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Categoría: Marcos Regulatorios

  • Lecciones norteamericanas sobre la legalización del cannabis recreativo

    Lecciones norteamericanas sobre la legalización del cannabis recreativo

    La legalización del cannabis recreativo (hablamos solo del uso lúdico, no del medicinal) es una realidad consolidada en parte de Norteamérica. Tanto Canadá como 24 estados de EE. UU. (además de tres territorios y el distrito de Columbia) permiten este tipo de consumo. Esta coexistencia ha creado un laboratorio natural que permite observar los efectos sociales, sanitarios y económicos de la legalización en contextos culturales muy semejantes.

    Aumento del consumo y sus consecuencias

    Uno de los aspectos observados tras la legalización es un aumento del uso de cannabis en algunos segmentos de la población, tanto de manera esporádica como frecuente. Este cambio pueden inferirse de encuestas de consumo, pero también de consecuencias derivadas del mismo. En Canadá, tras un periodo de contención inicial, las urgencias médicas y los ingresos hospitalarios relacionados con el cannabis y los brotes psicóticos inducidos por esta droga aumentaron. En parte podría explicarse por la disminución de la percepción de riesgo.

    Alteración en la percepción del riesgo

    Cuando un producto pasa de la ilegalidad a la venta regulada, la percepción social del riesgo tiende a disminuir y se produce un proceso de normalización que afecta especialmente a los jóvenes, favoreciendo la iniciación o el aumento del consumo. La legalización del cannabis no elimina sus efectos adversos, ampliamente documentados a nivel físico y mental, pero puede contribuir a ocultarlos bajo una apariencia de sustancia “segura” o “natural”. Así ocurrió históricamente con el alcohol y el tabaco, cuya integración en el mercado legal fue acompañada de estrategias que minimizaron sus riesgos.

    Cambios en el mercado legal

    Más allá del cambio en la percepción, la gran transformación está en el mercado. Sus principales consecuencias son tres:

    1. La legalización ha hecho más accesibles y visibles los lugares de venta.
    2. El porcentaje del compuesto del cannabis responsable de los efectos que busca el consumidor recreativo (THC) ha aumentado. Es decir, mismas cantidades tienen más efectos psicoactivos, aumentando los casos de intoxicación por su uso.
    3. La venta legal ha impulsado la aparición de una gran variedad de formas de administrar el cannabis: flores, aceites, comestibles, extractos y, quizá lo más preocupante, bebidas que empiezan a ser muy populares entre la población joven. Ya no solo se fuma y eso abre un nuevo horizonte a las empresas que lo comercializan. Es decir, se ha legalizado el cannabis recreativo en el contexto de sociedades de consumo.

    Persistencia del mercado negro

    Uno de los propósitos más importantes de la legalización era reducir el mercado negro. Aunque la comercialización legal supone muchas ventajas que veremos más adelante, no ha eliminado la venta ilegal. De hecho, en lugares como Nueva York, el cannabis más consumido se sigue consiguiendo de forma clandestina. Al no estar controlado con impuestos, el producto se vende más barato, haciendo que las ventajas de la legalización se diluyan. En Canadá, se estima que el porcentaje de consumo ilegal está en torno al 30 %.

    Buenas noticias

    Existen elementos positivos de la legalización. La evidencia es clara: se ha registrado una reducción de los delitos relacionados con el cannabis. Tanto en Canadá como en los estados de EE. UU. donde se ha aprobado, los arrestos y detenciones por delitos relacionados con el cannabis se han desplomado entre un 70 % y un 90 %, lo cual libera recursos para delitos de mayor gravedad, reduce la carga policial sobre sectores poblacionales más penalizados por infracciones menores y facilita su reinserción laboral y educativa (en muchos estados, los delitos previos a la legalización han sido borrados).

    Las otras buenas noticias derivan del aumento de ingresos fiscales y la posibilidad de someter al cannabis a controles sanitarios, etiquetado y límites de contaminantes. Esto reduce los riesgos asociados al producto adulterado o contaminado, comunes en el mercado negro. Además, la legalización ha abierto espacio para un discurso más racional y menos estigmatizante sobre el consumo y sus riesgos, favoreciendo políticas de reducción de daños más realistas. Y permitiendo investigar mejor los efectos de su consumo.

    La legalización sin simplismos

    La legalización no es intrínsecamente negativa o positiva: depende en gran medida de cómo se diseñe, implemente y supervise. En Norteamérica, los beneficios esperados (recaudación fiscal, reducción del mercado ilegal, mejora del control del producto y disminución de condenas penales) están presentes, aunque el balance es incierto.

    La implantación de la venta legal requiere periodos de transición y campañas sobre sus riesgos, así como marcos regulatorios sólidos que controlen el producto y su precio, restrinjan la publicidad e impidan el acceso a menores. En Europa, solo Alemania, desde 2024, permite el uso recreativo (en Países Bajos, no es exactamente legal). Pronto veremos qué lecciones sacar de su experiencia.The Conversation

    Luis Sordo, Investigador y profesor del Departamento de Salud Pública y Materno-Infantil. CIBERESP, Universidad Complutense de Madrid

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Comercio internacional en crisis: acuerdo UE-Mercosur bloqueado

    El reciente voto del Parlamento Europeo para remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a poner de manifiesto una paradoja fundamental del comercio internacional contemporáneo: un tratado de libre comercio —forjado durante más de 25 años de negociaciones— queda paralizado por mecanismos jurídicos internos que lo convierten en un terreno minado de litigios y vetos políticos antes incluso de entrar en vigor.

    Este acuerdo, que fue firmado el 17 de enero de 2026 y que aspira a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo —eliminando más del 90% de los aranceles entre la UE y los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)— debería representar un triunfo del comercio abierto.  Sin embargo, la decisión del Parlamento Europeo de someter el tratado a una revisión judicial y de demorar su aprobación durante posiblemente hasta dos años, pone en evidencia cómo las instituciones públicas, en lugar de facilitar intercambios beneficiosos, se convierten en obstáculos proteccionistas disfrazados de rigor legal.

    Desde una perspectiva liberal, este tipo de parálisis no solo es frustrante; es corrosivo para las propias bases del comercio internacional. El objetivo de un libre comercio genuino es permitir que individuos y empresas intercambien bienes y servicios voluntariamente, sin barreras artificiales que distorsionen precios, reduzcan eficiencia y limiten oportunidades económicas. Cuando el Estado —en este caso, a través de un órgano supranacional como el Parlamento Europeo— obliga a que un acuerdo comercial sea sometido a dilaciones jurídicas por cuestiones reglamentarias o de soberanía, está elevando las barreras estatales por encima de las decisiones de los actores económicos. El resultado inevitable es menor comercio, precios más altos y menor bienestar para consumidores y productores en ambas regiones.

    Este fenómeno no es exclusivo de la UE. En un contexto global donde Estados Unidos ha reforzado políticas proteccionistas en los últimos años —con aranceles u otras medidas defensivas siempre bajo justificaciones de seguridad nacional o política interna— se multiplica la percepción de que las grandes potencias prefieren controlar el comercio internacional a través del Estado antes que liberarlo en favor de individuos y empresas. En ambos casos, el proteccionismo se oculta bajo la bandera de “defender mercados domésticos”, pero termina perjudicando precisamente a quienes se pretende defender: los consumidores que pagan precios inflados y los productores que ven limitada su capacidad de competir en mercados más amplios.

    El debilitamiento o bloqueo de un acuerdo como el UE-Mercosur tiene consecuencias reales y tangibles: menor acceso a bienes más baratos, interrupciones en las cadenas de suministro, reducción de competitividad y una señal negativa para los países emergentes que buscan integrarse al mercado global. El bloqueo no solo retrasa beneficios económicos, sino que alimenta el ciclo de desconfianza entre bloques comerciales, empujando a gobiernos y legisladores a adoptar medidas aún más restrictivas para “proteger” sectores concretos. Así, por un laberinto judicial o un veto político, se sacrifican décadas de esfuerzos para conectar mercados.

    La crítica liberal al proteccionismo europeo o estadounidense no es dogmática ni abstracta: se basa en la experiencia histórica de que las economías abiertas generan mayor prosperidad, innovación y dinamismo que las cerradas. Para que los acuerdos de libre comercio cumplan su cometido, no bastan negociaciones interminables; deben ser facilitados, protegidos y defendidos como expresiones de la libertad económica. Cuando, en cambio, se convierten en objeto de litis judiciales o escudos arancelarios, los beneficiarios últimos no son los ciudadanos, sino las élites que obtienen réditos de la escasez y la burocracia.

    En última instancia, quienes siempre pierden con estas parálisis son los individuos: consumidores que pagan más, productores que venden menos y economías enteras que pierden competitividad. Si el objetivo declarado de los gobiernos es incrementar la prosperidad y la cooperación pacífica, deberían permitir que el comercio florezca, no entorpecerlo con tribunales y vetos políticos. El libre comercio debe ser libre no solo en el papel, sino en la práctica.

  • El Mercado y el Gobierno en el Cuadrilátero

    El pugilato entre la libertad de mercado y el control gubernamental político es un tema muy poco abordado en los medios informativos, lo cual es sumamente lastimoso ya que en ello bien puede depender la pobreza o riqueza de una nación. Y, para entrarle al tema, examinemos lo que es y no es el orden; particularmente el orden social que trae progreso real. El reto está en saber lo que es el verdadero orden social y no el desorden imperante que se sufre en tantos países, incluyendo Panamá.

    El elemento clave del buen orden está en una sana interrelación entre las personas; más específicamente en la familia. El mal se presenta y crece cuando gobernantes soberbios pretenden imponer un orden social que no parte desde la base que es la familia, el barrio; en fin, de abajo para arriba y no al revés. Dictar a la población cómo deben actuar es promover el desorden; ya que en adelante la gente se convierte en marionetas de las castas… ¡Uy!, no quiero llamarles “gobernantes” ya que eso no es gobernar.

    ¿Crees que ordenar descuentos, salarios mínimos o tantas otras disposiciones legales de ley positiva? Es decir, la ley que te ordena a proceder como quieren los políticos, que es muy diferente a la ley negativa; vale decir, la ley que te prohíbe el verdadero desorden, tal como: matar, robar, golpear, orinar en media calle y tal.

    El reto es que sepamos distinguir qué clase de leyes producen un buen orden social y cuáles no. Cuando el restaurante quiebra por tantos descuentos a jubilados ¿acaso eso promueve buen orden y desarrollo? ¿Cómo pueden buenos empresarios dirigir la barca de su negocio cuando los politicastros le están metiendo la mano en el timón?

    Espero que ya vaya el lector dándose cuenta de lo difícil que es diferenciar entre el orden y el desorden. Henry Adams sentenció que “el caos era la ley de la naturaleza; y el orden era el sueño del hombre.” O… veamos el mundo, ¿crees que Dios lo creo todo ordenadito? No, lo creo para que nosotros lo ordenáramos. ¿Qué gracia habría sido una Creación en la cual todo estaba ordenadito desde el Palacio Celestial?

    Para mí existe orden cuando la gente puede intercambiar productos y servicios sin tener metido al politiquero. Pero cuando la ley te dice que el gobierno puede intervenir en toda empresa, tal como lo dice la constitución de Panamá, ¿crees ese ordenamiento es orden? Y regresando el “cuadrilátero” del título de este escrito, ¿te imaginas lo que sería el box si los políticos se meten al ring a dar órdenes a los boxeadores?

    Tristemente, los torcidos políticos y sus compinches disque empresarios son unos engreídos que creen tener la capacidad imponer orden social desde el Palacio de las Garzas. Bueno, tal vez sí, pero no con más gobierno sino con menos. Panamá podría funcionar de maravillas sin impuestos. ¡Claro!, para ello tendríamos que reducir en grande el aparato de desgobierno; limitándolo a lo que sí es gobierno.

    Un expresidente contrató a nuestra empresa de consultoría para hacer un programa de cálculo impositivo y, el programa demostró que podríamos bajar el impuesto corporativo a 10% y el de renta a 5%; y eso sin reducir el tamaño del aparato del desorden.

    Y lo más serio es que no imaginamos lo que trae la AI y la robótica. La AI y los robots sólo nos quitarán el trabajo mecánico, dejando a los humanos encargados de hacer lo que las máquinas no pueden. No fuimos creado para ser bestias de labranza, sino para cosas mucho más celestiales.

  • Guerra silenciosa en alta mar: ¿cómo operan los barcos fantasma?

    A simple vista podría parecer un petrolero más. Tenía el casco oxidado, bandera extranjera y una ruta aparentemente comercial. Nada que llamara la atención en un océano por el que navegan decenas de miles de buques cada día. Sin embargo, el 7 de enero de 2026 Estados Unidos interceptó y detuvo el petrolero Marinera (antes conocido como Bella 1) en aguas del Atlántico Norte durante la operación “Lanza del Sur”, que culminó tras varias semanas de seguimiento.

    No fue una inspección rutinaria ni un problema administrativo. Estados Unidos lo abordó porque las autoridades lo consideran parte de una red de transporte que evade sanciones internacionales y opera fuera de los controles habituales del comercio marítimo.

    Flotas en la sombra

    Se trataba de un barco encuadrado en lo que expertos llaman “barcos fantasma” o “flotas en la sombra”. Esto es, petroleros que, aunque figuran en registros oficiales, cambian de nombre, de bandera y de propietario con frecuencia para ocultar su actividad real y sortear sanciones económicas.

    Este tipo de buques aparece y desaparece de los sistemas de seguimiento, realiza transferencias de carga en alta mar y suele estar asociado al transporte de crudo procedente de países sometidos a embargos, como Venezuela e Irán.

    Estamos viviendo días de gran intensidad informativa. Así que la noticia de la detención ha acaparado titulares, aunque casi siempre presentada como un episodio aislado del pulso geopolítico entre Estados Unidos y los países sancionados. Y esto puede resultar engañoso.

    Una flota paralela al margen de la ley

    El problema no es este petrolero concreto, sino la normalización de una flota paralela que opera desde hace años al margen de las reglas del comercio global y que solo aflora cuando uno de estos buques es interceptado, se hunde o provoca un incidente. Los barcos fantasma no son una excepción ni una anomalía: son el síntoma de un sistema marítimo que tolera la opacidad como parte de su funcionamiento.

    El término suena a película de aventuras fantástica. Pero la realidad, como en casi siempre en estas comparaciones cinematográficas, es mucho más prosaica y peligrosa. Estos buques existen porque el sistema marítimo internacional lo permite. Las banderas de conveniencia, pensadas en origen para facilitar el comercio, se han convertido en una herramienta perfecta para diluir responsabilidades.

    Registrar un barco en determinados países implica menos controles, menos preguntas y una enorme dificultad para saber quién está realmente detrás. Cuando a eso se le suma un entramado de empresas pantalla y aseguradoras opacas, el resultado es un buque que navega legalmente, pero fuera del radar político.

    Las vías alternativas del petróleo

    En los últimos años, este tipo de flota ha crecido de forma silenciosa al calor de las sanciones internacionales. Así, por ejemplo, cuando se bloquean las exportaciones de petróleo de un país, el crudo no desaparece. Busca caminos alternativos. Y esos caminos, cada vez más, pasan por petroleros que no figuran en las rutas habituales, que realizan transferencias de carga en alta mar y que aparecen y desaparecen de los sistemas de seguimiento como si el océano se los tragara.

    La operación estadounidense de estos días apunta precisamente a eso. No es un gesto aislado ni improvisado: es un aviso. Un mensaje de que Washington está dispuesto a perseguir esas rutas invisibles y a tratar el mar como un espacio donde también se hacen cumplir las sanciones. También significa que el océano ya no es un territorio neutro. Es un escenario más de la confrontación económica y geopolítica global.

    ¿Esto es algo nuevo? Ni mucho menos. En los últimos años hemos visto casos que, en su momento, parecieron episodios confusos y hoy encajan mejor en este patrón que se describe. Uno de los más llamativos por su relevancia internacional ocurrió en pleno conflicto en Siria. En los meses finales del régimen de Bashar al-Assad, cuando el control del territorio se desmoronaba y la atención internacional estaba puesta en el frente terrestre, un buque se hundió en el Mediterráneo en circunstancias nunca del todo aclaradas. Diversas informaciones periodísticas apuntaban a que estaba siendo utilizado para sacar material militar del país, aprovechando el caos del momento.

    Y no es un caso aislado o que ocurre únicamente al calor de los conflictos militares: también se reportan en toda la UE. Nunca hay una confirmación oficial concluyente. No son barcos de guerra, no van escoltados por fragatas ni figuraban en comunicados oficiales. Son, en apariencia, un buque comercial más. Y, sin embargo, sus hundimientos o interceptaciones revelan hasta qué punto los barcos civiles pueden convertirse en piezas clave de operaciones estratégicas cuando los Estados necesitan moverse rápido y sin dejar rastro.

    Sistemas que emiten señales incompletas

    Esa falta de confirmación oficial tiene también una explicación técnica concreta. El control del tráfico marítimo se apoya en sistemas como el AIS, un transpondedor que emite de forma continua la identidad, posición y rumbo de los buques. En condiciones normales es una herramienta básica de seguridad, pero en estos casos se convierte en una vía de ocultación. El sistema puede apagarse durante tramos sensibles o emitir señales incompletas, haciendo que el barco “desaparezca” de los mapas de seguimiento.

    A ello se suma el uso de transferencias de carga barco a barco en alta mar (operaciones conocidas como ship-to-ship) que permiten mezclar o redistribuir mercancías lejos de puertos y autoridades. Combinadas con cambios frecuentes de nombre, bandera y propietario legal, estas técnicas hacen que un buque siga siendo visible en los registros formales, pero que su carga sea prácticamente imposible de rastrear con certeza.

    Ahí es, precisamente, donde los barcos fantasma dejan de ser una curiosidad técnica para convertirse en un problema político de primer orden. Facilitan la evasión de sanciones e introducen un nivel de opacidad que desestabiliza el sistema internacional.

    Cuando no se sabe quién transporta qué, ni bajo qué autoridad real navega un buque, la rendición de cuentas desaparece, y con ella la capacidad de prevenir accidentes, conflictos o desastres ambientales, denunciados por numerosas organizaciones como The Ocean Foundation.

    Distorsión de precios y competencia desleal

    Obviamente, estos barcos no operan en el vacío. Afectan al mercado energético, distorsionan precios y generan competencia desleal frente a operadores que sí cumplen las normas. También ponen en riesgo a las tripulaciones, que trabajan en condiciones precarias y, en caso de incidente, quedan abandonadas a su suerte en un limbo jurídico.

    Y su existencia mina la credibilidad de las sanciones internacionales, que pierden eficacia cuando siempre hay una ruta alternativa dispuesta a sortearlas.

    Por eso la detención de un petrolero no es una anécdota. Es una fotografía de algo mucho más grande. De una economía sumergida que navega sobre el agua aprovechando vacíos legales y la dificultad de vigilar millones de kilómetros cuadrados de océano. De una guerra silenciosa que no se libra con misiles, sino con contratos opacos, registros lejanos y transpondedores apagados.The Conversation

    Paula Lamo, Profesora e investigadora, Universidad de Cantabria

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • El Mal de la Infraestructura es el Mal del Inframundo Político

    El término “infraestructura” nos llega del francés de por allá por 1875, que se refería a las estructuras que “infra”, es decir, lo que está por debajo; que en su momento particularmente referido a la ingeniería ferroviaria, al subgrado o base debajo de los polines y rieles. Hoy día el término “infraestructura” tiene varias acepciones, pero en este escrito es el conjunto de elementos, dotaciones o servicios para el buen funcionamiento de un país, ciudad u organización. En ello, mi escrito apunta a la causa de los graves problemas de los proyectos de infraestructuras gubernamentales que suelen fallar por una combinación de complejos factores y paso a apuntar algunos.

    Aunque el mal de las infraestructuras gubernamentales es variado y extenso, para mí el principal comienza o se da cuando los gobiernos del estado se toman para sí actividades de infraestructura que no debería, ya que no son propias de gobierno o la gobernanza; y una de ellas es la educación; tema sobre el cual escribí un libro intitulado “Educación ¿Estatal o Particular? ¿Cree el lector que “¿educar” es “gobernar?”; y disculpen que ponga tantas comillas, pero la respuesta de la pregunta va ligada al verdadero sentido de las palabras.

    Entre las causas más comunes, basadas en estudios y análisis globales:

    • Sobrecostos y subestimación presupuestaria — Los costos reales suelen superar en un 20-50% (o más) los estimados iniciales debido a riesgos no previstos, inflación o cambios en el alcance.
    • Retrasos en ejecución — Causados por problemas en expropiaciones, permisos ambientales, burocracia excesiva o lentitud administrativa.
    • Mala planificación y objetivos poco claros — Alcance mal definido, falta de estudios de viabilidad realistas o alineación insuficiente con necesidades reales.
    • Corrupción y opacidad — En licitaciones, adjudicaciones o ejecución, lo que genera elefantes blancos o proyectos abandonados.
    • Falta de recursos o restricciones irrazonables — Insuficiencia de financiamiento, personal calificado o tiempo adecuado.
    • Gestión deficiente de riesgos — No anticipar impactos ambientales, sociales, políticos o técnicos.
    • Falta de liderazgo y comunicación — Entre “stakeholders” (interesados), contratistas y gobiernos, lo que provoca descoordinación.

    Y lo grave es que cuando todo lo anterior es producto de los gobiernos metidos en dónde no deben meterse; es decir, en actividades que no son gobernar, entonces el problema lo sufren todos los ciudadanos. Pero si la mayoría de las actividades de infraestructura provienen del sector privado, fracasarán algunas empresas, pero quien paga el pato no es toda la nación.

    En el caso anterior está el caso del desarrollo de los ferrocarriles en los EE.UU., o el Ferrocarril de Panamá, que fueron tremendos éxitos en costos y operación. Pero la terminal aérea de Tocumen en la década de los 70 que originalmente fue cotizada en 21 millones terminó costando más de 80. Y ni hablar del Metro de Panamá que costó entre $120-137 millones el kilómetro en comparación al metro de Bogotá que estuvo entre $5 y 10 millones el kilómetro. Y lo que más me disgusta es que cuando señalo estas cifras, me contestan sandeces tales como: “Bueno, Bennett, es que las calles de Panamá son muy angostas…” ¡Por favor! Al precio de Metro podríamos haber cambiado todas las calles.

    Lo cierto es que las infraestructuras gubernamentales se aíslan de retroalimentación, disciplina y rendición de cuentas. Los gobiernos y sus politicastros no ven al mundo con gafas de cálculos económicos que es típico de obras carentes que no nacen de intercambios voluntarios sino de torcidas ambiciones. Son como el NODUCA que como todos somos dueños, nadie lo cuida. Como decía Heraclio: “La mayoría de personas viven dormidas aún cuando despiertan”.

  • Salario mínimo y empleo “mínimo” 

    Cada vez que se anuncia un ajuste al salario mínimo, el debate se enciende con la misma promesa: “subir el piso” para mejorar la vida de quienes menos ganan. Suena noble. Pero la pregunta incómoda sigue allí: ¿la norma realmente eleva el bienestar de los trabajadores más vulnerables o, en la práctica, termina cerrándoles la puerta del empleo formal?

    En Panamá, el salario mínimo no es una cifra única, sino un mosaico de tasas: se fija por región, actividad económica y tamaño de empresa, y se revisa al menos cada dos años. Eso no es un detalle técnico; es el corazón del problema. Cuando el Estado define precios —y el salario es un precio: el de la hora de trabajo— inevitablemente afecta decisiones de contratación, horarios, inversión y, sobre todo, supervivencia de negocios pequeños. El Decreto Ejecutivo del 10 de enero de 2024 formalizó ese esquema por hora y por categorías en todo el país.

    El marco reciente lo ilustra bien. En 2025, la propia mesa tripartita reconocía que el sistema vigente comprende 59 tasas para 74 actividades, y hablaba de un salario mínimo promedio alrededor de B/.636.80 mensuales; además, admitía que aún estaban en fase técnica sin cifras propuestas, revisando informalidad, mipymes y comportamiento del mercado laboral.  Ese punto es crucial: si el diagnóstico incluye informalidad y fragilidad empresarial, un aumento mal calibrado puede acelerar lo que se quiere evitar.

    Y, sin embargo, el proceso cerró con humo blanco. El 10 de diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo informó un “consenso histórico” entre trabajadores, empleadores y gobierno: nuevas tasas que regirán desde el 16 de enero de 2026, con ajustes descritos como escalonados y con ejemplos de incrementos de entre B/.9.50 y B/.15 mensuales en ciertos rubros y regiones.  Medios que citan despacho de EFE resumieron el resultado como aumentos de US$10 a US$15 al mes, también con entrada en vigor el 16 de enero de 2026.

    Ahora bien: incluso cuando el aumento es “moderado”, el impacto no se reparte parejo. En el mercado hay empresas holgadas y empresas al límite. Las primeras absorben costos o los trasladan con más facilidad; las segundas recortan turnos, frenan contrataciones o cierran. En esa transición, los primeros en quedar fuera suelen ser los de menor productividad inicial: jóvenes sin experiencia, trabajadores con baja escolaridad, personas con discapacidad, y quienes necesitan horarios flexibles. La ley, que pretendía ayudar, termina actuando como filtro.

    A esto se suma una realidad que hoy día ya nadie discute: la automatización avanza. Cuando el costo legal de contratar sube, la máquina compite mejor. No por maldad del empresario, sino por aritmética. Un incremento pequeño puede ser la gota que justifique el autoservicio, la cocina semiautomatizada o el reemplazo de tareas rutinarias.

    El objetivo debería ser que más gente gane más, sí, pero a través de productividad, formación, reducción de trabas y formalización, no solo por decreto. Si el salario mínimo se convierte en “empleo mínimo”, el precio lo pagan, paradójicamente, quienes menos margen tienen para esperar. Y esa es la ironía que Panamá debería vigilar muy de cerca en 2026.

  • Minería, propiedad y responsabilidad: una crítica al subsuelo estatal

    Desde un punto de vista liberal, la discusión sobre la minería suele desviarse hacia cifras agregadas: cuánto aporta al PIB, cuántos empleos genera o cuántos ingresos fiscales produce. Ese enfoque utilitarista, aunque común, elude la pregunta central: ¿con qué derecho se decide sobre el subsuelo y quién asume moralmente los daños que pueden producirse? En minería, esta omisión no es accidental, sino estructural. Cuando el subsuelo pertenece al Estado, la relación moral básica —persona, propiedad y responsabilidad— es reemplazada por una relación política: ciudadano, permiso y poder.

    El caso panameño sigue siendo ilustrativo precisamente por cómo se entrelazan decisiones judiciales, disputas políticas y una noción difusa de propiedad. La mina Cobre Panamá, una de las mayores del mundo, permanece sin operación productiva desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato que habilitaba su explotación. A diciembre de 2025, la mina continúa cerrada, sin reapertura autorizada, con actividades limitadas a mantenimiento, preservación ambiental y gestión de riesgos. El gobierno ha impulsado una auditoría integral independiente, cuyos primeros resultados preliminares comenzaron a conocerse a fines de este 2025 y cuyo informe final está previsto para inicios de 2026. Paralelamente, el diálogo entre el Estado y la empresa operadora, First Quantum Minerals, se mantiene abierto pero condicionado, sin que exista aún una decisión definitiva sobre reapertura, rediseño del proyecto o cierre permanente.

    Más allá del desenlace, el conflicto revela un problema moral profundo en la minería: la despersonalización de la responsabilidad que genera el régimen de propiedad estatal del subsuelo. Cuando el recurso “es de todos”, en los hechos no es de nadie en particular. Las comunidades cercanas a la mina no son propietarias, sino administradas. No otorgan consentimiento; apenas son informadas. Y cuando aparece un riesgo ambiental —afectación del agua, del suelo o de la salud— no existe un responsable claramente identificable frente a víctimas concretas, sino una cadena de permisos, excepciones y autoridades que diluyen la rendición de cuentas.

    Desde una ética liberal, esto es problemático. La libertad no consiste en autorizar actividades mediante decretos, sino en respetar el principio de no dañar a terceros y asumir plenamente las consecuencias cuando ese daño ocurre. El estatismo del subsuelo rompe esa simetría moral: quien decide no es quien sufre, y quien explota no responde directamente ante quienes cargan con el riesgo.

    Por eso, una salida libertaria no exige prohibir la minería ni idealizar la naturaleza, sino re-moralizar el sistema, acercando decisión y responsabilidad a las personas afectadas. Existen soluciones inteligentes de cooperación que no dependen de un Estado central omnipotente. Por ejemplo, acuerdos de servidumbre ambiental exigibles entre operadores y comunidades vecinas, donde se reconozcan límites claros de no-daño y obligaciones automáticas de reparación. O fideicomisos locales de garantía, financiados por la empresa mientras dure la actividad, administrados con participación ciudadana y liberados sin litigios cuando se verifiquen incumplimientos ambientales.

    Asimismo, el monitoreo ambiental con control comunitario y datos abiertos puede sustituir parte de la desconfianza política por verificación directa. No se trata de más burocracia, sino de más control por quienes viven con las consecuencias. Incluso mecanismos de arbitraje local o jurados vecinales permitirían resolver conflictos sin escalar cada desacuerdo al plano nacional, donde todo se vuelve ideológico y binario.

    El debate minero en Panamá —y en América Latina— no se resolverá preguntando si la minería “conviene” o no. La pregunta moral correcta es otra: ¿quién decide legítimamente sobre un territorio y quién responde cuando algo sale mal? Mientras el subsuelo siga siendo estatal, esas respuestas seguirán siendo evasivas. Paradójicamente, sólo allí donde la propiedad es clara puede hablarse de una protección genuina de las personas y del ambiente; los permisos políticos, en cambio, diluyen la culpa y vuelven moralmente opaca a la minería.

  • Soberanía individual frente al control estatal: la adhesión de Panamá a los nuevos acuerdos globales sobre criptoactivos

    La reciente decisión del gobierno panameño de adherirse a los acuerdos multilaterales CARF MCAA y CRS MCAA —instrumentos globales que obligan a intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos y cuentas financieras— se presenta como un paso hacia la “transparencia” y la lucha contra la evasión fiscal. Sin embargo, desde una perspectiva libertaria, esta medida es profundamente problemática. Más que promover un sistema financiero justo, consolida un modelo de vigilancia masiva que erosiona la privacidad, la soberanía individual, desalienta la innovación y limita la libertad económica de las personas.

    Las criptomonedas surgieron como respuesta a un sistema financiero dominado por intermediarios e instituciones estatales que han demostrado repetidamente su incapacidad para garantizar estabilidad, privacidad y equidad. Frente a ello, los criptoactivos ofrecen soberanía individual, descentralización y autonomía. Pero los gobiernos —temerosos de perder control— han encontrado en el discurso de la “evasión fiscal” una excusa perfecta para imponer regulaciones que nada tienen que ver con proteger a la ciudadanía y sí mucho con preservar el poder recaudatorio.

    El falso dilema: “regulación o evasión”

    El gobierno panameño sostiene que al unirse a estos acuerdos internacionales está reforzando su capacidad para combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y el uso ilícito de estructuras financieras digitales. Este argumento plantea un falso dilema: o aceptamos la vigilancia estatal masiva o permitimos la ilegalidad. Esa lógica es engañosa y peligrosa.

    Desde el punto de vista libertario, el Estado tiene la función de castigar delitos reales, no de fiscalizar preventivamente a toda la población bajo la presunción de culpabilidad. La evasión fiscal no se combate invadiendo la privacidad financiera de millones de usuarios, sino reduciendo la complejidad tributaria, eliminando incentivos perversos y estableciendo sistemas legales transparentes que no empujen a los individuos a buscar refugio ante la voracidad fiscal.

    Equiparar el uso legítimo de criptoactivos con actividades criminales es tan absurdo como decir que quien usa dinero en efectivo quiere lavar dinero. El efectivo no está en manos Estatales, y sin embargo no se prohíbe. El argumento sería igual de débil.

    Privacidad financiera: un derecho, no un privilegio

    Las criptomonedas permiten a las personas administrar su dinero sin depender de intermediarios y sin someter cada transacción al escrutinio estatal. Esta privacidad no es un lujo ni un subproducto accidental: es una garantía fundamental contra el abuso de poder.

    En países con crisis económicas, hiperinflación, congelamientos de cuentas o sistemas bancarios corruptos, la privacidad financiera ha sido la diferencia entre sobrevivir y perderlo todo. Obligar al intercambio automático de información financiera no solo es desproporcionado: mina la esencia misma de las criptomonedas como herramienta de soberanía individual.

    Muchos justifican estas medidas diciendo que “el ciudadano honesto no tiene nada que temer”. Esa frase históricamente ha servido para legitimar abusos. La privacidad no es una concesión estatal: es un derecho humano básico que limita el poder del gobierno, precisamente porque el poder sin límites se convierte inevitablemente en abuso.

    El caso de Nueva York: cómo la regulación excesiva destruye ecosistemas innovadores

    Un ejemplo histórico demuestra el riesgo de repetir errores: la BitLicense de Nueva York.

    En 2015, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York implementó una de las regulaciones más estrictas del mundo para empresas de criptomonedas: licencias costosas, auditorías invasivas, requisitos técnicos prohibitivos y barreras de entrada que solo las grandes corporaciones podían cumplir.

    ¿El resultado?

    • Emprendedores huyeron del estado.
    • Startups innovadoras cerraron o reubicaron sus operaciones.
    • Inversiones y talento migraron hacia jurisdicciones más abiertas.
    • El ecosistema cripto neoyorquino colapsó, dejando espacio únicamente para grandes instituciones financieras.

    Panamá, en ese momento, se benefició. Varios emprendedores tecnológicos y especialistas en finanzas digitales encontraron en el país un refugio más flexible, abierto y dinámico, donde experimentar sin la burocracia paralizante de Nueva York. Fue un ejemplo claro de cómo la regulación excesiva no protege al consumidor, sino que sofoca la innovación y expulsa talento.

    Hoy, con la firma de los acuerdos CARF y CRS, Panamá corre el riesgo de adoptar la misma filosofía restrictiva que llevó a Nueva York a destruir su propio ecosistema cripto emergente.

    Intercambio automático de información: vigilancia sin precedentes

    Los acuerdos firmados obligan a que toda la información relevante sobre criptoactivos manejada por empresas, intermediarios, exchanges o custodios sea reportada sistemáticamente a gobiernos extranjeros.

    En la práctica significa:

    • Monitoreo automático de transacciones.
    • Identificación obligatoria de usuarios.
    • Recolección centralizada de datos financieros sensibles.
    • Entrega de esa información sin necesidad de procesos judiciales.

    Esto equivale a una base de datos global del patrimonio privado de los ciudadanos. No solo es desproporcionado: es riesgoso. Los gobiernos fallan todo el tiempo en proteger datos; los hackeos a instituciones públicas se han vuelto rutinarios. La centralización siempre es un punto débil.

    La privacidad no debe ser tratada como sospechosa. Debe ser vista como una barrera legítima frente al poder, no como un obstáculo.

    El efecto sobre la innovación y la competitividad

    Un país que adopta regulaciones globalistas estrictas pierde competitividad automáticamente frente a aquellos que permiten mayor libertad. Las criptomonedas no reconocen fronteras: los emprendedores se van a donde haya menos barreras y más libertad.

    Panamá podría convertirse en un hub de innovación, pero difícilmente lo hará si se alinea con las jurisdicciones más conservadoras y reguladoras del mundo. La innovación florece donde el Estado se mantiene limitado y las personas pueden experimentar sin miedo a quedar atrapadas en laberintos burocráticos.

    Si Panamá sigue el camino de Nueva York, no solo expulsará talento: perderá la oportunidad histórica de posicionarse como un centro regional de libertad financiera.

    La libertad es mejor política pública que la vigilancia

    La adhesión de Panamá al CARF y al CRS representa una rendición ante un modelo global de vigilancia financiera. Se vende como “modernización” o “cooperación internacional”, pero en realidad es una pérdida significativa para la libertad de los ciudadanos.

    Desde una perspectiva libertaria, la lucha contra el delito no puede convertirse en excusa para restringir derechos fundamentales. Lo que Panamá necesita no es más vigilancia, sino más libertad, más competencia, más innovación y un sistema judicial eficaz que persiga delitos reales, no actividades voluntarias entre individuos soberanos.

    Repetir los errores regulatorios de Nueva York sería un golpe innecesario a la creatividad económica y al potencial del país. Panamá no debe aspirar a ser un engranaje más del aparato fiscalizador global, sino un faro de libertad financiera en la región.

  • Por qué Persisten los tranques en Panamá?

    Los tranques viales en Panamá persisten por diseño y corrupción. En su momento tuve la oportunidad de presidir el Comité Intergremial de Tránsito y Transporte de la APEDE y luego la de publicar internacionalmente un ensayo intitulado “Qué Funciona para Cambiar el Comportamiento Vial?; ensayo que a más de 15 años me siguen llegando referencias internacionales sobre el mismo y que explica en buena parte la pregunta inicial.

    Los factores o elementos que entran en juego son muchos y variados, pero no tenemos que irnos tan profundo para tener una idea sobre las razones del problema; el cual, no estaría muy equivocado al decir que ha sido por diseño o desgreño. Veamos al menos cuatro elementos claves del problema:

    1. El diseño de la ciudad y sus vías;
    2. La administración y comportamiento de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que, supuestamente, debe administrar las normas que rigen el comportamiento;
    3. la cultura de desorden que hemos sembrado, que va ligada a la corrupción de la ATTT.

    DISEÑO: En una de las reuniones de la comisión de la APEDE una participante se tomó el trabajo de hacer un estudio, sufragado por cuenta propia, en el cual se mostraban todas las incongruencias de los perfiles viales que eran de fácil adecuación pero que por razones que sólo podemos catalogar como desidia o tal, jamás se hicieron. De muestra estaba lo fácil y poco costoso de efectuar más uniones entre la Vía Porras y la Brasil.

    Años más tarde me tocó hacerle sugerencias a la exdirectora de la ATT,  de vías que podían ser de gran ayuda para descongestionar el norte de la Capital; consistente en una vía desde las casetas de Peaje del Corredor Norte sin pasar por la estación metro de San Isidro; y como estas ¿cuántas no habrá?.

    Más aún, a mucho menor costo de lo que fue el Metro, un verdadero metrobus, que incorporara rediseños viales rápidos. Pero, todo indica que en la construcción del Metro las prioridades estaban trastocadas; como se observa con el engaño de llamar “metrobus” a MiBus; el cual no es un metro bus o BRT (bus rapid transit – tránsito rápido por bus).

    Cultura de Desorden: La ATTT: Esta institución es totalmente corrupta e incapaz de cumplir con la misión encargada. Todos en Panamá saben y comentan que los agentes de policía se dedican a estafar a los conductores (coima), lo cual tiene fácil solución; y el hecho de que no se haga lo dice todo. Como también lo dice la cultura de manejo desordenado que existe y, el que los patrullas no circulen por falta de presupuesto para combustible. Y es que la única manera de administrar el comportamiento vial es patrullando y por eso se les conoce como “autos patrulla”. Sólo hay que ver el orden vial que había en la antigua Zona del Canal, que incluía a los diablos rojos.

    Hoy, al redactar este escrito de opinión, al abrir mis archivos del Comité Intergremial de Tránsito y Transporte de la APEDE, me encontré con un mar de estudios que constatan lo que he descrito: Evaluación a priori del TransMovil; Apertura del Sistema de Transporte Público en Panamá; la Guía de Planificación para el BRT y mucho más, en dónde queda muy claro que el desorden vial de hoy es por diseño y corrupción; a lo cual concluyo con el caso personal.

    Hace unos años me citaron por colisión y fuga, y cuando vi la citación la placa de vehículo que colisionó fue la de mi yate con remolque de 30 pies. Mi abogado me dijo: “te atiendo el caso pero te advierto te van a condenar porque los jueces de la ATTT los coimean». Así fue. Un día me llamó la directora de la ATTT para pedirme le preparara un plan de educación vial y aproveché para contarle. Me dijo que despediría a los jueces corruptos… la despidieron a ella. En apelación volvieron a condenarme. Consulté a mi vecino que presidía la CSJ y me contestó: “My Name is Panama”. Finalmente, me llamó una chica de la empresa de seguro para cobrarme los daños y le dije que siendo yo columnista de La Prensa y de la Estrella los iba a denunciar y esta me respondió: “Hay señor, soy nueva aquí y desconocía su caso…” ¡Jamás me volvieron a llamar!

  • La culpa no es del inmigrante: es del sistema

    La discusión sobre el inmigrante suele nublarse con emociones, prejuicios y simplificaciones. Pero si realmente queremos entender qué pasa —y qué no pasa— lo primero es recordar un principio básico de pensamiento crítico: correlation is not causation.
    Es decir: que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra.

    En fenómenos complejos, como la economía, la seguridad o la movilidad social, no existe una única causa suficiente. Siempre hay múltiples variables interactuando al mismo tiempo. Y adjudicarle toda la responsabilidad a un solo grupo —por ejemplo, los inmigrantes— no solo es conceptualmente incorrecto: es políticamente funcional, porque desvía la atención de quienes sí diseñan la estructura de incentivos de una sociedad.

    Argentina, Chile, Panamá o los Estados Unidos, son un caso ejemplar. Estos países fueron construidos por olas migratorias que buscaban libertad, trabajo, paz y la posibilidad de “hacerse la América”. Y lo lograron —no porque el continente fuera perfecto, sino porque el marco institucional permitía a cada persona trabajar, arriesgar, emprender y prosperar sin esperar subsidios ni protecciones especiales.

    Ese punto es clave: el inmigrante histórico venía detrás de libertades, no detrás de beneficios. No buscaba refugiarse en un Estado paternalista, sino en un sistema que lo dejara desarrollar su propio destino.

    El problema contemporáneo es distinto, y no por culpa del inmigrante. Si un país ofrece acceso irrestricto a bienes y servicios financiados con impuestos locales —sin requisitos claros de residencia, aportes o integración— la responsabilidad es de la política pública, no del individuo que responde racionalmente a los incentivos disponibles. Lo mismo ocurre con los temores que hoy circulan sobre religión, violencia o choques culturales: imputar colectivamente delitos, valores o intenciones a millones de personas que migran es tan irracional como injusto. La evidencia global muestra que la inmensa mayoría migra para trabajar, estudiar, escapar de regímenes opresivos o simplemente buscar una vida más segura. La violencia no “viene” con una nacionalidad, ni con una religión; emerge cuando los Estados fallan en asegurar justicia, garantizar la paz y hacer observar las reglas, que deben ser claras para todos.

    El error no está en abrir las puertas, sino en no fijar condiciones transparentes y parejas para quienes entran y para quienes ya están dentro. Criminalizar al migrante es siempre más fácil que admitir fallas estructurales —pero es, además, profundamente equivocado. Por eso, cuando alguien afirma que “la inmigración genera costos”, habría que corregir la frase: no es la inmigración; es la mala política migratoria.

    Si una reglamentación incumple la Constitución o crea beneficios que generan distorsiones, la solución no es cerrar la puerta a quienes vienen a trabajar, sino corregir la norma, ordenar el sistema y alinear incentivos.

    Culpar al inmigrante por aprovechar un marco institucional mal diseñado es tan absurdo como culpar al consumidor por comprar productos en oferta. Las personas —locales o extranjeras— actúan siguiendo su interés. Los incentivos los define el Estado.

    Además, la evidencia global contradice la narrativa simplista de que “los inmigrantes cuestan y no aportan”. La comunidad india en Estados Unidos, por ejemplo, duplica el ingreso medio del país, domina sectores de alta tecnología y registra el promedio de IQ y nivel educativo más alto en segunda generación. Este dato no es necesario para un argumento libertario —que se basa en la igualdad de derechos, no en coeficientes intelectuales—, pero sí desmonta el prejuicio de que solo algunos grupos “valen la pena”. Hostigar a alguien que produce, programa, trabaja y general valor en la sociedad no solo es moralmente miserable: es económicamente suicida.

    Si queremos mejorar, empecemos por el diagnóstico correcto: los problemas no vienen de afuera. Vienen de un sistema roto que nadie quiere arreglar.