivocada no puede corregirse. Pero hay algo incluso anterior a ese argumento institucional.

Si quieres que muera, ¿estarías dispuesto a matarlo?

No sostengo que la madre de una víctima deba convertirse en verdugo. Tampoco creo que haber sufrido una agresión otorgue automáticamente un derecho ilimitado a hacer cualquier cosa con el agresor. Mi pregunta es otra.

Me pregunto si antes de reclamar la pena de muerte no deberíamos someternos mentalmente a una prueba extremadamente sencilla: si considero que esa persona debe morir, ¿estaría dispuesto yo mismo a producir su muerte?

No hace falta que la respuesta sea necesariamente afirmativa para defender filosóficamente la pena capital. Se puede argumentar, razonablemente, que precisamente hemos creado instituciones judiciales para que el castigo no dependa de la emoción personal de la víctima. Pero creo que la pregunta sigue siendo moralmente indispensable porque obliga a retirar una capa de abstracción.

“Aplicar la pena capital” suena muy distinto de “matar a esta persona”. “Cumplir la sentencia” suena muy distinto de “inyectarle una sustancia hasta que deje de respirar”. El lenguaje burocrático puede ocultarnos aquello que realmente estamos solicitando.

Delegar no elimina nuestra responsabilidad moral

Este es probablemente el punto que más me inquieta.

Si considero inmoral realizar personalmente determinado acto, encargarle ese mismo acto a un tercero no resuelve automáticamente el problema. No aceptamos ese principio en ningún otro ámbito.

Si contrato a una persona para agredir a alguien, sigo siendo responsable de la agresión; si ordeno un robo, no desaparece mi responsabilidad porque otro haya entrado físicamente en la casa. Entonces, al menos deberíamos preguntarnos por qué consideramos tan diferente pedir al Estado que mate.

Tal vez la respuesta sea que creemos que la justicia exige esa muerte. Puede ser, pero entonces deberíamos ser capaces de mirar directamente aquello que estamos defendiendo, sin escondernos detrás del procedimiento, porque existe el riesgo de que el Estado no sólo monopolice la violencia, sino que nos proporcione una distancia suficientemente cómoda para reclamar violencia que quizás no estaríamos dispuestos a ejercer nosotros mismos.

Ni absolución ni espectáculo

Sentir compasión por Christa Pike no significa absolverla. Y sentir horror ante una ejecución fallida no significa olvidar a Colleen Slemmer. Podemos sostener simultáneamente dos ideas, que una persona cometió un acto monstruoso y que sigue siendo una persona.

Quizás una civilización se mida precisamente por nuestra capacidad para sostener ambas cosas al mismo tiempo.

No sé qué sentiría si asesinaran a mi hija. Tal vez querría matar al responsable. Sería absurdo presumir hoy de una serenidad moral que nunca he tenido que poner a prueba, pero precisamente por eso tampoco quiero convertir mi reacción emocional hipotética en una potestad permanente del Estado. Y mucho menos quiero que la muerte de una persona termine transformada en un espectáculo aséptico en el que observamos desde lejos cómo funcionarios ejecutan aquello que nosotros hemos pedido.

El caso de Christa Pike ha dejado una imagen difícil de olvidar: el Estado intentando matar a una persona, fracasando y enviándola después al hospital.

Quizás el problema no esté solamente en que la ejecución haya salido mal. Quizás deberíamos preguntarnos qué significa exactamente que consideremos normal cuando sale bien.

Porque antes de decir “que la maten”, existe una pregunta incómoda que deberíamos atrevernos a contestar: ¿lo haríamos nosotros mismos?. Si la respuesta cambia cuando desaparecen el verdugo, el protocolo y la distancia, entonces tal vez esa distancia no sea un detalle.

Tal vez sea precisamente lo que nos permite pedir con tanta facilidad algo que, si tuviéramos que hacerlo con nuestras propias manos, nos resultaría mucho más difícil llamar justicia.

octubre 2, 2026