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Categoría: Destacado

  • De Panamá Viejo a Panamá Nuevo

    De Panamá Viejo a Panamá Nuevo

    Las pobrezas que hoy nos perturban debemos verlas en nuestra evolución social, la cual comenzó con la finca que el rey de España configuró con un modelo rentista. El intento originario no estaba en poblar, cultivar y lograr una riqueza social humana, sino en cosechar las riquezas de Castilla del Oro, en donde se creía que las arenas de las playas eran doradas. Luego, con el tiempo, al descubrir que las playas eran de arena común, el intento fue lograr ingresos a través de peajes: tanto por el paso a través del istmo, como por quienes se quedaron varados aquí y tuvieron que pagar por cupos, coimas, licencias y demás para poder hacer mercado en la finca del rey.

    Con el pasar del tiempo, el oro de la finca se agotó y la vida en la se fue circunscribiendo a Panamá la Vieja y luego a la Nueva; que no era más que un burgo medieval dentro del cual había una casta burguesa, calles de tierra y un sistema séptico que transportaba la caca en carretas, y fuera de sus muros, el Arrabal. Entonces ¿qué fue de la gobernanza, acaso cambió? La respuesta la podemos ver en el comentario de un diputado en la asamblea colombiana en 1840, quien dijo: “Quien quiera conocer a Panamá, que vaya rápido, ¡pues se acaba!”

    En 1849 se produce un fenómeno único con el descubrimiento de oro en California, que torna a Panamá en el atajo hacia la riqueza del oeste gringo. ¿Y qué encontraron los argonautas en Panamá? Pues lo que había advertido el diputado colombiano. Ese choque entre transeúntes a través de parajes de escasez social y económica produjo muchos incidentes de «tajadas de sandía»; y no solamente como cuenta la errada historia.

    Más adelante, luego del ferrocarril, continúan nuestros problemas que culminan en la Guerra de los Mil Días y luego en la construcción del Canal de Panamá, en la cual el choque entre culturas vuelve a estar presente y termina con el enclave de la Zona del Canal; en donde se esconden los “zonians” de los panameños porque no se llevan. Bueno, sí, acaso para ir los días libres a las cantinas y prostíbulos a formar peleas; o panameñas que iban los fines de semana a las bases militares a buscar futuro.

    En 1903 nos independizaron los gringos y, desde entonces, ¿qué cambios reales se dieron en el modelo? Bueno, la Constitución de 1972 es fiel testimonio del ideal de gobernanza centralista, populista e intervencionista que adoptamos. Y lo más curioso es que aún hoy, en el 2026, la mayoría casi no lo advierte y quieren reformar lo irreformable; algo así como reconstruir a Frankenstein.

    Pero aún pocos ven la realidad en la cual los gobiernos están enquistados de manera destructiva en el mercado, dando testimonio de que la finca ya no es del rey de España, sino de los corruptos y corruptores «reyes» del Nuevo Panamá, que han llevado el clientelismo de los cupos, licencias y coimas al grado de arte. Y de educación real y efectiva… ¡ni pensarlo!, pues ello destruiría el cercado de semovientes ciudadanos liberándolos y destruyendo la finca burguesa.

    En resumen, y para entender nuestra terrible realidad, hay que reconocer nuestro pecado original: Panamá no nació como una nación, sino como la finca del rey de España. Desde la colonia hasta el sol de hoy, los administradores solo han cambiado de nombre, pero mantienen la misma tara mental: gestionar una economía de peaje y prebendas, creando una escasez institucionalizada para mantener a la población dependiente del «parte y reparte». Es bajo esta lógica de capataces que nace el NODUCA.

  • 1337: el pequeño código que sobrevivió a la cultura hacker y llegó hasta la privacidad digital

    1337: el pequeño código que sobrevivió a la cultura hacker y llegó hasta la privacidad digital

    Si alguna vez viste el número 1337 en un nombre de usuario, una donación en Bitcoin, una dirección, una contraseña antigua, una remera geek o una conversación entre gente de tecnología, probablemente no estaba allí por casualidad.

    1337 se lee “LEET”, una forma abreviada de elite.

    El truco consiste en reemplazar letras por números visualmente parecidos:

    1 = L
    3 = E
    3 = E
    7 = T

    Así, 1337 → LEET → elite.

    Pero detrás de esa pequeña broma tipográfica existe toda una historia de cultura digital, anonimato, pertenencia y resistencia frente al control.

    De los BBS a la cultura hacker

    El llamado leetspeak apareció y se popularizó en los años 80 y 90 en comunidades informáticas, especialmente en BBS (Bulletin Board Systems), foros, grupos de hackers, jugadores y usuarios técnicamente avanzados.

    En aquella Internet primitiva, escribir palabras sustituyendo letras por números servía para varias cosas. A veces era simplemente diversión, o permitía distinguir a quienes pertenecían a determinada comunidad. Y en otros casos ayudaba a evitar filtros automáticos muy rudimentarios que buscaban palabras exactas. No era criptografía, pero tampoco era anonimato real. Eso sí, expresaba una idea que luego aparecería repetidamente en la cultura cypherpunk: si alguien construye un sistema para clasificar y controlar información, los usuarios intentarán encontrar maneras de escapar de él.

    Con el tiempo, leet dejó de significar literalmente “élite informática” y se convirtió en una especie de guiño cultural. Escribir 1337 era una manera de decir: sé de dónde viene esto.

    ¿Qué tiene que ver con la privacidad?

    Aquí conviene hacer una precisión. 1337 no significa privacidad. No es un código criptográfico, no protege datos y no convierte una comunicación en anónima. Su relación con la privacidad es cultural.

    Muchos de los espacios donde se utilizaba leetspeak eran también lugares donde se discutían criptografía, software libre, seguridad informática, pseudónimos, anonimato y libertad en Internet; es decir, 1337 terminó formando parte del lenguaje informal de una generación que empezó a hacerse una pregunta que hoy resulta muchísimo más importante: ¿cuánto debe saber una red sobre nosotros?

    Aquella pregunta pareció casi extravagante durante los primeros años de Internet. Hoy vivimos rodeados de respuestas. Nuestros teléfonos saben dónde estamos; los bancos conocen buena parte de nuestros movimientos financieros, las plataformas conocen qué compramos, qué leemos, con quién hablamos y cuánto tiempo permanecemos mirando una pantalla. La privacidad digital dejó de ser una preocupación de hackers excéntricos y se convirtió en una cuestión cotidiana.

    Del leetspeak a Bitcoin

    Por eso tampoco resulta extraño encontrar 1337 dentro del ecosistema Bitcoin o en comunidades cypherpunk. Puede aparecer como una cantidad simbólica (por ejemplo, 1.337 sats), como parte de un alias o simplemente como una referencia cultural. No aporta ninguna propiedad técnica al dinero, pero recuerda una genealogía.

    Antes de Bitcoin estuvieron los cypherpunks. Antes de las wallets estuvieron las claves PGP. Antes de que los gobiernos discutieran cómo regular la privacidad financiera, ya existían comunidades que defendían la criptografía como herramienta para proteger al individuo.

    Bitcoin llevó parte de esa filosofía a otro terreno: el dinero. Monero la llevó aún más directamente hacia la privacidad financiera. Y herramientas cifradas de comunicación hicieron lo mismo con nuestros mensajes.

    Una pequeña cifra con una gran historia

    Hoy 1337 puede parecer una curiosidad nerd. Y en buena medida lo es.

    Pero también es un fósil cultural de una etapa muy importante de Internet: aquella en la que los usuarios todavía experimentaban con identidades, lenguaje y tecnologías sin asumir que todo debía estar permanentemente identificado, registrado y analizado.

    No hace falta convertir cuatro números en un símbolo revolucionario, pero sí vale la pena recordar de dónde vienen. Porque detrás de 1337 hay algo más interesante que una forma de escribir “elite”. Hay una vieja intuición de Internet: los individuos también pueden crear sus propios códigos, sus propias comunidades y sus propias herramientas sin pedir permiso.

    Y esa idea, décadas después, sigue siendo central para cualquier conversación seria sobre privacidad y libertad digital.

  • Cuando el presupuesto deja de significar lo que dice

    Cuando el presupuesto deja de significar lo que dice

    Un presupuesto público debería ser algo más que una gran tabla de números aprobada una vez al año. Debería ser un compromiso.

    Cuando el Estado dice que destinará determinada suma a salud, educación, infraestructura o justicia, el ciudadano debería poder asumir que esos recursos fueron asignados para esa finalidad y no simplemente estacionados allí hasta que otra institución los necesite.

    Por eso lo ocurrido esta semana que pasó en la Asamblea Nacional merece atención.

    La Comisión de Presupuesto aprobó traslados por US$32,1 millones adicionales para la Asamblea, incluyendo US$17,1 millones provenientes del Ministerio de Salud y US$1 millón del Ministerio de Educación. De los recursos procedentes del Minsa, alrededor de US$16,3 millones se destinarían a personal transitorio del Legislativo. Parte de los fondos provenientes de Meduca financiarían dietas.

    Eso no significa automáticamente que se hayan quitado medicamentos de un hospital o pupitres de una escuela. Sería irresponsable afirmarlo sin conocer qué partidas concretas estaban disponibles, cuál era su nivel de ejecución y qué gasto dejó efectivamente de realizarse, pero la ausencia de ese dramatismo no vuelve irrelevante lo ocurrido; pero nos plantea una pregunta bastante más profunda: si el dinero aprobado para una finalidad puede terminar financiando otra completamente distinta, ¿qué significa realmente aprobar un presupuesto por finalidad?

    El dinero es fungible. El compromiso político no debería serlo

    Desde el punto de vista contable, el dinero es fungible, es decir, un dólar es igual a otro dólar.

    Si una institución tiene recursos que no utilizará, puede parecer racional trasladarlos hacia otra que enfrenta obligaciones pendientes; en una empresa privada, eso ocurre continuamente.

    Una compañía puede reducir el presupuesto de marketing y trasladarlo a producción. Son sus propietarios quienes asumen las consecuencias. Pero el presupuesto público es diferente, ese dinero no pertenece al ministerio. Tampoco pertenece al ministro. Ni siquiera pertenece al Gobierno; proviene de ciudadanos que fueron obligados legalmente a entregarlo.

    Y ha sido autorizado para determinadas finalidades mediante un proceso político. Por eso la pregunta no puede limitarse a: “¿Había dinero disponible?”, sino también debe ser: “¿para qué había sido autorizado?”. La diferencia es republicana antes que contable.

    Un presupuesto sirve precisamente para limitar discrecionalidad

    Desde una perspectiva liberal, una de las funciones fundamentales del presupuesto es poner límites al poder. El Ejecutivo no debería poder gastar cualquier cantidad en cualquier cosa simplemente porque considere conveniente hacerlo. Debe presentar un plan, el Legislativo lo discute, se establecen partidas. Y luego corresponde ejecutar dentro de esos límites.

    Si durante el año las asignaciones pueden modificarse con demasiada facilidad, el presupuesto empieza a perder una de sus funciones principales. Sigue siendo un instrumento contable, pero deja de ser un verdadero límite político.

    La pregunta ya no es qué aprobó la Asamblea al comenzar el año, sino qué termina negociándose mes a mes mediante traslados, créditos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. Y eso cambia completamente el balance institucional.

    La ironía de que el beneficiario sea la propia Asamblea

    En este caso existe además una particularidad difícil de ignorar !!! El órgano que aprueba el presupuesto es precisamente el que está recibiendo los recursos adicionales. La Asamblea comenzó 2026 con un presupuesto aprobado cercano a US$95 millones. Después de modificaciones y nuevos traslados, los recursos disponibles se aproximan ya a US$193 millones, según los cálculos publicados esa semana. Prácticamente el doble!. Eso no demuestra que cada dólar adicional sea innecesario, ya que puede haber obligaciones legítimas, salarios pendientes o puede haber compromisos laborales que efectivamente deben honrarse.

    Pero una desviación de semejante magnitud entre presupuesto original y recursos finalmente utilizados exige una explicación proporcionalmente extraordinaria. ¿Estaba mal elaborado el presupuesto inicial?, ¿Aparecieron obligaciones nuevas?, ¿Creció sustancialmente la planilla?, ¿Se subestimaron gastos conocidos?, ¿O se sabía desde el comienzo que el presupuesto aprobado no reflejaba el verdadero costo de funcionamiento?. Cada alternativa plantea un problema distinto, pero ninguna debería resolverse simplemente trasladando dinero y continuando.

    El problema no es Salud contra Asamblea

    También sería un error convertir esto en una competencia emocional: “¿Qué es más importante, un hospital o un diputado?”. Ese tipo de argumento produce aplausos, pero poco análisis. Un país necesita hospitales. Y también necesita un Poder Legislativo.

    Una república no funciona sin una Asamblea capaz de legislar, fiscalizar al Ejecutivo, aprobar presupuestos y representar políticamente a los ciudadanos; entonces la cuestión no es si la Asamblea merece recursos, los merece; la cuestión es cuántos necesita y por qué.

    Y, sobre todo, si esos recursos deben provenir de partidas originalmente asignadas a otras instituciones sin que exista una explicación pública suficientemente detallada de por qué dejaron de necesitarse allí.

    Presupuesto versus ejecución

    Aquí aparece otro problema habitual de las finanzas públicas. Los gobiernos suelen celebrar cuánto dinero asignaron a una política; pero asignar no es ejecutar.

    Un ministerio puede recibir US$100 millones y utilizar US$70 millones. Los US$30 millones restantes pueden reflejar eficiencia o incapacidad para ejecutar; o proyectos retrasados, licitaciones fallidas o simplemente una estimación presupuestaria excesiva. Esas situaciones no son equivalentes.

    Por eso, antes de trasladar fondos desde una institución, deberíamos conocer al menos tres cosas: cuánto recibió; cuánto ejecutó; y por qué quedó dinero disponible. Sin esa información, el traslado puede terminar premiando precisamente la mala ejecución.

    Una institución incapaz de utilizar sus recursos pierde fondos, la otra que excedió su presupuesto los recibe. El incentivo resultante es perverso.

    El problema de los incentivos

    Public Choice vuelve a ser útil aquí.

    Cada organismo público tiene incentivos para maximizar su presupuesto. Un presupuesto mayor significa más puestos, más programas, más capacidad política y mayor influencia institucional. Al mismo tiempo, pocas instituciones quieren devolver dinero porque temen que recibirán menos el año siguiente. Por eso aparece la conocida carrera de final de ejercicio para gastar aquello que queda disponible. “Úsalo o piérdelo.”

    El mecanismo de traslados puede añadir otro incentivo problemático; si una institución sabe que siempre existe la posibilidad de obtener recursos adicionales durante el año, la disciplina del presupuesto inicial se debilita. ¿Por qué ajustar seriamente el gasto a la asignación aprobada si posteriormente pueden pedirse decenas de millones adicionales?. No hace falta corrupción. alcanza con incentivos mal diseñados.

    Las partidas deberían tener memoria

    Una reforma razonable sería introducir mayor trazabilidad; cada dólar trasladado debería conservar una especie de “memoria presupuestaria”. El ciudadano debería poder abrir una plataforma y ver:

    Partida original: Ministerio de Salud.
    Monto: US$17,1 millones.
    Finalidad original: determinada actividad o programa.
    Nivel de ejecución: X%.
    Razón de disponibilidad: proyecto terminado, ahorro, retraso, cancelación, etc.
    Nuevo destino: Asamblea Nacional.
    Finalidad nueva: personal transitorio u otra obligación.
    Justificación: documento completo.
    Fecha de aprobación: tal día.
    Votación: quién aprobó y quién rechazó.

    Eso convertiría un traslado presupuestario en una decisión auditable.

    Hoy muchas veces tenemos que reconstruir esos movimientos mediante periodistas, documentos dispersos y declaraciones posteriores. No debería ser necesario.

    Y hay un problema adicional de forma

    La aprobación de estos traslados tuvo además una circunstancia que deteriora innecesariamente la confianza.

    Los diputados habían sido convocados para una hora determinada, pero la sesión comenzó aproximadamente una hora antes. Algunos integrantes de la propia Comisión llegaron cuando parte de los traslados ya había sido aprobada. La transmisión institucional tampoco funcionó normalmente.

    Puede haber explicaciones inocentes como errores de coordinación, problemas técnicos o confusión administrativa. Pero las formas importan; especialmente cuando se está moviendo dinero público.

    Una república no debería depender de que creamos que no hubo intención de ocultar nada. Debería funcionar de manera que ocultar sea difícil.

    La transparencia no consiste en poder pedir el documento

    Hay una diferencia importante entre información disponible e información accesible.

    Un Gobierno puede decir: “todo está en el expediente.”. Eso no basta. El ciudadano no debería necesitar ser abogado, auditor o periodista de investigación para averiguar de dónde salieron US$32 millones y hacia dónde fueron.

    La información pública moderna debería estar diseñada para ser entendida.

    Monto.

    Origen.

    Destino.

    Motivo.

    Responsable.

    Eso es transparencia.

    Publicar miles de páginas en PDF y considerar cumplida la obligación legal es técnicamente publicidad, pero no necesariamente rendición de cuentas.

    Un principio liberal: quien quiere gastar más debe explicar más

    Hay una regla sencilla que podría mejorar enormemente el proceso presupuestario: la carga de la prueba debe recaer sobre quien solicita recursos adicionales, no sobre quien pregunta.

    Si la Asamblea necesita US$32 millones más, corresponde explicar por qué. Y si necesita US$68 millones, también.

    Si finalmente necesita duplicar prácticamente el presupuesto original, la explicación debería ser especialmente detallada. El contribuyente no debería tener que demostrar que el gasto es innecesario, es el Estado quien debe demostrar que es necesario, porque existe una asimetría fundamental: la Asamblea puede votar, pero el contribuyente no puede negarse a pagar.

    Precisamente por eso quien posee poder coercitivo tiene también una obligación superior de justificación.

    El dinero público no existe

    Margaret Thatcher utilizó una frase que sigue siendo útil:

    “No existe tal cosa como dinero público; sólo existe dinero de los contribuyentes.”

    Más allá de quién la haya pronunciado, la idea importa. Cuando decimos que “el Minsa transfirió US$17 millones a la Asamblea”, utilizamos un lenguaje que puede ocultar la verdadera naturaleza de la transacción; el Minsa no produjo esos recursos, la Asamblea tampoco. Proceden de personas: los trabajadores, empresarios, consumidores, ahorradores. Cada balboa utilizado por el Estado tuvo previamente un uso alternativo en manos privadas. Por eso gastar no debería ser moralmente sospechoso, pero sí institucionalmente exigente.

    Esto no es austeridad por austeridad

    Una visión liberal seria tampoco debería caer en la obsesión de que todo presupuesto menor es automáticamente mejor. Una Asamblea con US$50 millones que legisla mal puede resultar mucho más cara para la sociedad que otra con US$100 millones y excelente capacidad técnica.

    Una ley mala puede destruir muchísimo más valor que el costo completo del Poder Legislativo, por eso la pregunta correcta no es: “¿cómo hacemos para gastar menos?”, es «¿qué funciones legítimas debe cumplir esta institución y cuánto cuesta hacerlas bien?”

    Después se financia eso, pero no se empieza por el monto disponible y luego se buscan razones para utilizarlo.

    El presupuesto como contrato republicano

    El presupuesto debería funcionar como una especie de contrato político anual entre gobernantes y gobernados.

    No un contrato privado, naturalmente, pero sí un compromiso público: esto pensamos recaudar; esto pensamos gastar; estas son nuestras prioridades; y estos son los límites que aceptamos. Las circunstancias pueden cambiar, por supuesto. Ningún presupuesto puede prever todas las emergencias, por eso existen mecanismos de modificación.

    Pero cuanto más fácil sea alterar el contrato durante el año, menor valor tendrá el contrato original. Y si las modificaciones terminan siendo tan grandes que duplican el presupuesto de una institución, entonces no estamos frente a un ajuste marginal. Estamos frente a otro presupuesto.

    La pregunta que debería hacerse antes de cada traslado

    Antes de aprobar un movimiento de dinero entre instituciones deberían responderse públicamente cuatro preguntas: ¿Por qué sobra en el origen?, ¿Por qué falta en el destino?, ¿Cuándo se supo que faltaría?, ¿Qué cambiará para evitar que vuelva a ocurrir?

    Esas cuatro preguntas permitirían distinguir un ajuste legítimo de un problema estructural de planificación. Y permitirían algo todavía más importante: aprender. Porque un presupuesto no debería servir únicamente para gastar durante doce meses, sino que principalmente debería producir información que mejore el siguiente.

    El problema no son los US$32 millones

    US$32 millones son relevantes, pero tampoco determinan las finanzas públicas de Panamá. El verdadero problema es institucional, ya que una democracia liberal depende de límites previsibles al poder. El presupuesto es uno de ellos.

    Si las asignaciones aprobadas pueden cambiar sustancialmente sin que el ciudadano entienda claramente por qué, el límite se vuelve poroso. Y cuando quien recibe el dinero adicional es precisamente el órgano encargado de autorizar y fiscalizar el gasto público, el estándar debería ser todavía mayor.

    La respuesta no es prohibir los traslados, sino obligarlos a soportar algo mucho más incómodo: luz. Toda. Antes, durante y después, porque la transparencia presupuestaria no consiste simplemente en saber cuánto gastó el Estado cuando el año ya terminó, sino en poder seguir el dinero mientras se mueve. Y, sobre todo, poder preguntar en cada movimiento: si este balboa fue aprobado para una cosa y terminó pagando otra, ¿quién tomó esa decisión, por qué la tomó y dónde quedó registrada su responsabilidad?

    Cuando esas respuestas son fáciles de encontrar, tenemos presupuesto. Cuando no lo son, tenemos apenas números que el poder puede reorganizar.

  • ¿Quién es Dueño de Ti?

    ¿Quién es Dueño de Ti?

    La respuesta parece obvia, casi ridícula por su simplicidad: el dueño de ti eres tú. Eres el soberano absoluto de tu cuerpo, de tu pensamiento, de tu obra y de tus acciones. Este principio de auto propiedad es la raíz de donde brota todo lo demás que está inscrito en la misma Creación y que tan difícil responsabilidad nos fue adjudicada. Si eres dueño de tu mente y de tu esfuerzo, inevitablemente eres dueño de lo que produces. De allí deviene, de forma natural e inalienable, el derecho a la propiedad privada.

    Nuestra Constitución comienza declarando estos derechos fundamentales con gran elocuencia, pero tropieza y se contradice en el camino. Lo más grave no es solo la incoherencia jurídica, sino cómo este virus ideológico ha permeado en la sociedad panameña. Hoy, un lema común resuena desde las calles hasta los gremios empresariales que cacarean libertades, pero actúan con debilidades: «no a la privatización». Hemos satanizado la palabra hasta el punto de olvidar que privatizar es, simplemente, validar lo que es estrictamente tuyo.

    Esta fobia a lo individual ha engendrado una costumbre morbosa en nuestro andamiaje legal y social: una burrocracia asfixiante diseñada para hacernos creer que el Estado nos otorga el permiso de existir y vivir.

    Cuando fui director en las empresas Novey, contábamos con un ejército de abogados y mensajeros dedicados exclusivamente a lidiar con el monstruo estatal. Era un escudo divino. Pero al dejar atrás los recursos de los grandes capitales, la realidad golpea de frente: hoy, para el ciudadano de a pie, cumplir con la normativa gubernamental es una tarea imposible. La consecuencia directa está a la vista de todos: a «Tío Pueblo» no le queda más remedio que refugiarse en el emprendimiento informal para poder sobrevivir. Menos mal que existe la informalidad, porque el diseño estatal está hecho para ahogar la iniciativa privada.

    Y no perdamos de vista que las vilipendiadas “escuelas rancho” son negocios informales, a veces de una persona o familia y otras de la misma comunidad que no encuentra solución en el NODUCA.

    En semejante realidad surge la incógnita de ¿cómo podemos defendernos contra aquellos que en sus vidas no aprendieron de moralidad y en el desespero por subsistir y descollar revierten a la violencia en contra de la propiedad ajena. Buena parte de la solución está en la educación; pero, lastimosamente esa también ha sido secuestrada y tergiversada por torcidos intereses centralistas. Y lo torcido llega a tal extremo que hasta gran parte del sector privado, por acto u omisión, apoya el empobrecedor monopolio educativo estatal; ese que ha invadido la esfera de lo privado que pertenece a la familia, al igual que en tantas otras actividades propias del mercado.

    De qué sirve un MEDUCA que no enseña desde la juventud las realidades de propiedad, comenzando por la propia. De allí nace que una gran parte de la población busca resolver sus necesidades por la vía estatista; a tal punto que llegan argüir que los subsidios y tal son “derechos” de propiedad. Que quitarle al productivo para dar al improductivo es lo correcto. O peor, de justificar tomar las cosas por la vía coercitiva; el asalto, la trampa, el robo, engaño y la mentira.

    Al marchar ciegamente contra «lo privado» y aplaudir el exceso de regulaciones, la población marcha contra su propia soberanía. Si el derecho a lo tuyo, a tu negocio y a tu legítima defensa se debilita, la respuesta a la pregunta inicial deja de ser obvia. Si tú no eres tu propio dueño debido a un papel vencido o a un trámite imposible, ¿de quién eres propiedad entonces?

  • El Derecho a Elegir es Sagrado

    El Derecho a Elegir es Sagrado

    En los dos artículos anteriores sostuve que la educación pertenece primero a la familia y que los gobiernos, al apoderarse de su administración directa, violan el principio de subsidiariedad. También afirmé que el aprendizaje es, ante todo, un proceso emocional y relacional que los sistemas centralizados —capturados por sindicatos y cálculos políticos— violan por razones no edificantes. Hoy quiero mostrar por qué el derecho a elegir es sagrado cuando se trata de la educación de nuestros hijos, lo que revelan los números bien llevados y, sobre todo, lo que revelan las escuelas rancho que muchos quieren cerrar.

    Las cifras internacionales son elocuentes. En Estados Unidos, el porcentaje de estudiantes que alcanzan niveles sobresalientes en matemáticas ronda apenas el 8 %. En China esa proporción se eleva a cerca del 58 %. India, en varios de sus sectores urbanos y en las escuelas que operan con real exigencia, muestra también porcentajes muy superiores. No se trata de una diferencia menor: es un abismo que se traduce en capacidad de innovación y competitividad. Y ocurre mientras se gastan fortunas por alumno en sistemas que privilegian los intereses de grupos con intereses que no tienen que ver con el aprendizaje.

    Panamá no es ajena a esta realidad. Participé en un estudio financiado por la Embajada del Reino Unido en Panamá, dirigido por Martín Krause y en el que también intervino el investigador británico James Tooley, autor de The Beautiful Tree. Cuando presentamos los hallazgos en la Cámara de Comercio, el presidente de la entidad dijo con claridad: “Este estudio no debe quedar encerrado en estas cuatro paredes”. Lamentablemente, allí se quedó. En APEDE, cuando mostramos que en Panamá existían escuelas de bajo costo como las que Tooley había documentado en India, China y África —escuelas rancho de propiedad comunitaria o privada que educaban mejor que muchas oficiales—, un ex presidente de la asociación se levantó airado y exigió que se revelaran sus ubicaciones para proceder a su cierre.

    Yo mismo fui a verificarlo sobre el terreno. En Veracruz, al oeste del Canal, filmé escuelas particulares modestas que cobraban alrededor de 35 dólares mensuales. No tenían edificios monumentales ni banderas institucionales, pero tenían algo más valioso: dueños responsables, maestros comprometidos, padres juiciosos, cercanía a los hogares y, lograr mejor futuro para sus hijos. Los padres pagaban de su bolsillo lo que el Estado ofrecía “gratis”, porque sabían que muy a menudo lo gratis sale carísimo. El video sigue disponible y muestra, sin discursos, por qué esas familias elegían la escuela sencilla .

    Tooley documentó el mismo fenómeno en decenas de países: cuando los padres tienen la posibilidad real de elegir, y cuando existen proveedores independientes que responden directamente ante ellos, los niños aprenden más y mejor. La distancia importa, como la confianza en quien dirige la escuela, el vecindario y educadores que promueven amor por el conocimiento real y no por un adoctrinamiento; ni por edificios grandiosos que no tienen dueños que respondan por lo que venden.

    La solución está en devolver a las familias el poder de decidir. Si hay que ayudar, que no sea en mazmorras políticas sino a través de la acción ciudadana en sanos mercados sin burrocracia. Démosle los medios económicos para los padres contraten a su juicio.

    Libertad para que comunidades, agrupaciones y educadores funden y dirijan escuelas sin asfixia regulatoria. La verdadera manera en que el Estado puede proteger es supervisando y no avasallando con monopolios infectos de estatismo. Se pueden lograr resultados muy superiores con costos muy inferiores.

    Mi trayectoria de más de seis décadas —desde la escuela de vuelo de 1964, la Escuela de Aeronáutica Civil, el trabajo en APEDE, el estudio con Tooley y las visitas a las escuelas de Veracruz— me ha llevado siempre a la misma conclusión. La educación florece cuando la responsabilidad vuelve a quienes más quieren al niño: sus padres. Florece cuando el maestro se siente responsable ante ellos y no ante gobiernos de turno. Florece cuando la emoción del aprendizaje vuelve a ocupar el centro.

    Lástima que sean tantos que no ven o atienden la realidad en la existencia de las escuelas brujas, rancho, o como quieran llamarles. O peor, que si las señalamos las vayan a cerrar porque educan mejor que el NODUCA y eso no lo pueden permitir. Lo que se les escapa es que el derecho a elegir es sagrado y sin ello lo que tenemos es dictadura y pobreza.

    Nota: Ensayo 3/3

  • La NYSE lleva Wall Street a blockchain: así funcionarán las acciones tokenizadas

    La NYSE lleva Wall Street a blockchain: así funcionarán las acciones tokenizadas

    Durante años, cuando hablábamos de blockchain y mercados financieros, la imagen habitual era la contraria: Bitcoin y las criptomonedas intentando entrar en Wall Street. Primero llegaron los fondos cotizados de Bitcoin, después la custodia institucional, más tarde las stablecoins y ahora empieza a ocurrir algo distinto: Wall Street está intentando entrar en la blockchain. La Bolsa de Nueva York, la NYSE, acaba de firmar un acuerdo preliminar con Blockchain.com para explorar la distribución mundial de acciones y ETF estadounidenses tokenizados, con posibilidad de negociación las 24 horas del día, los 365 días del año. El proyecto todavía requiere las autorizaciones regulatorias correspondientes, por lo que no estamos ante un producto disponible mañana, sino ante una dirección bastante clara hacia la que se mueve el mercado.

    ¿Qué significa “tokenizar” una acción?

    Imaginemos que una persona quiere comprar una acción de una empresa estadounidense. Hoy esa operación pasa normalmente por un broker, una bolsa, sistemas de compensación, custodios y determinados horarios de mercado. Tokenizar esa acción significa representar digitalmente su propiedad sobre una blockchain.

    La idea no consiste simplemente en inventar una criptomoneda cuyo precio copie el de una acción. De hecho, la SEC estadounidense aprobó recientemente una exención regulatoria de cinco años para determinados mercados de acciones tokenizadas, pero exige que esos tokens representen acciones reales y mantengan los mismos derechos del accionista, como dividendos y voto. Los productos meramente sintéticos quedan fuera de ese tratamiento. Eso es importante, porque una cosa es comprar un token cuyo precio se parece al de Apple y otra muy distinta es comprar una acción de Apple cuya propiedad está registrada y puede transferirse mediante blockchain.

    ¿Qué ganaría el usuario?

    Varias cosas podrían cambiar.

    La NYSE ya viene trabajando en una plataforma digital pensada para funcionar 24/7, permitir liquidación prácticamente inmediata, comprar fracciones por importes expresados directamente en dólares y utilizar stablecoins para financiar operaciones.

    Para el usuario común esto podría significar algo muy sencillo: comprar o vender una pequeña fracción de una acción a cualquier hora, desde prácticamente cualquier lugar y sin esperar necesariamente los tiempos tradicionales de liquidación.

    Y detrás aparece una cuestión todavía más interesante. Muchos intermediarios del sistema financiero existen porque históricamente eran necesarios para comprobar quién posee qué, reconciliar bases de datos y asegurarse de que quien entrega una acción recibe el dinero correspondiente.

    Blockchain permite registrar propiedad y transferencia dentro de una misma infraestructura; eso no significa que todos esos intermediarios vayan a desaparecer, pero sí significa que tendrán que demostrar qué valor aportan.

    Tokenización no significa libertad absoluta

    Aquí conviene evitar el entusiasmo fácil.

    Una acción tokenizada no se convierte en Bitcoin.

    La empresa sigue existiendo. La legislación sobre valores sigue aplicándose. La plataforma puede requerir identificación del usuario. Existen autoridades regulatorias y, dependiendo de cómo se estructure el producto, pueden seguir existiendo custodios e intermediarios.

    Tampoco debemos asumir que cualquier token bursátil convierte automáticamente al comprador en accionista. Hay productos actuales que simplemente reproducen económicamente el valor de una acción. Por eso será fundamental preguntar siempre: ¿qué estoy comprando realmente?, ¿quién custodia el activo?, ¿tengo derecho al dividendo?, ¿puedo votar?, ¿puedo retirarlo a mi propia wallet?. La tecnología no elimina la necesidad de entender los derechos de propiedad.

    La parte realmente interesante

    Desde una mirada liberal, lo más atractivo no es que la NYSE “se vuelva cripto”; es que empieza a aparecer competencia entre infraestructuras y si blockchain permite operar más horas, liquidar más rápido y reducir intermediarios, el sistema tradicional tendrá que mejorar. Si el sistema tradicional sigue siendo mejor para determinadas operaciones, seguirá utilizándose, no necesitamos saber de antemano cuál será el ganador, precisamente para eso existe el mercado.

    Durante años Wall Street se preguntó si debía dejar entrar a Bitcoin. Ahora comienza una pregunta mucho más interesante: ¿qué partes de Wall Street siguen siendo necesarias cuando la propia infraestructura financiera puede funcionar sobre blockchain?

    La respuesta todavía no la conocemos, y ésa es, justamente, la parte más interesante.

  • Sin Emoción no hay Educación

    Sin Emoción no hay Educación

    ¿Crees que en las escuelas MEDUCA (Ministerio de Educación) se aprende con emoción?

    En el artículo anterior sostuve que la educación corresponde primero a la familia y que el Estado, al asumir por intermedio de sus gobiernos la administración directa de las escuelas, viola el principio de subsidiariedad. Hoy quiero ir un paso más allá: al corazón mismo del acto de aprender.

    Curiosamente, la Madre Naturaleza ha sabido algo que se le olvidó a los humanos y es que las crías, incluyendo las humanas, aprenden jugando; y la pregunta es ¿por qué? Pues, porque divierte; es emocional en sentido sano; pues en el malsano también. Aún recuerdo el reglazo que me dio una profesora en el Javier. Y, curiosamente, desde primaria a secundaria saqué las peores notas, ya que no me agradaba estudiar.

    No fue hasta que mis padres me mandaron a una internado en los EE.UU. que se me prendió la mecha emotiva. Llegué unas semanas antes del inicio de clases y mis padres le dijeron al dueño de la inmensa escuela de madera, que nos pusieran a mi hermano y a mí a trabajar limpiando toda la escuela. Luego fui lavaplatos, mesero hasta llegar a ser el mesero jefe y el chef hasta me dejaba cocinar. Años más tarde tome curso de cocina.

    Graduado de secundaria estudié dos años para ser médico y nada. Pero, lo que me prendió la mecha de la emoción fue surcar los aires. En eso, logré una beca y me fui a estudiar aviación en la Fuerza Aérea del Brasil; pero mis años de mal aprendizaje también trabajaron en mi contra. Regresé a Panamá y mi padre me mandó a estudiar aviación a los EE.UU.; y es allí cuando comenzó el romance emotivo que me disparó por senderos mágicos que se me fueron abriendo en las lejanas tierras de aires encantados, como lo diría el poete tocayo John Keats.

    El resto de mi historia es de estudios impulsados por la emoción. Aviación, investigación de accidentes aéreos, música, poesía, pintura, pesca, buceo, cacería, escribir y hasta llorar. Y en ello me pregunto… ¿dónde y cómo se perdió la verdadera escuela, no sólo en Panamá sino por todos lados?; y he allí la razón que hoy les escribo.

    Los grandes sistemas centralizados han olvidado casi por completo la naturaleza del aprender. Se dedicaron a instalar estructuras burocráticas, reglamentos rígidos, escalafones automáticos y un interés que va más por la ruta de pérfidos caminos de horrible politiquería. El resultado ha sido un ambiente frío, desmotivador y, en demasiados casos, indulgente con la mediocridad o peor.

    Y, en todo ello aparecen los sindicatos magisteriales, entre otros; que responden ante intereses que poco o nada tienen que ver con educar sino con el clientelismo político. Las consecuencias son visibles y dolorosas. Se bajan los estándares para que nadie quede mal. Se debilita la disciplina porque sancionar o exigir se vuelve costoso políticamente. Se inflan las calificaciones. Se protege al docente incompetente o desmotivado con más firmeza que al estudiante que necesita ser desafiado.

    Los alumnos más capaces se aburren y se desconectan; los que tienen mayores dificultades no reciben la exigencia paciente y personalizada que realmente los sacaría adelante. Los padres, que deberían ser los principales interlocutores, son relegados a un papel secundario o meramente formal y quedan delegando a centralismo corrupto aquello que es indelegable.

    Más aún, hoy día que nos encontramos en la antesala del mañana ya tenemos a mano las herramientas para convertir a todos los estudiantes en genios; pero, triste y horriblemente, los mantenemos presos en las mazmorras del NODUCA. Como bien decía la letra del grupo Pink Floyd en su canción “Another Brick in the Wall” –otro ladrillo en la pared.

    En el próximo y último artículo de esta serie examinaré las cifras que confirman este diagnóstico —el escaso porcentaje de estudiantes destacados en matemáticas en Estados Unidos frente a los de China o India— y las lecciones concretas que nos ofrece el trabajo de James Tooley en The Beautiful Tree. Porque los números, cuando se miran con honestidad, también tienen algo que decir sobre la emoción y la libertad.

    Nota: Ensayo 2/3

  • Contratación directa, competencia y república

    Contratación directa, competencia y república

    En materia de contratación pública conviene evitar dos simplificaciones igualmente malas: la primera consiste en suponer que toda contratación directa es corrupción. Y la segunda, en asumir que basta con que una contratación directa sea legal para considerarla institucionalmente saludable.

    Ninguna de las dos cosas es cierta.

    La Ley de Contrataciones Públicas panameña contempla procedimientos excepcionales y de emergencia por una razón evidente: hay circunstancias en las que el Estado no puede esperar meses mientras se desarrolla una licitación ordinaria. Una carretera colapsada, una inundación, un puente inutilizado o una emergencia sanitaria pueden exigir una respuesta inmediata.

    El problema comienza cuando aquello diseñado para resolver situaciones extraordinarias empieza a convertirse en una forma habitual de comprar. Y los datos recientes del Ministerio de Obras Públicas justifican precisamente esa discusión.

    Una investigación de La Estrella de Panamá, basada en registros de Panamá Compra, encontró que entre julio de 2024 y junio de 2026 el MOP adjudicó 276 contratos directos por aproximadamente US$363 millones. La cifra supera los US$225 millones contratados mediante mecanismos similares durante todo el quinquenio anterior. Eso no prueba corrupción, pero sí obliga a hacer preguntas.

    La competencia no es un trámite burocrático

    A veces hablamos de licitaciones públicas como si fueran simplemente un procedimiento administrativo pesado que retrasa las obras.

    Desde nuestra perspectiva liberal y habiendo sido los responsables del diseño de Panama Compras en 2006, consideramos que su función económica es bastante más importante que un mero tablón de anuncios. Fomenta la competencia y permite descubrir información que el funcionario no posee.

    ¿Cuánto cuesta realmente una carretera?, ¿Cuál es la mejor solución técnica?, ¿Qué empresa puede realizarla más rápido?, ¿Quién ofrece mejores garantías?, ¿Existe una tecnología menos costosa?, ¿Cuánto margen puede reducir un proveedor para obtener el contrato?. No hay una oficina pública capaz de conocer de antemano todas esas respuestas, precisamente ese conocimiento aparece cuando distintos oferentes compiten.

    Hayek explicó precisamente ese problema: el conocimiento relevante para organizar la actividad económica está disperso entre millones de personas. El mercado no funciona porque alguien posea toda la información, sino porque permite que la información dispersa se revele mediante precios, ofertas y decisiones.

    Una licitación competitiva intenta introducir una pequeña parte de ese mecanismo dentro de la contratación estatal, claro que no reproduce un mercado perfecto, pero permite algo fundamental: que el funcionario no tenga que decidir por sí solo cuánto debería costar aquello que está comprando. Cuando se elimina la competencia, se pierde esa referencia.

    La contratación directa tiene un costo incluso cuando nadie roba

    Éste es el punto que con frecuencia desaparece cuando la discusión se reduce a “hubo corrupción” o “no hubo corrupción”. Puede no haber un solo sobre, una sola coima ni un solo funcionario deshonesto y aun así producirse una mala asignación de recursos.

    Si el Estado contrata directamente a una empresa por US$10 millones y una licitación competitiva habría producido una oferta equivalente por US$8 millones, el contribuyente perdió US$2 millones aunque nadie haya cometido un delito.

    La corrupción es una forma extrema de malgasto, pero no es la única.

    La ausencia de competencia puede generar precios mayores, peores condiciones contractuales, soluciones técnicamente inferiores y dependencia repetida de un número reducido de proveedores.

    Por eso una política anticorrupción seria no debería concentrarse solamente en perseguir al funcionario que recibe dinero ilegal. Debería construir instituciones que reduzcan las oportunidades para que una decisión pública dependa de la discrecionalidad individual. La mejor investigación penal es la que nunca hace falta porque el procedimiento hizo difícil capturar la decisión.

    Cuando lo previsible se convierte en emergencia

    Existe además una distinción esencial entre urgencia y falta de planificación. Una inundación imprevisible puede justificar una contratación inmediata, pero el mantenimiento periódico de una carretera, difícilmente.

    Una estructura destruida inesperadamente puede constituir una emergencia. Una obra incluida desde antes en el Plan Estratégico de Gobierno merece una explicación mucho más exigente si posteriormente se adjudica mediante procedimiento excepcional.

    La investigación periodística ha señalado precisamente que algunas obras contratadas por vías excepcionales ya figuraban entre proyectos previstos en la planificación gubernamental.

    Eso no demuestra que la contratación sea ilegal, pero cambia la pregunta: si la necesidad ya se conocía, ¿qué acontecimiento extraordinario impidió licitar?, porque una emergencia no puede definirse simplemente como aquello que el Gobierno necesita ejecutar rápido dado que si así fuera, prácticamente toda obra pública podría convertirse en excepcional.

    Los gobiernos siempre tienen prisa; los ciudadanos llevan años esperando carreteras; los ministros tienen períodos limitados y los presidentes quieren inaugurar obras antes de terminar sus mandatos.

    Precisamente por todo eso las reglas existen antes de que aparezca la urgencia política.

    El argumento de la eficiencia merece ser tomado en serio

    También hay que escuchar al MOP.

    Panamá tiene una red vial con déficits acumulados y comunidades que llevan años esperando soluciones. El propio ministerio ha anunciado una cartera muy amplia de inversiones y sostiene que determinados procedimientos excepcionales permiten ejecutar con mayor velocidad. La administración también ha desarrollado numerosas licitaciones ordinarias: a finales de 2025 informó que de 35 proyectos estructurados para licitación, 26 habían sido licitados y 20 adjudicados.

    Por tanto, no corresponde construir la caricatura de un ministerio que no licita nada.

    Además, el contralor Anel Flores ha defendido que muchos contratos cuestionados respondieron a emergencias relacionadas con inundaciones y daños producidos por el agua. Anunció un arqueo y un informe para explicar las contrataciones a la ciudadanía. Es una explicación que merece ser evaluada con los expedientes delante y la respuesta republicana no es presumir culpabilidad, pero debe exigir evidencia.

    El contralor no debería defender: debería auditar

    Aquí aparece, sin embargo, una cuestión institucional delicada: el papel de la Contraloría no consiste en ser abogado defensor del ministerio cuestionado y tampoco en actuar como fiscal mediático.

    Su función es mucho más valiosa precisamente porque debería estar situada fuera de ambas posiciones. Su rol es controlar, verificar, comparar, documentar y publicar conclusiones.

    Cuando el contralor responde a cuestionamientos periodísticos diciendo que “el morbo impera”, corre el riesgo de desplazar la discusión desde los datos hacia las intenciones de quienes preguntan. No hace falta interpretar maliciosamente al contralor para señalar el problema.

    Por eso, una institución de control gana autoridad cuando puede decir «este contrato estuvo correctamente justificado»; o «éste otro no»; señalar que «en éste había emergencia o en éste la causal utilizada no se sostiene»; «estos precios fueron razonables o éstos excedieron referencias comparables».

    Eso es lo que el ciudadano necesita; la confianza republicana no consiste en creer en las personas. Consiste en poder comprobar sus actos.

    Las empresas tampoco tienen derecho adquirido a contratar con el Estado

    Otro elemento que complica la discusión es que entre las empresas que continúan obteniendo contratos públicos figuran algunas vinculadas en el pasado a casos de corrupción, entre ellas compañías cuyos representantes admitieron pagos ilícitos en el caso Blue Apple.

    Aquí también hay que mantener la cabeza fría.

    Si una empresa cumplió una sanción, no está legalmente inhabilitada y participa en una licitación abierta ofreciendo las mejores condiciones, no debería ser excluida arbitrariamente por razones reputacionales. El Estado de derecho funciona también para quienes tienen mala reputación.

    Pero una contratación directa cambia el análisis.

    Cuando una empresa con antecedentes problemáticos obtiene contratos porque ganó frente a diez competidores bajo reglas transparentes, existe una disciplina externa, pero cuando obtiene la contratación mediante selección excepcional, el grado de justificación requerido debería ser mayor.

    No porque deba presumirse nuevamente culpable, sino porque el Estado está prescindiendo precisamente del mecanismo que permitiría demostrar que ésa era la mejor opción disponible.

    Concentración empresarial y captura

    La investigación también señala una concentración significativa de contratos en un grupo relativamente reducido de empresas. La concentración tampoco prueba por sí misma corrupción ya que puede haber empresas grandes que ganen con frecuencia porque tienen maquinaria, experiencia, capacidad financiera y equipos técnicos que otras no poseen.

    Pero Public Choice nos obliga a mirar un riesgo distinto.

    Cuando unas pocas empresas dependen fuertemente del gasto estatal y un ministerio depende a su vez de unas pocas empresas capaces de ejecutar sus obras, comienza a formarse una relación bilateral muy particular: los proveedores adquieren incentivos para invertir recursos en relaciones políticas; los funcionarios adquieren incentivos para trabajar repetidamente con proveedores conocidos porque reducen incertidumbre y facilitan la ejecución y con el tiempo puede aparecer una especie de mercado cerrado. No hace falta una conspiración, los incentivos bastan.

    Y ésa es precisamente la razón por la cual la competencia debe ser protegida institucionalmente, incluso frente a funcionarios honestos y empresas técnicamente capaces.

    El cronómetro también puede ser una herramienta de corrupción

    Existe una forma particularmente sutil de degradar la contratación pública: planificar tarde.

    Supongamos que una administración conoce desde hace un año que una obra debe comenzar en octubre. No inicia la licitación a tiempo, llega septiembre y entonces declara que no puede esperar seis meses porque la obra es urgente. Formalmente, la urgencia existe, pero fue producida administrativamente. Ese mecanismo debería ser especialmente vigilado.

    Una buena ley anticorrupción no debería preguntar solamente si “¿Había urgencia el día en que se adjudicó?”; debería preguntar también: “¿Cuándo conoció el Estado la necesidad y qué hizo desde entonces?”. La diferencia es enorme y la mala planificación termina convirtiéndose en una vía legítima para evitar competencia. Y cuanto peor administra una institución sus tiempos, mayor discrecionalidad obtiene. Exactamente el incentivo contrario al que deberíamos crear.

    Publicar todo, incluso cuando la ley permita no competir

    La solución no consiste en prohibir las contrataciones directas, eso sería imprudente y el Estado necesita capacidad para reaccionar ante emergencias reales.

    La reforma correcta consiste en hacer que contratar directamente sea más transparente que licitar, precisamente porque falta el control competitivo. Cada contratación excepcional debería publicar de manera sencilla y estandarizada la obra; el monto; la empresa; la causal legal invocada; el hecho concreto que produjo la urgencia; la fecha en que la Administración conoció la necesidad; las empresas que podrían haber prestado el servicio; la metodología utilizada para determinar que el precio era razonable; los contratos anteriores del mismo proveedor y la comparación del precio con obras equivalentes.

    Además debería existir una auditoría posterior obligatoria para contratos que superen determinado monto. No necesariamente para detener la obra, pero para verificarla después, ya que la emergencia justifica rapidez, pero no la opacidad.

    El precio de referencia importa

    Panamá podría además fortalecer sistemas de comparación.

    Si el MOP contrata cien kilómetros de mantenimiento vial en distintas provincias, debería existir una base pública que permita comparar costos por kilómetro ajustados por tipo de obra, terreno, materiales y dificultad; eso ayudaría a identificar anomalías sin necesidad de acusar a nadie.

    ¿Por qué una obra cuesta 40% más que otra técnicamente semejante?. Puede existir una explicación perfectamente legítima, pero alguien debería explicarla. Así los datos convierten la sospecha en una pregunta técnica, mejora el control y protege también al funcionario honesto.

    Transparencia no significa paralizar al Gobierno

    Éste es quizás el punto más importante. Panamá necesita infraestructura, entre otras, necesita reparar carreteras, puentes, agua. Necesita ejecutar.

    Una política anticorrupción mal diseñada puede ser tan perjudicial como la ausencia de controles si logra que ningún funcionario quiera firmar nada por temor a terminar investigado años después. Por eso, el objetivo no debe ser producir un Estado aterrorizado, sino uno predecible con reglas claras, plazos razonables, procedimientos rápidos, competencia siempre que sea posible y excepciones cuando sean necesarias. Y trazabilidad absoluta cuando se utilicen. La eficacia y la transparencia no son enemigos y una administración profesional debería poder ofrecer ambas.

    La república no funciona con confianza personal

    El Gobierno de José Raúl Mulino ha mostrado en distintas áreas una conducción profesional y relativamente sobria. Sería injusto interpretar automáticamente cualquier cuestionamiento administrativo como evidencia de corrupción gubernamental. Pero ése tampoco puede ser el estándar.

    Las instituciones republicanas existen precisamente porque ningún gobierno debería pedirnos que confiemos en su profesionalismo, ni siquiera uno que consideremos profesional.

    Hoy puede gobernar una administración prudente, mañana otra. Las reglas tienen que funcionar para ambas.

    Madison comprendió el problema hace más de dos siglos: si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno, y si quienes gobernaran fueran ángeles tampoco necesitaríamos controles. No son ángeles, ni los de este Gobierno ni los del anterior ni los del próximo. Por eso controlamos.

    No pedir confianza: ofrecer evidencia

    El MOP puede tener una explicación perfectamente razonable para buena parte de esos US$363 millones. Algunas obras probablemente respondieron a emergencias reales, otras quizá consiguieron buenos precios, algunos proveedores pueden haber sido simplemente la opción técnicamente disponible. Si así fue, el informe anunciado por la Contraloría debería demostrarlo contrato por contrato, no mediante declaraciones generales.

    Eso sería bueno para el Gobierno, para el MOP, para las empresas y para los ciudadanos, porque en una república sana una investigación periodística no debería obligar al Estado a cerrar filas. Precisamente debería activar exactamente el mecanismo contrario: abrir los expedientes.

    La pregunta fundamental no es si confiamos las personas o ni siquiera si confiamos en este Gobierno. La pregunta liberal y republicana es mucho más exigente: ¿podría funcionar correctamente este mismo sistema si mañana lo administraran personas en quienes no confiamos absolutamente nada?. Si la respuesta es no, hay que cambiar el sistema, porque la mejor política anticorrupción no consiste en esperar funcionarios honestos, sino en construir instituciones en las que incluso un funcionario deshonesto tenga poco margen para hacer daño.

  • Escuela Privada de Barrio

    Escuela Privada de Barrio

    Recuerdo con claridad aquellos años de 1964 en que fundé una escuela de vuelo en Paitilla y me convertí en instructor de tierra y de vuelo. Enseñaba navegación, aerodinámica, meteorología, mecánica y regulaciones y tal. En 1968 me nombraron jefe de Seguridad Aérea en el Ministerio de Gobierno; y luego de 5 años realicé que sin educación no habría seguridad aérea y con la fundamental ayuda de la OACI – Organización de Aviación Civil Internacional – creamos la EAC – Escuela de Aeronáutica Civil, para entrenar pilotos, controladores de tránsito, oficiales de operaciones, electrónica; y pasé 5 años en su dirección y dando clases en aulas. Esa experiencia, sumada a mi posterior trabajo en el Comité de Educación de APEDE y a los ensayos y el libro que escribí sobre el tema, me ha dejado una convicción profunda: la educación no es, en primer lugar, asunto del Estado y menos de sus gobiernos.

    La educación corresponde primordialmente a la familia. Los padres son los primeros y naturales educadores de sus hijos. Ellos conocen el temperamento, las fortalezas y las debilidades de cada niño; ellos transmiten valores, cultura, lengua y visión del mundo y, ante todo amor. Esta verdad elemental ha sido oscurecida por décadas quienes buscan adoctrinar y no educar; y en el centralismo violan el sagrado principio de subsidiariedad —aquel que sostiene que una autoridad superior no debe asumir funciones que las personas, las familias y las asociaciones intermedias pueden cumplir por sí mismas.

    Se tuercen las palabras hablando de “educación pública”, ya que toda educación es pública; formando los ciudadanos del mañana que sostienen la sociedad humana. Lo “público” es el monopolio estatal, hecho con aviesos fines de control y no de evolución social. Es un decadente centralismo que busca satisfacer intereses sindicales y hasta de saqueo.

    Pocos recuerdan cuándo y por qué se centralizó la educación. En el siglo XIX y comienzos del XX se argumentó que solo el Estado podía garantizar igualdad de oportunidades, cohesión social y eficiencia. Se prometió que la escuela estatal eliminaría las diferencias de origen, forjaría una identidad común y elevaría el nivel general de conocimientos. Esas promesas jamás se cumplieron del todo. Las desigualdades persisten, la cohesión social es hoy más frágil que nunca y los resultados académicos resultan mediocres en relación al sobrecosto. En los EE.UU. a principios del siglo XX, luego de 5 años de centralización no hubo mejoría en cantidad o calidad; pero sí se dio un aumento en los salarios de los funcionarios educadores.

    ¿Cuál es, entonces, el papel legítimo del Estado a través de sus gobiernos? No es ser dueño de la escuela y menos dirigirla. Su función propia es más limitada y más respetuosa de la subsidiariedad. Proteger contra fraudes y no ser quien lidera los fraudes; luego de lo cual no hay nadie que le ponga el cascabel a los gatos. Traspasar esos límites debilita a la familia y a las iniciativas independientes que históricamente han educado con mayor dedicación y mejores resultados.

    Mi propia trayectoria me lo ha confirmado. Las EAC la cerró el gobierno para usar el costoso edificio con simuladores de torres de control y más, para oficinas gubernamentales. Hoy los aviadores se educan en escuelas privadas alejadas del mundo burocrático y peor. La experiencia posterior, escribiendo y reflexionando sobre estos temas, solo ha reforzado la conclusión: devolver la educación a su lugar natural —la familia y las comunidades voluntarias— no es nostalgia ni ideología; es simple realismo.

    Mientras sigamos aceptando como normal que el gobierno administre la formación de las nuevas generaciones, seguiremos cosechando los mismos frutos mediocres. La responsabilidad primera no es del Estado. Es de los padres. Recuperar esa evidencia es el punto de partida indispensable para cualquier reforma seria.

    En el próximo artículo examinaré una dimensión aún más olvidada: el carácter esencialmente emocional del verdadero aprendizaje y cómo los sistemas centralizados, capturados por sindicatos e intereses políticos han burlado el elemento fundamental del aprender… ¡la emoción!; ese que sentí desde los 8 años cuando aprendí a tocar la guitarra.

    Ensayo 1/3

  • La ATTT y el Desorden Vial

    La ATTT y el Desorden Vial

    El desorden vial no se resuelve solo con “educación”.

    Según reportaje de TVN, el director de la ATTT está preocupado por las malas prácticas viales de los motorizados y prepararán un “plan de educación vial enfocado a la conducción segura y el uso adecuado de los carriles”. Al respecto, TVN cita al director: “ahora mismo las regulaciones están. Lo que hay que hacer es educación, que el conductor de ese tipo de vehículos conduzca como debe ser…”. Pero la realidad del desorden al que se refiere no es sólo de motos sino de todos los vehículos que transitan, particularmente en la Capital, en donde el diseño y construcción de las vías y del transporte público ha sido terribles.

    El desorden vial no se presenta de pronto, sino que es un fenómeno que crece a través del tiempo como el resultado de diversos factores, tales como los causados por la propia ATTT. Sus vehículos patrullan, casi no circulan. Tal vez porque no tienen presupuesto para el combustible. Los agentes se convierten en “postes de luz” esperando a que el infractor pase frente a ellos. O peor: se dedican a detener sin causa, sólo para revisar documentos y, si están vencidos, pedir dinero para dejar seguir. En la práctica, muchos son una gallada de asaltantes de camino. Sin presencia real en las vías y con corrupción instalada, las normas existen solo en el papel y la impunidad se convierte en la regla.

    A esto se suma el pésimo diseño, construcción y mantenimiento de las vías. Un ejemplo claro es el Corredor Norte, vía de alta velocidad, donde cierran un paño para limpiar o reparar sin poner advertencias anticipadas suficientes ni desvíos adecuados. Tengo video de ello. La geometría vial deficiente, el drenaje insuficiente, los baches y la señalización precaria convierten cualquier desplazamiento en un ejercicio de sobrevivencia.

    El crecimiento acelerado y desordenado del parque vehicular, especialmente de las motocicletas —que ya alcanzan las 150 mil unidades—, agrava todo. Muchas se usan hoy como transporte diario por el costo del combustible y la congestión, pero sin infraestructura ni reglas de circulación adaptadas. El resultado es el culebreo entre carros, el uso de aceras y el aumento de accidentes.

    El transporte público, históricamente mal diseñado e informal, también contribuye: paradas improvisadas, competencia por pasajeros y bloqueos de carriles empujan a más gente hacia el vehículo particular o la moto, saturando aún más las calles. Hay sitios, tal como en la intersección de la Ave. Ernesto T. Lefebre y la Transístmica, en dónde los taxis usan la vía como sitio de espera de clientes, alterando el seguro flujo vehicular; y la ATTT ausente. Y la razón de la ausencia de la ATTT en estos casos es interesante.

    desorden vial

    Finalmente, la cultura vial deficiente y la falta de consecuencias reales completan el cuadro. La educación es necesaria, pero sin control efectivo, sin autoridad creíble y sin una infraestructura que facilite el orden, se queda en discurso.

    Habiendo presidido por cinco años el Comité Intergremial de Tránsito y Transporte de la APEDE, y siendo autor de un estudio sobre cómo mejorar el comportamiento vial, puedo afirmar que el problema no es nuevo ni desconocido. Se ha diagnosticado repetidamente. Lo que falta es voluntad para atacar las causas de raíz: reformar de verdad a la ATTT, mejorar el diseño y la gestión de las vías, y aplicar las normas de manera consistente, no selectiva.

    Mientras se siga pensando que con “planes de educación” se resuelve lo que es, en esencia, un problema de institucionalidad, infraestructura y corrupción, el desorden seguirá creciendo.