Hay un tipo de emprendedor en Panamá del que nadie habla en los foros de innovación, en los premios gala de las cámaras de comercio, ni en los discursos del Ministerio de Comercio. No tiene pitch deck. No ha pasado por ninguna incubadora. No recibió capital semilla del Estado ni financiamiento de ningún organismo multilateral con siglas en inglés.
Llegó —muchas veces desde el otro lado del mundo, sin hablar una palabra de español— con una maleta, una familia, y una disposición absoluta a trabajar más horas de las que cualquier código laboral contempla. Abrió un mini súper en una esquina que nadie quería. Vive en la trastienda. Sus hijos atienden la caja los fines de semana. Conoce el nombre de cada cliente del barrio.
Los panameños los llaman, con una mezcla de afecto y distancia, «los chinitos». Están en Colón y en La Chorrera, en Chepo o en Chitré, en Bocas del Toro o en la ciudad capital, en los corregimientos que la banca no visita y el Estado solo recuerda cuando llega la campaña electoral. Son la red de distribución más eficiente y más resiliente de Panamá, construida sin un solo centavo público, sin un solo plan nacional, sin un solo funcionario que los guiara.
Ese es el emprendedor que este artículo quiere reivindicar. El que no tiene nombre en los titulares precisamente porque no lo necesita. El que no espera que el Estado lo reconozca porque aprendió, antes que nadie, que el Estado es lo primero que hay que aprender a sortear.
La verdad incómoda sobre los «casos de éxito» oficiales
Panamá tiene un problema serio con su narrativa empresarial. Cada año, premios y gremios y ministerios presentan sus listas de emprendedores exitosos, sus historias de innovación, sus startups modelo. Y cada año, quienes conocen el tejido real de los negocios panameños se hacen la misma pregunta en voz baja: ¿cuánto de ese éxito viene del mercado, y cuánto de conexiones que no aparecen en ningún balance?
En un país donde la captura del Estado por intereses privados tiene décadas de historia documentada, donde los contratos públicos y las exoneraciones fiscales se distribuyen con una opacidad que desafía cualquier auditoría, y donde la línea entre el empresario exitoso y el empresario bien conectado es a menudo invisible, la prudencia intelectual obliga a suspender el juicio sobre cualquier «caso de éxito» que no pueda explicar su crecimiento sin mencionar alguna relación con el aparato estatal.
Esto no es cinismo. Es honestidad histórica. Y desde una perspectiva libertaria, es especialmente importante: porque el capitalismo de amigos y compadres —ese sistema donde el éxito empresarial depende más de tus contactos en la Presidencia que de tu capacidad de servirle al cliente— no es libre mercado. Es mercantilismo con traje moderno. Es el enemigo disfrazado de aliado.
El verdadero libre mercado no premia las conexiones. Premia la utilidad. Y nadie entiende eso mejor que el emprendedor que llegó sin conexiones.
El inmigrante sin red: el experimento más puro del libre mercado
Imagínate llegar a un país sin hablar su idioma. Sin conocer sus costumbres. Sin parientes en la administración pública. Sin abogado que te oriente ni contador que te explique el sistema. Con un capital que cabe en una mochila y una red de apoyo que se limita a tu familia inmediata —que tampoco conoce el territorio.
Y aun así, abrir un negocio. Mantenerlo abierto. Pagar tus deudas. Criar a tus hijos. Y con el tiempo, tal vez abrir un segundo local. Y luego un tercero.
Ese proceso, repetido silenciosamente en cientos de barrios panameños por décadas, es el experimento más puro y más honesto de lo que el libre mercado puede hacer cuando se le da espacio. No hay subsidio que explique ese éxito. No hay programa estatal que lo reivindique. Solo hay trabajo, frugalidad, conocimiento del cliente, y una disposición a vivir con los márgenes que el mercado permite antes de exigir más.
El mini súper del barrio no sobrevive porque el Estado lo proteja. Sobrevive porque sirve a su comunidad mejor que cualquier alternativa disponible. Abre cuando los supermercados grandes ya cerraron. Fía cuando el banco no existiría para ese cliente aunque quisiera. Conoce cuándo el cliente del frente cobra su quincena. Eso no es un modelo de negocio que se aprende en ninguna escuela de emprendimiento. Es inteligencia de mercado en su forma más pura: ganada en el terreno, día a día, sin red de seguridad.
Lo que el Estado le hace a este emprendedor:
Le cobra por existir antes de que pueda ganar
El primer obstáculo que encuentra cualquier emprendedor informal al intentar formalizarse no es la complejidad del trámite. Es el costo. Registros, permisos municipales, licencias sanitarias, idoneidades, patentes comerciales. Cada una tiene su precio. Cada una tiene su fila. Cada una tiene su funcionario con criterio discrecional sobre si tu documentación está «completa».
Para el tendero que opera con márgenes de centavos por transacción, ese costo inicial no es un obstáculo menor. Es a menudo la diferencia entre existir dentro del sistema y existir fuera de él. Y cuando el Estado diseña ese sistema y luego le llama «informalidad» al resultado, está culpando a la víctima.
Le aplica reglas diseñadas para gigantes
El Código de Trabajo panameño fue concebido en una época en que «empresa» significaba una gran corporación con departamento de recursos humanos. Sus exigencias de indemnización, las rigideces en la contratación y el despido, la obligatoriedad de decimotercer mes y vacaciones con fórmulas complejas, tienen sentido —quizás— para una empresa con 200 empleados y un departamento legal. Para el tendero que quiere contratar a un vecino del barrio dos tardes por semana, ese marco es absurdo. Y en la práctica, lo que produce es más informalidad laboral, no menos: porque el emprendedor racional elige no contratar antes que quedar atrapado en una relación laboral que no puede sostener.
Le amenaza con la inspección como instrumento de extracción
En demasiados barrios panameños, la visita del inspector municipal no es garantía de cumplimiento normativo. Es una negociación. Eso no es una acusación sin fundamento: es la experiencia cotidiana de quienes operan en los márgenes del sistema formal. Para el emprendedor sin conexiones ni abogado, la discrecionalidad del funcionario no es un riesgo abstracto. Es un costo operativo que hay que presupuestar junto con el alquiler y el inventario.
Le da subsidios a sus competidores
Aquí la ironía más aguda: mientras el pequeño comerciante lucha por sobrevivir con sus propios recursos, el Estado panameño ha otorgado históricamente exoneraciones fiscales, acceso preferencial a crédito, y protecciones regulatorias a sectores y empresas con suficiente músculo político para solicitarlas. El resultado es una competencia que no es libre: es una carrera en la que unos corren con peso extra y otros con viento a favor, y el peso extra siempre recae sobre el que no tiene nombre en el directorio de alguna cámara o agrupación empresarial.
Las estrategias del emprendedor anónimo: lecciones sin certificado
El comerciante que llegó sin idioma ni red no leyó a Hayek. Pero practica sus principios con una coherencia que muchos economistas académicos envidiarían.
Capitaliza la información local que nadie más tiene. Sabe qué producto se vende más el viernes. Sabe qué familia está pasando un mes difícil. Sabe qué proveedor da mejor precio si pagas de contado. Esa inteligencia de mercado hiperlocal es su ventaja competitiva real, y ningún algoritmo de distribución corporativa puede replicarla.
Opera con cero deuda cuando puede. La aversión al crédito formal —en parte por desconfianza, en parte por exclusión— produce, paradójicamente, negocios más resilientes. Sin servicio de deuda que pagar, el negocio puede sobrevivir meses malos que quebrarían a un competidor mejor financiado pero más apalancado.
Reinvierte antes de consumir. La frugalidad no es virtud abstracta: es disciplina de supervivencia empresarial. El local que se expande despacio, que no cobra más de lo que el mercado aguanta, que construye reputación antes que volumen, construye también durabilidad.
Construye redes de confianza sin contrato. El fiado —esa práctica de vender a crédito informal— parece arriesgado desde fuera. Desde adentro, es un sistema sofisticado de gestión de relaciones: el comerciante que fía conoce a su clientela mejor que cualquier analista de riesgo bancario. La tasa de recuperación, anecdóticamente, suele ser superior a la de muchos programas de microcrédito formal.
Transita la regulación, no la confronta. No por deshonestidad, sino por pragmatismo: el emprendedor anónimo aprende rápido qué regulaciones son inviolables y cuáles son negociables, qué inspector tiene criterio fijo y cuál tiene criterio variable. No es una actitud que se deba celebrar. Es una adaptación racional a un sistema que no fue diseñado para él.
El emprendedor anónimo como agente político, aunque no lo sepa
Hay algo profundamente político en abrir un negocio sin pedir permiso más allá del mínimo indispensable. En servir a una comunidad que el Estado ignora. En crear empleo sin subsidio. En demostrar, con cada día que el local abre sus puertas, que la coordinación voluntaria entre personas libres produce resultados que ningún plan centralizado puede imitar.
El tendero del barrio no hace discursos sobre la libertad de empresa. Pero la practica con más coherencia que muchos que sí los hacen. Cada transacción voluntaria entre él y su cliente es un voto en favor del mercado libre. Cada empleo que genera sin burocracia es un argumento empírico contra el mito de que el Estado es necesario para crear prosperidad.
Lo que Panamá necesita no es que ese emprendedor aprenda a hablar el idioma de la política. Necesita que la política aprenda a hablar el idioma de ese emprendedor. Que entienda que la mejor política de desarrollo económico no se escribe en un plan quinquenal: se escribe quitando obstáculos y dejando que la gente construya.
Lo que Panamá debe al emprendedor que nunca nombra
Con casi la mitad de su fuerza laboral en la informalidad, Panamá sobrevive —en gran medida— gracias a una economía paralela de iniciativa privada pura que el Estado ni financia ni reconoce ni entiende. Esa economía alimenta familias, sostiene barrios, y crea redes de intercambio que funcionan con una eficiencia que ningún ministerio ha podido replicar.
La deuda del Estado con ese emprendedor anónimo no es de gratitud retórica. Es de reforma concreta: que los trámites de formalización cuesten lo que un emprendedor puede pagar, no lo que un funcionario considera razonable. Que las reglas laborales tengan una versión para quien contrata a dos personas y otra para quien contrata a doscientas si no pueden tener la misma norma igual para todos, que sería el óptimo a perseguir. Que la inspección sea para garantizar cumplimiento, no para recaudar extrajudicialmente. Que las exoneraciones fiscales no sean privilegio de los bien conectados sino regla general para quien comienza. Que el crédito formal llegue a quien tiene historia de pago informal documentable, no solo a quien tiene garantía colateral que ya implica que no lo necesita.
En síntesis: que el sistema se construya desde la realidad del que menos tiene, no desde la comodidad del que ya llegó.
El héroe que no necesita ser nombrado
El emprendimiento más honesto de Panamá no tiene nombre en ningún directorio. No ganó ningún premio. No apareció en ningún reportaje sobre «los jóvenes que están cambiando el país». Llegó sin idioma, construyó sin red, sobrevivió sin subsidio. Levanta sus rejas antes del amanecer y las baja después de la medianoche.
Ese emprendedor es el argumento más poderoso contra la idea de que el Estado es necesario para que la economía funcione. Es la prueba viviente de que cuando se deja a las personas en libertad de servirse mutuamente, lo hacen con una creatividad y una eficiencia que ningún burócrata puede planificar.
La libertad no es un concepto filosófico en ese mini súper del barrio. Es el precio que marca el dueño, la hora que decide abrir, el crédito que elige dar, la esquina que decidió ocupar cuando nadie más la quería.
Eso es libre mercado. Sin apellido. Sin premio. Sin permiso.
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