El propósito fundamental de una norma debería ser reflejar fielmente la realidad física y social que pretende ordenar. Cuando una regulación se divorcia de la geografía, de las capacidades económicas y de la vida cotidiana del ciudadano común, deja de ser una herramienta de orden para convertirse en un absurdo desorden burocrático, una desconexión que perjudica al inocente. En Panamá, por desgracia, abundan las normas redactadas bajo el confort del aire acondicionado de la capital, diseñadas con una alarmante miopía, no sólo frente al interior profundo de la República, sino a la realidad y disparidad socioeconómica del país. Que aunque la disparidad es natural, debemos esforzarnos en hallar y poner en práctica las mejores normativas para lograr paridad ante la ley.

Un ejemplo flagrante de esta desconexión lo encontramos en las regulaciones sobre la posesión legítima de herramientas de defensa. La normativa exige, entre una larga lista de requisitos administrativos, que quien aspire a obtener una licencia de posesión de armas de fugo deba estar afiliado a un ‘club de tiro’ privado. Uno se pregunta de inmediato: ¿cuántos pequeños productores, ganaderos o nativos en las montañas de Veraguas, la campiña de Azuero o las tierras altas de Chiriquí tienen acceso físico o financiero a un club de tiro?

La respuesta es obvia. Esta clase de exigencias no responde a una lógica de seguridad ciudadana real, sino a una visión puramente burrocrática y centralista. El productor rural necesita proteger sus cosechas, su ganado y su patrimonio de los depredadores o del hampa común. Al imponer barreras de entrada que solo pueden cumplir quienes residen en las áreas urbanas o poseen un alto poder adquisitivo, la normativa produce un efecto perverso: desarma por completo al ciudadano honesto y trabajador del Panamá rural, condenándolo a la total indefensión o a una ilegalidad técnica sobrevenida, mientras el delincuente —a quien la ley le tiene sin cuidado— opera con absoluta impunidad.

Esta desconexión con el entorno práctico se manifiesta también en la arbitrariedad con la que el Estado clasifica los riesgos. Un claro ejemplo es el tratamiento regulatorio de ciertos artículos tecnológicos de uso recreativo o deportivo, como las armas de aire comprimido o neumáticas de alta potencia. Hoy en día, estos dispositivos poseen capacidades de impacto y letalidad que rivalizan directamente con las armas convencionales de fuego de pequeño calibre. Sin embargo, debido a que escapan de las definiciones tradicionales de los textos legales antiguos, se comercializan y transportan sin mayor restricción ni laberinto reglamentario. Y esto ni siquiera entra a vislumbrar las armas futuras que ya asoman, tal como los drones y otras que ni soñamos y que evolucionarán muchísimo más rápido que cualquier normativa.

Así se configura la paradoja de nuestro enredo normativo: el sistema despliega una severidad implacable para asfixiar al ciudadano de bien con requisitos impracticables y costosos, pero al mismo tiempo muestra una ceguera total ante realidades fácticas de igual o mayor relevancia. Las normativas se convierten en un fin en sí mismas, enfocadas en la recolección de timbres, sellos y membresías en lugar de evaluar la verdadera intención del individuo y la realidad del territorio. Cuando la burrocracia se obsesiona con el control del papel y olvida la naturaleza viva de la sociedad, la ley pierde su autoridad moral y termina siendo, simplemente, un obstáculo para la supervivencia y la justicia.

Nota: El Enredo Normativo (Parte II)