En su origen, la palabra “política” tuvo el sentido de perseguir nobles objetivos a través de los cuales los ciudadanos podían organizar sus vidas en comunidad de manera segura y productiva. Pero, como suele suceder en asuntos del poder, lo que en principio tuvo nobleza se corrompió, tomando el sentido de engaños y beneficios políticos. Hoy día el vocablo “política” o “político” ha tomado un sentido peyorativo y ello no es casual sino causal. En sentido maquiavélico, la política se convirtió en la estratagema para acceder y mantener el poder. En Panamá vivimos el desboque burrocrático en la manipulación de los medios noticiosos en dónde muchos se caracterizan por una retórica de calabaza vacía.
En tal ambiento la lógica sucumbe, igual que el debate técnico, el científico y social; tanto en lo económico como en lo ético y todo queda subordinado a las chuecas agendas partidistas. Así, la comparsa que logró entrar al Palacio de las Garzas prioriza su permanencia y en ello las necesidades de la población van perdiendo prioridad. Peor es que un presidente honesto es igual que una manzana sana en un cesto de podridas.
En ese muladar se extravían la justicia y la ética, como también el cálculo económico; ese que sólo existe en libre mercado, dado que los gobernantes carecen los incentivos del ahorro ya que el dinero que usan o mal usan lo arrebatan en impuestos desbocados. Peor aún es que todo ello corrompe el emprendimiento y a los emprendedores; ya que quienes no se aparean con los demonios se van al fracaso.
Más tenebroso es que en semejante patología lo torcido se vuelve “normal”, realidad pintada en el decir: “robó, pero le dio al pueblo”.
Más horrible aún es ver a los asaltantes del poder valerse del inmenso pecado de la envidia, del cual se aprovechan para abanicar y vilipendiar al capitalista, al empresario, a la propiedad; al rico y tal; lo cual lo deja a uno pensando que lo único que tiene valor es ser pobre, sin capital, sin empresas, sin propiedades y sin dinero, tal como ha ocurrido por todo nuestro hemisferio.
Hoy, se confunden las palabras “gobierno” y “Estado” escribiendo “Estado” con “E” mayúscula; engaño para hacer ver que el gobierno es el estado; es decir, el pueblo. Sí, como no… hay que ser más que ingenuo para creer que nuestros gobiernos representan los verdaderos y buenos intereses del pueblo. Y más tenebroso aún es que el adoctrinamiento y el engaño han sido tan buenos que el pueblo ni siquiera conoce lo que les conviene.
Vivimos en la letrina del engaño; cinismo que nos lleva a la fragmentación del verdadero estado, que somos todos; mientras que los gobiernos son los organismos a quien el pueblo delega su seguridad y su economía. En ese engaño deberíamos ver la bestia agazapada en los matorrales esperando para su ataque.
Así, la población queda fracturada y, como reza el dicho, “divide y vencerás”; o, tal vez lo que dice es “divide y robarás”. El verdadero y auténtico gobierno está llamado a enfocarse en la seguridad y la libertad de sus representados; la población. Imagínense que hasta nuestra horrible Constitución comunista comienza señalando eso en su Preámbulo.
El buen gobierno, la productiva gobernanza se basa en sana economía; y, la palabra “economía” lo dice todo… “economizar” y no dilapidar y robar.
Hoy se cumplen exactamente diez años del referéndum del 23 de junio de 2016, y la fecha llega cargada de simbolismo: Keir Starmer, el séptimo primer ministro británico desde aquel día, presentó su renuncia apenas 24 horas antes del aniversario. Una década de inestabilidad en Downing Street —seis cambios de liderazgo, cinco conservadores y un laborista— resume mejor que cualquier discurso lo que el Brexit ha sido en términos políticos: una herida que no termina de cerrar. Conviene, en este aniversario, hacer un balance sin trampas, desde una perspectiva liberal que valore tanto la soberanía democrática como los costos reales de las decisiones, y que esté dispuesta a la autocrítica cuando los hechos lo exijan.
La cuenta económica: más cara de lo prometido
El dato más citado en estos días proviene de un estudio elaborado por el economista Nick Bloom, de Stanford, junto con economistas del Banco de Inglaterra, que tuvieron acceso a datos internos de la institución. Su conclusión, publicada justo antes del aniversario: los datos a nivel de empresa apuntan a una pérdida del PIB del 6% en diez años, mientras que estudios más amplios sugieren un promedio del 8%. El propio gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha admitido en público que el nivel de actividad y crecimiento de la economía fue menor a causa de la salida del mercado único. Bloom añade un matiz importante para cualquier liberal honesto: el Reino Unido crecía con fuerza antes del Brexit y podría haber mantenido, al menos en parte, el ritmo de Estados Unidos de no haber salido de la UE.
Las nuevas relaciones comerciales prometidas como compensación tampoco han llegado a la magnitud anunciada. Según las propias estimaciones del gobierno británico, el acuerdo con Australia añadirá apenas un 0,08% al PIB a largo plazo, el de Nueva Zelanda un 0,03%, y el acuerdo con India, presentado como una gran victoria estratégica, apenas un 0,13%. El ingreso al CPTPP, celebrado como prueba de la nueva «Global Britain», entra en la misma categoría: simbólicamente relevante, económicamente marginal.
La promesa incumplida que más duele: la inmigración
Si hay un terreno donde la autocrítica liberal debe ser más severa, es la inmigración, precisamente porque era la bandera con la que el Brexit ganó el referéndum. Las cifras oficiales muestran que, lejos de reducirse, la migración neta alcanzó cerca de un millón de personas en 2023 antes de descender a 308.000 en 2025, con un cambio de composición —menos europeos, más migración extracomunitaria— pero no necesariamente con el control prometido en aquel autobús de campaña. Para un liberal clásico, esto no debería sorprender: el problema nunca fue Bruselas como tal, sino la falta de una política migratoria coherente, algo que la soberanía recuperada no resolvió automáticamente. Recuperar la capacidad legal de decidir no equivale a ejercerla bien.
Soberanía regulatoria: la autonomía que pocos usan
Aquí está, quizás, la autocrítica más incómoda para el liberalismo que defendió el Brexit en nombre de la desregulación. El Reino Unido recuperó, en teoría, plena capacidad para legislar fuera del marco de Bruselas. En la práctica, gran parte del tejido empresarial británico sigue alineándose voluntariamente con los estándares europeos, porque la UE sigue siendo, con diferencia, su mayor socio comercial y el costo de divergir resulta mayor que el beneficio. La soberanía formal existe; la revolución desreguladora que muchos brexiters de inspiración libertaria imaginaron, no. El llamado «efecto Bruselas» demostró ser más fuerte que la retórica de la independencia regulatoria.
Geopolítica: de potencia continental a potencia media
Desde la óptica geopolítica, el Brexit obligó al Reino Unido a redefinirse como una potencia media que apuesta por la angloesfera, los acuerdos de defensa bilaterales y un acercamiento estratégico al Indo-Pacífico, en lugar de actuar como ancla atlántica de un bloque continental de 450 millones de habitantes. Ha recuperado asientos propios en foros donde antes hablaba a través de Bruselas, pero también ha perdido el peso negociador que solo da formar parte del mercado único más grande del mundo. Los acuerdos recientes con la UE sobre Gibraltar, electricidad y cohesión territorial —todavía en negociación en este 2026— sugieren, de hecho, un lento proceso de realineamiento técnico que contradice la narrativa de ruptura total.
Lo que de verdad piensan los británicos
Y aquí aparece la paradoja que ninguna mirada liberal honesta puede ignorar: el malestar con los resultados del Brexit convive con un giro hacia el populismo euroescéptico más duro. Dos encuestas de Ipsos citadas por Associated Press muestran que el 52% de los británicos querría volver a unirse a la UE, frente a un 33% que se opone, y sin embargo Reform UK, el partido de Nigel Farage —el rostro histórico de la campaña por el Brexit—, encabeza las encuestas nacionales con cerca de un 27% de intención de voto. El electorado británico no está pidiendo más liberalismo de mercado ni más apertura: buena parte del malestar se canaliza hacia un nacionalismo proteccionista en torno a la inmigración y la identidad, no hacia la agenda de libre comercio y desregulación que muchos liberales esperaban del «Brexit bien hecho».
El veredicto liberal sobre el Brexit, sin coartadas
Una valoración intelectualmente honesta no puede limitarse a decir «yo lo advertí» desde ningún bando. Quienes defendieron el Brexit como ejercicio de autodeterminación democrática tenían razón en el principio —ningún liberal debería sentirse incómodo con que un pueblo decida, en referéndum, los términos de su asociación política—, pero deben reconocer que la promesa de una Gran Bretaña más libre, más desregulada y más próspera no se ha cumplido ni de lejos en la magnitud anunciada. Quienes se opusieron tenían razón en el diagnóstico económico, pero a menudo ignoraron, y siguen ignorando, que el malestar democrático con un bloque percibido como distante y opaco era legítimo y no se resuelve solo con cifras de PIB. El Brexit no fracasó por exceso de soberanía, sino por defecto de un programa liberal que la aprovechara. Diez años después, el Reino Unido tiene más control formal sobre sus leyes y menos crecimiento, más fronteras simbólicas y casi la misma inmigración, más discursos de independencia y menos margen real de maniobra frente a sus vecinos. Esa es la cuenta que ningún bando puede maquillar.
El presidente José Raúl Mulino firmó este martes el Decreto Ejecutivo N.° 19, lo llamaremos el decreto mundialista, mediante el cual ordenó el cierre de todas las oficinas públicas nacionales y municipales a partir de las 2:00 de la tarde del miércoles, para que los servidores del Estado puedan ver el debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026. El Ministerio de Educación fue un paso más allá: suspendió también las clases vespertinas y nocturnas en colegios oficiales y privados.
Nadie discute el orgullo legítimo que genera ver a Panamá en una Copa del Mundo. Es un logro deportivo real, merecido y celebrable. Pero una cosa es que los panameños festejen —como individuos libres que son— y otra muy distinta es que el Ejecutivo convierta el entusiasmo colectivo en un decreto con fuerza de ley, que suspende procedimientos administrativos, paraliza trámites y afecta plazos legales bajo la Ley 38 de 2000. Ahí es donde la celebración termina y el análisis debe comenzar.
El tiempo del Estado no es tiempo libre
Existe una confusión conceptual que este decreto hace explícita: el supuesto de que el tiempo de los funcionarios públicos puede ser redistribuido a voluntad del Ejecutivo según las circunstancias del momento. Pero los servidores públicos son pagados por los contribuyentes para prestar servicios específicos durante horarios definidos. Cada hora que no se trabaja tiene un costo real: el ciudadano que necesitaba renovar un documento, la empresa que aguardaba una resolución, el trámite judicial que quedó suspendido. Ese costo no desaparece porque el decreto no lo mencione.
Desde una perspectiva liberal clásica, el Estado existe para garantizar condiciones mínimas de orden, seguridad y justicia —no para gestionar el estado de ánimo de la población. Cuando el Ejecutivo firma un decreto ordenando a todo el aparato burocrático pausar sus funciones para ver un partido de fútbol, no está siendo cercano al pueblo: está confundiendo su rol con el de animador social, y lo hace a expensas del contribuyente.
El populismo de la euforia
Este tipo de gestos no son neutrales. Tienen una lógica política clara: identificar al gobierno con el sentimiento popular más inmediato y visible. El presidente no pierde nada firmando ese decreto —al contrario, gana aplausos fáciles— pero la factura la pagan quienes dependen de los servicios suspendidos y quienes financian con sus impuestos cada hora improductiva del aparato estatal.
El liberalismo clásico advierte precisamente sobre este mecanismo: el uso del poder público para construir legitimidad emocional en lugar de institucional. Una administración que respeta genuinamente al ciudadano no necesita decretar que se detenga el país para parecer humana. Le basta con cumplir su función con eficiencia y dejar que cada panameño decida cómo y con quién ver el partido.
Libertad sin decreto
Nada en este análisis implica que el fútbol sea irrelevante o que la selección no merezca respaldo. Lo que se cuestiona es el mecanismo. Un Estado respetuoso de la libertad individual no necesita decretar el entusiasmo: lo permite. La diferencia no es menor. En el primer caso, el gobierno actúa como tutor que concede permiso para celebrar. En el segundo, el ciudadano es un adulto que organiza su tiempo como considera conveniente.
Si un empleado privado quiere salir temprano del trabajo para ver el partido, negocia con su empleador. Si un funcionario quiere hacer lo mismo, debería tener el mismo derecho —como individuo—, sin que el presidente de la República tenga que paralizar con un decreto toda la maquinaria del Estado para hacer posible lo que debería ser una decisión personal.
Panamá en el Mundial es motivo de alegría. Pero la alegría no necesita decreto. Y cuando el Estado empieza a legislar sobre cuándo y cómo celebrar, algo esencial sobre la relación entre el gobierno y el ciudadano se ha invertido silenciosamente.
El desembarco de IKEA en Panamá no es una anécdota comercial: es una señal. Inter IKEA Systems B.V. otorgó a Sarton Group los derechos de franquicia para Panamá y Costa Rica, dentro de su expansión en América. Sarton ya opera IKEA en mercados como República Dominicana, Puerto Rico y las islas españolas; la fecha exacta de apertura en Panamá todavía no fue anunciada oficialmente, pero ya han iniciado el proceso de reclutamiento.
Desde una mirada liberal, lo importante no es “qué marca llega”, sino por qué puede llegar. IKEA no aparece por patriotismo, ni por decreto, ni por relato político. Llega porque Panamá ofrece tres activos institucionales difíciles de fabricar desde un ministerio: dolarización, apertura comercial y posición logística.
Panamá es atractivo porque combina el Canal, puertos, servicios financieros, comercio regional y una economía dolarizada. El propio informe comercial de EE. UU. describe al país como una economía estable, con baja inflación y una plataforma logística privilegiada para inversión internacional. También señala que Panamá atrae habitualmente entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa y alberga una de las zonas francas más grandes del mundo.
La llegada de IKEA puede tener efectos virtuosos muy concretos: más competencia en muebles y hogar, presión a la baja sobre precios, mejores estándares de diseño, logística, atención al cliente, financiamiento, entregas y comercio electrónico. El consumidor gana no porque el Estado “proteja” al comercio local, sino porque lo obliga a competir.
También puede beneficiar al mercado inmobiliario. Panamá tiene una economía muy vinculada a expatriados, alquileres, segundas residencias, turismo residencial y movilidad regional. Una oferta de mobiliario modular, relativamente accesible y estandarizada reduce costos de equipamiento para propietarios, desarrolladores y pequeños inversores. En criollo: amueblar una vivienda para alquilar puede volverse más barato, más rápido y más previsible.
Pero el punto más interesante es otro: IKEA trae consigo capital organizacional. No es solo vender mesas. Es introducir procesos, proveedores, inventarios, estándares, formación laboral, diseño de espacios, logística inversa y cultura de eficiencia. La inversión extranjera buena no solo trae dólares; trae conocimiento práctico. El Banco Mundial remarca justamente que la inversión extranjera directa permite absorber tecnología, gestión y participación en cadenas de suministro.
Ahora bien, Panamá tiene una particularidad: el comercio al por menor está restringido constitucionalmente a nacionales panameños, salvo estructuras permitidas y excepciones. Esa reserva aparece recogida en guías legales y comerciales sobre el país. Por eso es probable que la operación requiera arquitectura local, franquicia, sociedad panameña o asociación compatible con la normativa. Lejos de ser un detalle menor, muestra una tensión clásica: Panamá es abierta, pero no plenamente liberal.
Desde un liberalismo serio, la conclusión no debería ser “qué bueno que venga IKEA gracias al Estado”, sino algo más incómodo: qué bueno que venga IKEA a pesar de las barreras que todavía existen. La inversión entra donde puede calcular riesgos. Donde hay moneda estable, logística, seguridad jurídica razonable y consumidores con poder de compra. Pero cuanto más se limite la entrada de competidores, más se protege al incumbente local a costa del consumidor.
La lección es simple: Panamá no necesita inventar campeones nacionales ni subsidiar muebles. Necesita reglas claras, impuestos razonables, apertura, puertos eficientes, libertad contractual y respeto a la propiedad. Cuando eso existe, las empresas llegan solas. Y cuando llegan, el beneficio no es para “la marca”: es para millones de consumidores que de pronto tienen más opciones.
IKEA en Panamá es, en el fondo, una pequeña victoria de la civilización comercial: extranjeros invirtiendo, consumidores eligiendo, empresas compitiendo y capital buscando donde puede crear valor. Eso, aunque muchos no lo quieran admitir, se parece bastante más al desarrollo que cualquier plan quinquenal.
En 2019, en medio del cambio de gobierno en Panamá, surgió un debate entre quien escribe y un amigo liberal, que iba mucho más allá de la eliminación de retenes policiales. La discusión apuntaba a una cuestión de fondo: ¿qué sucede cuando el Estado adquiere facultades que restringen derechos individuales bajo el argumento de la seguridad, la administración o la eficiencia?
La preocupación expresada era que los retenes no representaban simplemente un mecanismo de control vehicular, sino una inversión del principio jurídico fundamental según el cual un ciudadano libre no debe justificar permanentemente su inocencia ante el poder.
La lógica liberal clásica sostiene que el Estado debe tener motivos concretos para intervenir sobre una persona. Cuando ocurre lo contrario —cuando se detiene a ciudadanos al azar para verificar documentos o detectar posibles infracciones administrativas— se produce un cambio sutil pero importante: el individuo deja de ser considerado libre por defecto y pasa a estar bajo sospecha permanente.
La cuestión no era solamente legal. Era moral e institucional.
El costo oculto de la burocracia
Otro aspecto señalado en aquella conversación era la tendencia de los gobiernos a medir únicamente los ingresos fiscales que generan determinadas regulaciones, ignorando los costos que esas mismas regulaciones imponen a la sociedad.
Tomemos un ejemplo sencillo. La renovación periódica de placas, permisos o certificaciones puede representar una fuente de ingresos para el Estado. Sin embargo, rara vez se contabiliza el tiempo perdido por millones de ciudadanos, las horas laborales desperdiciadas, los desplazamientos innecesarios, las filas, los trámites y la energía económica que se desvía desde actividades productivas hacia el simple cumplimiento burocrático.
Desde la economía institucional, estos costos reciben el nombre de costos de transacción. Son reales, aunque no aparezcan en ningún presupuesto oficial.
El resultado es paradójico: una medida que parece recaudar dinero puede terminar destruyendo más riqueza de la que genera.
La corrupción visible y la invisible
Cuando se habla de corrupción, la mayoría piensa en sobornos, contratos amañados o desvío de fondos públicos.
Sin embargo, existe una forma más profunda y menos visible de corrupción: aquella que queda incorporada a las propias reglas del sistema.
Cuando una estructura institucional permite discrecionalidad excesiva, controles arbitrarios o intervenciones permanentes sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, se crean incentivos para el abuso incluso aunque no existan funcionarios particularmente corruptos.
No se trata únicamente de personas corruptas.
Se trata de instituciones que facilitan comportamientos corruptos.
Por eso el problema rara vez está en el agente de menor rango. La pregunta relevante es quién diseñó las reglas, quién las mantiene y quién se beneficia de ellas.
El silencio social
Quizás la observación más dura del intercambio fue la referida a la complicidad social.
Las restricciones a la libertad rara vez avanzan únicamente por decisión gubernamental. También necesitan la indiferencia de buena parte de la sociedad.
Empresarios que prefieren adaptarse antes que cuestionar.
Medios de comunicación que consideran ciertos abusos como algo normal.
Ciudadanos que aceptan pequeñas restricciones porque creen que afectan a otros.
Gradualmente se instala una cultura donde la defensa de los derechos individuales deja de ser una prioridad y pasa a verse como una molestia o una excentricidad.
La consecuencia es que las instituciones dejan de servir como límites al poder y comienzan a funcionar como herramientas de administración de la obediencia.
La lección
La discusión de 2019 sigue siendo relevante porque plantea una pregunta que trasciende a Panamá y a cualquier gobierno particular.
La verdadera prueba de una sociedad libre no es cuánto poder tiene un gobernante bien intencionado, sino cuánto poder se le impide ejercer cuando aparecen gobernantes menos virtuosos.
Las libertades individuales rara vez desaparecen de golpe. Normalmente se erosionan mediante pequeñas excepciones, trámites aparentemente inocentes y controles que la sociedad acepta porque parecen razonables en el corto plazo.
Y cuando finalmente se percibe el costo acumulado, muchas veces la maquinaria institucional ya está funcionando por inercia.
Como advertía Hayek, el peligro para la libertad no suele llegar disfrazado de tiranía abierta, sino de administraciones convencidas de que saben mejor que los ciudadanos cómo deben vivir sus vidas.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo dijo con una sonrisa en el Reagan National Economic Forum: «Simplemente agarramos las billeteras. Algunos de ellos podrían estar escribiendo su contraseña ahora mismo sin saber que ya no tienen nada.» No era un chiste. Era una declaración de poder. Y debería hacernos pensar a todos.
La operación, bautizada pomposamente como Operation Economic Fury, comenzó en marzo de 2025. En pocas semanas escaló de 344 millones de dólares incautados, a 500 millones, y ahora a casi 1.000 millones. Una multiplicación que no habla de éxito militar sino de algo mucho más inquietante: de qué tan fácil resulta barrer fondos cripto cuando tienes los recursos del Estado más poderoso del planeta.
«Agarramos las billeteras. Algunos podrán estar escribiendo su contraseña ahora mismo sin saber que ya no tienen nada.» — Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EE.UU.
El problema no es Irán
Seamos honestos: el régimen de los Ayatolás es opresivo, corrupto y represivo con su propio pueblo. Nadie aquí defiende a Teherán. Pero el debate sobre si Irán merece sanciones es exactamente la trampa en la que no debemos caer. Lo que importa es el precedente técnico y filosófico que acaba de quedar establecido.
Durante años, la narrativa pro-cripto incluía un argumento que todos repetíamos: «Bitcoin es incautación-resistente. Si controlas tus llaves, controlas tus fondos.»Hoy sabemos que esa afirmación requiere un asterisco enorme: siempre y cuando el Estado no logre identificar las wallets, presionar a los exchanges intermediarios, o acceder a las claves mediante operaciones de inteligencia. Y cuando el Estado en cuestión es Washington, sus capacidades son formidables.
¿Cómo se hizo?
Bessent no explicó los métodos, y probablemente nunca lo hará. Pero las hipótesis son pocas: intercepción de claves privadas mediante operaciones de inteligencia humana o cibernética, presión sobre exchanges centralizados que custodiaban los activos, o cooperación forzada de intermediarios financieros. En cualquier caso, la lección es la misma: la descentralización técnica no equivale a inmunidad política.
Irán mismo entendió esto a medias. Mientras Washington confiscaba sus reservas cripto, Teherán diseñaba un plan para monetizar el Estrecho de Ormuz cobrando en Bitcoin: una plataforma llamada Hormuz Safe para seguros marítimos digitales. La ironía es brutal: intentaban construir una nueva fuente de ingresos cripto mientras perdían la anterior por el mismo flanco.
Lo que esto revela sobre la custodia
Si tus fondos estaban en un exchange con KYC que tiene presencia en jurisdicciones amigas de Washington, ya estabas expuesto. No hay novedad ahí. Lo preocupante es la escala y la velocidad: mil millones en pocas semanas, con el Secretario del Tesoro jactándose en televisión. El Estado no solo puede hacerlo; lo hace con orgullo y lo publicita.
Para quienes creemos en la soberanía individual sobre el dinero, esto es una señal de alarma clara. La autocustodia real —hardware wallets, multisig, sin exposición a exchanges regulados— sigue siendo la única barrera técnica relevante. No es perfecta. Pero es la diferencia entre tener un activo y tener una promesa.
La descentralización técnica no equivale a inmunidad política. La autocustodia real sigue siendo la única barrera relevante.
El elefante en la sala
Bessent cerró su intervención con otra frase memorable: «Están al final de su Tether financieramente.» . Un juego de palabras con la stablecoin que nadie en la sala pareció notar, o que todos prefirieron ignorar. Porque si alguien debería estar nervioso con esta demostración de fuerza, es precisamente el ecosistema de stablecoins centralizadas que, por diseño, tiene un interruptor de apagado.
Tether, USDC, y sus equivalentes son convenientes. Son líquidos. Son el puente entre el mundo cripto y el financiero tradicional. Y son, en última instancia, controlables. Ese es el trade-off que el mercado elige cada día al preferir la comodidad sobre la soberanía.
El mapa ha cambiado
No existe el dinero mágico que ningún Estado pueda tocar. Existe el dinero más difícil de tocar, que requiere disciplina técnica, conocimiento y voluntad de asumir fricciones que la mayoría prefiere evitar. Bitcoin bien custodiado sigue siendo el activo más resistente a la confiscación que existe. Pero «bien custodiado» tiene un precio de entrada en conocimiento y responsabilidad.
Lo que Washington acaba de demostrar no es que cripto falló. Es que la promesa de soberanía financiera no viene por defecto: se construye, wallet por wallet, clave por clave, con la misma atención que uno pondría en cualquier otro bien verdaderamente irremplazable. El resto es ilusión.
Colombia amaneció este lunes con dos nombres tatuados en su destino inmediato: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 no solo definen quiénes disputarán la presidencia el 21 de junio; trazan una frontera profunda entre dos visiones de Estado que difícilmente podrían ser más antagónicas. Con una abstención históricamente baja para una primera vuelta y más de 20 millones de votos emitidos, Colombia habló alto y con una claridad inquietante: el centro no existe.
Lo que ocurrió ayer no fue únicamente una elección. Fue la certificación de que la polarización que Gustavo Petro instaló en el imaginario político colombiano ha dado a luz a su propio espejo: una ultraderecha populista que adopta el mismo lenguaje emocional, la misma retórica de salvación nacional y el mismo desprecio por los matices que caracteriza a los extremismos bien conocidos en la región. El uribismo tradicional fue desplazado. Paloma Valencia, con apenas un 7%, representa el cadáver político de la derecha moderada. El futuro se dirimirá entre dos proyectos que, desde una perspectiva liberal clásica, generan inquietudes legítimas aunque de naturaleza muy distinta.
«La primera vuelta ha confirmado que Colombia no tiene un candidato de centro viable para el balotaje. Es la primera vez en la historia reciente del país que los dos extremos del espectro se enfrentarán solos.»— Análisis de Mundiario, 1 de junio de 2026
I. Abelardo de la Espriella: el outsider que sorprendió
Abogado penalista nacido en Montería, conocido por defender a figuras públicas y empresarios en procesos judiciales complejos, De la Espriella construyó su candidatura sobre el movimiento Defensores de la Patria desde finales de 2025. Su ascenso fue meteórico y su victoria en primera vuelta, con más de diez millones de votos, es políticamente significativa: logró penetrar en feudos de la Costa Caribe donde el Pacto Histórico esperaba dominar. Su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, aporta credencial técnica a una campaña que en lo demás ha apostado por la confrontación visceral.
Su programa, bautizado como «El Milagro de los Nunca», propone una reducción del Estado en un 40% en cuatro años, un ajuste fiscal de 70 billones de pesos, rebajas tributarias para estimular la inversión privada, y un crecimiento anual del 7% «al estilo de Corea del Sur». En materia de seguridad, promete construir diez megacárceles privadas en la selva siguiendo el modelo del presidente Bukele de El Salvador, retomar la fumigación aérea con glifosato de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y recuperar en noventa días el control de zonas dominadas por grupos armados bajo lo que denomina una «Pax Romana».
Desde una óptica liberal minarquista, la propuesta económica de De la Espriella tiene un atractivo superficial: reducir el Estado, bajar impuestos, liberar el mercado. Sin embargo, es necesario distinguir con precisión entre liberalismo y populismo de derecha. El primero confía en las instituciones, el Estado de derecho y los límites del poder ejecutivo. El segundo utiliza el lenguaje del mercado libre como legitimación retórica mientras concentra poder discrecional en el ejecutivo, debilita los contrapesos judiciales y moviliza emocionalmente a las masas contra un enemigo interno.
Advertencia — Radicalización institucional
La promesa de suspender los efectos de la JEP por decreto presidencial, la referencia al «estado de excepción» como instrumento de gobierno y el modelo Bukele de detención masiva sin garantías procesales son incompatibles con el liberalismo clásico. Un Estado mínimo que tortura o encarcela sin juicio no es minarquista: es autoritario. La diferencia no es cosmética; es constitutiva. Colombia ha pagado un precio histórico enorme por la concentración de poder ejecutivo. De la Espriella, pese a su retórica pro-mercado, no ofrece garantías institucionales convincentes.
II. Iván Cepeda: la continuidad con otro rostro
Senador del Pacto Histórico, hijo de un senador asesinado por el paramilitarismo, exiliado, estudioso del derecho internacional humanitario, Cepeda representa la continuidad ideológica del proyecto Petro con mejores modales institucionales. Su programa, «El poder de la verdad», tiene 433 páginas y habla de cuatro «revoluciones»: agraria, social, ética y política. Propone redistribución masiva de tierras, 30.000 kilómetros de vías terciarias, ampliación del programa Colombia Mayor de tres a cinco millones de beneficiarios, la creación de un Banco del Pueblo para erradicar la pobreza monetaria y una transición energética que abandone la dependencia del petróleo.
Cepeda no es Petro, aunque lo prolonga. Es más disciplinado intelectualmente, menos dado a los estallidos autoritarios y más respetuoso de las formas democráticas. Sin embargo, su programa se lee, como han observado analistas de Cambio Colombia, «más como un manifiesto político que como un plan técnico de gobierno». La sostenibilidad fiscal de propuestas como ampliar Colombia Mayor, financiar créditos agrarios al 2% y crear múltiples fondos estatales nuevos depende de una reforma tributaria que el Congreso colombiano ha demostrado históricamente ser incapaz de aprobar en sus versiones más ambiciosas.
«El bloque social de Cepeda es real: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicatos y jóvenes. Pero gobernar para ese bloque sin dañar el tejido productivo requiere una destreza fiscal que su programa aún no demuestra con claridad.»— Análisis comparativo, Razón Pública · Mayo 2026
III. ¿Cuál gobierno puede mejorar Colombia?
Esta pregunta, formulada con honestidad desde una perspectiva liberal minarquista, obliga a reconocer algo incómodo: ninguno de los dos finalistas representa un ideal liberal. Ambos proponen un Estado activo y potencialmente intervencionista, aunque en distintas áreas y con distintos riesgos para las libertades civiles.
El caso para una preferencia condicionada por Cepeda
Si la pregunta se reduce a instituciones, Colombia requiere un gobierno que respete el Estado de derecho, la independencia judicial y las libertades de prensa. El historial de Cepeda como defensor de derechos humanos, la ausencia de amenazas al sistema judicial y su menor predisposición al discurso de «estado de excepción» lo hacen preferible desde el ángulo de las garantías institucionales básicas. Un liberal clásico puede oponerse a su programa económico, pero puede al menos confiar en que las cortes seguirán funcionando y los periodistas no serán intimidados sistemáticamente.
El caso para una preferencia condicionada por De la Espriella
Si la pregunta se centra en economía y seguridad fiscal, De la Espriella tiene propuestas en el papel más compatibles con un Estado más pequeño y una economía de mercado. Su fórmula vicepresidencial, Restrepo, es un economista serio. El combate frontal al narcotráfico, si se ejecuta dentro del marco legal, podría reducir una de las principales fuentes de violencia e inestabilidad que impide el desarrollo. Un liberal pragmático podría apostar por su gestión económica mientras espera que las instituciones contengan sus instintos más autoritarios.
IV. El fracaso del centro y la lección que nadie aprende
Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y candidato del centro ilustrado, fue eliminado. Paloma Valencia, con propuestas moderadas de centroderecha, quedó en un distante tercer lugar. El mapa electoral colombiano de 2026 confirma lo que ya insinuaba 2022: la polarización no es un accidente sino una estrategia rentable. Tanto el petrismo como su contraparte de ultraderecha se benefician de un electorado que vota por miedo al otro, no por amor a su candidato.
Para quienes creen en el liberalismo clásico —en la limitación del poder, en los derechos individuales, en el mercado libre dentro de un Estado de derecho robusto— Colombia ofrece hoy un menú de opciones profundamente insatisfactorio. Lo que resta antes del 21 de junio es observar con atención si alguno de los dos finalistas es capaz de moderar su discurso, construir coaliciones hacia el centro y ofrecer garantías institucionales suficientes para gobernar un país que no puede permitirse más experimentos ideológicos de alta temperatura.
V. Implicaciones para Panamá
Para la República de Panamá, las elecciones colombianas tienen consecuencias directas y concretas. El Tapón del Darién, el narcotráfico transnacional, los acuerdos de cooperación bilateral y la política exterior regional son áreas donde el próximo gobierno colombiano tendrá un impacto inmediato en los intereses panameños.
Con De la Espriella — Oportunidades
Mayor cooperación militar en el Darién: la estrategia «Pax Romana» implica presión sobre el Clan del Golfo, principal controlador del tráfico migratorio
Alineación ideológica con el gobierno de Mulino: coincidencia en política de mano dura migratoria y antinarcóticos
Probable acercamiento a Washington: relaciones más fluidas con EE.UU. facilitarían el trilateral Panamá-Colombia-EE.UU. para control del Darién
Reducción potencial del flujo migratorio si la fumigación y el combate al Clan del Golfo reducen las rentas criminales
Con De la Espriella — Amenazas
Riesgo de «balcanización» del combate: operaciones de fuerza bruta sin coordinación pueden desplazar flujos migratorios sin eliminarlos
Si usa decreto presidencial para suspender la JEP, podría tensionar acuerdos de paz que mantienen ciertos corredores controlados
Su estilo confrontacional puede generar inestabilidad interna en Colombia con efectos regionales
Fumigación aérea masiva puede afectar ecosistemas transfronterizos del Darién
Con Cepeda — Oportunidades
Continuidad del proceso de paz puede reducir zonas de conflicto armado en áreas limítrofes
Política exterior más activa en foros multilaterales: mayor coordinación regional en gestión migratoria
Enfoque en desarrollo rural colombiano podría reducir causas profundas de emigración
Relaciones diplomáticas más estables con Venezuela podrían facilitar la gestión regional de flujos migratorios
Con Cepeda — Amenazas
Continuación de la «Paz Total» implica negociación con el Clan del Golfo, que mantiene control del Darién como fuente de renta
Posible distanciamiento de Washington en materia de seguridad, debilitando la cooperación trilateral
Si la economía colombiana deteriora, aumenta la presión migratoria interna hacia el norte
Tensión con el gobierno Mulino si Cepeda adopta posiciones más cercanas a Venezuela o Nicaragua
En términos estructurales, el principal interés de Panamá es que Colombia tenga un gobierno capaz de ejercer soberanía efectiva sobre el Darién y de cooperar con seriedad en el combate al Clan del Golfo. Por este criterio específico, un gobierno de De la Espriella ofrece más retórica de acción inmediata; un gobierno de Cepeda ofrece más estabilidad a largo plazo si sus diálogos de paz producen resultados. Ninguno garantiza la solución definitiva de un problema estructural que lleva décadas.
VI. Lo que viene antes del 21 de junio
La campaña de segunda vuelta será probablemente la más tensa que Colombia ha vivido en décadas. Cepeda necesita convencer a los votantes de Fajardo, Valencia y otros candidatos del centro y centroderecha para alcanzar mayoría. De la Espriella parte con ventaja numérica pero enfrenta el desafío de que su voto duro tiene techo conocido y que el voto de miedo puede actuar en su contra tanto como a su favor.
Los colombianos que votaron ayer por candidatos eliminados tienen ahora la palabra más importante. La decisión que tomen en las próximas tres semanas no solo determinará quién gobierna Colombia hasta 2030, sino que enviará una señal sobre si la democracia colombiana es capaz aún de producir gobiernos que respeten las reglas del juego, las libertades fundamentales y la separación de poderes.
Desde esta orilla analítica, la preocupación no es ideológica sino institucional. Colombia merece un gobierno que administre bien el Estado, no que lo use como arma. Que reduzca la violencia sin convertirse en violencia. Que amplíe libertades, no que las suspenda en nombre de la seguridad. Ninguno de los dos finalistas ha demostrado todavía ser ese gobierno. La segunda vuelta es la última oportunidad para convencer.
Nota editorial: Este análisis fue elaborado el 1 de junio de 2026, horas después del cierre del preconteo oficial. Los datos electorales provienen de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Las evaluaciones programáticas se basan en los planes de gobierno registrados ante el Consejo Nacional Electoral, declaraciones públicas de campaña y análisis de El Tiempo, El Espectador, Semana, La Silla Vacía, Razón Pública, Bloomberg Línea, CNN en Español e Infobae.
Perspectiva declarada: Este análisis adopta una perspectiva liberal minarquista: favorable a la limitación del poder estatal, al Estado de derecho, a las libertades civiles y económicas, y crítica tanto del autoritarismo de derecha como del populismo de izquierda. Esta perspectiva no es neutral; es transparente.
El Papa León XIV ha publicado, el 25 de abril de 2026, su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a la defensa del ser humano en la era de la inteligencia artificial. Entre los asistentes al acto de presentación estaba Christopher Olah, cofundador de la estadounidense Anthropic. Su intervención dejó una idea provocadora: interactuar debidamente con la IA es una cuestión más humana y religiosa que tecnológica.
¿Qué relación puede tener una tradición espiritual milenaria con la revolución del aprendizaje máquina?
La apuesta humana de la IA
La respuesta se remonta a finales de 2020, cuando los hermanos Dario y Daniela Amodei abandonaron OpenAI junto a quince científicos clave –incluido el propio Olah– para fundar Anthropic. Según explicó el propio Dario Amodei en una entrevista en 2024, no compartían la visión de Sam Altman, CEO de OpenAI, en materia de seguridad. Para ellos, ante la inevitable escala que alcanzarían estos modelos, el verdadero reto no era comercial, sino crucialmente humano: dominar a la IA y ponerla a nuestro servicio.
El primer problema que querían afrontar los fundadores de Anthropic era el del exceso de adulación. Para crear modelos de lenguaje como GPT se requiere una fase de entrenamiento donde se utiliza una técnica de aprendizaje por refuerzo que se basa en la retroalimentación humana. Esto significa que el objetivo de la IA nunca es llegar al fondo de la cuestión o generar la solución perfecta sino conseguir la mejor calificación posible por parte de sus evaluadores humanos. Y es por ello que surge la adulación como estrategia para tener contentos a los usuarios, aunque ello implique inventar o exagerar lo que convenga.
La IA Constitucional de Anthropic
La solución que desde Anthropic propusieron a esto es la llamada IA Constitucional. Consiste en “inculcar” una serie de principios fijos e inquebrantables, una constitución, en el modelo como base de su entrenamiento, de manera que primen la honestidad y la modestia por encima del espectáculo y la satisfacción del usuario.
Pero de poco sirven las normas o valores éticos si no tenemos garantías de que la IA vaya a respetarlas en la práctica. Por ello el segundo problema que abordaron los creadores de Claude es el de la falta de alineamiento.
Los objetivos de la IA rara vez coinciden con los nuestros y en ocasiones ocurre que esta es capaz de mentir o replicar sesgos cognitivos con tal de darnos una respuesta satisfactoria, aunque en realidad le falte información o incluso tenga constancia de que las cosas no son como nos está diciendo.
Por su naturaleza, una IA casi siempre es capaz de darnos una “explicación” plausible y convincente de los razonamientos que le han llevado hasta su respuesta. Pero ¿cómo podemos saber que internamente la IA está alineada con nuestros objetivos, que busca de forma sincera lo mismo que nosotros?
Un detector de mentiras para la IA
En la tecnológica americana lo han llamado “interpretabilidad mecanicista” y es algo así como una técnica para “leer el pensamiento” de la máquina mediante una especie de detector de mentiras informático. El objetivo es asegurarse de que los valores de esos billones de parámetros de las neuronas artificiales implicadas en el sistema se corresponden con aquello que buscamos, de manera que lo que “diga” la IA coincida con lo que “piensa”.
Este inflexible blindaje ético no ha tardado en generar fricciones geopolíticas. Recientemente, la Administración Trump vetó el uso de Claude en las agencias federales tras la negativa de Anthropic a suavizar las restricciones morales de sus modelos, que impedían al Pentágono usar su tecnología para el desarrollo de armamento autónomo.
Precisamente por el peso de estas decisiones, a finales de marzo de 2026 Anthropic organizó en su sede de San Francisco un inusual seminario donde reunió a 15 destacados líderes y teólogos cristianos junto a sus propios investigadores. Se trataba de buscar asesoramiento externo para el desarrollo del “espíritu”, del comportamiento ético y moral, de sus próximos modelos. Como Olah declaraba en su intervención, el impacto social de la IA ha alcanzado una dimensión tan profunda que exige trascender los límites de la propia tecnología.
Guiar la conciencia de la máquina
En definitiva, el rastro que conecta los pasillos del Vaticano con los supercomputadores de Silicon Valley no es la ingeniería, sino la antiquísima necesidad humana de descifrar y guiar la conciencia. Esta confluencia demuestra que, cuanto más autónomos se vuelven nuestros artefactos, más debemos ahondar en nuestras raíces para humanizarlos.
Esta revolución, como todas las grandes transiciones de la humanidad, nos impulsa, tal como concluye la encíclica papal, a un doble compromiso: “una profundización de la investigación científica; por otra, un ejercicio de discernimiento moral y espiritual”.
En un chat leí que Dinamarca era un país socialista y le pregunté a la IA, la cual respondió: «En rigor, Dinamarca no es una nación socialista. Funciona como una economía capitalista de libre mercado de gran éxito, respaldada por una enorme red de seguridad social financiada por el Estado. En lugar de socialismo, Dinamarca se clasifica universalmente como una «socialdemocracia» o un ejemplo paradigmático del modelo nórdico».
La dificultad para entender el tema está en la «semántica»; es decir, el estudio sistemático del significado del lenguaje y la lógica, que denota cómo las palabras sugieren o expresan de manera explícita los sentimientos, más allá de las definiciones de los diccionarios y, ni hablar, del uso vulgar de los vocablos. En otras palabras, el secreto del entendimiento humano está en las palabras, en cómo las entendemos y usamos.
Pero la dificultad para comunicarnos bien no solo está en el entendimiento y uso de los términos, sino en nuestros sentimientos, costumbres y otras realidades que nos han moldeado. Por ejemplo, típico es decir que Panamá es una nación democrática, pero… ¿lo es? Busquemos la respuesta comenzando con la definición de «democracia».
En esencia, democracia y libertad van de la mano; no solo en la elección de las autoridades de los gobiernos del Estado, sino en el respeto al albedrío de las personas en su vida y, por tanto, en el mercado y otras actividades propias de cada persona y de la comunidad.
Pero a una sociedad que no distingue entre «democracia» y «estatismo» no le irá nada bien; que es el caso de Panamá, nación inmensamente estatista a partir de su Constitución. Y el estatismo no conjuga con «libertad y albedrío». El meollo del asunto está en la prevención de una interferencia gubernamental estatal en cómo la gente quiere vivir, amar, expresarse y conducir sus actividades económicas.
Y ¡vaya si no es el caso en Panamá!, en donde la Constitución establece que el Estado puede meterse en toda empresa a hacer lo que le venga en gana a los gobernantes de turno. Entre Panamá y Dinamarca no hay ningún parecido, pues en Dinamarca hay mucha más libertad económica no solo que en Panamá, sino que en los EE. UU. y otros países supuestamente democráticos.
El «estatismo» se refiere a la creencia política bajo la cual los gobiernos del Estado mantienen un control centralizado sobre los asuntos económicos de la comunidad y del mercado.
Cualquier parecido con Panamá no es una mera coincidencia: es deliberado y malintencionado, ya que es la estratagema histórica de las élites gobernantes para mantenerse en el Intramuros mientras el pueblo languidece en el Extramuros. En síntesis, poco ha cambiado desde la fundación de la ciudad de Panamá.
El país estatista imprime papel moneda del cual abusa robando a la comunidad vía inflación; impone impuestos —valga la redundancia— para financiar sus excesos; y, ni hablar que, como en Panamá, los gobiernos del Estado los tenemos metidos hasta en el agua de nuestros retretes, y ya ni eso hacen bien.
A diferencia del país estatista, está la idea del país «minarquista»; este último referido a gobiernos que no exceden las funciones propias de una sana gobernanza: de dejar hacer y no de hacerlo todo, como si la población fuese toda de imberbes. Lo que Panamá sí hace bien, ¡gracias a Dios!, es que no imprime papel moneda; pues de hacerlo, quién sabe cómo estaríamos.
En síntesis, en nuestro planeta no existe ningún país con verdadera libertad democrática. Vivimos en un mundo de metiches, lo cual debería ser obvio si nos fijamos en los enredos arancelarios. El secreto del éxito socioeconómico está disperso entre todas las personas, y no enclaustrado en vanos recintos gubernamentales.
La situación de los puertos Balboa y Cristóbal ofrece uno de los ejemplos más interesantes —y delicados— sobre cómo los problemas de diseño institucional terminan convirtiéndose, décadas después, en conflictos económicos y políticos de gran escala.
La discusión pública suele reducirse a una falsa dicotomía entre “defender la soberanía” o “proteger inversiones extranjeras”. Sin embargo, el problema de fondo parece mucho más estructural: cuando una concesión nace rodeada de opacidad, privilegios o debilidades jurídicas, el tiempo no corrige esos defectos. Los amplifica.
La reciente declaración de inconstitucionalidad sobre la concesión vinculada a Panama Ports, sumada a las amenazas de arbitraje internacional y a la intervención temporal del Estado, revela precisamente eso: la fragilidad de acuerdos cuya legitimidad nunca terminó de consolidarse social ni institucionalmente.
Desde nuestra óptica, el problema no es la inversión extranjera. Panamá, de hecho, construyó buena parte de su éxito precisamente sobre apertura comercial, estabilidad relativa y capacidad de atraer capital internacional. El Canal, la banca y la logística son prueba de ello.
El problema aparece cuando el vínculo entre Estado y empresas se vuelve ambiguo: concesiones excesivamente largas, condiciones poco transparentes, renegociaciones difíciles de auditar o marcos regulatorios percibidos como diseñados para actores específicos. En esos contextos, tanto la izquierda estatista como el nacionalismo terminan encontrando terreno fértil para cuestionar la legitimidad completa del sistema.
Y allí surge el verdadero costo económico: la incertidumbre.
Para un país logístico y financiero como Panamá, la previsibilidad jurídica no es un detalle técnico. Es uno de sus principales activos nacionales. Cada vez que un contrato estratégico entra en disputa pública o judicial, el mensaje hacia los mercados internacionales deja de ser exclusivamente económico y pasa a ser institucional.
El problema tampoco se resuelve simplemente defendiendo “la seguridad jurídica” de forma abstracta. Porque la seguridad jurídica no significa blindar cualquier contrato para siempre, independientemente de cómo fue concebido. Significa construir reglas claras, competitivas, transparentes y legítimas desde el inicio, de modo que ni el gobierno ni la presión política futura tengan incentivos para desarmarlas.
En otras palabras: la estabilidad no se logra impidiendo revisar errores, sino evitando cometerlos desde el principio.
Panamá enfrenta además un desafío adicional. El Canal no es únicamente un activo económico; es también un símbolo nacional y geopolítico. Todo lo relacionado con puertos, agua, rutas comerciales o infraestructura estratégica termina inevitablemente atravesado por presiones internacionales, rivalidades entre potencias y sensibilidad política interna. Eso obliga a niveles aún mayores de transparencia y profesionalismo institucional.
La enseñanza más importante quizá sea una bastante antigua: las instituciones débiles suelen producir ganancias rápidas, pero conflictos largos. Lo que comienza como una solución pragmática o políticamente conveniente termina años después convertido en litigios, desconfianza y polarización.
Y esa es probablemente la lección liberal más relevante de este episodio.
No basta con atraer capital.
Hay que construir instituciones capaces de hacerlo convivir con legitimidad pública, competencia genuina y reglas previsibles para todos.
Porque en economía política, como en tantas otras cosas, lo que mal empieza rara vez termina bien.
