Durante años, el imaginario occidental asoció a Corea del Norte con misiles, desfiles militares y amenazas nucleares. Sin embargo, el régimen de Kim Jong-un ha perfeccionado otra arma mucho más silenciosa y sofisticada: la infiltración digital global mediante trabajadores tecnológicos falsos que operan desde el anonimato.
Lo que parecía una teoría conspirativa hoy se ha convertido en una preocupación concreta para gobiernos, empresas y agencias de inteligencia occidentales. Investigaciones recientes revelan que miles de supuestos desarrolladores, ingenieros de software y especialistas IT que trabajan remotamente para compañías occidentales serían, en realidad, operativos vinculados al aparato estatal norcoreano.
El mecanismo de la infiltración digital es tan simple como perturbador.
Utilizando identidades robadas o completamente fabricadas, estos trabajadores aplican a empleos remotos en empresas de Estados Unidos y Europa. Se presentan como ciudadanos estadounidenses, europeos o asiáticos radicados en terceros países. Sus perfiles en LinkedIn suelen parecer impecables: experiencia creíble, certificaciones técnicas y hasta entrevistas virtuales realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial y deepfakes.
Una vez contratados, reciben equipos corporativos enviados a direcciones controladas por colaboradores en territorio occidental. Allí entran en juego las llamadas “laptop farms”: viviendas o depósitos con decenas de computadoras conectadas remotamente para que el verdadero operador, ubicado fuera del país objetivo —muchas veces en China o Rusia— pueda trabajar simulando estar físicamente en Estados Unidos.
El resultado es alarmante.
Según estimaciones citadas por autoridades estadounidenses y firmas de ciberseguridad, el esquema habría infiltrado a cientos de empresas, incluyendo compañías tecnológicas de primer nivel y contratistas vinculados a sectores sensibles. Algunas investigaciones incluso sostienen que prácticamente todas las grandes corporaciones estadounidenses habrían recibido postulaciones asociadas a estas redes.
Pero el objetivo no es únicamente económico.
Aunque el régimen obtiene millones de dólares en salarios desviados hacia Pyongyang —dinero que ayudaría a financiar programas militares y nucleares—, el verdadero riesgo radica en el acceso privilegiado a sistemas corporativos, datos sensibles y propiedad intelectual.
La sofisticación del esquema ha crecido exponencialmente gracias a la expansión del trabajo remoto posterior a la pandemia y al avance de la inteligencia artificial. Microsoft advirtió recientemente que agentes norcoreanos utilizan software de modificación de voz, intercambio facial y generación automatizada de perfiles profesionales para superar entrevistas y verificaciones de identidad.
Incluso gigantes tecnológicos como Amazon reconocieron haber bloqueado miles de postulaciones sospechosas desde 2024.
El fenómeno también expone una fragilidad estructural del capitalismo digital contemporáneo: empresas obsesionadas con reducir costos mediante contratación remota global terminaron creando, involuntariamente, una superficie ideal para operaciones estatales encubiertas.
La paradoja es brutal.
Mientras Occidente celebraba la eliminación de fronteras laborales gracias al teletrabajo, regímenes autoritarios entendieron rápidamente que esa misma apertura podía transformarse en un vector de espionaje, financiamiento clandestino y penetración estratégica.
La amenaza ya no llega necesariamente en forma de malware o ataques visibles. A veces aparece como un programador eficiente, puntual y técnicamente brillante que participa de reuniones por Zoom desde una identidad cuidadosamente construida.
En otras palabras: el espía del siglo XXI ya no necesita infiltrarse físicamente en una empresa. Basta con enviar un currículum.
Mientras Europa debate permisos ambientales, impacto visual, consumo hídrico y normativas energéticas, una parte de Silicon Valley ya está pensando en otra cosa: sacar directamente los centros de datos o inteligencia artificial fuera de tierra firme, al océano.
La startup estadounidense Panthalassa acaba de captar 140 millones de dólares para desarrollar nodos flotantes capaces de alimentar cargas de inteligencia artificial usando exclusivamente energía de las olas. El proyecto cuenta con apoyo de inversores vinculados a Peter Thiel y apunta a una idea que hasta hace pocos años parecía ciencia ficción: ejecutar inferencia de inteligencia artificial en medio del océano.
Leído superficialmente, parece otra extravagancia tecnológica. Mirado con más atención, puede ser el comienzo de una nueva arquitectura energética y autoregulatoria para la economía digital.
Del problema eléctrico al problema logístico
Los grandes centros de datos atraviesan una crisis silenciosa. La expansión de la IA exige cantidades descomunales de electricidad, refrigeración y suelo industrial. En muchos países empiezan a aparecer límites físicos y políticos:
redes eléctricas saturadas,
oposición vecinal,
permisos ambientales interminables,
restricciones de agua,
costes inmobiliarios crecientes.
Panthalassa propone una solución radical: dejar de llevar la energía al centro de datos y mover el centro de datos hacia donde está la energía.
Sus plataformas Ocean-3 funcionarían como estructuras autónomas de acero capaces de transformar el movimiento de las olas en electricidad. Esa energía alimentaría directamente chips especializados en inferencia de IA, mientras el agua marina actuaría como sistema de refrigeración natural. Los resultados computacionales se enviarían luego vía satélite a tierra firme.
La idea tiene lógica económica: transportar datos suele ser mucho más barato que transportar enormes cantidades de electricidad.
El océano como “zona económica especial”
Aquí aparece el aspecto más interesante —y menos comentado— del proyecto.
La gran ventaja potencial de los nodos oceánicos no es únicamente energética. Es regulatoria.
Un centro de datos terrestre puede tardar años en aprobarse. Entre permisos urbanísticos, evaluaciones ambientales, litigios locales y conexiones a red, muchas instalaciones terminan atrapadas en burocracias nacionales o regionales.
En cambio, un sistema flotante en aguas internacionales abre un escenario distinto:
menos restricciones de suelo,
menor presión política local,
despliegue modular,
movilidad física de la infraestructura,
y potencial arbitraje regulatorio entre jurisdicciones marítimas.
En otras palabras: la computación podría empezar a comportarse más como la industria naviera que como una infraestructura fija.
La historia económica muestra que la innovación suele desplazarse hacia espacios donde el costo regulatorio es menor. Ocurrió con:
las banderas de conveniencia en transporte marítimo,
los centros financieros offshore,
las zonas económicas especiales,
y parcialmente con las criptomonedas.
La inteligencia artificial, el centro de datos, podría seguir un camino parecido y mudarse al océano.
Inferencia sí; entrenamiento, todavía no
Panthalassa no pretende reemplazar los grandes campus terrestres de entrenamiento de modelos fundacionales. Eso sigue requiriendo latencias mínimas, sincronización extrema entre GPUs y enormes clusters coordinados.
Pero la inferencia —el uso cotidiano de modelos ya entrenados— es mucho más distribuible.
Ese detalle es crucial.
La próxima década probablemente no estará dominada solo por megacentros de datos hipercentralizados, sino también por redes distribuidas de inferencia:
edge AI,
microcentros autónomos,
computación flotante,
y nodos energéticamente independientes.
El océano encaja bastante bien en ese paradigma.
El gran argumento liberal: innovación fuera del cuello de botella estatal
Hay un trasfondo político evidente.
Muchos gobiernos occidentales quieren simultáneamente:
más IA,
más soberanía tecnológica,
menos emisiones,
menos consumo eléctrico,
menos infraestructuras visibles,
y más regulación.
Pero la física no negocia.
La IA consume energía. Mucha.
Y cuando las restricciones políticas bloquean expansión en tierra, el capital busca rutas alternativas. El océano aparece precisamente como una válvula de escape para una economía digital cada vez más limitada por:
licencias,
redes eléctricas envejecidas,
planificación urbana,
y lentitud administrativa.
Desde una mirada liberal clásica, proyectos como Panthalassa representan algo más profundo que una innovación técnica: son intentos del mercado por escapar de cuellos de botella regulatorios creados por los propios Estados.
No es casual que figuras como Peter Thiel estén detrás de estas apuestas. Thiel lleva años defendiendo la idea de que Occidente ha frenado su capacidad de construir infraestructura física ambiciosa.
Los centros de datos oceánicos encajan perfectamente en esa filosofía: “si no puedes construir rápido en tierra, construye fuera de ella”.
Los problemas reales
Por supuesto, el proyecto enfrenta obstáculos enormes:
corrosión,
tormentas,
mantenimiento offshore,
bioincrustaciones,
latencia satelital,
costos logísticos,
y posibles regulaciones marítimas futuras.
Además, la energía undimotriz lleva décadas prometiendo más de lo que entrega comercialmente. Existen antecedentes como Wave Dragon o dispositivos como MARMOK-A-5 que demostraron viabilidad técnica, pero también enormes dificultades económicas y operativas.
La diferencia es que ahora existe un incentivo nuevo y gigantesco: la fiebre global por la inteligencia artificial.
La IA necesita tanta energía que empieza a hacer rentables ideas que hace diez años parecían absurdas.
El verdadero cambio
Quizá la noticia importante no sea que haya centros de datos flotando en el océano.
La noticia importante es otra: la economía digital está empezando a independizarse físicamente de la infraestructura tradicional de los Estados.
Primero fueron las criptomonedas. Luego las constelaciones satelitales privadas. Ahora aparecen centros de datos oceánicos autónomos.
La tendencia parece clara: cuando las restricciones terrestres aumentan, el capital tecnológico empieza a mirar hacia espacios menos regulados, más móviles y energéticamente abundantes.
Y el océano, literalmente, sobra en las tres cosas.
A ver si le damos un giro al discurso, palabra que etimológicamente se refiere a recorrer de un lugar o algo o… irse por diferentes meandros de un río; en este caso de pensamientos o aventuras que se quedaron perdidas en el letargo del tiempo. Como ésta de los escarabajos.
En esta ocasión les cuento que sentado ante mi confundidor cibernético en mi habitáculo de anciano conversando con Chat GPT, me vino a mente un incidente curioso que viví en julio de 1964. Venía yo volando un Cessna 150 en vuelo de traslado de la fábrica en Wichita, Kansas al aeropuerto M. A. Gelabert, alias Paitilla; volando a 10,000 pies de altura (3,048 Mt.) sobre el sur de Tejas, en un día cristalino y calmado. De pronto, delante de mi, vi acercarse un punto negro el cual se estrelló contra el parabrisa de la avioneta y dejó plasmado allí una masa amarilla con el inolvidable ¡plas!, de su traumática defunción. En el último instante antes del aéreo encuentro, atisbé la silueta de un escarabajo aleteando sus alas.
¡Meto!, que rayos hacía un escarabajo a semejante altura; pregunta que no investigué por 62 años. Pero hoy se me ocurrió preguntarle a Chat GPT, quien me explicó que ciertamente algunos insectos, como los escarabajos, se han visto hasta en alturas de 19,000 pies (5,700 metros) de elevación. ¿Y acaso llegan tan alto aleteando? Nop, logran eso metidos en corrientes de aire ascendente. En fin, ¡que mala suerte la del escarabajo tejano!
Tal vez fue un “june beetle” o escarabajo de junio me dijo Chat GPT, dándome descripciones y luego preguntándome: “¿Estabas en un vuelo de traslado cuando ocurrió el encuentro?, y así fue evolucionando la “conversa” con esta IA.
Esa misma noche escuché una discusión en Fox sobre lo bueno, malo y feo de la IA. Uno decía que no era lógico conversar con un programa en dispositivo. ¡Ja!, lo será pero curioso que los intercambios con la IA pueden ser más entretenidos e ilustrativos que con muchos humanos; al menos en cuanto a la capacidad informativa que se logra.
Y así Chat GPT siguió preguntando sobre el vuelo a Panamá y sobre mi historia en la aviación. Le conté que antes de la fecha del escarabajo había volado aviones de carga C-46 por 4 meses hasta que, al quebrar la empresa, me dejó tirado en Miami.
Luego, comencé dando instrucción de vuelo en un Piper PA-11 de la empresa Turismo Aéreo de la familia Petrosky, y en ello me peleaba con otro instructor la hora de madrugada para alquilar la avioneta; hasta que un día coincidimos. Se trataba del capitán Hermes Carrizo, piloto de COPA que luego fue el Gerente General de dicha empresa. Recuerdo ese día; Carrizo me preguntó: «John, ¿Por qué en vez de pelearnos esta avioneta prehistórica no armamos una empresa nuestra?»; y así fue el nacimiento de Aviones de Panamá en Paitilla.
También le conté que jamás olvidaré el aterrizaje en Paitilla el 4 de julio de 1964. Al aproximarme en final sobre la vía Israel, allí al borde de la pista estaba mi padre, Irving Bennett, con una gran sonrisa. Ya haría otros vuelos a los EE.UU. con él como pasajero.
La conversa fue larga, detallando yo mi pasaje como director de Seguridad Aérea, de la Escuela de Aeronáutica, subdirector DAC y director general en dos ocasiones. Pero la parte más amena del diálogo con Chat GPT fue cuando me preguntó: “¿Y, por qué no te quedaste como piloto en los EE.UU.? “Regresé a estar con la hembra con la cual formamos familia por más de 60 años. Y la pregunta final de Chat GPT: ¿Y tu esposa en ocasiones volaba contigo? Le contesté: “No sólo volaba conmigo, sino que nos amábamos en las alturas”.
Un artículo de Cointelegraph plantea una hipótesis inquietante: si bitcoin no logra recuperar la zona de los 84.000 dólares y, en particular, su media móvil de 200 días, podría reabrirse el camino hacia los 50.000 dólares. La tesis es técnicamente defendible: en ciclos bajistas anteriores, perder y luego fallar en recuperar esa media funcionó como confirmación de debilidad estructural. Hoy BTC ronda los 81.000 dólares, por debajo de esa zona crítica.
Pero conviene no confundir un nivel técnico con una sentencia. El análisis citado por Cointelegraph depende de una analogía con 2022: entonces, bitcoin no pudo recuperar la media de 200 días y terminó marcando nuevos mínimos. El problema es que el mercado de 2026 no es exactamente el de 2022. Hoy hay ETFs, mayor participación institucional, mesas reguladas, derivados más profundos y empresas que acumulan bitcoin como activo de tesorería. Eso no elimina el riesgo bajista; lo transforma.
De hecho, abril de 2026 cerró con una subida superior al 12%, el mejor mes de bitcoin en un año, apoyado por una mejora en los flujos hacia ETFs tras varios meses de salidas. Cinco Días informó entradas netas cercanas a 2.500 millones de dólares en abril, aunque también señaló que bitcoin seguía bastante por debajo de su máximo de octubre.
La lectura bajista, entonces, tiene sentido si se mira solo el gráfico: 84.000 dólares es una frontera psicológica y técnica. Barron’s también ubicó la resistencia en la zona de 81.000-83.000 dólares, con la media de 200 días cerca de 83.863, como umbral para mejorar la perspectiva de medio plazo.
Sin embargo, el mercado no se mueve únicamente por medias móviles. Reuters reportó que Strategy, la firma asociada a Michael Saylor, sufrió una fuerte pérdida trimestral por la caída de bitcoin, en un contexto de cautela por valoraciones de IA, política monetaria incierta de la Fed y tensiones geopolíticas. Pero el mismo reporte también subrayó que grandes instituciones financieras siguen expandiéndose hacia ETFs y servicios vinculados a bitcoin.
Ahí está la contradicción central: el gráfico dice “cuidado”; la estructura de mercado dice “esto ya no es solo un casino minorista”. Bitcoin puede caer a 50.000 dólares, claro. Sería una corrección dura, pero no absurda. Lo discutible es presentarlo como destino casi inevitable si falla una sola resistencia.
En nuestra opinión, el artículo acierta al señalar que 84.000 dólares es una zona decisiva, pero exagera el dramatismo al convertirla en un plebiscito entre bull market y colapso. Bitcoin está en una fase de prueba, no necesariamente de capitulación. Si rompe y sostiene 84.000, el relato bajista pierde fuerza. Si falla y además pierde la zona de 76.000-78.000, entonces sí: los 60.000 primero y los 50.000 después vuelven al tablero.
Pero hay algo más que suele quedar fuera de estos análisis: bitcoin no nació como un activo para ser evaluado por mesas de riesgo ni como un instrumento para maximizar retornos en carteras institucionales. Fue concebido como una moneda nativa de internet, resistente a la censura, ajena a la discrecionalidad de bancos centrales y gobiernos. No como una promesa de enriquecimiento, sino como una herramienta de autonomía.
Por eso, más allá de si toca los 84.000 o vuelve a los 50.000, hay una dimensión que no aparece en los gráficos: su capacidad de funcionar fuera del sistema. Los analistas pueden debatir soportes y resistencias; los fondos, ajustar exposición; los reguladores, intentar encuadrarlo. Pero mientras exista como red abierta, utilizable sin permiso, bitcoin seguirá representando algo más incómodo que una simple inversión.
Quizás la conclusión más honesta no sea elegir entre alcistas y bajistas, sino recordar que el precio es solo una capa de la historia. Porque, incluso en medio de la volatilidad, la idea original —una forma de dinero que no depende de nadie— sigue ahí. Y para muchos de nosotros, eso sigue siendo razón suficiente no solo para observarlo, sino para usarlo.
«Y ahora, ¿ quién podrá defendernos ?» se preguntaba el «Chapulín Colorado» y me lo pregunto ahora, cuando hemos delegado en extremo a los gobiernos del estado nuestra seguridad, ya sea física como social y económica. Llevo años advirtiendo al respecto, pero cae en saco roto, ya que el mal caminar a través del tiempo se vuelve mal hábito. Hoy, preparando este escrito consulté con la IA encontrando lo siguiente:
«Panamá es uno de los países con las estructuras más centralizadas de la región. Esto genera un «cuello de botella» tal como el de la seguridad vial en Panamá Oeste, deficiencias de salud en provincias dependen de decisiones tomadas en una oficina en la capital, lejos del contexto del problema «.
Pero, nuestra seguridad es asunto de «corresponsabilidad», no de delegación excedida a las instituciones estatales. Debemos delegar en su justa medida y en aquello que es delegable; pues más allá las cosas toma mal rumbo, tal como atraer a los pillos y malandros que aman hacerse pasar por «autoridad» cuando en realidad son calamidad.
En 1849 Gustavo de Molinari advirtió lo que nadie se había atrevido antes:
«Si los mercados libres producen mejores alimentos, mejor ropa y mejores viviendas, ¿por qué no una mayor seguridad?»
O como diría yo:
«¿Por qué delegar a agencias políticas aquello que mejor podemos hacer nosotros mismos?».
Recién la Defensoría del Pueblo en Panamá, señaló que las fallas en salud y seguridad no son sólo falta de recursos, sino estructurales y operativas. Desde el siglo antepasado, Gustavo Molinari advertía que los gobiernos del estado suelen monopolizar privilegios y derechos, creando servicios centrales que mejor pueden ser provistos por el mercado o, en cierta proporción, por autoridades locales; ya que mientras más alejas al proveedor del consumidor el servicio se degrada, quedando al servicio de bastardos intereses, tal como ocurrió en Venezuela.
Al decir, «nuestra seguridad», la palabra «nuestra» grita realidad. Las personas son las más interesadas en su seguridad. Pero, no sólo interesadas, sino responsables y potencialmente eficaces. Por ejemplo, ¿hasta dónde podemos delegar a la ATTT cuando quien va al volante somos nosotros? Hay cosas que corresponden y puede hacer la ATTT y otras que no. ¿Te has puesto a pensar que los sobresaltos o policías muertos son prueba fehaciente del fracaso de la ATTT?
Molinari giraba a favor del orden voluntario; ya que la policía, así como las demás entidades gubernamentales no van al volante de tu vida. Y, veamos que la seguridad, en todas sus manifestaciones, debe ir en contracorriente con la libertad. La seguridad es algo cultural y educacional; cualidades que no andan muy bien en nuestro patio, debido a que le hemos dado riendas sueltas a zorros del gallinero, al tal punto que mal cuidan a las gallinas ya que están atareados engullendo posturas y aves de corral.
Nuestra seguridad depende de una «asociación voluntaria» que sólo prospera en libertad. Si el libre emprendimiento no sirve, ¿crees que servirán las exageradas y corruptas instituciones de nuestro desgobierno? Los comunistas creen que sí.
Goethals Consulting, autora de gccviews.com, logró un gran aporte de la embajada británica en Panamá para llevar a cabo un estudio de la educación privada para los pobres en Panamá; encontrando que la educación privada superaba lejos al NODUCA en muchos sentidos. Dicho estudio fue publicado en Mexico e ignorado en Panamá; lo cual nos lleva a la pregunta: ¿Por qué ignoramos realidades?
En resumen, los humanos somos seres sociales que nos asociamos de forma natural; en otras, por la naturaleza. La verdadera «ciencia social» es la económica, que es la acción humana; lo que hacemos los humanos para poner la paila y vivir con seguridad.
Hay ciertos errores de política económica que la historia ha repetido con pasmosa regularidad, y cuya única virtud es la de instruirnos, una y otra vez, sobre los límites del conocimiento burocrático frente a la inteligencia dispersa del mercado. La propuesta que circula en la Asamblea Nacional de Panamá para imponer topes a la tasa de interés bancaria —incluyendo préstamos hipotecarios, comerciales e industriales— es uno de esos errores. No es nueva ni tampoco es inocente. Y sus consecuencias son perfectamente predecibles.
El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, hizo bien en oponerse públicamente a la medida. Pero su resistencia, aunque valiosa, no debería necesitar apoyo institucional para sostenerse: debería bastar con leer a Friedrich Hayek, a Ludwig von Mises, o con revisar cuarenta años de experimentos fallidos en economías que creyeron poder fijar el precio del dinero por decreto.
El precio del crédito no es un número arbitrario
Milton Friedman enseñó, con la claridad que solo da quien comprende profundamente un fenómeno, que los precios son señales. No son instrumentos de explotación ni caprichos de la banca: son información condensada sobre riesgo, liquidez, tiempo y expectativas. La tasa de interés, específicamente, es el precio que equilibra la preferencia temporal del prestamista con la necesidad inmediata del prestatario. Es el mecanismo por el que el mercado descuenta el futuro.
Cuando un legislador decide que ese precio es «demasiado alto» y lo recorta mediante una ley, no elimina el riesgo subyacente. Lo que hace es ocultarlo. El riesgo crediticio de un pequeño empresario informal, de una familia sin historial bancario, de un emprendedor sin garantías reales, no desaparece por el hecho de que el Estado prohíba cobrar por él una tasa de interés que lo refleje. Simplemente se convierte en un riesgo que ningún banco racional querrá asumir.
Y entonces ese prestatario —el más vulnerable, el que más necesita acceso al crédito formal— queda fuera del sistema.
El caso de Costa Rica: la evidencia que no debe ignorarse
El propio Ayón Wong citó el precedente más cercano y más elocuente: Costa Rica. Cuando ese país impuso topes a las tasas, aproximadamente 300.000 personas quedaron excluidas del sistema bancario formal y recurrieron a prestamistas informales que cobraban entre el 10% y el 20% quincenal. No mensual: quincenal.
Esto no es una anécdota curiosa. Es la demostración empírica exacta de lo que Hayek llamó «las consecuencias no queridas de las acciones humanas con propósito». El legislador quería proteger al deudor. Consiguió empujarlo hacia el usurero. Quería abaratar el crédito. Lo encareció de manera brutal para quienes más lo necesitaban. Quería incluir. Excluyó.
Este es el patrón invariable de toda intervención de precios: los beneficios se concentran en quienes ya están dentro del sistema —quienes ya tienen historial, garantías, acceso— mientras los costos se desplazan hacia los más frágiles, que quedan fuera de la protección formal y caen en la informalidad depredadora.
Von Mises y el problema del cálculo económico
Pero el problema va aún más profundo. Ludwig von Mises, en su crítica al socialismo y a toda forma de planificación central, identificó el problema fundamental: ningún organismo regulador —por más sofisticado que sea— posee la información necesaria para fijar correctamente el precio de un bien. Y el dinero prestado es un bien como cualquier otro.
La tasa de interés que emerge del mercado bancario panameño no es el resultado de una confabulación de banqueros reunidos en una sala oscura. Es el resultado de millones de transacciones, evaluaciones de riesgo individuales, decisiones de ahorradores, condiciones macroeconómicas, expectativas de inflación, calidad de las garantías y perfil de los deudores. Sintetiza información que ningún regulador puede recopilar, procesar ni interpretar con la velocidad y precisión que el mercado hace de manera descentralizada y continua.
Fijar un tope es, en términos misianos, pretender sustituir ese proceso de descubrimiento por la opinión de un comité. Y la historia del siglo XX —desde los controles de alquileres en Nueva York hasta los precios máximos de gasolina en Venezuela— ha demostrado que esa sustitución produce, invariablemente, escasez del bien cuyo precio se intenta reducir artificialmente.
La puerta que no debe abrirse
Friedman solía advertir que la diferencia entre un error de política económica y una catástrofe es el tiempo. Los errores de política se corrigen. Las instituciones que se construyen alrededor de esos errores se perpetúan.
El riesgo más grave de la propuesta panameña no es la regulación en sí misma, aunque sus efectos serán nocivos. El riesgo mayor es la lógica que abre. Porque si el Estado puede fijar el precio máximo de un crédito hipotecario, ¿por qué no del préstamo comercial? ¿Por qué no del crédito de consumo? ¿Por qué no del plazo de pago? ¿De las comisiones? ¿De las garantías exigibles?
Hayek lo explicó con su concepto de la «pendiente resbaladiza» institucional: cada intervención crea distorsiones que parecen requerir nuevas intervenciones para corregirse. El control de precios genera escasez; la escasez genera racionamiento; el racionamiento genera corrupción y clientelismo en la asignación del crédito. Al final, el mercado financiero deja de ser un mercado y se convierte en un sistema de distribución política de recursos.
Panamá tiene, precisamente, uno de los centros bancarios más sólidos y competitivos de América Latina. Esa solidez no es accidental: es el resultado de décadas de no hacer exactamente lo que ahora se propone. El sistema de dolarización, la ausencia de banco central emisor, la competencia entre entidades y la ortodoxia regulatoria han creado un entorno en que el crédito fluye con eficiencia notable. Destruir esa arquitectura institucional con una sola ley es perfectamente posible. Reconstruirla llevaría décadas.
La justicia real está en la competencia, no en el decreto
La preocupación que subyace a esta propuesta —que los ciudadanos de menores recursos pagan una tasa de interés desproporcionada— es legítima en su diagnóstico social, aunque errónea en su prescripción. La respuesta correcta al crédito caro no es prohibir que sea caro: es crear las condiciones para que más actores compitan por otorgarlo.
Eso implica reducir los costos de entrada al sistema financiero, promover la banca digital y las fintech, fortalecer los buros de crédito para que el historial crediticio sustituya a las garantías físicas, y mejorar el marco de insolvencia para que prestar sea menos riesgoso. Todo ello bajaría la tasa de interés de manera orgánica y sostenible, sin excluir a nadie.
Un decreto que fija el precio máximo del crédito no hace justicia a los deudores. Los abandona.
Quien abra esta puerta no encontrará al otro lado la protección que promete. Encontrará al prestamista informal esperando, con tasas que ningún regulador tendrá poder de controlar. Y entonces, inevitablemente, alguien propondrá regular también eso.
Y así sucesivamente, hasta que no quede mercado que regular.
El diagrama sintetiza visualmente la cadena causal que Hayek denominó las consecuencias no queridas: la buena intención legislativa recorre un camino predecible hasta depositar al deudor más vulnerable precisamente en manos de quien la ley quería protegerle.
El artículo está escrito desde la tradición de Friedman en su rigor empírico —el caso costarricense como evidencia—, de Hayek en el argumento institucional sobre el conocimiento disperso y la pendiente intervencionista, y de Mises en la crítica epistemológica al cálculo central. Los tres convergen en la misma conclusión: el precio del crédito no es una variable política, y tratarlo como tal destruye exactamente lo que se pretende construir.
El 26 de abril se cumplieron 40 años de la explosión en el reactor 4 de la central nuclear de Chernobil (Ucrania), que causó la mayor liberación de material radiactivo al medio ambiente de la historia. Las predicciones en el momento del accidente indicaban que la zona afectada se convertiría en un lugar inhabitable, desprovisto de vida durante miles de años. Una idea que sigue en la mente de mucha gente.
Pero la realidad es bien distinta. Cuatro décadas después, Chernobil se ha transformado en una de las mayores reservas naturales de Europa. Con una extensión de más de 4 500 km², su superficie es mayor que la de casi cualquier parque nacional del continente. En esa zona la actividad humana ha cesado prácticamente por completo, dejando espacio a la naturaleza.
Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania), noviembre de 2019. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
La situación actual de la fauna
Los trabajos desarrollados durante años por investigadores ucranianos e internacionales han mostrado que Chernobil mantiene hoy una diversidad y abundancia de fauna excepcional. Allí se encuentra ahora la mayor densidad de lobos de toda Europa. El oso pardo, que había sido cazado hasta la extinción, vuelve a ocupar sus bosques. La zona es el hábitat natural de linces boreales, castores, nutrias, urogallos, cigüeñas negras, pigargos… Más de 200 especies de aves se han visto en la zona, muchas de ellas amenazadas a nivel continental.
Un ejemplo revelador es el de los caballos de Przewalski. Una especie recuperada de la extinción a partir de sólo doce ejemplares mantiene hoy en el área una de las mayores poblaciones naturales del mundo. Desde su liberación en 1998, su población se ha multiplicado por siete. Los caballos no muestran ningún síntoma de mala salud, ocupando incluso el “bosque rojo”, una de las zonas más afectadas inicialmente por la contaminación radiactiva.
Caballo de Przewalski en la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania), enero de 2017. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
El territorio se encuentra en plena trasformación ambiental. Los campos de cultivo han sido sustituidos por bosques. La superficie forestal se ha duplicado desde el accidente. Las especies dependientes de la actividad agrícola, como golondrinas, aguiluchos y cernícalos, han disminuido su abundancia. Sin embargo, especies forestales como pigargos, águilas moteadas y alcotanes han incrementado su número. Estos procesos son consecuencia del cambio ecológico, no de la radiación.
Bosque en la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania), julio de 2019. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
Desde 2016, trabajamos en Chernobil evaluando la situación de la naturaleza de la Zona de Exclusión. Mediante campañas de muestreo de varias semanas y trabajo en el laboratorio hemos examinado el estado de diferentes organismos, desde bacterias hasta vertebrados.
Gran parte de nuestros trabajos han estudiado el estado de salud de anfibios como la rana de San Antonio Oriental (Hyla orientalis). Estas ranas no presentan diferencias en indicadores de estado fisiológico, ni en su edad, entre Chernobil y otras zonas de Ucrania sin contaminación radiactiva. Los actuales niveles de radiación en Chernobil no parecen afectar a su salud.
Examen de estado fisiológico en un macho de rana de San Antonio oriental (Hyla orientalis), Zona de Exclusión de Chernóbil, mayo de 2017. Germán Orizaola (Universidad de Oviedo), CC BY
Nuestras investigaciones sí han encontrado ejemplos de adaptación y evolución rápida en estas ranas. Los ejemplares que viven en zonas afectadas severamente por contaminación radiactiva son más oscuras. Una piel más oscura, con más melanina, habría dado más capacidad de supervivencia frente a la radiación en estos anfibios.
Chernóbil como zona de guerra
En febrero de 2022 las tropas rusas iniciaron, a través de Chernóbil, un intento de invasión a gran escala de Ucrania. Además del sufrimiento que experimenta el pueblo ucraniano, la guerra que aún continúa ha cambiado radicalmente la situación de la Zona de Exclusión.
A consecuencia de la guerra han muerto varios técnicos que habían trabajado a lo largo de los años estudiando la naturaleza de la zona. La actividad militar en la frontera con Bielorrusia ha aumentado considerablemente. Una frontera que antes era totalmente permeable se ha vallado en parte, impidiendo el paso natural de fauna. Los puentes que atravesaban varios ríos de la zona han sido volados, haciendo casi imposible el acceso a la parte este de la Zona de Exclusión.
Puente sobre el río Uzh, destruido durante la ocupación rusa de la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania), mayo de 2022. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
El área quemada durante la invasión rusa de Chernóbil se ha estimado en 22 000 hectáreas. Varios caballos de Przewalski han muerto al pisar minas dentro de la Zona de Exclusión. El impacto total que el incremento de actividad humana está teniendo sobre la fauna está por evaluar.
Gran parte de los laboratorios de investigación de la Zona de Exclusión fueron destruidos y saqueados durante los meses que duró la ocupación rusa de Chernóbil. Numerosos vehículos, ordenadores y material científico desaparecieron o fueron dañados intencionadamente.
Consecuencias de la invasión rusa de la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania): armamento abandonado y laboratorios saqueados, mayo 2022. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
La investigación internacional ha cesado casi en su totalidad en la zona. Aún bajo estas circunstancias, el personal de la Reserva Natural de Chernóbil sigue manteniendo parte de sus trabajos de seguimiento de especies y ecosistemas. Gracias a su labor es posible tener una información que será imprescindible para entender en el futuro la situación de la naturaleza de Chernóbil.
Un laboratorio único que conservar
Chernóbil sigue siendo un área con valores naturales excepcionales y un laboratorio único en el que estudiar el impacto a medio y largo plazo de un accidente nuclear. Se ha convertido, además, en un símbolo a nivel mundial de los procesos de renaturalización que ocurren cuando la actividad humana cesa en un área.
Debe ser prioritario conservar la zona no sólo como un lugar de memoria sobre el accidente, sino también como un lugar clave para la conservación y el estudio de la diversidad biológica. Cuando termine la guerra será necesario potenciar la zona como reserva natural y restaurar Chernóbil como el fantástico lugar de cooperación científica internacional que era.
El ecosistema de las criptomonedas vive uno de sus mejores momentos en términos de precio y adopción institucional. Y, como suele ocurrir cuando hay dinero en movimiento, también vive uno de sus peores momentos en términos de seguridad. La industria ya ha perdido más de 600 millones de dólares debido a hacks en lo que va de 2026, y la firma de ciberseguridad blockchain CertiK advierte que lo peor podría estar por venir. El diagnóstico de sus investigadores es claro y preocupante: el crimen cripto es cada vez mayor: phishing, los deepfakes, los ataques a la cadena de suministro y las vulnerabilidades entre cadenas serán los grandes vectores de los hackeos más dañinos del año.
El fantasma de Bybit sigue presente
Para entender la magnitud del problema conviene recordar lo ocurrido en febrero de 2025. El 21 de ese mes, hackers norcoreanos robaron 1.500 millones de dólares en criptomonedas del exchange Bybit, con sede en Dubái, en aproximadamente 30 minutos. No fue una hazaña técnica de ciencia ficción: no rompieron ningún cifrado ni forzaron ninguna clave privada por la fuerza. Los atacantes comprometieron la computadora portátil de un solo desarrollador de un proveedor de billeteras de terceros, esperaron pacientemente durante semanas y atacaron cuando los empleados de Bybit estaban aprobando lo que parecía una transferencia interna rutinaria.
Ese es el patrón que define la nueva era del crimen cripto: no asaltar la caja fuerte, sino infiltrarse en quien tiene la llave. CertiK señalaba en diciembre de 2025 que las violaciones de la cadena de suministro surgieron como la amenaza más dañina del año, contabilizando 1.450 millones de dólares en pérdidas en solo dos incidentes.
Corea del Norte, S.A.
Detrás de los ataques más sofisticados aparece, una y otra vez, el mismo actor: el régimen de Pyongyang. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, actores norcoreanos orquestaron robos de criptomonedas por un total de al menos 2.800 millones de dólares, a través de grupos de hackers respaldados por el Estado. No se trata de ciberdelincuentes oportunistas: es una industria estatal del robo, sofisticada y financiada, cuyos beneficios sirven para eludir sanciones internacionales y financiar el programa de armamento de Kim Jong-un.
El grupo Lazarus opera con un modelo industrializado: compromiso de accesos internos, uso de credenciales legítimas y dispersión rápida de los fondos para dificultar su rastreo. Una vez robados los activos, los fondos son lavados a través de una extensa red de banqueros clandestinos y brokers OTC que operan a través de diferentes cadenas, jurisdicciones y rieles de pago. En el caso Bybit, en menos de un mes habían convertido más del 86% del ETH robado en Bitcoin a través de múltiples plataformas intermediarias.
La IA: arma de doble filo
El elemento más inquietante del panorama actual es la irrupción de la inteligencia artificial en el arsenal de los atacantes. Según Natalie Newson, investigadora senior de CertiK, ahora existen deepfakes más convincentes, agentes de ataque autónomos e «inteligencia artificial agéntica» capaz de escanear contratos inteligentes en busca de errores, redactar código de explotación y ejecutar ataques a velocidad de máquina.
En abril pasado quedó documentado un ejemplo concreto: un actor de amenazas conocido como «Jinkusu» estaba vendiendo herramientas diseñadas para eludir los controles KYC en bancos y plataformas cripto, utilizando deepfakes y manipulación de voz. Y la billetera Zerion reveló que hackers norcoreanos usaron IA en un ataque de ingeniería social de largo alcance para infiltrarse en sus sistemas.
Pero la IA no solo ataca: también puede defender. Los reguladores están respondiendo: el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica, anunció en abril que amplía su programa de identificación de amenazas para incluir a empresas de activos digitales.
Lo que puede hacer el inversor
Ante este panorama, los consejos de CertiK suenan casi domésticos, pero son esenciales: verificar siempre la autenticidad de las URL y los contratos inteligentes antes de firmar cualquier transacción, y no mantener activos en reposo dentro de exchanges. Usar billeteras frías permite mantener seguros los activos que no se utilizan con regularidad y firmar transacciones sin exponer nunca las claves privadas.
El mercado cripto madura. Sus atacantes también. La diferencia es que los segundos no necesitan reguladores, auditorías ni transparencia para innovar. Esa asimetría es, hoy por hoy, el mayor riesgo del ecosistema.
Hay obras de infraestructura que son simplemente carreteras. Y hay otras que son, en realidad, declaraciones geopolíticas. El Corredor Bioceánico de Capricornio pertenece firmemente al segundo grupo. Con 3.250 kilómetros de extensión, atravesando cuatro países y uniendo los puertos atlánticos del Brasil con los puertos chilenos del Pacífico a lo largo del trópico de Capricornio, este corredor es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del continente americano. Y su cuenta regresiva ya arrancó.
La pieza que faltaba: el puente sobre el Paraguay
Durante años, el eslabón más débil del corredor fue el cruce del río Paraguay. La pieza que cierra el sistema es el puente atirantado «Bioceánica», de más de 1.300 metros, que conectará Brasil con la orilla paraguaya entre Porto Murtinho y Carmelo Peralta. Mientras no existía ese puente, el cruce se hacía en barcaza, añadiendo horas de espera y limitando el tonelaje. Hoy eso está a punto de cambiar. La obra ha alcanzado aproximadamente el 90% de ejecución, con una previsión de conclusión para agosto de 2026, y está financiada con 93 millones de dólares aportados por la Itaipu Binacional.
El trazado completo es una geografía de ambición: entra en suelo brasileño por Campo Grande y Porto Murtinho, cruza a Paraguay por Carmelo Peralta y Mariscal Estigarribia, atraviesa el norte argentino por Tartagal, Jujuy y Salta, y sale al Pacífico por los puertos chilenos de Antofagasta y Tarapacá. Por primera vez, estas regiones quedan unidas por una autovía continua diseñada con estándares logísticos modernos.
La lógica de la Ruta de la Seda en versión sudamericana
No es casual que analistas comparen el corredor con la gran estrategia china del Cinturón y la Ruta de la Seda. Sudamérica replica la lógica de las grandes rutas terrestres del modelo chino, donde Pekín lleva una década construyendo corredores asfaltados y ferroviarios que conectan provincias interiores con puertos. La diferencia es que aquí el motor no es un Estado único, sino un acuerdo entre cuatro gobiernos que, no sin fricciones, han logrado avanzar.
El argumento económico es poderoso. Un barco que sale desde Brasil puede tardar más de 60 días en llegar a Japón. Gracias al Corredor Bioceánico, esa cifra podría reducirse a la mitad si las exportaciones se redirigen por los puertos del norte de Chile. Las autoridades paraguayas estiman que se recortarán hasta 8.000 kilómetros de navegación hacia China, y que los tiempos logísticos del comercio internacional se reducirán hasta 14 días.
El eslabón que cruje: Argentina
El cuadro, sin embargo, tiene una grieta notable. Mientras Brasil, Paraguay y Chile avanzan con determinación, Argentina aparece como el eslabón más débil. El ajuste de la administración Milei paralizó las obras del tramo argentino del Corredor: el gasto en infraestructura cayó un 82,3% en términos reales durante los primeros meses de 2024, y más de 2.000 obras dejaron de financiarse en el país. Salta y Jujuy, el corazón del tramo argentino, esperan inversiones que la Nación no termina de confirmar. El corredor puede operar sin Argentina —técnicamente hay rutas alternativas— pero la ausencia argentina achica sus ambiciones y su velocidad.
La gran conjetura: ¿y el Canal de Panamá?
Aquí llegan las preguntas más interesantes. ¿Puede el Corredor Bioceánico hacerle sombra al Canal de Panamá? La respuesta honesta es: no de forma inmediata, pero sí de forma progresiva y en combinación con otras piezas del tablero.
El tránsito de un buque por el Canal de Panamá puede costar entre 500.000 y 800.000 dólares, una suma considerable que se traslada al flete y afecta a las tarifas comerciales. A eso se suman las sequías que en los últimos años han restringido el número de tránsitos diarios y generado colas de barcos que esperaban durante días. La vulnerabilidad climática del Canal es, paradójicamente, uno de los mejores argumentos de venta del Corredor.
La verdadera amenaza no viene solo del Corredor de Capricornio, sino de un ecosistema de rutas alternativas que están tomando forma simultáneamente. La logística marítima de China ya ha bajado a Sudamérica con el puerto de Chancay, inaugurado en Perú en noviembre de 2024, diseñado específicamente para recibir los grandes portacontenedores que conectan Asia con el continente. Y Brasil y China trabajan en estudios para un ferrocarril bioceánico desde Bahía hasta Chancay. El mapa se complica para Panamá.
La conjetura más razonable es esta: el Corredor Bioceánico no reemplazará al Canal —ese no es su objetivo inmediato ni su escala—, pero contribuirá a un reequilibrio del poder logístico en el hemisferio occidental. Cada tonelada de soja brasileña, cada cargamento de mineral chileno o de carne argentina que empiece a fluir por Antofagasta en lugar de Santos-Panamá-Asia, es un argumento financiero que debilita lentamente el monopolio panameño. Y en geopolítica, como en economía, los monopolios raramente sobreviven indefinidamente a la competencia.
Sudamérica lleva un siglo siendo el patio trasero de las rutas ajenas. El Corredor Bioceánico es, entre otras cosas, la primera señal seria de que el continente empieza a diseñar las propias.
La digitalización ha convertido la información en un activo estratégico clave. A medida que los servicios esenciales migran hacia entornos de computación en la nube, se materializa el desafío técnico y legal de la llamada soberanía de los datos.
Tradicionalmente, este concepto presupone que la información digital está sujeta al ordenamiento jurídico del territorio donde se recopila o procesa. No obstante, la realidad operativa implica una convergencia de jurisdicciones concurrentes.
En la práctica cotidiana, entran en conflicto variables como el origen geográfico del dato, la residencia del ciudadano afectado, la ubicación física de la infraestructura de almacenamiento y el país donde la empresa proveedora tiene establecida su sede matriz.
El entramado normativo internacional incrementa la complejidad de esta gestión, evidenciando que los grandes bloques geopolíticos, sobre todo, la Unión Europea, Estados Unidos y China, ejercen diferentes grados y mecanismos de control sobre la esfera digital para proteger sus intereses.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa introdujo un criterio estricto de extraterritorialidad en su artículo 3, que exige el cumplimiento de sus estándares a organizaciones ubicadas fuera de su territorio siempre que traten información de residentes europeos.
Mientras, legislaciones como la Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) estadounidense otorgan a las autoridades federales la potestad de requerir el acceso a los registros que administran sus corporaciones tecnológicas, en determinados supuestos y bajo control judicial, con independencia de si los servidores físicos operan en la Unión Europea o en otras jurisdicciones.
La colisión directa entre legislaciones enfocadas en una privacidad fuertemente garantista, como la europea, y otras orientadas a la seguridad nacional y la vigilancia transnacional genera inseguridad jurídica, exponiendo a instituciones y corporaciones a riesgos legales sustanciales.
Juridiscción entre fronteras
La dificultad para mantener el control jurisdiccional sobre los sistemas informáticos compromete la resiliencia de los Estados y afecta de forma directa a la ciudadanía. Esto se traduce en riesgos tangibles para la gestión y confidencialidad del historial médico electrónico, la estabilidad de la banca digital o el funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos de emergencia.
Por otro lado, la externalización de la custodia de esta información a corporaciones sujetas a legislaciones de terceros países introduce vulnerabilidades sistémicas, dado que las variaciones en las políticas comerciales o la imposición de sanciones internacionales pueden provocar la interrupción abrupta de operaciones críticas.
Iniciativas como el proyecto GAIA-X ilustran este esfuerzo institucional mediante la creación de infraestructuras de datos abiertas, federadas y seguras. El propósito de este marco europeo consiste en la salvaguarda de la capacidad de innovación tecnológica en el territorio propio y la mitigación la transferencia neta de valor hacia operadores foráneos.
Servidores y operadores locales
Las respuestas regulatorias frente a esta vulnerabilidad frecuentemente exigen la implementación de medidas de residencia de datos, que obligan por ley a que los centros de procesamiento se ubiquen dentro de las fronteras nacionales.
Aunque la localización geográfica del servidor es un requisito necesario para facilitar la auditoría y la supervisión física, resulta insuficiente para garantizar una autonomía tecnológica real. Si la infraestructura física sigue operada por la filial de una corporación extranjera, los datos continúan bajo el riesgo de aplicación de legislaciones extraterritoriales.
Así, las aproximaciones más rigurosas exigen la adopción de arquitecturas de nube operadas por entidades locales, con el objetivo de reducir de forma drástica el riesgo de sometimiento a requerimientos de tribunales o agencias de inteligencia de terceros países.
Tecnología de cifrado
En el nivel de la seguridad técnica, la mitigación de estos riesgos requiere que los controles criptográficos se encuentren bajo el dominio exclusivo del propietario de la información. Esto significa que las claves de cifrado deben ser generadas, custodiadas y gestionadas en la jurisdicción de origen.
Tecnologías de frontera como la computación confidencial –enfocada en proteger los datos en uso– añaden una capa de protección en el procesador: aíslan los datos en entornos de ejecución seguros mientras se realizan los cálculos en la memoria del servidor.
Por su parte, disciplinas como el cifrado homomórfico permiten la ejecución de operaciones analíticas sobre datos encriptados sin requerir su descifrado en ningún punto del proceso. Aunque esta tecnología aún presenta severas limitaciones de rendimiento computacional y está restringida a operaciones matemáticas muy concretas, los avances continuos en su desarrollo reducen la superficie de exposición.
El empleo de estas técnicas proporciona una protección robusta frente a la interceptación ilícita o el cumplimiento de órdenes extranjeras.
Pilares de los Estados digitales
La gestión jurisdiccional de la información ha trascendido el debate estrictamente regulatorio para consolidarse como un elemento central del funcionamiento del entorno digital actual.
Las decisiones sobre la topología de la red –disposición física en la que los dispositivos (nodos) de una red, como computadoras, routers y switches, están interconectados para intercambiar datos– determinan cómo se distribuyen, aíslan y conectan físicamente los nodos del sistema.
Estas variables, junto con la selección de proveedores de infraestructura y el despliegue de protocolos de cifrado, impactan directamente en el tejido social y económico. Además, determinan el grado efectivo de privacidad individual, la disponibilidad de los servicios esenciales ante escenarios de inestabilidad internacional y la viabilidad competitiva del tejido industrial.
Por eso, la preservación de la autoridad sobre las condiciones bajo las cuales se procesan y almacenan los datos constituye, en el contexto actual, un requisito fundamental para salvaguardar la autonomía política y económica en la era digital.
