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Categoría: Politica y Actualidad

  • Cuando el presupuesto deja de significar lo que dice

    Cuando el presupuesto deja de significar lo que dice

    Un presupuesto público debería ser algo más que una gran tabla de números aprobada una vez al año. Debería ser un compromiso.

    Cuando el Estado dice que destinará determinada suma a salud, educación, infraestructura o justicia, el ciudadano debería poder asumir que esos recursos fueron asignados para esa finalidad y no simplemente estacionados allí hasta que otra institución los necesite.

    Por eso lo ocurrido esta semana que pasó en la Asamblea Nacional merece atención.

    La Comisión de Presupuesto aprobó traslados por US$32,1 millones adicionales para la Asamblea, incluyendo US$17,1 millones provenientes del Ministerio de Salud y US$1 millón del Ministerio de Educación. De los recursos procedentes del Minsa, alrededor de US$16,3 millones se destinarían a personal transitorio del Legislativo. Parte de los fondos provenientes de Meduca financiarían dietas.

    Eso no significa automáticamente que se hayan quitado medicamentos de un hospital o pupitres de una escuela. Sería irresponsable afirmarlo sin conocer qué partidas concretas estaban disponibles, cuál era su nivel de ejecución y qué gasto dejó efectivamente de realizarse, pero la ausencia de ese dramatismo no vuelve irrelevante lo ocurrido; pero nos plantea una pregunta bastante más profunda: si el dinero aprobado para una finalidad puede terminar financiando otra completamente distinta, ¿qué significa realmente aprobar un presupuesto por finalidad?

    El dinero es fungible. El compromiso político no debería serlo

    Desde el punto de vista contable, el dinero es fungible, es decir, un dólar es igual a otro dólar.

    Si una institución tiene recursos que no utilizará, puede parecer racional trasladarlos hacia otra que enfrenta obligaciones pendientes; en una empresa privada, eso ocurre continuamente.

    Una compañía puede reducir el presupuesto de marketing y trasladarlo a producción. Son sus propietarios quienes asumen las consecuencias. Pero el presupuesto público es diferente, ese dinero no pertenece al ministerio. Tampoco pertenece al ministro. Ni siquiera pertenece al Gobierno; proviene de ciudadanos que fueron obligados legalmente a entregarlo.

    Y ha sido autorizado para determinadas finalidades mediante un proceso político. Por eso la pregunta no puede limitarse a: “¿Había dinero disponible?”, sino también debe ser: “¿para qué había sido autorizado?”. La diferencia es republicana antes que contable.

    Un presupuesto sirve precisamente para limitar discrecionalidad

    Desde una perspectiva liberal, una de las funciones fundamentales del presupuesto es poner límites al poder. El Ejecutivo no debería poder gastar cualquier cantidad en cualquier cosa simplemente porque considere conveniente hacerlo. Debe presentar un plan, el Legislativo lo discute, se establecen partidas. Y luego corresponde ejecutar dentro de esos límites.

    Si durante el año las asignaciones pueden modificarse con demasiada facilidad, el presupuesto empieza a perder una de sus funciones principales. Sigue siendo un instrumento contable, pero deja de ser un verdadero límite político.

    La pregunta ya no es qué aprobó la Asamblea al comenzar el año, sino qué termina negociándose mes a mes mediante traslados, créditos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. Y eso cambia completamente el balance institucional.

    La ironía de que el beneficiario sea la propia Asamblea

    En este caso existe además una particularidad difícil de ignorar !!! El órgano que aprueba el presupuesto es precisamente el que está recibiendo los recursos adicionales. La Asamblea comenzó 2026 con un presupuesto aprobado cercano a US$95 millones. Después de modificaciones y nuevos traslados, los recursos disponibles se aproximan ya a US$193 millones, según los cálculos publicados esa semana. Prácticamente el doble!. Eso no demuestra que cada dólar adicional sea innecesario, ya que puede haber obligaciones legítimas, salarios pendientes o puede haber compromisos laborales que efectivamente deben honrarse.

    Pero una desviación de semejante magnitud entre presupuesto original y recursos finalmente utilizados exige una explicación proporcionalmente extraordinaria. ¿Estaba mal elaborado el presupuesto inicial?, ¿Aparecieron obligaciones nuevas?, ¿Creció sustancialmente la planilla?, ¿Se subestimaron gastos conocidos?, ¿O se sabía desde el comienzo que el presupuesto aprobado no reflejaba el verdadero costo de funcionamiento?. Cada alternativa plantea un problema distinto, pero ninguna debería resolverse simplemente trasladando dinero y continuando.

    El problema no es Salud contra Asamblea

    También sería un error convertir esto en una competencia emocional: “¿Qué es más importante, un hospital o un diputado?”. Ese tipo de argumento produce aplausos, pero poco análisis. Un país necesita hospitales. Y también necesita un Poder Legislativo.

    Una república no funciona sin una Asamblea capaz de legislar, fiscalizar al Ejecutivo, aprobar presupuestos y representar políticamente a los ciudadanos; entonces la cuestión no es si la Asamblea merece recursos, los merece; la cuestión es cuántos necesita y por qué.

    Y, sobre todo, si esos recursos deben provenir de partidas originalmente asignadas a otras instituciones sin que exista una explicación pública suficientemente detallada de por qué dejaron de necesitarse allí.

    Presupuesto versus ejecución

    Aquí aparece otro problema habitual de las finanzas públicas. Los gobiernos suelen celebrar cuánto dinero asignaron a una política; pero asignar no es ejecutar.

    Un ministerio puede recibir US$100 millones y utilizar US$70 millones. Los US$30 millones restantes pueden reflejar eficiencia o incapacidad para ejecutar; o proyectos retrasados, licitaciones fallidas o simplemente una estimación presupuestaria excesiva. Esas situaciones no son equivalentes.

    Por eso, antes de trasladar fondos desde una institución, deberíamos conocer al menos tres cosas: cuánto recibió; cuánto ejecutó; y por qué quedó dinero disponible. Sin esa información, el traslado puede terminar premiando precisamente la mala ejecución.

    Una institución incapaz de utilizar sus recursos pierde fondos, la otra que excedió su presupuesto los recibe. El incentivo resultante es perverso.

    El problema de los incentivos

    Public Choice vuelve a ser útil aquí.

    Cada organismo público tiene incentivos para maximizar su presupuesto. Un presupuesto mayor significa más puestos, más programas, más capacidad política y mayor influencia institucional. Al mismo tiempo, pocas instituciones quieren devolver dinero porque temen que recibirán menos el año siguiente. Por eso aparece la conocida carrera de final de ejercicio para gastar aquello que queda disponible. “Úsalo o piérdelo.”

    El mecanismo de traslados puede añadir otro incentivo problemático; si una institución sabe que siempre existe la posibilidad de obtener recursos adicionales durante el año, la disciplina del presupuesto inicial se debilita. ¿Por qué ajustar seriamente el gasto a la asignación aprobada si posteriormente pueden pedirse decenas de millones adicionales?. No hace falta corrupción. alcanza con incentivos mal diseñados.

    Las partidas deberían tener memoria

    Una reforma razonable sería introducir mayor trazabilidad; cada dólar trasladado debería conservar una especie de “memoria presupuestaria”. El ciudadano debería poder abrir una plataforma y ver:

    Partida original: Ministerio de Salud.
    Monto: US$17,1 millones.
    Finalidad original: determinada actividad o programa.
    Nivel de ejecución: X%.
    Razón de disponibilidad: proyecto terminado, ahorro, retraso, cancelación, etc.
    Nuevo destino: Asamblea Nacional.
    Finalidad nueva: personal transitorio u otra obligación.
    Justificación: documento completo.
    Fecha de aprobación: tal día.
    Votación: quién aprobó y quién rechazó.

    Eso convertiría un traslado presupuestario en una decisión auditable.

    Hoy muchas veces tenemos que reconstruir esos movimientos mediante periodistas, documentos dispersos y declaraciones posteriores. No debería ser necesario.

    Y hay un problema adicional de forma

    La aprobación de estos traslados tuvo además una circunstancia que deteriora innecesariamente la confianza.

    Los diputados habían sido convocados para una hora determinada, pero la sesión comenzó aproximadamente una hora antes. Algunos integrantes de la propia Comisión llegaron cuando parte de los traslados ya había sido aprobada. La transmisión institucional tampoco funcionó normalmente.

    Puede haber explicaciones inocentes como errores de coordinación, problemas técnicos o confusión administrativa. Pero las formas importan; especialmente cuando se está moviendo dinero público.

    Una república no debería depender de que creamos que no hubo intención de ocultar nada. Debería funcionar de manera que ocultar sea difícil.

    La transparencia no consiste en poder pedir el documento

    Hay una diferencia importante entre información disponible e información accesible.

    Un Gobierno puede decir: “todo está en el expediente.”. Eso no basta. El ciudadano no debería necesitar ser abogado, auditor o periodista de investigación para averiguar de dónde salieron US$32 millones y hacia dónde fueron.

    La información pública moderna debería estar diseñada para ser entendida.

    Monto.

    Origen.

    Destino.

    Motivo.

    Responsable.

    Eso es transparencia.

    Publicar miles de páginas en PDF y considerar cumplida la obligación legal es técnicamente publicidad, pero no necesariamente rendición de cuentas.

    Un principio liberal: quien quiere gastar más debe explicar más

    Hay una regla sencilla que podría mejorar enormemente el proceso presupuestario: la carga de la prueba debe recaer sobre quien solicita recursos adicionales, no sobre quien pregunta.

    Si la Asamblea necesita US$32 millones más, corresponde explicar por qué. Y si necesita US$68 millones, también.

    Si finalmente necesita duplicar prácticamente el presupuesto original, la explicación debería ser especialmente detallada. El contribuyente no debería tener que demostrar que el gasto es innecesario, es el Estado quien debe demostrar que es necesario, porque existe una asimetría fundamental: la Asamblea puede votar, pero el contribuyente no puede negarse a pagar.

    Precisamente por eso quien posee poder coercitivo tiene también una obligación superior de justificación.

    El dinero público no existe

    Margaret Thatcher utilizó una frase que sigue siendo útil:

    “No existe tal cosa como dinero público; sólo existe dinero de los contribuyentes.”

    Más allá de quién la haya pronunciado, la idea importa. Cuando decimos que “el Minsa transfirió US$17 millones a la Asamblea”, utilizamos un lenguaje que puede ocultar la verdadera naturaleza de la transacción; el Minsa no produjo esos recursos, la Asamblea tampoco. Proceden de personas: los trabajadores, empresarios, consumidores, ahorradores. Cada balboa utilizado por el Estado tuvo previamente un uso alternativo en manos privadas. Por eso gastar no debería ser moralmente sospechoso, pero sí institucionalmente exigente.

    Esto no es austeridad por austeridad

    Una visión liberal seria tampoco debería caer en la obsesión de que todo presupuesto menor es automáticamente mejor. Una Asamblea con US$50 millones que legisla mal puede resultar mucho más cara para la sociedad que otra con US$100 millones y excelente capacidad técnica.

    Una ley mala puede destruir muchísimo más valor que el costo completo del Poder Legislativo, por eso la pregunta correcta no es: “¿cómo hacemos para gastar menos?”, es «¿qué funciones legítimas debe cumplir esta institución y cuánto cuesta hacerlas bien?”

    Después se financia eso, pero no se empieza por el monto disponible y luego se buscan razones para utilizarlo.

    El presupuesto como contrato republicano

    El presupuesto debería funcionar como una especie de contrato político anual entre gobernantes y gobernados.

    No un contrato privado, naturalmente, pero sí un compromiso público: esto pensamos recaudar; esto pensamos gastar; estas son nuestras prioridades; y estos son los límites que aceptamos. Las circunstancias pueden cambiar, por supuesto. Ningún presupuesto puede prever todas las emergencias, por eso existen mecanismos de modificación.

    Pero cuanto más fácil sea alterar el contrato durante el año, menor valor tendrá el contrato original. Y si las modificaciones terminan siendo tan grandes que duplican el presupuesto de una institución, entonces no estamos frente a un ajuste marginal. Estamos frente a otro presupuesto.

    La pregunta que debería hacerse antes de cada traslado

    Antes de aprobar un movimiento de dinero entre instituciones deberían responderse públicamente cuatro preguntas: ¿Por qué sobra en el origen?, ¿Por qué falta en el destino?, ¿Cuándo se supo que faltaría?, ¿Qué cambiará para evitar que vuelva a ocurrir?

    Esas cuatro preguntas permitirían distinguir un ajuste legítimo de un problema estructural de planificación. Y permitirían algo todavía más importante: aprender. Porque un presupuesto no debería servir únicamente para gastar durante doce meses, sino que principalmente debería producir información que mejore el siguiente.

    El problema no son los US$32 millones

    US$32 millones son relevantes, pero tampoco determinan las finanzas públicas de Panamá. El verdadero problema es institucional, ya que una democracia liberal depende de límites previsibles al poder. El presupuesto es uno de ellos.

    Si las asignaciones aprobadas pueden cambiar sustancialmente sin que el ciudadano entienda claramente por qué, el límite se vuelve poroso. Y cuando quien recibe el dinero adicional es precisamente el órgano encargado de autorizar y fiscalizar el gasto público, el estándar debería ser todavía mayor.

    La respuesta no es prohibir los traslados, sino obligarlos a soportar algo mucho más incómodo: luz. Toda. Antes, durante y después, porque la transparencia presupuestaria no consiste simplemente en saber cuánto gastó el Estado cuando el año ya terminó, sino en poder seguir el dinero mientras se mueve. Y, sobre todo, poder preguntar en cada movimiento: si este balboa fue aprobado para una cosa y terminó pagando otra, ¿quién tomó esa decisión, por qué la tomó y dónde quedó registrada su responsabilidad?

    Cuando esas respuestas son fáciles de encontrar, tenemos presupuesto. Cuando no lo son, tenemos apenas números que el poder puede reorganizar.

  • Contratación directa, competencia y república

    Contratación directa, competencia y república

    En materia de contratación pública conviene evitar dos simplificaciones igualmente malas: la primera consiste en suponer que toda contratación directa es corrupción. Y la segunda, en asumir que basta con que una contratación directa sea legal para considerarla institucionalmente saludable.

    Ninguna de las dos cosas es cierta.

    La Ley de Contrataciones Públicas panameña contempla procedimientos excepcionales y de emergencia por una razón evidente: hay circunstancias en las que el Estado no puede esperar meses mientras se desarrolla una licitación ordinaria. Una carretera colapsada, una inundación, un puente inutilizado o una emergencia sanitaria pueden exigir una respuesta inmediata.

    El problema comienza cuando aquello diseñado para resolver situaciones extraordinarias empieza a convertirse en una forma habitual de comprar. Y los datos recientes del Ministerio de Obras Públicas justifican precisamente esa discusión.

    Una investigación de La Estrella de Panamá, basada en registros de Panamá Compra, encontró que entre julio de 2024 y junio de 2026 el MOP adjudicó 276 contratos directos por aproximadamente US$363 millones. La cifra supera los US$225 millones contratados mediante mecanismos similares durante todo el quinquenio anterior. Eso no prueba corrupción, pero sí obliga a hacer preguntas.

    La competencia no es un trámite burocrático

    A veces hablamos de licitaciones públicas como si fueran simplemente un procedimiento administrativo pesado que retrasa las obras.

    Desde nuestra perspectiva liberal y habiendo sido los responsables del diseño de Panama Compras en 2006, consideramos que su función económica es bastante más importante que un mero tablón de anuncios. Fomenta la competencia y permite descubrir información que el funcionario no posee.

    ¿Cuánto cuesta realmente una carretera?, ¿Cuál es la mejor solución técnica?, ¿Qué empresa puede realizarla más rápido?, ¿Quién ofrece mejores garantías?, ¿Existe una tecnología menos costosa?, ¿Cuánto margen puede reducir un proveedor para obtener el contrato?. No hay una oficina pública capaz de conocer de antemano todas esas respuestas, precisamente ese conocimiento aparece cuando distintos oferentes compiten.

    Hayek explicó precisamente ese problema: el conocimiento relevante para organizar la actividad económica está disperso entre millones de personas. El mercado no funciona porque alguien posea toda la información, sino porque permite que la información dispersa se revele mediante precios, ofertas y decisiones.

    Una licitación competitiva intenta introducir una pequeña parte de ese mecanismo dentro de la contratación estatal, claro que no reproduce un mercado perfecto, pero permite algo fundamental: que el funcionario no tenga que decidir por sí solo cuánto debería costar aquello que está comprando. Cuando se elimina la competencia, se pierde esa referencia.

    La contratación directa tiene un costo incluso cuando nadie roba

    Éste es el punto que con frecuencia desaparece cuando la discusión se reduce a “hubo corrupción” o “no hubo corrupción”. Puede no haber un solo sobre, una sola coima ni un solo funcionario deshonesto y aun así producirse una mala asignación de recursos.

    Si el Estado contrata directamente a una empresa por US$10 millones y una licitación competitiva habría producido una oferta equivalente por US$8 millones, el contribuyente perdió US$2 millones aunque nadie haya cometido un delito.

    La corrupción es una forma extrema de malgasto, pero no es la única.

    La ausencia de competencia puede generar precios mayores, peores condiciones contractuales, soluciones técnicamente inferiores y dependencia repetida de un número reducido de proveedores.

    Por eso una política anticorrupción seria no debería concentrarse solamente en perseguir al funcionario que recibe dinero ilegal. Debería construir instituciones que reduzcan las oportunidades para que una decisión pública dependa de la discrecionalidad individual. La mejor investigación penal es la que nunca hace falta porque el procedimiento hizo difícil capturar la decisión.

    Cuando lo previsible se convierte en emergencia

    Existe además una distinción esencial entre urgencia y falta de planificación. Una inundación imprevisible puede justificar una contratación inmediata, pero el mantenimiento periódico de una carretera, difícilmente.

    Una estructura destruida inesperadamente puede constituir una emergencia. Una obra incluida desde antes en el Plan Estratégico de Gobierno merece una explicación mucho más exigente si posteriormente se adjudica mediante procedimiento excepcional.

    La investigación periodística ha señalado precisamente que algunas obras contratadas por vías excepcionales ya figuraban entre proyectos previstos en la planificación gubernamental.

    Eso no demuestra que la contratación sea ilegal, pero cambia la pregunta: si la necesidad ya se conocía, ¿qué acontecimiento extraordinario impidió licitar?, porque una emergencia no puede definirse simplemente como aquello que el Gobierno necesita ejecutar rápido dado que si así fuera, prácticamente toda obra pública podría convertirse en excepcional.

    Los gobiernos siempre tienen prisa; los ciudadanos llevan años esperando carreteras; los ministros tienen períodos limitados y los presidentes quieren inaugurar obras antes de terminar sus mandatos.

    Precisamente por todo eso las reglas existen antes de que aparezca la urgencia política.

    El argumento de la eficiencia merece ser tomado en serio

    También hay que escuchar al MOP.

    Panamá tiene una red vial con déficits acumulados y comunidades que llevan años esperando soluciones. El propio ministerio ha anunciado una cartera muy amplia de inversiones y sostiene que determinados procedimientos excepcionales permiten ejecutar con mayor velocidad. La administración también ha desarrollado numerosas licitaciones ordinarias: a finales de 2025 informó que de 35 proyectos estructurados para licitación, 26 habían sido licitados y 20 adjudicados.

    Por tanto, no corresponde construir la caricatura de un ministerio que no licita nada.

    Además, el contralor Anel Flores ha defendido que muchos contratos cuestionados respondieron a emergencias relacionadas con inundaciones y daños producidos por el agua. Anunció un arqueo y un informe para explicar las contrataciones a la ciudadanía. Es una explicación que merece ser evaluada con los expedientes delante y la respuesta republicana no es presumir culpabilidad, pero debe exigir evidencia.

    El contralor no debería defender: debería auditar

    Aquí aparece, sin embargo, una cuestión institucional delicada: el papel de la Contraloría no consiste en ser abogado defensor del ministerio cuestionado y tampoco en actuar como fiscal mediático.

    Su función es mucho más valiosa precisamente porque debería estar situada fuera de ambas posiciones. Su rol es controlar, verificar, comparar, documentar y publicar conclusiones.

    Cuando el contralor responde a cuestionamientos periodísticos diciendo que “el morbo impera”, corre el riesgo de desplazar la discusión desde los datos hacia las intenciones de quienes preguntan. No hace falta interpretar maliciosamente al contralor para señalar el problema.

    Por eso, una institución de control gana autoridad cuando puede decir «este contrato estuvo correctamente justificado»; o «éste otro no»; señalar que «en éste había emergencia o en éste la causal utilizada no se sostiene»; «estos precios fueron razonables o éstos excedieron referencias comparables».

    Eso es lo que el ciudadano necesita; la confianza republicana no consiste en creer en las personas. Consiste en poder comprobar sus actos.

    Las empresas tampoco tienen derecho adquirido a contratar con el Estado

    Otro elemento que complica la discusión es que entre las empresas que continúan obteniendo contratos públicos figuran algunas vinculadas en el pasado a casos de corrupción, entre ellas compañías cuyos representantes admitieron pagos ilícitos en el caso Blue Apple.

    Aquí también hay que mantener la cabeza fría.

    Si una empresa cumplió una sanción, no está legalmente inhabilitada y participa en una licitación abierta ofreciendo las mejores condiciones, no debería ser excluida arbitrariamente por razones reputacionales. El Estado de derecho funciona también para quienes tienen mala reputación.

    Pero una contratación directa cambia el análisis.

    Cuando una empresa con antecedentes problemáticos obtiene contratos porque ganó frente a diez competidores bajo reglas transparentes, existe una disciplina externa, pero cuando obtiene la contratación mediante selección excepcional, el grado de justificación requerido debería ser mayor.

    No porque deba presumirse nuevamente culpable, sino porque el Estado está prescindiendo precisamente del mecanismo que permitiría demostrar que ésa era la mejor opción disponible.

    Concentración empresarial y captura

    La investigación también señala una concentración significativa de contratos en un grupo relativamente reducido de empresas. La concentración tampoco prueba por sí misma corrupción ya que puede haber empresas grandes que ganen con frecuencia porque tienen maquinaria, experiencia, capacidad financiera y equipos técnicos que otras no poseen.

    Pero Public Choice nos obliga a mirar un riesgo distinto.

    Cuando unas pocas empresas dependen fuertemente del gasto estatal y un ministerio depende a su vez de unas pocas empresas capaces de ejecutar sus obras, comienza a formarse una relación bilateral muy particular: los proveedores adquieren incentivos para invertir recursos en relaciones políticas; los funcionarios adquieren incentivos para trabajar repetidamente con proveedores conocidos porque reducen incertidumbre y facilitan la ejecución y con el tiempo puede aparecer una especie de mercado cerrado. No hace falta una conspiración, los incentivos bastan.

    Y ésa es precisamente la razón por la cual la competencia debe ser protegida institucionalmente, incluso frente a funcionarios honestos y empresas técnicamente capaces.

    El cronómetro también puede ser una herramienta de corrupción

    Existe una forma particularmente sutil de degradar la contratación pública: planificar tarde.

    Supongamos que una administración conoce desde hace un año que una obra debe comenzar en octubre. No inicia la licitación a tiempo, llega septiembre y entonces declara que no puede esperar seis meses porque la obra es urgente. Formalmente, la urgencia existe, pero fue producida administrativamente. Ese mecanismo debería ser especialmente vigilado.

    Una buena ley anticorrupción no debería preguntar solamente si “¿Había urgencia el día en que se adjudicó?”; debería preguntar también: “¿Cuándo conoció el Estado la necesidad y qué hizo desde entonces?”. La diferencia es enorme y la mala planificación termina convirtiéndose en una vía legítima para evitar competencia. Y cuanto peor administra una institución sus tiempos, mayor discrecionalidad obtiene. Exactamente el incentivo contrario al que deberíamos crear.

    Publicar todo, incluso cuando la ley permita no competir

    La solución no consiste en prohibir las contrataciones directas, eso sería imprudente y el Estado necesita capacidad para reaccionar ante emergencias reales.

    La reforma correcta consiste en hacer que contratar directamente sea más transparente que licitar, precisamente porque falta el control competitivo. Cada contratación excepcional debería publicar de manera sencilla y estandarizada la obra; el monto; la empresa; la causal legal invocada; el hecho concreto que produjo la urgencia; la fecha en que la Administración conoció la necesidad; las empresas que podrían haber prestado el servicio; la metodología utilizada para determinar que el precio era razonable; los contratos anteriores del mismo proveedor y la comparación del precio con obras equivalentes.

    Además debería existir una auditoría posterior obligatoria para contratos que superen determinado monto. No necesariamente para detener la obra, pero para verificarla después, ya que la emergencia justifica rapidez, pero no la opacidad.

    El precio de referencia importa

    Panamá podría además fortalecer sistemas de comparación.

    Si el MOP contrata cien kilómetros de mantenimiento vial en distintas provincias, debería existir una base pública que permita comparar costos por kilómetro ajustados por tipo de obra, terreno, materiales y dificultad; eso ayudaría a identificar anomalías sin necesidad de acusar a nadie.

    ¿Por qué una obra cuesta 40% más que otra técnicamente semejante?. Puede existir una explicación perfectamente legítima, pero alguien debería explicarla. Así los datos convierten la sospecha en una pregunta técnica, mejora el control y protege también al funcionario honesto.

    Transparencia no significa paralizar al Gobierno

    Éste es quizás el punto más importante. Panamá necesita infraestructura, entre otras, necesita reparar carreteras, puentes, agua. Necesita ejecutar.

    Una política anticorrupción mal diseñada puede ser tan perjudicial como la ausencia de controles si logra que ningún funcionario quiera firmar nada por temor a terminar investigado años después. Por eso, el objetivo no debe ser producir un Estado aterrorizado, sino uno predecible con reglas claras, plazos razonables, procedimientos rápidos, competencia siempre que sea posible y excepciones cuando sean necesarias. Y trazabilidad absoluta cuando se utilicen. La eficacia y la transparencia no son enemigos y una administración profesional debería poder ofrecer ambas.

    La república no funciona con confianza personal

    El Gobierno de José Raúl Mulino ha mostrado en distintas áreas una conducción profesional y relativamente sobria. Sería injusto interpretar automáticamente cualquier cuestionamiento administrativo como evidencia de corrupción gubernamental. Pero ése tampoco puede ser el estándar.

    Las instituciones republicanas existen precisamente porque ningún gobierno debería pedirnos que confiemos en su profesionalismo, ni siquiera uno que consideremos profesional.

    Hoy puede gobernar una administración prudente, mañana otra. Las reglas tienen que funcionar para ambas.

    Madison comprendió el problema hace más de dos siglos: si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno, y si quienes gobernaran fueran ángeles tampoco necesitaríamos controles. No son ángeles, ni los de este Gobierno ni los del anterior ni los del próximo. Por eso controlamos.

    No pedir confianza: ofrecer evidencia

    El MOP puede tener una explicación perfectamente razonable para buena parte de esos US$363 millones. Algunas obras probablemente respondieron a emergencias reales, otras quizá consiguieron buenos precios, algunos proveedores pueden haber sido simplemente la opción técnicamente disponible. Si así fue, el informe anunciado por la Contraloría debería demostrarlo contrato por contrato, no mediante declaraciones generales.

    Eso sería bueno para el Gobierno, para el MOP, para las empresas y para los ciudadanos, porque en una república sana una investigación periodística no debería obligar al Estado a cerrar filas. Precisamente debería activar exactamente el mecanismo contrario: abrir los expedientes.

    La pregunta fundamental no es si confiamos las personas o ni siquiera si confiamos en este Gobierno. La pregunta liberal y republicana es mucho más exigente: ¿podría funcionar correctamente este mismo sistema si mañana lo administraran personas en quienes no confiamos absolutamente nada?. Si la respuesta es no, hay que cambiar el sistema, porque la mejor política anticorrupción no consiste en esperar funcionarios honestos, sino en construir instituciones en las que incluso un funcionario deshonesto tenga poco margen para hacer daño.

  • La Asamblea y el presupuesto que no logra explicar

    La Asamblea y el presupuesto que no logra explicar

    La discusión sobre el presupuesto de la Asamblea Nacional para 2027 ofrece una oportunidad para hablar de algo más importante que una cifra grande.

    La Asamblea solicitó US$176,6 millones para el próximo año. El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó US$97 millones. Es decir, existe una diferencia cercana a US$80 millones entre lo que el Legislativo considera necesario y lo que el Ejecutivo entiende razonable asignarle. De los US$176,6 millones solicitados, aproximadamente US$166,9 millones corresponden a funcionamiento.

    Una diferencia de ese tamaño merece explicación.

    Pero el problema se vuelve más interesante cuando se observa lo ocurrido durante 2026.

    La Asamblea comenzó el año con un presupuesto aprobado de US$98,7 millones. Para julio, después de distintas modificaciones presupuestarias, ya había aumentado a US$146,4 millones, casi US$48 millones adicionales. Y ahora la presidenta de la institución, Shirley Castañedas, sostiene que necesita US$68 millones más para completar el año, destinados, según explicó, a obligaciones como salarios, cuotas pendientes de la Caja de Seguro Social, décimo tercer mes y otros compromisos.

    Eso podría llevar el presupuesto efectivo de 2026 por encima de los US$200 millones.

    La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si la Asamblea “gasta demasiado”. Debería ser otra:¿por qué una institución cuyo presupuesto original era de US$98,7 millones puede terminar necesitando más del doble para completar el mismo ejercicio fiscal?

    El problema no es necesariamente gastar más

    Una lectura seria debe evitar el reflejo de considerar sospechoso cualquier aumento presupuestario.

    Hay gastos que aparecen durante el año.

    Hay edificios que necesitan mantenimiento.

    Hay obligaciones laborales.

    Hay deudas acumuladas.

    Hay inversiones que pueden justificarse.

    Y una Asamblea Nacional necesita recursos suficientes para legislar, investigar, fiscalizar al Ejecutivo y sostener técnicamente el trabajo de sus diputados.

    Una democracia barata no necesariamente es una buena democracia. El problema surge cuando el aumento del gasto no viene acompañado por una explicación igualmente extraordinaria.

    Si una institución necesita casi duplicar aquello que originalmente presupuestó, la primera pregunta institucional debería ser qué cambió entre enero y septiembre.

    ¿Aparecieron obligaciones imprevistas?

    ¿El presupuesto inicial estaba mal elaborado?

    ¿Se incorporaron nuevas funciones?

    ¿Se subestimó deliberadamente el gasto?

    ¿O simplemente se está financiando durante el año una estructura que nunca quedó reflejada adecuadamente en el presupuesto aprobado?

    Cada respuesta conduce a un problema diferente, pero alguna respuesta tiene que existir.

    La planilla ocupa el centro de la discusión

    La Asamblea registra actualmente alrededor de 3.712 funcionarios permanentes y eventuales, con un costo mensual de aproximadamente US$7,3 millones en salarios. Desde el inicio de la nueva presidencia legislativa, el 1 de julio, ingresaron 456 funcionarios, con un costo adicional de unos US$676.000 mensuales según la información publicada.

    El dato por sí solo tampoco prueba malgasto; una institución puede reemplazar personal, reorganizar equipos o incorporar perfiles necesarios. Lo relevante es que todavía no se conoce suficientemente qué funciones desempeñan esas personas, dónde están asignadas ni bajo qué criterios fueron contratadas.

    Ese es el punto en el que una cuestión administrativa se convierte en un problema institucional.

    En el sector privado, una empresa puede contratar cuantos empleados quiera mientras sean sus propietarios quienes asuman el costo. En el Estado ocurre algo distinto ya que quien decide contratar no paga la factura con su patrimonio, la pagan ciudadanos que no participaron en la decisión.

    Por eso el estándar de justificación debe ser mayor, no menor; no basta con demostrar que una persona está trabajando. Hay que poder explicar por qué ese puesto debe existir, qué función pública realiza y por qué el contribuyente debe financiarlo.

    Public Choice en su expresión más sencilla

    James Buchanan y la Escuela de Public Choice enseñaron algo profundamente incómodo para la visión romántica del Estado: los políticos y funcionarios no dejan de tener intereses propios cuando ingresan al sector público.

    También responden a incentivos; buscan poder, construyen coaliciones, distribuyen beneficios, protegen estructuras o intentan maximizar presupuestos. Nada de eso significa que todos sean corruptos. Significa simplemente que las instituciones deben diseñarse suponiendo que quienes las integran son seres humanos normales, no administradores angelicales del interés general.

    La expansión presupuestaria de una institución política debe analizarse desde ese punto.

    Un diputado puede obtener beneficios políticos directos incorporando personal, distribuyendo puestos o aumentando recursos disponibles para su entorno. El costo, en cambio, se dispersa entre millones de contribuyentes. El beneficio está concentrado, el costo está disperso. Es uno de los incentivos clásicos que explican por qué el gasto público tiende a crecer.

    Una Asamblea que fiscaliza debe aceptar ser fiscalizada

    Hay además una contradicción difícil de ignorar.

    Durante semanas, la Comisión de Presupuesto ha interrogado a ministerios, instituciones autónomas y empresas públicas. Ha preguntado por salarios, consultorías, dietas, vehículos, planillas, inversiones y contrataciones. Ese ejercicio es saludable, precisamente para eso existe el Poder Legislativo.

    Pero cuando llegó el turno de la propia Asamblea, algunos medios describieron una fiscalización considerablemente menos incisiva. La institución solicitó US$176,6 millones, de los cuales alrededor de US$145 millones corresponderían a servicios personales, mientras seguían abiertas preguntas sobre cientos de contrataciones recientes y recursos adicionales para terminar 2026.

    Éste es quizás el aspecto más importante del episodio. La legitimidad de quien fiscaliza depende en gran medida de su disposición a someterse al mismo estándar.

    Una Asamblea que exige transparencia al Ejecutivo no puede considerar impertinente que se le pregunte por sus propias contrataciones. Una Comisión que cuestiona la planilla de un ministerio debería hacerlo con idéntico rigor cuando analiza la planilla del Legislativo. No se trata de atacar a la Asamblea, se trata precisamente de fortalecerla.

    Los US$25 millones y el peor mecanismo posible: el silencio

    A la discusión se agregó otro episodio.

    El MEF avaló un traslado de US$25 millones adicionales para funcionamiento de la Asamblea. El trámite generó cuestionamientos porque podía avanzar mediante la figura del silencio administrativo sin una sustentación pública detallada ante la propia Comisión de Presupuesto.

    Más tarde, Castañedas aclaró que la solicitud total formulada por la Asamblea era de US$68 millones y sostuvo que los US$25 millones no resultaban suficientes para cubrir las obligaciones pendientes.

    Aquí el monto es casi secundario, el problema es el procedimiento.

    El silencio administrativo puede tener sentido para impedir que la burocracia paralice indefinidamente determinados trámites, pero utilizarlo para aprobar movimientos multimillonarios de recursos públicos constituye, como mínimo, una anomalía conceptual.

    El presupuesto público debería funcionar exactamente al revés: cuanto mayor sea el monto, mayor debe ser la explicación. No menor.

    También hay una cuestión de planificación

    Existe además un problema menos espectacular pero quizás más importante.

    Si una institución aprueba un presupuesto de US$98,7 millones y meses después necesita US$68 millones adicionales, su capacidad de planificación financiera merece ser examinada.

    El presupuesto no es simplemente un límite impuesto desde fuera, es un instrumento de gestión: obliga a prever ingresos, necesidades, salarios, compromisos, inversiones y contingencias.

    Una desviación extraordinaria entre presupuesto inicial y gasto final puede revelar problemas de disciplina, pero también puede revelar algo previo: que el presupuesto nunca fue una representación realista de la estructura que se pretendía financiar.

    En cualquiera de los dos casos hay algo que corregir.

    Porque cuando las modificaciones presupuestarias se convierten en rutina, el presupuesto aprobado pierde parte de su significado; el ciudadano observa una cifra en enero que guarda poca relación con la que finalmente se ejecutará en diciembre.

    Y entonces la discusión presupuestaria se vuelve parcialmente ficticia.

    La transparencia debería llegar hasta el último puesto

    Aquí podría hacerse una reforma relativamente sencilla.

    La Asamblea debería publicar, en formato abierto y actualizable, una base completa de su estructura laboral.

    Nombre del cargo.

    Unidad o despacho al que pertenece.

    Función.

    Fecha de contratación.

    Tipo de contrato.

    Salario.

    Costo total anual.

    Sin necesidad de revelar información personal protegida.

    De esa manera el ciudadano podría conocer qué está financiando.

    También deberían publicarse de forma comprensible todas las modificaciones presupuestarias durante el año, mostrando:

    presupuesto original;

    presupuesto modificado;

    monto ejecutado;

    justificación de cada traslado;

    y fuente de los recursos adicionales.

    No hacen falta nuevas oficinas para hacerlo. Hace falta información.

    La transparencia más efectiva no consiste en crear otro organismo encargado de controlar al organismo que controla al organismo anterior; consiste en permitir que periodistas, organizaciones civiles, universidades y ciudadanos puedan mirar directamente.

    El problema de fondo no son los US$176 millones

    Panamá tiene desafíos fiscales mucho mayores.

    Pensiones.

    Salud.

    Infraestructura.

    Agua.

    Deuda.

    Educación.

    Los US$176,6 millones solicitados por la Asamblea no determinarán por sí solos la sostenibilidad fiscal del país.Por eso sería un error convertir esta discusión en un ejercicio populista de señalar salarios individuales o afirmar que cerrando el Legislativo se arreglan las cuentas públicas. No es así. La importancia del caso es institucional.

    La Asamblea es precisamente el órgano encargado de autorizar cómo se utiliza el dinero que el Estado obtiene de los ciudadanos.

    Por eso su propia administración debería constituir un ejemplo particularmente alto de previsibilidad, austeridad razonable y transparencia, no porque los diputados deban trabajar sin recursos,sino porque administran recursos ajenos.

    El mejor argumento contra el malgasto no es la austeridad

    Desde una perspectiva liberal, el objetivo tampoco debería ser reducir el presupuesto de la Asamblea por el simple placer de mostrar una cifra menor. Eso confundiría austeridad con eficiencia.

    La pregunta correcta es mucho más exigente: ¿qué necesita una Asamblea moderna para cumplir bien sus funciones constitucionales?

    Se financia eso, lo demás debe justificarse.

    Si hacen falta buenos abogados, economistas, especialistas presupuestarios y técnicos capaces de controlar al Ejecutivo, probablemente valga la pena pagar por ellos.

    Si existen puestos cuya única explicación es la tradición política, el clientelismo o la conveniencia partidaria, entonces no importa que su costo individual sea pequeño. Sobran.

    El liberalismo no exige un Estado incompetente. Exige un Estado limitado a funciones justificables y capaz de realizarlas bien.

    Antes de pedir US$176 millones

    La diferencia entre los US$97 millones recomendados por el MEF y los US$176,6 millones solicitados por la Asamblea podría incluso resultar defendible.

    Tal vez la Asamblea tenga argumentos técnicos suficientes para demostrar que el MEF subestimó seriamente sus necesidades.

    Pero entonces corresponde presentarlos.

    Programa por programa.

    Puesto por puesto.

    Proyecto por proyecto.

    Y explicando además por qué una institución que comenzó 2026 con US$98,7 millones podría terminar necesitando más de US$200 millones para completar el año.

    No debería resultar ofensivo pedir esa explicación. Es exactamente la explicación que la propia Asamblea exige al resto del Estado.

    La verdadera prueba de transparencia institucional comienza cuando el fiscalizador ocupa la silla del fiscalizado.

    Y quizá ésta sea la pregunta más simple que debería responderse antes de aprobar un solo balboa adicional: ¿qué recibe concretamente el ciudadano panameño a cambio de esos US$176,6 millones que no podría recibir con US$97 millones?

    Si existe una buena respuesta, que se financie. Si no existe, el problema no es el presupuesto, es que alguien está pidiendo al contribuyente que pague por algo que todavía no ha conseguido justificar.

  • Descuento a jubilados: el falso subsidio que paga el sector privado

    Descuento a jubilados: el falso subsidio que paga el sector privado

    Hoy, en noticias de TVN finalmente veo a un presidente, en este caso Mulino, decir que no encuentra una fórmula para hacer económicamente viable aumentar el descuento a jubilados, con lo cual saca a relucir una verdad que sus antecesores soslayaban pero que, tal como he venido advirtiendo, la realidad nos está alcanzando. Nos alcanza por diversos motivos y diversos enredos socioeconómicos que son casi imposible explicárselos a Tío Pueblo, pero a ver si doy un pantallazo.

    El problema de fondo comienza con un mandato del Órgano Legislativo que es puro clientelismo destructivo. Entiendo que la mayoría de los jubilados enfrentan los aumentados costos vida inflacionarios. Es muy triste la realidad que enfrentan pero no debería ser una sorpresa para quienes ponen atención a un clientelismo que tarde o temprano pasa factura.

    Lástima que no sean tantos los que ven que la mayoría de las empresas no son de ricachones y sus márgenes de ganancia simplemente no aguantan esos descuentos. Y cuando los malos legisladores se bañan en gloria, los pequeños negocios que se van a la quiebra y eso no lo ven o no les importa; hasta que llegue el día en que sí les importe.

    ¿Cuántos jubilados o no jubilados entienden la macro economía? En un mercado en el cual ya la mayoría de las empresas la tienen difícil, intentan mitigar el ingreso perdido aumentando precios a los no jubilados, lo cual tiene límites y consecuencias; y eso sólo es parte del asunto. Los efectos nocivos de legisladores que regalan lo ajenos son muchos:

    • Las empresas del sector informal logran ventajas, mientras sólo las formales cumplen y pierden.
    • Los politicastros se llevan la gloria de ayudar a los viejitos, mientras que las consecuencias inevitables de su irresponsable legislar demorarán en llegar; pero cuando llegue ya casi nadie sabe por qué.
    • Con el tiempo estos supuestos subsidios han llegado a ser vistos como “derechos”. ¿Derechos a qué, al asalto politiquero?

    A todo ello, la pérfida excusa de rapaces legisladores se va por el camino fácil y descuida soluciones mucho más reales; tales como:

    • Transferencias dirigidas en vales gubernamentales pagables con una disminución de gobiernos obesos y corruptos.
    • Dejar los asaltos a la CSS y crear una verdadera seguridad social y no el esquema Ponzi que ha sido la CSS desde su natalicio.
    • Descuentos impositivos que no conviertan a las empresas, en especial las medianas y pequeñas empresas en agentes de asistencialismo social.

    Es muy triste que cuando finalmente logramos tener un presidente que habla la verdad económica y advierte que es al Ejecutivo a quien corresponde planificar el gasto, todos le caigan a pelonera. Me sorprendió la votación de 47 a 1, lo cual muestra la terrible realidad del poder legislativo en Panamá. Ahora, el Ejecutivo debe inventar una fórmula de avenimiento.

    Hoy, que me siento en mi solitario cuarto de viejito escribiendo estas cosas, no puedo dejar la realidad de la quiebra del restaurante de nuestra familia, en buena medida debido a las irresponsables normativas populistas. Como tampoco puedo olvidar que mi empresa también se fue al fracaso cuando los gobiernos nos cancelaron unos 10 contratos ganados en licitaciones, debido a que rehusamos pagar coimas. Y, por qué no recordar que luego de 14 años de trabajar en el gobierno, las dos veces que llegué a dirigir una institución del Estado, al año me despidieron por no ser ladrón.

    Los terribles efectos colaterales del desgobierno son inmensos, pero nadie los advierte, debido a que el gobernar populista se acostumbró a regalar migajas y cosechar ventajas.

  • El petróleo no lava la sangre

    El petróleo no lava la sangre

    Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y sostuvo que Estados Unidos obtendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo venezolanas. Delcy Rodríguez, presidenta interina desde la captura de Nicolás Maduro, confirmó un convenio energético por 25 años para desarrollar 17 campos y alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Caracas calcula inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.000 millones.

    Las cifras son monumentales. La transparencia, en cambio, es mínima.

    No se conoce públicamente el contrato completo, existen dudas sobre su encaje en la legislación venezolana y algunas informaciones hablan de concesiones operativas mucho más extensas que los 25 años anunciados por Rodríguez. Tampoco está claro qué empresas asumirán las inversiones, cómo se distribuirán exactamente los beneficios ni ante qué tribunales responderán las partes. Estados Unidos tendría una participación mayoritaria del 55% en una nueva estructura empresarial y acceso preferente al crudo, parte del cual sería utilizado para reponer su Reserva Estratégica.

    Sin embargo, lo más revelador del anuncio de Trump no fue el tamaño del negocio. Fue la manera en que presentó a su socia: la “altamente respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez”.

    ¿Altamente respetada por quién?

    Un gobierno puede verse obligado a negociar con quien controla de facto otro Estado. La diplomacia no es una reunión de santos y con frecuencia exige tratar con personas y regímenes repudiables. Pero negociar no implica respetar; reconocer un poder de hecho no equivale a otorgarle legitimidad moral.

    Trump podía decir que Rodríguez era su interlocutora, que había cumplido determinados compromisos o que resultaba funcional para estabilizar la producción petrolera. Eligió llamarla “altamente respetada”. Ese adjetivo no describe una necesidad geopolítica: limpia una biografía política.

    Los ojos que Trump decidió no mirar

    El 15 de enero de 2018, Óscar Pérez estaba rodeado junto con seis integrantes de su grupo en una casa de El Junquito, en las afueras de Caracas. Pérez había sido inspector del CICPC, piloto y miembro de una unidad de operaciones especiales antes de rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

    No era un manifestante pacífico. Había sustraído un helicóptero policial, disparado y lanzado granadas contra edificios oficiales —sin producir víctimas— y posteriormente participado en la sustracción de armas de un cuartel militar. El Estado tenía razones legítimas para detenerlo y someterlo a un proceso judicial. Precisamente por eso debía capturarlo con vida si se rendía.

    Pero sus últimos minutos fueron registrados por él mismo.

    En aquellos videos aparece herido, con el rostro ensangrentado y sus ojos claros mirando directamente a la cámara. Repite que están dispuestos a entregarse, pide que cesen los disparos y denuncia que no quieren permitirles salir con vida. “Nos vamos a entregar”, insiste mientras las fuerzas de seguridad continúan el ataque. Poco después, Pérez y otras seis personas estaban muertos. El Gobierno presentó la operación como el desmantelamiento de una célula terrorista; la oposición, distintas organizaciones y posteriores reconstrucciones plantearon graves indicios de que se trató de una ejecución extrajudicial.

    Aquellos ojos quedaron grabados en la memoria de muchísimos venezolanos. No porque Óscar Pérez fuera un hombre perfecto ni porque todas sus acciones deban ser reivindicadas. Quedaron grabados porque mostraron, casi en tiempo real, la diferencia entre la justicia y la venganza estatal: un hombre podía haber cometido delitos, pero seguía teniendo derecho a rendirse, a ser detenido, a tener un abogado y a comparecer vivo ante un juez.

    La respuesta de Delcy Rodríguez aquel mismo día no fue pedir una investigación independiente sobre las circunstancias de las muertes. Como presidenta de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, acusó de “sinvergüenzas” a quienes cuestionaban el operativo y se refirió a Pérez como criminal.

    No existe una prueba pública que permita afirmar que Rodríguez dio la orden de matarlo. La responsabilidad penal individual debe demostrarse y un liberal no puede renunciar al debido proceso ni siquiera cuando juzga a los integrantes de un régimen que lo destruyó. Pero tampoco puede aceptarse la ficción de que Rodríguez fue una observadora distante.

    Ella presidía entonces la Asamblea Constituyente creada por el chavismo para desplazar al Parlamento elegido por los venezolanos y concentrar todavía más poder. Meses después fue designada vicepresidenta ejecutiva de Maduro, cargo desde el cual mantuvo una posición central durante los años en que organismos internacionales documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.

    En 2019, siendo ya vicepresidenta, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo desapareció bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Fue presentado ante un tribunal en silla de ruedas, prácticamente incapaz de hablar o moverse, y murió horas después. La autopsia registró un politraumatismo generalizado. Amnistía Internacional calificó el caso como detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte bajo custodia estatal.

    Óscar Pérez y Rafael Acosta Arévalo son casos diferentes, pero forman parte de una misma memoria: la de un Estado que convirtió la fuerza pública en instrumento de conservación del poder. A ellos se suman los presos de El Helicoide, los jóvenes muertos en las protestas, los perseguidos, los torturados y los millones que tuvieron que abandonar Venezuela.

    ¿Cómo reciben todos ellos la noticia de que una de las principales figuras políticas de aquel régimen es ahora, para el presidente de Estados Unidos, una persona “altamente respetada”?

    Del anticomunismo al negocio de Estado

    El petróleo explica la metamorfosis.

    Trump no ha descubierto repentinamente virtudes democráticas en Delcy Rodríguez. Ha encontrado una dirigente capaz de garantizarle acceso privilegiado a las mayores reservas de crudo del planeta, en momentos en que necesita reducir el precio de la gasolina, recomponer la Reserva Estratégica estadounidense y asegurar suministros frente a la inestabilidad internacional.

    Rodríguez, a cambio, recibe algo más valioso que el dinero: reconocimiento, protección y continuidad política. El petróleo que durante años sostuvo al régimen chavista ahora puede servir para legitimar su supervivencia bajo tutela estadounidense.

    Ambos ganan. Trump presenta ante sus electores un negocio gigantesco; Rodríguez se transforma, sin pasar por elecciones libres, de jerarca sancionada del chavismo en socia estratégica de Washington. Quienes no participaron en la negociación son los venezolanos.

    Este punto resulta esencial desde una perspectiva liberal. El problema no es que capital estadounidense invierta en petróleo venezolano. Venezuela necesita capital, tecnología, infraestructura y apertura después de décadas de expropiaciones, corrupción y destrucción de PDVSA. El intercambio internacional y la inversión privada podrían contribuir enormemente a su recuperación.

    Pero un acuerdo entre gobiernos no es necesariamente libre comercio. Y una empresa elegida por el poder político no se vuelve privada por el simple hecho de tener accionistas particulares.

    Si Washington selecciona a los operadores, participa mayoritariamente en la estructura, obtiene petróleo en condiciones preferentes y destina la producción a fines estratégicos de Estados Unidos, mientras una autoridad venezolana sin legitimidad electoral compromete recursos nacionales durante décadas mediante cláusulas secretas, no estamos ante un mercado libre. Estamos ante mercantilismo geopolítico: dos poderes estatales distribuyendo privilegios y activos que administran como si fueran propios.

    El liberalismo no consiste en sustituir el monopolio socialista de PDVSA por una sociedad escogida desde la Casa Blanca. Liberalizar significaría abrir la industria a la competencia, publicar las condiciones, garantizar derechos de propiedad, establecer tribunales independientes y permitir que distintas empresas asuman riesgos sin privilegios políticos. Sobre todo, implicaría que un gobierno legítimo rindiera cuentas ante los ciudadanos venezolanos.

    Nada de eso puede reemplazarse con una fotografía entre Trump y Rodríguez.

    ¿Liberación o colonia?

    Durante años, millones de venezolanos vieron en Estados Unidos una posible ayuda para terminar con la dictadura. Ahora contemplan cómo Washington respalda a una de sus principales jerarcas a cambio de petróleo.

    La palabra “colonia” puede parecer excesiva. El comercio con una potencia extranjera no convierte a un país en colonia y defender la soberanía tampoco debería servir de excusa para preservar el monopolio estatal o rechazar inversión extranjera. Pero cuando una potencia controla la explotación de una parte sustancial de los recursos de otro país, decide quién participa, tutela de hecho a su gobierno y negocia sin intervención ni conocimiento de sus ciudadanos, la relación empieza a parecerse demasiado a aquello que pretende negar.

    No es colonialismo porque intervengan empresas estadounidenses. Es colonialismo si los venezolanos dejan de ser sujetos de su propia reconstrucción y se convierten únicamente en habitantes del territorio donde otros gobiernos reparten el subsuelo.

    Las recientes excarcelaciones son positivas, pero tampoco resuelven la cuestión moral. Liberar a personas que nunca debieron estar presas no convierte al carcelero en demócrata. A mediados de agosto, Foro Penal aún registraba centenares de presos políticos, mientras muchas de las personas excarceladas seguían sometidas a restricciones judiciales.

    Una transición verdadera requiere libertad política, elecciones verificables, independencia judicial, apertura económica y justicia para las víctimas. No exige venganzas ni juicios colectivos, pero sí investigaciones individuales y responsabilidad por los crímenes cometidos. Sin verdad y sin justicia, la estabilidad será apenas impunidad financiada con petróleo.

    Trump puede negociar con Delcy Rodríguez si considera que eso sirve a los intereses de Estados Unidos. Lo que no debería hacer es exigirles a los venezolanos que participen de su amnesia.

    Porque utilidad no es respetabilidad. Obediencia no es legitimidad. Excarcelar no borra haber encarcelado. Y vender petróleo no convierte una dictadura en una democracia.

    En algún lugar de la memoria venezolana siguen aquellos últimos videos de Óscar Pérez: el rostro ensangrentado, la voz pidiendo que dejaran de disparar y los ojos claros de un hombre que quería entregarse.

    Frente a esa mirada, la expresión “altamente respetada” deja de ser una fórmula diplomática. Se convierte en una ofensa.

    El petróleo puede comprar alianzas, silencios y reconocimientos. Lo único que no debería poder comprar es el olvido.

  • La Teología en la Desigualdad Económica

    La Teología en la Desigualdad Económica

    La doctora Wanjiru Njoya vuelve a llevarnos por senderos del entendimiento muy poco trillados; esta vez al examinar el tema de la desigualdad económica o DE; desde una perspectiva ‘teológica’; es decir, vista en sentido de la Creación. Mucho se cacarea acerca de la DE pero deambulamos por laberintos matorrales en sus causas y, particularmente, las razones por las cuales existe tanta falta de productividad humana; ya que, hay que ser sanamente productivo para no ser económicamente dependiente.

    En el patio panameño he pasado toda una vida escuchando a “economistas” que cacarean sobre la macro economía pero poco o nada sobre la micro economía; aquella que no existe en las esferas de un MEF sino de la familia o en su ausencia. Y en ello nos lanzamos en estériles discusiones acerca de cómo distribuir aquello que producen unos para repartirlo a los que no saben, no quieren o pueden producir cosas que otros desean consumir. En otras palabras, vivimos en un mundo ideológico carente de lógica.

    El desafío está en entender cuando cacarean de una distribución de la riqueza; sea económica o aquella mucho más astronómica que trasciende el dinero. En fin, vivimos como náufragos que buscan sustento en pecios flotantes. Y en ello Njoya cita al afro descendiente Thomas Sowell, uno de los intelectuales más influyentes y controversiales de siglo pasado, cuando dice:

    “Ni la lógica ni la evidencia empírica ofrecen una razón convincente para esperar resultados iguales o aleatorios entre individuos, grupos, instituciones o naciones.”

    Y es que al habar de una distribución de lo que llaman “riqueza”, palabra muy mal usada y entendida, entramos al confuso mundo de los términos torcidos; entre otras, porque hablar de riqueza en sentido de dinero es un disparate, ya que hay cosas que no se pueden “distribuir”. El problema no va por el sendero de la distribución sino de cual es la mejor manera de promover que la gente sea más productiva.

    Y sí, también podemos hablar de “distribución” en sentido estadístico; pero la estadística no puede medir la verdadera riqueza, y mucho menos como se logra. Lo que sí podemos es ver y entender cómo ciertas políticas económicas de palacio que, más que nada nacen del interés por votos o peor, interés por pillaje, producen pobreza económica y espiritual.

    El mundo es un sitio caótico, imposible de resolver desde palacios manipuladores; ya que la verdadera función de palacio no es dictar cosas como salarios mínimos y disque educar, sino de velar por que estas actividades en la población se lleven a cabo sin trampas.

    Pero… ¿Qué es lo que han hecho nuestros gobiernos a través del tiempo? Pues, para disque resolver desigualdades, se han dedicado a patear los balones en vez de servir como jueces de los partidos de la vida. Y, en tal realidad, ¿qué ocurre cuando quien comete las faltas y delitos son los jueces; NODUCA, IDAAN, Policía, ¿etc.? ¿Acaso ellos mismos se arrestarán y juzgarán y pondrán en prisión?

    Y es que resulta imposible ver y entender el comportamiento humano; y sólo podemos imaginarlo. Y es así que los “economistas de palacio” pretenden ver e imponer criterios y normas que llaman “económicas”. Pero cuando el río desborda su cauce, estos expertos se agachan para que las piedras les pasen por encima.

    En fin, es irreal la pretensión de medir las causas de la “riqueza” en números y tal. Es común ver a ricos que se vuelven pobres y pobres que se vuelven ricos. Y, al final, lo importante es ver y entender cuales son las condiciones que mejor ayudan a las personas a ayudarse ellos mismo; ya que la salvación jamás nos llegará desde el palacio; sea de garza o de gallinazos.

  • Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    El conflicto por los puertos de Balboa y Cristóbal acaba de entrar en una etapa mucho más delicada.

    CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando más de US$1.500 millones, alegando violaciones al tratado de protección de inversiones aplicable a sus activos. Su filial Panama Ports Company mantiene, paralelamente, otro procedimiento arbitral en el que reclama más de US$2.000 millones por la pérdida de las concesiones que durante casi tres décadas le permitieron operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

    Conviene aclararlo desde el comienzo: Panamá no ha sido condenado a pagar US$3.500 millones. Son reclamaciones de las empresas, que deberán ser discutidas y eventualmente resueltas en arbitraje internacional.

    Pero tampoco conviene minimizar lo que está ocurriendo. El verdadero problema supera ampliamente la identidad de CK Hutchison, China o Estados Unidos.

    Lo que está en juego es algo bastante más importante para un país pequeño, abierto y dependiente del comercio internacional: la previsibilidad de las reglas bajo las cuales alguien decide invertir capital durante treinta años.

    Una concesión no se vuelve legítima por ser privada

    Existe una tentación frecuente entre quienes defendemos mercados libres: asumir que cualquier conflicto entre una empresa privada y el Estado debe resolverse automáticamente a favor de la empresa. Eso sería un error. El liberalismo no consiste en defender empresarios, sino defender derechos de propiedad, contratos, competencia e igualdad ante la ley.

    Una concesión otorgada mediante privilegios, exclusividades, condiciones discriminatorias o violaciones constitucionales no se transforma en liberal simplemente porque el beneficiario sea una compañía privada.

    La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el 29 de enero de 2026 inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobaba el contrato con Panama Ports Company, así como sus adendas y la prórroga posterior. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero y quedó en firme. Además, el fallo cuestionó particularmente la interpretación realizada en 2021 según la cual la concesión debía renovarse automáticamente hasta 2047.

    Si un contrato viola la Constitución, ningún liberal serio debería sostener que debe mantenerse simplemente porque existe. Pero aquí comienza, no termina, el problema.

    El Estado también debe responder por los contratos que él mismo celebró

    Durante casi treinta años Panama Ports Company operó esos puertos bajo un contrato celebrado, aprobado y sucesivamente reconocido por el propio Estado panameño.

    La empresa realizó inversiones, contrató trabajadores, adquirió equipos, estableció relaciones comerciales y organizó su actividad económica suponiendo que los actos del Estado eran jurídicamente válidos. Y aquí aparece un cuestionamiento: si el propio Estado concedió, aprobó, supervisó, prorrogó y durante décadas reconoció un contrato que finalmente resulta inconstitucional, ¿quién debe asumir el costo de ese error institucional?

    No existe una respuesta sencilla.

    Pero desde la perspectiva de la seguridad jurídica resulta difícil sostener que toda la pérdida debe recaer automáticamente sobre quien confió en los actos oficiales de ese mismo Estado. Una república seria no puede comportarse como una contraparte contractual común cuando firma y como soberano omnipotente cuando desea salir del contrato. Si el Estado tiene la capacidad de declarar inválido aquello que él mismo otorgó, el inversionista incorpora ese riesgo al precio de invertir.

    Y ese precio no lo paga solamente CK Hutchison, lo pagan todos los futuros inversionistas.

    El riesgo país no nace únicamente del déficit

    Solemos hablar de riesgo país pensando en deuda pública, pero existe otro riesgo menos visible: el riesgo institucional.

    Un empresario que estudia invertir US$500 millones en Panamá intenta estimar costos de construcción, salarios, energía, demanda, impuestos y logística, pero además, analiza el marco institucional: ¿las reglas bajo las cuales invierto hoy seguirán siendo reconocidas dentro de diez o veinte años?

    Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre esa respuesta, mayor será la rentabilidad que exigirá para arriesgar su capital. Ese fenómeno es perfectamente comprensible; la inversión es necesariamente una acción orientada hacia el futuro. El empresario renuncia a recursos presentes esperando obtener un rendimiento posterior. Cuanto mayor sea la incertidumbre institucional que no puede controlar, menor será el número de proyectos que superen su cálculo empresarial.

    Algunos no se harán, otros exigirán retornos mayores o incorporarán garantías adicionales. Y otros simplemente se realizarán en otra jurisdicción.

    La seguridad jurídica, por tanto, no es una abstracción para abogados, es un precio.

    Y ahora apareció la geopolítica

    El caso sería suficientemente complejo si fuera solamente jurídico. Pero no lo es.

    Los puertos además quedaron atrapados en la creciente disputa estratégica entre Estados Unidos y China; Donald Trump cuestionó públicamente la presencia china alrededor del Canal, aunque el Canal propiamente dicho pertenece y es administrado por Panamá. Posteriormente CK Hutchison anunció una operación global de aproximadamente US$23.000 millones para vender numerosos activos portuarios —incluidos inicialmente Balboa y Cristóbal— a un consorcio encabezado por BlackRock y MSC. La operación encontró a su vez resistencia desde Beijing. Panamá quedó literalmente en el medio.

    Y para un país cuya gran ventaja histórica consiste precisamente en servir como punto de encuentro del comercio mundial, ésa es una posición especialmente peligrosa ya que la función económica del Canal no consiste en elegir ganadores geopolíticos, sino en todo lo contrario, que es permitir el tránsito, el comercio y la conexión entre individuos y empresas independientemente de las disputas de sus gobiernos.

    Cuanto más consiga Panamá mantenerse como una jurisdicción confiable, neutral y comercialmente abierta, mayor será el valor de su posición geográfica. Cuanto más permita que sus decisiones económicas sean interpretadas como extensiones de Washington, Beijing o cualquier otra potencia, más difícil será preservar esa ventaja.

    Neutralidad no significa ingenuidad

    Esto tampoco implica que Panamá deba ignorar riesgos legítimos de seguridad nacional.

    Un Estado puede y debe establecer reglas básicas. Panamá puede establecer reglas generales de control, transparencia y seguridad sobre infraestructura crítica, exigir información sobre propiedad efectiva, imponer requisitos de gobernanza, auditoría, continuidad operativa, ciberseguridad o límites previamente definidos a determinadas formas de control. Sólo en casos excepcionales, claramente previstos por la ley y bajo criterios objetivos, podría llegar a impedir una operación concreta.

    Pero hay una enorme diferencia entre hacerlo mediante reglas ex ante, aplicables a todos, y alterar condiciones una vez que las inversiones ya fueron realizadas. Ésa es precisamente una de las funciones centrales del Estado de derecho, permitir que las personas conozcan las reglas antes de actuar.

    Hayek insistía en la importancia de normas generales, abstractas y previsibles precisamente porque reducen la discrecionalidad del gobernante.

    El problema no es que Panamá establezca una política sobre activos estratégicos, lo sería si esa política cambiara dependiendo de quién presiona, qué potencia amenaza o qué empresa ocupa circunstancialmente el activo. Eso dejaría de ser rule of law, una vez más, administración discrecional de intereses.

    Los US$3.500 millones no son todavía una deuda, pero tampoco son gratis

    También existe una dimensión fiscal.

    Las dos reclamaciones conocidas superan conjuntamente los US$3.500 millones. Una corresponde a los derechos contractuales reclamados por Panama Ports Company; la nueva acción de CK Hutchison se plantea separadamente bajo derechos derivados de un tratado de protección de inversiones.

    Panamá puede ganar ambos casos, obtener decisiones parciales, llegar a acuerdos o perderlos.

    Hoy nadie responsable puede presentar esos US$3.500 millones como una obligación cierta, pero desde el punto de vista presupuestario representan una contingencia. Y las contingencias también forman parte del verdadero costo del Estado.

    Ésta es una cuestión especialmente importante desde Public Choice, porque los gobernantes toman decisiones hoy cuyos costos pueden aparecer años después, pero quien obtiene el beneficio político de una medida puede no ser quien tenga que incorporar posteriormente la indemnización al presupuesto. El tiempo separa la decisión de su factura y cuando finalmente llega la factura, la paga un tercero: el contribuyente.

    ¿Quién paga cuando el Estado se equivoca?

    Éste es quizás el aspecto más interesante del caso. Supongamos que el contrato original tuvo condiciones extraordinariamente favorables para la empresa. Supongamos incluso que funcionarios panameños cometieron errores gravísimos al aprobarlo o prorrogarlo.

    ¿Quién termina pagando?

    Si el contrato permanece, pueden hacerlo los ciudadanos mediante condiciones desfavorables; si se anula y Panamá pierde el arbitraje, vuelven a hacerlo los ciudadanos mediante una indemnización, pero los funcionarios que diseñaron el contrato original rara vez aportan un centavo; lo mismo, los funcionarios que aprobaron la prórroga tampoco. Y quienes toman posteriormente decisiones que generan responsabilidad internacional tampoco responden personalmente con su patrimonio.

    Éste es exactamente el problema de incentivos que Buchanan y la teoría de Public Choice obligan a mirar. El Estado no es una entidad abstracta que absorbe pérdidas, las traslada.

    Por eso el control institucional previo importa tanto.

    La próxima concesión debería ser muy diferente

    Panamá tiene ahora una oportunidad.

    No para reemplazar una empresa extranjera por otra políticamente más conveniente, o sustituir capital chino por estadounidense. Y mucho menos para convertir los puertos en empresas administradas burocráticamente por el Estado.

    La oportunidad consiste en diseñar un sistema mucho más competitivo y jurídicamente robusto.

    Si Balboa y Cristóbal vuelven a concesionarse, Panamá debería procurar: reglas abiertas y conocidas previamente; licitaciones internacionales genuinamente competitivas; ninguna negociación diseñada alrededor de una empresa específica; plazos razonables; mecanismos transparentes de revisión; obligaciones claras de inversión; ausencia de renovaciones automáticas y procedimientos de resolución de controversias definidos desde el comienzo.

    Sobre todo, debería evitar contratos-ley convertidos en matrimonios de varias décadas entre el poder político y un único operador.

    El mercado necesita contratos, pero también necesita contestabilidad.

    Panamá debe elegir a Panamá

    Existe finalmente una tentación geopolítica que convendría resistir; interpretar el episodio como una victoria estadounidense sobre China sería tan peligroso como interpretarlo como una obligación panameña de proteger intereses chinos. Panamá no tiene por qué elegir entre Washington y Beijing. Tiene que elegir algo mucho más sencillo: a Panamá.

    Y el interés panameño de largo plazo consiste en ser una jurisdicción abierta al capital, respetuosa de los contratos, neutral en el comercio y extraordinariamente predecible en sus reglas.

    El activo más importante del país no es solamente el Canal, sino la confianza en que cualquier persona puede utilizarlo, invertir alrededor de él y comerciar a través de Panamá sin necesitar primero saber qué potencia controla el tablero político del momento.

    La geografía le dio a Panamá una ventaja extraordinaria, las instituciones determinan cuánto vale.

    Por eso el desenlace del conflicto de Balboa y Cristóbal importará mucho más que los US$1.500 millones, los US$2.000 millones o incluso quién termine operando ambos puertos.

    Cuando todo esto termine, ¿los inversionistas considerarán que Panamá ofrece reglas más claras y previsibles que antes, o menos?

    Ésa será la verdadera factura del caso. Y ésa, mucho más que cualquier arbitraje, será la que determine el costo económico de lo ocurrido.

  • El Intervencionismo Central Castrante

    El Intervencionismo Central Castrante

    El intervencionismo central conlleva serias consecuencias – Escrito original hace 6 años sobre una realidad que no muere sino crece y bien vale abundar en ello.

    Al grueso de la población poco les mueve las realidades económicas; sin embargo, ¡vaya si éstas no le afectan! Es tan cómodo dejar que el rey se encargue de esos fastidios: “¡Economía!, ¿qué es eso? Para eso tenemos gobierno, y yo sigo con lo mío.” Luego, cuando lo económico se hace presente en nuestras vidas, las cosas cambian, aunque sigamos ignorando su razón y origen. Toda esa irresponsable delegación que venimos haciendo al gobierno, en cosas que realmente no son propias de una sana gobernanza, son fatales.

    Podemos decir que hay “intervención o intervencionismo económico central” cuando los gobiernos se inmiscuyen en la economía de los ciudadanos más allá de su constitucional función de velar por la vida, libertad y propiedad. Simplemente, el gobierno no debe inmiscuirse en la economía; lo cual nos lleva a reiterar la definición de economía. Son muchas las definiciones, pero las auténticas guardan la esencia del asunto; algo así como: “Es el arte de poner la paila con lo que nos entra.” En términos menos vulgares: “Es la administración frugal o ahorrativa del gasto o consumo del dinero y otros capitales.” Es la planificación prudente de la casa o familia. Entonces ¿dónde entran los politicastros en todo ello?

    La misma naturaleza humana responde a la necesidad de satisfacer deseos que son infinitos con recursos que son finitos. Pero ¡ojo!, que sólo son finitos en la medida de nuestra falta de visión de un mundo y universo infinito. Dicho eso, no hay caso que estamos limitados por nuestras propias limitaciones humanas; ya que el pastel es infinito y sólo hace falta ir descubriéndolo y ampliándolo; siempre y cuando los politicastros no se inmiscuyan.

    Los humanos tenemos dos vías de acceso a las cosas que deseamos: 1) Es fabricándolas nosotros mismos, o… 2) Mediante el intercambio o mercado; al cual debo añadir, mercado no intervenido, y menos por bribones de palacio. No obstante, la ruta de entrada de los interventores centrales va por la ruta de “te estamos cuidando” contra el robo, fraude y tal. Sí, eso es potable, hasta que quien roba y comete fraude es quien te cuida. ¡Uy!, ‘¿y como nos protegemos contra eso? Pues, limitando el tamaño y función de los cuidadores. ¿Recuerdan también aquello de la “división de poderes”?

    Tristemente, una vez que hemos permitido o ayudado con la entrada de los bribones centrales en nuestras economías, el asunto se torna harto difícil de arreglar. Las tretas parecen ser infinitas: Tal como aquello de una “economía mixta”. No sé por qué, pero me suena a “ménage à trois”. ¿Seremos tan ingenuos de pensar y creer que los gobiernos se meten en nuestras alcobas para colaborar con la coyunda reproductiva? Tristemente, sí somos ingenuos. Y ni hablar cuando nos dicen que están para “estimular” el asunto.

    Debemos ser más que ingenuos o descuidados para creer que la intervención de los politicastros van a ayudarnos económicamente, y ni hablar en la alcoba. ¡Ya, basta! No es más que el zorro justificando su presencia en el gallinero. Y entonces entra el estado completamente obeso y metiche… y se me acaban las palabras y el buen humor.

    Lo cierto, mis estimados lectores, consecuencias hay, y cada día están más próximas. Y aprovecho para reiterar lo que nos advirtió esa gringa nacida en Rusia, Ayn Rand, lo cual me lo recordó un amigo economista: «Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada: cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores: cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti: cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada».

  • Quieres un “Estado de Bienestar”, paga el precio de la inmigración

    Quieres un “Estado de Bienestar”, paga el precio de la inmigración

    Comencemos por decir las cosas como son. Si quieres un Estado que subvenciona haraganes -coaccionando a sus ciudadanos para que paguen los impuestos necesarios- tienes que saber que atraerás inmigrantes haraganes.

    Las imágenes de miles de personas intentando cruzar desde Marruecos hacia Ceuta volvieron a colocar el tema en el centro del debate europeo y global. España reforzó la frontera, desplegó efectivos de seguridad y el inefable Pedro Sánchez se trasladó al enclave español mientras el episodio reabría uno de los debates más sensibles de la Unión Europea: el control de sus fronteras.

    Rápidamente se convirtió en un argumento político para la derecha occidental. Italia anunció el restablecimiento de controles temporales sobre los viajeros procedentes de España, mientras Trump utilizó las imágenes de Ceuta para advertir que ese podría ser el futuro de EE.UU. si los demócratas regresaran al poder. La inmigración volvió a transformarse en una poderosa herramienta demagógica de disputa política.

    Por cierto, no faltaron las hipótesis confabuladoras sobre que Marruecos provocó estos hechos deliberadamente. Durante los últimos veinticinco años, el reino marroquí dejó de ser un vecino periférico de Europa para convertirse en uno de los actores estratégicos del Mediterráneo occidental. Hoy España necesita su cooperación para controlar los flujos migratorios, combatir el terrorismo, preservar la estabilidad de Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas españolas situadas en la costa norte de África.

    Madrid necesita un equilibrio entre sus dos grandes socios -y rivales entre sí- del Magreb: depende de Argelia para garantizar parte de su abastecimiento energético y de Marruecos por los motivos que vimos. En ese contexto, el 20 de julio Pedro Sánchez viajó a Argel para reforzar la cooperación energética. Apenas diez días después estalló la crisis de Ceuta.

    No existe evidencia pública que permita vincular ambos episodios ni afirmar que Marruecos haya relajado deliberadamente los controles fronterizos, como sí ocurrió en 2021. Sin embargo, aquel antecedente demostró hasta qué punto el control migratorio puede convertirse en un instrumento de presión política. Pero, en cualquier caso, ese no es el problema de fondo.

    Para el periodo 2021-2027, la Unión Europea tiene comprometidos más de 1.600 millones de euros para programas de cooperación destinados al desarrollo económico, el fortalecimiento institucional, la gestión migratoria y el control de las fronteras. La estabilidad de Marruecos pasó a formar parte de la seguridad europea. Pero regalar dinero de los ciudadanos europeos es contraproducente y solo deja contentos a los políticos y sus andanzas.

    Una de las patas para una solución de fondo es que los países en cuestión, desde donde vienen los inmigrantes, liberen sus mercados de manera que sus economías se expandan, y así suba el nivel de vida local logrando que menos personas quieran irse.

    La solución de fondo para los países desarrollados pasa por el cese inmediato de todo beneficio social, fiscal, de salud, educación, y de cualquier tipo y, entonces, cuando tengan que pagar por todo veremos cuántos se quedan. Si cada inmigrante tiene que pagarse lo suyo, lo haraganes que viven a costa de los ciudadanos locales y sus impuestos, desaparecen. Quedarán solo los que consiguen un empleo que les permita vivir mejor que en su país y ni siquiera esto porque muchos, aun ganando más que en su tierra, extrañarán su patria y se volverán.

    Por cierto, los que se quedan trabajando honestamente y ganando más que en su tierra no solo que no perjudican al país de adopción, sino que lo benefician. Trabajo sobra, hay mucho por hacer piense solo en el déficit habitacional, de hospitales y tanto más. En un mercado libre, hay pleno empleo siguiendo la curva de oferta y demanda y, si los salarios son bajos éstos se suben solo con capitalización.

     Son los políticos los que provocan la desocupación con leyes coactivas que impiden el trabajo “legal”, por caso, la ley del salario mínimo lo que logra es prohibir que trabajen los que ganarían menos que son, precisamente, los que más lo necesitan.

     Entonces, si hay pleno empleo, no puede decirse que los inmigrantes están quitando trabajo a los locales. Otra falacia es que, aunque no haya desocupación, los inmigrantes, al aumentar la oferta laboral, deprimen los salarios y empobrecen al país.

    A ver. Cualquier persona al trabajar produce para sí misma y, además, produce para la sociedad. Por ejemplo, un empleado de una empresa tiene que producir lo suficiente para ganar su salario y para dejarle ganancias a la empresa, de otro modo no se lo contrataría. Un trabajador o comerciante autónomo tiene que producir lo suficiente para sí y además para favorecer al cliente que, de otro modo, si no obtuviera algo mejor al dinero que deja, no compraría.

    Entonces, necesariamente todo inmigrante que trabaje en un mercado libre aportará ganancias para esa sociedad, para ese país. Claro que la ecuación se quiebra cuando los inmigrantes se benefician con el asistencialismo estatal (que pagan los ciudadanos) con el poco dinero que han dejado los políticos después de cobrarse lo suyo.  

    Actitudes como las de la primera ministra italiana, Meloni, por el contrario, agravan el problema. Además de crear múltiples inconvenientes a todos los ciudadanos del mundo -no solo a los españoles e italianos- no hace hincapié en el verdadero problema -el Estado de Bienestar- y por tanto lo legitima. Además, los controles fronterizos solo detienen a la gente decente, los delincuentes tienen mil trucos para evadirlos y, para remate, ante la imposibilidad de ingresar legalmente, se crean las mafias que les procuran el ingreso de manera ilegal.

     Y, por cierto, tanto el asistencialismo como los gastos de las fuerzas represivas estatales se pagan por vía impositiva que, irónicamente, empobrecen a los más pobres ya que, por caso, los empresarios los pagan subiendo precios.

    Corolario: los problemas de la libertad se solucionan siempre por el camino de una mayor libertad y, por el contrario, cualquier acción represiva solo empeorará las cosas. Es decir que, cuando enfrentamos un problema, la actitud debe ser la de razonar y estudiar ¿por dónde tenemos que liberar para que el problema se solucione? Y jamás dejarnos llevar por una reacción primaria y, menos aún, si promueve una mayor represión a las libertades individuales.

  • La Gobernanza Predatoria

    La Gobernanza Predatoria

    En los debates diarios sobre las políticas públicas en Panamá, es común escuchar llamados a una “mejor gobernanza”. Pocas palabras se usan con tanta frecuencia y se comprenden tan poco. La gobernanza no es simplemente otro nombre para las acciones del gobierno. Mientras que la gobernanza —el conjunto de mecanismos que permiten a los seres humanos coordinar su vida social y resolver pacíficamente sus conflictos— ha existido desde que las personas comenzaron a vivir juntas, el Estado moderno es una invención histórica relativamente reciente.

    Lejos de ser una simple continuación de formas antiguas de autoridad, el Estado, como explica Agustín Toptschij, se define por su reclamo de soberanía: se posiciona como la fuente última del derecho, sin reconocer ninguna autoridad superior. Esta autonomía institucional, más que cualquier política concreta, le otorga una lógica predatoria. Poco a poco, tiende a absorber o subordinar otras instituciones —la familia, la empresa privada, la educación, agua, transporte, energía, otras más y hasta la alimentación. También las asociaciones civiles y las tradiciones locales— bajo la justificación del “bien común”.

    En Panamá, un país bendecido con ventajas geográficas y una economía dolarizada que ya demuestra los beneficios de limitar la soberanía monetaria, esta distinción resulta especialmente relevante. No tenemos que elegir entre orden y libertad. Necesitamos recuperar las ricas posibilidades de la gobernanza que no dependen de la expansión permanente de la jurisdicción del Estado.

    Esta lógica predatoria no es, necesariamente, fruto de la mala intención de gobernantes individuales, sino de la naturaleza misma del Estado soberano moderno. Al declararse fuente última del derecho, tiende inevitablemente a expandir su jurisdicción. Cada problema social —la inseguridad, la educación deficiente, los desequilibrios económicos— se convierte en pretexto para absorber más funciones que antes eran gestionadas por la sociedad civil, las familias o el mercado.

    En Panamá vemos este fenómeno con claridad. La dolarización ha sido un poderoso límite a la soberanía monetaria y nos ha dado mayor estabilidad que muchos países vecinos. Pero, en general observamos la tendencia expansiva: regulaciones que complican la vida de la pequeña y mediana empresa, un sistema de pensiones que genera inquietud sobre su sostenibilidad, y una burocracia que crece mientras la confianza en las instituciones públicas disminuye. No se trata solo de “mal gobierno”. Se trata de un modelo que concentra poder y debilita la sociedad.

    Frente a esto, es necesario recuperar las posibilidades de una gobernanza que no dependa de la expansión permanente e indecente de los entes en que se han convertido nuestros gobiernos estatales. La historia y la experiencia contemporánea ofrecen ejemplos esperanzadores:

    1. En el ámbito económico: La dolarización misma es un gran ejemplo de gobernanza sin soberanía monetaria plena. De igual forma, la competencia entre jurisdicciones (como los regímenes especiales en zonas francas o el hub logístico) demuestra que la apertura y la competencia reguladora pueden generar mejores resultados que la planificación central.
    2. En seguridad: Donde la policía estatal enfrenta limitaciones, la seguridad privada, los sistemas de vigilancia comunitaria y las tecnologías de prevención han mostrado eficacia. El reto es regularlos sin ahogarlos.
    3. En educación y bienestar: Familias, iglesias, fundaciones y empresas ya demuestran capacidad de ofrecer servicios de calidad. En lugar de estatizarlos, deberíamos facilitar su expansión mediante vales, desregulación y mayor libertad de elección.
    4. En resolución de conflictos: La arbitración comercial y los mecanismos privados de solución de disputas suelen ser más rápidos y menos costosos que los tribunales estatales saturados.

    La verdadera cuestión no está en tener más “Estado” y sus gobiernos en nuestras vidas, pues hay mejores formas. Un orden basado en la soberanía ilimitada del aparato estatal o uno construido sobre múltiples centros de autoridad y responsabilidad personal.

    Panamá, por su historia y posición estratégica, tiene una oportunidad única para liderar un modelo de gobernanza más humilde y eficaz. Reducir la voracidad del Estado no significa caos, sino liberar el enorme potencial creativo y cooperativo de la sociedad. Es hora de pasar de la gobernanza estatista a una gobernanza verdaderamente social.