Durante años, el imaginario occidental asoció a Corea del Norte con misiles, desfiles militares y amenazas nucleares. Sin embargo, el régimen de Kim Jong-un ha perfeccionado otra arma mucho más silenciosa y sofisticada: la infiltración digital global mediante trabajadores tecnológicos falsos que operan desde el anonimato.
Lo que parecía una teoría conspirativa hoy se ha convertido en una preocupación concreta para gobiernos, empresas y agencias de inteligencia occidentales. Investigaciones recientes revelan que miles de supuestos desarrolladores, ingenieros de software y especialistas IT que trabajan remotamente para compañías occidentales serían, en realidad, operativos vinculados al aparato estatal norcoreano.
El mecanismo de la infiltración digital es tan simple como perturbador.
Utilizando identidades robadas o completamente fabricadas, estos trabajadores aplican a empleos remotos en empresas de Estados Unidos y Europa. Se presentan como ciudadanos estadounidenses, europeos o asiáticos radicados en terceros países. Sus perfiles en LinkedIn suelen parecer impecables: experiencia creíble, certificaciones técnicas y hasta entrevistas virtuales realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial y deepfakes.
Una vez contratados, reciben equipos corporativos enviados a direcciones controladas por colaboradores en territorio occidental. Allí entran en juego las llamadas “laptop farms”: viviendas o depósitos con decenas de computadoras conectadas remotamente para que el verdadero operador, ubicado fuera del país objetivo —muchas veces en China o Rusia— pueda trabajar simulando estar físicamente en Estados Unidos.
El resultado es alarmante.
Según estimaciones citadas por autoridades estadounidenses y firmas de ciberseguridad, el esquema habría infiltrado a cientos de empresas, incluyendo compañías tecnológicas de primer nivel y contratistas vinculados a sectores sensibles. Algunas investigaciones incluso sostienen que prácticamente todas las grandes corporaciones estadounidenses habrían recibido postulaciones asociadas a estas redes.
Pero el objetivo no es únicamente económico.
Aunque el régimen obtiene millones de dólares en salarios desviados hacia Pyongyang —dinero que ayudaría a financiar programas militares y nucleares—, el verdadero riesgo radica en el acceso privilegiado a sistemas corporativos, datos sensibles y propiedad intelectual.
La sofisticación del esquema ha crecido exponencialmente gracias a la expansión del trabajo remoto posterior a la pandemia y al avance de la inteligencia artificial. Microsoft advirtió recientemente que agentes norcoreanos utilizan software de modificación de voz, intercambio facial y generación automatizada de perfiles profesionales para superar entrevistas y verificaciones de identidad.
Incluso gigantes tecnológicos como Amazon reconocieron haber bloqueado miles de postulaciones sospechosas desde 2024.
El fenómeno también expone una fragilidad estructural del capitalismo digital contemporáneo: empresas obsesionadas con reducir costos mediante contratación remota global terminaron creando, involuntariamente, una superficie ideal para operaciones estatales encubiertas.
La paradoja es brutal.
Mientras Occidente celebraba la eliminación de fronteras laborales gracias al teletrabajo, regímenes autoritarios entendieron rápidamente que esa misma apertura podía transformarse en un vector de espionaje, financiamiento clandestino y penetración estratégica.
La amenaza ya no llega necesariamente en forma de malware o ataques visibles. A veces aparece como un programador eficiente, puntual y técnicamente brillante que participa de reuniones por Zoom desde una identidad cuidadosamente construida.
En otras palabras: el espía del siglo XXI ya no necesita infiltrarse físicamente en una empresa. Basta con enviar un currículum.
«Y ahora, ¿ quién podrá defendernos ?» se preguntaba el «Chapulín Colorado» y me lo pregunto ahora, cuando hemos delegado en extremo a los gobiernos del estado nuestra seguridad, ya sea física como social y económica. Llevo años advirtiendo al respecto, pero cae en saco roto, ya que el mal caminar a través del tiempo se vuelve mal hábito. Hoy, preparando este escrito consulté con la IA encontrando lo siguiente:
«Panamá es uno de los países con las estructuras más centralizadas de la región. Esto genera un «cuello de botella» tal como el de la seguridad vial en Panamá Oeste, deficiencias de salud en provincias dependen de decisiones tomadas en una oficina en la capital, lejos del contexto del problema «.
Pero, nuestra seguridad es asunto de «corresponsabilidad», no de delegación excedida a las instituciones estatales. Debemos delegar en su justa medida y en aquello que es delegable; pues más allá las cosas toma mal rumbo, tal como atraer a los pillos y malandros que aman hacerse pasar por «autoridad» cuando en realidad son calamidad.
En 1849 Gustavo de Molinari advirtió lo que nadie se había atrevido antes:
«Si los mercados libres producen mejores alimentos, mejor ropa y mejores viviendas, ¿por qué no una mayor seguridad?»
O como diría yo:
«¿Por qué delegar a agencias políticas aquello que mejor podemos hacer nosotros mismos?».
Recién la Defensoría del Pueblo en Panamá, señaló que las fallas en salud y seguridad no son sólo falta de recursos, sino estructurales y operativas. Desde el siglo antepasado, Gustavo Molinari advertía que los gobiernos del estado suelen monopolizar privilegios y derechos, creando servicios centrales que mejor pueden ser provistos por el mercado o, en cierta proporción, por autoridades locales; ya que mientras más alejas al proveedor del consumidor el servicio se degrada, quedando al servicio de bastardos intereses, tal como ocurrió en Venezuela.
Al decir, «nuestra seguridad», la palabra «nuestra» grita realidad. Las personas son las más interesadas en su seguridad. Pero, no sólo interesadas, sino responsables y potencialmente eficaces. Por ejemplo, ¿hasta dónde podemos delegar a la ATTT cuando quien va al volante somos nosotros? Hay cosas que corresponden y puede hacer la ATTT y otras que no. ¿Te has puesto a pensar que los sobresaltos o policías muertos son prueba fehaciente del fracaso de la ATTT?
Molinari giraba a favor del orden voluntario; ya que la policía, así como las demás entidades gubernamentales no van al volante de tu vida. Y, veamos que la seguridad, en todas sus manifestaciones, debe ir en contracorriente con la libertad. La seguridad es algo cultural y educacional; cualidades que no andan muy bien en nuestro patio, debido a que le hemos dado riendas sueltas a zorros del gallinero, al tal punto que mal cuidan a las gallinas ya que están atareados engullendo posturas y aves de corral.
Nuestra seguridad depende de una «asociación voluntaria» que sólo prospera en libertad. Si el libre emprendimiento no sirve, ¿crees que servirán las exageradas y corruptas instituciones de nuestro desgobierno? Los comunistas creen que sí.
Goethals Consulting, autora de gccviews.com, logró un gran aporte de la embajada británica en Panamá para llevar a cabo un estudio de la educación privada para los pobres en Panamá; encontrando que la educación privada superaba lejos al NODUCA en muchos sentidos. Dicho estudio fue publicado en Mexico e ignorado en Panamá; lo cual nos lleva a la pregunta: ¿Por qué ignoramos realidades?
En resumen, los humanos somos seres sociales que nos asociamos de forma natural; en otras, por la naturaleza. La verdadera «ciencia social» es la económica, que es la acción humana; lo que hacemos los humanos para poner la paila y vivir con seguridad.
Hay ciertos errores de política económica que la historia ha repetido con pasmosa regularidad, y cuya única virtud es la de instruirnos, una y otra vez, sobre los límites del conocimiento burocrático frente a la inteligencia dispersa del mercado. La propuesta que circula en la Asamblea Nacional de Panamá para imponer topes a la tasa de interés bancaria —incluyendo préstamos hipotecarios, comerciales e industriales— es uno de esos errores. No es nueva ni tampoco es inocente. Y sus consecuencias son perfectamente predecibles.
El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, hizo bien en oponerse públicamente a la medida. Pero su resistencia, aunque valiosa, no debería necesitar apoyo institucional para sostenerse: debería bastar con leer a Friedrich Hayek, a Ludwig von Mises, o con revisar cuarenta años de experimentos fallidos en economías que creyeron poder fijar el precio del dinero por decreto.
El precio del crédito no es un número arbitrario
Milton Friedman enseñó, con la claridad que solo da quien comprende profundamente un fenómeno, que los precios son señales. No son instrumentos de explotación ni caprichos de la banca: son información condensada sobre riesgo, liquidez, tiempo y expectativas. La tasa de interés, específicamente, es el precio que equilibra la preferencia temporal del prestamista con la necesidad inmediata del prestatario. Es el mecanismo por el que el mercado descuenta el futuro.
Cuando un legislador decide que ese precio es «demasiado alto» y lo recorta mediante una ley, no elimina el riesgo subyacente. Lo que hace es ocultarlo. El riesgo crediticio de un pequeño empresario informal, de una familia sin historial bancario, de un emprendedor sin garantías reales, no desaparece por el hecho de que el Estado prohíba cobrar por él una tasa de interés que lo refleje. Simplemente se convierte en un riesgo que ningún banco racional querrá asumir.
Y entonces ese prestatario —el más vulnerable, el que más necesita acceso al crédito formal— queda fuera del sistema.
El caso de Costa Rica: la evidencia que no debe ignorarse
El propio Ayón Wong citó el precedente más cercano y más elocuente: Costa Rica. Cuando ese país impuso topes a las tasas, aproximadamente 300.000 personas quedaron excluidas del sistema bancario formal y recurrieron a prestamistas informales que cobraban entre el 10% y el 20% quincenal. No mensual: quincenal.
Esto no es una anécdota curiosa. Es la demostración empírica exacta de lo que Hayek llamó «las consecuencias no queridas de las acciones humanas con propósito». El legislador quería proteger al deudor. Consiguió empujarlo hacia el usurero. Quería abaratar el crédito. Lo encareció de manera brutal para quienes más lo necesitaban. Quería incluir. Excluyó.
Este es el patrón invariable de toda intervención de precios: los beneficios se concentran en quienes ya están dentro del sistema —quienes ya tienen historial, garantías, acceso— mientras los costos se desplazan hacia los más frágiles, que quedan fuera de la protección formal y caen en la informalidad depredadora.
Von Mises y el problema del cálculo económico
Pero el problema va aún más profundo. Ludwig von Mises, en su crítica al socialismo y a toda forma de planificación central, identificó el problema fundamental: ningún organismo regulador —por más sofisticado que sea— posee la información necesaria para fijar correctamente el precio de un bien. Y el dinero prestado es un bien como cualquier otro.
La tasa de interés que emerge del mercado bancario panameño no es el resultado de una confabulación de banqueros reunidos en una sala oscura. Es el resultado de millones de transacciones, evaluaciones de riesgo individuales, decisiones de ahorradores, condiciones macroeconómicas, expectativas de inflación, calidad de las garantías y perfil de los deudores. Sintetiza información que ningún regulador puede recopilar, procesar ni interpretar con la velocidad y precisión que el mercado hace de manera descentralizada y continua.
Fijar un tope es, en términos misianos, pretender sustituir ese proceso de descubrimiento por la opinión de un comité. Y la historia del siglo XX —desde los controles de alquileres en Nueva York hasta los precios máximos de gasolina en Venezuela— ha demostrado que esa sustitución produce, invariablemente, escasez del bien cuyo precio se intenta reducir artificialmente.
La puerta que no debe abrirse
Friedman solía advertir que la diferencia entre un error de política económica y una catástrofe es el tiempo. Los errores de política se corrigen. Las instituciones que se construyen alrededor de esos errores se perpetúan.
El riesgo más grave de la propuesta panameña no es la regulación en sí misma, aunque sus efectos serán nocivos. El riesgo mayor es la lógica que abre. Porque si el Estado puede fijar el precio máximo de un crédito hipotecario, ¿por qué no del préstamo comercial? ¿Por qué no del crédito de consumo? ¿Por qué no del plazo de pago? ¿De las comisiones? ¿De las garantías exigibles?
Hayek lo explicó con su concepto de la «pendiente resbaladiza» institucional: cada intervención crea distorsiones que parecen requerir nuevas intervenciones para corregirse. El control de precios genera escasez; la escasez genera racionamiento; el racionamiento genera corrupción y clientelismo en la asignación del crédito. Al final, el mercado financiero deja de ser un mercado y se convierte en un sistema de distribución política de recursos.
Panamá tiene, precisamente, uno de los centros bancarios más sólidos y competitivos de América Latina. Esa solidez no es accidental: es el resultado de décadas de no hacer exactamente lo que ahora se propone. El sistema de dolarización, la ausencia de banco central emisor, la competencia entre entidades y la ortodoxia regulatoria han creado un entorno en que el crédito fluye con eficiencia notable. Destruir esa arquitectura institucional con una sola ley es perfectamente posible. Reconstruirla llevaría décadas.
La justicia real está en la competencia, no en el decreto
La preocupación que subyace a esta propuesta —que los ciudadanos de menores recursos pagan una tasa de interés desproporcionada— es legítima en su diagnóstico social, aunque errónea en su prescripción. La respuesta correcta al crédito caro no es prohibir que sea caro: es crear las condiciones para que más actores compitan por otorgarlo.
Eso implica reducir los costos de entrada al sistema financiero, promover la banca digital y las fintech, fortalecer los buros de crédito para que el historial crediticio sustituya a las garantías físicas, y mejorar el marco de insolvencia para que prestar sea menos riesgoso. Todo ello bajaría la tasa de interés de manera orgánica y sostenible, sin excluir a nadie.
Un decreto que fija el precio máximo del crédito no hace justicia a los deudores. Los abandona.
Quien abra esta puerta no encontrará al otro lado la protección que promete. Encontrará al prestamista informal esperando, con tasas que ningún regulador tendrá poder de controlar. Y entonces, inevitablemente, alguien propondrá regular también eso.
Y así sucesivamente, hasta que no quede mercado que regular.
El diagrama sintetiza visualmente la cadena causal que Hayek denominó las consecuencias no queridas: la buena intención legislativa recorre un camino predecible hasta depositar al deudor más vulnerable precisamente en manos de quien la ley quería protegerle.
El artículo está escrito desde la tradición de Friedman en su rigor empírico —el caso costarricense como evidencia—, de Hayek en el argumento institucional sobre el conocimiento disperso y la pendiente intervencionista, y de Mises en la crítica epistemológica al cálculo central. Los tres convergen en la misma conclusión: el precio del crédito no es una variable política, y tratarlo como tal destruye exactamente lo que se pretende construir.
Hay obras de infraestructura que son simplemente carreteras. Y hay otras que son, en realidad, declaraciones geopolíticas. El Corredor Bioceánico de Capricornio pertenece firmemente al segundo grupo. Con 3.250 kilómetros de extensión, atravesando cuatro países y uniendo los puertos atlánticos del Brasil con los puertos chilenos del Pacífico a lo largo del trópico de Capricornio, este corredor es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del continente americano. Y su cuenta regresiva ya arrancó.
La pieza que faltaba: el puente sobre el Paraguay
Durante años, el eslabón más débil del corredor fue el cruce del río Paraguay. La pieza que cierra el sistema es el puente atirantado «Bioceánica», de más de 1.300 metros, que conectará Brasil con la orilla paraguaya entre Porto Murtinho y Carmelo Peralta. Mientras no existía ese puente, el cruce se hacía en barcaza, añadiendo horas de espera y limitando el tonelaje. Hoy eso está a punto de cambiar. La obra ha alcanzado aproximadamente el 90% de ejecución, con una previsión de conclusión para agosto de 2026, y está financiada con 93 millones de dólares aportados por la Itaipu Binacional.
El trazado completo es una geografía de ambición: entra en suelo brasileño por Campo Grande y Porto Murtinho, cruza a Paraguay por Carmelo Peralta y Mariscal Estigarribia, atraviesa el norte argentino por Tartagal, Jujuy y Salta, y sale al Pacífico por los puertos chilenos de Antofagasta y Tarapacá. Por primera vez, estas regiones quedan unidas por una autovía continua diseñada con estándares logísticos modernos.
La lógica de la Ruta de la Seda en versión sudamericana
No es casual que analistas comparen el corredor con la gran estrategia china del Cinturón y la Ruta de la Seda. Sudamérica replica la lógica de las grandes rutas terrestres del modelo chino, donde Pekín lleva una década construyendo corredores asfaltados y ferroviarios que conectan provincias interiores con puertos. La diferencia es que aquí el motor no es un Estado único, sino un acuerdo entre cuatro gobiernos que, no sin fricciones, han logrado avanzar.
El argumento económico es poderoso. Un barco que sale desde Brasil puede tardar más de 60 días en llegar a Japón. Gracias al Corredor Bioceánico, esa cifra podría reducirse a la mitad si las exportaciones se redirigen por los puertos del norte de Chile. Las autoridades paraguayas estiman que se recortarán hasta 8.000 kilómetros de navegación hacia China, y que los tiempos logísticos del comercio internacional se reducirán hasta 14 días.
El eslabón que cruje: Argentina
El cuadro, sin embargo, tiene una grieta notable. Mientras Brasil, Paraguay y Chile avanzan con determinación, Argentina aparece como el eslabón más débil. El ajuste de la administración Milei paralizó las obras del tramo argentino del Corredor: el gasto en infraestructura cayó un 82,3% en términos reales durante los primeros meses de 2024, y más de 2.000 obras dejaron de financiarse en el país. Salta y Jujuy, el corazón del tramo argentino, esperan inversiones que la Nación no termina de confirmar. El corredor puede operar sin Argentina —técnicamente hay rutas alternativas— pero la ausencia argentina achica sus ambiciones y su velocidad.
La gran conjetura: ¿y el Canal de Panamá?
Aquí llegan las preguntas más interesantes. ¿Puede el Corredor Bioceánico hacerle sombra al Canal de Panamá? La respuesta honesta es: no de forma inmediata, pero sí de forma progresiva y en combinación con otras piezas del tablero.
El tránsito de un buque por el Canal de Panamá puede costar entre 500.000 y 800.000 dólares, una suma considerable que se traslada al flete y afecta a las tarifas comerciales. A eso se suman las sequías que en los últimos años han restringido el número de tránsitos diarios y generado colas de barcos que esperaban durante días. La vulnerabilidad climática del Canal es, paradójicamente, uno de los mejores argumentos de venta del Corredor.
La verdadera amenaza no viene solo del Corredor de Capricornio, sino de un ecosistema de rutas alternativas que están tomando forma simultáneamente. La logística marítima de China ya ha bajado a Sudamérica con el puerto de Chancay, inaugurado en Perú en noviembre de 2024, diseñado específicamente para recibir los grandes portacontenedores que conectan Asia con el continente. Y Brasil y China trabajan en estudios para un ferrocarril bioceánico desde Bahía hasta Chancay. El mapa se complica para Panamá.
La conjetura más razonable es esta: el Corredor Bioceánico no reemplazará al Canal —ese no es su objetivo inmediato ni su escala—, pero contribuirá a un reequilibrio del poder logístico en el hemisferio occidental. Cada tonelada de soja brasileña, cada cargamento de mineral chileno o de carne argentina que empiece a fluir por Antofagasta en lugar de Santos-Panamá-Asia, es un argumento financiero que debilita lentamente el monopolio panameño. Y en geopolítica, como en economía, los monopolios raramente sobreviven indefinidamente a la competencia.
Sudamérica lleva un siglo siendo el patio trasero de las rutas ajenas. El Corredor Bioceánico es, entre otras cosas, la primera señal seria de que el continente empieza a diseñar las propias.
El estrecho de Ormuz se sitúa geográficamente como la única vía de comunicación marítima entre el golfo Pérsico, al oeste, y el golfo de Omán y el mar Arábigo, al sureste. Este canal de escasa anchura divide la costa septentrional de la República Islámica de Irán de la península arábiga, delimitada particularmente por el territorio fragmentado omaní de Musandam y los Emiratos Árabes Unidos.
Su trascendencia estratégica es innegable al ser cuello de botella por el que transita gran parte del crudo transportado por vía marítima a nivel mundial. Dada la dependencia energética del planeta de los combustibles fósiles, cualquier modificación en su tráfico afecta gravemente la estabilidad económica internacional.
El paso inocente y en tránsito
El meollo del problema jurídico radica en determinar qué derechos asisten a los buques extranjeros durante su travesía por estas aguas. Para ello, es indispensable diferenciar entre el régimen de paso inocente y el de paso en tránsito.
Mientras el primero habilita al Estado ribereño para establecer regulaciones en aras de su seguridad y orden, el derecho de paso en tránsito garantiza libertades de navegación y sobrevuelo más amplias para un tránsito rápido e ininterrumpido que no puede ser suspendido unilateralmente.
La interpretación de ambos conceptos es el centro de las tensiones en esta zona de gran inestabilidad.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) es el principal texto jurídico que rige los espacios marinos a escala mundial. Este acuerdo estipula la delimitación de zonas como el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, prescribiendo asimismo reglas para la protección del medio marino.
Irán niega el derecho del mar
El valor estratégico del tratado radica en promover la paz y la utilización equitativa de los recursos oceánicos. Aun así, su eficacia se ve condicionada por el hecho de que no todos los Estados lo han ratificado plenamente. Esta falta de adhesión universal, como es el caso de Irán, representa un pilar básico para el análisis de las tensiones marítimas internacionales.
El derecho de paso inocente constituye una de las instituciones más significativas del régimen jurídico de los espacios marinos, pues busca armonizar la libertad de navegación con la seguridad estatal. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el concepto de paso se define como la navegación por el mar territorial con el propósito de atravesarlo sin penetrar en aguas interiores, o bien para dirigirse hacia ellas o salir de las mismas. Para que dicho tránsito sea legítimo, la norma internacional indica que este debe ser necesariamente rápido e ininterrumpido.
El principio básico que califica la condición de inocencia es que el paso no resulte, bajo ninguna circunstancia, perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. En ejercicio de su soberanía, el Estado costero está capacitado para promulgar leyes y reglamentos que regulen este derecho, especialmente en materias relacionadas con la seguridad marítima, la prevención de infracciones pesqueras y la preservación del medio ambiente.
De igual forma, el ribereño puede exigir a los buques extranjeros el cumplimiento de dispositivos de separación del tráfico o el uso de vías marítimas designadas.
Además, el ordenamiento jurídico faculta al Estado para suspender temporalmente el paso inocente en áreas específicas de su mar territorial cuando dicha medida resulte esencial para proteger su seguridad, como en el caso de ejercicios con armas, siempre que medie una publicación formal previa.
En segundo lugar, el régimen de paso en tránsito constituye la norma fundamental aplicable a los estrechos utilizados para la navegación internacional que comunican una parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva con otra área de igual naturaleza.
Este sistema jurídico especial nace como una necesidad imperativa para facilitar y asegurar las comunicaciones globales en puntos geográficos estratégicos. A diferencia del paso inocente, como ya se explicó más arriba, el derecho de paso en tránsito faculta a todos los buques y aeronaves a ejercer las libertades de navegación y sobrevuelo con el fin exclusivo de un tránsito rápido e ininterrumpido.
Una de las particularidades decisivas del régimen iraní es su carácter absoluto, pues la Convención prescribe de forma tajante que no habrá suspensión alguna de este derecho por parte de los Estados ribereños. Esta protección jurídica es considerablemente superior a la del paso inocente ordinario por el mar territorial.
Por lo tanto, el control del Estado ribereño es menor y queda limitado a la promulgación de leyes sobre seguridad de la navegación, prevención de la contaminación y control aduanero que no pueden, bajo ninguna circunstancia, denegar o menoscabar el ejercicio efectivo del tránsito.
En definitiva, este régimen jurídico prioriza la libertad de las comunicaciones internacionales sobre las prerrogativas soberanas de carácter local.
Libertad de navegación
El estrecho de Ormuz se clasifica jurídicamente como un estrecho internacional al conectar el golfo Pérsico con el mar Arábigo. En este contexto, el ordenamiento jurídico aplicable es el derecho de paso en tránsito, caracterizado por libertades de navegación y sobrevuelo que no admiten suspensión.
A pesar de ello, la República Islámica de Irán, al no haber ratificado plenamente la Convención y ser un objetor persistente, defiende en la práctica y en su legislación interna limitaciones similares al paso inocente. Teherán sostiene la facultad de exigir autorizaciones previas, oponiéndose al automatismo del tránsito.
Este choque entre la norma convencional y las pretensiones soberanas origina serias fricciones jurídicas y políticas que comprometen la estabilidad operativa en esta región estratégica. Además, las declaraciones de Donald Trump y las órdenes dirigidas al bloqueo del estrecho por parte de las fuerzas navales de las que dispone en la zona no contribuyen a rebajar la tensión y ponen de manifiesto el clima de inestabilidad existente.
La problemática en el Estrecho de Ormuz emana de interpretaciones contradictorias y de la falta de ratificación de la CNUDM por actores estratégicos, quienes dan prioridad a derechos soberanos frente al automatismo del tránsito.
El derecho y los estrechos internacionales
En definitiva, la posición del Estado persa no es una simple negación del derecho del mar: acepta las normas consuetudinarias que refuerzan su soberanía, mientras rechaza todas aquellas que limitan su control sobre el estrecho invocando su condición de objetor persistente.
Por otro lado, la comunidad internacional opera de tal forma que el derecho de tránsito en estrechos internacionales es vinculante para todos. La práctica estatal contemporánea revela una posición casi uniforme: los estrechos estratégicos como Ormuz no pueden quedar a discreción unilateral del Estado ribereño.
En esta línea, el derecho internacional trabaja menos como un sistema formal cerrado y más como un acuerdo estratégico que trata de garantizar la continuidad de la navegación global.
Hoy, Ursula von der Leyen ha presentado ante las cámaras con toda la solemnidad que el cargo permite, la nueva aplicación europea de verificación de edad. El anuncio es impecable en su retórica: proteger a los niños, acabar con los depredadores en línea, devolverle la inocencia a la infancia digital. «Los padres deben educar a sus hijos, no las plataformas», proclamó la presidenta de la Comisión Europea, con una frase que, en su superficie, suena casi libertaria. Casi.
Porque lo que von der Leyen no mencionó en su alocución es la paradoja fundamental que entraña toda esta arquitectura: para que los padres protejan a sus hijos sin que lo hagan las plataformas, la Unión Europea ha construido una plataforma estatal que lo hará por todos.
Los hechos, primero
La aplicación funciona de manera aparentemente sencilla: el usuario la descarga, la configura con su pasaporte o documento nacional de identidad, y a partir de ese momento puede «demostrar su edad» ante cualquier servicio digital. Von der Leyen asegura que es anónima, de código abierto y que ha sido probada en siete países, entre ellos España, Francia, Grecia, Italia, Dinamarca y Chipre. El sistema se enmarca dentro de un proyecto mucho mayor: la Cartera Europea de Identidad Digital, regulada por el reglamento eIDAS2, que deberá estar operativa para todos los ciudadanos europeos antes de finales de 2026.
El diagnóstico que mueve a Bruselas no carece de fundamento empírico: uno de cada seis menores sufre acoso en internet, los algoritmos de las plataformas están diseñados para generar adicción, y en 2023 se registraron más de 36 millones de denuncias de abuso sexual infantil en línea. Son números que hielan la sangre. Son números que, políticamente, hacen imposible cualquier objeción sin parecer cómplice del horror.
Y aquí comienza el problema.
Hayek tenía razón: las buenas intenciones no garantizan buenos resultados
Friedrich Hayek advirtió en «Camino de servidumbre» que los regímenes que más daño han causado a la libertad no arrancaron con manifiestos totalitarios, sino con programas de bienestar social llenos de compasión genuina. La intención no es el resultado. El instrumento no es neutral. Y el Estado que hoy vigila a los menores es el mismo Estado que mañana vigila a todos.
Preguntémonos lo que von der Leyen no preguntó en su rueda de prensa: ¿qué ocurre cuando cada ciudadano europeo debe identificarse con su pasaporte o DNI para acceder a servicios digitales? ¿Qué base de datos almacena esas verificaciones? ¿Quién audita al auditor? La presidenta afirma que la app es «completamente anónima» y que los usuarios no revelarán información personal más allá de su edad. Pero eso es técnicamente imposible: para verificar que alguien tiene 18 años, el sistema tiene que saber en algún momento quién es esa persona. El anonimato criptográfico que promete Bruselas puede existir en teoría; en la práctica regulatoria y política, las excepciones siempre aparecen.
La infraestructura del control no se desmonta
El argumento más grave no es lo que esta aplicación hace hoy, sino lo que hace posible mañana. Una infraestructura de identificación digital universal, vinculada a documentos de identidad nacionales y desplegada en todos los dispositivos del continente, es exactamente el tipo de herramienta que cualquier gobierno futuro —democrático o no— necesitaría para rastrear, filtrar y controlar el acceso de sus ciudadanos a la información.
Varias leyes similares en Estados Unidos —en Arkansas, Utah o Texas— ya han sido impugnadas judicialmente por invadir la privacidad. El Online Safety Act británico enfrenta críticas similares. No son objeciones tecnicistas: son defensas de un principio cardinal que la Europa de hoy parece haber olvidado, el de que la carga de la prueba recae sobre quien quiere vigilar, no sobre quien quiere ser libre.
El monopolio de la tutela
Hay algo más, menos técnico y más filosófico, que debería inquietarnos. Cuando el Estado asume la función de proteger a los niños en internet de manera sistemática y obligatoria, no está complementando a los padres: los está sustituyendo. No como excepción sino como norma. La responsabilidad parental, que es irreductiblemente individual y contextual, se convierte en un trámite burocrático que se delega en una app diseñada en Bruselas.
Los libertarios no negamos que internet presenta riesgos reales para los menores. Lo que negamos es la conclusión de que la respuesta óptima sea construir una infraestructura de identificación masiva gestionada por instituciones que no rinden cuentas ante ningún hogar concreto, ante ningún padre o madre específicos, sino ante la abstracción difusa de «la sociedad europea».
La alternativa no es la indiferencia. Son herramientas voluntarias, competencia entre soluciones privadas, educación digital real en las aulas, y responsabilidad contractual directa de las plataformas ante sus usuarios. Todo eso es más difícil de anunciar en una rueda de prensa con una aplicación reluciente. Pero es también lo que preserva la libertad cuando cambia el gobierno.
El precio de la seguridad perfecta
Von der Leyen dijo hoy que «ya no hay excusas» para que las plataformas no verifiquen la edad. Es una frase que debería hacernos temblar. Cuando un poder ejecutivo supranacional declara que ya no hay excusas para cumplir sus mandatos, está diciendo también que ya no habrá espacio para la desobediencia civil, para la privacidad técnica, para el anonimato legítimo.
Los niños merecen protección. Los ciudadanos adultos merecen privacidad. Y ambas cosas, en una sociedad libre, no deberían estar reñidas. El problema de la propuesta europea no es su objetivo, sino su método: construir la mayor infraestructura de identificación digital de la historia del continente para resolver un problema que requería, ante todo, más educación y más responsabilidad parental real.
El infierno, decía Hayek, no lo construyen los malvados. Lo construyen los bienintencionados que están seguros de tener razón.
El Estado, con mayúscula, se refiere a la comunidad organizada políticamente para constituir su seguridad, tanto interna como externa. “Estado» no es sinónimo de gobierno sino el pueblo que en su unión crea la entidad gubernamental con presidente, parlamento y un organismo que administre lo constituido. Desafortunadamente poca importancia se le ha dado al conocimiento y origen del Estado y de sus gobiernos, ya sea en los centros educativos o en medios informáticos y me pregunto si ello no sería a propósito de mantener el control del pueblo por medio de la ignorancia; ya que si no conoces que es estado y gobierno poco te darás cuenta de los abusos y manipulaciones viciosas.
El Estado nace cuando una comunidad de personas se organiza para crear los medios que le den una seguridad que les permita dedicarse a sus actividades económicas; es decir, el trabajo para sobrevivir en un mercado productivo. El estado y sus gobiernos están para evitar la anarquía. La triste realidad es que mientras la mayoría de las personas escogen vivir por medio de su creatividad y el trabajo, otros escogen hacerlo robando al productivo. Y mucho más triste cuando los gobiernos del Estado son secuestrados por los ladrones.
Aristóteles veía al Estado o la polis (la ciudad Estado) en la naturaleza del humano como ser social y político. Pero en ello Aristóteles destacaba que el Estado emergía a partir de la base de la sociedad, que es la familia, la villa, el pueblo y la ciudad; todo con miras a permitir el sustento y mejoramiento de la población, siempre orientado hacia lo virtuoso y el desarrollo o florecimiento. El problema surge cuando invertimos este orden y los gobiernos dictan a la población como deben actuar; ya que en tal situación el pueblo es el ganado y los gobernantes los vaqueros hacendados.
Algunos pensadores Albert Jay Nock, advertían sobre el poder excedido y escribió libros con títulos como “La Criminalidad y el Estado” y “Nuestro Enemigo, el Estado”. Para Nock el Estado era la encarnación de los medios políticos, que en la historia no surgió por la vía de la cooperación sino de la conquista y la barbarie; y, cambiar de una gobernanza dictatorial y abusiva a una limitada y subsidiaria ha sido tan difícil que aún no es lo típico.
El problema ocurre cuando el organismo estatal interrumpe o altera la organización y cooperación voluntaria y va metiendo normas compulsorias como los impuestos exagerados, los controles de precio y tantas otras leyes metiches. Y mucho peor cuando los gobiernos invaden actividades propias de la población, como la educación, agua, transporte, etc.; ya que ello viola groseramente el principio de subsidiaridad y favorece la rapiña.
El enredo comienza cuando le damos al Estado y a sus gobiernos la fuerza de la coerción; la cual bien usada, de manera limitada y en contra del criminal, es bueno; pero por el mismo camino se presta para el surgimiento de los gobiernos de rapiña. Todo ello lo vemos con el surgimiento de la burrocracia, los compinches, y grupos de intereses, El interés típico del político panameño es egoísta y si no lo vemos en el desgobierno a nuestro alrededor, que el Señor nos ampare.
En fin, darles poder a una clase gobernante viciosa es abrir las puertas a la corrupción y, desafortunadamente una población que no entiendes estas cosas fácilmente usará el mayor poder que tiene, el voto, no para limitar el poder desbocado sino para facilitarlo bajo la equivocada idea de que el gobernante ladrón derramará algunas migajas de sus mesas de banquete.
La reciente decisión de Irán de exigir el pago de peajes en Bitcoin para transitar el Estrecho de Ormuz no es simplemente una curiosidad geopolítica: es un acontecimiento histórico. Por primera vez, un Estado está utilizando un sistema monetario descentralizado como infraestructura de liquidación en un punto crítico del comercio global. Y eso, guste o no, cambia las reglas del juego.
Segúnmúltiples reportes recientes, Irán ha comenzado a exigir pagos en criptomonedas a petroleros que atraviesan este paso estratégico (por donde fluye alrededor del 20% del petróleo mundial) con tarifas que pueden llegar hasta millones de dólares o, en algunos casos, alrededor de 1 dólar por barril transportado. El objetivo declarado es controlar el tránsito durante un frágil alto el fuego, pero el objetivo real es mucho más profundo: escapar del sistema financiero internacional dominado por Occidente.
Bitcoin como arma de soberanía
Desde una perspectiva libertaria, esto confirma lo que muchos llevamos años defendiendo: Bitcoin no es una inversión, es una herramienta de soberanía. Es dinero sin permiso. Y cuando un Estado sancionado como Irán lo adopta para cobrar peajes, está reconociendo implícitamente que el sistema fiat, especialmente el dólar, no es neutral, sino político.
Irán no puede confiar en SWIFT ni en bancos occidentales sin exponerse a bloqueos o confiscaciones. Bitcoin, en cambio, permite recibir pagos de forma directa, global y resistente a la censura. Como señalan analistas, las transacciones en cripto “complican la interceptación o congelación de pagos en tiempo real”. Es decir: exactamente lo que Bitcoin fue diseñado, ser resistente a la censura.
El fin práctico del monopolio monetario
Este movimiento también ataca el corazón del sistema del petrodólar. Durante décadas, el comercio energético global ha estado denominado en dólares, lo que ha otorgado a Estados Unidos un poder desproporcionado sobre la economía mundial. Pero si un chokepoint como Ormuz empieza a aceptar Bitcoin, se abre la puerta a un comercio energético parcialmente desdolarizado.
No estamos hablando de una adopción ideológica. Irán no es libertario. Es un régimen autoritario que simplemente está utilizando la mejor herramienta disponible para sobrevivir a sanciones. Pero precisamente ahí está la lección: Bitcoin no necesita aprobación moral. Funciona porque es útil.
Y cuando incluso los Estados más hostiles al libre mercado lo utilizan, queda claro que el dinero descentralizado ha cruzado el Rubicón.
De la teoría a la infraestructura real
Hasta ahora, muchos críticos decían que Bitcoin no tenía “uso real” más allá de la especulación. Ese argumento acaba de morir. Aquí vemos Bitcoin integrado en una infraestructura física crítica: rutas marítimas, comercio de petróleo, logística global.
El proceso descrito, es decir el registro previo del cargamento, cálculo del peaje y pago rápido en Bitcoin antes de cruzar, convierte a la red en una capa de liquidación para comercio internacional en tiempo real. Esto no es teoría. Es infraestructura.
El lado incómodo: coerción y libertad
Ahora bien, un análisis honesto debe reconocer la tensión moral: este uso de Bitcoin no es voluntario. Es coercitivo. Los barcos pagan porque no tienen alternativa.
Pero esto no es un fallo de Bitcoin, sino una prueba de su neutralidad. El mismo protocolo que empodera a individuos frente a gobiernos también puede ser utilizado por gobiernos frente a otros actores. Bitcoin no discrimina; simplemente ofrece un sistema monetario incorruptible.
Desde una óptica libertaria, la solución no es rechazar Bitcoin, sino expandir su adopción para que todos tengan acceso a esta herramienta de soberanía (y no por los Estados convenientemente).
El mundo ya cambió
Lo que está ocurriendo en el Estrecho de Ormuz y el Bitcoin es un anticipo del futuro: un mundo donde el dinero ya no está completamente controlado por bancos centrales ni imperios financieros.
Bitcoin ha pasado de ser un experimento cypherpunk a convertirse en una pieza funcional de la geopolítica global. Y cuando el comercio de petróleo, la columna vertebral de la economía mundial, empieza a tocar la red, estamos ante un cambio de paradigma. Claro, no es la forma que hubiéramos deseado, pero sí señala una dirección. No es el fin del sistema fiat… todavía. Pero es el principio del fin de su monopolio.
Y como libertarios, eso es exactamente lo que llevábamos esperando.
La élite o élites se refiere a esa minoría selecta, que supone ser superior o rectora gobernante; y la definición de la IA la he alterado yo debido que la IA no dice que “supone ser superior” sino sólo superior; lo cual me deja pensando… ¿superior en qué? En el pensamiento romano político y clásico el vocablo “superior” existen dos vertientes, la de “autoridad” y la de “potestad”:
“Autoridad” viene de autor, o quien conoce y escribe la obra y aportando valor y crecimiento, actuar que le da prestigio y legitimidad.
“Potestad” es la capacidad legal respaldada por la fuerza para mandar; sea o no “autoridad” que tenga los méritos, o la razón.
En el escenario panameño vemos exceso de una potestad adaptada al pillaje, pero poca o ninguna para hacer crecer al país y sacar a los pobres del pantano de la pobreza. Y, el uso típico que le hemos dado al término “élite”, rabiblanco y tal, es para referirse a la oligarquía del Club Unión; sin importar de que esa oligarquía ya poco suena o truena. La realidad y el problema es que la élite y la oligarquía de antaño ha mutado dando cabida a una élite con rabos multicolor. Y, tristemente, en ello, se ha formando una mafia que busca justificación legal con poca moral.
Hoy estamos frente a lo que se conoce como una “movilidad social oportunista” que se vale del mimetismo para sus fechorías. Ahora, desde el poder político y económico, no aportan nuevos valores, sino que, habiéndose copiado los vicios y estética de la vieja guardia, buscan validar su corrupto actuar disfrazándose de pobres; aunque ya muchos son más ricos que los ricos del ayer.
Antaño, el poder de los rabiblancos se basaba, más que nada, en la propiedad de la tierra, ya que verdaderos comerciantes no eran; su negocio, empresa o emprendimiento estaba en el Palacio de las Garzas y tal. Era allí desde dónde fluía y sigue fluyendo el chen-chen que le sustraen al sector realmente productivo; ya que nuestros gobiernos monopólicos nada tienen de productivos; y más bien son destructivos.
La nueva rabiblancura busca legitimidad aprendida en el corrupto ayer; haciéndose pasar por lo que no son… gobernantes. A diferencia, extranjeros que llegaron a Panamá pobres, crearon empresas que dieron miles de plazas de trabajo y desarrollo. Mi abuelo Novey solía decir, “quien con niños se acuesta, cagado amanece”, pues él rehusaba hacer negocios con el “gobierno”. Tristemente, yo no le hice caso y la empresa que fundé, luego de que me despidieran como director de aeronáutica, porque no era ladrón, fracasó porque a pesar de que ganábamos contratos y nuestro producto era de primera, no accedimos a pagar las coimas. ¿Cómo pagarlas si no las habíamos incluido en el presupuesto?
Tristemente, tanto los rabiblancos de antaño como la nueva mezcolanza de rabos multicolor carecen de ética, caminando en malandar. Hoy, como ayer, el pueblo vota por los más corruptos pensando que estos les derramarán despojos desde las mesas de sus banquetes; lo cual aflora en aquello de “robó, pero le dio al pueblo”. En fin, los que hoy llamamos “élites”, en buena medida son mutantes que se graduaron en las universidades del desenfreno.
Ahora, el gobierno y la gobernanza secuestrada se disfrazan de emprendedores, en actividades que no es “gobierno ni gobernanza”. Son las élites del engaño y la rapiña. Y mientras el pueblo languidece en los arables periurbanos de pobreza, los empresarios extranjeros tienen el campo libre para emprender; y… menos mal, ya que alguien debe producir para lograr prosperidad.
Uno de los principios más elementales del liberalismo es la estricta separación entre el poder político y los negocios privados. No por una cuestión moral abstracta, sino por una razón profundamente práctica: cuando esa frontera se diluye, emerge inevitablemente el sistema prebendario, donde el éxito económico deja de depender del mérito y pasa a depender del acceso al poder.
El reciente escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA vuelve a poner este problema en el centro de la escena. La promoción pública del activo por parte del presidente generó un aumento explosivo de su valor seguido de un colapso abrupto, con pérdidas millonarias para miles de inversores y ganancias concentradas en unos pocos actores con información privilegiada.
Más grave aún, investigaciones posteriores han revelado posibles vínculos previos, comunicaciones directas y hasta la existencia de borradores de acuerdos económicos asociados a esa promoción, lo que ha derivado en denuncias judiciales, pedidos de investigación y cuestionamientos éticos de fondo.
Sin embargo, el problema excede lo jurídico. Puede que algunos aspectos terminen siendo legales o indemostrables en términos penales. Pero el liberalismo no se agota en la legalidad. Existe una dimensión anterior y más exigente: la legitimidad.
El fenómeno que aquí se observa no es nuevo. Es el clásico patrón de captura del poder por intereses privados o, en su variante más moderna, de utilización del poder para habilitar negocios que no existirían sin esa influencia. En términos de la teoría de la elección pública (public choice), los incentivos están alineados: quien detenta poder tiene la capacidad de generar beneficios extraordinarios, y quienes buscan esos beneficios tienen incentivos para acercarse al poder.
El resultado es un sistema donde las oportunidades no se distribuyen en función del talento o el riesgo asumido, sino en función de la cercanía política. Eso es, precisamente, el prebendarismo.
Y aquí radica el punto más delicado: cuando este tipo de prácticas ocurre bajo gobiernos que se presentan como liberales, el daño es doble. No sólo se afecta la confianza institucional, sino que se erosiona el propio capital simbólico de las ideas de la libertad.
Porque el liberalismo no es un discurso antiestatal en abstracto. Es una ética del poder. Implica límites, implica renuncias, implica —sobre todo— la decisión consciente de no utilizar la posición pública para generar ventajas privadas.
Cuando esa barrera se rompe, lo que queda no es un “liberalismo imperfecto”. Es otra cosa. Es la repetición de un patrón histórico donde el poder político deja de ser árbitro y se convierte en jugador.
Y en ese punto, la narrativa de la “casta” pierde sentido. Porque el problema nunca fue sólo quién estaba en el poder, sino qué se hace con él.
En cualquier economía sana, hacer negocios depende del mercado. En una economía capturada, depende del poder.
Y cuando esa lógica se instala, el sistema deja de premiar la innovación y empieza a premiar la proximidad.
Por eso, el verdadero daño de estos episodios no está únicamente en las pérdidas económicas o en las investigaciones judiciales en curso. Está en algo más profundo: la degradación de las reglas de juego.
Un gobierno que prometía terminar con los privilegios no puede, sin costo, ser percibido como parte de ellos.
Porque en política, como en los mercados, la confianza es el activo más valioso.
Y una vez que se pierde, no hay relato que la reconstruya.
