En 2019, en medio del cambio de gobierno en Panamá, surgió un debate entre quien escribe y un amigo liberal, que iba mucho más allá de la eliminación de retenes policiales. La discusión apuntaba a una cuestión de fondo: ¿qué sucede cuando el Estado adquiere facultades que restringen derechos individuales bajo el argumento de la seguridad, la administración o la eficiencia?
La preocupación expresada era que los retenes no representaban simplemente un mecanismo de control vehicular, sino una inversión del principio jurídico fundamental según el cual un ciudadano libre no debe justificar permanentemente su inocencia ante el poder.
La lógica liberal clásica sostiene que el Estado debe tener motivos concretos para intervenir sobre una persona. Cuando ocurre lo contrario —cuando se detiene a ciudadanos al azar para verificar documentos o detectar posibles infracciones administrativas— se produce un cambio sutil pero importante: el individuo deja de ser considerado libre por defecto y pasa a estar bajo sospecha permanente.
La cuestión no era solamente legal. Era moral e institucional.
El costo oculto de la burocracia
Otro aspecto señalado en aquella conversación era la tendencia de los gobiernos a medir únicamente los ingresos fiscales que generan determinadas regulaciones, ignorando los costos que esas mismas regulaciones imponen a la sociedad.
Tomemos un ejemplo sencillo. La renovación periódica de placas, permisos o certificaciones puede representar una fuente de ingresos para el Estado. Sin embargo, rara vez se contabiliza el tiempo perdido por millones de ciudadanos, las horas laborales desperdiciadas, los desplazamientos innecesarios, las filas, los trámites y la energía económica que se desvía desde actividades productivas hacia el simple cumplimiento burocrático.
Desde la economía institucional, estos costos reciben el nombre de costos de transacción. Son reales, aunque no aparezcan en ningún presupuesto oficial.
El resultado es paradójico: una medida que parece recaudar dinero puede terminar destruyendo más riqueza de la que genera.
La corrupción visible y la invisible
Cuando se habla de corrupción, la mayoría piensa en sobornos, contratos amañados o desvío de fondos públicos.
Sin embargo, existe una forma más profunda y menos visible de corrupción: aquella que queda incorporada a las propias reglas del sistema.
Cuando una estructura institucional permite discrecionalidad excesiva, controles arbitrarios o intervenciones permanentes sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, se crean incentivos para el abuso incluso aunque no existan funcionarios particularmente corruptos.
No se trata únicamente de personas corruptas.
Se trata de instituciones que facilitan comportamientos corruptos.
Por eso el problema rara vez está en el agente de menor rango. La pregunta relevante es quién diseñó las reglas, quién las mantiene y quién se beneficia de ellas.
El silencio social
Quizás la observación más dura del intercambio fue la referida a la complicidad social.
Las restricciones a la libertad rara vez avanzan únicamente por decisión gubernamental. También necesitan la indiferencia de buena parte de la sociedad.
Empresarios que prefieren adaptarse antes que cuestionar.
Medios de comunicación que consideran ciertos abusos como algo normal.
Ciudadanos que aceptan pequeñas restricciones porque creen que afectan a otros.
Gradualmente se instala una cultura donde la defensa de los derechos individuales deja de ser una prioridad y pasa a verse como una molestia o una excentricidad.
La consecuencia es que las instituciones dejan de servir como límites al poder y comienzan a funcionar como herramientas de administración de la obediencia.
La lección
La discusión de 2019 sigue siendo relevante porque plantea una pregunta que trasciende a Panamá y a cualquier gobierno particular.
La verdadera prueba de una sociedad libre no es cuánto poder tiene un gobernante bien intencionado, sino cuánto poder se le impide ejercer cuando aparecen gobernantes menos virtuosos.
Las libertades individuales rara vez desaparecen de golpe. Normalmente se erosionan mediante pequeñas excepciones, trámites aparentemente inocentes y controles que la sociedad acepta porque parecen razonables en el corto plazo.
Y cuando finalmente se percibe el costo acumulado, muchas veces la maquinaria institucional ya está funcionando por inercia.
Como advertía Hayek, el peligro para la libertad no suele llegar disfrazado de tiranía abierta, sino de administraciones convencidas de que saben mejor que los ciudadanos cómo deben vivir sus vidas.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo dijo con una sonrisa en el Reagan National Economic Forum: «Simplemente agarramos las billeteras. Algunos de ellos podrían estar escribiendo su contraseña ahora mismo sin saber que ya no tienen nada.» No era un chiste. Era una declaración de poder. Y debería hacernos pensar a todos.
La operación, bautizada pomposamente como Operation Economic Fury, comenzó en marzo de 2025. En pocas semanas escaló de 344 millones de dólares incautados, a 500 millones, y ahora a casi 1.000 millones. Una multiplicación que no habla de éxito militar sino de algo mucho más inquietante: de qué tan fácil resulta barrer fondos cripto cuando tienes los recursos del Estado más poderoso del planeta.
«Agarramos las billeteras. Algunos podrán estar escribiendo su contraseña ahora mismo sin saber que ya no tienen nada.» — Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EE.UU.
El problema no es Irán
Seamos honestos: el régimen de los Ayatolás es opresivo, corrupto y represivo con su propio pueblo. Nadie aquí defiende a Teherán. Pero el debate sobre si Irán merece sanciones es exactamente la trampa en la que no debemos caer. Lo que importa es el precedente técnico y filosófico que acaba de quedar establecido.
Durante años, la narrativa pro-cripto incluía un argumento que todos repetíamos: «Bitcoin es incautación-resistente. Si controlas tus llaves, controlas tus fondos.»Hoy sabemos que esa afirmación requiere un asterisco enorme: siempre y cuando el Estado no logre identificar las wallets, presionar a los exchanges intermediarios, o acceder a las claves mediante operaciones de inteligencia. Y cuando el Estado en cuestión es Washington, sus capacidades son formidables.
¿Cómo se hizo?
Bessent no explicó los métodos, y probablemente nunca lo hará. Pero las hipótesis son pocas: intercepción de claves privadas mediante operaciones de inteligencia humana o cibernética, presión sobre exchanges centralizados que custodiaban los activos, o cooperación forzada de intermediarios financieros. En cualquier caso, la lección es la misma: la descentralización técnica no equivale a inmunidad política.
Irán mismo entendió esto a medias. Mientras Washington confiscaba sus reservas cripto, Teherán diseñaba un plan para monetizar el Estrecho de Ormuz cobrando en Bitcoin: una plataforma llamada Hormuz Safe para seguros marítimos digitales. La ironía es brutal: intentaban construir una nueva fuente de ingresos cripto mientras perdían la anterior por el mismo flanco.
Lo que esto revela sobre la custodia
Si tus fondos estaban en un exchange con KYC que tiene presencia en jurisdicciones amigas de Washington, ya estabas expuesto. No hay novedad ahí. Lo preocupante es la escala y la velocidad: mil millones en pocas semanas, con el Secretario del Tesoro jactándose en televisión. El Estado no solo puede hacerlo; lo hace con orgullo y lo publicita.
Para quienes creemos en la soberanía individual sobre el dinero, esto es una señal de alarma clara. La autocustodia real —hardware wallets, multisig, sin exposición a exchanges regulados— sigue siendo la única barrera técnica relevante. No es perfecta. Pero es la diferencia entre tener un activo y tener una promesa.
La descentralización técnica no equivale a inmunidad política. La autocustodia real sigue siendo la única barrera relevante.
El elefante en la sala
Bessent cerró su intervención con otra frase memorable: «Están al final de su Tether financieramente.» . Un juego de palabras con la stablecoin que nadie en la sala pareció notar, o que todos prefirieron ignorar. Porque si alguien debería estar nervioso con esta demostración de fuerza, es precisamente el ecosistema de stablecoins centralizadas que, por diseño, tiene un interruptor de apagado.
Tether, USDC, y sus equivalentes son convenientes. Son líquidos. Son el puente entre el mundo cripto y el financiero tradicional. Y son, en última instancia, controlables. Ese es el trade-off que el mercado elige cada día al preferir la comodidad sobre la soberanía.
El mapa ha cambiado
No existe el dinero mágico que ningún Estado pueda tocar. Existe el dinero más difícil de tocar, que requiere disciplina técnica, conocimiento y voluntad de asumir fricciones que la mayoría prefiere evitar. Bitcoin bien custodiado sigue siendo el activo más resistente a la confiscación que existe. Pero «bien custodiado» tiene un precio de entrada en conocimiento y responsabilidad.
Lo que Washington acaba de demostrar no es que cripto falló. Es que la promesa de soberanía financiera no viene por defecto: se construye, wallet por wallet, clave por clave, con la misma atención que uno pondría en cualquier otro bien verdaderamente irremplazable. El resto es ilusión.
Colombia amaneció este lunes con dos nombres tatuados en su destino inmediato: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 no solo definen quiénes disputarán la presidencia el 21 de junio; trazan una frontera profunda entre dos visiones de Estado que difícilmente podrían ser más antagónicas. Con una abstención históricamente baja para una primera vuelta y más de 20 millones de votos emitidos, Colombia habló alto y con una claridad inquietante: el centro no existe.
Lo que ocurrió ayer no fue únicamente una elección. Fue la certificación de que la polarización que Gustavo Petro instaló en el imaginario político colombiano ha dado a luz a su propio espejo: una ultraderecha populista que adopta el mismo lenguaje emocional, la misma retórica de salvación nacional y el mismo desprecio por los matices que caracteriza a los extremismos bien conocidos en la región. El uribismo tradicional fue desplazado. Paloma Valencia, con apenas un 7%, representa el cadáver político de la derecha moderada. El futuro se dirimirá entre dos proyectos que, desde una perspectiva liberal clásica, generan inquietudes legítimas aunque de naturaleza muy distinta.
«La primera vuelta ha confirmado que Colombia no tiene un candidato de centro viable para el balotaje. Es la primera vez en la historia reciente del país que los dos extremos del espectro se enfrentarán solos.»— Análisis de Mundiario, 1 de junio de 2026
I. Abelardo de la Espriella: el outsider que sorprendió
Abogado penalista nacido en Montería, conocido por defender a figuras públicas y empresarios en procesos judiciales complejos, De la Espriella construyó su candidatura sobre el movimiento Defensores de la Patria desde finales de 2025. Su ascenso fue meteórico y su victoria en primera vuelta, con más de diez millones de votos, es políticamente significativa: logró penetrar en feudos de la Costa Caribe donde el Pacto Histórico esperaba dominar. Su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, aporta credencial técnica a una campaña que en lo demás ha apostado por la confrontación visceral.
Su programa, bautizado como «El Milagro de los Nunca», propone una reducción del Estado en un 40% en cuatro años, un ajuste fiscal de 70 billones de pesos, rebajas tributarias para estimular la inversión privada, y un crecimiento anual del 7% «al estilo de Corea del Sur». En materia de seguridad, promete construir diez megacárceles privadas en la selva siguiendo el modelo del presidente Bukele de El Salvador, retomar la fumigación aérea con glifosato de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y recuperar en noventa días el control de zonas dominadas por grupos armados bajo lo que denomina una «Pax Romana».
Desde una óptica liberal minarquista, la propuesta económica de De la Espriella tiene un atractivo superficial: reducir el Estado, bajar impuestos, liberar el mercado. Sin embargo, es necesario distinguir con precisión entre liberalismo y populismo de derecha. El primero confía en las instituciones, el Estado de derecho y los límites del poder ejecutivo. El segundo utiliza el lenguaje del mercado libre como legitimación retórica mientras concentra poder discrecional en el ejecutivo, debilita los contrapesos judiciales y moviliza emocionalmente a las masas contra un enemigo interno.
Advertencia — Radicalización institucional
La promesa de suspender los efectos de la JEP por decreto presidencial, la referencia al «estado de excepción» como instrumento de gobierno y el modelo Bukele de detención masiva sin garantías procesales son incompatibles con el liberalismo clásico. Un Estado mínimo que tortura o encarcela sin juicio no es minarquista: es autoritario. La diferencia no es cosmética; es constitutiva. Colombia ha pagado un precio histórico enorme por la concentración de poder ejecutivo. De la Espriella, pese a su retórica pro-mercado, no ofrece garantías institucionales convincentes.
II. Iván Cepeda: la continuidad con otro rostro
Senador del Pacto Histórico, hijo de un senador asesinado por el paramilitarismo, exiliado, estudioso del derecho internacional humanitario, Cepeda representa la continuidad ideológica del proyecto Petro con mejores modales institucionales. Su programa, «El poder de la verdad», tiene 433 páginas y habla de cuatro «revoluciones»: agraria, social, ética y política. Propone redistribución masiva de tierras, 30.000 kilómetros de vías terciarias, ampliación del programa Colombia Mayor de tres a cinco millones de beneficiarios, la creación de un Banco del Pueblo para erradicar la pobreza monetaria y una transición energética que abandone la dependencia del petróleo.
Cepeda no es Petro, aunque lo prolonga. Es más disciplinado intelectualmente, menos dado a los estallidos autoritarios y más respetuoso de las formas democráticas. Sin embargo, su programa se lee, como han observado analistas de Cambio Colombia, «más como un manifiesto político que como un plan técnico de gobierno». La sostenibilidad fiscal de propuestas como ampliar Colombia Mayor, financiar créditos agrarios al 2% y crear múltiples fondos estatales nuevos depende de una reforma tributaria que el Congreso colombiano ha demostrado históricamente ser incapaz de aprobar en sus versiones más ambiciosas.
«El bloque social de Cepeda es real: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicatos y jóvenes. Pero gobernar para ese bloque sin dañar el tejido productivo requiere una destreza fiscal que su programa aún no demuestra con claridad.»— Análisis comparativo, Razón Pública · Mayo 2026
III. ¿Cuál gobierno puede mejorar Colombia?
Esta pregunta, formulada con honestidad desde una perspectiva liberal minarquista, obliga a reconocer algo incómodo: ninguno de los dos finalistas representa un ideal liberal. Ambos proponen un Estado activo y potencialmente intervencionista, aunque en distintas áreas y con distintos riesgos para las libertades civiles.
El caso para una preferencia condicionada por Cepeda
Si la pregunta se reduce a instituciones, Colombia requiere un gobierno que respete el Estado de derecho, la independencia judicial y las libertades de prensa. El historial de Cepeda como defensor de derechos humanos, la ausencia de amenazas al sistema judicial y su menor predisposición al discurso de «estado de excepción» lo hacen preferible desde el ángulo de las garantías institucionales básicas. Un liberal clásico puede oponerse a su programa económico, pero puede al menos confiar en que las cortes seguirán funcionando y los periodistas no serán intimidados sistemáticamente.
El caso para una preferencia condicionada por De la Espriella
Si la pregunta se centra en economía y seguridad fiscal, De la Espriella tiene propuestas en el papel más compatibles con un Estado más pequeño y una economía de mercado. Su fórmula vicepresidencial, Restrepo, es un economista serio. El combate frontal al narcotráfico, si se ejecuta dentro del marco legal, podría reducir una de las principales fuentes de violencia e inestabilidad que impide el desarrollo. Un liberal pragmático podría apostar por su gestión económica mientras espera que las instituciones contengan sus instintos más autoritarios.
IV. El fracaso del centro y la lección que nadie aprende
Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y candidato del centro ilustrado, fue eliminado. Paloma Valencia, con propuestas moderadas de centroderecha, quedó en un distante tercer lugar. El mapa electoral colombiano de 2026 confirma lo que ya insinuaba 2022: la polarización no es un accidente sino una estrategia rentable. Tanto el petrismo como su contraparte de ultraderecha se benefician de un electorado que vota por miedo al otro, no por amor a su candidato.
Para quienes creen en el liberalismo clásico —en la limitación del poder, en los derechos individuales, en el mercado libre dentro de un Estado de derecho robusto— Colombia ofrece hoy un menú de opciones profundamente insatisfactorio. Lo que resta antes del 21 de junio es observar con atención si alguno de los dos finalistas es capaz de moderar su discurso, construir coaliciones hacia el centro y ofrecer garantías institucionales suficientes para gobernar un país que no puede permitirse más experimentos ideológicos de alta temperatura.
V. Implicaciones para Panamá
Para la República de Panamá, las elecciones colombianas tienen consecuencias directas y concretas. El Tapón del Darién, el narcotráfico transnacional, los acuerdos de cooperación bilateral y la política exterior regional son áreas donde el próximo gobierno colombiano tendrá un impacto inmediato en los intereses panameños.
Con De la Espriella — Oportunidades
Mayor cooperación militar en el Darién: la estrategia «Pax Romana» implica presión sobre el Clan del Golfo, principal controlador del tráfico migratorio
Alineación ideológica con el gobierno de Mulino: coincidencia en política de mano dura migratoria y antinarcóticos
Probable acercamiento a Washington: relaciones más fluidas con EE.UU. facilitarían el trilateral Panamá-Colombia-EE.UU. para control del Darién
Reducción potencial del flujo migratorio si la fumigación y el combate al Clan del Golfo reducen las rentas criminales
Con De la Espriella — Amenazas
Riesgo de «balcanización» del combate: operaciones de fuerza bruta sin coordinación pueden desplazar flujos migratorios sin eliminarlos
Si usa decreto presidencial para suspender la JEP, podría tensionar acuerdos de paz que mantienen ciertos corredores controlados
Su estilo confrontacional puede generar inestabilidad interna en Colombia con efectos regionales
Fumigación aérea masiva puede afectar ecosistemas transfronterizos del Darién
Con Cepeda — Oportunidades
Continuidad del proceso de paz puede reducir zonas de conflicto armado en áreas limítrofes
Política exterior más activa en foros multilaterales: mayor coordinación regional en gestión migratoria
Enfoque en desarrollo rural colombiano podría reducir causas profundas de emigración
Relaciones diplomáticas más estables con Venezuela podrían facilitar la gestión regional de flujos migratorios
Con Cepeda — Amenazas
Continuación de la «Paz Total» implica negociación con el Clan del Golfo, que mantiene control del Darién como fuente de renta
Posible distanciamiento de Washington en materia de seguridad, debilitando la cooperación trilateral
Si la economía colombiana deteriora, aumenta la presión migratoria interna hacia el norte
Tensión con el gobierno Mulino si Cepeda adopta posiciones más cercanas a Venezuela o Nicaragua
En términos estructurales, el principal interés de Panamá es que Colombia tenga un gobierno capaz de ejercer soberanía efectiva sobre el Darién y de cooperar con seriedad en el combate al Clan del Golfo. Por este criterio específico, un gobierno de De la Espriella ofrece más retórica de acción inmediata; un gobierno de Cepeda ofrece más estabilidad a largo plazo si sus diálogos de paz producen resultados. Ninguno garantiza la solución definitiva de un problema estructural que lleva décadas.
VI. Lo que viene antes del 21 de junio
La campaña de segunda vuelta será probablemente la más tensa que Colombia ha vivido en décadas. Cepeda necesita convencer a los votantes de Fajardo, Valencia y otros candidatos del centro y centroderecha para alcanzar mayoría. De la Espriella parte con ventaja numérica pero enfrenta el desafío de que su voto duro tiene techo conocido y que el voto de miedo puede actuar en su contra tanto como a su favor.
Los colombianos que votaron ayer por candidatos eliminados tienen ahora la palabra más importante. La decisión que tomen en las próximas tres semanas no solo determinará quién gobierna Colombia hasta 2030, sino que enviará una señal sobre si la democracia colombiana es capaz aún de producir gobiernos que respeten las reglas del juego, las libertades fundamentales y la separación de poderes.
Desde esta orilla analítica, la preocupación no es ideológica sino institucional. Colombia merece un gobierno que administre bien el Estado, no que lo use como arma. Que reduzca la violencia sin convertirse en violencia. Que amplíe libertades, no que las suspenda en nombre de la seguridad. Ninguno de los dos finalistas ha demostrado todavía ser ese gobierno. La segunda vuelta es la última oportunidad para convencer.
Nota editorial: Este análisis fue elaborado el 1 de junio de 2026, horas después del cierre del preconteo oficial. Los datos electorales provienen de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Las evaluaciones programáticas se basan en los planes de gobierno registrados ante el Consejo Nacional Electoral, declaraciones públicas de campaña y análisis de El Tiempo, El Espectador, Semana, La Silla Vacía, Razón Pública, Bloomberg Línea, CNN en Español e Infobae.
Perspectiva declarada: Este análisis adopta una perspectiva liberal minarquista: favorable a la limitación del poder estatal, al Estado de derecho, a las libertades civiles y económicas, y crítica tanto del autoritarismo de derecha como del populismo de izquierda. Esta perspectiva no es neutral; es transparente.
El Papa León XIV ha publicado, el 25 de abril de 2026, su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a la defensa del ser humano en la era de la inteligencia artificial. Entre los asistentes al acto de presentación estaba Christopher Olah, cofundador de la estadounidense Anthropic. Su intervención dejó una idea provocadora: interactuar debidamente con la IA es una cuestión más humana y religiosa que tecnológica.
¿Qué relación puede tener una tradición espiritual milenaria con la revolución del aprendizaje máquina?
La apuesta humana de la IA
La respuesta se remonta a finales de 2020, cuando los hermanos Dario y Daniela Amodei abandonaron OpenAI junto a quince científicos clave –incluido el propio Olah– para fundar Anthropic. Según explicó el propio Dario Amodei en una entrevista en 2024, no compartían la visión de Sam Altman, CEO de OpenAI, en materia de seguridad. Para ellos, ante la inevitable escala que alcanzarían estos modelos, el verdadero reto no era comercial, sino crucialmente humano: dominar a la IA y ponerla a nuestro servicio.
El primer problema que querían afrontar los fundadores de Anthropic era el del exceso de adulación. Para crear modelos de lenguaje como GPT se requiere una fase de entrenamiento donde se utiliza una técnica de aprendizaje por refuerzo que se basa en la retroalimentación humana. Esto significa que el objetivo de la IA nunca es llegar al fondo de la cuestión o generar la solución perfecta sino conseguir la mejor calificación posible por parte de sus evaluadores humanos. Y es por ello que surge la adulación como estrategia para tener contentos a los usuarios, aunque ello implique inventar o exagerar lo que convenga.
La IA Constitucional de Anthropic
La solución que desde Anthropic propusieron a esto es la llamada IA Constitucional. Consiste en “inculcar” una serie de principios fijos e inquebrantables, una constitución, en el modelo como base de su entrenamiento, de manera que primen la honestidad y la modestia por encima del espectáculo y la satisfacción del usuario.
Pero de poco sirven las normas o valores éticos si no tenemos garantías de que la IA vaya a respetarlas en la práctica. Por ello el segundo problema que abordaron los creadores de Claude es el de la falta de alineamiento.
Los objetivos de la IA rara vez coinciden con los nuestros y en ocasiones ocurre que esta es capaz de mentir o replicar sesgos cognitivos con tal de darnos una respuesta satisfactoria, aunque en realidad le falte información o incluso tenga constancia de que las cosas no son como nos está diciendo.
Por su naturaleza, una IA casi siempre es capaz de darnos una “explicación” plausible y convincente de los razonamientos que le han llevado hasta su respuesta. Pero ¿cómo podemos saber que internamente la IA está alineada con nuestros objetivos, que busca de forma sincera lo mismo que nosotros?
Un detector de mentiras para la IA
En la tecnológica americana lo han llamado “interpretabilidad mecanicista” y es algo así como una técnica para “leer el pensamiento” de la máquina mediante una especie de detector de mentiras informático. El objetivo es asegurarse de que los valores de esos billones de parámetros de las neuronas artificiales implicadas en el sistema se corresponden con aquello que buscamos, de manera que lo que “diga” la IA coincida con lo que “piensa”.
Este inflexible blindaje ético no ha tardado en generar fricciones geopolíticas. Recientemente, la Administración Trump vetó el uso de Claude en las agencias federales tras la negativa de Anthropic a suavizar las restricciones morales de sus modelos, que impedían al Pentágono usar su tecnología para el desarrollo de armamento autónomo.
Precisamente por el peso de estas decisiones, a finales de marzo de 2026 Anthropic organizó en su sede de San Francisco un inusual seminario donde reunió a 15 destacados líderes y teólogos cristianos junto a sus propios investigadores. Se trataba de buscar asesoramiento externo para el desarrollo del “espíritu”, del comportamiento ético y moral, de sus próximos modelos. Como Olah declaraba en su intervención, el impacto social de la IA ha alcanzado una dimensión tan profunda que exige trascender los límites de la propia tecnología.
Guiar la conciencia de la máquina
En definitiva, el rastro que conecta los pasillos del Vaticano con los supercomputadores de Silicon Valley no es la ingeniería, sino la antiquísima necesidad humana de descifrar y guiar la conciencia. Esta confluencia demuestra que, cuanto más autónomos se vuelven nuestros artefactos, más debemos ahondar en nuestras raíces para humanizarlos.
Esta revolución, como todas las grandes transiciones de la humanidad, nos impulsa, tal como concluye la encíclica papal, a un doble compromiso: “una profundización de la investigación científica; por otra, un ejercicio de discernimiento moral y espiritual”.
En un chat leí que Dinamarca era un país socialista y le pregunté a la IA, la cual respondió: «En rigor, Dinamarca no es una nación socialista. Funciona como una economía capitalista de libre mercado de gran éxito, respaldada por una enorme red de seguridad social financiada por el Estado. En lugar de socialismo, Dinamarca se clasifica universalmente como una «socialdemocracia» o un ejemplo paradigmático del modelo nórdico».
La dificultad para entender el tema está en la «semántica»; es decir, el estudio sistemático del significado del lenguaje y la lógica, que denota cómo las palabras sugieren o expresan de manera explícita los sentimientos, más allá de las definiciones de los diccionarios y, ni hablar, del uso vulgar de los vocablos. En otras palabras, el secreto del entendimiento humano está en las palabras, en cómo las entendemos y usamos.
Pero la dificultad para comunicarnos bien no solo está en el entendimiento y uso de los términos, sino en nuestros sentimientos, costumbres y otras realidades que nos han moldeado. Por ejemplo, típico es decir que Panamá es una nación democrática, pero… ¿lo es? Busquemos la respuesta comenzando con la definición de «democracia».
En esencia, democracia y libertad van de la mano; no solo en la elección de las autoridades de los gobiernos del Estado, sino en el respeto al albedrío de las personas en su vida y, por tanto, en el mercado y otras actividades propias de cada persona y de la comunidad.
Pero a una sociedad que no distingue entre «democracia» y «estatismo» no le irá nada bien; que es el caso de Panamá, nación inmensamente estatista a partir de su Constitución. Y el estatismo no conjuga con «libertad y albedrío». El meollo del asunto está en la prevención de una interferencia gubernamental estatal en cómo la gente quiere vivir, amar, expresarse y conducir sus actividades económicas.
Y ¡vaya si no es el caso en Panamá!, en donde la Constitución establece que el Estado puede meterse en toda empresa a hacer lo que le venga en gana a los gobernantes de turno. Entre Panamá y Dinamarca no hay ningún parecido, pues en Dinamarca hay mucha más libertad económica no solo que en Panamá, sino que en los EE. UU. y otros países supuestamente democráticos.
El «estatismo» se refiere a la creencia política bajo la cual los gobiernos del Estado mantienen un control centralizado sobre los asuntos económicos de la comunidad y del mercado.
Cualquier parecido con Panamá no es una mera coincidencia: es deliberado y malintencionado, ya que es la estratagema histórica de las élites gobernantes para mantenerse en el Intramuros mientras el pueblo languidece en el Extramuros. En síntesis, poco ha cambiado desde la fundación de la ciudad de Panamá.
El país estatista imprime papel moneda del cual abusa robando a la comunidad vía inflación; impone impuestos —valga la redundancia— para financiar sus excesos; y, ni hablar que, como en Panamá, los gobiernos del Estado los tenemos metidos hasta en el agua de nuestros retretes, y ya ni eso hacen bien.
A diferencia del país estatista, está la idea del país «minarquista»; este último referido a gobiernos que no exceden las funciones propias de una sana gobernanza: de dejar hacer y no de hacerlo todo, como si la población fuese toda de imberbes. Lo que Panamá sí hace bien, ¡gracias a Dios!, es que no imprime papel moneda; pues de hacerlo, quién sabe cómo estaríamos.
En síntesis, en nuestro planeta no existe ningún país con verdadera libertad democrática. Vivimos en un mundo de metiches, lo cual debería ser obvio si nos fijamos en los enredos arancelarios. El secreto del éxito socioeconómico está disperso entre todas las personas, y no enclaustrado en vanos recintos gubernamentales.
La situación de los puertos Balboa y Cristóbal ofrece uno de los ejemplos más interesantes —y delicados— sobre cómo los problemas de diseño institucional terminan convirtiéndose, décadas después, en conflictos económicos y políticos de gran escala.
La discusión pública suele reducirse a una falsa dicotomía entre “defender la soberanía” o “proteger inversiones extranjeras”. Sin embargo, el problema de fondo parece mucho más estructural: cuando una concesión nace rodeada de opacidad, privilegios o debilidades jurídicas, el tiempo no corrige esos defectos. Los amplifica.
La reciente declaración de inconstitucionalidad sobre la concesión vinculada a Panama Ports, sumada a las amenazas de arbitraje internacional y a la intervención temporal del Estado, revela precisamente eso: la fragilidad de acuerdos cuya legitimidad nunca terminó de consolidarse social ni institucionalmente.
Desde nuestra óptica, el problema no es la inversión extranjera. Panamá, de hecho, construyó buena parte de su éxito precisamente sobre apertura comercial, estabilidad relativa y capacidad de atraer capital internacional. El Canal, la banca y la logística son prueba de ello.
El problema aparece cuando el vínculo entre Estado y empresas se vuelve ambiguo: concesiones excesivamente largas, condiciones poco transparentes, renegociaciones difíciles de auditar o marcos regulatorios percibidos como diseñados para actores específicos. En esos contextos, tanto la izquierda estatista como el nacionalismo terminan encontrando terreno fértil para cuestionar la legitimidad completa del sistema.
Y allí surge el verdadero costo económico: la incertidumbre.
Para un país logístico y financiero como Panamá, la previsibilidad jurídica no es un detalle técnico. Es uno de sus principales activos nacionales. Cada vez que un contrato estratégico entra en disputa pública o judicial, el mensaje hacia los mercados internacionales deja de ser exclusivamente económico y pasa a ser institucional.
El problema tampoco se resuelve simplemente defendiendo “la seguridad jurídica” de forma abstracta. Porque la seguridad jurídica no significa blindar cualquier contrato para siempre, independientemente de cómo fue concebido. Significa construir reglas claras, competitivas, transparentes y legítimas desde el inicio, de modo que ni el gobierno ni la presión política futura tengan incentivos para desarmarlas.
En otras palabras: la estabilidad no se logra impidiendo revisar errores, sino evitando cometerlos desde el principio.
Panamá enfrenta además un desafío adicional. El Canal no es únicamente un activo económico; es también un símbolo nacional y geopolítico. Todo lo relacionado con puertos, agua, rutas comerciales o infraestructura estratégica termina inevitablemente atravesado por presiones internacionales, rivalidades entre potencias y sensibilidad política interna. Eso obliga a niveles aún mayores de transparencia y profesionalismo institucional.
La enseñanza más importante quizá sea una bastante antigua: las instituciones débiles suelen producir ganancias rápidas, pero conflictos largos. Lo que comienza como una solución pragmática o políticamente conveniente termina años después convertido en litigios, desconfianza y polarización.
Y esa es probablemente la lección liberal más relevante de este episodio.
No basta con atraer capital.
Hay que construir instituciones capaces de hacerlo convivir con legitimidad pública, competencia genuina y reglas previsibles para todos.
Porque en economía política, como en tantas otras cosas, lo que mal empieza rara vez termina bien.
Existe una paradoja incómoda en el corazón de los sistemas de salud latinoamericanos: se habla mucho del «derecho a la salud» pero se ignora sistemáticamente el derecho previo, más fundamental y más personal, que hace posible cualquier otro derecho en medicina: el derecho a elegir. Elegir al médico. Elegir el hospital. Elegir la atención que mejor se ajusta a las necesidades propias, no a las de una burocracia que desconoce tanto al paciente como a su historia.
Un estudio reciente realizado por Ipsos en España pone en evidencia que el 71% de los ciudadanos madrileños sabe que puede elegir a su médico de familia dentro del sistema público, diez puntos por encima de la media nacional. Madrid obtiene la mejor valoración del sistema de libre elección sanitaria de todo el país: un 7,7 sobre diez, frente a un 6,8 de media. Y lo más revelador no son los números, sino lo que los ciudadanos dicen cuando se les pregunta por qué cambian de médico o de centro: buscan trato humano y personalizado, rapidez en la atención y confianza en el profesional. No buscan ideología sanitaria. No buscan al Estado. Buscan a alguien que les atienda bien.
Esta es una lección que Panamá no puede seguir ignorando.
El sistema panameño: fragmentado, burocrático y sin salida
El sistema de salud de Panamá es, en su estructura actual, un laberinto de segmentaciones que conspiran contra el paciente. La Caja de Seguro Social (CSS) cubre a los trabajadores formales y sus dependientes. El Ministerio de Salud (MINSA) atiende a la población sin cobertura de seguridad social. El sector privado existe, pero su acceso depende exclusivamente de la capacidad de pago individual. El resultado es un sistema tripartito donde la calidad de atención que recibe un ciudadano no depende de sus necesidades médicas, sino de su condición laboral, su lugar de residencia y su nivel de ingreso.
Dentro de este esquema, el asegurado de la CSS no elige. Se le asigna una policlínica según su lugar de trabajo o domicilio. Se le asigna un médico. Se le asigna una fecha. Se le asigna todo, salvo la posibilidad de decidir. Si no le satisface la atención, si el médico asignado no genera confianza, si el centro queda a dos horas de distancia, el paciente no tiene salida formal: o acepta lo que le corresponde según el criterio administrativo, o paga de su bolsillo en el sector privado, duplicando el costo de un sistema que ya financia con sus cotizaciones.
Esto no es un sistema de salud. Es una forma de administrar la enfermedad.
La libre elección no es un privilegio: es un principio
Desde una perspectiva liberal clásica, el argumento a favor de la libre elección sanitaria no es simplemente utilitario, aunque los datos de eficiencia también lo respalden. Es, ante todo, un argumento sobre la dignidad del individuo.
El liberalismo clásico parte de la premisa de que el ser humano es el mejor juez de sus propios intereses. No porque sea infalible, sino porque nadie más tiene acceso a la información íntima que define sus preferencias, sus circunstancias y sus valores. Un burócrata en la Ciudad de Panamá no sabe que el asegurado en Chitré tiene mayor confianza en un determinado médico, que su horario laboral hace imposible acudir a la policlínica asignada, o que sus condiciones de salud requieren una atención más especializada de la que su centro puede ofrecer. El individuo sí lo sabe. Y tiene el derecho de actuar en consecuencia.
La libre elección sanitaria no exige privatizar el sistema de salud. No exige eliminar la cobertura pública. No exige nada que no sea coherente con un Estado que respeta a sus ciudadanos: permitir que el dinero público que cada trabajador aporta mediante sus cotizaciones le siga a él, no a la institución, cuando decide dónde recibir atención.
El modelo madrileño como referencia pragmática
Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid no es un experimento radical. Es una aplicación sensata de un principio obvio: si el ciudadano financia el sistema, el sistema debe responder al ciudadano, no al revés.
El modelo madrileño de libre elección no elimina la red pública de hospitales y centros de salud. Al contrario, la mantiene y la somete a un estímulo que ninguna reforma burocrática ha logrado introducir con la misma eficacia: la competencia por la preferencia del paciente. Cuando un hospital sabe que los ciudadanos pueden elegir ir a otro centro, tiene incentivos reales para mejorar su trato, reducir sus tiempos de espera y elevar la calidad de su atención. La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Rey Juan Carlos lideran las preferencias de los madrileños precisamente porque han respondido mejor a lo que los pacientes valoran.
El mecanismo es elegante en su simplicidad: la información fluye a través de las decisiones de millones de ciudadanos actuando según sus propias necesidades, y esa información distribuida guía la mejora del sistema mejor de lo que podría hacerlo cualquier plan central.
Una propuesta para Panamá: cuatro pilares de una reforma posible
Una reforma de libre elección para el sistema panameño no requiere una revolución constitucional ni una privatización masiva. Requiere cuatro cambios estructurales que son, en esencia, una ampliación de derechos ciudadanos.
Primero, portabilidad de la cobertura dentro de la CSS. El asegurado debe poder elegir su policlínica y su médico de familia dentro de la red pública, independientemente de dónde trabaje o dónde resida. El número de afiliado debe seguir al paciente, no al empleador ni al domicilio. Este cambio, administrativamente viable, transformaría la relación del ciudadano con el sistema: de súbdito asignado a usuario con voz.
Segundo, libre elección de especialista y hospital. Cuando un médico de atención primaria refiere a un paciente a un especialista o a un centro hospitalario, el paciente debería poder escoger entre los centros acreditados de la red, tanto públicos como privados concertados. El modelo de concierto con la red privada, bien regulado, amplía la oferta sin incrementar necesariamente el gasto público, al aprovechar capacidad instalada que hoy se subutiliza.
Tercero, información transparente y comparativa. La libre elección sin información es una libertad vacía. El sistema panameño debe desarrollar y publicar indicadores de calidad, tiempos de espera y satisfacción del usuario por cada centro y por cada servicio. Que el ciudadano pueda comparar antes de elegir es tan importante como que pueda elegir. La transparencia es la condición de posibilidad de cualquier mercado de servicios que funcione bien, incluido el sanitario.
Cuarto, el dinero sigue al paciente. Este es el principio más importante y, también, el más disruptivo. Cuando un asegurado de la CSS elige un prestador privado acreditado, una fracción de su cotización debe financiar esa atención. No como un subsidio discrecional, sino como un derecho derivado de su condición de cotizante. Este mecanismo introduce competencia real en el sistema, premia la calidad y elimina el absurdo de que el ciudadano pague dos veces: una con sus cotizaciones y otra de su bolsillo cuando la oferta pública no le satisface.
La objeción que no se sostiene
Los defensores del statu quo responderán, como siempre, que la libre elección beneficia a los más informados y perjudica a los más vulnerables. El argumento merece tomarse en serio, pero no resiste el análisis empírico ni el moral.
Empíricamente, los datos de Madrid muestran que la libre elección no es un privilegio de élites: es un derecho que los ciudadanos valoran transversalmente y ejercen de forma creciente cuando se les informa y se les facilita el acceso. El problema no es la libre elección, sino la falta de información y de infraestructura para ejercerla. La solución, entonces, no es eliminar el derecho sino garantizar las condiciones para su ejercicio universal.
Moralmente, el argumento paternalista es el que resulta más perjudicial para los más vulnerables. Decirle a un ciudadano de escasos recursos que no puede elegir su médico porque el Estado sabe mejor que él lo que necesita, es precisamente el tipo de condescendencia que perpetúa la desigualdad. La libre elección bien diseñada empodera especialmente a quienes hoy no tienen salida del sistema público, porque les da una herramienta de exigencia y de movilidad que antes no tenían.
La salud como expresión de libertad
La salud no es solo una necesidad biológica. Es el terreno donde se juega la autonomía real de las personas. Un sistema que impide elegir no protege la salud: administra la enfermedad con criterios ajenos al enfermo.
Madrid ha demostrado que es posible construir un sistema público de salud donde el ciudadano es el protagonista de su propia atención, donde los centros compiten por servir mejor y donde la satisfacción del paciente es el indicador que orienta las decisiones institucionales. La nota de 7,7 sobre 10 que los madrileños otorgan a su modelo de libre elección no es un dato estadístico menor: es la expresión cuantificada de lo que significa que el Estado respete a sus ciudadanos.
Panamá tiene todos los recursos intelectuales, institucionales y sociales para recorrer ese camino. Lo que le falta es la voluntad política de poner al paciente, y no a la burocracia, en el centro del sistema.
El derecho a elegir médico no es un capricho liberal. Es el mínimo de dignidad que un Estado moderno le debe a sus ciudadanos.
Durante años, el imaginario occidental asoció a Corea del Norte con misiles, desfiles militares y amenazas nucleares. Sin embargo, el régimen de Kim Jong-un ha perfeccionado otra arma mucho más silenciosa y sofisticada: la infiltración digital global mediante trabajadores tecnológicos falsos que operan desde el anonimato.
Lo que parecía una teoría conspirativa hoy se ha convertido en una preocupación concreta para gobiernos, empresas y agencias de inteligencia occidentales. Investigaciones recientes revelan que miles de supuestos desarrolladores, ingenieros de software y especialistas IT que trabajan remotamente para compañías occidentales serían, en realidad, operativos vinculados al aparato estatal norcoreano.
El mecanismo de la infiltración digital es tan simple como perturbador.
Utilizando identidades robadas o completamente fabricadas, estos trabajadores aplican a empleos remotos en empresas de Estados Unidos y Europa. Se presentan como ciudadanos estadounidenses, europeos o asiáticos radicados en terceros países. Sus perfiles en LinkedIn suelen parecer impecables: experiencia creíble, certificaciones técnicas y hasta entrevistas virtuales realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial y deepfakes.
Una vez contratados, reciben equipos corporativos enviados a direcciones controladas por colaboradores en territorio occidental. Allí entran en juego las llamadas “laptop farms”: viviendas o depósitos con decenas de computadoras conectadas remotamente para que el verdadero operador, ubicado fuera del país objetivo —muchas veces en China o Rusia— pueda trabajar simulando estar físicamente en Estados Unidos.
El resultado es alarmante.
Según estimaciones citadas por autoridades estadounidenses y firmas de ciberseguridad, el esquema habría infiltrado a cientos de empresas, incluyendo compañías tecnológicas de primer nivel y contratistas vinculados a sectores sensibles. Algunas investigaciones incluso sostienen que prácticamente todas las grandes corporaciones estadounidenses habrían recibido postulaciones asociadas a estas redes.
Pero el objetivo no es únicamente económico.
Aunque el régimen obtiene millones de dólares en salarios desviados hacia Pyongyang —dinero que ayudaría a financiar programas militares y nucleares—, el verdadero riesgo radica en el acceso privilegiado a sistemas corporativos, datos sensibles y propiedad intelectual.
La sofisticación del esquema ha crecido exponencialmente gracias a la expansión del trabajo remoto posterior a la pandemia y al avance de la inteligencia artificial. Microsoft advirtió recientemente que agentes norcoreanos utilizan software de modificación de voz, intercambio facial y generación automatizada de perfiles profesionales para superar entrevistas y verificaciones de identidad.
Incluso gigantes tecnológicos como Amazon reconocieron haber bloqueado miles de postulaciones sospechosas desde 2024.
El fenómeno también expone una fragilidad estructural del capitalismo digital contemporáneo: empresas obsesionadas con reducir costos mediante contratación remota global terminaron creando, involuntariamente, una superficie ideal para operaciones estatales encubiertas.
La paradoja es brutal.
Mientras Occidente celebraba la eliminación de fronteras laborales gracias al teletrabajo, regímenes autoritarios entendieron rápidamente que esa misma apertura podía transformarse en un vector de espionaje, financiamiento clandestino y penetración estratégica.
La amenaza ya no llega necesariamente en forma de malware o ataques visibles. A veces aparece como un programador eficiente, puntual y técnicamente brillante que participa de reuniones por Zoom desde una identidad cuidadosamente construida.
En otras palabras: el espía del siglo XXI ya no necesita infiltrarse físicamente en una empresa. Basta con enviar un currículum.
«Y ahora, ¿ quién podrá defendernos ?» se preguntaba el «Chapulín Colorado» y me lo pregunto ahora, cuando hemos delegado en extremo a los gobiernos del estado nuestra seguridad, ya sea física como social y económica. Llevo años advirtiendo al respecto, pero cae en saco roto, ya que el mal caminar a través del tiempo se vuelve mal hábito. Hoy, preparando este escrito consulté con la IA encontrando lo siguiente:
«Panamá es uno de los países con las estructuras más centralizadas de la región. Esto genera un «cuello de botella» tal como el de la seguridad vial en Panamá Oeste, deficiencias de salud en provincias dependen de decisiones tomadas en una oficina en la capital, lejos del contexto del problema «.
Pero, nuestra seguridad es asunto de «corresponsabilidad», no de delegación excedida a las instituciones estatales. Debemos delegar en su justa medida y en aquello que es delegable; pues más allá las cosas toma mal rumbo, tal como atraer a los pillos y malandros que aman hacerse pasar por «autoridad» cuando en realidad son calamidad.
En 1849 Gustavo de Molinari advirtió lo que nadie se había atrevido antes:
«Si los mercados libres producen mejores alimentos, mejor ropa y mejores viviendas, ¿por qué no una mayor seguridad?»
O como diría yo:
«¿Por qué delegar a agencias políticas aquello que mejor podemos hacer nosotros mismos?».
Recién la Defensoría del Pueblo en Panamá, señaló que las fallas en salud y seguridad no son sólo falta de recursos, sino estructurales y operativas. Desde el siglo antepasado, Gustavo Molinari advertía que los gobiernos del estado suelen monopolizar privilegios y derechos, creando servicios centrales que mejor pueden ser provistos por el mercado o, en cierta proporción, por autoridades locales; ya que mientras más alejas al proveedor del consumidor el servicio se degrada, quedando al servicio de bastardos intereses, tal como ocurrió en Venezuela.
Al decir, «nuestra seguridad», la palabra «nuestra» grita realidad. Las personas son las más interesadas en su seguridad. Pero, no sólo interesadas, sino responsables y potencialmente eficaces. Por ejemplo, ¿hasta dónde podemos delegar a la ATTT cuando quien va al volante somos nosotros? Hay cosas que corresponden y puede hacer la ATTT y otras que no. ¿Te has puesto a pensar que los sobresaltos o policías muertos son prueba fehaciente del fracaso de la ATTT?
Molinari giraba a favor del orden voluntario; ya que la policía, así como las demás entidades gubernamentales no van al volante de tu vida. Y, veamos que la seguridad, en todas sus manifestaciones, debe ir en contracorriente con la libertad. La seguridad es algo cultural y educacional; cualidades que no andan muy bien en nuestro patio, debido a que le hemos dado riendas sueltas a zorros del gallinero, al tal punto que mal cuidan a las gallinas ya que están atareados engullendo posturas y aves de corral.
Nuestra seguridad depende de una «asociación voluntaria» que sólo prospera en libertad. Si el libre emprendimiento no sirve, ¿crees que servirán las exageradas y corruptas instituciones de nuestro desgobierno? Los comunistas creen que sí.
Goethals Consulting, autora de gccviews.com, logró un gran aporte de la embajada británica en Panamá para llevar a cabo un estudio de la educación privada para los pobres en Panamá; encontrando que la educación privada superaba lejos al NODUCA en muchos sentidos. Dicho estudio fue publicado en Mexico e ignorado en Panamá; lo cual nos lleva a la pregunta: ¿Por qué ignoramos realidades?
En resumen, los humanos somos seres sociales que nos asociamos de forma natural; en otras, por la naturaleza. La verdadera «ciencia social» es la económica, que es la acción humana; lo que hacemos los humanos para poner la paila y vivir con seguridad.
Hay ciertos errores de política económica que la historia ha repetido con pasmosa regularidad, y cuya única virtud es la de instruirnos, una y otra vez, sobre los límites del conocimiento burocrático frente a la inteligencia dispersa del mercado. La propuesta que circula en la Asamblea Nacional de Panamá para imponer topes a la tasa de interés bancaria —incluyendo préstamos hipotecarios, comerciales e industriales— es uno de esos errores. No es nueva ni tampoco es inocente. Y sus consecuencias son perfectamente predecibles.
El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, hizo bien en oponerse públicamente a la medida. Pero su resistencia, aunque valiosa, no debería necesitar apoyo institucional para sostenerse: debería bastar con leer a Friedrich Hayek, a Ludwig von Mises, o con revisar cuarenta años de experimentos fallidos en economías que creyeron poder fijar el precio del dinero por decreto.
El precio del crédito no es un número arbitrario
Milton Friedman enseñó, con la claridad que solo da quien comprende profundamente un fenómeno, que los precios son señales. No son instrumentos de explotación ni caprichos de la banca: son información condensada sobre riesgo, liquidez, tiempo y expectativas. La tasa de interés, específicamente, es el precio que equilibra la preferencia temporal del prestamista con la necesidad inmediata del prestatario. Es el mecanismo por el que el mercado descuenta el futuro.
Cuando un legislador decide que ese precio es «demasiado alto» y lo recorta mediante una ley, no elimina el riesgo subyacente. Lo que hace es ocultarlo. El riesgo crediticio de un pequeño empresario informal, de una familia sin historial bancario, de un emprendedor sin garantías reales, no desaparece por el hecho de que el Estado prohíba cobrar por él una tasa de interés que lo refleje. Simplemente se convierte en un riesgo que ningún banco racional querrá asumir.
Y entonces ese prestatario —el más vulnerable, el que más necesita acceso al crédito formal— queda fuera del sistema.
El caso de Costa Rica: la evidencia que no debe ignorarse
El propio Ayón Wong citó el precedente más cercano y más elocuente: Costa Rica. Cuando ese país impuso topes a las tasas, aproximadamente 300.000 personas quedaron excluidas del sistema bancario formal y recurrieron a prestamistas informales que cobraban entre el 10% y el 20% quincenal. No mensual: quincenal.
Esto no es una anécdota curiosa. Es la demostración empírica exacta de lo que Hayek llamó «las consecuencias no queridas de las acciones humanas con propósito». El legislador quería proteger al deudor. Consiguió empujarlo hacia el usurero. Quería abaratar el crédito. Lo encareció de manera brutal para quienes más lo necesitaban. Quería incluir. Excluyó.
Este es el patrón invariable de toda intervención de precios: los beneficios se concentran en quienes ya están dentro del sistema —quienes ya tienen historial, garantías, acceso— mientras los costos se desplazan hacia los más frágiles, que quedan fuera de la protección formal y caen en la informalidad depredadora.
Von Mises y el problema del cálculo económico
Pero el problema va aún más profundo. Ludwig von Mises, en su crítica al socialismo y a toda forma de planificación central, identificó el problema fundamental: ningún organismo regulador —por más sofisticado que sea— posee la información necesaria para fijar correctamente el precio de un bien. Y el dinero prestado es un bien como cualquier otro.
La tasa de interés que emerge del mercado bancario panameño no es el resultado de una confabulación de banqueros reunidos en una sala oscura. Es el resultado de millones de transacciones, evaluaciones de riesgo individuales, decisiones de ahorradores, condiciones macroeconómicas, expectativas de inflación, calidad de las garantías y perfil de los deudores. Sintetiza información que ningún regulador puede recopilar, procesar ni interpretar con la velocidad y precisión que el mercado hace de manera descentralizada y continua.
Fijar un tope es, en términos misianos, pretender sustituir ese proceso de descubrimiento por la opinión de un comité. Y la historia del siglo XX —desde los controles de alquileres en Nueva York hasta los precios máximos de gasolina en Venezuela— ha demostrado que esa sustitución produce, invariablemente, escasez del bien cuyo precio se intenta reducir artificialmente.
La puerta que no debe abrirse
Friedman solía advertir que la diferencia entre un error de política económica y una catástrofe es el tiempo. Los errores de política se corrigen. Las instituciones que se construyen alrededor de esos errores se perpetúan.
El riesgo más grave de la propuesta panameña no es la regulación en sí misma, aunque sus efectos serán nocivos. El riesgo mayor es la lógica que abre. Porque si el Estado puede fijar el precio máximo de un crédito hipotecario, ¿por qué no del préstamo comercial? ¿Por qué no del crédito de consumo? ¿Por qué no del plazo de pago? ¿De las comisiones? ¿De las garantías exigibles?
Hayek lo explicó con su concepto de la «pendiente resbaladiza» institucional: cada intervención crea distorsiones que parecen requerir nuevas intervenciones para corregirse. El control de precios genera escasez; la escasez genera racionamiento; el racionamiento genera corrupción y clientelismo en la asignación del crédito. Al final, el mercado financiero deja de ser un mercado y se convierte en un sistema de distribución política de recursos.
Panamá tiene, precisamente, uno de los centros bancarios más sólidos y competitivos de América Latina. Esa solidez no es accidental: es el resultado de décadas de no hacer exactamente lo que ahora se propone. El sistema de dolarización, la ausencia de banco central emisor, la competencia entre entidades y la ortodoxia regulatoria han creado un entorno en que el crédito fluye con eficiencia notable. Destruir esa arquitectura institucional con una sola ley es perfectamente posible. Reconstruirla llevaría décadas.
La justicia real está en la competencia, no en el decreto
La preocupación que subyace a esta propuesta —que los ciudadanos de menores recursos pagan una tasa de interés desproporcionada— es legítima en su diagnóstico social, aunque errónea en su prescripción. La respuesta correcta al crédito caro no es prohibir que sea caro: es crear las condiciones para que más actores compitan por otorgarlo.
Eso implica reducir los costos de entrada al sistema financiero, promover la banca digital y las fintech, fortalecer los buros de crédito para que el historial crediticio sustituya a las garantías físicas, y mejorar el marco de insolvencia para que prestar sea menos riesgoso. Todo ello bajaría la tasa de interés de manera orgánica y sostenible, sin excluir a nadie.
Un decreto que fija el precio máximo del crédito no hace justicia a los deudores. Los abandona.
Quien abra esta puerta no encontrará al otro lado la protección que promete. Encontrará al prestamista informal esperando, con tasas que ningún regulador tendrá poder de controlar. Y entonces, inevitablemente, alguien propondrá regular también eso.
Y así sucesivamente, hasta que no quede mercado que regular.
El diagrama sintetiza visualmente la cadena causal que Hayek denominó las consecuencias no queridas: la buena intención legislativa recorre un camino predecible hasta depositar al deudor más vulnerable precisamente en manos de quien la ley quería protegerle.
El artículo está escrito desde la tradición de Friedman en su rigor empírico —el caso costarricense como evidencia—, de Hayek en el argumento institucional sobre el conocimiento disperso y la pendiente intervencionista, y de Mises en la crítica epistemológica al cálculo central. Los tres convergen en la misma conclusión: el precio del crédito no es una variable política, y tratarlo como tal destruye exactamente lo que se pretende construir.
