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Etiqueta: intervención de la economía

  • Emprendedor Anónimo: el que crea riqueza.

    Emprendedor Anónimo: el que crea riqueza.

    Hay un tipo de emprendedor en Panamá del que nadie habla en los foros de innovación, en los premios gala de las cámaras de comercio, ni en los discursos del Ministerio de Comercio. No tiene pitch deck. No ha pasado por ninguna incubadora. No recibió capital semilla del Estado ni financiamiento de ningún organismo multilateral con siglas en inglés.

    Llegó —muchas veces desde el otro lado del mundo, sin hablar una palabra de español— con una maleta, una familia, y una disposición absoluta a trabajar más horas de las que cualquier código laboral contempla. Abrió un mini súper en una esquina que nadie quería. Vive en la trastienda. Sus hijos atienden la caja los fines de semana. Conoce el nombre de cada cliente del barrio.

    Los panameños los llaman, con una mezcla de afecto y distancia, «los chinitos». Están en Colón y en La Chorrera, en Chepo o en Chitré, en Bocas del Toro o en la ciudad capital, en los corregimientos que la banca no visita y el Estado solo recuerda cuando llega la campaña electoral. Son la red de distribución más eficiente y más resiliente de Panamá, construida sin un solo centavo público, sin un solo plan nacional, sin un solo funcionario que los guiara.

    Ese es el emprendedor que este artículo quiere reivindicar. El que no tiene nombre en los titulares precisamente porque no lo necesita. El que no espera que el Estado lo reconozca porque aprendió, antes que nadie, que el Estado es lo primero que hay que aprender a sortear.

    La verdad incómoda sobre los «casos de éxito» oficiales

    Panamá tiene un problema serio con su narrativa empresarial. Cada año, premios y gremios y ministerios presentan sus listas de emprendedores exitosos, sus historias de innovación, sus startups modelo. Y cada año, quienes conocen el tejido real de los negocios panameños se hacen la misma pregunta en voz baja: ¿cuánto de ese éxito viene del mercado, y cuánto de conexiones que no aparecen en ningún balance?

    En un país donde la captura del Estado por intereses privados tiene décadas de historia documentada, donde los contratos públicos y las exoneraciones fiscales se distribuyen con una opacidad que desafía cualquier auditoría, y donde la línea entre el empresario exitoso y el empresario bien conectado es a menudo invisible, la prudencia intelectual obliga a suspender el juicio sobre cualquier «caso de éxito» que no pueda explicar su crecimiento sin mencionar alguna relación con el aparato estatal.

    Esto no es cinismo. Es honestidad histórica. Y desde una perspectiva libertaria, es especialmente importante: porque el capitalismo de amigos y compadres —ese sistema donde el éxito empresarial depende más de tus contactos en la Presidencia que de tu capacidad de servirle al cliente— no es libre mercado. Es mercantilismo con traje moderno. Es el enemigo disfrazado de aliado.

    El verdadero libre mercado no premia las conexiones. Premia la utilidad. Y nadie entiende eso mejor que el emprendedor que llegó sin conexiones.

    El inmigrante sin red: el experimento más puro del libre mercado

    Imagínate llegar a un país sin hablar su idioma. Sin conocer sus costumbres. Sin parientes en la administración pública. Sin abogado que te oriente ni contador que te explique el sistema. Con un capital que cabe en una mochila y una red de apoyo que se limita a tu familia inmediata —que tampoco conoce el territorio.

    Y aun así, abrir un negocio. Mantenerlo abierto. Pagar tus deudas. Criar a tus hijos. Y con el tiempo, tal vez abrir un segundo local. Y luego un tercero.

    Ese proceso, repetido silenciosamente en cientos de barrios panameños por décadas, es el experimento más puro y más honesto de lo que el libre mercado puede hacer cuando se le da espacio. No hay subsidio que explique ese éxito. No hay programa estatal que lo reivindique. Solo hay trabajo, frugalidad, conocimiento del cliente, y una disposición a vivir con los márgenes que el mercado permite antes de exigir más.

    El mini súper del barrio no sobrevive porque el Estado lo proteja. Sobrevive porque sirve a su comunidad mejor que cualquier alternativa disponible. Abre cuando los supermercados grandes ya cerraron. Fía cuando el banco no existiría para ese cliente aunque quisiera. Conoce cuándo el cliente del frente cobra su quincena. Eso no es un modelo de negocio que se aprende en ninguna escuela de emprendimiento. Es inteligencia de mercado en su forma más pura: ganada en el terreno, día a día, sin red de seguridad.

    Lo que el Estado le hace a este emprendedor:

    Le cobra por existir antes de que pueda ganar

    El primer obstáculo que encuentra cualquier emprendedor informal al intentar formalizarse no es la complejidad del trámite. Es el costo. Registros, permisos municipales, licencias sanitarias, idoneidades, patentes comerciales. Cada una tiene su precio. Cada una tiene su fila. Cada una tiene su funcionario con criterio discrecional sobre si tu documentación está «completa».

    Para el tendero que opera con márgenes de centavos por transacción, ese costo inicial no es un obstáculo menor. Es a menudo la diferencia entre existir dentro del sistema y existir fuera de él. Y cuando el Estado diseña ese sistema y luego le llama «informalidad» al resultado, está culpando a la víctima.

    Le aplica reglas diseñadas para gigantes

    El Código de Trabajo panameño fue concebido en una época en que «empresa» significaba una gran corporación con departamento de recursos humanos. Sus exigencias de indemnización, las rigideces en la contratación y el despido, la obligatoriedad de decimotercer mes y vacaciones con fórmulas complejas, tienen sentido —quizás— para una empresa con 200 empleados y un departamento legal. Para el tendero que quiere contratar a un vecino del barrio dos tardes por semana, ese marco es absurdo. Y en la práctica, lo que produce es más informalidad laboral, no menos: porque el emprendedor racional elige no contratar antes que quedar atrapado en una relación laboral que no puede sostener.

    Le amenaza con la inspección como instrumento de extracción

    En demasiados barrios panameños, la visita del inspector municipal no es garantía de cumplimiento normativo. Es una negociación. Eso no es una acusación sin fundamento: es la experiencia cotidiana de quienes operan en los márgenes del sistema formal. Para el emprendedor sin conexiones ni abogado, la discrecionalidad del funcionario no es un riesgo abstracto. Es un costo operativo que hay que presupuestar junto con el alquiler y el inventario.

    Le da subsidios a sus competidores

    Aquí la ironía más aguda: mientras el pequeño comerciante lucha por sobrevivir con sus propios recursos, el Estado panameño ha otorgado históricamente exoneraciones fiscales, acceso preferencial a crédito, y protecciones regulatorias a sectores y empresas con suficiente músculo político para solicitarlas. El resultado es una competencia que no es libre: es una carrera en la que unos corren con peso extra y otros con viento a favor, y el peso extra siempre recae sobre el que no tiene nombre en el directorio de alguna cámara o agrupación empresarial.

    Las estrategias del emprendedor anónimo: lecciones sin certificado

    El comerciante que llegó sin idioma ni red no leyó a Hayek. Pero practica sus principios con una coherencia que muchos economistas académicos envidiarían.

    Capitaliza la información local que nadie más tiene. Sabe qué producto se vende más el viernes. Sabe qué familia está pasando un mes difícil. Sabe qué proveedor da mejor precio si pagas de contado. Esa inteligencia de mercado hiperlocal es su ventaja competitiva real, y ningún algoritmo de distribución corporativa puede replicarla.

    Opera con cero deuda cuando puede. La aversión al crédito formal —en parte por desconfianza, en parte por exclusión— produce, paradójicamente, negocios más resilientes. Sin servicio de deuda que pagar, el negocio puede sobrevivir meses malos que quebrarían a un competidor mejor financiado pero más apalancado.

    Reinvierte antes de consumir. La frugalidad no es virtud abstracta: es disciplina de supervivencia empresarial. El local que se expande despacio, que no cobra más de lo que el mercado aguanta, que construye reputación antes que volumen, construye también durabilidad.

    Construye redes de confianza sin contrato. El fiado —esa práctica de vender a crédito informal— parece arriesgado desde fuera. Desde adentro, es un sistema sofisticado de gestión de relaciones: el comerciante que fía conoce a su clientela mejor que cualquier analista de riesgo bancario. La tasa de recuperación, anecdóticamente, suele ser superior a la de muchos programas de microcrédito formal.

    Transita la regulación, no la confronta. No por deshonestidad, sino por pragmatismo: el emprendedor anónimo aprende rápido qué regulaciones son inviolables y cuáles son negociables, qué inspector tiene criterio fijo y cuál tiene criterio variable. No es una actitud que se deba celebrar. Es una adaptación racional a un sistema que no fue diseñado para él.

    El emprendedor anónimo como agente político, aunque no lo sepa

    Hay algo profundamente político en abrir un negocio sin pedir permiso más allá del mínimo indispensable. En servir a una comunidad que el Estado ignora. En crear empleo sin subsidio. En demostrar, con cada día que el local abre sus puertas, que la coordinación voluntaria entre personas libres produce resultados que ningún plan centralizado puede imitar.

    El tendero del barrio no hace discursos sobre la libertad de empresa. Pero la practica con más coherencia que muchos que sí los hacen. Cada transacción voluntaria entre él y su cliente es un voto en favor del mercado libre. Cada empleo que genera sin burocracia es un argumento empírico contra el mito de que el Estado es necesario para crear prosperidad.

    Lo que Panamá necesita no es que ese emprendedor aprenda a hablar el idioma de la política. Necesita que la política aprenda a hablar el idioma de ese emprendedor. Que entienda que la mejor política de desarrollo económico no se escribe en un plan quinquenal: se escribe quitando obstáculos y dejando que la gente construya.

    Lo que Panamá debe al emprendedor que nunca nombra

    Con casi la mitad de su fuerza laboral en la informalidad, Panamá sobrevive —en gran medida— gracias a una economía paralela de iniciativa privada pura que el Estado ni financia ni reconoce ni entiende. Esa economía alimenta familias, sostiene barrios, y crea redes de intercambio que funcionan con una eficiencia que ningún ministerio ha podido replicar.

    La deuda del Estado con ese emprendedor anónimo no es de gratitud retórica. Es de reforma concreta: que los trámites de formalización cuesten lo que un emprendedor puede pagar, no lo que un funcionario considera razonable. Que las reglas laborales tengan una versión para quien contrata a dos personas y otra para quien contrata a doscientas si no pueden tener la misma norma igual para todos, que sería el óptimo a perseguir. Que la inspección sea para garantizar cumplimiento, no para recaudar extrajudicialmente. Que las exoneraciones fiscales no sean privilegio de los bien conectados sino regla general para quien comienza. Que el crédito formal llegue a quien tiene historia de pago informal documentable, no solo a quien tiene garantía colateral que ya implica que no lo necesita.

    En síntesis: que el sistema se construya desde la realidad del que menos tiene, no desde la comodidad del que ya llegó.

    El héroe que no necesita ser nombrado

    El emprendimiento más honesto de Panamá no tiene nombre en ningún directorio. No ganó ningún premio. No apareció en ningún reportaje sobre «los jóvenes que están cambiando el país». Llegó sin idioma, construyó sin red, sobrevivió sin subsidio. Levanta sus rejas antes del amanecer y las baja después de la medianoche.

    Ese emprendedor es el argumento más poderoso contra la idea de que el Estado es necesario para que la economía funcione. Es la prueba viviente de que cuando se deja a las personas en libertad de servirse mutuamente, lo hacen con una creatividad y una eficiencia que ningún burócrata puede planificar.

    La libertad no es un concepto filosófico en ese mini súper del barrio. Es el precio que marca el dueño, la hora que decide abrir, el crédito que elige dar, la esquina que decidió ocupar cuando nadie más la quería.

    Eso es libre mercado. Sin apellido. Sin premio. Sin permiso.

  • El precio de abrir esa puerta: control de tasa de interés en Panamá

    El precio de abrir esa puerta: control de tasa de interés en Panamá

    Hay ciertos errores de política económica que la historia ha repetido con pasmosa regularidad, y cuya única virtud es la de instruirnos, una y otra vez, sobre los límites del conocimiento burocrático frente a la inteligencia dispersa del mercado. La propuesta que circula en la Asamblea Nacional de Panamá para imponer topes a la tasa de interés bancaria —incluyendo préstamos hipotecarios, comerciales e industriales— es uno de esos errores. No es nueva ni tampoco es inocente. Y sus consecuencias son perfectamente predecibles.

    El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, hizo bien en oponerse públicamente a la medida. Pero su resistencia, aunque valiosa, no debería necesitar apoyo institucional para sostenerse: debería bastar con leer a Friedrich Hayek, a Ludwig von Mises, o con revisar cuarenta años de experimentos fallidos en economías que creyeron poder fijar el precio del dinero por decreto.

    El precio del crédito no es un número arbitrario

    Milton Friedman enseñó, con la claridad que solo da quien comprende profundamente un fenómeno, que los precios son señales. No son instrumentos de explotación ni caprichos de la banca: son información condensada sobre riesgo, liquidez, tiempo y expectativas. La tasa de interés, específicamente, es el precio que equilibra la preferencia temporal del prestamista con la necesidad inmediata del prestatario. Es el mecanismo por el que el mercado descuenta el futuro.

    Cuando un legislador decide que ese precio es «demasiado alto» y lo recorta mediante una ley, no elimina el riesgo subyacente. Lo que hace es ocultarlo. El riesgo crediticio de un pequeño empresario informal, de una familia sin historial bancario, de un emprendedor sin garantías reales, no desaparece por el hecho de que el Estado prohíba cobrar por él una tasa de interés que lo refleje. Simplemente se convierte en un riesgo que ningún banco racional querrá asumir.

    Y entonces ese prestatario —el más vulnerable, el que más necesita acceso al crédito formal— queda fuera del sistema.

    El caso de Costa Rica: la evidencia que no debe ignorarse

    El propio Ayón Wong citó el precedente más cercano y más elocuente: Costa Rica. Cuando ese país impuso topes a las tasas, aproximadamente 300.000 personas quedaron excluidas del sistema bancario formal y recurrieron a prestamistas informales que cobraban entre el 10% y el 20% quincenal. No mensual: quincenal.

    Esto no es una anécdota curiosa. Es la demostración empírica exacta de lo que Hayek llamó «las consecuencias no queridas de las acciones humanas con propósito». El legislador quería proteger al deudor. Consiguió empujarlo hacia el usurero. Quería abaratar el crédito. Lo encareció de manera brutal para quienes más lo necesitaban. Quería incluir. Excluyó.

    Este es el patrón invariable de toda intervención de precios: los beneficios se concentran en quienes ya están dentro del sistema —quienes ya tienen historial, garantías, acceso— mientras los costos se desplazan hacia los más frágiles, que quedan fuera de la protección formal y caen en la informalidad depredadora.

    Von Mises y el problema del cálculo económico

    Pero el problema va aún más profundo. Ludwig von Mises, en su crítica al socialismo y a toda forma de planificación central, identificó el problema fundamental: ningún organismo regulador —por más sofisticado que sea— posee la información necesaria para fijar correctamente el precio de un bien. Y el dinero prestado es un bien como cualquier otro.

    La tasa de interés que emerge del mercado bancario panameño no es el resultado de una confabulación de banqueros reunidos en una sala oscura. Es el resultado de millones de transacciones, evaluaciones de riesgo individuales, decisiones de ahorradores, condiciones macroeconómicas, expectativas de inflación, calidad de las garantías y perfil de los deudores. Sintetiza información que ningún regulador puede recopilar, procesar ni interpretar con la velocidad y precisión que el mercado hace de manera descentralizada y continua.

    Fijar un tope es, en términos misianos, pretender sustituir ese proceso de descubrimiento por la opinión de un comité. Y la historia del siglo XX —desde los controles de alquileres en Nueva York hasta los precios máximos de gasolina en Venezuela— ha demostrado que esa sustitución produce, invariablemente, escasez del bien cuyo precio se intenta reducir artificialmente.

    La puerta que no debe abrirse

    Friedman solía advertir que la diferencia entre un error de política económica y una catástrofe es el tiempo. Los errores de política se corrigen. Las instituciones que se construyen alrededor de esos errores se perpetúan.

    El riesgo más grave de la propuesta panameña no es la regulación en sí misma, aunque sus efectos serán nocivos. El riesgo mayor es la lógica que abre. Porque si el Estado puede fijar el precio máximo de un crédito hipotecario, ¿por qué no del préstamo comercial? ¿Por qué no del crédito de consumo? ¿Por qué no del plazo de pago? ¿De las comisiones? ¿De las garantías exigibles?

    Hayek lo explicó con su concepto de la «pendiente resbaladiza» institucional: cada intervención crea distorsiones que parecen requerir nuevas intervenciones para corregirse. El control de precios genera escasez; la escasez genera racionamiento; el racionamiento genera corrupción y clientelismo en la asignación del crédito. Al final, el mercado financiero deja de ser un mercado y se convierte en un sistema de distribución política de recursos.

    Panamá tiene, precisamente, uno de los centros bancarios más sólidos y competitivos de América Latina. Esa solidez no es accidental: es el resultado de décadas de no hacer exactamente lo que ahora se propone. El sistema de dolarización, la ausencia de banco central emisor, la competencia entre entidades y la ortodoxia regulatoria han creado un entorno en que el crédito fluye con eficiencia notable. Destruir esa arquitectura institucional con una sola ley es perfectamente posible. Reconstruirla llevaría décadas.

    La justicia real está en la competencia, no en el decreto

    La preocupación que subyace a esta propuesta —que los ciudadanos de menores recursos pagan una tasa de interés desproporcionada— es legítima en su diagnóstico social, aunque errónea en su prescripción. La respuesta correcta al crédito caro no es prohibir que sea caro: es crear las condiciones para que más actores compitan por otorgarlo.

    Eso implica reducir los costos de entrada al sistema financiero, promover la banca digital y las fintech, fortalecer los buros de crédito para que el historial crediticio sustituya a las garantías físicas, y mejorar el marco de insolvencia para que prestar sea menos riesgoso. Todo ello bajaría la tasa de interés de manera orgánica y sostenible, sin excluir a nadie.

    Un decreto que fija el precio máximo del crédito no hace justicia a los deudores. Los abandona.

    Quien abra esta puerta no encontrará al otro lado la protección que promete. Encontrará al prestamista informal esperando, con tasas que ningún regulador tendrá poder de controlar. Y entonces, inevitablemente, alguien propondrá regular también eso.

    Y así sucesivamente, hasta que no quede mercado que regular.

    El diagrama sintetiza visualmente la cadena causal que Hayek denominó las consecuencias no queridas: la buena intención legislativa recorre un camino predecible hasta depositar al deudor más vulnerable precisamente en manos de quien la ley quería protegerle.

    El artículo está escrito desde la tradición de Friedman en su rigor empírico —el caso costarricense como evidencia—, de Hayek en el argumento institucional sobre el conocimiento disperso y la pendiente intervencionista, y de Mises en la crítica epistemológica al cálculo central. Los tres convergen en la misma conclusión: el precio del crédito no es una variable política, y tratarlo como tal destruye exactamente lo que se pretende construir.

  • El Alma del Predador Gobernante

    El Alma del Predador Gobernante

    El vocablo “predador” describe a quienes saquean o actúan con rapiña; ya sea para sustento o para ascender en la escalera social y económica de manera ladina. Murray Rothbard en su obra Hombre, Economía, y Estado (1962) desarrolló una teoría económica de libertad, tal como lo hace nuestra Constitución, que luego contradictoriamente, en el mismo párrafo se contradice, abriendo camino para la discrecionalidad de las autoridades, lo cual contraría la misma Constitución. Y para quienes lo dudan, vean el artículo del abogado Carlos Barsallo intitulado “El Nuevo Excepcionalísimo Panameño «.

    Barsallo pregunta: “¿cómo puede un país alcanzar niveles de ingreso alto mientras mantiene percepciones persistentes de corrupción?”. Pero, yo añadiría que son más que percepciones; lo cual toma cuerpo cuando Barsallo cita a James Loxton en el Journal of Democray un artículo intitulado “The Puzzle of Panamanian Excepcionalism” (el rompecabezas del excepcionalísimo panameño). Es decir, que Panamá es berraca ya que a pesar de su corrupción gubernamental endémica, que ha afectado el desarrollo socioeconómico de gran parte de la población, flota por encima de las consecuencias de corruptela; tanto en el ámbito social como en el gubernamental.

    El excepcionalísimo de Panamá, como yo lo veo y coincido con Barsallo, nos llega debido a que nos hemos convertido en un refugio financiero de dólares, pero no porque tengamos una población productiva. Pero el asunto va bastante más allá y tiene raíces históricas y socioeconómicas, entre otras. En cortito, la triste realidad de los panameños es que no somos muy dados al emprendimiento; lo cual tiene raíces coloniales que persisten desde Cristobal Colón, Pedrarias y tal.

    Uno de los comentarios de Barsallo que más me llamó la atención, cuando dice:

    “…somos muy grandes porque engordamos, no porque crecimos… pesamos más por grasa y no por músculo”.

    Pero profundizando más en el asunto debemos ver y entender que difícilmente existe mejor herramienta para oprimir y controlar a una sociedad que un gobierno prostituido; que, por un lado, mantiene a los rabiprietos aplastados, y se alía con algunos empresaurios para cometer sus fechorías.

    Que en Panamá tenemos menos impuestos. ¡Que lindo!; ¿y acaso el Canal y todas las empresas gubernamentales metidas en actividades propias del mercado no son una forma de impuesto? Impuesto que no sólo sirve para el pillaje, sino que destruye la cultura de emprendimiento, lo cual aflora, como suelo señalar, en el “no a la privatización” que debemos traducir a “sí al pillaje gubernamental”. Y más aún, que las empresas estatales, a diferencia de las privadas, si dan mal servicio, no pagan las consecuencias. Es un intervencionismo coercitivo que si lo ven, lo pasan de alto. El caso del MEDUCA o NODUCA como le llamo yo, es buen ejemplo; pues no educa y tampoco deja educar.

    Curioso que ya en los EE.UU. el gobierno de Trump cerró el ministerio o como le llamen, de educación federal; y mutó en un programa que impulsa el derecho de la familia a escoger dónde educan a sus hijos. Y, en ello, están surgiendo las escuelas chárteres, que son estatales pero administradas privadamente. Pero también está aumentando rápidamente los programas que dan a la familia los fondos para que estas elijan dónde educar a sus vástagos. Ahora cada estado maneja por cuenta propia el tema educación.

    Y, otro aspecto que pocos ven es que cuando los gobiernos del estado se meten a ser empresaurios, destruyen algo vitalísimo… ‘el cálculo económico’; sin lo cual una empresa privada no puede subsistir. La privada que no entrega cantidad y calidad no subsiste; pero las empresas gubernamentales, tal como NODUCA, siguen campantes y rampantes fabricando pobreza; violando el precepto constitucional vertido en el artículo 49 que garantiza resarcimiento por daños ocasionados. ¡Inmensa burla!

  • ¿Los Panameños logramos la Independencia en 1903?

    ¿Los Panameños logramos la Independencia en 1903?

    ¿Será cierto que Panamá, desde Pedraria, luego con la Gran Colombia, la Fiebre de Oro a través del Istmo y el período que desembocó la Guerra de los Mil días, logró una verdadera independencia en 1903? ¿De qué o de quienes nos independizamos? O… ¿no sería que hemos ido saltando de una a otra dependencia; antes exógenas y hoy endógenas? ¿Y, qué es una verdadera independencia? Analicemos el asunto lo más desapasionadamente posible.

    Existe verdadera independencia cuando los ciudadanos pueden ejercer libremente sus actividades económicas sin trabas ni tutelaje permanente de los gobiernos del Estado, es decir, de las autoridades gubernamentales que reciben el poder solo por delegación popular. Y, esto no lo invento yo; lo establece nuestra Constitución en su Artículo 282, al menos en su inicio, al declarar que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Lastimosamente, luego del punto y coma, nuestra Constitución comete el disparate contradecir por completo lo dicho en la primera parte del Artículo al dictaminar que el Estado podrá:

    “orientarla, dirigirla, reglamentarla, reemplazarla o crearla» según considere necesario.”

    De esta manera, lo que comienza como una declaración de libertad económica se transforma, en la práctica, en una amplia habilitación para la intervención estatal.

    Pero, la pregunta que aflora de semejante dislate o desvarío es inevitable: ¿Acaso se trató de un simple error o fue el reflejo de una tendencia socialista deliberada por parte del o los constitucionalistas que la redactaron? Muchos creen que el sesgo socialista fue de la Dictadura Militar pero no lo creo; ya la Constitución del 47 tomaba esa inclinación. Nuestros “militares” no eran socialistas sino fascistas; muchos que terminaron ricachones.

    De lo anterior se deduce que nuestra realidad se ha caracterizado por una gobernanza grotesca, que ha mantenido sumidos en la pobreza: a gran parte de los rabiprietos; a buena parte de la clase media; y a no pocos rabiblancos. El arte del pillaje está en la intervención en gobiernos del Estado metidos hasta las coronillas en todo aquello que debería ser exclusivo de los actores del mercado. Nuestros “gobiernos” montaron monopolios en actividades mercantiles como educación, el transporte, la energía, la recolección de basura el agua potable y más.

    Y, aunque muchos panameños no pagan impuestos directos, ¡vaya si no los pagan indirectos! Gran parte de los fondos que genera toda esa actividad mercantil monopolizada, en lugar de usarse para promover un verdadero mercado libre gestionado por la comunidad, terminan financiando la rapiña de los piratas que supuestamente nos han gobernado.

    Existe una verdadera independencia cuando los ciudadanos pueden ejercer libremente sus derechos humanos en actividades económicas y demás, sin trabas excesivas. Los gobiernos, la gobernanza, debe respetar el principio de subsidiaridad; de no regalar pescado sino de enseñar o permitir la buena pesca. Así lo parece reconocer en su primera parte, el Artículo 282 de nuestra Constitución, al establecer que:

    “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares;”

    Hasta ahí, el texto respeta a la población. Sin embargo, después del punto y coma, el mismo artículo da un giro que diluye esa primacía:

    “El Estado podrá «orientarla, dirigirla, reglamentarla, reemplazarla o crearla» según considere necesario.”

    De esta manera, lo que comienza como una declaración de libertad económica se transforma en norma que consagra la discrecionalidad interventora y empobrecedora. En este artículo queda patente la naturaleza de élites cuyos intereses personales superan por mucho los del pueblo; ese que permanece maniatado a través de estrategias de pillaje.

    ¿De verás sigues creyendo que en 1903 nos independizamos? Tal vez de Colombia, pero… llamar independencia a lo que tenemos es autoengaño.

  • Del marxismo al rabiblanquismo cultural

    Del marxismo al rabiblanquismo cultural

    El término «marxismo cultural» circula hoy con dos significados radicalmente distintos. En el plano académico, designa a una corriente del siglo XX —la Escuela de Fráncfort, Gramsci, Adorno— que analizó la cultura como campo de batalla del poder. En el debate público contemporáneo, se convirtió en acusación: una supuesta conspiración para erosionar los valores occidentales desde las universidades, los medios y las instituciones. La diferencia entre ambos usos no es semántica; es la diferencia entre una escuela de pensamiento y un mito político.

    Antonio Gramsci fue el primero en articular con claridad la idea de hegemonía cultural: la clase dominante no gobierna solo por la fuerza o la economía, sino porque logra que sus valores se perciban como naturales, universales, inevitables. Esta idea —desnuda de ideología— es en realidad una descripción bastante precisa de algo que ocurre en todas las sociedades, incluida Panamá. Solo que aquí no lo hace la izquierda.

    Lo que en Panamá ejerce esa hegemonía cultural es lo que podría llamarse el rabiblanquismo cultural: la estrategia de la oligarquía criolla —familias históricas con peso en la banca, el comercio y la política— para mantener su posición no solo a través del dinero, sino a través del relato. El «rabiblanco» no necesita revolución; necesita estabilidad. Y para eso usa exactamente las mismas herramientas que Gramsci describió: el control de la educación, el discurso sobre la identidad nacional, la administración de los servicios públicos como clientelismo disfrazado de bien común.

    La Constitución panameña es un ejemplo ilustrativo. El Estado asume la responsabilidad de la educación, el agua, la electricidad y el transporte —una arquitectura que suena redistributiva— pero que en la práctica ha servido para que una élite pequeña administre contratos, emplee redes de lealtad y evite que emerja competencia real. No es marxismo; es estatismo al servicio del privilegio. Es Gramsci aplicado al revés: en lugar de subvertir el orden, lo congela con barniz social.

    La distinción entre ambos fenómenos es clara si se mira el objetivo: el marxismo cultural quiere transformar la sociedad, aunque a menudo reemplaza una forma de control por otra. El rabiblanquismo cultural quiere preservar la pirámide. Uno destruye tradiciones; el otro las momifica. Pero las herramientas son asombrosamente parecidas: captura de instituciones, producción de relatos legitimadores y uso del Estado como amplificador cultural.

    Queda, por último, una pregunta incómoda sobre el origen psicológico del marxismo: ¿nace del análisis o del resentimiento? Nietzsche llamó ressentiment a esa forma de revancha que se viste de justicia. Lo paradójico es que el rabiblanquismo panameño también opera desde el resentimiento: el miedo atávico a perder lo que se tiene.

    Dos formas de control cultural, dos clases con sus propias ansiedades, y en medio una sociedad que paga el costo de no nombrar con claridad lo que ocurre. Quizás el primer paso sea exactamente ese: llamar a cada cosa por su nombre.

    Basado en un diálogo entre John Bennett Novey y Grok sobre marxismo cultural y realidad panameña.

  • El poder corrompe, necesitamos descentralizar

    El poder corrompe, necesitamos descentralizar

    En un artículo del Instituto von Mises, Ryan McMaken, editor jefe del Instituto, inicia señalando que en asunto de gobierno “¿Quién vigila al vigilador?” ¡Buena pregunta esa! Y es que siempre escuché decir que para gobernar, el gobierno requiere tener el monopolio del poder coercitivo, ya que este poder es necesario para proteger a la población en contra de los facinerosos. El problemita es que el poder corrompe y si es absoluto entonces corrompe de manera absoluta; y he aquí el mal que nos corroe en nuestra hermosa Panamá. Nuestra corrupción está tan arraigada, desde la misma Constitución, que es iluso pensar que con un presidente honesto vamos a salir del lodazal de la corrupción.

    La otra realidad es que para jugar el partido de buen Estado se requiere una ‘buena constitución’ que esté basada en una sana declaración de principios o derechos humanos y… nuevamente, los panameños no tenemos ni una ni la otra, sino todo lo contrario, como decía Tres Patines. Nuestra Constitución, a modo de declaración de principios, tiene un “preámbulo”, que según el diccionario es el “exordio, prefacio, aquello que se dice antes; es aprobar, mandar, pedir y tal. Pero… ¡viera el lector las discusiones que he tenido con abogados y juristas que dicen que el Preámbulo de nuestra Constitución no forma parte de la misma, sino que es mera pollera; es decir, el guirindajo que cuelga al margen de la falda.

    Entonces, a partir de lo dicho en el párrafo anterior, los panameños estamos “jodidos”; ya que, sin reglas buenas y claras los maleantes de turno hacen lo que les viene en ganas y, a menudo han sido ganas putrefactas. Luego, encima de todo ello, la naturaleza humana es tal que quienes tienen un poder exagerado y desbocado lo como un Chávez, un Maduro un Castro y tal.

    Desde lo señalado y si no estoy MFT, allí sólo comienzan nuestros problemas; ya que nuestros males de gobierno y gobernanza los traemos desde Cristobal o antes. Por ejemplo, en épocas de criminal Pedrarias, la “constitución” era una carta manuscrita del Rey, que le indicaba a su lacayo como debía administrar su finca privada; lo cual me lleva a preguntar… ¿algo ha cambiado desde entonces? Y, si dices que sí… ¿Cuánto?

    Lo que les aseguro es que lo que asegura la actual dizque Constitución panameña es el desorden. ¿O es que no lo ven todos los días en las calles?; que es dónde debía estar a la vista hasta del más lerdo. Pero lo grueso de chicheme de la corrupción, desgraciadamente no la ve Tío Pueblo ni los que supuestamente están más alto en las ramas del guarumo estatal. Por ejemplo, lo que se birlaron en la construcción del Metro, de MiBus y de casi todas las obras que han hecho los desgobiernos que nos han infectado. Y lo digo con conocimiento de causa, pues a mi empresa la quebraron; pues nos cancelaron los contratos ganados en licitaciones internacionales porque no pagábamos las coimas.

    Quienes creen que en Panamá hay democracia andan como meracho en Sarigua. Y si creen que la democracia, tal como la conocemos hoy día es la mejor forma de gobierno, también. Y, sólo a manera de ilustración del problema les cuento que en EE.UU. los costos de cumplimientos normativos en la construcción de una casa nueva andan por los $94,000. Y ya Trump ha dado órdenes de ver cómo reducen esos costos absurdos.

    Lo triste es que en Panamá no vemos ni entendemos que los gobernantes corruptos se han dedicado a mantener a la población sumida en la ignorancia porque así los zorros del gallinero se dan banquetes de gallinas y posturas.

  • La riqueza la produce el empresario, no el desgobierno

    La riqueza la produce el empresario, no el desgobierno

    Si cada día el dinero en tus bolsillos compra menos, ello, en buena medida, se debe al desgobierno. ¿Y a qué me refiero con “desgobierno”? No sólo a la robadera de los fondos públicos sino a su mal uso; ese que los malos políticos llaman “inversión” y que, en realidad, más a menudo de lo imaginado, no sólo es despilfarro sino “artilugio”, palabra que significa el arete del engaño, el llanto fingido y la trampa. Y lo peor es que gran parte de la población está convencida de que los “empresarios” son los malos de la película; y sí, hay empresarios malévolos que se hace amiguitos en el delito con torcidos gobernantes, pero la generalización es cosa mala. Imagínense, decir que ser empresario es malo nos deja varados en el desierto de una población con patología parasitaria.

    ¿Cómo fue que en tantos países los gobiernos se corrompieron? Para asomarnos a esa triste realidad, veamos el caso de los EE.UU., que, a pesar de ser el país más desarrollado del mundo también tiene sus gravísimos problemas de desgobierno y corrupción. Y cuando digo “desgobierno” no me refiero nada más al gobierno federal en Washington sino a los gobiernos de los estados o países con conforman la unión de Estados Unidos, esa que tantos ven como un país cuando en realidad son 50 países unidos en confederación.

    En épocas que se llevó el tiempo, el dinero no era papelitos de colores con numeritos pintados; los medios de intercambio eran cosas que tenían precio propio, tal como el oro, plata, cacao, café, sal o hasta la hija hermosa. Pero, en cierto momento los gobiernos comenzaron a apoderarse de los medios de intercambio, llamándole “dinero” a papelitos de color. Recuerdo cuando niño, que los dólares tenían una leyenda que decía “veinte dólares redimibles en oro”; oro que, supuestamente estaba guardadito en Fort Nox… ¡ja!

    En el caso de los EE.UU., el presidente Franklin Delano Roosevelt, que asumió la presidencia en 1933 y duró hasta 1945, sirviendo 4 períodos presidenciales en 12 años. Para muchos fue una maravilla de presidente, pero… otros cuentan que su política del “New Deal” o nuevo acuerdo o, diría yo, “nuevo enredo”, que supuestamente fue para combatir la crisis económica de esa época. La IA o AI dice que FDR creo 69 oficinas o agencias gubernamentales nuevas; yo he leído que llegaron a más de 100; entre ellas, Fanny Mae que llegó a ser la causa del desastre económico del 2008 del cual aún no hemos visto el último capítulo. Lo cierto es que hoy día la inflación la producen los gobiernos imprimiendo papelitos e interviniendo en asuntos ciudadanos que no son propios de la buena gobernanza. Lo deleznable es que hay muchos que culpan al empresario insaciable.

    El secreto básico de una economía descansa sobre la productividad, la oferta que crea demanda y no al revés, como muchos lo pintan. La oferta o producción, productividad, depende de una población educada con cultura de emprendimiento y no de servilismo y dependencia de un “robó pero lo dio al pueblo”. Si hoy fuésemos a comprar la casa o el carro pagando con vacas, les aseguro que quien vende la casa o el carro le miraría los colmillos al caballo. Lastimosamente hoy, no le miramos nada bien los colmillos a los zorros del gallinero. Más aún, votamos por los que tienen los colmillos más grandotes.

    Lástima que hoy ni el NODUCA, las iglesias ni casi nadie enseña economía; es decir la realidad del comportamiento humano. O, enseñan una economía chueca, tal como la keynesiana.

  • Entre Quesos y Gobiernos

    Jamás imaginé que existiera una relación significativa entre los quesos y los gobiernos, hasta que leí un ensayo de Ludovico Lumicisi, ingeniero en computación radicado en Dinamarca, quien aborda esta conexión de manera tan curiosa como reveladora. En su texto, Lumicisi relata cómo el queso, junto con otros alimentos duraderos como las carnes secas o la leche fermentada, tuvo un papel fundamental en la historia militar: fue sustento indispensable para las legiones romanas, los ejércitos mongoles y otras fuerzas preindustriales. Sin embargo, su análisis no se limita al ámbito gastronómico o histórico, sino que avanza hacia un terreno más profundo: la economía política.

    Lumicisi utiliza el queso como metáfora para explicar la noción de “dinero sano”, es decir, de una moneda respaldada por valor real y no distorsionada por políticas monetarias arbitrarias. Según el autor, pocos comprenden verdaderamente qué es el dinero, cuál es su origen y cómo los poderes políticos han manipulado su función a lo largo del tiempo. Así, el queso se convierte en símbolo de un bien tangible, de algo que posee valor intrínseco y cuya escasez o abundancia responden a dinámicas naturales, no a decretos gubernamentales.

    Históricamente, diversos bienes han servido como medios de intercambio: la sal, el cacao, el trigo, el arroz, el ganado o incluso el tabaco. Todos ellos representaban valor en la medida en que eran útiles, deseables y difíciles de producir. De manera similar, el queso, al igual que otros productos alimenticios, fue utilizado en ciertos contextos como moneda de trueque, reflejando una economía basada en la producción real y no en la emisión monetaria. Este paralelismo sirve de punto de partida para una crítica más amplia: la del intervencionismo estatal en los mercados y sus consecuencias sobre la estabilidad económica y la cultura social.

    Uno de los ejemplos más ilustrativos que cita Lumicisi es el caso de los Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980, cuando el gobierno federal acumuló aproximadamente 1.4 mil millones de libras de queso en almacenes nacionales. La medida se justificó como un subsidio para proteger a los productores lácteos ante la sobreproducción y la caída de precios. Sin embargo, la política resultó contraproducente: al intervenir artificialmente en la oferta y la demanda, el Estado generó distorsiones que, a largo plazo, afectaron tanto a productores como a consumidores. El resultado fue un “montaña de queso” almacenada a costa del contribuyente, un ejemplo paradigmático de cómo la buena intención de “ayudar al mercado” puede terminar perjudicándolo.

    En términos económicos, este tipo de políticas se asocian con la teoría del intervencionismo, la cual sostiene que el Estado, al alterar los precios y subvencionar sectores específicos, termina debilitando la eficiencia del mercado y creando dependencias estructurales. Autores como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises advirtieron que tales intervenciones conducen inevitablemente a una expansión del poder político y a una pérdida de libertad económica. En otras palabras, el intervencionismo no solo afecta los precios, sino también la cultura política de las naciones: promueve la idea de que el bienestar depende de la acción del gobierno y no de la responsabilidad individual o la competencia productiva.

    Ejemplos de estas distorsiones abundan en América Latina. En Panamá, por ejemplo, la intervención gubernamental en la producción y comercialización del arroz ha generado ciclos de sobreproducción y escasez, acompañados de conflictos entre productores, distribuidores y el propio Estado. Las políticas de control de precios, aunque presentadas como medidas para proteger al consumidor, terminan desincentivando la inversión agrícola y fomentando la informalidad. Algo similar ocurre con otros productos básicos o energéticos, como el etanol mezclado con gasolina, que responde más a intereses políticos que a criterios de eficiencia económica.

    El verdadero problema, por tanto, no es el queso en sí, sino la mentalidad que subyace a la idea de que el Estado puede y debe regular todos los aspectos de la economía. Cuando los gobiernos se arrogan funciones empresariales o paternalistas, se produce una confusión entre lo público y lo privado, entre lo político y lo productivo. En última instancia, quienes se benefician no son los ciudadanos comunes, sino los grupos de poder que manipulan las políticas públicas para su propio beneficio.

    Si los gobiernos se limitaran a cumplir su función esencial, esto es, garantizar el orden, la justicia y la protección de derechos fundamentales, sin interferir en los mecanismos naturales del mercado, la sociedad experimentaría una auténtica prosperidad. El intervencionismo, aunque a menudo se presenta como una solución compasiva, termina siendo una trampa económica y cultural. Tal vez por eso la analogía del queso resulte tan oportuna: como producto, puede fermentar y madurar; pero, si se le encierra en exceso, acaba por pudrirse.

  • Socialismo Donde Sea, es Estatismo

    Cuando uno pregunta a algún socialista que muestre ejemplos donde esa doctrina estatista haya dado buenos resultados, no faltan quienes mencionan a los países escandinavos. Pero la realidad es que el centralismo, sea a la panameña o a la escandinava, suele ser puro tilín-tilín y nada de paleta. Es cierto que en Escandinavia existe libertad relativa de emprendimiento, pero también ha habido largos períodos de fuerte estatismo, con impuestos confiscatorios y regulaciones desbordadas que afectan los derechos de propiedad. No es muy distinto a lo que en Panamá conocemos como una burocracia de pillaje.

    Los resultados de tales políticas se hicieron evidentes en Suecia en la última década del siglo pasado, cuando el país entró en una profunda recesión. La crisis obligó a un giro decisivo hacia políticas de mercado: privatizaciones, reducción del gasto público y reformas que devolvieron dinamismo a la economía. Fue ese cambio, y no el estatismo previo, lo que permitió recuperar el crecimiento y sentar las bases de un desarrollo más sostenido.

    Lo notable es que, a partir de entonces, incluso los gobiernos socialdemócratas que sucedieron mantuvieron buena parte de esas reformas promercado. Es decir, la experiencia mostró que, sin un marco de respeto a la iniciativa privada, el bienestar prometido no es sostenible.

    Cuando se analiza si un país favorece un emprendimiento robusto y un desarrollo justo, basta observar si los jóvenes talentos encuentran allí futuro o prefieren emigrar. En Escandinavia, como en tantas partes, muchos han buscado oportunidades en otros horizontes, precisamente porque ningún sistema basado en la coerción y la obediencia logra sostener un crecimiento vigoroso. El incentivo genuino —la posibilidad de avanzar gracias al propio esfuerzo, con espacio para el éxito o el fracaso— sigue siendo insustituible.

    ¿Cómo ahorrar capital y generar riqueza en un sistema que se basa en confiscar para repartir? La experiencia panameña ofrece ejemplos claros: las zonas de menor pobreza no son las que dependen del “parte y reparte”, sino aquellas donde el emprendimiento libre ha podido florecer.

    No hay atajos hacia un desarrollo pujante que no pasen por la libre empresa. Los mejores resultados los obtienen quienes más y mejor se esfuerzan, y esos logros se derraman hacia el resto de la comunidad. Basta comparar a COPA con la vieja Air Panamá de la era estatista: mientras la primera prospera en competencia global, la segunda fracasó bajo la tutela del gobierno. En 1990 me tocó analizar la posibilidad de revivirla y mi recomendación fue clara: cerrarla, porque no tenía futuro.

    En definitiva, si queremos ver resultados reales, debemos mirar más allá de sentimientos ideológicos. Suecia aprendió a la fuerza que el estatismo no era sostenible, y que solo con un marco de mercado podía garantizar bienestar a largo plazo. Panamá haría bien en tomar nota: mientras sigamos atrapados en las viejas mañas del reparto político, será difícil emprender las correcciones que necesitamos.

  • ¿Qué es el Estatismo?

    La palabra “estado” viene del latín “status”, de estar o situación, sitio. Cuando alguien te pregunta: ¿cómo estás?, la respuesta típica es, “muy bien”; aunque yo suelo contestar: “parado o sentado”. Entonces; ¿cómo es que esta palabra adquirió un significado político? ¡Ah, sí!, “político se refiere a la “polis”, que es la ciudad, como metrópolis. El vocablo, “política” se refiere a la organización y administración de la ciudad y hoy día, a todo el país. Mi entronque con el término “estado” y “estatismo” viene de la distorsión que le hemos dado al vocablo “estado”, llevándolo a significar “gobierno”, lo cual no es. Ok, Bennett, ¿y qué rayos es el estado y el estatismo?

    El término “estado” se refiera a la población que se organiza políticamente para lograr una conducción ordenada y libre en su territorio.

    El gobierno es la organización o entidad a la cual el estado le asigna la función de cumplir los mandatos vertidos en constitución; es el árbitro del partido. Ya les cuento que es el estatismo.

    Definiciones de John A. Bennett N.

    “Gobierno”, como tantas palabras, tiene muchas acepciones, entre las cuales la RAE nos ofrece: “La conducción arbitraria del timón del barco”. ¿El gobierno en Panamá se conduce arbitrariamente? Sí, ya que la constitución es tan mala que es imposible de cumplir con ella y abre el camino a la discrecionalidad. Además, quien maneja el timón de un barco, auto y tal, definitivamente debe usar su arbitrio para evitar los baches y los locos al volante. Pero una cosa es evitar un bache y otra el destino que le fue ordenado en constitución.

    A ver si aterrizo… Yo creo que el estado es la organización del pueblo que busca la mejor forma de sociedad o asociación pacífica y fértil. Y es que me he visto forzado a definirlo así ya que lo que sale en los diccionarios, incluyendo la AI, es un guacho, que en Panamá significa “arroz asopado”.

    Entonces, si aún están conmigo, vamos más allá; sin perder de vista que le seguimos la pista a lo que es el “estatismo”. Lastimosamente el asunto no está nada claro y típicamente anda chueco. Aunque el término “estatismo” tiene su origen en el Siglo 17, el mismo ha sufrido mutaciones y en el Siglo 20 se refiere al: sistema político en el cual el poder estatal, por diversas razones o motivos, se desboca violando las órdenes constitucionales que, en el caso de la constitución panameña su preámbulo comienza diciendo: “Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad…”

    ¿Crees que los controles de precio en salarios mínimos, descuentos a jubilados y toda la cantidad de actividades del mercado en que se involucran los gobiernos garantizan la libertad y nos fortalecen? El estatismo es la veneración del poder político y, vayan a ver sus propósitos. En una época el poder lo compartían la iglesia y los gobiernos del estado; con lo cual le daba poder divino a sus diabluras. Entonces y ahora, la intención de la politiquería está en liquidar la distinción entre el estado, la sociedad y el gobierno, haciendo ver que son lo mismo; y ello conduce a que una buena parte de la sociedad llame a los gobernantes a solucionar sus necesidades, lo cual es triste ya que para eso no son ni sirven ser los gobiernos.

    ¡Qué difícil! le resulta al pueblo ver y entender que los intereses de las instituciones gubernamentales no coinciden con las necesidades del pueblo debido a la distorsión de lo que es el gobierno. Así, la libertad se ha convertido en magnanimidad del gobernante y el vocablo “democracia” la llave del engaño y la servidumbre.