Categoría: Politica y Actualidad

  • La soberbia del escritorio frente al sismo de la realidad.

    La soberbia del escritorio frente al sismo de la realidad.

    El enredo de la regla escrita alcanza su punto más grotesco cuando el Estado no busca ordenar la convivencia, sino suplantar las leyes del mercado o, peor aún, ignorar las leyes de la física. En ambos escenarios, la autoridad autoproclamada levanta ficciones normativas que se desmoronan al primer contacto con la cruda realidad.

    Muestra fehaciente de esta suplantación la encontramos en la regulación del transporte público a cargo de la ATTT. Bajo el pretexto técnico de controlar el «cupo» —término que cínicamente alude a lo que cabe en un espacio—, la burocracia estatal dictamina cuántos taxis o autobuses deben operar. La asquerosa realidad detrás de esta fachada es la coima institucionalizada. Un cupo de taxi en la capital puede costar miles de dólares, y las rutas al interior, como la Panamá-David, se cotizan a precios obscenos. Lo criminal del asunto es que este dinero jamás ingresa al erario público para mejorar las vías; fluye directamente a los corruptos bolsillos de caciques sindicales y políticos cocotudos. El Estado inventa una escasez artificial para vender el derecho a trabajar. Si no se exigen cupos políticos para abrir una farmacia o una oficina técnica, ¿por qué se permite en el transporte? Porque es el caldo de cultivo perfecto para el clientelismo y la extorsión de mercado.

    Esta misma soberbia del escritorio se traslada al ámbito de la seguridad estructural. Hace poco, en una conferencia sobre normativas de ingeniería antisísmica, el desarrollador original de las reglas exponía con complacencia la rigurosidad de los códigos locales. Pero ante la pregunta de qué ocurriría si un sismo de magnitud 7.7 ocurriera directamente debajo de la cuenca del Canal y si las estructuras resistirían, el experto se limitó a reiterar que “los edificios están bien construidos”. Su postura es entendible dentro de la rigidez académica, pero yo, que padezco de decir cosas que no se deben decir, hice otros señalamientos en la sala que muchos prefieren soslayar.

    Ningún experto puede predecir el comportamiento absoluto de la naturaleza. Mi opinión lega es que los eventos sísmicos varían inmensamente en magnitud y dispersión, y un movimiento de 7.7 traería un cataclismo fáctico que ninguna norma técnica puede tapar ni predecir. Sí, los rascacielos pueden estar teóricamente bien construidos bajo el papel, pero la gran interrogante es: ¿aguantarán? ¿Y qué significa realmente “aguantar”? Tal vez muchas de esas inmensas torres no sufran un colapso fulminante, pero quedarían tan severamente dañadas en sus bases que habría que derribarlas por completo, provocando una ruina financiera y habitacional sin precedentes.

    Mientras tanto, las viviendas autoconstruidas de la periferia, desamparadas por la fiscalización oficial, se vendrían abajo en cuestión de segundos. Los puentes emblemáticos sobre la vía interoceánica se fracturarían y, en el peor de los escenarios, las presas del Canal podrían ceder, vaciando el lago Gatún, dejando a la ciudad sin agua potable y al comercio mundial completamente paralizado.

    Allí radica el nudo final del enredo normativo. A ciertas estructuras comerciales y residenciales de alto valor se les aplica una fiscalización asfixiante, mientras que la periferia social crece en otra cruda realidad. La naturaleza, al igual que el mercado, no acata decretos alcaldicios ni códigos firmados en juntas técnicas. El sismo no lee el manual de ingeniería, así como el delincuente no solicita un cupo ni se afilia a un club de tiro. Cuando la normativa se reduce a un negocio de ventanilla o a un fetiche de complacencia profesional, el país queda suspendido sobre un manto de fragilidad oculta.

    Al final, el alma del asunto es que estos vericuetos normativos son el claro reflejo de una gobernanza irreal y corrupta. Es en la etiología de ese mal institucional en donde los panameños debemos enfocarnos con urgencia si queremos evitar que se nos desplome el país entero. Para el Remanente que observa sin anteojeras, queda claro que las normas humanas son solo herramientas útiles si respetan el orden natural; de lo contrario, son solo el preludio escrito del desastre.

    Nota: El Enredo Normativo (Parte III)

  • El Populismo de la Pobreza

    El Populismo de la Pobreza

    El “populismo” no es una ideología; es una estratagema pervertida, diseñada por gobernantes mediocres para fracturar a la sociedad en dos bandos artificiales: un pueblo supuestamente puro e inocente, enfrentado a una élite desbocada en sus ansias de riqueza. Se trata de un frío mecanismo electoral para capturar votos y asaltar el poder, convirtiendo a los lobos en los astutos cuidadores del gallinero. Es, en esencia, una forma degradante de manipulación de masas.

    El político demagogo o el ideólogo descarriado jamás triunfan con la verdad, sino explotando las bajas pasiones y el resentimiento social. Se apoyan en el vicio de la envidia para disfrazarse de redentores de los desposeídos. Sin embargo, la realidad que ocultan es tétrica: el populismo es la fórmula matemática más eficaz para fabricar miseria, tanto material como mental.

    Al autócrata populista lo delata su retórica carismática. Posee la habilidad de convencer al insatisfecho de que solo él puede rescatar la economía del común. Para lograrlo, imita de forma calculada el habla popular; sabe perfectamente que, si adopta los modos y el léxico del «rabiblanco», ahuyenta a sus clientelas electorales. Mediante el simplista lema de “nosotros contra ellos”, siembra una profunda división social, aunque en el fondo, nadie logre definir con precisión quiénes integran ese “nosotros” y quiénes ese “ellos”.

    Esta plaga—que bien podríamos bautizar como “pupulismo”—no discrimina espectros: los hay de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo. Todos prometen la quimera de la igualdad económica mediante consignas vacías como “no a la privatización” o la aberrante justificación de que “robó, pero le dio al pueblo”.

    Es predecible que las grandes mayorías, atrapadas en el ciclo de la pobreza y la falta de educación formal, no comprendan una ley económica básica: sin la libre empresa, el emprendimiento audaz y corporaciones sólidas de clase mundial—como COPA Airlines—jamás habrá generación de riqueza, solo un reparto equitativo de la miseria. Quien albergue dudas, no tiene más que mirar los espejos de Cuba o Venezuela.

    Es absurdo e insostenible pretender que las sociedades progresen ordeñando indefinidamente a los sectores productivos que sostienen el andamiaje fiscal. De esos fondos provienen los subsidios distorsionadores, las jubilaciones políticas y una burocracia paquidérmica que alimenta un gasto público crónicamente deficitario. El mal gobernante mediante el populismo endeuda el futuro del país a sabiendas de que, cuando estalle el descalabro financiero, él ya estará disfrutando de un retiro dorado en alguna mansión en el extranjero.

    El colapso inevitable ocurre cuando este gasto pérfido se vuelve matemáticamente inasumible. Es entonces cuando el gobierno de turno se ve forzado a aplicar medidas de austeridad o a retirar los subsidios al agua, gas, transporte, etc. Allí brota el verdadero resentimiento. «Tío Pueblo» ha sido adoctrinado para creer que las prebendas estatales son derechos divinos e imprescriptibles, cuando en realidad son espejismos fiscales insostenibles. En su desesperación por la pérdida del beneficio, las masas vuelven a clamar por el retorno de aquel que «robó, pero dio».

    El problema de fondo es dramático. Cuando la ciudadanía despierta a la cruda realidad de la irresponsabilidad fiscal, los síntomas ya son visibles en el entorno cotidiano: carreteras destruidas, transporte público obsoleto, apagones eléctricos constantes y escasez de agua potable. Para entonces, las soluciones económicas serán profundamente traumáticas. No nos enfrentamos únicamente a la decadencia de la infraestructura del Estado, sino a un mal mucho peor: la degradación moral de una sociedad adiestrada en el parasitismo populista, incapaz de ver el abismo simplemente porque se acostumbró a vivir bajo el régimen del engaño y las regalías.

    Y, lo más preocupante es que si las soluciones no emanan de abajo para arriba; muy improbable será que emanen de arriba para abajo.

  • Disturbios en Francia: encontrar culpables no alcanza para explicar una crisis

    Disturbios en Francia: encontrar culpables no alcanza para explicar una crisis

    El incendio que devastó el ayuntamiento histórico de Limoges merece algo más que quedar diluido en la palabra «disturbios». Se atacó un patrimonio cultural que generaciones de franceses construyeron y conservaron. Su destrucción no mejora una escuela, no facilita el acceso a una vivienda ni corrige una injusticia. Deja a toda la sociedad más pobre.

    Hubo también saqueos, agresiones y ataques a otros edificios. Este lunes, el primer ministro Sébastien Lecornu pidió a las autoridades locales preparar toques de queda parciales y focalizados. Emmanuel Macron rechazó la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, y reclamó esclarecer los fallos de previsión y actuación policial. La respuesta oficial está cambiando; las explicaciones apresuradas, en cambio, parecen escritas de antemano.

    Para algunos, basta señalar la inmigración; para otros, el capitalismo, la extrema izquierda o Rusia. Pero una mirada liberal exige algo más que escoger un culpable compatible con nuestras preferencias: distinguir responsabilidades individuales, incentivos institucionales y causas que todavía necesitan demostración.

    Las movilizaciones reunieron reclamos estudiantiles por las condiciones educativas, protestas por el costo de vida, sindicatos y antiguos chalecos amarillos. Hubo manifestaciones pacíficas y grupos que atacaron bienes y personas. El gobierno atribuye parte de la violencia a sectores de ultraizquierda y delincuentes oportunistas. Esa atribución debe investigarse; no convierte a todos los manifestantes en una organización criminal.

    ¿Por qué se protesta? ¿Quién inicia la violencia? ¿Quién aprovecha para saquear? ¿Quién obtiene un beneficio político después? Son preguntas diferentes. Confundirlas permite condenar a una multitud sin identificar responsables o justificar delitos invocando un malestar verdadero.

    El principio liberal es claro: ninguna frustración concede derecho a destruir la propiedad ajena. Tampoco la existencia de saqueadores autoriza al Estado a tratar como delincuente a quien se manifiesta pacíficamente. La protección de las personas exige perseguir las agresiones y controlar el uso de la fuerza pública. Los toques de queda deben evaluarse por su necesidad, alcance, duración y controles, no celebrarse como una solución automática.

    Hay una pregunta particularmente incómoda para el modelo francés: ¿cómo conviven un gasto público tan elevado y semejante insatisfacción con los servicios? Según los datos provisionales de INSEE, en 2025 el gasto público representó el 57,3 % del PIB, el déficit alcanzó el 5,1 % y la deuda el 115,7 %. Estas cifras no demuestran que cada escuela disponga de recursos suficientes. Sí obligan a examinar qué se financia, con qué resultados y a costa de quién.

    Desde una perspectiva liberal, importa tanto cuánto gasta el Estado como qué funciones concentra, qué privilegios conserva y qué posibilidades deja a los ciudadanos para resolver sus necesidades. Recortar una prestación mientras se mantienen estructuras ineficientes y barreras a la competencia no constituye, por sí solo, una reforma liberal.

    También merece atención el conflicto entre generaciones. Cuando se financian beneficios presentes mediante obligaciones futuras, parte del costo recae sobre personas que no participaron de la decisión. No toda deuda tiene el mismo destino ni toda inversión pública produce beneficios suficientes para justificarla. Precisamente por eso, debemos preguntar qué se está financiando y quién asumirá el riesgo.

    Si trabajar, ahorrar o acceder a una vivienda se percibe como un esfuerzo sin horizonte, el desencanto puede crecer. Eso es una hipótesis sobre el malestar, no una explicación probada de cada incendio. Tampoco permite dividir a la sociedad entre mayores culpables y jóvenes víctimas: las diferencias patrimoniales atraviesan las generaciones.

    La historia francesa ayuda a formular preguntas, aunque no ofrece una respuesta automática. Las revoluciones de 1789, 1830 y 1848, la Comuna, Mayo del 68 y los chalecos amarillos tuvieron actores y objetivos distintos. No son episodios intercambiables de una supuesta inclinación nacional al caos.

    Tocqueville señaló una continuidad más interesante: la centralización administrativa precedía a la Revolución y sobrevivió a ella. Desde esa perspectiva, cabe preguntarse si un poder que concentra tantas decisiones termina concentrando también las frustraciones. Cuando casi toda solución se espera de París, casi todo fracaso puede convertirse en una disputa con París. Es una interpretación institucional, no un destino histórico inevitable.

    El panorama geopolítico añade presiones concretas. El FMI advirtió este año que la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento energético perjudicaban la actividad francesa y elevaban la inflación. Un choque externo puede reducir el ingreso disponible y agravar tensiones internas sin que exista una dirección extranjera de las protestas.

    Las operaciones de influencia merecen investigación. Pero tampoco cabe equiparar antecedentes distintos: el préstamo ruso al partido de Le Pen está documentado; el informe parlamentario sobre injerencias recoge una oferta de dinero al entonces asesor de Mélenchon que este afirma haber rechazado. Ninguno de esos antecedentes demuestra por sí mismo quién organizó los actuales disturbios.

    Aquí sirve el cui bono: ¿a quién beneficia? El desorden puede favorecer a quienes prometen autoridad, a quienes buscan debilitar al gobierno o a actores externos interesados en la división. Incluso puede beneficiar a adversarios simultáneamente. Obtener rédito, financiar una organización y ordenar un ataque son hechos diferentes; cada vínculo necesita pruebas.

    Tampoco corresponde eludir la pregunta por la participación de inmigrantes musulmanes. Quienes hayan intervenido en agresiones, incendios o saqueos deben responder por sus acciones con el mismo criterio que cualquier otro responsable. Si organizaciones islamistas instigaron, financiaron o coordinaron ataques, esa intervención debe investigarse y probarse. Las fuentes consultadas, sin embargo, no permiten establecer qué proporción de los autores pertenece a esos colectivos ni acreditar una dirección islamista de los disturbios.

    Ser inmigrante describe una trayectoria; ser musulmán, una identidad religiosa; adherir al islamismo, una posición política. Ninguna de esas categorías sustituye la prueba de una conducta. La responsabilidad individual, central para el liberalismo, exige identificar a quien agrede sin convertir a sus vecinos o correligionarios en culpables por asociación. Una explicación seria también debe mostrar por qué contextos diferentes producen resultados diferentes.

    La tarea pendiente es reconstruir los episodios, identificar responsables, investigar los fallos de seguridad y examinar las condiciones que alimentan el descontento. Reconocer causas internas no exonera a los violentos; investigar injerencias tampoco exonera a quienes gobiernan.

    Una sociedad libre necesita proteger la vida y la propiedad, preservar su patrimonio, permitir la protesta y ofrecer reglas bajo las cuales trabajar y progresar tenga sentido. Una sociedad que se niega a castigar las agresiones abandona a sus ciudadanos; una que cree haberlo explicado todo identificando el origen de algunos agresores renuncia a entender sus propios problemas. Comprender una crisis exige mantener abiertas las preguntas que incomodan también a nuestro propio bando.

  • La Anatomía de la Ceguera: Lo que late bajo el asfalto y las instituciones

    La Anatomía de la Ceguera: Lo que late bajo el asfalto y las instituciones

    Caminar por las calles pavimentadas de una ciudad moderna nos infunde una falsa sensación de permanencia y control. Admiramos las torres de cristal que desafían las nubes y asumimos que el suelo que nos sostiene es uno completamente sólido. Pero, por debajo de nuestros zapatos operan fuerzas colosales en un estado de tensión perpetua. Bloques tectónicos se aprietan unos contra otros, acumulando energía durante siglos en laberintos de fallas geológicas.

    Los bloques tectónicos (de piedra cortical) viven en movimiento milimétrico, empujándose unos a otros, hasta que la presión es tal que se deslizan, causando sismos o terremotos que licuan el húmedo subsuelo causando movimientos laterales y hasta verticales.

    Lo triste es que igual que las presiones tectónicas eventualmente causan terremotos, los desgobiernos también acumulan presiones socioeconómicas que terminan produciendo cataclismos. Así como existen fallas corticales ocultas bajo nuestros pies, existen profundas grietas morales de gobernanza, sepultadas bajo la burrocracia estatal. Monopolios institucionales como el MEDUCA que operan como un asfalto ideológico diseñado para aplanar lo que se ve; mientras más abajo está lo que no se ve.

    Las escuelas de hoy son monotonía; memorización de datos triviales y la sumisión al ayer caduco. Y hoy, que ya cualquier joven o adulto tiene en sus manos toda la información del planeta, los corruptos y corruptores andan en pánico al ver que se les pierde sus asquerosos negocios. Si buscas al Barú en Google Maps, al lado está la población de Volcán. Pero… curioso que nadie nota que todo el terreno alrededor es amarillo y sin selva. Y menos que debajo de los pies está la Pompeya Chiricana y las momias de los pobladores de Barriles. Ese suelo amarillo es el último vómito del Barú, que dejó plana el área de Volcán.

    Sin embargo, el riesgo más destructivo no yace en la debilidad de las estructuras, sino en la cultura del secreto institucional, que viola sistemáticamente el sagrado principio de la subsidiaridad y el derecho de la población a la verdad.

    Recientemente, un conocedor en tectónica, al ser interrogado en una charla pública sobre las fallas que cruzan las entrañas del Canal de Panamá, se negó a hablar de ello escudándose en que dicha información era «competencia exclusiva» de la Autoridad del Canal. ¿No creo la ACP sea una nueva Zona del Canal? Sería interesante ver si los sismógrafos de la vía interoceánica estuviesen captando microsismicidad o deformaciones corticales en tiempo real, esa información; ya que este es un tema vital para Panamá.

    La humanidad está en una época de profunda transición hacia la Noosfera —la etapa del conocimiento puro y la consciencia; lo cual infunde pánico en los administradores del ayer obsoleto. La Inteligencia Artificial avanza desmantelando los monopolios políticos y las mentiras, permitiendo que cualquier ciudadano empiece a exigir respuestas sin el filtro burrocrático. Al igual que la corteza terrestre, el andamiaje corrupto de la gobernanza estatal se lubrica con el engaño y el ocultamiento; por lo tanto, cuando un sistema global procese la verdad en tiempo real, el motor del estatismo simplemente se fundirá por falta de lubricante.

    No podemos pretender habitar un planeta vivo y dinámico manteniendo una mente estatista fosilizada. El auditorio adormecido podrá regresar a la televisión a mirar el partido de fútbol para ignorar el crujido de las fallas que nos circundan, pero igual que la falla de Azuero no pidió permiso, igual será con las fallas de gobernanza. Los terremotos tectónicos y sociopolíticos vendrán forzado un despertar de las capacidades cognitivas latentes de la humanidad. Debemos estar preparados para despojarnos de la sumisión al gigantismo estatal y empezar a descifrar el mundo, no desde la cómoda ignorancia superficial, sino desde la honestidad radical de lo que late, ruge y respira debajo de nuestros pies.

  • Panamá y las listas ¿se castiga la falta de transparencia o el éxito de la competencia fiscal?

    Panamá y las listas ¿se castiga la falta de transparencia o el éxito de la competencia fiscal?

    Panamá acaba de salir del Anexo I de la lista europea de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales. Es una buena noticia, pero también es una excelente oportunidad para formular una pregunta bastante incómoda: ¿qué se está sancionando realmente cuando una jurisdicción termina en una lista negra fiscal?

    Porque cuando se compara Panamá con Paraguay por ejemplo, la explicación habitual que “Panamá tenía que transparentarse y Paraguay ya cumplía”, empieza a resultar demasiado sencilla, porque Paraguay también tiene un sistema tributario territorial y también mantiene una presión fiscal relativamente baja. También utiliza su régimen tributario como parte de su atractivo económico, pero sin embargo, no sufrió durante estos años el mismo nivel de presión europea que Panamá.

    La diferencia existe. Pero no parece estar simplemente entre un país transparente y otro que no lo es. La verdadera diferencia está en cuánto importa cada país para el sistema financiero internacional.

    Panamá salió, pero todavía no salió del todo

    El 9 de octubre de 2026, el Consejo de la Unión Europea retiró a Panamá del Anexo I, la conocida lista de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales. Panamá había permanecido allí desde febrero de 2020.

    La UE reconoció ahora que el país reformó el régimen de exención sobre determinadas rentas de fuente extranjera que Bruselas consideraba perjudicial. Pero el proceso no está completamente terminado: Panamá pasó al Anexo II, donde permanecen las jurisdicciones que cooperan pero todavía tienen compromisos pendientes. En el caso panameño, queda pendiente una nueva revisión del Foro Global de la OCDE sobre intercambio de información tributaria a requerimiento.

    La distinción importa. Panamá dejó de ser considerado “no cooperador”, pero sigue bajo supervisión.

    ¿Qué objetaba realmente Europa?

    La UE no sostiene formalmente que los impuestos bajos sean ilegítimos. Sus criterios se concentran en tres grandes áreas: transparencia fiscal; “fiscalidad justa” y cumplimiento de las normas contra erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, conocidas como BEPS. El conflicto aparece cuando un país ofrece ventajas fiscales que, según Bruselas, permiten atraer rentas sin suficiente actividad económica real. Ahí entra Panamá.

    El criterio europeo es bastante explícito: las jurisdicciones no deberían facilitar estructuras extraterritoriales destinadas a atraer beneficios que no correspondan con actividad económica sustancial. Y cuando existe tributación nula o muy reducida, la UE exige requisitos de sustancia económica: empleados, gastos, instalaciones u otros vínculos efectivos con la jurisdicción; eso es precisamente lo que Panamá terminó modificando.

    La reforma panameña no es menor

    La Ley 526 de mayo de 2026 introdujo reglas específicas de sustancia económica para determinadas entidades panameñas integrantes de grupos multinacionales que reciben rentas pasivas de fuente extranjera. La propia ley lo dice expresamente: esas entidades deberán cumplir determinadas condiciones para que esas rentas continúen fuera del impuesto panameño bajo el principio de territorialidad.

    Eso significa que Panamá conserva formalmente su sistema territorial, pero ya no de manera absoluta para ese universo de operaciones. La renta extranjera puede seguir sin tributar en Panamá siempre que exista suficiente vínculo económico con Panamá. No basta necesariamente con constituir la sociedad allí. Hay que demostrar actividad real.

    Desde el punto de vista europeo, esto evita estructuras puramente instrumentales, desde una perspectiva liberal, sin embargo, hay otra lectura posible: un tercero consiguió condicionar la manera en que Panamá puede diseñar una parte de su propio sistema tributario.

    La ley la aprobó Panamá, la coerción jurídica interna sigue siendo panameña, pero el incentivo externo fue evidente: modificar las reglas o permanecer dentro de una lista que encarecía las relaciones financieras internacionales. Eso merece llamarse por su nombre: es soberanía formal ejercida bajo una presión económica muy considerable.

    ¿Por qué Paraguay no recibió el mismo trato teniendo renta territorial?

    Aquí aparece la comparación realmente interesante. Paraguay también aplica un modelo tributario basado fuertemente en la fuente territorial. También ha utilizado impuestos relativamente bajos y reglas simples para atraer inversión, sin embargo, la UE no lo sometió al mismo proceso que Panamá.

    La razón está parcialmente en la propia metodología europea. Cuando la Unión Europea diseñó originalmente su sistema de selección en 2016, no eligió jurisdicciones al azar, sino que buscó prioritariamente aquellas con: a) fuertes vínculos económicos con la UE; b) actividad financiera relevante y c) suficiente estabilidad institucional como para ser utilizadas por empresas e inversionistas internacionales.

    El propio Consejo recuerda que las primeras 92 jurisdicciones examinadas fueron seleccionadas precisamente sobre la base de sus vínculos económicos con Europa, su estabilidad institucional y la importancia de su sector financiero. Y en esos criterios Panamá y Paraguay no son equivalentes.

    Panamá juega en otro campeonato financiero

    Panamá no es simplemente un país con impuestos competitivos. Es y durante décadas ha sido, un centro internacional de servicios financieros, societarios, marítimos y logísticos. Tiene una fuerte banca internacional, sociedades utilizadas en operaciones transfronterizas, un poderoso Registro marítimo global, la Zona Libre de Colón, un Centro de Servicios legales especializados y Estructuras corporativas internacionales.

    Además, sus flujos de capital son significativamente más relevantes que los que corresponderían simplemente al tamaño de su economía doméstica; eso es exactamente lo que convierte a una jurisdicción en interesante para las administraciones tributarias de economías grandes.

    Paraguay, en cambio, ha construido buena parte de su atractivo sobre otra base: agricultura, ganadería, energía o maquila pero donde también su sistema tributario es relativamente sencillo.

    Su competitividad fiscal existe, pero todavía está mucho más vinculada a actividad productiva localizada dentro del país que a su utilización como plataforma internacional de estructuración financiera. Y ahí aparece una diferencia fundamental.

    Paraguay puede hacer hoy cosas que Panamá tuvo que dejar de hacer

    Hay un dato que lo ilustra perfectamente. Panamá ya participa plenamente en el intercambio automático de información financiera bajo el estándar CRS, Paraguay todavía no. Paraguay comenzará sus primeros intercambios automáticos en 2027 y la propia OCDE explica por qué pudo esperar.

    Los países en desarrollo que no albergan un centro financiero relevante no fueron obligados originalmente a adoptar el intercambio automático en una fecha concreta; Paraguay pertenece precisamente a ese grupo.

    La OCDE señala que las jurisdicciones que se comprometieron a comenzar intercambios más adelante son países en desarrollo que no alojan un centro financiero y que, por esa razón, no habían recibido inicialmente una fecha obligatoria de implementación. Eso revela algo importante: Paraguay no fue necesariamente considerado más transparente que Panamá, sino que fue considerado menos riesgoso para las bases tributarias de otros países.

    Entonces el problema no es solamente la transparencia

    Ésta es la parte incómoda. Dos países pueden tener fiscalidad territorial, pueden mantener impuestos bajos, pueden competir por capital; pero el escrutinio internacional aumenta considerablemente cuando uno de ellos se transforma en una plataforma relevante para capital extranjero.

    Dicho de manera sencilla: los impuestos bajos llaman menos la atención cuando sólo atraen fábricas que cuando atraen patrimonios, sociedades y flujos financieros internacionales.

    Eso explica buena parte de la diferencia Panamá–Paraguay. Y también introduce una dimensión de competencia entre Estados que rara vez se reconoce abiertamente.

    Competencia fiscal: ¿problema o disciplina?

    Para la Unión Europea existe una categoría llamada “fiscalidad justa”. Determinados regímenes pueden ser considerados perjudiciales si permiten atraer rentas sin actividad económica suficiente o erosionar las bases tributarias de otros países, pero desde una tradición liberal la cuestión admite otra lectura: los Estados también compiten; lo hacen mediante seguridad jurídica, infraestructura, calidad institucional, regulación, moneda y, naturalmente, impuestos.

    Si una empresa puede trasladar parte de su actividad desde una jurisdicción donde paga 30% hacia otra donde paga 15%, eso limita la capacidad del primer gobierno para aumentar indefinidamente su presión fiscal.

    La movilidad del capital introduce disciplina, no porque los empresarios sean héroes, sino porque tienen una opción de salida.

    Albert Hirschman hablaba de exit y voice: cuando una persona no puede escapar de una institución, sólo le queda intentar cambiarla políticamente. Cuando puede salir, aparece un límite adicional al poder de quien gobierna. La competencia fiscal funciona parcialmente de esa manera.

    Pero hay un argumento legítimo del otro lado

    Sería igualmente simplista sostener que toda estructura fiscal internacional representa competencia fiscal saludable. Si una sociedad registra miles de millones de beneficios en un país donde no tiene empleados, oficinas, dirección efectiva ni actividad económica, resulta comprensible que los países donde sí ocurre la actividad cuestionen el mecanismo.

    El problema existe, la pregunta es cómo resolverlo.

    Una cosa es exigir que las operaciones declaradas correspondan con actividad económica real. Otra diferente es intentar armonizar de facto la tributación internacional hasta reducir la capacidad de los países pequeños para competir mediante impuestos más bajos. La frontera entre ambas cosas es bastante menos clara de lo que suele admitir el lenguaje técnico.

    El poder está del lado del mercado grande

    Aquí aparece además una cuestión política inevitable. Panamá no puede obligar a Alemania, Francia o España a reconocer determinado tratamiento fiscal, pero la Unión Europea sí puede afectar enormemente a Panamá etiquetándolo como jurisdicción no cooperadora.

    No necesita sanciones tradicionales, le basta con aumentar los costos de hacer negocios con la jurisdicción colocándolo en listas; así, se producen más controles, más documentación, más retenciones, más riesgo reputacional, más dificultades bancarias, menor acceso a determinadas estructuras financieras entre otras dificultades.

    Entonces, la decisión sigue siendo técnicamente voluntaria: Panamá puede no modificar sus leyes, pero el costo de ejercer esa libertad aumenta. Eso es poder regulatorio y la UE lo posee en una magnitud que Panamá evidentemente no.

    ¿Qué ganó Panamá?

    Bastante. Salir del Anexo I elimina una señal internacional especialmente negativa. Reduce razones para aplicar medidas defensivas contra operaciones relacionadas con Panamá. Disminuye riesgo reputacional. Facilita relaciones con instituciones financieras europeas y elimina obstáculos potenciales para inversión y financiación. Eso tiene valor real y negarlo en nombre de la soberanía sería ignorar cómo funciona el sistema financiero internacional.

    Un centro financiero vive de confianza y conectividad, quedar fuera de las principales redes tiene un costo enorme, por eso probablemente existían buenas razones económicas para hacer las reformas.

    ¿Qué resignó?

    También bastante.

    Resignó parte de la libertad con la que históricamente podía ofrecer un régimen territorial puro a determinadas estructuras internacionales; aumentó obligaciones de información, aceptó requisitos de sustancia económica, incrementó costos regulatorios. Y aceptó, en términos prácticos, que determinados estándares fiscales internacionales condicionen el acceso pleno al sistema financiero desarrollado. Fue una decisión con un precio y sería intelectualmente pobre presentar ese proceso simplemente como: “Panamá finalmente hizo lo correcto”.

    Paraguay está en una posición distinta… por ahora

    La historia paraguaya resulta fascinante precisamente porque todavía conserva un margen mayor. Su competitividad fiscal se apoya mucho más en producción tangible; pero Paraguay está creciendo, atrae inversión, desarrolla maquila, cada día aumenta más su integración internacional y comienza a incorporarse gradualmente a los mecanismos internacionales de intercambio automático de información. En 2027 empezará a aplicar CRS.

    Si dentro de una década Paraguay desarrolla un sector financiero internacional importante, se convierte en plataforma para patrimonios extranjeros y empieza a canalizar flujos financieros mucho mayores, probablemente descubrirá algo que Panamá aprendió hace tiempo: la tolerancia internacional hacia la competencia fiscal disminuye a medida que esa competencia empieza a funcionar demasiado bien.

    Ésa es quizás la verdadera enseñanza

    No creo que pueda sostenerse seriamente que Panamá fue sancionado simplemente por ser exitoso en verdad existían algunos problemas puntuales de transparencia, intercambio de información y estructuras con escasa sustancia económica, sería absurdo negarlo. Pero tampoco explica todo decir que Panamá fue sancionado porque “no cumplía” y Paraguay no porque “sí cumplía”.

    Los propios criterios europeos muestran que el tamaño y la importancia financiera de una jurisdicción forman parte del proceso que determina quién recibe mayor escrutinio. Y ahí aparece algo mucho más interesante: no todos los países reciben el mismo nivel de exigencia porque no todos representan la misma amenaza potencial para las bases tributarias de las economías grandes.

    Eso no convierte automáticamente el sistema en injusto, pero sí obliga a abandonar la ficción de que estamos hablando exclusivamente de técnica tributaria. También estamos hablando de intereses, de competencia de jurisdicciones. Y de poder.

    ¿Competencia desleal o competencia entre gobiernos?

    Ésta es finalmente la pregunta política y económica. Cuando Panamá ofrece tributación territorial, ¿está erosionando injustamente la base impositiva de otros países?, ¿O está ofreciendo a individuos y empresas una jurisdicción diferente, obligando a otros gobiernos a competir?. Probablemente existan ejemplos de ambas cosas. Una sociedad ficticia sin actividad económica real es difícil de defender como expresión de competencia productiva, pero una empresa que verdaderamente traslada capital, trabajadores, oficinas y decisiones hacia una jurisdicción más competitiva está haciendo algo completamente distinto. Ahí existe actividad, existe inversión, existe elección. Y existe competencia entre Estados. La regulación internacional debería distinguir ambas situaciones con mucho cuidado.

    Porque si no lo hace, “combatir la evasión” puede convertirse gradualmente en algo bastante diferente: combatir la capacidad de los contribuyentes para elegir entre jurisdicciones.

    Panamá ya pagó el precio de ser relevante

    Quizás por eso la comparación con Paraguay resulta tan útil. Paraguay demuestra que la baja tributación no genera automáticamente listas negras. Panamá demuestra que, cuando un país pequeño combina impuestos competitivos con un sistema financiero globalmente relevante, las reglas cambian.

    Panamá consiguió finalmente salir del Anexo I; eso es positivo. Pero el precio fue adaptar parte de su modelo a estándares definidos en gran medida fuera de Panamá. Puede haber sido el intercambio correcto; lo importante es reconocer que hubo un intercambio.

    Porque la discusión real nunca fue simplemente transparencia versus opacidad. También fue soberanía tributaria versus acceso al sistema financiero internacional.

    Y detrás de ambas aparece una pregunta todavía más profunda: ¿hasta qué punto permitiremos que los Estados compitan entre sí por nuestro capital antes de que los propios Estados decidan limitar esa competencia?

    Paraguay todavía está descubriendo las ventajas de esa libertad. Panamá acaba de descubrir cuánto cuesta conservarla cuando uno deja de ser pequeño para quienes fijan las reglas.

  • Cuando el presupuesto deja de significar lo que dice

    Cuando el presupuesto deja de significar lo que dice

    Un presupuesto público debería ser algo más que una gran tabla de números aprobada una vez al año. Debería ser un compromiso.

    Cuando el Estado dice que destinará determinada suma a salud, educación, infraestructura o justicia, el ciudadano debería poder asumir que esos recursos fueron asignados para esa finalidad y no simplemente estacionados allí hasta que otra institución los necesite.

    Por eso lo ocurrido esta semana que pasó en la Asamblea Nacional merece atención.

    La Comisión de Presupuesto aprobó traslados por US$32,1 millones adicionales para la Asamblea, incluyendo US$17,1 millones provenientes del Ministerio de Salud y US$1 millón del Ministerio de Educación. De los recursos procedentes del Minsa, alrededor de US$16,3 millones se destinarían a personal transitorio del Legislativo. Parte de los fondos provenientes de Meduca financiarían dietas.

    Eso no significa automáticamente que se hayan quitado medicamentos de un hospital o pupitres de una escuela. Sería irresponsable afirmarlo sin conocer qué partidas concretas estaban disponibles, cuál era su nivel de ejecución y qué gasto dejó efectivamente de realizarse, pero la ausencia de ese dramatismo no vuelve irrelevante lo ocurrido; pero nos plantea una pregunta bastante más profunda: si el dinero aprobado para una finalidad puede terminar financiando otra completamente distinta, ¿qué significa realmente aprobar un presupuesto por finalidad?

    El dinero es fungible. El compromiso político no debería serlo

    Desde el punto de vista contable, el dinero es fungible, es decir, un dólar es igual a otro dólar.

    Si una institución tiene recursos que no utilizará, puede parecer racional trasladarlos hacia otra que enfrenta obligaciones pendientes; en una empresa privada, eso ocurre continuamente.

    Una compañía puede reducir el presupuesto de marketing y trasladarlo a producción. Son sus propietarios quienes asumen las consecuencias. Pero el presupuesto público es diferente, ese dinero no pertenece al ministerio. Tampoco pertenece al ministro. Ni siquiera pertenece al Gobierno; proviene de ciudadanos que fueron obligados legalmente a entregarlo.

    Y ha sido autorizado para determinadas finalidades mediante un proceso político. Por eso la pregunta no puede limitarse a: “¿Había dinero disponible?”, sino también debe ser: “¿para qué había sido autorizado?”. La diferencia es republicana antes que contable.

    Un presupuesto sirve precisamente para limitar discrecionalidad

    Desde una perspectiva liberal, una de las funciones fundamentales del presupuesto es poner límites al poder. El Ejecutivo no debería poder gastar cualquier cantidad en cualquier cosa simplemente porque considere conveniente hacerlo. Debe presentar un plan, el Legislativo lo discute, se establecen partidas. Y luego corresponde ejecutar dentro de esos límites.

    Si durante el año las asignaciones pueden modificarse con demasiada facilidad, el presupuesto empieza a perder una de sus funciones principales. Sigue siendo un instrumento contable, pero deja de ser un verdadero límite político.

    La pregunta ya no es qué aprobó la Asamblea al comenzar el año, sino qué termina negociándose mes a mes mediante traslados, créditos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. Y eso cambia completamente el balance institucional.

    La ironía de que el beneficiario sea la propia Asamblea

    En este caso existe además una particularidad difícil de ignorar !!! El órgano que aprueba el presupuesto es precisamente el que está recibiendo los recursos adicionales. La Asamblea comenzó 2026 con un presupuesto aprobado cercano a US$95 millones. Después de modificaciones y nuevos traslados, los recursos disponibles se aproximan ya a US$193 millones, según los cálculos publicados esa semana. Prácticamente el doble!. Eso no demuestra que cada dólar adicional sea innecesario, ya que puede haber obligaciones legítimas, salarios pendientes o puede haber compromisos laborales que efectivamente deben honrarse.

    Pero una desviación de semejante magnitud entre presupuesto original y recursos finalmente utilizados exige una explicación proporcionalmente extraordinaria. ¿Estaba mal elaborado el presupuesto inicial?, ¿Aparecieron obligaciones nuevas?, ¿Creció sustancialmente la planilla?, ¿Se subestimaron gastos conocidos?, ¿O se sabía desde el comienzo que el presupuesto aprobado no reflejaba el verdadero costo de funcionamiento?. Cada alternativa plantea un problema distinto, pero ninguna debería resolverse simplemente trasladando dinero y continuando.

    El problema no es Salud contra Asamblea

    También sería un error convertir esto en una competencia emocional: “¿Qué es más importante, un hospital o un diputado?”. Ese tipo de argumento produce aplausos, pero poco análisis. Un país necesita hospitales. Y también necesita un Poder Legislativo.

    Una república no funciona sin una Asamblea capaz de legislar, fiscalizar al Ejecutivo, aprobar presupuestos y representar políticamente a los ciudadanos; entonces la cuestión no es si la Asamblea merece recursos, los merece; la cuestión es cuántos necesita y por qué.

    Y, sobre todo, si esos recursos deben provenir de partidas originalmente asignadas a otras instituciones sin que exista una explicación pública suficientemente detallada de por qué dejaron de necesitarse allí.

    Presupuesto versus ejecución

    Aquí aparece otro problema habitual de las finanzas públicas. Los gobiernos suelen celebrar cuánto dinero asignaron a una política; pero asignar no es ejecutar.

    Un ministerio puede recibir US$100 millones y utilizar US$70 millones. Los US$30 millones restantes pueden reflejar eficiencia o incapacidad para ejecutar; o proyectos retrasados, licitaciones fallidas o simplemente una estimación presupuestaria excesiva. Esas situaciones no son equivalentes.

    Por eso, antes de trasladar fondos desde una institución, deberíamos conocer al menos tres cosas: cuánto recibió; cuánto ejecutó; y por qué quedó dinero disponible. Sin esa información, el traslado puede terminar premiando precisamente la mala ejecución.

    Una institución incapaz de utilizar sus recursos pierde fondos, la otra que excedió su presupuesto los recibe. El incentivo resultante es perverso.

    El problema de los incentivos

    Public Choice vuelve a ser útil aquí.

    Cada organismo público tiene incentivos para maximizar su presupuesto. Un presupuesto mayor significa más puestos, más programas, más capacidad política y mayor influencia institucional. Al mismo tiempo, pocas instituciones quieren devolver dinero porque temen que recibirán menos el año siguiente. Por eso aparece la conocida carrera de final de ejercicio para gastar aquello que queda disponible. “Úsalo o piérdelo.”

    El mecanismo de traslados puede añadir otro incentivo problemático; si una institución sabe que siempre existe la posibilidad de obtener recursos adicionales durante el año, la disciplina del presupuesto inicial se debilita. ¿Por qué ajustar seriamente el gasto a la asignación aprobada si posteriormente pueden pedirse decenas de millones adicionales?. No hace falta corrupción. alcanza con incentivos mal diseñados.

    Las partidas deberían tener memoria

    Una reforma razonable sería introducir mayor trazabilidad; cada dólar trasladado debería conservar una especie de “memoria presupuestaria”. El ciudadano debería poder abrir una plataforma y ver:

    Partida original: Ministerio de Salud.
    Monto: US$17,1 millones.
    Finalidad original: determinada actividad o programa.
    Nivel de ejecución: X%.
    Razón de disponibilidad: proyecto terminado, ahorro, retraso, cancelación, etc.
    Nuevo destino: Asamblea Nacional.
    Finalidad nueva: personal transitorio u otra obligación.
    Justificación: documento completo.
    Fecha de aprobación: tal día.
    Votación: quién aprobó y quién rechazó.

    Eso convertiría un traslado presupuestario en una decisión auditable.

    Hoy muchas veces tenemos que reconstruir esos movimientos mediante periodistas, documentos dispersos y declaraciones posteriores. No debería ser necesario.

    Y hay un problema adicional de forma

    La aprobación de estos traslados tuvo además una circunstancia que deteriora innecesariamente la confianza.

    Los diputados habían sido convocados para una hora determinada, pero la sesión comenzó aproximadamente una hora antes. Algunos integrantes de la propia Comisión llegaron cuando parte de los traslados ya había sido aprobada. La transmisión institucional tampoco funcionó normalmente.

    Puede haber explicaciones inocentes como errores de coordinación, problemas técnicos o confusión administrativa. Pero las formas importan; especialmente cuando se está moviendo dinero público.

    Una república no debería depender de que creamos que no hubo intención de ocultar nada. Debería funcionar de manera que ocultar sea difícil.

    La transparencia no consiste en poder pedir el documento

    Hay una diferencia importante entre información disponible e información accesible.

    Un Gobierno puede decir: “todo está en el expediente.”. Eso no basta. El ciudadano no debería necesitar ser abogado, auditor o periodista de investigación para averiguar de dónde salieron US$32 millones y hacia dónde fueron.

    La información pública moderna debería estar diseñada para ser entendida.

    Monto.

    Origen.

    Destino.

    Motivo.

    Responsable.

    Eso es transparencia.

    Publicar miles de páginas en PDF y considerar cumplida la obligación legal es técnicamente publicidad, pero no necesariamente rendición de cuentas.

    Un principio liberal: quien quiere gastar más debe explicar más

    Hay una regla sencilla que podría mejorar enormemente el proceso presupuestario: la carga de la prueba debe recaer sobre quien solicita recursos adicionales, no sobre quien pregunta.

    Si la Asamblea necesita US$32 millones más, corresponde explicar por qué. Y si necesita US$68 millones, también.

    Si finalmente necesita duplicar prácticamente el presupuesto original, la explicación debería ser especialmente detallada. El contribuyente no debería tener que demostrar que el gasto es innecesario, es el Estado quien debe demostrar que es necesario, porque existe una asimetría fundamental: la Asamblea puede votar, pero el contribuyente no puede negarse a pagar.

    Precisamente por eso quien posee poder coercitivo tiene también una obligación superior de justificación.

    El dinero público no existe

    Margaret Thatcher utilizó una frase que sigue siendo útil:

    “No existe tal cosa como dinero público; sólo existe dinero de los contribuyentes.”

    Más allá de quién la haya pronunciado, la idea importa. Cuando decimos que “el Minsa transfirió US$17 millones a la Asamblea”, utilizamos un lenguaje que puede ocultar la verdadera naturaleza de la transacción; el Minsa no produjo esos recursos, la Asamblea tampoco. Proceden de personas: los trabajadores, empresarios, consumidores, ahorradores. Cada balboa utilizado por el Estado tuvo previamente un uso alternativo en manos privadas. Por eso gastar no debería ser moralmente sospechoso, pero sí institucionalmente exigente.

    Esto no es austeridad por austeridad

    Una visión liberal seria tampoco debería caer en la obsesión de que todo presupuesto menor es automáticamente mejor. Una Asamblea con US$50 millones que legisla mal puede resultar mucho más cara para la sociedad que otra con US$100 millones y excelente capacidad técnica.

    Una ley mala puede destruir muchísimo más valor que el costo completo del Poder Legislativo, por eso la pregunta correcta no es: “¿cómo hacemos para gastar menos?”, es «¿qué funciones legítimas debe cumplir esta institución y cuánto cuesta hacerlas bien?”

    Después se financia eso, pero no se empieza por el monto disponible y luego se buscan razones para utilizarlo.

    El presupuesto como contrato republicano

    El presupuesto debería funcionar como una especie de contrato político anual entre gobernantes y gobernados.

    No un contrato privado, naturalmente, pero sí un compromiso público: esto pensamos recaudar; esto pensamos gastar; estas son nuestras prioridades; y estos son los límites que aceptamos. Las circunstancias pueden cambiar, por supuesto. Ningún presupuesto puede prever todas las emergencias, por eso existen mecanismos de modificación.

    Pero cuanto más fácil sea alterar el contrato durante el año, menor valor tendrá el contrato original. Y si las modificaciones terminan siendo tan grandes que duplican el presupuesto de una institución, entonces no estamos frente a un ajuste marginal. Estamos frente a otro presupuesto.

    La pregunta que debería hacerse antes de cada traslado

    Antes de aprobar un movimiento de dinero entre instituciones deberían responderse públicamente cuatro preguntas: ¿Por qué sobra en el origen?, ¿Por qué falta en el destino?, ¿Cuándo se supo que faltaría?, ¿Qué cambiará para evitar que vuelva a ocurrir?

    Esas cuatro preguntas permitirían distinguir un ajuste legítimo de un problema estructural de planificación. Y permitirían algo todavía más importante: aprender. Porque un presupuesto no debería servir únicamente para gastar durante doce meses, sino que principalmente debería producir información que mejore el siguiente.

    El problema no son los US$32 millones

    US$32 millones son relevantes, pero tampoco determinan las finanzas públicas de Panamá. El verdadero problema es institucional, ya que una democracia liberal depende de límites previsibles al poder. El presupuesto es uno de ellos.

    Si las asignaciones aprobadas pueden cambiar sustancialmente sin que el ciudadano entienda claramente por qué, el límite se vuelve poroso. Y cuando quien recibe el dinero adicional es precisamente el órgano encargado de autorizar y fiscalizar el gasto público, el estándar debería ser todavía mayor.

    La respuesta no es prohibir los traslados, sino obligarlos a soportar algo mucho más incómodo: luz. Toda. Antes, durante y después, porque la transparencia presupuestaria no consiste simplemente en saber cuánto gastó el Estado cuando el año ya terminó, sino en poder seguir el dinero mientras se mueve. Y, sobre todo, poder preguntar en cada movimiento: si este balboa fue aprobado para una cosa y terminó pagando otra, ¿quién tomó esa decisión, por qué la tomó y dónde quedó registrada su responsabilidad?

    Cuando esas respuestas son fáciles de encontrar, tenemos presupuesto. Cuando no lo son, tenemos apenas números que el poder puede reorganizar.

  • Contratación directa, competencia y república

    Contratación directa, competencia y república

    En materia de contratación pública conviene evitar dos simplificaciones igualmente malas: la primera consiste en suponer que toda contratación directa es corrupción. Y la segunda, en asumir que basta con que una contratación directa sea legal para considerarla institucionalmente saludable.

    Ninguna de las dos cosas es cierta.

    La Ley de Contrataciones Públicas panameña contempla procedimientos excepcionales y de emergencia por una razón evidente: hay circunstancias en las que el Estado no puede esperar meses mientras se desarrolla una licitación ordinaria. Una carretera colapsada, una inundación, un puente inutilizado o una emergencia sanitaria pueden exigir una respuesta inmediata.

    El problema comienza cuando aquello diseñado para resolver situaciones extraordinarias empieza a convertirse en una forma habitual de comprar. Y los datos recientes del Ministerio de Obras Públicas justifican precisamente esa discusión.

    Una investigación de La Estrella de Panamá, basada en registros de Panamá Compra, encontró que entre julio de 2024 y junio de 2026 el MOP adjudicó 276 contratos directos por aproximadamente US$363 millones. La cifra supera los US$225 millones contratados mediante mecanismos similares durante todo el quinquenio anterior. Eso no prueba corrupción, pero sí obliga a hacer preguntas.

    La competencia no es un trámite burocrático

    A veces hablamos de licitaciones públicas como si fueran simplemente un procedimiento administrativo pesado que retrasa las obras.

    Desde nuestra perspectiva liberal y habiendo sido los responsables del diseño de Panama Compras en 2006, consideramos que su función económica es bastante más importante que un mero tablón de anuncios. Fomenta la competencia y permite descubrir información que el funcionario no posee.

    ¿Cuánto cuesta realmente una carretera?, ¿Cuál es la mejor solución técnica?, ¿Qué empresa puede realizarla más rápido?, ¿Quién ofrece mejores garantías?, ¿Existe una tecnología menos costosa?, ¿Cuánto margen puede reducir un proveedor para obtener el contrato?. No hay una oficina pública capaz de conocer de antemano todas esas respuestas, precisamente ese conocimiento aparece cuando distintos oferentes compiten.

    Hayek explicó precisamente ese problema: el conocimiento relevante para organizar la actividad económica está disperso entre millones de personas. El mercado no funciona porque alguien posea toda la información, sino porque permite que la información dispersa se revele mediante precios, ofertas y decisiones.

    Una licitación competitiva intenta introducir una pequeña parte de ese mecanismo dentro de la contratación estatal, claro que no reproduce un mercado perfecto, pero permite algo fundamental: que el funcionario no tenga que decidir por sí solo cuánto debería costar aquello que está comprando. Cuando se elimina la competencia, se pierde esa referencia.

    La contratación directa tiene un costo incluso cuando nadie roba

    Éste es el punto que con frecuencia desaparece cuando la discusión se reduce a “hubo corrupción” o “no hubo corrupción”. Puede no haber un solo sobre, una sola coima ni un solo funcionario deshonesto y aun así producirse una mala asignación de recursos.

    Si el Estado contrata directamente a una empresa por US$10 millones y una licitación competitiva habría producido una oferta equivalente por US$8 millones, el contribuyente perdió US$2 millones aunque nadie haya cometido un delito.

    La corrupción es una forma extrema de malgasto, pero no es la única.

    La ausencia de competencia puede generar precios mayores, peores condiciones contractuales, soluciones técnicamente inferiores y dependencia repetida de un número reducido de proveedores.

    Por eso una política anticorrupción seria no debería concentrarse solamente en perseguir al funcionario que recibe dinero ilegal. Debería construir instituciones que reduzcan las oportunidades para que una decisión pública dependa de la discrecionalidad individual. La mejor investigación penal es la que nunca hace falta porque el procedimiento hizo difícil capturar la decisión.

    Cuando lo previsible se convierte en emergencia

    Existe además una distinción esencial entre urgencia y falta de planificación. Una inundación imprevisible puede justificar una contratación inmediata, pero el mantenimiento periódico de una carretera, difícilmente.

    Una estructura destruida inesperadamente puede constituir una emergencia. Una obra incluida desde antes en el Plan Estratégico de Gobierno merece una explicación mucho más exigente si posteriormente se adjudica mediante procedimiento excepcional.

    La investigación periodística ha señalado precisamente que algunas obras contratadas por vías excepcionales ya figuraban entre proyectos previstos en la planificación gubernamental.

    Eso no demuestra que la contratación sea ilegal, pero cambia la pregunta: si la necesidad ya se conocía, ¿qué acontecimiento extraordinario impidió licitar?, porque una emergencia no puede definirse simplemente como aquello que el Gobierno necesita ejecutar rápido dado que si así fuera, prácticamente toda obra pública podría convertirse en excepcional.

    Los gobiernos siempre tienen prisa; los ciudadanos llevan años esperando carreteras; los ministros tienen períodos limitados y los presidentes quieren inaugurar obras antes de terminar sus mandatos.

    Precisamente por todo eso las reglas existen antes de que aparezca la urgencia política.

    El argumento de la eficiencia merece ser tomado en serio

    También hay que escuchar al MOP.

    Panamá tiene una red vial con déficits acumulados y comunidades que llevan años esperando soluciones. El propio ministerio ha anunciado una cartera muy amplia de inversiones y sostiene que determinados procedimientos excepcionales permiten ejecutar con mayor velocidad. La administración también ha desarrollado numerosas licitaciones ordinarias: a finales de 2025 informó que de 35 proyectos estructurados para licitación, 26 habían sido licitados y 20 adjudicados.

    Por tanto, no corresponde construir la caricatura de un ministerio que no licita nada.

    Además, el contralor Anel Flores ha defendido que muchos contratos cuestionados respondieron a emergencias relacionadas con inundaciones y daños producidos por el agua. Anunció un arqueo y un informe para explicar las contrataciones a la ciudadanía. Es una explicación que merece ser evaluada con los expedientes delante y la respuesta republicana no es presumir culpabilidad, pero debe exigir evidencia.

    El contralor no debería defender: debería auditar

    Aquí aparece, sin embargo, una cuestión institucional delicada: el papel de la Contraloría no consiste en ser abogado defensor del ministerio cuestionado y tampoco en actuar como fiscal mediático.

    Su función es mucho más valiosa precisamente porque debería estar situada fuera de ambas posiciones. Su rol es controlar, verificar, comparar, documentar y publicar conclusiones.

    Cuando el contralor responde a cuestionamientos periodísticos diciendo que “el morbo impera”, corre el riesgo de desplazar la discusión desde los datos hacia las intenciones de quienes preguntan. No hace falta interpretar maliciosamente al contralor para señalar el problema.

    Por eso, una institución de control gana autoridad cuando puede decir «este contrato estuvo correctamente justificado»; o «éste otro no»; señalar que «en éste había emergencia o en éste la causal utilizada no se sostiene»; «estos precios fueron razonables o éstos excedieron referencias comparables».

    Eso es lo que el ciudadano necesita; la confianza republicana no consiste en creer en las personas. Consiste en poder comprobar sus actos.

    Las empresas tampoco tienen derecho adquirido a contratar con el Estado

    Otro elemento que complica la discusión es que entre las empresas que continúan obteniendo contratos públicos figuran algunas vinculadas en el pasado a casos de corrupción, entre ellas compañías cuyos representantes admitieron pagos ilícitos en el caso Blue Apple.

    Aquí también hay que mantener la cabeza fría.

    Si una empresa cumplió una sanción, no está legalmente inhabilitada y participa en una licitación abierta ofreciendo las mejores condiciones, no debería ser excluida arbitrariamente por razones reputacionales. El Estado de derecho funciona también para quienes tienen mala reputación.

    Pero una contratación directa cambia el análisis.

    Cuando una empresa con antecedentes problemáticos obtiene contratos porque ganó frente a diez competidores bajo reglas transparentes, existe una disciplina externa, pero cuando obtiene la contratación mediante selección excepcional, el grado de justificación requerido debería ser mayor.

    No porque deba presumirse nuevamente culpable, sino porque el Estado está prescindiendo precisamente del mecanismo que permitiría demostrar que ésa era la mejor opción disponible.

    Concentración empresarial y captura

    La investigación también señala una concentración significativa de contratos en un grupo relativamente reducido de empresas. La concentración tampoco prueba por sí misma corrupción ya que puede haber empresas grandes que ganen con frecuencia porque tienen maquinaria, experiencia, capacidad financiera y equipos técnicos que otras no poseen.

    Pero Public Choice nos obliga a mirar un riesgo distinto.

    Cuando unas pocas empresas dependen fuertemente del gasto estatal y un ministerio depende a su vez de unas pocas empresas capaces de ejecutar sus obras, comienza a formarse una relación bilateral muy particular: los proveedores adquieren incentivos para invertir recursos en relaciones políticas; los funcionarios adquieren incentivos para trabajar repetidamente con proveedores conocidos porque reducen incertidumbre y facilitan la ejecución y con el tiempo puede aparecer una especie de mercado cerrado. No hace falta una conspiración, los incentivos bastan.

    Y ésa es precisamente la razón por la cual la competencia debe ser protegida institucionalmente, incluso frente a funcionarios honestos y empresas técnicamente capaces.

    El cronómetro también puede ser una herramienta de corrupción

    Existe una forma particularmente sutil de degradar la contratación pública: planificar tarde.

    Supongamos que una administración conoce desde hace un año que una obra debe comenzar en octubre. No inicia la licitación a tiempo, llega septiembre y entonces declara que no puede esperar seis meses porque la obra es urgente. Formalmente, la urgencia existe, pero fue producida administrativamente. Ese mecanismo debería ser especialmente vigilado.

    Una buena ley anticorrupción no debería preguntar solamente si “¿Había urgencia el día en que se adjudicó?”; debería preguntar también: “¿Cuándo conoció el Estado la necesidad y qué hizo desde entonces?”. La diferencia es enorme y la mala planificación termina convirtiéndose en una vía legítima para evitar competencia. Y cuanto peor administra una institución sus tiempos, mayor discrecionalidad obtiene. Exactamente el incentivo contrario al que deberíamos crear.

    Publicar todo, incluso cuando la ley permita no competir

    La solución no consiste en prohibir las contrataciones directas, eso sería imprudente y el Estado necesita capacidad para reaccionar ante emergencias reales.

    La reforma correcta consiste en hacer que contratar directamente sea más transparente que licitar, precisamente porque falta el control competitivo. Cada contratación excepcional debería publicar de manera sencilla y estandarizada la obra; el monto; la empresa; la causal legal invocada; el hecho concreto que produjo la urgencia; la fecha en que la Administración conoció la necesidad; las empresas que podrían haber prestado el servicio; la metodología utilizada para determinar que el precio era razonable; los contratos anteriores del mismo proveedor y la comparación del precio con obras equivalentes.

    Además debería existir una auditoría posterior obligatoria para contratos que superen determinado monto. No necesariamente para detener la obra, pero para verificarla después, ya que la emergencia justifica rapidez, pero no la opacidad.

    El precio de referencia importa

    Panamá podría además fortalecer sistemas de comparación.

    Si el MOP contrata cien kilómetros de mantenimiento vial en distintas provincias, debería existir una base pública que permita comparar costos por kilómetro ajustados por tipo de obra, terreno, materiales y dificultad; eso ayudaría a identificar anomalías sin necesidad de acusar a nadie.

    ¿Por qué una obra cuesta 40% más que otra técnicamente semejante?. Puede existir una explicación perfectamente legítima, pero alguien debería explicarla. Así los datos convierten la sospecha en una pregunta técnica, mejora el control y protege también al funcionario honesto.

    Transparencia no significa paralizar al Gobierno

    Éste es quizás el punto más importante. Panamá necesita infraestructura, entre otras, necesita reparar carreteras, puentes, agua. Necesita ejecutar.

    Una política anticorrupción mal diseñada puede ser tan perjudicial como la ausencia de controles si logra que ningún funcionario quiera firmar nada por temor a terminar investigado años después. Por eso, el objetivo no debe ser producir un Estado aterrorizado, sino uno predecible con reglas claras, plazos razonables, procedimientos rápidos, competencia siempre que sea posible y excepciones cuando sean necesarias. Y trazabilidad absoluta cuando se utilicen. La eficacia y la transparencia no son enemigos y una administración profesional debería poder ofrecer ambas.

    La república no funciona con confianza personal

    El Gobierno de José Raúl Mulino ha mostrado en distintas áreas una conducción profesional y relativamente sobria. Sería injusto interpretar automáticamente cualquier cuestionamiento administrativo como evidencia de corrupción gubernamental. Pero ése tampoco puede ser el estándar.

    Las instituciones republicanas existen precisamente porque ningún gobierno debería pedirnos que confiemos en su profesionalismo, ni siquiera uno que consideremos profesional.

    Hoy puede gobernar una administración prudente, mañana otra. Las reglas tienen que funcionar para ambas.

    Madison comprendió el problema hace más de dos siglos: si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno, y si quienes gobernaran fueran ángeles tampoco necesitaríamos controles. No son ángeles, ni los de este Gobierno ni los del anterior ni los del próximo. Por eso controlamos.

    No pedir confianza: ofrecer evidencia

    El MOP puede tener una explicación perfectamente razonable para buena parte de esos US$363 millones. Algunas obras probablemente respondieron a emergencias reales, otras quizá consiguieron buenos precios, algunos proveedores pueden haber sido simplemente la opción técnicamente disponible. Si así fue, el informe anunciado por la Contraloría debería demostrarlo contrato por contrato, no mediante declaraciones generales.

    Eso sería bueno para el Gobierno, para el MOP, para las empresas y para los ciudadanos, porque en una república sana una investigación periodística no debería obligar al Estado a cerrar filas. Precisamente debería activar exactamente el mecanismo contrario: abrir los expedientes.

    La pregunta fundamental no es si confiamos las personas o ni siquiera si confiamos en este Gobierno. La pregunta liberal y republicana es mucho más exigente: ¿podría funcionar correctamente este mismo sistema si mañana lo administraran personas en quienes no confiamos absolutamente nada?. Si la respuesta es no, hay que cambiar el sistema, porque la mejor política anticorrupción no consiste en esperar funcionarios honestos, sino en construir instituciones en las que incluso un funcionario deshonesto tenga poco margen para hacer daño.

  • La Asamblea y el presupuesto que no logra explicar

    La Asamblea y el presupuesto que no logra explicar

    La discusión sobre el presupuesto de la Asamblea Nacional para 2027 ofrece una oportunidad para hablar de algo más importante que una cifra grande.

    La Asamblea solicitó US$176,6 millones para el próximo año. El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó US$97 millones. Es decir, existe una diferencia cercana a US$80 millones entre lo que el Legislativo considera necesario y lo que el Ejecutivo entiende razonable asignarle. De los US$176,6 millones solicitados, aproximadamente US$166,9 millones corresponden a funcionamiento.

    Una diferencia de ese tamaño merece explicación.

    Pero el problema se vuelve más interesante cuando se observa lo ocurrido durante 2026.

    La Asamblea comenzó el año con un presupuesto aprobado de US$98,7 millones. Para julio, después de distintas modificaciones presupuestarias, ya había aumentado a US$146,4 millones, casi US$48 millones adicionales. Y ahora la presidenta de la institución, Shirley Castañedas, sostiene que necesita US$68 millones más para completar el año, destinados, según explicó, a obligaciones como salarios, cuotas pendientes de la Caja de Seguro Social, décimo tercer mes y otros compromisos.

    Eso podría llevar el presupuesto efectivo de 2026 por encima de los US$200 millones.

    La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si la Asamblea “gasta demasiado”. Debería ser otra:¿por qué una institución cuyo presupuesto original era de US$98,7 millones puede terminar necesitando más del doble para completar el mismo ejercicio fiscal?

    El problema no es necesariamente gastar más

    Una lectura seria debe evitar el reflejo de considerar sospechoso cualquier aumento presupuestario.

    Hay gastos que aparecen durante el año.

    Hay edificios que necesitan mantenimiento.

    Hay obligaciones laborales.

    Hay deudas acumuladas.

    Hay inversiones que pueden justificarse.

    Y una Asamblea Nacional necesita recursos suficientes para legislar, investigar, fiscalizar al Ejecutivo y sostener técnicamente el trabajo de sus diputados.

    Una democracia barata no necesariamente es una buena democracia. El problema surge cuando el aumento del gasto no viene acompañado por una explicación igualmente extraordinaria.

    Si una institución necesita casi duplicar aquello que originalmente presupuestó, la primera pregunta institucional debería ser qué cambió entre enero y septiembre.

    ¿Aparecieron obligaciones imprevistas?

    ¿El presupuesto inicial estaba mal elaborado?

    ¿Se incorporaron nuevas funciones?

    ¿Se subestimó deliberadamente el gasto?

    ¿O simplemente se está financiando durante el año una estructura que nunca quedó reflejada adecuadamente en el presupuesto aprobado?

    Cada respuesta conduce a un problema diferente, pero alguna respuesta tiene que existir.

    La planilla ocupa el centro de la discusión

    La Asamblea registra actualmente alrededor de 3.712 funcionarios permanentes y eventuales, con un costo mensual de aproximadamente US$7,3 millones en salarios. Desde el inicio de la nueva presidencia legislativa, el 1 de julio, ingresaron 456 funcionarios, con un costo adicional de unos US$676.000 mensuales según la información publicada.

    El dato por sí solo tampoco prueba malgasto; una institución puede reemplazar personal, reorganizar equipos o incorporar perfiles necesarios. Lo relevante es que todavía no se conoce suficientemente qué funciones desempeñan esas personas, dónde están asignadas ni bajo qué criterios fueron contratadas.

    Ese es el punto en el que una cuestión administrativa se convierte en un problema institucional.

    En el sector privado, una empresa puede contratar cuantos empleados quiera mientras sean sus propietarios quienes asuman el costo. En el Estado ocurre algo distinto ya que quien decide contratar no paga la factura con su patrimonio, la pagan ciudadanos que no participaron en la decisión.

    Por eso el estándar de justificación debe ser mayor, no menor; no basta con demostrar que una persona está trabajando. Hay que poder explicar por qué ese puesto debe existir, qué función pública realiza y por qué el contribuyente debe financiarlo.

    Public Choice en su expresión más sencilla

    James Buchanan y la Escuela de Public Choice enseñaron algo profundamente incómodo para la visión romántica del Estado: los políticos y funcionarios no dejan de tener intereses propios cuando ingresan al sector público.

    También responden a incentivos; buscan poder, construyen coaliciones, distribuyen beneficios, protegen estructuras o intentan maximizar presupuestos. Nada de eso significa que todos sean corruptos. Significa simplemente que las instituciones deben diseñarse suponiendo que quienes las integran son seres humanos normales, no administradores angelicales del interés general.

    La expansión presupuestaria de una institución política debe analizarse desde ese punto.

    Un diputado puede obtener beneficios políticos directos incorporando personal, distribuyendo puestos o aumentando recursos disponibles para su entorno. El costo, en cambio, se dispersa entre millones de contribuyentes. El beneficio está concentrado, el costo está disperso. Es uno de los incentivos clásicos que explican por qué el gasto público tiende a crecer.

    Una Asamblea que fiscaliza debe aceptar ser fiscalizada

    Hay además una contradicción difícil de ignorar.

    Durante semanas, la Comisión de Presupuesto ha interrogado a ministerios, instituciones autónomas y empresas públicas. Ha preguntado por salarios, consultorías, dietas, vehículos, planillas, inversiones y contrataciones. Ese ejercicio es saludable, precisamente para eso existe el Poder Legislativo.

    Pero cuando llegó el turno de la propia Asamblea, algunos medios describieron una fiscalización considerablemente menos incisiva. La institución solicitó US$176,6 millones, de los cuales alrededor de US$145 millones corresponderían a servicios personales, mientras seguían abiertas preguntas sobre cientos de contrataciones recientes y recursos adicionales para terminar 2026.

    Éste es quizás el aspecto más importante del episodio. La legitimidad de quien fiscaliza depende en gran medida de su disposición a someterse al mismo estándar.

    Una Asamblea que exige transparencia al Ejecutivo no puede considerar impertinente que se le pregunte por sus propias contrataciones. Una Comisión que cuestiona la planilla de un ministerio debería hacerlo con idéntico rigor cuando analiza la planilla del Legislativo. No se trata de atacar a la Asamblea, se trata precisamente de fortalecerla.

    Los US$25 millones y el peor mecanismo posible: el silencio

    A la discusión se agregó otro episodio.

    El MEF avaló un traslado de US$25 millones adicionales para funcionamiento de la Asamblea. El trámite generó cuestionamientos porque podía avanzar mediante la figura del silencio administrativo sin una sustentación pública detallada ante la propia Comisión de Presupuesto.

    Más tarde, Castañedas aclaró que la solicitud total formulada por la Asamblea era de US$68 millones y sostuvo que los US$25 millones no resultaban suficientes para cubrir las obligaciones pendientes.

    Aquí el monto es casi secundario, el problema es el procedimiento.

    El silencio administrativo puede tener sentido para impedir que la burocracia paralice indefinidamente determinados trámites, pero utilizarlo para aprobar movimientos multimillonarios de recursos públicos constituye, como mínimo, una anomalía conceptual.

    El presupuesto público debería funcionar exactamente al revés: cuanto mayor sea el monto, mayor debe ser la explicación. No menor.

    También hay una cuestión de planificación

    Existe además un problema menos espectacular pero quizás más importante.

    Si una institución aprueba un presupuesto de US$98,7 millones y meses después necesita US$68 millones adicionales, su capacidad de planificación financiera merece ser examinada.

    El presupuesto no es simplemente un límite impuesto desde fuera, es un instrumento de gestión: obliga a prever ingresos, necesidades, salarios, compromisos, inversiones y contingencias.

    Una desviación extraordinaria entre presupuesto inicial y gasto final puede revelar problemas de disciplina, pero también puede revelar algo previo: que el presupuesto nunca fue una representación realista de la estructura que se pretendía financiar.

    En cualquiera de los dos casos hay algo que corregir.

    Porque cuando las modificaciones presupuestarias se convierten en rutina, el presupuesto aprobado pierde parte de su significado; el ciudadano observa una cifra en enero que guarda poca relación con la que finalmente se ejecutará en diciembre.

    Y entonces la discusión presupuestaria se vuelve parcialmente ficticia.

    La transparencia debería llegar hasta el último puesto

    Aquí podría hacerse una reforma relativamente sencilla.

    La Asamblea debería publicar, en formato abierto y actualizable, una base completa de su estructura laboral.

    Nombre del cargo.

    Unidad o despacho al que pertenece.

    Función.

    Fecha de contratación.

    Tipo de contrato.

    Salario.

    Costo total anual.

    Sin necesidad de revelar información personal protegida.

    De esa manera el ciudadano podría conocer qué está financiando.

    También deberían publicarse de forma comprensible todas las modificaciones presupuestarias durante el año, mostrando:

    presupuesto original;

    presupuesto modificado;

    monto ejecutado;

    justificación de cada traslado;

    y fuente de los recursos adicionales.

    No hacen falta nuevas oficinas para hacerlo. Hace falta información.

    La transparencia más efectiva no consiste en crear otro organismo encargado de controlar al organismo que controla al organismo anterior; consiste en permitir que periodistas, organizaciones civiles, universidades y ciudadanos puedan mirar directamente.

    El problema de fondo no son los US$176 millones

    Panamá tiene desafíos fiscales mucho mayores.

    Pensiones.

    Salud.

    Infraestructura.

    Agua.

    Deuda.

    Educación.

    Los US$176,6 millones solicitados por la Asamblea no determinarán por sí solos la sostenibilidad fiscal del país.Por eso sería un error convertir esta discusión en un ejercicio populista de señalar salarios individuales o afirmar que cerrando el Legislativo se arreglan las cuentas públicas. No es así. La importancia del caso es institucional.

    La Asamblea es precisamente el órgano encargado de autorizar cómo se utiliza el dinero que el Estado obtiene de los ciudadanos.

    Por eso su propia administración debería constituir un ejemplo particularmente alto de previsibilidad, austeridad razonable y transparencia, no porque los diputados deban trabajar sin recursos,sino porque administran recursos ajenos.

    El mejor argumento contra el malgasto no es la austeridad

    Desde una perspectiva liberal, el objetivo tampoco debería ser reducir el presupuesto de la Asamblea por el simple placer de mostrar una cifra menor. Eso confundiría austeridad con eficiencia.

    La pregunta correcta es mucho más exigente: ¿qué necesita una Asamblea moderna para cumplir bien sus funciones constitucionales?

    Se financia eso, lo demás debe justificarse.

    Si hacen falta buenos abogados, economistas, especialistas presupuestarios y técnicos capaces de controlar al Ejecutivo, probablemente valga la pena pagar por ellos.

    Si existen puestos cuya única explicación es la tradición política, el clientelismo o la conveniencia partidaria, entonces no importa que su costo individual sea pequeño. Sobran.

    El liberalismo no exige un Estado incompetente. Exige un Estado limitado a funciones justificables y capaz de realizarlas bien.

    Antes de pedir US$176 millones

    La diferencia entre los US$97 millones recomendados por el MEF y los US$176,6 millones solicitados por la Asamblea podría incluso resultar defendible.

    Tal vez la Asamblea tenga argumentos técnicos suficientes para demostrar que el MEF subestimó seriamente sus necesidades.

    Pero entonces corresponde presentarlos.

    Programa por programa.

    Puesto por puesto.

    Proyecto por proyecto.

    Y explicando además por qué una institución que comenzó 2026 con US$98,7 millones podría terminar necesitando más de US$200 millones para completar el año.

    No debería resultar ofensivo pedir esa explicación. Es exactamente la explicación que la propia Asamblea exige al resto del Estado.

    La verdadera prueba de transparencia institucional comienza cuando el fiscalizador ocupa la silla del fiscalizado.

    Y quizá ésta sea la pregunta más simple que debería responderse antes de aprobar un solo balboa adicional: ¿qué recibe concretamente el ciudadano panameño a cambio de esos US$176,6 millones que no podría recibir con US$97 millones?

    Si existe una buena respuesta, que se financie. Si no existe, el problema no es el presupuesto, es que alguien está pidiendo al contribuyente que pague por algo que todavía no ha conseguido justificar.

  • Descuento a jubilados: el falso subsidio que paga el sector privado

    Descuento a jubilados: el falso subsidio que paga el sector privado

    Hoy, en noticias de TVN finalmente veo a un presidente, en este caso Mulino, decir que no encuentra una fórmula para hacer económicamente viable aumentar el descuento a jubilados, con lo cual saca a relucir una verdad que sus antecesores soslayaban pero que, tal como he venido advirtiendo, la realidad nos está alcanzando. Nos alcanza por diversos motivos y diversos enredos socioeconómicos que son casi imposible explicárselos a Tío Pueblo, pero a ver si doy un pantallazo.

    El problema de fondo comienza con un mandato del Órgano Legislativo que es puro clientelismo destructivo. Entiendo que la mayoría de los jubilados enfrentan los aumentados costos vida inflacionarios. Es muy triste la realidad que enfrentan pero no debería ser una sorpresa para quienes ponen atención a un clientelismo que tarde o temprano pasa factura.

    Lástima que no sean tantos los que ven que la mayoría de las empresas no son de ricachones y sus márgenes de ganancia simplemente no aguantan esos descuentos. Y cuando los malos legisladores se bañan en gloria, los pequeños negocios que se van a la quiebra y eso no lo ven o no les importa; hasta que llegue el día en que sí les importe.

    ¿Cuántos jubilados o no jubilados entienden la macro economía? En un mercado en el cual ya la mayoría de las empresas la tienen difícil, intentan mitigar el ingreso perdido aumentando precios a los no jubilados, lo cual tiene límites y consecuencias; y eso sólo es parte del asunto. Los efectos nocivos de legisladores que regalan lo ajenos son muchos:

    • Las empresas del sector informal logran ventajas, mientras sólo las formales cumplen y pierden.
    • Los politicastros se llevan la gloria de ayudar a los viejitos, mientras que las consecuencias inevitables de su irresponsable legislar demorarán en llegar; pero cuando llegue ya casi nadie sabe por qué.
    • Con el tiempo estos supuestos subsidios han llegado a ser vistos como “derechos”. ¿Derechos a qué, al asalto politiquero?

    A todo ello, la pérfida excusa de rapaces legisladores se va por el camino fácil y descuida soluciones mucho más reales; tales como:

    • Transferencias dirigidas en vales gubernamentales pagables con una disminución de gobiernos obesos y corruptos.
    • Dejar los asaltos a la CSS y crear una verdadera seguridad social y no el esquema Ponzi que ha sido la CSS desde su natalicio.
    • Descuentos impositivos que no conviertan a las empresas, en especial las medianas y pequeñas empresas en agentes de asistencialismo social.

    Es muy triste que cuando finalmente logramos tener un presidente que habla la verdad económica y advierte que es al Ejecutivo a quien corresponde planificar el gasto, todos le caigan a pelonera. Me sorprendió la votación de 47 a 1, lo cual muestra la terrible realidad del poder legislativo en Panamá. Ahora, el Ejecutivo debe inventar una fórmula de avenimiento.

    Hoy, que me siento en mi solitario cuarto de viejito escribiendo estas cosas, no puedo dejar la realidad de la quiebra del restaurante de nuestra familia, en buena medida debido a las irresponsables normativas populistas. Como tampoco puedo olvidar que mi empresa también se fue al fracaso cuando los gobiernos nos cancelaron unos 10 contratos ganados en licitaciones, debido a que rehusamos pagar coimas. Y, por qué no recordar que luego de 14 años de trabajar en el gobierno, las dos veces que llegué a dirigir una institución del Estado, al año me despidieron por no ser ladrón.

    Los terribles efectos colaterales del desgobierno son inmensos, pero nadie los advierte, debido a que el gobernar populista se acostumbró a regalar migajas y cosechar ventajas.

  • El petróleo no lava la sangre

    El petróleo no lava la sangre

    Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y sostuvo que Estados Unidos obtendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo venezolanas. Delcy Rodríguez, presidenta interina desde la captura de Nicolás Maduro, confirmó un convenio energético por 25 años para desarrollar 17 campos y alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Caracas calcula inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.000 millones.

    Las cifras son monumentales. La transparencia, en cambio, es mínima.

    No se conoce públicamente el contrato completo, existen dudas sobre su encaje en la legislación venezolana y algunas informaciones hablan de concesiones operativas mucho más extensas que los 25 años anunciados por Rodríguez. Tampoco está claro qué empresas asumirán las inversiones, cómo se distribuirán exactamente los beneficios ni ante qué tribunales responderán las partes. Estados Unidos tendría una participación mayoritaria del 55% en una nueva estructura empresarial y acceso preferente al crudo, parte del cual sería utilizado para reponer su Reserva Estratégica.

    Sin embargo, lo más revelador del anuncio de Trump no fue el tamaño del negocio. Fue la manera en que presentó a su socia: la “altamente respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez”.

    ¿Altamente respetada por quién?

    Un gobierno puede verse obligado a negociar con quien controla de facto otro Estado. La diplomacia no es una reunión de santos y con frecuencia exige tratar con personas y regímenes repudiables. Pero negociar no implica respetar; reconocer un poder de hecho no equivale a otorgarle legitimidad moral.

    Trump podía decir que Rodríguez era su interlocutora, que había cumplido determinados compromisos o que resultaba funcional para estabilizar la producción petrolera. Eligió llamarla “altamente respetada”. Ese adjetivo no describe una necesidad geopolítica: limpia una biografía política.

    Los ojos que Trump decidió no mirar

    El 15 de enero de 2018, Óscar Pérez estaba rodeado junto con seis integrantes de su grupo en una casa de El Junquito, en las afueras de Caracas. Pérez había sido inspector del CICPC, piloto y miembro de una unidad de operaciones especiales antes de rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

    No era un manifestante pacífico. Había sustraído un helicóptero policial, disparado y lanzado granadas contra edificios oficiales —sin producir víctimas— y posteriormente participado en la sustracción de armas de un cuartel militar. El Estado tenía razones legítimas para detenerlo y someterlo a un proceso judicial. Precisamente por eso debía capturarlo con vida si se rendía.

    Pero sus últimos minutos fueron registrados por él mismo.

    En aquellos videos aparece herido, con el rostro ensangrentado y sus ojos claros mirando directamente a la cámara. Repite que están dispuestos a entregarse, pide que cesen los disparos y denuncia que no quieren permitirles salir con vida. “Nos vamos a entregar”, insiste mientras las fuerzas de seguridad continúan el ataque. Poco después, Pérez y otras seis personas estaban muertos. El Gobierno presentó la operación como el desmantelamiento de una célula terrorista; la oposición, distintas organizaciones y posteriores reconstrucciones plantearon graves indicios de que se trató de una ejecución extrajudicial.

    Aquellos ojos quedaron grabados en la memoria de muchísimos venezolanos. No porque Óscar Pérez fuera un hombre perfecto ni porque todas sus acciones deban ser reivindicadas. Quedaron grabados porque mostraron, casi en tiempo real, la diferencia entre la justicia y la venganza estatal: un hombre podía haber cometido delitos, pero seguía teniendo derecho a rendirse, a ser detenido, a tener un abogado y a comparecer vivo ante un juez.

    La respuesta de Delcy Rodríguez aquel mismo día no fue pedir una investigación independiente sobre las circunstancias de las muertes. Como presidenta de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, acusó de “sinvergüenzas” a quienes cuestionaban el operativo y se refirió a Pérez como criminal.

    No existe una prueba pública que permita afirmar que Rodríguez dio la orden de matarlo. La responsabilidad penal individual debe demostrarse y un liberal no puede renunciar al debido proceso ni siquiera cuando juzga a los integrantes de un régimen que lo destruyó. Pero tampoco puede aceptarse la ficción de que Rodríguez fue una observadora distante.

    Ella presidía entonces la Asamblea Constituyente creada por el chavismo para desplazar al Parlamento elegido por los venezolanos y concentrar todavía más poder. Meses después fue designada vicepresidenta ejecutiva de Maduro, cargo desde el cual mantuvo una posición central durante los años en que organismos internacionales documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.

    En 2019, siendo ya vicepresidenta, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo desapareció bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Fue presentado ante un tribunal en silla de ruedas, prácticamente incapaz de hablar o moverse, y murió horas después. La autopsia registró un politraumatismo generalizado. Amnistía Internacional calificó el caso como detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte bajo custodia estatal.

    Óscar Pérez y Rafael Acosta Arévalo son casos diferentes, pero forman parte de una misma memoria: la de un Estado que convirtió la fuerza pública en instrumento de conservación del poder. A ellos se suman los presos de El Helicoide, los jóvenes muertos en las protestas, los perseguidos, los torturados y los millones que tuvieron que abandonar Venezuela.

    ¿Cómo reciben todos ellos la noticia de que una de las principales figuras políticas de aquel régimen es ahora, para el presidente de Estados Unidos, una persona “altamente respetada”?

    Del anticomunismo al negocio de Estado

    El petróleo explica la metamorfosis.

    Trump no ha descubierto repentinamente virtudes democráticas en Delcy Rodríguez. Ha encontrado una dirigente capaz de garantizarle acceso privilegiado a las mayores reservas de crudo del planeta, en momentos en que necesita reducir el precio de la gasolina, recomponer la Reserva Estratégica estadounidense y asegurar suministros frente a la inestabilidad internacional.

    Rodríguez, a cambio, recibe algo más valioso que el dinero: reconocimiento, protección y continuidad política. El petróleo que durante años sostuvo al régimen chavista ahora puede servir para legitimar su supervivencia bajo tutela estadounidense.

    Ambos ganan. Trump presenta ante sus electores un negocio gigantesco; Rodríguez se transforma, sin pasar por elecciones libres, de jerarca sancionada del chavismo en socia estratégica de Washington. Quienes no participaron en la negociación son los venezolanos.

    Este punto resulta esencial desde una perspectiva liberal. El problema no es que capital estadounidense invierta en petróleo venezolano. Venezuela necesita capital, tecnología, infraestructura y apertura después de décadas de expropiaciones, corrupción y destrucción de PDVSA. El intercambio internacional y la inversión privada podrían contribuir enormemente a su recuperación.

    Pero un acuerdo entre gobiernos no es necesariamente libre comercio. Y una empresa elegida por el poder político no se vuelve privada por el simple hecho de tener accionistas particulares.

    Si Washington selecciona a los operadores, participa mayoritariamente en la estructura, obtiene petróleo en condiciones preferentes y destina la producción a fines estratégicos de Estados Unidos, mientras una autoridad venezolana sin legitimidad electoral compromete recursos nacionales durante décadas mediante cláusulas secretas, no estamos ante un mercado libre. Estamos ante mercantilismo geopolítico: dos poderes estatales distribuyendo privilegios y activos que administran como si fueran propios.

    El liberalismo no consiste en sustituir el monopolio socialista de PDVSA por una sociedad escogida desde la Casa Blanca. Liberalizar significaría abrir la industria a la competencia, publicar las condiciones, garantizar derechos de propiedad, establecer tribunales independientes y permitir que distintas empresas asuman riesgos sin privilegios políticos. Sobre todo, implicaría que un gobierno legítimo rindiera cuentas ante los ciudadanos venezolanos.

    Nada de eso puede reemplazarse con una fotografía entre Trump y Rodríguez.

    ¿Liberación o colonia?

    Durante años, millones de venezolanos vieron en Estados Unidos una posible ayuda para terminar con la dictadura. Ahora contemplan cómo Washington respalda a una de sus principales jerarcas a cambio de petróleo.

    La palabra “colonia” puede parecer excesiva. El comercio con una potencia extranjera no convierte a un país en colonia y defender la soberanía tampoco debería servir de excusa para preservar el monopolio estatal o rechazar inversión extranjera. Pero cuando una potencia controla la explotación de una parte sustancial de los recursos de otro país, decide quién participa, tutela de hecho a su gobierno y negocia sin intervención ni conocimiento de sus ciudadanos, la relación empieza a parecerse demasiado a aquello que pretende negar.

    No es colonialismo porque intervengan empresas estadounidenses. Es colonialismo si los venezolanos dejan de ser sujetos de su propia reconstrucción y se convierten únicamente en habitantes del territorio donde otros gobiernos reparten el subsuelo.

    Las recientes excarcelaciones son positivas, pero tampoco resuelven la cuestión moral. Liberar a personas que nunca debieron estar presas no convierte al carcelero en demócrata. A mediados de agosto, Foro Penal aún registraba centenares de presos políticos, mientras muchas de las personas excarceladas seguían sometidas a restricciones judiciales.

    Una transición verdadera requiere libertad política, elecciones verificables, independencia judicial, apertura económica y justicia para las víctimas. No exige venganzas ni juicios colectivos, pero sí investigaciones individuales y responsabilidad por los crímenes cometidos. Sin verdad y sin justicia, la estabilidad será apenas impunidad financiada con petróleo.

    Trump puede negociar con Delcy Rodríguez si considera que eso sirve a los intereses de Estados Unidos. Lo que no debería hacer es exigirles a los venezolanos que participen de su amnesia.

    Porque utilidad no es respetabilidad. Obediencia no es legitimidad. Excarcelar no borra haber encarcelado. Y vender petróleo no convierte una dictadura en una democracia.

    En algún lugar de la memoria venezolana siguen aquellos últimos videos de Óscar Pérez: el rostro ensangrentado, la voz pidiendo que dejaran de disparar y los ojos claros de un hombre que quería entregarse.

    Frente a esa mirada, la expresión “altamente respetada” deja de ser una fórmula diplomática. Se convierte en una ofensa.

    El petróleo puede comprar alianzas, silencios y reconocimientos. Lo único que no debería poder comprar es el olvido.