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  • Anthropic y el mito de que el copyright salvó a los autores

    Anthropic y el mito de que el copyright salvó a los autores

    La noticia recorrió el mundo con un mensaje aparentemente simple: Anthropic pagará 1.500 millones de dólares a miles de autores por utilizar libros pirateados para entrenar su inteligencia artificial y muchos interpretaron el caso como una victoria del copyright. Otros, como una derrota de la inteligencia artificial.

    Sin embargo, desde una perspectiva libertaria, esa lectura pasa por alto lo más interesante.

    El verdadero debate no es si la IA puede aprender de un libro. El debate es si las ideas pueden ser objeto de propiedad de la misma manera que una casa, un automóvil o un terreno. Y esa diferencia cambia completamente la forma de entender el caso.

    La propiedad existe porque existe la escasez

    Uno de los aportes más importantes de la Escuela Austríaca es haber explicado que la propiedad surge para resolver conflictos sobre bienes escasos. Dos personas no pueden utilizar simultáneamente el mismo automóvil, ni vivir al mismo tiempo en la misma casa.

    La propiedad establece quién decide sobre esos recursos precisamente porque son escasos.

    Las ideas funcionan de otra manera.

    Si leo una novela, el autor no deja de tenerla, o si aprendo una teoría económica, su creador no la pierde. Si una inteligencia artificial analiza millones de textos, esos textos siguen existiendo exactamente igual que antes.

    El conocimiento no desaparece cuando alguien más lo incorpora.

    Por eso muchos académicos libertarios, especialmente Stephan Kinsella, sostienen que hablar de «propiedad intelectual» resulta conceptualmente problemático. No porque el trabajo creativo carezca de valor, sino porque las ideas no presentan la escasez física que justifica la existencia de derechos de propiedad.

    El problema nunca fue que Claude aprendiera

    La cobertura periodística suele dar la impresión de que Anthropic fue condenada por permitir que Claude aprendiera leyendo libros.

    No fue eso lo que ocurrió.

    Lo realmente cuestionado fue que la empresa construyera una enorme biblioteca utilizando copias obtenidas desde repositorios piratas.

    Aquí aparece una diferencia fundamental.

    Una cosa es aprender y otra muy distinta es la forma en que se obtiene aquello de lo que se aprende.

    Desde una visión libertaria, la discusión no debería centrarse en prohibir el aprendizaje de una inteligencia artificial. Sería tan absurdo como exigir que un ser humano pague una licencia cada vez que recuerda una idea leída hace veinte años. La cuestión relevante es si alguien obtuvo esos materiales respetando los derechos sobre los bienes físicos, los contratos y los acuerdos voluntarios existentes.

    El copyright no resolvió el problema

    Muchos presentaron el acuerdo como una demostración de que el sistema de copyright funciona, pero lo cierto es que los hechos son bastante menos concluyentes.

    El pago de 1.500 millones de dólares surgió porque existía un enorme riesgo judicial dentro del sistema estadounidense de propiedad intelectual.

    No fue un precio descubierto espontáneamente por el mercado y tampoco fue una negociación entre iguales que buscaban cooperar. Fue un acuerdo alcanzado bajo la amenaza de una eventual condena mucho mayor.

    Eso no significa que el resultado haya sido malo.

    Significa que no constituye una prueba de que el copyright sea la institución ideal para resolver estos conflictos. De hecho, el propio caso demuestra otra cosa mucho más interesante.

    Lo que realmente apareció fue un mercado

    Las empresas de inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de información para entrenar sus modelos; y por otro lado los autores quieren ser remunerados por el uso de sus obras. Las editoriales poseen catálogos completos y los archivos digitales administran millones de textos.

    Todos tienen incentivos para llegar a acuerdos.Y cuando existen incentivos para cooperar, aparece el mercado. No hace falta que el Estado determine cuánto vale cada libro para entrenar una IA como tampoco hace falta una tarifa universal.

    No hace falta una agencia que autorice previamente cada modelo. Basta con que existan derechos claramente definidos sobre los recursos físicos y libertad para contratar.

    Un desarrollador puede comprar una biblioteca, puede licenciar un catálogo editorial, puede celebrar acuerdos con miles de autores, puede utilizar obras de dominio público o puede remunerar mediante suscripciones o pagos por acceso. Puede incluso crear plataformas donde cada autor decida voluntariamente si desea participar y bajo qué condiciones.

    Todas esas soluciones nacen de contratos, no de regulaciones.

    La innovación tampoco justifica cualquier medio

    Ahora bien, reconocer que el mercado ofrece mejores respuestas no significa convertir a la innovación en un privilegio.

    Algunos sostienen que, como la inteligencia artificial generará enormes beneficios para la humanidad, debería poder utilizar cualquier contenido sin restricciones. Ese argumento tampoco resulta compatible con una visión libertaria.

    La libertad económica nunca ha significado que los fines justifiquen los medios. Una empresa no adquiere un derecho especial simplemente porque desarrolla una tecnología revolucionaria y si obtiene información incumpliendo contratos, vulnerando sistemas de acceso o apropiándose de recursos ajenos, deberá responder por esas conductas, pero no porque las ideas sean propiedad, sino porque los contratos y la propiedad sobre los bienes materiales siguen existiendo.

    El gran error sería prohibir el aprendizaje

    El peor resultado posible sería interpretar este caso como una invitación a exigir autorización previa para todo entrenamiento de inteligencia artificial, porque eso transformaría el aprendizaje en una actividad regulada. Cada nuevo modelo necesitaría negociar millones de permisos individuales por lo que los costos de transacción serían gigantescos.

    Paradójicamente, sólo podrían sobrevivir las empresas más grandes, precisamente aquellas con recursos suficientes para mantener departamentos jurídicos dedicados exclusivamente a negociar licencias. La regulación terminaría consolidando los monopolios que supuestamente pretende limitar.

    La respuesta libertaria mira hacia otro lado

    El mercado lleva siglos resolviendo problemas de coordinación sin necesidad de un plan central y la inteligencia artificial probablemente no sea la excepción.

    Lo más probable es que veamos surgir nuevos mercados de licencias, plataformas de contratación, catálogos especializados, sistemas de suscripción y acuerdos entre desarrolladores y titulares de contenidos. No porque una ley lo imponga, sino porque ambas partes tienen incentivos para cooperar.

    Esa evolución sería mucho más interesante que ampliar indefinidamente el alcance del copyright, porque desplaza la discusión desde el monopolio legal sobre las ideas hacia algo mucho más compatible con una sociedad libre: la contratación voluntaria.

    La verdadera enseñanza del caso

    Muchos celebran el acuerdo de Anthropic como un triunfo del copyright, pero quizá la lección sea exactamente la contraria.

    El conflicto terminó resolviéndose cuando las partes encontraron un precio para cerrar una disputa concreta, no cuando el Estado decidió cómo debía funcionar toda la industria. Eso no demuestra que el copyright sea indispensable, lo que demuestra es que, incluso dentro de un sistema jurídico imperfecto, los incentivos económicos siguen empujando hacia soluciones negociadas.

    Y si el futuro de la inteligencia artificial termina construyéndose sobre contratos libres entre autores, editoriales y desarrolladores, el protagonista de esta historia no habrá sido el copyright.

    Habrá sido el mercado.

  • El nacionalismo de noventa minutos

    El nacionalismo de noventa minutos

    Cada cuatro años ocurre un fenómeno fascinante. Millones de personas, que el resto del tiempo apenas conocen a sus vecinos, sienten de pronto que forman parte de una inmensa familia llamada «nación». Lloran, cantan, abrazan desconocidos, discuten con amigos de otros países y experimentan una emoción genuina. No hay nada malo en esa alegría. El problema comienza cuando esa emoción se confunde con patriotismo o, peor aún, con un supuesto deber cívico, que bien lo aprovecha el nacionalismo.

    Desde una perspectiva liberal, el Mundial merece una reflexión mucho más profunda.

    El nacionalismo deportivo crea la ilusión de que compartimos un logro colectivo. Pero ¿qué hemos hecho realmente para ganar un campeonato? Absolutamente nada. Ninguno de nosotros entrenó durante veinte años, sacrificó su vida familiar o soportó la presión de jugar frente a millones de espectadores. El triunfo pertenece a un grupo extraordinario de individuos que desarrolló su talento mediante esfuerzo, disciplina y competencia. Sin embargo, el lenguaje cambia mágicamente: «ganamos», «somos campeones», «les demostramos al mundo».

    El individualismo metodológico, la base del pensamiento liberal y de la Escuela Austríaca, recuerda algo tan simple como difícil de asumir: las sociedades no actúan; actúan las personas. Los países no juegan al fútbol. Juegan once individuos con nombres y apellidos.

    ¿Por qué entonces sentimos esa apropiación emocional?

    Porque el ser humano busca pertenencia. Y el nacionalismo deportivo ofrece una identidad instantánea, gratuita y emocionalmente intensa. Durante unas semanas dejamos de ser individuos con proyectos propios para convertirnos en integrantes de una masa que ríe o llora al unísono. Es una experiencia profundamente humana, pero también profundamente manipulable.

    No es casualidad que el poder político haya comprendido esto desde hace siglos.

    En la antigua Roma, los emperadores descubrieron que ofrecer espectáculos grandiosos ayudaba a canalizar tensiones sociales y fortalecer el vínculo emocional con el poder. La expresión panem et circenses no significaba únicamente repartir entretenimiento: describía un mecanismo político. Mientras el pueblo dirigía su atención al circo, las decisiones verdaderamente importantes se tomaban en otro lugar.

    No se trata de afirmar que un Mundial sea equivalente al Coliseo romano. Sería una comparación injusta e históricamente imprecisa. El fútbol es una competencia deportiva legítima y extraordinariamente bella. Lo que sí permanece constante es la naturaleza humana: el poder siempre encuentra útil cualquier acontecimiento capaz de monopolizar la atención colectiva.

    Mientras millones siguen cada partido, los parlamentos negocian reformas, los gobiernos anuncian medidas, los presupuestos cambian y las burocracias continúan creciendo. Pero no porque exista una conspiración mundial del fútbol, sino porque la política profesional nunca deja pasar una oportunidad para actuar cuando la ciudadanía mira hacia otro lado.

    Quizá la mayor paradoja sea que muchos de quienes rechazan el colectivismo en la economía lo abrazan sin reservas durante un Mundial. El individuo desaparece. La responsabilidad personal desaparece. El mérito individual se diluye en un gigantesco «nosotros» que, durante noventa minutos, parece explicar toda la realidad.

    El liberalismo propone exactamente lo contrario.

    Celebrar el talento sin apropiarse de él. Admirar el esfuerzo sin convertirlo en patrimonio nacional. Disfrutar del deporte sin entregar, aunque sea por unas semanas, nuestra capacidad crítica.

    Nada impide emocionarse con un gol espectacular o con la historia improbable de una selección pequeña que desafía a las potencias. Al contrario. Es una de las grandes virtudes del deporte. Lo peligroso comienza cuando esa emoción sustituye la reflexión y el entusiasmo colectivo nos hace olvidar que los verdaderos partidos, los que afectan nuestra libertad, nuestros derechos y nuestro patrimonio, se juegan fuera de la cancha. Porque los Mundiales terminan, pero las leyes, los impuestos y las instituciones permanecen.

  • Cospaia: la república que nació de un error y vivió en libertad

    Cospaia: la república que nació de un error y vivió en libertad

    En 1441, dos delegaciones —una de Florencia, otra de los Estados Pontificios— se sentaron a trazar una frontera. El acuerdo era simple: el límite pasaría por un arroyo llamado «Río». El problema es que había dos arroyos con ese nombre, separados por unos 500 metros, y cada delegación firmó pensando en uno distinto. Entre ambos quedó una franja de tierra de apenas 3,2 kilómetros cuadrados que no pertenecía a nadie. Sus vecinos, lejos de avisar del error, se declararon independientes. Nació así la República de Cospaia, y durante casi cuatro siglos ningún poder se molestó en corregir el descuido.

    Lo interesante de Cospaia no es solo que existiera por accidente, sino cómo se sostuvo. No tuvo gobierno formal, ni ejército, ni policía, ni cárceles, ni un cuerpo legislativo que dictara normas. La única autoridad reconocida era un Consejo de Ancianos y jefes de familia que se reunía para resolver disputas y coordinar decisiones colectivas —sin capacidad de coacción sistemática, más parecido a un arbitraje comunitario que a un Estado. La única ley escrita que se conserva es una frase grabada en el dintel de la iglesia local: Perpetua et Firma Libertas. Firme y eterna libertad. No hubo constitución, ni código penal, ni aparato burocrático. Y sin embargo, la comunidad prosperó durante 385 años, más que la inmensa mayoría de los estados que la rodeaban.

    El motor de esa prosperidad fue el tabaco. Cuando el papado prohibió su cultivo y consumo bajo pena de excomunión, Cospaia —al no estar bajo la jurisdicción de nadie— se convirtió en el único lugar de Italia donde la planta podía cultivarse y comerciarse libremente. Lo que los estados vecinos llamaban contrabando no era más que comercio voluntario entre partes que preferían transar antes que someterse a un monopolio estatal impuesto por decreto religioso. La prohibición, como tantas veces en la historia, no eliminó la demanda: simplemente desplazó la oferta hacia el territorio sin Estado más cercano. Cospaia también fue, por la misma lógica, un refugio para comerciantes judíos que en los territorios vecinos enfrentaban restricciones para poseer propiedad o comerciar con cristianos. Donde no había un poder central definiendo quién podía participar del mercado, la exclusión perdía su instrumento.

    Conviene ser honestos sobre los límites del caso. Cospaia no vivió en autarquía: pagaba por el uso del molino de San Giustino y por la atención del médico de Borgo Sansepolcro, y en lo espiritual dependía de un obispado extranjero. Pero esto no la aleja del caso voluntarista, lo confirma: eran relaciones contractuales entre partes, no tributos a una autoridad externa. Cospaia nunca reclamó autosuficiencia total, solo la ausencia de coacción en sus propios asuntos. Más discutible es llamarla «anarcocapitalista» en sentido estricto —el término es anacrónico y su orden interno se apoyaba en un consejo de ancianos con cierta autoridad moral—, por lo que «voluntarista» o «sin Estado» describen mejor el caso. Su «no agresión» probablemente debió tanto a la ausencia de institución coactiva como al tamaño reducido de la comunidad y al peso social de la presión familiar, un mecanismo de orden que no siempre escala.

    Y su final no fue una conquista violenta: en 1826, exhausta la tolerancia de sus vecinos y erosionada su economía por la propia legalización parcial del tabaco en los Estados Pontificios, sus catorce últimas familias firmaron la disolución a cambio de una moneda de plata y el permiso —ya regulado— de seguir cultivando.

    Aun con esos matices, Cospaia sigue siendo un dato incómodo para quienes sostienen que el orden social exige necesariamente un Estado que lo imponga. No fue una utopía teórica ni un experimento de laboratorio: fue un pueblo real, con nombres y apellidos, que durante casi cuatro siglos resolvió sus disputas sin tribunales estatales, protegió la propiedad sin policía y generó riqueza sin recaudar un solo impuesto. Su existencia no prueba que el anarquismo funcione siempre y en todo lugar. Prueba, más modestamente, que la ausencia de Estado no conduce automáticamente al caos hobbesiano que se nos enseña a temer. A veces, de un simple error cartográfico, pueden salir casi cuatro siglos de libertad.

  • LGBT y liberalismo: el derecho a vivir sin pedir permiso

    LGBT y liberalismo: el derecho a vivir sin pedir permiso

    Hay una idea que se ha instalado tanto entre conservadores como entre ciertos sectores progresistas: que ser LGBT implica, casi automáticamente, pertenecer a una determinada corriente política. Como si la orientación sexual o la identidad de género llevaran incorporado un programa económico, una visión del Estado o una forma de entender la sociedad. Desde una perspectiva liberal, esa premisa es falsa.

    El liberalismo no pregunta con quién compartes tu cama. Pregunta algo mucho más importante: ¿quién tiene derecho a decidir sobre tu vida? Y la respuesta es sencilla: tú.

    El individuo antes que el colectivo

    La gran diferencia entre el liberalismo y gran parte de la política contemporánea es que el primero no comienza por los grupos. Comienza por la persona.

    No existen derechos «gays», «heterosexuales», «trans», «blancos», «negros» o «católicos». Existen derechos individuales.

    El derecho a la vida.

    El derecho a la propiedad.

    El derecho a contratar.

    El derecho a expresarse.

    El derecho a asociarse.

    El derecho a amar a quien uno quiera.

    No porque el Estado los conceda, sino porque pertenecen a cada ser humano por el solo hecho de serlo. Cuando entendemos esto, desaparece la necesidad de crear categorías privilegiadas o ciudadanos de distinta jerarquía.

    El enemigo nunca fue el mercado

    Existe una narrativa muy difundida según la cual el capitalismo habría sido históricamente enemigo de las personas LGBT, sin embargo, la realidad es bastante distinta. Quienes encarcelaban homosexuales no eran las empresas. Quienes prohibían determinadas relaciones no eran los comerciantes. Quienes perseguían judicialmente determinadas conductas eran los Estados con sus normativas sobre la sodomía, las prohibiciones matrimoniales, la censura, la persecución policial. Todo eso fue poder político, no el mercado.

    No significa que las empresas siempre hayan sido inclusivas. Muchas no lo fueron. Pero una empresa puede equivocarse y perder clientes; un Estado puede perseguirte con la fuerza. La diferencia no es menor.

    La libertad incluye el derecho a equivocarse

    Aquí aparece uno de los puntos más difíciles de aceptar para muchos activistas. Un liberal defiende el derecho de una pareja homosexual a abrir un negocio. Pero también defiende el derecho de otra persona a no querer contratar con ellos. Y defiende exactamente el mismo derecho en sentido inverso. La libertad de asociación funciona en ambas direcciones.

    No existe libertad si solo protege las decisiones que nos gustan. Aceptar esto cuesta porque hemos confundido igualdad ante la ley con obligación de aprobación social. Son cosas completamente distintas.

    La igualdad jurídica no garantiza el afecto

    Ninguna ley puede obligar a alguien a admirarte, ni respetarte o invitarte a su cumpleaños. Tampoco a enamorarse de ti. La función del Derecho no consiste en fabricar afectos, sino en impedir agresiones.

    Cuando el Estado intenta convertir la aprobación social en obligación jurídica, inevitablemente invade libertades ajenas.

    El problema de la política identitaria

    Paradójicamente, buena parte del activismo contemporáneo LGBT ha terminado reproduciendo exactamente aquello que decía combatir. En lugar de decir: «Somos individuos iguales.» dice: «Somos un colectivo diferente que necesita un tratamiento especial.» Ese cambio es enorme y equivocado, porque deja de reclamar igualdad para comenzar a reclamar privilegios o cupos. Pide representaciones obligatorias, subsidios específicos. Es lo que llamamos discriminación positiva, con sus leyes especiales, observatorios o directamente solicitar Ministerios, Secretarías y Programas.

    Todo ello supone más poder político administrando diferencias. Y cuanto mayor es el poder para clasificar personas, mayor es también el riesgo de arbitrariedad.

    El orgullo no necesita permiso estatal

    Resulta llamativo que muchos gobiernos utilicen hoy la bandera arcoiris mientras mantienen enormes aparatos burocráticos que regulan la vida de millones de personas.

    El liberalismo propone algo distinto.

    No pide que el Estado celebre tu identidad. Pide algo mucho más modesto y, al mismo tiempo, mucho más revolucionario: que te deje vivir en paz.

    No hace falta un ministerio para amar. No hace falta un subsidio para formar una familia o una campaña oficial para desarrollar un proyecto de vida.

    Lo que hace falta es que nadie tenga poder para impedirlo.

    Más libertad significa más diversidad

    Las sociedades más libres suelen terminar siendo también las más diversas, pero no porque un gobierno diseñe esa diversidad, sino porque, cuando desaparecen las barreras legales, las personas comienzan a vivir como realmente desean.

    Algunos serán conservadores, otros progresistas. Habrá otros religiosos, ateos. Otroas más serán homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Y ninguno necesitará justificar su existencia ante una autoridad política.

    El verdadero desafío

    Quizá el mayor desafío para las personas LGBT sea dejar de pensar que necesitan un protector permanente. Porque quien hoy dice proteger también puede decidir mañana controlar. La historia demuestra que el poder cambia de manos, pero los derechos individuales permanecen.

    Por eso el liberalismo no ofrece protección especial. Ofrece algo mucho más sólido, que es una regla igual para todos, la Igualdad ante la Ley. Que ningún gobierno pueda decirte cómo debes vivir. Que ningún funcionario pueda decidir qué identidad merece reconocimiento. Que ningún político pueda convertir tu vida privada en un instrumento de su campaña.

    El liberalismo no necesita una teoría específica sobre las personas LGBT.

    Porque no necesita teorías específicas sobre ningún grupo.

    Su pregunta siempre es la misma:

    ¿Estamos respetando la libertad y los derechos de cada individuo?

    Si la respuesta es sí, entonces poco importa el sexo de tu pareja, tu identidad, tu religión o tus preferencias personales. Eso deja de ser un asunto político para convertirse en lo que siempre debió ser: tu vida. Y solo tuya.

  • BIP-110: ¿Quién decide el uso correcto de Bitcoin?

    BIP-110: ¿Quién decide el uso correcto de Bitcoin?

    Cada cierto tiempo, Bitcoin deja de discutir sobre tecnología y vuelve a discutir sobre filosofía. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con BIP-110.

    A primera vista, parece un debate técnico: cómo limitar el almacenamiento de datos arbitrarios en la blockchain, cómo reducir el «spam», cómo evitar que imágenes, tokens, inscripciones u otros contenidos ocupen espacio que muchos consideran destinado al dinero. Pero esa descripción es engañosa.

    La verdadera discusión no es qué tipo de datos deben entrar en Bitcoin, sino una de mayor profundidad filosófica que responde a ¿Quién tiene autoridad para decidir cuál es el uso correcto de Bitcoin?. Y esa ya no es una cuestión técnica. Nos involucra como liberales.

    El problema nunca fue el espacio.

    El espacio dentro de un bloque siempre fue escaso y eso lo supo quien sea Satoshi desde el primer día. Toda blockchain es, por definición, un recurso limitado. Y es justamente la escasez uno de los méritos, por lo cual el debate ha sido siempre cómo asignarla o gestionarla mejor dicho.

    Y Satoshi eligió una respuesta extremadamente simple para ello: es sólo el mercado. No un comité, tampoco un regulador o consejo de sabios.

    El mercado.

    Quien quiera utilizar espacio en un bloque debe competir pagando una comisión. Si millones desean usar la red al mismo tiempo, el precio sube. Si la demanda cae, el precio baja. Eso no es un defecto del sistema. Es precisamente su mecanismo de asignación.

    Lo que escribió Satoshi

    Muchos dentro de la comunidad sostienen que Bitcoin nació exclusivamente como dinero. Es cierto desde que el white paper habla de un sistema de efectivo electrónico entre pares.

    Pero también es cierto que, apenas unos días después del bloque génesis, Satoshi discutía públicamente aplicaciones mucho más amplias. En sus correos de enero de 2009 imaginaba pagos acompañados de mensajes, servicios de correo electrónico pagados con Bitcoin, mecanismos económicos para combatir el spam e incluso sistemas donde enviar un mensaje tuviera un costo precisamente para desalentar abusos.

    Lo interesante no es que imaginara esos casos de uso.Lo verdaderamente importante es cómo proponía resolver los problemas que ellos generaban. Nunca planteó prohibir esos usos. Lo que planteó es ponerles precio. En ese punto, el spam no debería combatirse mediante censura, sino por mecanismos de mercado, no la planificación central.

    Un pequeño documento histórico

    Permítannos ahora una experiencia personal. El 22 de diciembre de 2017, mucho antes de que existieran Ordinals, Runes o cualquier discusión parecida, decidimos utilizar CryptoGraffiti para grabar un mensaje navideño en la blockchain. No era una imagen. No era un NFT. No buscábamos especular.

    Simplemente nos fascinaba la idea de que un mensaje pudiera sobrevivir a las empresas, a nosotros, a los servidores y al paso del tiempo. Y pagamos por ello. ¿Por qué aparece en BCH? Porque en diciembre de 2017 el fork llevaba apenas cuatro meses. Muchísimos servicios seguían funcionando indistintamente con BTC y BCH, e incluso algunos migraron a BCH por las comisiones muchísimo más bajas.

    Y el mensaje quedó grabado.

    Éste fue el texto:

    «We believe that, like the Blockchain, our commitment with freedom and prosperity are forever and that our agreements and business relations are defined voluntarily by individuals.

    We trust this technology is returning the power to the people, making us more conscious, responsible and free. Let’s trust each other.

    Mr. John Bennett N., President, Mrs. Irene Giménez, General Manager, and the Staff at Goethals Consulting would like to wish you Seasons Greetings and Best Wishes for 2018.»

    9 años después ocurre algo curioso. CryptoGraffiti desapareció. El enlace original dejó de funcionar, como tantos servicios de Internet, el sitio quedó en el camino, pero el mensaje sigue existiendo y seguirá allí para la posteridad. No porque una empresa como Goethals lo conserve, ni porque exista una copia de seguridad. Sino porque quedó incorporado permanentemente a la blockchain.

    Puede verificarse todavía hoy en la transacción:

    TXID

    41f8540763550901d6325133b7b41f411274b988dfd571319f0335c4cf178575

    Fecha

    22 de diciembre de 2017.

    El mensaje puede verificarse en los primeros 23 outputs de la transacción, donde aparece codificado en hexadecimal dentro del pkscript.

    La empresa desapareció. La aplicación desapareció también, pero el protocolo permanece. Y ahí está precisamente la diferencia entre una aplicación y una infraestructura descentralizada.

    El error de fondo

    Los defensores de BIP-110 parten de una preocupación legítima e innegable. Muchos consideran que Ordinals, inscriptions, Runes y otros mecanismos están utilizando Bitcoin como almacenamiento permanente de datos, elevando costos y alejándolo de su función monetaria. Puede discutirse.

    No creemos que almacenar imágenes dentro de la blockchain sea el uso más interesante del espacio disponible, pero esa no es la cuestión.

    Porque incluso si aceptamos que se trata de un uso poco eficiente…la pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién decide qué constituye un uso legítimo del espacio de bloque?

    Ahí aparece exactamente el problema que Friedrich Hayek describía como la pretensión del conocimiento. Alguien supone conocer mejor que millones de usuarios cuál debería ser el destino «correcto» de un recurso escaso. Es el mismo error intelectual que Hayek criticó durante toda su vida.

    El mercado ya tiene un mecanismo.

    Los economistas en general y los entusiastas de Bitcoin, sobre todo los nuevos adoptantes, suelen olvidar algo elemental, que Bitcoin ya posee un sistema para asignar espacio. Se llama fee market.

    Si alguien desea gastar cientos de dólares para grabar una fotografía en la blockchain, aunque nos parezca absurdo ese gasto, lo cierto es que no está confiscando espacio. Lo está comprando.

    Exactamente igual que quien alquila un cartel publicitario para anunciar un producto ridículo. Podremos reírnos de su decisión, pero no por ello vamos a crear un Ministerio del Uso Correcto de las Vallas Publicitarias.

    El conocimiento que nadie posee

    Hay otro aspecto todavía más importante, incluso mencionado por Satoshi en sus correos, no en estos términos, pero sí insinuado: Nadie sabe para qué servirá Bitcoin dentro de veinte años.

    En 1993 nadie imaginó YouTube.

    En 1995 nadie imaginó Uber.

    En 2005 nadie imaginó ChatGPT.

    ¿Por qué alguien cree poder anticipar todos los usos futuros de una red monetaria descentralizada?Quizá dentro de una década existan aplicaciones que hoy parecen absurdas y que dependan precisamente de la posibilidad de incluir determinados datos en la cadena. O quizá no. En realidad nadie lo sabe. Y precisamente por eso resulta peligroso cerrar puertas desde hoy.

    Bitcoin nunca pidió permiso

    Hay una diferencia enorme entre decir: «No me gusta este uso de Bitcoin.» Y decir: «Ese uso debería dejar de ser posible.» Mientras que la primera es una opinión, la segunda modifica las reglas del juego para todos.

    Bitcoin jamás prometió que todos utilizarían la red de forma inteligente. Sostuvo algo mucho más revolucionario: que nadie necesitaría permiso.

    La lección liberal

    El verdadero conflicto de BIP-110 no enfrenta a monetaristas contra partidarios de Ordinals. Enfrenta dos formas completamente distintas de entender una sociedad libre.

    Una sostiene que los recursos escasos deben asignarse mediante decisiones descentralizadas tomadas por millones de individuos que pagan el costo de sus elecciones.

    La otra sostiene que ciertos usos son objetivamente superiores y que el protocolo debe reflejar esa preferencia.

    La primera confía en el mercado, pero la segunda, aunque persiga un objetivo noble, termina peligrosamente confiando en un comité.

    Y la historia económica lleva más de dos siglos enseñándonos cuál de las dos ideas genera más libertad.

    Porque el día que Bitcoin deje de preguntarse simplemente si una transacción cumple las reglas y empiece a preguntarse si le gusta el propósito para el cual fue creada, habrá empezado a parecerse demasiado al sistema del que intentó escapar.

    Una reflexión final

    No afirmamos que Satoshi hubiera apoyado los Ordinals. Nadie puede hablar en su nombre. En 2009 ni siquiera existía esa discusión. Además, como hemos demostrado con nuestra propia experiencia personal, la utilización de una blockchain para preservar información no nació con Ordinals. Existía muchos años antes. Había usuarios (como nosotros) que ya estaban dispuestos a pagar por ello.

    Lo que sí muestran los mails de Satoshi es una intuición constante: cuando aparecía un problema de abuso, su primera reacción no era preguntar qué debía prohibirse, sino qué incentivos económicos podían alinearse para que el propio sistema lo resolviera. Esa diferencia es enorme, porque revela dos maneras opuestas de pensar. Una confía en que unas pocas personas pueden decidir el uso correcto de un recurso escaso. La otra confía en que millones de individuos, actuando libremente y enfrentando los costos de sus propias decisiones, descubrirán por sí mismos los mejores usos posibles.

    Si algo distingue a Bitcoin desde su nacimiento, es precisamente esa segunda idea. Y quizá ese sea el legado más profundo de Satoshi Nakamoto: no haber diseñado un protocolo para imponer un propósito, sino un mercado donde el propósito emerge de la libertad de quienes lo utilizan.

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  • Brexit: a diez años, el balance que la mirada liberal no puede evadir

    Brexit: a diez años, el balance que la mirada liberal no puede evadir

    Hoy se cumplen exactamente diez años del referéndum del 23 de junio de 2016, y la fecha llega cargada de simbolismo: Keir Starmer, el séptimo primer ministro británico desde aquel día, presentó su renuncia apenas 24 horas antes del aniversario. Una década de inestabilidad en Downing Street —seis cambios de liderazgo, cinco conservadores y un laborista— resume mejor que cualquier discurso lo que el Brexit ha sido en términos políticos: una herida que no termina de cerrar. Conviene, en este aniversario, hacer un balance sin trampas, desde una perspectiva liberal que valore tanto la soberanía democrática como los costos reales de las decisiones, y que esté dispuesta a la autocrítica cuando los hechos lo exijan.

    La cuenta económica: más cara de lo prometido

    El dato más citado en estos días proviene de un estudio elaborado por el economista Nick Bloom, de Stanford, junto con economistas del Banco de Inglaterra, que tuvieron acceso a datos internos de la institución. Su conclusión, publicada justo antes del aniversario: los datos a nivel de empresa apuntan a una pérdida del PIB del 6% en diez años, mientras que estudios más amplios sugieren un promedio del 8%. El propio gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha admitido en público que el nivel de actividad y crecimiento de la economía fue menor a causa de la salida del mercado único. Bloom añade un matiz importante para cualquier liberal honesto: el Reino Unido crecía con fuerza antes del Brexit y podría haber mantenido, al menos en parte, el ritmo de Estados Unidos de no haber salido de la UE.

    Las nuevas relaciones comerciales prometidas como compensación tampoco han llegado a la magnitud anunciada. Según las propias estimaciones del gobierno británico, el acuerdo con Australia añadirá apenas un 0,08% al PIB a largo plazo, el de Nueva Zelanda un 0,03%, y el acuerdo con India, presentado como una gran victoria estratégica, apenas un 0,13%. El ingreso al CPTPP, celebrado como prueba de la nueva «Global Britain», entra en la misma categoría: simbólicamente relevante, económicamente marginal.

    La promesa incumplida que más duele: la inmigración

    Si hay un terreno donde la autocrítica liberal debe ser más severa, es la inmigración, precisamente porque era la bandera con la que el Brexit ganó el referéndum. Las cifras oficiales muestran que, lejos de reducirse, la migración neta alcanzó cerca de un millón de personas en 2023 antes de descender a 308.000 en 2025, con un cambio de composición —menos europeos, más migración extracomunitaria— pero no necesariamente con el control prometido en aquel autobús de campaña. Para un liberal clásico, esto no debería sorprender: el problema nunca fue Bruselas como tal, sino la falta de una política migratoria coherente, algo que la soberanía recuperada no resolvió automáticamente. Recuperar la capacidad legal de decidir no equivale a ejercerla bien.

    Soberanía regulatoria: la autonomía que pocos usan

    Aquí está, quizás, la autocrítica más incómoda para el liberalismo que defendió el Brexit en nombre de la desregulación. El Reino Unido recuperó, en teoría, plena capacidad para legislar fuera del marco de Bruselas. En la práctica, gran parte del tejido empresarial británico sigue alineándose voluntariamente con los estándares europeos, porque la UE sigue siendo, con diferencia, su mayor socio comercial y el costo de divergir resulta mayor que el beneficio. La soberanía formal existe; la revolución desreguladora que muchos brexiters de inspiración libertaria imaginaron, no. El llamado «efecto Bruselas» demostró ser más fuerte que la retórica de la independencia regulatoria.

    Geopolítica: de potencia continental a potencia media

    Desde la óptica geopolítica, el Brexit obligó al Reino Unido a redefinirse como una potencia media que apuesta por la angloesfera, los acuerdos de defensa bilaterales y un acercamiento estratégico al Indo-Pacífico, en lugar de actuar como ancla atlántica de un bloque continental de 450 millones de habitantes. Ha recuperado asientos propios en foros donde antes hablaba a través de Bruselas, pero también ha perdido el peso negociador que solo da formar parte del mercado único más grande del mundo. Los acuerdos recientes con la UE sobre Gibraltar, electricidad y cohesión territorial —todavía en negociación en este 2026— sugieren, de hecho, un lento proceso de realineamiento técnico que contradice la narrativa de ruptura total.

    Lo que de verdad piensan los británicos

    Y aquí aparece la paradoja que ninguna mirada liberal honesta puede ignorar: el malestar con los resultados del Brexit convive con un giro hacia el populismo euroescéptico más duro. Dos encuestas de Ipsos citadas por Associated Press muestran que el 52% de los británicos querría volver a unirse a la UE, frente a un 33% que se opone, y sin embargo Reform UK, el partido de Nigel Farage —el rostro histórico de la campaña por el Brexit—, encabeza las encuestas nacionales con cerca de un 27% de intención de voto. El electorado británico no está pidiendo más liberalismo de mercado ni más apertura: buena parte del malestar se canaliza hacia un nacionalismo proteccionista en torno a la inmigración y la identidad, no hacia la agenda de libre comercio y desregulación que muchos liberales esperaban del «Brexit bien hecho».

    El veredicto liberal sobre el Brexit, sin coartadas

    Una valoración intelectualmente honesta no puede limitarse a decir «yo lo advertí» desde ningún bando. Quienes defendieron el Brexit como ejercicio de autodeterminación democrática tenían razón en el principio —ningún liberal debería sentirse incómodo con que un pueblo decida, en referéndum, los términos de su asociación política—, pero deben reconocer que la promesa de una Gran Bretaña más libre, más desregulada y más próspera no se ha cumplido ni de lejos en la magnitud anunciada. Quienes se opusieron tenían razón en el diagnóstico económico, pero a menudo ignoraron, y siguen ignorando, que el malestar democrático con un bloque percibido como distante y opaco era legítimo y no se resuelve solo con cifras de PIB. El Brexit no fracasó por exceso de soberanía, sino por defecto de un programa liberal que la aprovechara. Diez años después, el Reino Unido tiene más control formal sobre sus leyes y menos crecimiento, más fronteras simbólicas y casi la misma inmigración, más discursos de independencia y menos margen real de maniobra frente a sus vecinos. Esa es la cuenta que ningún bando puede maquillar.

  • Colombia 2026: El tigre, el senador y el alma de una nación

    Colombia 2026: El tigre, el senador y el alma de una nación

    Colombia amaneció este lunes con dos nombres tatuados en su destino inmediato: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 no solo definen quiénes disputarán la presidencia el 21 de junio; trazan una frontera profunda entre dos visiones de Estado que difícilmente podrían ser más antagónicas. Con una abstención históricamente baja para una primera vuelta y más de 20 millones de votos emitidos, Colombia habló alto y con una claridad inquietante: el centro no existe.

    Lo que ocurrió ayer no fue únicamente una elección. Fue la certificación de que la polarización que Gustavo Petro instaló en el imaginario político colombiano ha dado a luz a su propio espejo: una ultraderecha populista que adopta el mismo lenguaje emocional, la misma retórica de salvación nacional y el mismo desprecio por los matices que caracteriza a los extremismos bien conocidos en la región. El uribismo tradicional fue desplazado. Paloma Valencia, con apenas un 7%, representa el cadáver político de la derecha moderada. El futuro se dirimirá entre dos proyectos que, desde una perspectiva liberal clásica, generan inquietudes legítimas aunque de naturaleza muy distinta.

    «La primera vuelta ha confirmado que Colombia no tiene un candidato de centro viable para el balotaje. Es la primera vez en la historia reciente del país que los dos extremos del espectro se enfrentarán solos.»— Análisis de Mundiario, 1 de junio de 2026

    I. Abelardo de la Espriella: el outsider que sorprendió

    Abogado penalista nacido en Montería, conocido por defender a figuras públicas y empresarios en procesos judiciales complejos, De la Espriella construyó su candidatura sobre el movimiento Defensores de la Patria desde finales de 2025. Su ascenso fue meteórico y su victoria en primera vuelta, con más de diez millones de votos, es políticamente significativa: logró penetrar en feudos de la Costa Caribe donde el Pacto Histórico esperaba dominar. Su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, aporta credencial técnica a una campaña que en lo demás ha apostado por la confrontación visceral.

    Su programa, bautizado como «El Milagro de los Nunca», propone una reducción del Estado en un 40% en cuatro años, un ajuste fiscal de 70 billones de pesos, rebajas tributarias para estimular la inversión privada, y un crecimiento anual del 7% «al estilo de Corea del Sur». En materia de seguridad, promete construir diez megacárceles privadas en la selva siguiendo el modelo del presidente Bukele de El Salvador, retomar la fumigación aérea con glifosato de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y recuperar en noventa días el control de zonas dominadas por grupos armados bajo lo que denomina una «Pax Romana».

    Desde una óptica liberal minarquista, la propuesta económica de De la Espriella tiene un atractivo superficial: reducir el Estado, bajar impuestos, liberar el mercado. Sin embargo, es necesario distinguir con precisión entre liberalismo y populismo de derecha. El primero confía en las instituciones, el Estado de derecho y los límites del poder ejecutivo. El segundo utiliza el lenguaje del mercado libre como legitimación retórica mientras concentra poder discrecional en el ejecutivo, debilita los contrapesos judiciales y moviliza emocionalmente a las masas contra un enemigo interno.

    Advertencia — Radicalización institucional

    La promesa de suspender los efectos de la JEP por decreto presidencial, la referencia al «estado de excepción» como instrumento de gobierno y el modelo Bukele de detención masiva sin garantías procesales son incompatibles con el liberalismo clásico. Un Estado mínimo que tortura o encarcela sin juicio no es minarquista: es autoritario. La diferencia no es cosmética; es constitutiva. Colombia ha pagado un precio histórico enorme por la concentración de poder ejecutivo. De la Espriella, pese a su retórica pro-mercado, no ofrece garantías institucionales convincentes.

    II. Iván Cepeda: la continuidad con otro rostro

    Senador del Pacto Histórico, hijo de un senador asesinado por el paramilitarismo, exiliado, estudioso del derecho internacional humanitario, Cepeda representa la continuidad ideológica del proyecto Petro con mejores modales institucionales. Su programa, «El poder de la verdad», tiene 433 páginas y habla de cuatro «revoluciones»: agraria, social, ética y política. Propone redistribución masiva de tierras, 30.000 kilómetros de vías terciarias, ampliación del programa Colombia Mayor de tres a cinco millones de beneficiarios, la creación de un Banco del Pueblo para erradicar la pobreza monetaria y una transición energética que abandone la dependencia del petróleo.

    Cepeda no es Petro, aunque lo prolonga. Es más disciplinado intelectualmente, menos dado a los estallidos autoritarios y más respetuoso de las formas democráticas. Sin embargo, su programa se lee, como han observado analistas de Cambio Colombia, «más como un manifiesto político que como un plan técnico de gobierno». La sostenibilidad fiscal de propuestas como ampliar Colombia Mayor, financiar créditos agrarios al 2% y crear múltiples fondos estatales nuevos depende de una reforma tributaria que el Congreso colombiano ha demostrado históricamente ser incapaz de aprobar en sus versiones más ambiciosas.

    «El bloque social de Cepeda es real: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicatos y jóvenes. Pero gobernar para ese bloque sin dañar el tejido productivo requiere una destreza fiscal que su programa aún no demuestra con claridad.»— Análisis comparativo, Razón Pública · Mayo 2026

    III. ¿Cuál gobierno puede mejorar Colombia?

    Esta pregunta, formulada con honestidad desde una perspectiva liberal minarquista, obliga a reconocer algo incómodo: ninguno de los dos finalistas representa un ideal liberal. Ambos proponen un Estado activo y potencialmente intervencionista, aunque en distintas áreas y con distintos riesgos para las libertades civiles.

    El caso para una preferencia condicionada por Cepeda

    Si la pregunta se reduce a instituciones, Colombia requiere un gobierno que respete el Estado de derecho, la independencia judicial y las libertades de prensa. El historial de Cepeda como defensor de derechos humanos, la ausencia de amenazas al sistema judicial y su menor predisposición al discurso de «estado de excepción» lo hacen preferible desde el ángulo de las garantías institucionales básicas. Un liberal clásico puede oponerse a su programa económico, pero puede al menos confiar en que las cortes seguirán funcionando y los periodistas no serán intimidados sistemáticamente.

    El caso para una preferencia condicionada por De la Espriella

    Si la pregunta se centra en economía y seguridad fiscal, De la Espriella tiene propuestas en el papel más compatibles con un Estado más pequeño y una economía de mercado. Su fórmula vicepresidencial, Restrepo, es un economista serio. El combate frontal al narcotráfico, si se ejecuta dentro del marco legal, podría reducir una de las principales fuentes de violencia e inestabilidad que impide el desarrollo. Un liberal pragmático podría apostar por su gestión económica mientras espera que las instituciones contengan sus instintos más autoritarios.

    IV. El fracaso del centro y la lección que nadie aprende

    Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y candidato del centro ilustrado, fue eliminado. Paloma Valencia, con propuestas moderadas de centroderecha, quedó en un distante tercer lugar. El mapa electoral colombiano de 2026 confirma lo que ya insinuaba 2022: la polarización no es un accidente sino una estrategia rentable. Tanto el petrismo como su contraparte de ultraderecha se benefician de un electorado que vota por miedo al otro, no por amor a su candidato.

    Para quienes creen en el liberalismo clásico —en la limitación del poder, en los derechos individuales, en el mercado libre dentro de un Estado de derecho robusto— Colombia ofrece hoy un menú de opciones profundamente insatisfactorio. Lo que resta antes del 21 de junio es observar con atención si alguno de los dos finalistas es capaz de moderar su discurso, construir coaliciones hacia el centro y ofrecer garantías institucionales suficientes para gobernar un país que no puede permitirse más experimentos ideológicos de alta temperatura.

    V. Implicaciones para Panamá

    Para la República de Panamá, las elecciones colombianas tienen consecuencias directas y concretas. El Tapón del Darién, el narcotráfico transnacional, los acuerdos de cooperación bilateral y la política exterior regional son áreas donde el próximo gobierno colombiano tendrá un impacto inmediato en los intereses panameños.

    Con De la Espriella — Oportunidades

    • Mayor cooperación militar en el Darién: la estrategia «Pax Romana» implica presión sobre el Clan del Golfo, principal controlador del tráfico migratorio
    • Alineación ideológica con el gobierno de Mulino: coincidencia en política de mano dura migratoria y antinarcóticos
    • Probable acercamiento a Washington: relaciones más fluidas con EE.UU. facilitarían el trilateral Panamá-Colombia-EE.UU. para control del Darién
    • Reducción potencial del flujo migratorio si la fumigación y el combate al Clan del Golfo reducen las rentas criminales

    Con De la Espriella — Amenazas

    • Riesgo de «balcanización» del combate: operaciones de fuerza bruta sin coordinación pueden desplazar flujos migratorios sin eliminarlos
    • Si usa decreto presidencial para suspender la JEP, podría tensionar acuerdos de paz que mantienen ciertos corredores controlados
    • Su estilo confrontacional puede generar inestabilidad interna en Colombia con efectos regionales
    • Fumigación aérea masiva puede afectar ecosistemas transfronterizos del Darién

    Con Cepeda — Oportunidades

    • Continuidad del proceso de paz puede reducir zonas de conflicto armado en áreas limítrofes
    • Política exterior más activa en foros multilaterales: mayor coordinación regional en gestión migratoria
    • Enfoque en desarrollo rural colombiano podría reducir causas profundas de emigración
    • Relaciones diplomáticas más estables con Venezuela podrían facilitar la gestión regional de flujos migratorios

    Con Cepeda — Amenazas

    • Continuación de la «Paz Total» implica negociación con el Clan del Golfo, que mantiene control del Darién como fuente de renta
    • Posible distanciamiento de Washington en materia de seguridad, debilitando la cooperación trilateral
    • Si la economía colombiana deteriora, aumenta la presión migratoria interna hacia el norte
    • Tensión con el gobierno Mulino si Cepeda adopta posiciones más cercanas a Venezuela o Nicaragua

    En términos estructurales, el principal interés de Panamá es que Colombia tenga un gobierno capaz de ejercer soberanía efectiva sobre el Darién y de cooperar con seriedad en el combate al Clan del Golfo. Por este criterio específico, un gobierno de De la Espriella ofrece más retórica de acción inmediata; un gobierno de Cepeda ofrece más estabilidad a largo plazo si sus diálogos de paz producen resultados. Ninguno garantiza la solución definitiva de un problema estructural que lleva décadas.

    VI. Lo que viene antes del 21 de junio

    La campaña de segunda vuelta será probablemente la más tensa que Colombia ha vivido en décadas. Cepeda necesita convencer a los votantes de Fajardo, Valencia y otros candidatos del centro y centroderecha para alcanzar mayoría. De la Espriella parte con ventaja numérica pero enfrenta el desafío de que su voto duro tiene techo conocido y que el voto de miedo puede actuar en su contra tanto como a su favor.

    Los colombianos que votaron ayer por candidatos eliminados tienen ahora la palabra más importante. La decisión que tomen en las próximas tres semanas no solo determinará quién gobierna Colombia hasta 2030, sino que enviará una señal sobre si la democracia colombiana es capaz aún de producir gobiernos que respeten las reglas del juego, las libertades fundamentales y la separación de poderes.

    Desde esta orilla analítica, la preocupación no es ideológica sino institucional. Colombia merece un gobierno que administre bien el Estado, no que lo use como arma. Que reduzca la violencia sin convertirse en violencia. Que amplíe libertades, no que las suspenda en nombre de la seguridad. Ninguno de los dos finalistas ha demostrado todavía ser ese gobierno. La segunda vuelta es la última oportunidad para convencer.

    Nota editorial: Este análisis fue elaborado el 1 de junio de 2026, horas después del cierre del preconteo oficial. Los datos electorales provienen de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Las evaluaciones programáticas se basan en los planes de gobierno registrados ante el Consejo Nacional Electoral, declaraciones públicas de campaña y análisis de El Tiempo, El Espectador, Semana, La Silla Vacía, Razón Pública, Bloomberg Línea, CNN en Español e Infobae.

    Perspectiva declarada: Este análisis adopta una perspectiva liberal minarquista: favorable a la limitación del poder estatal, al Estado de derecho, a las libertades civiles y económicas, y crítica tanto del autoritarismo de derecha como del populismo de izquierda. Esta perspectiva no es neutral; es transparente.

  • IA de código abierto: regular lo irregulable

    IA de código abierto: regular lo irregulable

    El Financial Times publicó esta semana una investigación que, según sus autores, debería inquietarnos: las barreras de seguridad integradas en modelos de inteligencia artificial (IA) de código abierto —como los de Meta o Google— pueden desactivarse en menos de diez minutos, sin hardware especializado y con herramientas disponibles en cualquier repositorio público. El resultado: sistemas que acceden a información sobre armas, malware o sustancias peligrosas. La reacción refleja predecible ha sido exigir más regulación. Pero antes de que los legisladores se lancen a una nueva cruzada prohibicionista, conviene hacer algunas preguntas incómodas.


    El espejismo del control en el punto de origen


    La lógica regulatoria dominante sitúa el problema en la fase de desarrollo: si las empresas construyen modelos más seguros, el daño queda contenido. Es una intuición comprensible pero profundamente errónea cuando se aplica a software de código abierto. Una vez que los pesos de un modelo se distribuyen libremente por internet —como ocurre con Llama de Meta o Gemma de Google—, el código se convierte en un bien público irreversible. Regularlo en origen es tan efectivo como haber intentado prohibir Linux o el protocolo BitTorrent. Los expertos citados en el propio reportaje lo admiten sin rodeos: «Es poco probable que los gobiernos puedan impedir que actores decididos accedan o modifiquen modelos una vez que sus pesos se encuentren ampliamente replicados online.»

    «Regular el código abierto en origen es tan efectivo como haber intentado prohibir Linux o el protocolo BitTorrent.»


    Esta no es una posición radical. Es simplemente la realidad técnica y económica de cómo funciona la distribución digital. Y sin embargo, los marcos regulatorios que se están construyendo —el AI Act europeo, los enfoques emergentes en el Reino Unido y Estados Unidos— siguen apostando mayoritariamente por controles sobre los desarrolladores originales, como si el resto de la cadena no existiese.


    Los costos invisibles de la prohibición


    El debate sobre la seguridad de la IA tiende a contabilizar sólo los riesgos de la tecnología y a ignorar por completo los costos de su supresión. Pero esos costos existen y son enormes. Los modelos de código abierto democratizan el acceso a la IA (inteligencia artificial): médicos rurales en países sin infraestructura tecnológica, periodistas en regímenes autoritarios, investigadores académicos sin presupuesto para APIs comerciales, pequeños emprendedores que compiten con gigantes corporativos. Todos ellos dependen de sistemas que ninguna empresa cerrada les ofrecería en igualdad de condiciones. Cuando los reguladores hablan de «restringir los modelos de código abierto de alto riesgo», rara vez mencionan a estos usuarios. Sus costos no aparecen en los informes del Financial Times.


    La alternativa cerrada tampoco es el paraíso de la seguridad que sus defensores proclaman. Los modelos propietarios de OpenAI, Anthropic o Google son igualmente vulnerables a los llamados «jailbreaks», sometidos a presiones comerciales que a menudo priorizan el lanzamiento sobre la auditoría, y opacos por definición: nadie puede examinar sus pesos, sus sesgos ni sus fallos. La seguridad que ofrecen es en gran medida una seguridad de marca, no una garantía técnica verificable.


    Dónde tiene sentido actuar


    La perspectiva liberal no implica ingenuidad ante los riesgos reales. Implica precisión en el diagnóstico y proporcionalidad en la respuesta. Los expertos del propio artículo apuntan en la dirección correcta cuando señalan que la regulación sería «más efectiva si se enfocara en el despliegue, la distribución y el uso dañino en el mundo real», en lugar de en la capa de desarrollo. Eso es razonable. El abuso concreto de un modelo —ya sea para fabricar malware, generar desinformación o diseñar armas— puede perseguirse mediante el derecho penal existente, sin necesidad de crear nuevos cuerpos burocráticos que supervisen el entrenamiento de modelos como si fuese enriquecimiento de uranio.


    Del mismo modo, los estándares de transparencia sobre el uso real de estos sistemas en infraestructuras críticas —salud, energía, justicia— son razonables y justificables. Lo que no lo es es construir un régimen de licencias y restricciones previas que, en la práctica, sólo podrán cumplir las grandes corporaciones tecnológicas con ejércitos de abogados, mientras los actores pequeños y los investigadores independientes quedan excluidos del ecosistema. Eso no es seguridad. Es la captura regulatoria de siempre con un barniz de ingeniería de sistemas.


    El conocimiento no se regula: se gestiona


    Hay una tensión irresuelta en el corazón de este debate: los mismos actores que más se beneficiarían de restricciones al código abierto —las grandes empresas de IA propietaria— son quienes más recursos tienen para influir en el diseño de esa regulación. No es una teoría conspirativa; es la dinámica habitual de cualquier mercado regulado. El resultado casi invariable es lo que los economistas llaman «barreras de entrada disfrazadas de bien público».


    El conocimiento técnico, una vez distribuido, no puede devolverse a la caja. La historia de internet, de la criptografía, del software libre, lo demuestra sin excepción. Los modelos de IA de código abierto son ya parte del paisaje tecnológico global, y ninguna directiva emanada de Bruselas o Washington va a cambiar ese hecho. Lo que sí pueden hacer los gobiernos es invertir en educación digital, en marcos de responsabilidad civil claros para el mal uso demostrado y en investigación pública sobre seguridad. Eso requiere menos retórica de emergencia y más paciencia institucional. Virtudes, hay que reconocerlo, escasas en temporada electoral.

  • Emprendedor Anónimo: el que crea riqueza.

    Emprendedor Anónimo: el que crea riqueza.

    Hay un tipo de emprendedor en Panamá del que nadie habla en los foros de innovación, en los premios gala de las cámaras de comercio, ni en los discursos del Ministerio de Comercio. No tiene pitch deck. No ha pasado por ninguna incubadora. No recibió capital semilla del Estado ni financiamiento de ningún organismo multilateral con siglas en inglés.

    Llegó —muchas veces desde el otro lado del mundo, sin hablar una palabra de español— con una maleta, una familia, y una disposición absoluta a trabajar más horas de las que cualquier código laboral contempla. Abrió un mini súper en una esquina que nadie quería. Vive en la trastienda. Sus hijos atienden la caja los fines de semana. Conoce el nombre de cada cliente del barrio.

    Los panameños los llaman, con una mezcla de afecto y distancia, «los chinitos». Están en Colón y en La Chorrera, en Chepo o en Chitré, en Bocas del Toro o en la ciudad capital, en los corregimientos que la banca no visita y el Estado solo recuerda cuando llega la campaña electoral. Son la red de distribución más eficiente y más resiliente de Panamá, construida sin un solo centavo público, sin un solo plan nacional, sin un solo funcionario que los guiara.

    Ese es el emprendedor que este artículo quiere reivindicar. El que no tiene nombre en los titulares precisamente porque no lo necesita. El que no espera que el Estado lo reconozca porque aprendió, antes que nadie, que el Estado es lo primero que hay que aprender a sortear.

    La verdad incómoda sobre los «casos de éxito» oficiales

    Panamá tiene un problema serio con su narrativa empresarial. Cada año, premios y gremios y ministerios presentan sus listas de emprendedores exitosos, sus historias de innovación, sus startups modelo. Y cada año, quienes conocen el tejido real de los negocios panameños se hacen la misma pregunta en voz baja: ¿cuánto de ese éxito viene del mercado, y cuánto de conexiones que no aparecen en ningún balance?

    En un país donde la captura del Estado por intereses privados tiene décadas de historia documentada, donde los contratos públicos y las exoneraciones fiscales se distribuyen con una opacidad que desafía cualquier auditoría, y donde la línea entre el empresario exitoso y el empresario bien conectado es a menudo invisible, la prudencia intelectual obliga a suspender el juicio sobre cualquier «caso de éxito» que no pueda explicar su crecimiento sin mencionar alguna relación con el aparato estatal.

    Esto no es cinismo. Es honestidad histórica. Y desde una perspectiva libertaria, es especialmente importante: porque el capitalismo de amigos y compadres —ese sistema donde el éxito empresarial depende más de tus contactos en la Presidencia que de tu capacidad de servirle al cliente— no es libre mercado. Es mercantilismo con traje moderno. Es el enemigo disfrazado de aliado.

    El verdadero libre mercado no premia las conexiones. Premia la utilidad. Y nadie entiende eso mejor que el emprendedor que llegó sin conexiones.

    El inmigrante sin red: el experimento más puro del libre mercado

    Imagínate llegar a un país sin hablar su idioma. Sin conocer sus costumbres. Sin parientes en la administración pública. Sin abogado que te oriente ni contador que te explique el sistema. Con un capital que cabe en una mochila y una red de apoyo que se limita a tu familia inmediata —que tampoco conoce el territorio.

    Y aun así, abrir un negocio. Mantenerlo abierto. Pagar tus deudas. Criar a tus hijos. Y con el tiempo, tal vez abrir un segundo local. Y luego un tercero.

    Ese proceso, repetido silenciosamente en cientos de barrios panameños por décadas, es el experimento más puro y más honesto de lo que el libre mercado puede hacer cuando se le da espacio. No hay subsidio que explique ese éxito. No hay programa estatal que lo reivindique. Solo hay trabajo, frugalidad, conocimiento del cliente, y una disposición a vivir con los márgenes que el mercado permite antes de exigir más.

    El mini súper del barrio no sobrevive porque el Estado lo proteja. Sobrevive porque sirve a su comunidad mejor que cualquier alternativa disponible. Abre cuando los supermercados grandes ya cerraron. Fía cuando el banco no existiría para ese cliente aunque quisiera. Conoce cuándo el cliente del frente cobra su quincena. Eso no es un modelo de negocio que se aprende en ninguna escuela de emprendimiento. Es inteligencia de mercado en su forma más pura: ganada en el terreno, día a día, sin red de seguridad.

    Lo que el Estado le hace a este emprendedor:

    Le cobra por existir antes de que pueda ganar

    El primer obstáculo que encuentra cualquier emprendedor informal al intentar formalizarse no es la complejidad del trámite. Es el costo. Registros, permisos municipales, licencias sanitarias, idoneidades, patentes comerciales. Cada una tiene su precio. Cada una tiene su fila. Cada una tiene su funcionario con criterio discrecional sobre si tu documentación está «completa».

    Para el tendero que opera con márgenes de centavos por transacción, ese costo inicial no es un obstáculo menor. Es a menudo la diferencia entre existir dentro del sistema y existir fuera de él. Y cuando el Estado diseña ese sistema y luego le llama «informalidad» al resultado, está culpando a la víctima.

    Le aplica reglas diseñadas para gigantes

    El Código de Trabajo panameño fue concebido en una época en que «empresa» significaba una gran corporación con departamento de recursos humanos. Sus exigencias de indemnización, las rigideces en la contratación y el despido, la obligatoriedad de decimotercer mes y vacaciones con fórmulas complejas, tienen sentido —quizás— para una empresa con 200 empleados y un departamento legal. Para el tendero que quiere contratar a un vecino del barrio dos tardes por semana, ese marco es absurdo. Y en la práctica, lo que produce es más informalidad laboral, no menos: porque el emprendedor racional elige no contratar antes que quedar atrapado en una relación laboral que no puede sostener.

    Le amenaza con la inspección como instrumento de extracción

    En demasiados barrios panameños, la visita del inspector municipal no es garantía de cumplimiento normativo. Es una negociación. Eso no es una acusación sin fundamento: es la experiencia cotidiana de quienes operan en los márgenes del sistema formal. Para el emprendedor sin conexiones ni abogado, la discrecionalidad del funcionario no es un riesgo abstracto. Es un costo operativo que hay que presupuestar junto con el alquiler y el inventario.

    Le da subsidios a sus competidores

    Aquí la ironía más aguda: mientras el pequeño comerciante lucha por sobrevivir con sus propios recursos, el Estado panameño ha otorgado históricamente exoneraciones fiscales, acceso preferencial a crédito, y protecciones regulatorias a sectores y empresas con suficiente músculo político para solicitarlas. El resultado es una competencia que no es libre: es una carrera en la que unos corren con peso extra y otros con viento a favor, y el peso extra siempre recae sobre el que no tiene nombre en el directorio de alguna cámara o agrupación empresarial.

    Las estrategias del emprendedor anónimo: lecciones sin certificado

    El comerciante que llegó sin idioma ni red no leyó a Hayek. Pero practica sus principios con una coherencia que muchos economistas académicos envidiarían.

    Capitaliza la información local que nadie más tiene. Sabe qué producto se vende más el viernes. Sabe qué familia está pasando un mes difícil. Sabe qué proveedor da mejor precio si pagas de contado. Esa inteligencia de mercado hiperlocal es su ventaja competitiva real, y ningún algoritmo de distribución corporativa puede replicarla.

    Opera con cero deuda cuando puede. La aversión al crédito formal —en parte por desconfianza, en parte por exclusión— produce, paradójicamente, negocios más resilientes. Sin servicio de deuda que pagar, el negocio puede sobrevivir meses malos que quebrarían a un competidor mejor financiado pero más apalancado.

    Reinvierte antes de consumir. La frugalidad no es virtud abstracta: es disciplina de supervivencia empresarial. El local que se expande despacio, que no cobra más de lo que el mercado aguanta, que construye reputación antes que volumen, construye también durabilidad.

    Construye redes de confianza sin contrato. El fiado —esa práctica de vender a crédito informal— parece arriesgado desde fuera. Desde adentro, es un sistema sofisticado de gestión de relaciones: el comerciante que fía conoce a su clientela mejor que cualquier analista de riesgo bancario. La tasa de recuperación, anecdóticamente, suele ser superior a la de muchos programas de microcrédito formal.

    Transita la regulación, no la confronta. No por deshonestidad, sino por pragmatismo: el emprendedor anónimo aprende rápido qué regulaciones son inviolables y cuáles son negociables, qué inspector tiene criterio fijo y cuál tiene criterio variable. No es una actitud que se deba celebrar. Es una adaptación racional a un sistema que no fue diseñado para él.

    El emprendedor anónimo como agente político, aunque no lo sepa

    Hay algo profundamente político en abrir un negocio sin pedir permiso más allá del mínimo indispensable. En servir a una comunidad que el Estado ignora. En crear empleo sin subsidio. En demostrar, con cada día que el local abre sus puertas, que la coordinación voluntaria entre personas libres produce resultados que ningún plan centralizado puede imitar.

    El tendero del barrio no hace discursos sobre la libertad de empresa. Pero la practica con más coherencia que muchos que sí los hacen. Cada transacción voluntaria entre él y su cliente es un voto en favor del mercado libre. Cada empleo que genera sin burocracia es un argumento empírico contra el mito de que el Estado es necesario para crear prosperidad.

    Lo que Panamá necesita no es que ese emprendedor aprenda a hablar el idioma de la política. Necesita que la política aprenda a hablar el idioma de ese emprendedor. Que entienda que la mejor política de desarrollo económico no se escribe en un plan quinquenal: se escribe quitando obstáculos y dejando que la gente construya.

    Lo que Panamá debe al emprendedor que nunca nombra

    Con casi la mitad de su fuerza laboral en la informalidad, Panamá sobrevive —en gran medida— gracias a una economía paralela de iniciativa privada pura que el Estado ni financia ni reconoce ni entiende. Esa economía alimenta familias, sostiene barrios, y crea redes de intercambio que funcionan con una eficiencia que ningún ministerio ha podido replicar.

    La deuda del Estado con ese emprendedor anónimo no es de gratitud retórica. Es de reforma concreta: que los trámites de formalización cuesten lo que un emprendedor puede pagar, no lo que un funcionario considera razonable. Que las reglas laborales tengan una versión para quien contrata a dos personas y otra para quien contrata a doscientas si no pueden tener la misma norma igual para todos, que sería el óptimo a perseguir. Que la inspección sea para garantizar cumplimiento, no para recaudar extrajudicialmente. Que las exoneraciones fiscales no sean privilegio de los bien conectados sino regla general para quien comienza. Que el crédito formal llegue a quien tiene historia de pago informal documentable, no solo a quien tiene garantía colateral que ya implica que no lo necesita.

    En síntesis: que el sistema se construya desde la realidad del que menos tiene, no desde la comodidad del que ya llegó.

    El héroe que no necesita ser nombrado

    El emprendimiento más honesto de Panamá no tiene nombre en ningún directorio. No ganó ningún premio. No apareció en ningún reportaje sobre «los jóvenes que están cambiando el país». Llegó sin idioma, construyó sin red, sobrevivió sin subsidio. Levanta sus rejas antes del amanecer y las baja después de la medianoche.

    Ese emprendedor es el argumento más poderoso contra la idea de que el Estado es necesario para que la economía funcione. Es la prueba viviente de que cuando se deja a las personas en libertad de servirse mutuamente, lo hacen con una creatividad y una eficiencia que ningún burócrata puede planificar.

    La libertad no es un concepto filosófico en ese mini súper del barrio. Es el precio que marca el dueño, la hora que decide abrir, el crédito que elige dar, la esquina que decidió ocupar cuando nadie más la quería.

    Eso es libre mercado. Sin apellido. Sin premio. Sin permiso.

  • El orfanato de Asunción que enseña Bitcoin a niños vulnerables

    El orfanato de Asunción que enseña Bitcoin a niños vulnerables

    En Asunción, Paraguay, en un orfanato, está ocurriendo algo con Bitcoin que probablemente todavía no terminamos de dimensionar del todo.

    Mientras gran parte del sistema educativo mundial continúa formando alumnos para estructuras económicas del siglo XX, un pequeño hogar de niños vulnerables está enseñando a sus adolescentes herramientas monetarias y tecnológicas que podrían definir buena parte del siglo XXI.

    Y no sucede en Silicon Valley, ni en una universidad de élite, ni en un colegio privado de 40.000 dólares al año.

    Sucede en la Fundación Virgen de Guadalupe. Allí, junto a iniciativas como Escuelita Bitcoin y miembros de la comunidad bitcoin paraguaya, adolescentes en situación de vulnerabilidad están aprendiendo autocustodia, Lightning Network, wallets, pagos digitales, ahorro, programación y educación financiera práctica.

    A simple vista, alguien podría pensar: “Bueno, están enseñando criptomonedas”.

    Pero lo que realmente ocurre es muchísimo más profundo, porque estos chicos no están siendo introducidos únicamente a un activo financiero: están siendo expuestos tempranamente a una nueva arquitectura de propiedad, soberanía económica y coordinación voluntaria digital global.

    Y ahí aparece lo verdaderamente revolucionario del caso.

    Históricamente, las grandes innovaciones financieras siempre llegaron primero a las élites:
    bancos, universidades prestigiosas, fondos de inversión, círculos tecnológicos privilegiados.

    Los sectores vulnerables, en cambio, casi siempre llegaron tarde, sin acceso, sin capital cultural, sin herramientas técnicas y muchas veces sin posibilidad de proteger patrimonio propio.

    En Paraguay parece estar ocurriendo exactamente lo contrario.

    Según Revista PLUS, el programa educativo lleva aproximadamente un año y medio y ya capacitó a unos 20 adolescentes, varios de los cuales comenzaron posteriormente a enseñar esos conocimientos a otras personas.

    Y esto sí constituye una anomalía histórica. Al menos la historia que regularmente nos enseña que las oportunidades se dan generalmente en entornos más elitistas o que cuentan con mejores herramientas educativas; y porque además, mientras muchos colegios tradicionales siguen enseñando contenidos industriales diseñados para economías analógicas y burocráticas, estos adolescentes vulnerables aprenden:

    • cómo custodiar valor,
    • cómo operar en redes descentralizadas,
    • cómo recibir pagos globales,
    • cómo ahorrar fuera de sistemas inflacionarios,
    • cómo interactuar con infraestructura digital abierta.
    • la importancia de la propiedad privada y su relación con la soberanía financiera

    No es solamente tecnología. Es alfabetización económica de avanzada.

    Y además hay algo todavía más poderoso: la dimensión psicológica.

    Muchos de estos jóvenes provienen de contextos donde la dependencia institucional ha marcado buena parte de sus vidas. Sin embargo, Bitcoin introduce exactamente la lógica opuesta: responsabilidad individual, verificación, autonomía y autocustodia. La carga simbólica es enorme.

    Una tecnología creada precisamente para reducir dependencia institucional termina siendo enseñada en un hogar de niños vulnerables latinoamericanos. Es casi poético.

    El propio ecosistema alrededor de la fundación muestra que no se trata simplemente de “teoría”. En eventos como elBitcoin Pizza Day organizado junto a Bitcoin Paraguay y Escuelita Bitcoin, los chicos cocinan pizzas, realizan actividades y reciben pagos en BTC mediante Lightning Network, utilizando esos recursos para mejoras reales en la infraestructura del hogar.

    Además, distintas publicaciones de la fundación muestran talleres sobre wallets y herramientas prácticas de uso cotidiano de Bitcoin.

    Quizá por primera vez en mucho tiempo, un grupo de chicos sin grandes privilegios materiales está adquiriendo antes que gran parte de las élites tradicionales una ventaja comparativa potencialmente gigantesca.

    Un adolescente que hoy aprende Lightning Network no solo aprende a enviar dinero. También aprende a participar de una economía global sin fronteras.

    Eso puede significar mañana:

    • trabajo remoto,
    • microemprendimientos digitales,
    • programación,
    • educación online,
    • inserción internacional,
    • ahorro soberano.
    • ser un individuo libre y responsable

    Mientras muchos sistemas educativos siguen formando empleados para estructuras viejas, estos chicos podrían estar siendo preparados para infraestructuras futuras. Y para ordenar su vida como mejor le parezca. Esto es lo que los libertarios llamamos «educación en libertad».

    Y tal vez allí resida lo más extraordinario de todo: un orfanato latinoamericano podría estar ofreciendo, en ciertos aspectos, una educación más alineada con el futuro que muchas escuelas privadas del primer mundo.

    No porque tenga más dinero, sino porque entendió antes hacia dónde se mueve el mundo. Y porque decenas de entusiastas y emprendedores del ecosistema Bitcoin decidieron hacer algo cada vez más raro: poner tiempo, conocimiento y dinero honesto donde ponen su discurso. Gracias a esa colaboración libre y voluntaria, chicos que nacieron con menos oportunidades podrían terminar accediendo antes que gran parte del mundo a las herramientas económicas y tecnológicas que los harán libres y dueños de su futuro.

    Si desean contribuir con este proyecto maravilloso, aquí les dejamos cómo hacerlo.