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  • Wall Street descubrió la blockchain: la batalla ya no es por el dinero digital, sino por quién lo controla

    Wall Street descubrió la blockchain: la batalla ya no es por el dinero digital, sino por quién lo controla

    Durante años, buena parte del sistema financiero tradicional de Wall Street trató a las criptomonedas como una extravagancia tecnológica, una amenaza especulativa o, directamente, un problema que debía ser contenido mediante regulación.

    Ese debate empieza a quedar viejo.

    Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Deutsche Bank y otras grandes instituciones financieras ya no están preguntándose si el dinero se moverá sobre blockchain. Están preparándose para emitirlo ellas mismas.

    Un consorcio integrado actualmente por 21 instituciones financieras anunció que constituirá durante 2026 una compañía destinada a emitir una stablecoin vinculada al dólar estadounidense durante el primer semestre de 2027. El proyecto, que comenzó en 2025 con apenas diez participantes, contempla posteriormente monedas vinculadas a otras divisas del G7, empezando probablemente por el euro.

    No es un experimento de una fintech exótica. Es Wall Street.

    Y posiblemente sea una de las noticias más importantes del año para entender hacia dónde se dirige el sistema monetario internacional.

    Del “cripto es una amenaza” al “queremos nuestra propia cripto”

    Conviene empezar haciendo una distinción que el entusiasmo tecnológico suele borrar: una stablecoin bancaria no es Bitcoin.

    Bitcoin es un activo monetario cuya arquitectura elimina la necesidad de confiar en un emisor central. No existe un Goldman Sachs de Bitcoin, ni un Ministerio de Bitcoin, ni un directorio que pueda decidir emitir otros veinte millones de bitcoins porque apareció una emergencia financiera.

    Una stablecoin bancaria, en cambio, seguirá siendo básicamente un pasivo emitido por una institución, denominado en una moneda fiduciaria y respaldado por activos financieros.

    Puede circular mediante blockchain, liquidarse las 24 horas, utilizar contratos inteligentes. Incluso puede ser tecnológicamente extraordinaria, pero sigue teniendo un emisor.

    Y donde existe un emisor existe también alguien capaz de establecer condiciones, identificar usuarios, congelar activos, rechazar operaciones o cumplir órdenes de una autoridad.

    La blockchain no elimina mágicamente el poder; puede descentralizarlo o puede hacerlo mucho más eficiente. Esa diferencia será fundamental durante la próxima década.

    La revolución que ganó sin tomar el poder

    Hay, sin embargo, algo extraordinariamente interesante en lo que acaba de ocurrir.

    Durante décadas el sistema financiero funcionó sobre infraestructuras construidas específicamente alrededor de intermediarios: bancos corresponsales, cámaras de compensación, custodios, agentes de transferencia, sistemas nacionales de liquidación y horarios bancarios.

    Bitcoin introdujo otra posibilidad: un libro contable global capaz de transferir propiedad digital sin que cada movimiento necesitara reconciliar varias bases de datos privadas.

    Después llegaron Ethereum, las stablecoins y la tokenización.

    Y lentamente ocurrió algo curioso, el establishment financiero que debía demostrar que aquella tecnología era innecesaria comenzó a adoptarla.

    Hay otra noticia de estas mismas horas que permite comprender la dimensión del cambio.

    La Securities and Exchange Commission estadounidense propuso el 1 de septiembre modernizar por primera vez en décadas las reglas aplicables a los transfer agents, actores fundamentales para registrar y transferir la propiedad de acciones.

    La propia SEC señala expresamente que las nuevas reglas pretenden adaptarse a procesos contemporáneos que incluyen el uso de blockchain en emisiones de valores y transferencias de acciones. Las reglas existentes datan fundamentalmente de finales de los años setenta y principios de los ochenta.

    Por supuesto, es todavía una propuesta regulatoria, pero el cambio conceptual es enorme.

    Ya no estamos discutiendo únicamente si alguien puede comprar bitcoin desde una aplicación. Estamos empezando a discutir si acciones, bonos, fondos, depósitos y dinero pueden acabar compartiendo una infraestructura financiera tokenizada y eso cambia completamente el tablero.

    Europa tampoco quiere quedarse afuera

    La competencia ya ha comenzado.

    Qivalis, el proyecto europeo destinado a emitir una stablecoin regulada denominada en euros, pasó de doce bancos en febrero a 37 instituciones financieras de 15 países europeos en mayo de este año. Su diseño prevé respaldo uno a uno en euros y cumplimiento del régimen europeo MiCA. BBVA participa, además, tanto en Qivalis como en la nueva iniciativa internacional de stablecoin bancaria.

    Es difícil interpretar semejante movimiento coordinado como una moda pasajera.

    Los bancos han descubierto algo que Tether y Circle comprendieron bastante antes: una moneda fiduciaria puede conservar su unidad de cuenta tradicional y, al mismo tiempo, adquirir características tecnológicas que el sistema bancario convencional nunca ofreció: transferencias permanentes, liquidación prácticamente inmediata, programabilidad, interoperabilidad internacional, custodia digital o mercados funcionando las veinticuatro horas. Y probablemente costos radicalmente inferiores en numerosos procesos. Hay mucho dinero en juego.

    Tether, solamente, tiene más de 180.000 millones de dólares emitidos y ha generado beneficios extraordinarios administrando los activos que respaldan USDT. Es perfectamente lógico que los bancos observen ese negocio y se pregunten por qué deberían dejarlo enteramente en manos de empresas nacidas fuera del sistema bancario.

    Hayek estaría interesado, pero probablemente haría algunas preguntas

    Desde una perspectiva liberal, la llegada de stablecoins privadas presenta una paradoja interesante: por un lado, cualquier mecanismo que introduzca competencia en la provisión de servicios monetarios merece atención; durante demasiado tiempo asumimos que moneda e infraestructura monetaria debían ser prácticamente sinónimos del Estado. No necesariamente.

    Una persona podría utilizar dólares mediante USDC, USDT, una stablecoin de un consorcio bancario, depósitos tokenizados, Bitcoin o cualquier otra solución que consiga suficiente aceptación. Cuantos más oferentes existan, mayor será potencialmente la competencia por seguridad, costes, privacidad, reservas, velocidad y calidad del servicio.

    Eso es bastante diferente de una CBDC.

    Una moneda digital de banco central introduce potencialmente un único emisor público, una infraestructura vinculada directamente a la autoridad monetaria y una capacidad tecnológica de supervisión que nunca existió con el efectivo.

    Una stablecoin privada pertenece a otra categoría, pero “privada” no significa necesariamente “libre”, especialmente cuando quienes compiten son gigantes financieros estrechamente regulados por los mismos Estados.

    Podríamos terminar teniendo diez stablecoins diferentes cuyo funcionamiento práctico estuviera sometido a casi exactamente las mismas reglas de identificación, vigilancia, censura y autorización.

    Habría competencia entre marcas.No necesariamente competencia entre modelos monetarios.

    El peligro de confundir tokenización con descentralización

    Ésta probablemente sea la cuestión más importante.

    Blockchain es una tecnología. Descentralización es una estructura institucional. No son lo mismo.

    Un banco central podría emitir una CBDC sobre una blockchain y seguir teniendo control absoluto sobre esa moneda; un banco comercial puede tokenizar depósitos y conservar control completo sobre las cuentas; una bolsa puede registrar acciones mediante tecnología de registro distribuido y continuar decidiendo quién puede operar. Incluso podríamos construir un sistema financiero extremadamente eficiente técnicamente y simultáneamente mucho más invasivo en términos de privacidad.

    Ese escenario debería preocupar especialmente a los liberales.

    Porque uno de los errores más habituales de nuestra época consiste en confundir digitalización con libertad. La digitalización puede reducir intermediarios, pero también puede aumentar extraordinariamente la capacidad de control.

    El efectivo posee una característica que suele pasar inadvertida precisamente porque siempre estuvo allí: permite realizar una transacción legítima sin solicitar autorización tecnológica a nadie.

    En un sistema completamente tokenizado esa propiedad podría desaparecer.

    Por eso la pregunta relevante no será simplemente “¿Está funcionando sobre blockchain?”, sino ¿Quién controla las claves, quién puede modificar las reglas y quién puede impedir una transacción?. Son preguntas mucho más importantes que el nombre de la tecnología utilizada.

    Hasta el G20 cambió el lenguaje

    La transformación puede observarse incluso en los organismos internacionales.

    Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 reunidos el 31 de agosto y 1 de septiembre reconocieron expresamente el papel potencialmente transformador de los activos digitales para el crecimiento económico y destacaron el papel del sector privado en esa innovación.

    Al mismo tiempo, comoe ra de esperarse, reclamaron marcos regulatorios, supervisión, protección de la estabilidad financiera y aplicación de las normas FATF sobre activos virtuales. También señalaron específicamente la importancia de las stablecoins y de los pagos transfronterizos.

    Vale la pena observar la evolución semántica.

    Hace algunos años la discusión internacional giraba fundamentalmente alrededor del riesgo; hoy se habla simultáneamente de riesgo y oportunidad.

    No significa que los gobiernos hayan abrazado el ideal cypherpunk, sino algo bastante más sencillo: ya comprendieron que no podrán ignorar esta infraestructura.

    La verdadera batalla acaba de empezar

    Durante la primera etapa de Bitcoin, el conflicto parecía sencillo.

    Estado versus criptomonedas; Banco central versus dinero privado; Wall Street versus descentralización. Pero la realidad resultó bastante más interesante.

    La tecnología está siendo absorbida por las mismas instituciones que inicialmente amenazaba y ahora comienza una segunda batalla.

    No será una batalla entre dinero digital y dinero analógico, el dinero será digital de cualquier manera.

    La discusión será qué clase de dinero digital tendremos.

    Podemos terminar con una arquitectura abierta donde Bitcoin, stablecoins, depósitos tokenizados, monedas privadas y sistemas descentralizados compitan entre sí.

    O podemos terminar simplemente trasladando el sistema financiero existente a una infraestructura tecnológica mucho más eficiente, manteniendo los mismos intermediarios y añadiendo capacidades de supervisión que antes eran imposibles.

    Incluso podríamos terminar con algo peor: un ecosistema donde los bancos privados proporcionen la interfaz mientras los Estados establecen las condiciones de circulación del dinero mediante identificación permanente, listas negras automáticas y restricciones programables.

    Sería blockchain, también tokenización. Hasta pordríamos llamarlo innovación; pero difícilmente sería la revolución monetaria que imaginaron quienes construyeron Bitcoin.

    Por eso el anuncio de Goldman Sachs, Bank of America, Citi y Deutsche Bank importa mucho más que saber si Bitcoin cotiza hoy a 75.000, 77.000 u 80.000 dólares.

    El precio nos dice cuánto alguien está dispuesto a pagar hoy; la infraestructura nos dice cómo podría funcionar el dinero mañana. Y allí está ocurriendo algo extraordinario.

    Después de intentar durante años domesticar a las criptomonedas, Wall Street parece haber comprendido finalmente que no puede detener la tecnología, así que ha elegido una estrategia mucho más inteligente: entrar en ella.

    La cuestión que queda abierta es si esa entrada producirá competencia monetaria y mayor libertad individual o simplemente construirá una versión tokenizada del viejo sistema financiero.

    Porque la gran discusión de los próximos años ya no será si utilizaremos blockchain, será mucho más antigua y mucho más importante: quién tendrá el poder sobre nuestro dinero.

  • El petróleo no lava la sangre

    El petróleo no lava la sangre

    Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y sostuvo que Estados Unidos obtendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo venezolanas. Delcy Rodríguez, presidenta interina desde la captura de Nicolás Maduro, confirmó un convenio energético por 25 años para desarrollar 17 campos y alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Caracas calcula inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.000 millones.

    Las cifras son monumentales. La transparencia, en cambio, es mínima.

    No se conoce públicamente el contrato completo, existen dudas sobre su encaje en la legislación venezolana y algunas informaciones hablan de concesiones operativas mucho más extensas que los 25 años anunciados por Rodríguez. Tampoco está claro qué empresas asumirán las inversiones, cómo se distribuirán exactamente los beneficios ni ante qué tribunales responderán las partes. Estados Unidos tendría una participación mayoritaria del 55% en una nueva estructura empresarial y acceso preferente al crudo, parte del cual sería utilizado para reponer su Reserva Estratégica.

    Sin embargo, lo más revelador del anuncio de Trump no fue el tamaño del negocio. Fue la manera en que presentó a su socia: la “altamente respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez”.

    ¿Altamente respetada por quién?

    Un gobierno puede verse obligado a negociar con quien controla de facto otro Estado. La diplomacia no es una reunión de santos y con frecuencia exige tratar con personas y regímenes repudiables. Pero negociar no implica respetar; reconocer un poder de hecho no equivale a otorgarle legitimidad moral.

    Trump podía decir que Rodríguez era su interlocutora, que había cumplido determinados compromisos o que resultaba funcional para estabilizar la producción petrolera. Eligió llamarla “altamente respetada”. Ese adjetivo no describe una necesidad geopolítica: limpia una biografía política.

    Los ojos que Trump decidió no mirar

    El 15 de enero de 2018, Óscar Pérez estaba rodeado junto con seis integrantes de su grupo en una casa de El Junquito, en las afueras de Caracas. Pérez había sido inspector del CICPC, piloto y miembro de una unidad de operaciones especiales antes de rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

    No era un manifestante pacífico. Había sustraído un helicóptero policial, disparado y lanzado granadas contra edificios oficiales —sin producir víctimas— y posteriormente participado en la sustracción de armas de un cuartel militar. El Estado tenía razones legítimas para detenerlo y someterlo a un proceso judicial. Precisamente por eso debía capturarlo con vida si se rendía.

    Pero sus últimos minutos fueron registrados por él mismo.

    En aquellos videos aparece herido, con el rostro ensangrentado y sus ojos claros mirando directamente a la cámara. Repite que están dispuestos a entregarse, pide que cesen los disparos y denuncia que no quieren permitirles salir con vida. “Nos vamos a entregar”, insiste mientras las fuerzas de seguridad continúan el ataque. Poco después, Pérez y otras seis personas estaban muertos. El Gobierno presentó la operación como el desmantelamiento de una célula terrorista; la oposición, distintas organizaciones y posteriores reconstrucciones plantearon graves indicios de que se trató de una ejecución extrajudicial.

    Aquellos ojos quedaron grabados en la memoria de muchísimos venezolanos. No porque Óscar Pérez fuera un hombre perfecto ni porque todas sus acciones deban ser reivindicadas. Quedaron grabados porque mostraron, casi en tiempo real, la diferencia entre la justicia y la venganza estatal: un hombre podía haber cometido delitos, pero seguía teniendo derecho a rendirse, a ser detenido, a tener un abogado y a comparecer vivo ante un juez.

    La respuesta de Delcy Rodríguez aquel mismo día no fue pedir una investigación independiente sobre las circunstancias de las muertes. Como presidenta de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, acusó de “sinvergüenzas” a quienes cuestionaban el operativo y se refirió a Pérez como criminal.

    No existe una prueba pública que permita afirmar que Rodríguez dio la orden de matarlo. La responsabilidad penal individual debe demostrarse y un liberal no puede renunciar al debido proceso ni siquiera cuando juzga a los integrantes de un régimen que lo destruyó. Pero tampoco puede aceptarse la ficción de que Rodríguez fue una observadora distante.

    Ella presidía entonces la Asamblea Constituyente creada por el chavismo para desplazar al Parlamento elegido por los venezolanos y concentrar todavía más poder. Meses después fue designada vicepresidenta ejecutiva de Maduro, cargo desde el cual mantuvo una posición central durante los años en que organismos internacionales documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.

    En 2019, siendo ya vicepresidenta, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo desapareció bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Fue presentado ante un tribunal en silla de ruedas, prácticamente incapaz de hablar o moverse, y murió horas después. La autopsia registró un politraumatismo generalizado. Amnistía Internacional calificó el caso como detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte bajo custodia estatal.

    Óscar Pérez y Rafael Acosta Arévalo son casos diferentes, pero forman parte de una misma memoria: la de un Estado que convirtió la fuerza pública en instrumento de conservación del poder. A ellos se suman los presos de El Helicoide, los jóvenes muertos en las protestas, los perseguidos, los torturados y los millones que tuvieron que abandonar Venezuela.

    ¿Cómo reciben todos ellos la noticia de que una de las principales figuras políticas de aquel régimen es ahora, para el presidente de Estados Unidos, una persona “altamente respetada”?

    Del anticomunismo al negocio de Estado

    El petróleo explica la metamorfosis.

    Trump no ha descubierto repentinamente virtudes democráticas en Delcy Rodríguez. Ha encontrado una dirigente capaz de garantizarle acceso privilegiado a las mayores reservas de crudo del planeta, en momentos en que necesita reducir el precio de la gasolina, recomponer la Reserva Estratégica estadounidense y asegurar suministros frente a la inestabilidad internacional.

    Rodríguez, a cambio, recibe algo más valioso que el dinero: reconocimiento, protección y continuidad política. El petróleo que durante años sostuvo al régimen chavista ahora puede servir para legitimar su supervivencia bajo tutela estadounidense.

    Ambos ganan. Trump presenta ante sus electores un negocio gigantesco; Rodríguez se transforma, sin pasar por elecciones libres, de jerarca sancionada del chavismo en socia estratégica de Washington. Quienes no participaron en la negociación son los venezolanos.

    Este punto resulta esencial desde una perspectiva liberal. El problema no es que capital estadounidense invierta en petróleo venezolano. Venezuela necesita capital, tecnología, infraestructura y apertura después de décadas de expropiaciones, corrupción y destrucción de PDVSA. El intercambio internacional y la inversión privada podrían contribuir enormemente a su recuperación.

    Pero un acuerdo entre gobiernos no es necesariamente libre comercio. Y una empresa elegida por el poder político no se vuelve privada por el simple hecho de tener accionistas particulares.

    Si Washington selecciona a los operadores, participa mayoritariamente en la estructura, obtiene petróleo en condiciones preferentes y destina la producción a fines estratégicos de Estados Unidos, mientras una autoridad venezolana sin legitimidad electoral compromete recursos nacionales durante décadas mediante cláusulas secretas, no estamos ante un mercado libre. Estamos ante mercantilismo geopolítico: dos poderes estatales distribuyendo privilegios y activos que administran como si fueran propios.

    El liberalismo no consiste en sustituir el monopolio socialista de PDVSA por una sociedad escogida desde la Casa Blanca. Liberalizar significaría abrir la industria a la competencia, publicar las condiciones, garantizar derechos de propiedad, establecer tribunales independientes y permitir que distintas empresas asuman riesgos sin privilegios políticos. Sobre todo, implicaría que un gobierno legítimo rindiera cuentas ante los ciudadanos venezolanos.

    Nada de eso puede reemplazarse con una fotografía entre Trump y Rodríguez.

    ¿Liberación o colonia?

    Durante años, millones de venezolanos vieron en Estados Unidos una posible ayuda para terminar con la dictadura. Ahora contemplan cómo Washington respalda a una de sus principales jerarcas a cambio de petróleo.

    La palabra “colonia” puede parecer excesiva. El comercio con una potencia extranjera no convierte a un país en colonia y defender la soberanía tampoco debería servir de excusa para preservar el monopolio estatal o rechazar inversión extranjera. Pero cuando una potencia controla la explotación de una parte sustancial de los recursos de otro país, decide quién participa, tutela de hecho a su gobierno y negocia sin intervención ni conocimiento de sus ciudadanos, la relación empieza a parecerse demasiado a aquello que pretende negar.

    No es colonialismo porque intervengan empresas estadounidenses. Es colonialismo si los venezolanos dejan de ser sujetos de su propia reconstrucción y se convierten únicamente en habitantes del territorio donde otros gobiernos reparten el subsuelo.

    Las recientes excarcelaciones son positivas, pero tampoco resuelven la cuestión moral. Liberar a personas que nunca debieron estar presas no convierte al carcelero en demócrata. A mediados de agosto, Foro Penal aún registraba centenares de presos políticos, mientras muchas de las personas excarceladas seguían sometidas a restricciones judiciales.

    Una transición verdadera requiere libertad política, elecciones verificables, independencia judicial, apertura económica y justicia para las víctimas. No exige venganzas ni juicios colectivos, pero sí investigaciones individuales y responsabilidad por los crímenes cometidos. Sin verdad y sin justicia, la estabilidad será apenas impunidad financiada con petróleo.

    Trump puede negociar con Delcy Rodríguez si considera que eso sirve a los intereses de Estados Unidos. Lo que no debería hacer es exigirles a los venezolanos que participen de su amnesia.

    Porque utilidad no es respetabilidad. Obediencia no es legitimidad. Excarcelar no borra haber encarcelado. Y vender petróleo no convierte una dictadura en una democracia.

    En algún lugar de la memoria venezolana siguen aquellos últimos videos de Óscar Pérez: el rostro ensangrentado, la voz pidiendo que dejaran de disparar y los ojos claros de un hombre que quería entregarse.

    Frente a esa mirada, la expresión “altamente respetada” deja de ser una fórmula diplomática. Se convierte en una ofensa.

    El petróleo puede comprar alianzas, silencios y reconocimientos. Lo único que no debería poder comprar es el olvido.

  • Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    El conflicto por los puertos de Balboa y Cristóbal acaba de entrar en una etapa mucho más delicada.

    CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando más de US$1.500 millones, alegando violaciones al tratado de protección de inversiones aplicable a sus activos. Su filial Panama Ports Company mantiene, paralelamente, otro procedimiento arbitral en el que reclama más de US$2.000 millones por la pérdida de las concesiones que durante casi tres décadas le permitieron operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

    Conviene aclararlo desde el comienzo: Panamá no ha sido condenado a pagar US$3.500 millones. Son reclamaciones de las empresas, que deberán ser discutidas y eventualmente resueltas en arbitraje internacional.

    Pero tampoco conviene minimizar lo que está ocurriendo. El verdadero problema supera ampliamente la identidad de CK Hutchison, China o Estados Unidos.

    Lo que está en juego es algo bastante más importante para un país pequeño, abierto y dependiente del comercio internacional: la previsibilidad de las reglas bajo las cuales alguien decide invertir capital durante treinta años.

    Una concesión no se vuelve legítima por ser privada

    Existe una tentación frecuente entre quienes defendemos mercados libres: asumir que cualquier conflicto entre una empresa privada y el Estado debe resolverse automáticamente a favor de la empresa. Eso sería un error. El liberalismo no consiste en defender empresarios, sino defender derechos de propiedad, contratos, competencia e igualdad ante la ley.

    Una concesión otorgada mediante privilegios, exclusividades, condiciones discriminatorias o violaciones constitucionales no se transforma en liberal simplemente porque el beneficiario sea una compañía privada.

    La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el 29 de enero de 2026 inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobaba el contrato con Panama Ports Company, así como sus adendas y la prórroga posterior. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero y quedó en firme. Además, el fallo cuestionó particularmente la interpretación realizada en 2021 según la cual la concesión debía renovarse automáticamente hasta 2047.

    Si un contrato viola la Constitución, ningún liberal serio debería sostener que debe mantenerse simplemente porque existe. Pero aquí comienza, no termina, el problema.

    El Estado también debe responder por los contratos que él mismo celebró

    Durante casi treinta años Panama Ports Company operó esos puertos bajo un contrato celebrado, aprobado y sucesivamente reconocido por el propio Estado panameño.

    La empresa realizó inversiones, contrató trabajadores, adquirió equipos, estableció relaciones comerciales y organizó su actividad económica suponiendo que los actos del Estado eran jurídicamente válidos. Y aquí aparece un cuestionamiento: si el propio Estado concedió, aprobó, supervisó, prorrogó y durante décadas reconoció un contrato que finalmente resulta inconstitucional, ¿quién debe asumir el costo de ese error institucional?

    No existe una respuesta sencilla.

    Pero desde la perspectiva de la seguridad jurídica resulta difícil sostener que toda la pérdida debe recaer automáticamente sobre quien confió en los actos oficiales de ese mismo Estado. Una república seria no puede comportarse como una contraparte contractual común cuando firma y como soberano omnipotente cuando desea salir del contrato. Si el Estado tiene la capacidad de declarar inválido aquello que él mismo otorgó, el inversionista incorpora ese riesgo al precio de invertir.

    Y ese precio no lo paga solamente CK Hutchison, lo pagan todos los futuros inversionistas.

    El riesgo país no nace únicamente del déficit

    Solemos hablar de riesgo país pensando en deuda pública, pero existe otro riesgo menos visible: el riesgo institucional.

    Un empresario que estudia invertir US$500 millones en Panamá intenta estimar costos de construcción, salarios, energía, demanda, impuestos y logística, pero además, analiza el marco institucional: ¿las reglas bajo las cuales invierto hoy seguirán siendo reconocidas dentro de diez o veinte años?

    Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre esa respuesta, mayor será la rentabilidad que exigirá para arriesgar su capital. Ese fenómeno es perfectamente comprensible; la inversión es necesariamente una acción orientada hacia el futuro. El empresario renuncia a recursos presentes esperando obtener un rendimiento posterior. Cuanto mayor sea la incertidumbre institucional que no puede controlar, menor será el número de proyectos que superen su cálculo empresarial.

    Algunos no se harán, otros exigirán retornos mayores o incorporarán garantías adicionales. Y otros simplemente se realizarán en otra jurisdicción.

    La seguridad jurídica, por tanto, no es una abstracción para abogados, es un precio.

    Y ahora apareció la geopolítica

    El caso sería suficientemente complejo si fuera solamente jurídico. Pero no lo es.

    Los puertos además quedaron atrapados en la creciente disputa estratégica entre Estados Unidos y China; Donald Trump cuestionó públicamente la presencia china alrededor del Canal, aunque el Canal propiamente dicho pertenece y es administrado por Panamá. Posteriormente CK Hutchison anunció una operación global de aproximadamente US$23.000 millones para vender numerosos activos portuarios —incluidos inicialmente Balboa y Cristóbal— a un consorcio encabezado por BlackRock y MSC. La operación encontró a su vez resistencia desde Beijing. Panamá quedó literalmente en el medio.

    Y para un país cuya gran ventaja histórica consiste precisamente en servir como punto de encuentro del comercio mundial, ésa es una posición especialmente peligrosa ya que la función económica del Canal no consiste en elegir ganadores geopolíticos, sino en todo lo contrario, que es permitir el tránsito, el comercio y la conexión entre individuos y empresas independientemente de las disputas de sus gobiernos.

    Cuanto más consiga Panamá mantenerse como una jurisdicción confiable, neutral y comercialmente abierta, mayor será el valor de su posición geográfica. Cuanto más permita que sus decisiones económicas sean interpretadas como extensiones de Washington, Beijing o cualquier otra potencia, más difícil será preservar esa ventaja.

    Neutralidad no significa ingenuidad

    Esto tampoco implica que Panamá deba ignorar riesgos legítimos de seguridad nacional.

    Un Estado puede y debe establecer reglas básicas. Panamá puede establecer reglas generales de control, transparencia y seguridad sobre infraestructura crítica, exigir información sobre propiedad efectiva, imponer requisitos de gobernanza, auditoría, continuidad operativa, ciberseguridad o límites previamente definidos a determinadas formas de control. Sólo en casos excepcionales, claramente previstos por la ley y bajo criterios objetivos, podría llegar a impedir una operación concreta.

    Pero hay una enorme diferencia entre hacerlo mediante reglas ex ante, aplicables a todos, y alterar condiciones una vez que las inversiones ya fueron realizadas. Ésa es precisamente una de las funciones centrales del Estado de derecho, permitir que las personas conozcan las reglas antes de actuar.

    Hayek insistía en la importancia de normas generales, abstractas y previsibles precisamente porque reducen la discrecionalidad del gobernante.

    El problema no es que Panamá establezca una política sobre activos estratégicos, lo sería si esa política cambiara dependiendo de quién presiona, qué potencia amenaza o qué empresa ocupa circunstancialmente el activo. Eso dejaría de ser rule of law, una vez más, administración discrecional de intereses.

    Los US$3.500 millones no son todavía una deuda, pero tampoco son gratis

    También existe una dimensión fiscal.

    Las dos reclamaciones conocidas superan conjuntamente los US$3.500 millones. Una corresponde a los derechos contractuales reclamados por Panama Ports Company; la nueva acción de CK Hutchison se plantea separadamente bajo derechos derivados de un tratado de protección de inversiones.

    Panamá puede ganar ambos casos, obtener decisiones parciales, llegar a acuerdos o perderlos.

    Hoy nadie responsable puede presentar esos US$3.500 millones como una obligación cierta, pero desde el punto de vista presupuestario representan una contingencia. Y las contingencias también forman parte del verdadero costo del Estado.

    Ésta es una cuestión especialmente importante desde Public Choice, porque los gobernantes toman decisiones hoy cuyos costos pueden aparecer años después, pero quien obtiene el beneficio político de una medida puede no ser quien tenga que incorporar posteriormente la indemnización al presupuesto. El tiempo separa la decisión de su factura y cuando finalmente llega la factura, la paga un tercero: el contribuyente.

    ¿Quién paga cuando el Estado se equivoca?

    Éste es quizás el aspecto más interesante del caso. Supongamos que el contrato original tuvo condiciones extraordinariamente favorables para la empresa. Supongamos incluso que funcionarios panameños cometieron errores gravísimos al aprobarlo o prorrogarlo.

    ¿Quién termina pagando?

    Si el contrato permanece, pueden hacerlo los ciudadanos mediante condiciones desfavorables; si se anula y Panamá pierde el arbitraje, vuelven a hacerlo los ciudadanos mediante una indemnización, pero los funcionarios que diseñaron el contrato original rara vez aportan un centavo; lo mismo, los funcionarios que aprobaron la prórroga tampoco. Y quienes toman posteriormente decisiones que generan responsabilidad internacional tampoco responden personalmente con su patrimonio.

    Éste es exactamente el problema de incentivos que Buchanan y la teoría de Public Choice obligan a mirar. El Estado no es una entidad abstracta que absorbe pérdidas, las traslada.

    Por eso el control institucional previo importa tanto.

    La próxima concesión debería ser muy diferente

    Panamá tiene ahora una oportunidad.

    No para reemplazar una empresa extranjera por otra políticamente más conveniente, o sustituir capital chino por estadounidense. Y mucho menos para convertir los puertos en empresas administradas burocráticamente por el Estado.

    La oportunidad consiste en diseñar un sistema mucho más competitivo y jurídicamente robusto.

    Si Balboa y Cristóbal vuelven a concesionarse, Panamá debería procurar: reglas abiertas y conocidas previamente; licitaciones internacionales genuinamente competitivas; ninguna negociación diseñada alrededor de una empresa específica; plazos razonables; mecanismos transparentes de revisión; obligaciones claras de inversión; ausencia de renovaciones automáticas y procedimientos de resolución de controversias definidos desde el comienzo.

    Sobre todo, debería evitar contratos-ley convertidos en matrimonios de varias décadas entre el poder político y un único operador.

    El mercado necesita contratos, pero también necesita contestabilidad.

    Panamá debe elegir a Panamá

    Existe finalmente una tentación geopolítica que convendría resistir; interpretar el episodio como una victoria estadounidense sobre China sería tan peligroso como interpretarlo como una obligación panameña de proteger intereses chinos. Panamá no tiene por qué elegir entre Washington y Beijing. Tiene que elegir algo mucho más sencillo: a Panamá.

    Y el interés panameño de largo plazo consiste en ser una jurisdicción abierta al capital, respetuosa de los contratos, neutral en el comercio y extraordinariamente predecible en sus reglas.

    El activo más importante del país no es solamente el Canal, sino la confianza en que cualquier persona puede utilizarlo, invertir alrededor de él y comerciar a través de Panamá sin necesitar primero saber qué potencia controla el tablero político del momento.

    La geografía le dio a Panamá una ventaja extraordinaria, las instituciones determinan cuánto vale.

    Por eso el desenlace del conflicto de Balboa y Cristóbal importará mucho más que los US$1.500 millones, los US$2.000 millones o incluso quién termine operando ambos puertos.

    Cuando todo esto termine, ¿los inversionistas considerarán que Panamá ofrece reglas más claras y previsibles que antes, o menos?

    Ésa será la verdadera factura del caso. Y ésa, mucho más que cualquier arbitraje, será la que determine el costo económico de lo ocurrido.

  • Una vacuna escrita para cada tumor: el ARNm da su primer gran salto contra el cáncer

    Una vacuna escrita para cada tumor: el ARNm da su primer gran salto contra el cáncer

    No es todavía “la vacuna contra el cáncer” ni permite hablar de una cura universal. Pero el anuncio realizado por Moderna y Merck el 19 de agosto marca un hito: por primera vez una terapia oncológica personalizada basada en ARN mensajero supera con éxito un ensayo clínico de fase III.

    Durante años hemos escuchado hablar de vacunas contra el cáncer con una mezcla comprensible de esperanza y escepticismo. Esta vez hay una diferencia importante: el anuncio no procede de un experimento con animales ni de un pequeño ensayo inicial.

    Moderna y Merck —MSD fuera de Estados Unidos y Canadá— comunicaron el 19 de agosto de 2026 que intismeran autogene, su terapia personalizada de ARN mensajero, alcanzó los objetivos principales de un ensayo de fase III en pacientes con melanoma de alto riesgo.

    El estudio, denominado INTerpath-001, incluyó a 1.137 pacientes con melanoma en estadios IIB a IV cuyo tumor había podido ser extirpado completamente. Los pacientes recibieron pembrolizumab —el conocido inmunoterápico Keytruda— solo o combinado con la nueva vacuna personalizada.

    La combinación consiguió una mejoría estadísticamente significativa y clínicamente relevante tanto en la supervivencia libre de recaída como en la supervivencia libre de metástasis a distancia respecto de Keytruda utilizado solo. Es la primera vez que una terapia individualizada de neoantígenos basada en ARNm obtiene un resultado positivo de esta magnitud en fase III.

    Y eso merece atención.

    Una vacuna que no existe hasta que aparece el paciente

    Aquí empieza lo verdaderamente fascinante.

    Cuando pensamos en una vacuna imaginamos un producto idéntico para millones de personas. Ésta funciona exactamente al revés. Cada vacuna es diferente.

    Primero se extirpa y analiza el tumor del paciente. Se estudian las mutaciones de sus células cancerosas y se identifican aquellas que producen proteínas anormales —los llamados neoantígenos— capaces de distinguir a la célula tumoral de una célula normal.

    A partir de esa información se diseña mediante algoritmos una molécula de ARN mensajero que puede codificar hasta 34 neoantígenos específicos de ese tumor. Es decir, se fabrica una vacuna prácticamente a medida del cáncer de esa persona.

    Una vez administrada, el ARNm proporciona temporalmente a las células las instrucciones necesarias para producir esos marcadores. El sistema inmunológico aprende entonces a reconocerlos y genera linfocitos T capaces de buscar células que exhiban esas características.

    La idea podría resumirse de manera sencilla: mostrarle al sistema inmunológico la fotografía molecular del enemigo.

    Pero queda un problema.

    Los tumores han desarrollado sofisticados mecanismos para desactivar las defensas del organismo. Uno de ellos utiliza la vía PD-1 para poner una especie de freno a los linfocitos T.

    Ahí entra pembrolizumab (Keytruda), que bloquea precisamente ese mecanismo.

    Las dos terapias hacen, por tanto, cosas diferentes pero complementarias: la vacuna enseña al sistema inmunológico qué debe atacar y Keytruda le quita uno de los frenos que dificultan el ataque.

    Lo que ya sabíamos antes del anuncio

    El resultado de esta semana no ha aparecido de la nada. Antes de iniciar la enorme fase III, Moderna y Merck habían realizado un ensayo fase IIb con 157 pacientes con melanoma avanzado de alto riesgo completamente extirpado. Y existe ya seguimiento a cinco años publicado en junio de 2026 en el Journal of Clinical Oncology.

    Los resultados son especialmente interesantes porque permiten observar si el efecto desaparece con el tiempo. No parece hacerlo. Después de una mediana de seguimiento de cinco años, la combinación de intismeran y pembrolizumab mostró, frente a pembrolizumab solo:

    • 49 % menos riesgo de recaída o muerte.
    • 59 % menos riesgo de desarrollar metástasis a distancia o morir.

    En supervivencia global también apareció una tendencia favorable, pero el número de muertes era todavía demasiado pequeño para sacar una conclusión estadísticamente firme.

    Además, los investigadores encontraron algo que refuerza la hipótesis de funcionamiento del tratamiento: en los pacientes vacunados aparecieron nuevos clones de linfocitos T dirigidos contra los neoantígenos codificados por la vacuna, y la expansión de esos clones fue mayor entre quienes permanecieron libres de recaída.

    No sólo parece funcionar clínicamente. Hay indicios biológicos de que está haciendo precisamente aquello para lo que fue diseñada.

    ¿Qué acaba de cambiar entonces?

    La fase II sugería que la estrategia funcionaba. La fase III comienza a demostrar que puede convertirse en medicina real. Ésa es la diferencia.

    Los ensayos de fase III son grandes estudios comparativos destinados a determinar si un tratamiento supera suficientemente al estándar existente como para justificar su aprobación.

    INTerpath-001 comparó precisamente la vacuna más Keytruda contra Keytruda solo, que ya constituye una terapia muy potente y la combinación consiguió superar al tratamiento de referencia en sus dos variables fundamentales: evitar que el cáncer reaparezca y evitar que llegue a órganos distantes.

    Las compañías todavía no han publicado las cifras detalladas de esta fase III. Conocemos que los objetivos fueron alcanzados y que el resultado fue estadística y clínicamente significativo, pero todavía faltan los hazard ratios, curvas de supervivencia, análisis por subgrupos y seguimiento completo.

    Tampoco se ha demostrado todavía que la combinación aumente definitivamente la supervivencia global.

    Esa cautela es fundamental.

    Pero también lo es reconocer que superar una fase III constituye una frontera muy distinta que la de mostrar resultados prometedores en laboratorio.

    Moderna y Merck ya han anunciado que presentarán los datos completos en un congreso médico internacional y comenzarán las conversaciones con los organismos reguladores para solicitar la aprobación del tratamiento.

    No es “la vacuna contra el cáncer”

    Aquí conviene desmontar probablemente el titular que veremos repetido durante las próximas semanas. No existe un único cáncer.

    Lo que llamamos cáncer engloba centenares de enfermedades diferentes, con mutaciones, tejidos, evolución y respuestas inmunológicas distintas.

    Tampoco esta vacuna evitaría que una persona sana desarrolle cáncer, como una vacuna contra el sarampión evita el sarampión; es una vacuna terapéutica: se administra a alguien que ya tuvo un cáncer identificado y cuyo tumor puede analizarse para construir el tratamiento.

    Y en este caso concreto se está utilizando después de la cirugía intentando destruir las células malignas microscópicas que puedan haber quedado y provocar posteriormente una recaída o una metástasis. Por eso quizá resulte más preciso llamarla inmunoterapia personalizada basada en ARNm.

    La verdadera revolución puede estar en la plataforma

    El resultado del melanoma podría terminar siendo solamente la primera pieza.

    Moderna y Merck mantienen actualmente nueve estudios de fase II y III con intismeran en distintos tumores. Además del melanoma, la tecnología está siendo evaluada en cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de vejiga y carcinoma renal, entre otros.

    Y aquí aparece la dimensión potencialmente revolucionaria del descubrimiento.

    Tradicionalmente intentamos encontrar una molécula capaz de tratar a miles o millones de pacientes con determinada enfermedad, pero esta tecnología propone otra lógica: conservar la plataforma y cambiar el medicamento para cada individuo.

    El procedimiento industrial sería el mismo, pero la secuencia genética contenida dentro de la vacuna sería distinta para cada paciente.

    Secuenciar el tumor.
    Identificar sus mutaciones.
    Seleccionar los neoantígenos más prometedores.
    Diseñar el ARN.
    Fabricarlo.
    Administrarlo.
    Y convertir al sistema inmunológico del propio paciente en una herramienta dirigida contra las características particulares de su cáncer.

    Es medicina personalizada llevada hasta una escala que hace apenas dos décadas parecía difícilmente imaginable.

    También plantea enormes desafíos: velocidad de fabricación, costos, capacidad de secuenciación, logística y acceso a terapias que necesariamente serán más complejas que producir millones de dosis idénticas de un mismo medicamento.

    Pero la tecnología de ARNm posee precisamente una característica que puede ayudar a resolver parte de ese problema: una vez desarrollada la plataforma, modificar la información que transporta resulta mucho más sencillo que desarrollar desde cero una nueva molécula farmacológica.

    Una noticia enorme, sin necesidad de exagerarla

    Quizá lo más extraordinario de esta historia sea que no hace falta llamarla “cura del cáncer” para que sea una noticia excepcional.

    Por primera vez una vacuna individualizada de ARNm ha llegado hasta una gran fase III y ha demostrado mejorar los resultados de una de las inmunoterapias más importantes que ya posee la oncología.

    Falta conocer la magnitud exacta del beneficio en esta fase III. Falta comprobar la supervivencia global. Falta la evaluación de los reguladores. Falta saber cuánto costará, cuánto demorará fabricar cada vacuna y si el éxito del melanoma podrá repetirse en otros tumores.

    La ciencia avanza precisamente así: eliminando incertidumbres una detrás de otra.

    Pero una de ellas acaba de caer.

    Hasta ahora podíamos decir que era posible diseñar una vacuna de ARN mensajero utilizando las mutaciones particulares del cáncer de una persona y conseguir que su sistema inmunológico aprendiera a reconocerlas. Desde el 19 de agosto de 2026 podemos añadir algo mucho más importante: en un ensayo clínico de fase III, esa estrategia consiguió mejorar el tratamiento de pacientes reales. No es todavía la cura del cáncer.

    Pero puede ser uno de esos momentos en los que, mirando hacia atrás dentro de algunos años, descubramos que la manera de tratarlo empezó a cambiar.

  • Presupuesto 2027: una oportunidad para mirar no sólo cuánto gasta Panamá, sino cómo gasta

    Presupuesto 2027: una oportunidad para mirar no sólo cuánto gasta Panamá, sino cómo gasta

    El Presupuesto General del Estado para 2027 ya comenzó su recorrido por la Asamblea Nacional. El proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a B/.35.111,7 millones, apenas un 0,6% más que el presupuesto modificado de 2026.

    Ese primer dato merece atención porque, en un país acostumbrado durante años a presupuestos que crecen con mayor velocidad, un incremento nominal tan pequeño transmite al menos una intención de contención. No equivale todavía a una reducción del tamaño del Estado, ni mucho menos a una reforma estructural, pero tampoco sería justo ignorar el esfuerzo por mantener prácticamente estable el gasto agregado.

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha presentado el presupuesto como “responsable, realista y ejecutable”, con énfasis en inversión pública, sostenibilidad fiscal y mayor asignación a los gobiernos locales. El proyecto contempla alrededor de B/.12.564 millones destinados a inversión.

    Hay, por tanto, elementos positivos que conviene reconocer antes de entrar en las preguntas difíciles.

    Una composición algo más saludable

    Uno de los cambios más interesantes está en la estructura del gasto.

    El presupuesto del Gobierno Central bajaría de aproximadamente B/.17.935,6 millones en 2026 a B/.16.534,5 millones en 2027, una reducción cercana al 7,8%. Parte importante de esa caída se explica por un menor servicio de la deuda: pasa de B/.7.938,9 millones a B/.5.496,1 millones, unos B/.2.443 millones menos.

    Ese descenso no significa, por supuesto, que Panamá haya reducido su deuda en esa magnitud. Los vencimientos y operaciones financieras varían de un año a otro. Pero sí libera espacio presupuestario durante 2027 y reduce temporalmente la presión que el servicio financiero ejerce sobre otros usos de los recursos públicos.

    También resulta razonable que el Gobierno intente orientar una proporción mayor hacia inversión.

    La inversión pública bien seleccionada puede resolver cuellos de botella importantes en infraestructura, agua, saneamiento, movilidad, educación o logística. En un país cuya competitividad depende enormemente de su infraestructura y de su posición como centro internacional de servicios, no todo gasto público puede evaluarse simplemente por su monto.

    La pregunta relevante es qué rendimiento social y económico produce.

    Un dólar utilizado para mantener una estructura administrativa innecesaria no tiene el mismo significado que un dólar utilizado para reparar una carretera que conecta una zona productiva con los mercados.

    Por eso el debate presupuestario debería abandonar gradualmente la obsesión por cuánto recibe cada institución y avanzar hacia una discusión sobre qué resultados obtiene con esos recursos.

    El verdadero problema está en el gasto que nadie puede tocar

    Hay, sin embargo, una advertencia especialmente importante.

    Moody’s ha señalado recientemente que Panamá tiene alrededor del 70% del gasto del Gobierno Central sujeto a distintos grados de rigidez, mientras que leyes especiales, escalafones y obligaciones automáticas continúan agregando presión sobre las finanzas públicas. Para 2027, estimaciones citadas durante esta discusión sitúan en aproximadamente B/.340 millones el costo adicional asociado a algunas de esas obligaciones legales.

    Este es probablemente uno de los problemas fiscales más importantes de Panamá y, paradójicamente, uno de los menos visibles.

    Un ministro de Economía puede administrar prudentemente las cuentas y aun así disponer de muy poco margen real para cambiar el destino del gasto ya que existen salarios fijados mediante leyes especiales, escalafones automáticos, transferencias obligatorias o subsidios establecidos previamente. Además, están las asignaciones constitucionales o legales y el servicio de deuda.

    Cada una de esas obligaciones puede haber tenido una justificación política en el momento en que fue creada. El problema aparece cuando se acumulan durante décadas hasta convertir el presupuesto en una enorme estructura de compromisos previamente adquiridos.

    Entonces el presupuesto deja parcialmente de ser una decisión anual sobre prioridades y comienza a parecerse a una factura que simplemente llega todos los años.

    La planilla merece atención, pero sin simplificaciones

    Otro número que merece seguimiento es la planilla estatal, presupuestada para 2027 en aproximadamente B/.7.924 millones.

    Aquí también conviene evitar dos extremos.

    No todo funcionario público es prescindible y no toda contratación estatal constituye malgasto. Médicos, docentes, policías, técnicos jurídicos, ingenieros, investigadores y muchos otros trabajadores realizan funciones que el Estado ha decidido prestar, pero tampoco debería aceptarse que la planilla crezca simplemente por inercia.

    La pregunta correcta no es necesariamente ¿Cuántos funcionarios podemos despedir? sino más bien ¿Qué funciones necesita realmente realizar el Estado y cuántas personas necesita para realizarlas?

    El orden de esas preguntas importa muchísimo.

    Reducir personal sin reformar procesos puede deteriorar servicios. Reformar procesos, digitalizar trámites, eliminar duplicidades y cerrar funciones innecesarias permite después reducir estructuras de manera racional. Eso es desburocratización real, lo contrario es simplemente recorte arbitrario.

    Los B/.37 millones de publicidad: pequeños en el presupuesto, grandes como símbolo

    Durante la sustentación del presupuesto apareció además una partida de aproximadamente B/.37 millones para promoción y publicidad estatal. El propio Chapman expresó sorpresa al conocer el agregado, explicando posteriormente que allí se incluyen también empresas públicas y financieras y que algunas campañas responden a objetivos específicos, como la promoción de la lotería fiscal o la venta de bienes aprehendidos.

    En un presupuesto de B/.35.000 millones, B/.37 millones representan poco más de una décima de punto porcentual y que fiscalmente no resolverán el déficit panameño. Pero institucionalmente son interesantes.

    La publicidad estatal debería superar una prueba relativamente sencilla de responder a la pregunta ¿esta comunicación beneficia al ciudadano o al gobernante?.

    Informar sobre vacunaciones, fechas tributarias, prevención de desastres, cambios regulatorios o servicios públicos puede estar plenamente justificado, pero mostrar una obra terminada acompañada del rostro, nombre o eslogan de quien gobierna pertenece a una categoría bastante diferente.

    No hace falta prohibir toda comunicación gubernamental. Hace falta distinguir con mayor claridad información pública de propaganda política financiada por terceros obligados a pagarla. Y justamente esos terceros son los contribuyentes, mejor dicho, los pagadores de impuestos.

    Más descentralización también exige mejores controles

    El proyecto contempla además mayores recursos para gobiernos locales, algo coherente con una estrategia de descentralización territorial. Chapman ha defendido esa orientación señalando que las regiones deberían tener mayores posibilidades de atender necesidades de acuerdo con sus propias realidades. La dirección es razonable ya que un gobierno central difícilmente puede conocer mejor que una comunidad sus prioridades cotidianas.

    Pero descentralización no significa simplemente transferir dinero desde una burocracia nacional hacia 81 burocracias municipales.

    Para que funcione debe ir acompañada de transparencia, responsabilidad y comparación y como mínimo debe transparentarse cuánto recibe cada municipio, en qué lo utiliza, cuánto cuesta cada obra, quién la ejecuta y qué resultados obtiene.

    La descentralización es poderosa precisamente porque permite comparar. Por ejemplo, si dos municipios reciben recursos semejantes y uno construye una obra por la mitad del costo que otro, alguien debería preguntar por qué.

    Esa información constituye uno de los mecanismos de control más efectivos que existen.

    Las vistas presupuestarias pueden ser más importantes que la aprobación final

    Desde el 17 de agosto, la Comisión de Presupuesto comenzó las vistas de las 96 instituciones incluidas en el proyecto. Cada una deberá explicar sus necesidades, prioridades, programas y proyectos ante los diputados y quizás allí se encuentre la parte más interesante de todo el proceso.

    Porque un presupuesto agregado de B/.35.111 millones dice relativamente poco.

    La información realmente útil aparece cuando comenzamos a bajar niveles.

    ¿Cuánto cuesta una institución?

    ¿Cuánto dedica a personal?

    ¿Cuánto a consultorías?

    ¿Cuánto a alquileres?

    ¿Cuánto a viajes?

    ¿Cuánto a publicidad?

    ¿Cuántos programas diferentes persiguen el mismo objetivo?

    ¿Cuántas entidades realizan funciones similares?

    ¿Cuáles muestran resultados mensurables?

    Es allí donde puede comenzar una conversación adulta sobre eficiencia pública, no desde el prejuicio de que todo gasto es malo, pero tampoco desde la presunción contraria de que todo programa público merece continuar simplemente porque ya existe.

    Panamá no necesita convertir el presupuesto en una guerra ideológica

    El gobierno de José Raúl Mulino nunca se presentó como un experimento libertario ni prometió una reducción radical del Estado asi que evaluarlo con ese estándar como nos gustaría desde nuestra mirada, sería intelectualmente injusto. Y no vamos a hacerlo.

    La evaluación razonable sería investigar dentro del modelo de Estado que el propio Gobierno ha elegido administrar, ¿lo está haciendo con prudencia, profesionalismo y conciencia de las restricciones fiscales?

    Hasta ahora hay algunas señales que merecen reconocimiento: crecimiento presupuestario prácticamente contenido, mayor énfasis declarado en inversión, una reducción importante del servicio de deuda correspondiente a 2027 y un Ministerio de Economía que al menos ha colocado la sostenibilidad fiscal dentro del discurso público. Eso es muy bueno!

    Pero hay también problemas estructurales que ningún ministro puede resolver simplemente administrando mejor el presupuesto anual. A saber, las mayores dificultades están en la rigidez legal del gasto, la expansión acumulativa de compromisos, la planilla, los subsidios, la duplicidad institucional.Y quizás la más importante, la dificultad política de eliminar programas una vez creados y que se van sumando cada año creando capas geológicas burocráticas y de gasto superfluo. Ahí se encuentra probablemente la próxima etapa de la discusión fiscal panameña.

    Del presupuesto del año al Estado que queremos financiar

    El Presupuesto 2027 no parece, al menos en su planteamiento inicial, irresponsable.

    Tampoco es un presupuesto de transformación del Estado.

    Es más bien un presupuesto de administración y consolidación, condicionado por muchas decisiones que Panamá tomó durante las décadas anteriores y quizás precisamente por eso ofrece una oportunidad.

    En lugar de discutir cada año si Educación recibe más, Salud menos o determinada institución consiguió cincuenta millones adicionales, los panameños en general y los representantes en particular podrían comenzar a preguntarse periódicamente algo mucho más elemental: ¿seguiríamos creando hoy todas las instituciones, programas, subsidios y obligaciones que estamos financiando?

    Si la respuesta a alguna de ellas es no, ahí comienza el verdadero ahorro, no en quitarle cinco dólares a cada programa, sino en dejar de financiar aquello cuya razón de existir desapareció.

    Una política fiscal seria no necesita considerar al Estado un enemigo, sino obliga a algo mucho más sencillo y exigente: obligarlo periódicamente a justificar por qué sigue gastando cada balboa que le pide al ciudadano.

  • Lo que necesita MEDUCA es dejar de administrar la educación, no un mejor ministro

    Lo que necesita MEDUCA es dejar de administrar la educación, no un mejor ministro

    Cada vez que un escándalo sacude al Ministerio de Educación (MEDUCA) aparece la misma reacción: hay que encontrar al culpable, cambiar de ministro o funcionarios, investigar contratos, exigir mayor transparencia y prometer que la próxima administración será diferente.

    Todo eso puede ser necesario. Pero no resuelve el problema de fondo.

    Un sistema que concentra miles de millones de balboas, decisiones de compra, nombramientos, infraestructura, tecnología, programas educativos y una enorme estructura administrativa en un ministerio central siempre será extraordinariamente atractivo para la política, los grupos de presión y quienes viven de contratar con el Estado. El problema no es solamente quién administra MEDUCA, sino qué y cuánto administra.

    En 2026 el MEDUCA tiene un presupuesto aprobado de aproximadamente B/.3.640 millones. Su propia estructura institucional refleja un organismo que interviene desde la formulación de políticas y controles hasta la coordinación académica, administrativa y regional del sistema educativo.

    Desde una perspectiva liberal, una verdadera reforma educativa debería comenzar precisamente allí: separando aquello que necesariamente debe hacer el Estado de aquello que simplemente hemos acostumbrado a que haga un ministerio.

    El MEDUCA debería gobernar el sistema, no gestionarlo todo

    Un MEDUCA reformado debería ser considerablemente más pequeño.

    Su función central tendría que concentrarse en pocas cosas: establecer estándares mínimos de aprendizaje; garantizar información pública comparable sobre resultados; proteger el acceso a la educación de quienes no puedan financiarla; fiscalizar el cumplimiento de normas básicas; y administrar mecanismos transparentes de financiamiento. Poco más.

    No debería decidir desde Ciudad de Panamá qué computadora necesita un maestro de Chiriquí, qué reparación corresponde a una escuela de Darién, qué proveedor debe abastecer determinado insumo o cómo debe resolverse cada necesidad material de miles de centros educativos diferentes.Tampoco debería decidir sobre el contenido entero y uniforme del Currículum escolar excepto lo que hemos señalado arriba.

    Porque cuanto mayor sea la cantidad de decisiones que pasan por un mismo escritorio, mayor será también el valor económico de controlar ese escritorio.

    La descentralización no elimina la corrupción, pero reduce el premio de capturar el poder central.

    Dividir el poder también divide las oportunidades de corrupción

    Existe una diferencia enorme entre que una institución compre decenas de miles de equipos mediante una sola contratación y que cientos o miles de unidades educativas puedan adquirir los recursos que necesitan dentro de presupuestos públicos, reglas claras y procedimientos competitivos.

    En el primer modelo hay un comprador gigantesco y unos pocos contratos gigantescos. En el segundo hay muchos compradores, muchos proveedores y decisiones mucho más pequeñas.

    La corrupción puede existir igualmente. Pero deja de existir un único punto capaz de distribuir cientos de millones y esa diferencia importa.

    Una licitación nacional puede justificar enormes esfuerzos de lobby, relaciones políticas, intermediarios y captura regulatoria. Una compra realizada por una escuela, municipio o región difícilmente tenga el mismo atractivo.

    La descentralización funciona entonces como una forma de diversificación del riesgo institucional. Es el mismo principio por el que no ponemos toda nuestra riqueza en una única inversión. Tampoco deberíamos poner todo el poder de decisión educativa en una única institución.

    El dinero debería seguir al alumno

    Pero descentralizar solamente desde MEDUCA hacia otras burocracias públicas sería insuficiente.

    Transferir facultades del gobierno nacional a direcciones regionales o municipios puede acercar las decisiones a los ciudadanos, pero no introduce necesariamente competencia. Una reforma verdaderamente promercado debería avanzar un paso más: financiar a las personas antes que financiar estructuras.

    El Estado puede garantizar que todos los niños tengan recursos para educarse sin necesidad de convertirse simultáneamente en propietario, administrador, comprador y proveedor dominante de educación.

    El mecanismo podría adoptar diferentes formas: bonos educativos, cuentas educativas, financiamiento por estudiante o modelos combinados. El principio es más importante que el instrumento, es decir, el presupuesto acompaña al alumno y no a la institución.

    Una familia podría elegir entre escuelas públicas autónomas, cooperativas, privadas, comunitarias u otras modalidades habilitadas bajo estándares mínimos comunes. Panamá ya reconoce jurídicamente incluso la educación en casa mediante la Ley 245 de 2021, lo que demuestra que el ordenamiento jurídico no identifica necesariamente educación con escolarización estatal tradicional.

    La consecuencia de financiar la demanda sería profunda. Las escuelas dejarían de recibir recursos simplemente porque existen. Tendrían que atraer y conservar estudiantes. Y los padres dejarían de ser administrados por el sistema para transformarse progresivamente en sus clientes.

    Autonomía para las escuelas

    Una escuela pública verdaderamente descentralizada debería poder administrar una parte importante de su presupuesto. Su director y su comunidad educativa deberían tener capacidad para decidir sobre mantenimiento, tecnología, materiales y determinadas contrataciones dentro de límites previamente establecidos. También debería existir autonomía creciente para contratar personal y organizar proyectos educativos. A cambio, esa autonomía tendría que venir acompañada de algo que el sistema centralizado suele diluir: responsabilidad concreta por los resultados.

    Hoy, cuando todo depende de una extensa cadena administrativa, es extraordinariamente fácil que nadie sea finalmente responsable.

    El director culpa a la regional, la regional culpa al ministerio, el ministerio culpa al presupuesto, el gobierno culpa al anterior. Y el ciudadano termina sin saber quién tomó la decisión.

    La descentralización permite exactamente lo contrario: usted recibió este presupuesto, tomó estas decisiones y obtuvo estos resultados.

    Transparencia no significa publicar más PDFs

    Existe además una confusión frecuente entre transparencia y burocracia.

    Un sistema transparente no es necesariamente aquel que exige veinte formularios, siete firmas y cinco controles previos. Muchas veces semejante arquitectura simplemente multiplica las oportunidades para la discrecionalidad administrativa (es decir, corrupción).

    La verdadera transparencia debería permitir que cualquier ciudadano pueda conocer, en pocos minutos, cuánto dinero recibe una escuela, qué compró, a quién se lo compró, cuánto pagó y qué resultados educativos obtiene. Esto se da mediante los datos abiertos auditables fácilmente por todos los ciudadanos, compras visibles, precios comparables, contratos disponibles e indicadores de resultados. Y todo ello en formatos que permitan comparar una escuela con otra.

    No necesitamos necesariamente más interventores, lo que necesitamos es más información y más ojos mirando.

    Cuando cientos de proveedores pueden competir y miles de padres pueden comparar, la vigilancia deja de depender exclusivamente de funcionarios que fiscalizan a otros funcionarios.

    También hay que permitir que fracasen las malas decisiones

    Aquí aparece probablemente el elemento más incómodo de cualquier reforma liberal: la competencia solamente funciona cuando existen consecuencias.

    Si una escuela administra persistentemente mal sus recursos, pierde estudiantes y ofrece malos resultados, no puede recibir automáticamente más dinero para compensar su fracaso. Deberá cambiar su dirección, reorganizarse, fusionarse con otra institución o eventualmente desaparecer y mientras tanto, los recursos deben acompañar a los estudiantes hacia alternativas mejores. Eso es precisamente lo que normalmente no ocurre en los monopolios públicos.

    Una empresa que pierde clientes debe corregirse, sin embargo, una oficina pública que funciona mal suele reclamar mayor presupuesto. Los incentivos están invertidos.

    El mercado no significa abandonar al que menos tiene

    Quizás el argumento más previsible contra este modelo sea que terminaría perjudicando a los sectores de menores ingresos. Es exactamente al revés si se diseña correctamente.

    La familia con dinero ya dispone de libertad educativa, porque puede pagar una escuela privada, mudarse cerca de una mejor escuela, contratar profesores particulares o enviar a sus hijos al extranjero. El monopolio educativo afecta principalmente a quien no puede escapar de él, los más pobres.

    Por eso un sistema de elección escolar debería contemplar financiamiento público completo para las familias de menores ingresos, recursos adicionales para discapacidad, zonas rurales o situaciones de especial vulnerabilidad y eventualmente incentivos mayores para escuelas que atiendan poblaciones difíciles. La redistribución puede hacerse explícitamente.

    Lo que no resulta necesario es que, para ayudar a una familia pobre a pagar la educación de sus hijos, el Estado tenga que administrar directamente prácticamente toda la cadena educativa.

    Del ministerio proveedor al Estado garante

    Panamá discute actualmente una modernización de su Ley Orgánica de Educación, cuya base sigue siendo la Ley 47 de 1946; la propia Comisión de Educación de la Asamblea ha venido trabajando en propuestas de reforma. Eso abre una oportunidad mucho mayor que modificar artículos administrativos.

    Modernizar no debería significar digitalizar el mismo modelo centralizado ni tampoco incorporar computadoras, plataformas, nuevas direcciones o nuevos procedimientos.

    Una reforma estructural consiste en preguntarse qué funciones debe conservar el Estado y cuáles pueden devolverle a las escuelas, las familias, las comunidades y el mercado.

    MEDUCA debería evolucionar desde un gigantesco proveedor y administrador de educación hacia un organismo mucho más limitado que garantice acceso, establezca estándares mínimos, produzca información y fiscalice reglas generales. Es decir, ser menos interventor y más árbitro en caso de colisiones en la gestión descentralizada.

    La mejor política anticorrupción es reducir aquello que puede capturarse

    Nunca habrá un sistema institucional completamente inmune a la corrupción. Se pueden cambiar ministros, endurecer penas, crear comisiones y multiplicar auditorías. Se pueden diseñar nuevas plataformas de contratación y todo eso podrá ayudar; pero seguirá existiendo un incentivo extraordinario para capturar una institución mientras esa institución conserve un poder extraordinario para repartir dinero, contratos y empleos.

    La reforma liberal introduce una defensa mucho más elemental: quitar poder antes que intentar encontrar personas suficientemente virtuosas para ejercerlo.

    Descentralizar las decisiones.

    Dividir las compras.

    Permitir competencia entre proveedores.

    Dar autonomía a las escuelas.

    Publicar resultados.

    Financiar a los estudiantes.

    Y permitir que las familias elijan.

    No porque los padres, directores, municipios o empresarios sean moralmente superiores a los funcionarios de MEDUCA, justamente porque ninguno de ellos lo es. El liberalismo nunca necesitó gobernantes perfectos ni los pretende; sólo aboga por instituciones diseñadas bajo la premisa mucho más realista de que las personas responden a incentivos, persiguen intereses propios y pueden abusar del poder cuando ese poder se concentra.

    Por eso, después de cada escándalo educativo (ahora con la renunciada ministra) que vuelve a agobiarnos, quizás la pregunta no debería ser “¿Quién será el próximo ministro?”, sino una bastante más importante: “¿Por qué necesitamos que el próximo ministro tenga tanto poder?”

    Nota: contenido editado por AI, al efecto de una redacción más armoniosa, las ideas, como ha sido siempre, son nuestras.

  • BIP-110: el día en que Bitcoin rechazó a sus salvadores

    BIP-110: el día en que Bitcoin rechazó a sus salvadores

    BIP-110 pretendía proteger Bitcoin de quienes, según sus promotores, estaban desviándolo de su verdadera misión. Terminó demostrando algo bastante más importante: que Bitcoin no tiene custodios autorizados para definir esa misión.

    La propuesta, denominada Reduced Data Temporary Softfork, buscaba restringir durante aproximadamente un año la incorporación de imágenes, textos y otros datos considerados “no monetarios” dentro de las transacciones. Para ello endurecía las reglas de consenso: limitaba el tamaño de determinados campos, restablecía un máximo de 83 bytes para OP_RETURN y restringía algunas posibilidades de Taproot. Su argumento era reconociblemente bitcoiner: la cadena debía ser dinero sólido, no un depósito universal de archivos; el almacenamiento arbitrario encarecía el espacio de bloque, aumentaba las exigencias para operar nodos y podía desplazar los pagos genuinos.

    La preocupación no era absurda. La respuesta sí resultó profundamente discutible.

    Porque una cosa es sostener que Bitcoin debe preservar su carácter monetario, advertir sobre el crecimiento de la cadena o configurar voluntariamente un nodo para no retransmitir ciertas transacciones. Otra muy distinta es convertir esa preferencia en una nueva regla de consenso que declare inválidas transacciones que hasta entonces eran válidas, pagaban su comisión y no quebrantaban ninguna regla existente.

    BIP-110 no se limitaba a combatir el spam. Quería establecer, mediante consenso técnico, qué usos de Bitcoin merecían ser considerados legítimos. Su propia redacción hablaba de “abuso de datos”, de “usos dañinos” y de la necesidad de “reenfocar” Bitcoin hacia su verdadera finalidad. Pero una red sin autoridad central no dispone de un ministerio encargado de interpretar la intención del fundador. Mucho menos de clasificar las transacciones según su dignidad moral.

    Y aquí comienza la parte verdaderamente satoshiana de la historia.

    Una propuesta no es una ley

    BIP significa Bitcoin Improvement Proposal. Que una propuesta reciba un número y sea incorporada al repositorio de BIPs no significa que Bitcoin la haya aprobado. El propio repositorio advierte expresamente que publicar un BIP no implica que sea una buena idea, que exista consenso o que vaya a adoptarse. Es un mecanismo para documentar propuestas, no un parlamento y mucho menos un boletín oficial.

    BIP-110 establecía una vía de activación peculiar. Los mineros podían señalar su apoyo mediante el bit 4 y, si al menos 1.109 de los 2.016 bloques de un período —el 55 %— lo hacían, la propuesta quedaría encaminada hacia la activación. Pero si ese apoyo no aparecía, el mecanismo no se detenía: al llegar al bloque 961.632, los nodos que ejecutaban BIP-110 comenzarían a rechazar todos los bloques que no señalizaran la propuesta.

    Es decir, el 55 % era la vía amable. Si no se alcanzaba, llegaba la activación obligatoria para quienes hubieran instalado ese software.

    La aspiración era reproducir la lógica de una UASF, una user-activated soft fork: los usuarios, mediante sus nodos, endurecerían las reglas y obligarían a los mineros a adaptarse para no perder el mercado. Sus defensores invocaban el precedente de SegWit en 2017.

    Pero un ultimátum solo funciona cuando detrás existe suficiente peso económico. De lo contrario, no se obliga a nadie: uno simplemente se marcha solo.

    Los mineros respondieron arriesgando su propio dinero

    Antes del inicio de la fase obligatoria, apenas 51 de los 2.016 bloques del período anterior habían señalizado BIP-110: alrededor del 2,53 %. Era una distancia abismal respecto del 55 % previsto.

    Al llegar el bloque 961.632, los nodos BIP-110 cumplieron su amenaza y comenzaron a rechazar los bloques sin señalización. La red se dividió. Roughnecks consiguió minar los bloques 961.632 y 961.633 en la rama BIP-110 utilizando el sistema DATUM de OCEAN. Después, la cadena quedó prácticamente inmóvil.

    Bitcoin continuó produciendo bloques con normalidad. La rama BIP-110, en cambio, había heredado la dificultad de minería de Bitcoin —127,48 billones en ese momento—, pero sin heredar su potencia de cómputo. Como la dificultad solo se reajusta al completar 2.016 bloques, la cadena minoritaria quedó atrapada: necesitaba minar casi un período entero con una fracción diminuta del hashrate antes de poder obtener algún alivio.

    Roughnecks terminó suspendiendo sus operaciones y recomendando a los demás mineros detenerse. Para el 10 de agosto, la cadena principal llevaba ya más de doscientos bloques de ventaja, mientras la rama BIP-110 seguía detenida después de sus dos primeros bloques.

    ¿Significa esto que los mineros gobiernan Bitcoin?

    No exactamente.

    Los mineros no pueden imponer a un nodo un bloque que ese nodo considere inválido. Si mañana decidieran crear 50 millones de bitcoins, los nodos que conservasen el límite de 21 millones rechazarían esos bloques, aunque detrás estuviera el 100 % del hashrate. Los mineros producen candidatos a formar parte de la cadena; los nodos verifican que esos candidatos cumplan las reglas que ellos han decidido ejecutar.

    Pero BIP-110 no defendía una regla de Bitcoin frente a mineros que intentaban vulnerarla. Pretendía introducir una regla nueva y convertir en inválido lo que hasta entonces era válido.

    Frente a dos conjuntos incompatibles de reglas, los mineros tuvieron que elegir dónde invertir energía, equipos y tiempo. Casi todos eligieron la cadena que ya concentraba a los usuarios, los mercados, las billeteras, los exchanges, la liquidez y la infraestructura. No emitieron un decreto. Arriesgaron capital.

    En el diseño de Satoshi, la prueba de trabajo impide sustituir las consecuencias económicas por declaraciones políticas. El white paper explica que la cadena con mayor trabajo acumulado representa la secuencia respaldada por la mayor potencia de cómputo. Los participantes expresan su aceptación extendiendo bloques válidos y rehúsan extender los que consideran inválidos.

    BIP-110 proclamó una preferencia. Los mineros revelaron la suya pagando por ella.

    Los nodos tampoco son votos

    Durante la controversia se repitió que una determinada proporción de nodos apoyaba BIP-110. Pero contar nodos visibles no equivale a contar personas, monedas, actividad económica ni consentimiento.

    Crear muchos nodos es barato. Una sola persona puede operar cien; un exchange que procesa miles de millones puede utilizar unos pocos. El número bruto es vulnerable a ataques Sybil y no permite conocer quién utiliza realmente cada cadena, qué valor custodia, qué pagos recibe o qué software ejecutan los nodos que no son públicamente visibles.

    Un nodo no es una papeleta electoral. Es una frontera privada.

    Cada operador decide qué reglas aplicará a la información que recibe y qué cadena reconocerá como válida. Esa soberanía es real, pero tiene un alcance preciso: permite decidir qué acepta uno mismo, no qué deben aceptar los demás.

    Los nodos BIP-110 fueron completamente soberanos. Nadie los censuró, clausuró ni obligó a ejecutar Bitcoin Core. Rechazaron la cadena principal y continuaron con las reglas que preferían. Lo que no podían hacer era transformar su decisión individual en una obligación colectiva.

    Esa es la diferencia entre soberanía y poder.

    Ejecutar un nodo garantiza el derecho a decir: “esto no es Bitcoin para mí”. No garantiza que el mercado responda: “entonces tampoco lo será para nosotros”.

    ¿Y la comunidad?

    La comunidad no votó en una asamblea porque Bitcoin carece de una comunidad jurídicamente representable. No existe un padrón de bitcoiners, una autoridad electoral ni una definición autorizada de pertenencia.

    La comunidad se manifestó de la única manera compatible con una red voluntaria:

    • algunos desarrolladores escribieron y revisaron código;
    • algunos operadores instalaron BIP-110;
    • otros conservaron sus reglas anteriores;
    • los mineros asignaron su hashrate;
    • los usuarios mantuvieron sus fondos y su actividad en la cadena que consideraron Bitcoin;
    • las empresas, billeteras y mercados decidieron qué red continuarían soportando;
    • y nadie pudo obligar a los demás a acompañarlo.

    El resultado agregado de esas decisiones fue devastador para BIP-110. No porque una autoridad lo prohibiera, sino porque casi nadie con capacidad económica suficiente decidió seguirlo.

    Eso también explica por qué la comparación con la activación de SegWit en 2017 era incompleta. Una UASF no posee poderes mágicos. Puede coordinar expectativas cuando ya existe una coalición económica considerable y cuando los mineros creen que ignorarla les hará perder bloques, ingresos y clientes. BIP-110 intentó utilizar el mismo mecanismo sin haber construido previamente ese consenso.

    Confundió la herramienta con la fuerza que debía sostenerla.

    El mercado del espacio de bloque

    Desde una mirada libertaria, el problema de fondo aparece en la pretensión de determinar centralmente cuáles son los usos correctos de un recurso escaso.

    El espacio de bloque tiene un precio. Quien desea utilizarlo debe competir con otros usuarios mediante comisiones. Los mineros deciden qué transacciones incluir, dentro de las reglas aceptadas por la red, porque asumen el coste de producir el bloque. Los operadores de nodos pueden establecer políticas de retransmisión, filtrar lo que no quieren propagar y elegir libremente qué software ejecutar.

    Es posible que las inscripciones sean frívolas. También es posible que resulten desagradables, inútiles o perjudiciales para la experiencia de quienes quieren utilizar Bitcoin exclusivamente como dinero. Pero el liberalismo no consiste en reemplazar las preferencias del planificador estatal por las preferencias de un comité de guardianes monetarios.

    Si una transacción respeta las reglas vigentes y paga el precio requerido por el espacio que consume, excluirla exige algo más que afirmar que su finalidad es indigna.

    Los defensores de BIP-110 podían proponer otras políticas, desarrollar filtros, abaratar la operación de nodos, persuadir a los mineros, construir herramientas alternativas o convencer a una mayoría económica de modificar las reglas. Lo que no podían hacer era invocar “la verdadera misión de Bitcoin” como título de propiedad sobre un protocolo que nadie posee.

    Bitcoin no pertenece a quienes mejor interpretan a Satoshi.

    El fracaso que confirmó el diseño

    La rama BIP-110 no fue técnicamente silenciada. Fue libre de existir y, precisamente por eso, quedó obligada a demostrar cuánto respaldo real tenía. Sus partidarios pudieron escribir el código y los nodos pudieron ejecutarlo. Los mineros pudieron dedicarle potencia y los usuarios pudieron atribuir valor a sus monedas. Los mercados pudieron reconocerlas y casi ninguno lo hizo en una escala suficiente.

    Ese desenlace no demuestra que los mineros sean soberanos, que la mayoría siempre tenga razón ni que Bitcoin jamás deba modificar sus reglas. Demuestra algo más austero: en un sistema sin autoridad central, una modificación controvertida solo prevalece cuando consigue coordinar a quienes validan, producen, utilizan y valoran la red.

    Los nodos custodian sus propias reglas. Los mineros aportan trabajo y seguridad. Los usuarios y mercados atribuyen valor económico. Ningún grupo gobierna por separado y ninguno puede sustituir indefinidamente a los demás.

    BIP-110 quiso rescatar Bitcoin mediante una prohibición temporal. Bitcoin respondió sometiendo esa prohibición a la competencia.No hubo policía, regulador ni tribunal. No hubo que expulsar a sus promotores ni impedirles bifurcar el código. Se les permitió probar su tesis con sus propios nodos, su propio hashrate y su propio dinero.

    La cadena avanzó dos bloques y se detuvo. Probablemente no exista un epitafio más satoshiano para una idea que creyó poseer más consenso del que realmente tenía.

  • Ser soberano financiero: riqueza sin permiso

    Ser soberano financiero: riqueza sin permiso

    En The Sovereign Individual, publicado en 1997, James Dale Davidson y William Rees-Mogg anticiparon que el éxito financiero dejaría de medirse únicamente por la cantidad de ceros acumulados. También importaría la capacidad de organizar la propia vida de manera que permitiera alcanzar verdadera autonomía e independencia individual. Ser soberano financiero.

    Casi treinta años después, esa idea resulta más actual que nunca.

    Ser soberano financiero no significa simplemente tener mucho dinero. Una persona puede poseer millones y seguir siendo completamente dependiente de un banco que puede bloquearle la cuenta, de una moneda que pierde poder adquisitivo, de un gobierno que modifica retroactivamente las reglas, de una plataforma que decide quién puede cobrar o de un intermediario que exige permiso para mover el fruto de su trabajo.

    La riqueza nominal no garantiza libertad.

    La soberanía financiera comienza cuando una persona recupera control real sobre tres cosas: cómo obtiene valor, cómo lo conserva y cómo lo transfiere.

    Tener dinero no es lo mismo que controlarlo

    El saldo que aparece en una cuenta bancaria no es dinero bajo control directo. Es una obligación de una institución hacia el depositante. Normalmente funciona, pero continúa sometida a condiciones, horarios, límites, regulaciones y decisiones de terceros.

    El soberano financiero comprende la diferencia entre propiedad y acceso condicionado.

    No por eso debe abandonar los bancos ni vivir completamente fuera del sistema. La soberanía no consiste en rechazar toda intermediación, sino en evitar que un único intermediario tenga poder absoluto sobre nuestra vida económica.

    Se puede utilizar un banco sin depender enteramente de él. Se puede usar una plataforma de pagos sin convertirla en la única vía para cobrar. Se puede operar dentro de la legalidad sin entregar voluntariamente más información de la necesaria. Se puede aprovechar la infraestructura existente conservando alternativas para salir de ella.

    Soberanía no significa no depender de nadie. Significa no depender de un único permiso.

    Autocustodia: poseer las llaves

    Bitcoin introdujo una posibilidad históricamente extraordinaria: conservar y transferir valor digital sin necesitar la autorización de un banco, un Estado o una empresa.

    Pero comprar bitcoin en un exchange no convierte automáticamente a nadie en soberano. Cuando otra persona controla las claves, esa persona controla los fondos. El usuario conserva una promesa de pago, no el activo en sí. De allí nace el principio cypherpunk más conocido: Not your keys, not your coins.

    La autocustodia permite que el control material del patrimonio permanezca en manos de su propietario. Sin embargo, también elimina al intermediario que tradicionalmente recupera contraseñas, revierte errores o atiende reclamos.

    La soberanía sustituye permiso por responsabilidad individual.

    Eso exige aprender a proteger semillas, verificar direcciones, utilizar dispositivos confiables, mantener copias de seguridad, evitar puntos únicos de fallo y diseñar mecanismos sucesorios. En patrimonios importantes puede requerir multisig, separación geográfica de respaldos y procedimientos que reduzcan tanto el riesgo de robo como el de pérdida accidental. No basta con tener las llaves. Hay que saber conservarlas.

    Privacidad financiera

    La privacidad no es el derecho a cometer delitos. Es el derecho a decidir quién conoce nuestra vida económica.

    Cada compra revela información como hábitos, relaciones, ubicación, intereses, estado de salud, creencias y prioridades. Cuando todas las transacciones quedan vinculadas a una identidad, quien controla esos datos obtiene una radiografía extraordinariamente precisa de la persona.

    El dinero completamente vigilado no es neutral y puede convertirse en una herramienta de control.

    Un sistema financiero soberano facilita que las personas realicen intercambios legítimos sin quedar expuestas permanentemente ante gobiernos, corporaciones, delincuentes o cualquier tercero capaz de acceder a las bases de datos.

    Por eso la tradición cypherpunk o libertaria no concibe la privacidad como un accesorio, sino como una condición de la libertad. La criptografía permite crear espacios en los que los derechos no dependen de la buena voluntad del poder, sino de propiedades matemáticas verificables.

    La privacidad no consiste en tener algo que ocultar. Consiste en no aceptar que otros tengan derecho automático a observarlo todo.

    Independencia monetaria

    Una persona que ahorra exclusivamente en la moneda emitida por su gobierno está expuesta a las decisiones políticas de ese gobierno: inflación, controles de capitales, devaluaciones, corralitos, impuestos inesperados o restricciones a la compraventa de divisas.

    Ser soberano financiero implica entender que el dinero también contiene riesgo político.

    La respuesta no tiene por qué ser concentrar todo el patrimonio en un único activo. La concentración extrema crea una nueva dependencia. La autonomía requiere diversificación: distintas monedas, activos, jurisdicciones, mecanismos de custodia y fuentes de ingresos.

    Puede incluir efectivo, bitcoin, metales, acciones, inmuebles, monedas extranjeras o participaciones en negocios productivos. La combinación dependerá de las circunstancias de cada persona.

    Lo importante es que ninguna decisión individual, ninguna institución y ningún decreto puedan destruir todo el patrimonio de una sola vez.

    La capacidad de salir

    La verdadera libertad se mide por la posibilidad de decir que no.

    No a un empleador abusivo. No a un banco que impone condiciones injustas. No a una plataforma que amenaza con cerrar una cuenta. No a un país que transforma al ciudadano en rehén fiscal o monetario. No a una relación en la que la dependencia económica impide marcharse.

    Por eso la soberanía financiera no es solamente una cuestión de inversión. También exige reducir deudas, acumular liquidez, desarrollar habilidades transferibles, crear fuentes de ingreso independientes y mantener bajos los costes fijos.

    Quien necesita desesperadamente el próximo pago tiene poca capacidad de negociación. Quien posee reservas, opciones y movilidad puede tomar decisiones de acuerdo con sus valores y no únicamente por miedo.

    El patrimonio soberano no sirve solo para consumir más. Sirve para ampliar el espacio dentro del cual una persona puede elegir.

    Jurisdicción y arbitraje institucional

    Los individuos soberanos también comprenden que los Estados compiten, aunque muchos gobiernos prefieran fingir que sus ciudadanos les pertenecen.

    Residencia, nacionalidad, domicilio fiscal, lugar de constitución de una empresa y custodia de los activos no tienen por qué coincidir siempre en una única jurisdicción. Conocer las alternativas legales permite reducir riesgos, evitar abusos y elegir entornos más respetuosos de la propiedad.

    Esto no significa evadir obligaciones ni esconder delitos. Significa estructurar legítimamente la propia vida sin aceptar que el lugar accidental de nacimiento determine para siempre qué reglas debemos soportar.

    La posibilidad de salida disciplina al poder. Cuando las personas, el capital y el talento pueden marcharse, los gobiernos deben competir por atraerlos en lugar de tratarlos como propiedad tributaria.

    La soberanía es un proceso

    Nadie se vuelve soberano comprando una hardware wallet o abriendo una cuenta en otro país. Tampoco existe independencia absoluta.

    La soberanía es una arquitectura construida gradualmente.

    Consiste en eliminar puntos únicos de fallo. Mantener alternativas. Aprender. Diversificar. Proteger la privacidad. Comprender la tecnología que utilizamos. Prepararnos para interrupciones. Reducir dependencias innecesarias y conservar la capacidad de abandonar sistemas que dejan de servirnos.

    No se trata de vivir aislados. Se trata de relacionarnos voluntariamente.

    El individuo soberano coopera, comercia, contrata y confía, pero procura que ninguna relación pueda transformarse fácilmente en dominación. Utiliza instituciones mientras le resultan útiles y conserva la posibilidad de retirarse cuando dejan de serlo.

    Más que acumular ceros

    Durante décadas, el éxito financiero fue presentado como una cifra: patrimonio, salario, propiedades o rentabilidad anual.

    Pero una fortuna que no puede moverse no es completamente propia. Una cuenta que puede ser congelada sin defensa no es plenamente soberana. Un ingreso que depende de la aprobación de una plataforma es precario. Un patrimonio visible para todos es vulnerable. Una riqueza encerrada en una única jurisdicción está expuesta a una sola decisión política.

    El nuevo indicador de éxito será distinto.

    No preguntaremos solamente cuánto posee una persona, sino cuánto de ello controla realmente. Cuántos intermediarios pueden impedirle utilizarlo. Cuántas alternativas conserva. Cuánto tiempo puede vivir sin pedir permiso. Qué capacidad tiene para proteger a su familia, abandonar un sistema abusivo y elegir las reglas bajo las cuales desea cooperar.

    La soberanía financiera no promete seguridad absoluta. Garantiza algo más valioso: la posibilidad de asumir nuestros propios riesgos, cometer nuestros propios errores y organizar nuestra vida en nuestros propios términos.

    La meta no es ser más ricos dentro de una jaula, sino construir una riqueza que también nos entregue las llaves.

  • Coldcard: la cerradura falló, no la propiedad

    Coldcard: la cerradura falló, no la propiedad

    El reciente incidente de Coldcard golpeó en uno de los lugares más sensibles del ecosistema Bitcoin: la confianza.

    Durante años, la autocustodia fue presentada como la respuesta más sólida frente al riesgo de exchanges, bancos, intermediarios y custodios capaces de congelar, perder o apropiarse de fondos ajenos. “Si no son tus claves, no son tus monedas” (Not your keys, not your coins) condensó una verdad esencial: quien controla las claves controla los bitcoin.

    Por eso, cuando una herramienta creada precisamente para proteger esas claves falla, el impacto psicológico es profundo. No se pierde solamente dinero. Se resquebraja la sensación de seguridad construida durante años.

    Pero conviene describir correctamente lo ocurrido.

    Coldcard no tenía depositados los bitcoin de sus usuarios. Tampoco un atacante tomó el control de una entidad centralizada desde la cual pudiera ordenar transferencias. El problema estuvo en la generación de determinadas semillas: algunas fueron creadas con una entropía insuficiente, es decir, con menos imprevisibilidad de la que los usuarios creían tener.

    Las palabras parecían aleatorias, pero podían haber sido seleccionadas dentro de un universo de combinaciones mucho más reducido. Un atacante que comprendiera el defecto podía reconstruir candidatos, derivar las direcciones correspondientes y compararlas con la información pública de la blockchain hasta encontrar coincidencias.

    Fue una falla gravísima. Para quienes perdieron sus ahorros, la distinción técnica no reduce el daño. Pero sí importa para comprender qué ocurrió y qué no ocurrió. No fue una refutación de Bitcoin ni una ruptura de su criptografía. Y menos aún, una demostración de que la autocustodia sea ficticia.

    Fue una cerradura defectuosa.

    Si fuerzan la cerradura de una casa, la casa no deja de ser propiedad de su dueño. Lo que falló fue el mecanismo utilizado para protegerla.

    Autocustodia no significa infalibilidad

    Parte de la confusión proviene de haber atribuido a la autocustodia una promesa que nunca podía cumplir: la eliminación absoluta del riesgo.

    Autocustodia significa que el propietario controla las claves y que ningún intermediario puede disponer legítimamente de sus fondos. No significa que el software sea perfecto, que el hardware no pueda fallar, que una semilla no pueda generarse incorrectamente ni que el usuario quede exento de cometer errores.

    La autocustodia no elimina la confianza. La redistribuye y la reduce.

    En lugar de confiar plenamente en un banco o en un exchange, confiamos parcialmente en un dispositivo, en un código, en un proceso de generación de claves, en nuestra capacidad para conservar un respaldo y en el protocolo que permite verificarlo todo.

    La diferencia sigue siendo decisiva: una hardware wallet no mantiene una promesa de pago contra nosotros. No administra una cuenta en nuestro nombre. No puede suspender unilateralmente una retirada porque cambió una regulación, recibió una orden gubernamental o se quedó sin liquidez.

    Pero ninguna herramienta creada por seres humanos puede prometer ausencia total de errores.

    Trezor está escrito por humanos. Ledger está escrito por humanos. Coldcard está escrito por humanos. Bitcoin Core también.

    La respuesta racional no es buscar una herramienta escrita por dioses incapaces de equivocarse. Es construir sistemas en los que el error de una sola persona, empresa o implementación no pueda destruirlo todo.

    La lección no es volver al custodio

    Después de una pérdida, el miedo empuja hacia soluciones aparentemente más simples: dejar los bitcoin en un exchange, comprar una participación en un ETF o confiar nuevamente en un tercero.

    Ese movimiento puede reducir ciertos riesgos técnicos, pero no elimina el riesgo. Lo traslada.

    Al delegar la custodia, aparecen nuevamente la contraparte, el congelamiento, la insolvencia, la intervención estatal, la vigilancia, las limitaciones de retirada y la dependencia de reglas que el usuario no controla.

    Por eso es peligroso convertir una vulnerabilidad concreta en propaganda contra toda la autocustodia. Quien no conoce las diferencias puede concluir que controlar sus propias claves es una fantasía y que la única opción razonable consiste en volver a intermediarios.

    Sería una conclusión equivocada y, además, una derrota cultural.

    La lección seria es más exigente: tener las claves es una condición necesaria, pero no suficiente. También importa cómo fueron generadas, dónde se almacenan, cómo se respaldan, qué dispositivo las utiliza y qué procedimiento existe para recuperarlas.

    La evolución mediante errores

    Aquí aparece una idea profundamente ligada al orden espontáneo del que hablamos siempre los entusiastas de la Escuela Austríaca de Economía.

    La evolución no es un proceso limpio, lineal ni diseñado de antemano por una inteligencia superior. Es un proceso de variación, error, selección, aprendizaje y adaptación.

    En un orden espontáneo, nadie posee todo el conocimiento necesario para diseñar desde arriba la solución perfecta. Distintos desarrolladores prueban arquitecturas diferentes. Usuarios comparan herramientas. Investigadores revisan código. Atacantes descubren debilidades. Fabricantes corrigen errores. Nuevos proyectos incorporan las lecciones aprendidas.

    Ese proceso puede ser cruel porque el conocimiento no siempre llega antes que el daño. A veces una vulnerabilidad se descubre en una auditoría. Otras veces se descubre porque alguien pierde sus ahorros.

    Las pérdidas personales no deben romantizarse ni presentarse como un precio abstracto del progreso. Detrás de cada dirección vaciada puede haber años de trabajo, sacrificios, jubilaciones, proyectos familiares y seguridad futura.

    Pero tampoco debemos ignorar lo que el proceso descentralizado produce después del fracaso.

    Una vez identificado un defecto, el conocimiento deja de pertenecer únicamente a quien lo descubrió. Se difunde por toda la comunidad. Otros fabricantes revisan sus generadores aleatorios. Los usuarios aprenden qué significa entropía. Los desarrolladores incorporan pruebas adicionales. Se reconsidera la dependencia de una sola implementación. Se extienden prácticas como el uso de dados, semillas generadas independientemente, firmantes de distintos fabricantes y configuraciones multisig.

    El error localizado puede producir una mejora general.

    Ese es el orden espontáneo: millones de decisiones, advertencias, correcciones e innovaciones que nadie dirige desde un centro, pero que elevan gradualmente el estándar de todo el ecosistema.

    No avanza porque alguien diseñó el futuro perfecto. Avanza porque los errores dejan información y porque otros tienen libertad para aprender de ellos.

    No confundir diversificación con complejidad

    La reacción inmediata ante Coldcard puede ser repartir los fondos entre cinco wallets, tres dispositivos, dos teléfonos, placas metálicas y un multisig cuya recuperación nadie ha practicado.

    Eso también puede ser peligroso.

    La diversificación reduce el riesgo de un único fallo tecnológico, pero aumenta el riesgo humano. Cada nueva seed implica un nuevo respaldo, una nueva ubicación, un nuevo procedimiento y una nueva oportunidad de confusión.

    Una arquitectura simple y comprendida puede ser más segura que una estructura sofisticada que el propietario no sabe reconstruir.

    Para muchas personas, el paso razonable no será abandonar su hardware wallet actual ni construir de inmediato un sistema 3-de-5. Será conservar una parte en el dispositivo conocido y trasladar otra parte, lentamente, hacia una segunda arquitectura independiente.

    La idea central debería ser no confiar ciegamente en una sola herramienta, pero tampoco destruir una configuración conocida por pánico a un fallo hipotético.

    La seguridad debe crecer al mismo ritmo que el conocimiento del usuario.

    Cómo puede responder la comunidad

    Una comunidad que solo repite “debiste investigar mejor” después de una pérdida no está defendiendo la responsabilidad individual. Está confundiendo responsabilidad con abandono.

    La autocustodia implica asumir riesgos, pero una cultura de libertad no exige indiferencia frente a la desgracia ajena.

    Podrían desarrollarse varias respuestas comunitarias.

    La primera sería un fondo voluntario de asistencia para víctimas verificadas. No una garantía universal ni un rescate obligatorio, sino una estructura financiada mediante donaciones, aportes de empresas, desarrolladores, mineros y usuarios. Su objetivo no tendría que ser reembolsar automáticamente todas las pérdidas, algo probablemente imposible, sino ayudar en casos extremos, financiar análisis forense y sostener a personas que hayan perdido la totalidad de sus ahorros.

    La segunda sería exigir responsabilidad económica a los fabricantes. Las empresas que venden seguridad como producto podrían constituir fondos de contingencia, contratar seguros específicos o comprometer parte de sus ingresos futuros a compensaciones cuando exista negligencia técnica comprobada. Ampliando este punto, podrían surgir mercados privados de aseguramiento para fallos de software, firmware o generación de claves. Aseguradoras independientes podrían evaluar dispositivos, cobrar primas según su nivel de riesgo y responder ante vulnerabilidades técnicas comprobadas, sin custodiar los fondos ni conocer las seeds. Incluso los fabricantes podrían aportar voluntariamente una parte de cada venta a fondos de compensación separados de la empresa. La prima, la cobertura y hasta la negativa a asegurar un producto se convertirían así en información valiosa para los usuarios; no sería una garantía de perfección, sino una señal económica de cuánto riesgo está dispuesto a respaldar con su propio capital quien afirma que una herramienta es segura.

    La tercera sería crear equipos abiertos de respuesta a incidentes. Investigadores, especialistas en privacidad, desarrolladores y analistas de blockchain podrían coordinarse para identificar rápidamente wallets afectadas, publicar instrucciones claras y evitar que el vacío informativo sea ocupado por estafadores.

    La cuarta sería ofrecer acompañamiento gratuito para migraciones. Después de un incidente, muchas pérdidas adicionales ocurren por el pánico: usuarios que introducen su seed en una página falsa, envían fondos a una dirección equivocada o destruyen respaldos antes de completar la migración. Talleres, documentación sencilla y sesiones comunitarias podrían reducir ese segundo daño.

    La quinta sería desarrollar un sello voluntario de prácticas mínimas para hardware wallets. No una licencia estatal ni una certificación que pretenda garantizar perfección, sino estándares abiertos sobre generación de entropía, compilaciones reproducibles, auditorías, divulgación responsable y pruebas de recuperación.

    Y, sobre todo, debería cambiar la cultura de comunicación.

    Los expertos con grandes audiencias tienen una responsabilidad especial. Deben advertir sin exagerar, explicar sin humillar y distinguir entre una vulnerabilidad concreta y una condena general de la autocustodia.

    El miedo atrae atención. La precisión construye confianza.

    Recuperar la confianza sin volver a la ingenuidad

    La respuesta no puede ser fingir que no ocurrió nada. Coldcard debe explicar, asumir responsabilidades y ofrecer toda la información posible. Los usuarios deben revisar procedimientos. Otros fabricantes deben auditar sus propios sistemas. Y la comunidad debe abandonar la comodidad de pensar que “open source” equivale automáticamente a “auditado y seguro”.

    Pero tampoco podemos permitir que una tragedia concreta destruya una de las innovaciones más importantes de Bitcoin: la posibilidad de poseer un activo digital sin pedir permiso y sin depender de la solvencia o benevolencia de un intermediario.

    La confianza futura no debe parecerse a la confianza anterior.

    Antes, muchos confiaban en una marca. Después de este incidente, deberíamos confiar más en procesos verificables, diversidad de implementaciones, pruebas de recuperación, respaldos independientes y conocimiento compartido. Eso es progreso.

    No consiste en regresar a la ingenuidad, sino en salir de ella con mejores herramientas.

    Las personas que perdieron sus ahorros merecen apoyo, respuestas y, cuando corresponda, reparación. No deben ser convertidas en simples ejemplos técnicos ni culpabilizadas por haber confiado en un producto cuya función esencial era generar y proteger claves seguras.

    Pero honrar esas pérdidas también exige aprender de ellas.

    Abandonar la autocustodia no devolverá los fondos perdidos. Solo devolverá el poder a los intermediarios. La respuesta más valiosa es construir una comunidad menos dogmática, más preparada y más solidaria; una comunidad capaz de reconocer que la libertad implica riesgos, pero también cooperación, responsabilidad y aprendizaje colectivo.

    Una herramienta falló. La libertad y la cooperación libre y voluntaria, no.

  • El costo del sistema fiscal

    El costo del sistema fiscal

    El costo del sistema fiscal no se mide solo en dinero, sino también en tiempo, incertidumbre y capital productivo destruido.

    Un Gobierno que se presenta como pro-mercado y necesitado de inversión no puede conservar un sistema en el que el empresario debe producir para sus clientes y, al mismo tiempo, trabajar gratuitamente para el organismo recaudador, bajo amenaza de inspecciones, multas, embargos y ejecuciones.

    Resulta difícil hablar de ser atractivos a la inversión mientras se presume culpable a quien presenta tarde o mal un formulario. No es lo mismo ocultar deliberadamente una deuda, cometer fraude o evadir un impuesto que retrasarse en una declaración jurada o no tener cumplimentado un formulario burocrático. Un orden realmente republicano debería distinguir entre delito, deuda material, error excusable e incumplimiento formal. Cuando todo se castiga de manera automática, no hay justicia tributaria, sino disciplina burocrática.

    Desde la Escuela Austríaca, sostenemos que los recursos son escasos. Cada hora que un empresario, un empleado o un contador dedica a interpretar resoluciones, controlar vencimientos, cargar datos y completar formularios es una hora que no se dedica a atender clientes, mejorar productos, buscar proveedores, reducir costos, invertir o descubrir nuevas oportunidades.

    Ese tiempo no es gratuito. Es un impuesto regulatorio que no aparece en ninguna alícuota. Ese es el costo del sistema fiscal, ignoto para la mayoría de la gente.

    La empresa o el pagador de impuestos no entrega solamente dinero al Estado. También entrega información, tiempo, trabajo administrativo, capacidad de gestión y tranquilidad. Y cuando llega un embargo, tampoco se retira simplemente “dinero”: se retiran fondos que tenían una función dentro del proceso productivo. Dinero para pagar salarios, comprar inventario, completar una obra, financiar un proyecto o sostener una inversión que todavía no generó ingresos.

    El Estado puede recaudar hoy una multa y destruir, en el mismo acto, al contribuyente que habría pagado impuestos durante años.

    Además, el mensaje para quien intenta formalizarse es perverso: cuanto más visible, organizado y registrado esté su negocio, más fácilmente puede ser controlado, sancionado y embargado. El emprendedor no calcula solamente la carga tributaria, sino también calcula el costo del contador, los sistemas, el riesgo de error, la probabilidad de una multa, la exposición de su patrimonio y las horas perdidas ante la DGI.

    La informalidad no se combate persiguiendo y aumentando amenazas. Se combate haciendo que la formalidad sea sencilla, previsible, segura y conveniente.

    En términos políticos, parece haber más apetito para incorporar dólares al sistema parasitario, pero severidad fiscal para disciplinar al contribuyente cotidiano.

    Y que una persecusión, orden o sanción esté autorizada por una ley no la convierte en legítima. Como recordaría Hayek, el Estado de derecho no consiste únicamente en que el poder tenga una norma que lo habilite. Las reglas deben ser generales, conocidas, previsibles y permitir que las personas organicen sus planes sin vivir sometidas a la arbitrariedad administrativa y a la expoliación fiscal.

    Muchos de estos formularios ni siquiera determinan impuestos propios. Obligan a empresas y profesionales a recolectar, procesar y transmitir información para que el Estado pueda controlar a terceros. La DGI externaliza así su costo de fiscalización y obliga al particular o profesional a reunir los datos, lo obliga a procesarlos, lo obliga a presentarlos, lo multa si se retrasa y eventualmente lo ejecuta para cobrar la multa.

    Desde Public Choice, el incentivo es evidente: crear nuevas obligaciones informativas resulta barato para el organismo porque su costo no aparece en el presupuesto público. Lo pagan individuos y las empresas.

    Por eso no alcanza con aprobar cada tanto tiempo otra moratoria. Eso solo repite el ciclo del obligado fiscal: obligación imposible, incumplimiento, multa, moratoria y nueva obligación.

    Ese ciclo perverso sólo ratifica la persistencia de una concepción profundamente estatista dentro de un Gobierno que se proclama abierto a la inversión, donde el empresario sigue siendo tratado como sospechoso, recaudador, informante y empleado gratuito del Estado, en lugar de ser reconocido como quien crea, invierte, arriesga y sostiene el proceso productivo del que vive ese mismo Estado.