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Etiqueta: Panama

  • La fragilidad institucional detrás de la crisis portuaria panameña

    La fragilidad institucional detrás de la crisis portuaria panameña

    La situación de los puertos Balboa y Cristóbal ofrece uno de los ejemplos más interesantes —y delicados— sobre cómo los problemas de diseño institucional terminan convirtiéndose, décadas después, en conflictos económicos y políticos de gran escala.

    La discusión pública suele reducirse a una falsa dicotomía entre “defender la soberanía” o “proteger inversiones extranjeras”. Sin embargo, el problema de fondo parece mucho más estructural: cuando una concesión nace rodeada de opacidad, privilegios o debilidades jurídicas, el tiempo no corrige esos defectos. Los amplifica.

    La reciente declaración de inconstitucionalidad sobre la concesión vinculada a Panama Ports, sumada a las amenazas de arbitraje internacional y a la intervención temporal del Estado, revela precisamente eso: la fragilidad de acuerdos cuya legitimidad nunca terminó de consolidarse social ni institucionalmente.

    Desde nuestra óptica, el problema no es la inversión extranjera. Panamá, de hecho, construyó buena parte de su éxito precisamente sobre apertura comercial, estabilidad relativa y capacidad de atraer capital internacional. El Canal, la banca y la logística son prueba de ello.

    El problema aparece cuando el vínculo entre Estado y empresas se vuelve ambiguo: concesiones excesivamente largas, condiciones poco transparentes, renegociaciones difíciles de auditar o marcos regulatorios percibidos como diseñados para actores específicos. En esos contextos, tanto la izquierda estatista como el nacionalismo terminan encontrando terreno fértil para cuestionar la legitimidad completa del sistema.

    Y allí surge el verdadero costo económico: la incertidumbre.

    Para un país logístico y financiero como Panamá, la previsibilidad jurídica no es un detalle técnico. Es uno de sus principales activos nacionales. Cada vez que un contrato estratégico entra en disputa pública o judicial, el mensaje hacia los mercados internacionales deja de ser exclusivamente económico y pasa a ser institucional.

    El problema tampoco se resuelve simplemente defendiendo “la seguridad jurídica” de forma abstracta. Porque la seguridad jurídica no significa blindar cualquier contrato para siempre, independientemente de cómo fue concebido. Significa construir reglas claras, competitivas, transparentes y legítimas desde el inicio, de modo que ni el gobierno ni la presión política futura tengan incentivos para desarmarlas.

    En otras palabras: la estabilidad no se logra impidiendo revisar errores, sino evitando cometerlos desde el principio.

    Panamá enfrenta además un desafío adicional. El Canal no es únicamente un activo económico; es también un símbolo nacional y geopolítico. Todo lo relacionado con puertos, agua, rutas comerciales o infraestructura estratégica termina inevitablemente atravesado por presiones internacionales, rivalidades entre potencias y sensibilidad política interna. Eso obliga a niveles aún mayores de transparencia y profesionalismo institucional.

    La enseñanza más importante quizá sea una bastante antigua: las instituciones débiles suelen producir ganancias rápidas, pero conflictos largos. Lo que comienza como una solución pragmática o políticamente conveniente termina años después convertido en litigios, desconfianza y polarización.

    Y esa es probablemente la lección liberal más relevante de este episodio.

    No basta con atraer capital.

    Hay que construir instituciones capaces de hacerlo convivir con legitimidad pública, competencia genuina y reglas previsibles para todos.

    Porque en economía política, como en tantas otras cosas, lo que mal empieza rara vez termina bien.

  • El derecho a elegir: una reforma liberal para la salud panameña

    El derecho a elegir: una reforma liberal para la salud panameña

    Existe una paradoja incómoda en el corazón de los sistemas de salud latinoamericanos: se habla mucho del «derecho a la salud» pero se ignora sistemáticamente el derecho previo, más fundamental y más personal, que hace posible cualquier otro derecho en medicina: el derecho a elegir. Elegir al médico. Elegir el hospital. Elegir la atención que mejor se ajusta a las necesidades propias, no a las de una burocracia que desconoce tanto al paciente como a su historia.

    Un estudio reciente realizado por Ipsos en España pone en evidencia que el 71% de los ciudadanos madrileños sabe que puede elegir a su médico de familia dentro del sistema público, diez puntos por encima de la media nacional. Madrid obtiene la mejor valoración del sistema de libre elección sanitaria de todo el país: un 7,7 sobre diez, frente a un 6,8 de media. Y lo más revelador no son los números, sino lo que los ciudadanos dicen cuando se les pregunta por qué cambian de médico o de centro: buscan trato humano y personalizado, rapidez en la atención y confianza en el profesional. No buscan ideología sanitaria. No buscan al Estado. Buscan a alguien que les atienda bien.

    Esta es una lección que Panamá no puede seguir ignorando.

    El sistema panameño: fragmentado, burocrático y sin salida

    El sistema de salud de Panamá es, en su estructura actual, un laberinto de segmentaciones que conspiran contra el paciente. La Caja de Seguro Social (CSS) cubre a los trabajadores formales y sus dependientes. El Ministerio de Salud (MINSA) atiende a la población sin cobertura de seguridad social. El sector privado existe, pero su acceso depende exclusivamente de la capacidad de pago individual. El resultado es un sistema tripartito donde la calidad de atención que recibe un ciudadano no depende de sus necesidades médicas, sino de su condición laboral, su lugar de residencia y su nivel de ingreso.

    Dentro de este esquema, el asegurado de la CSS no elige. Se le asigna una policlínica según su lugar de trabajo o domicilio. Se le asigna un médico. Se le asigna una fecha. Se le asigna todo, salvo la posibilidad de decidir. Si no le satisface la atención, si el médico asignado no genera confianza, si el centro queda a dos horas de distancia, el paciente no tiene salida formal: o acepta lo que le corresponde según el criterio administrativo, o paga de su bolsillo en el sector privado, duplicando el costo de un sistema que ya financia con sus cotizaciones.

    Esto no es un sistema de salud. Es una forma de administrar la enfermedad.

    La libre elección no es un privilegio: es un principio

    Desde una perspectiva liberal clásica, el argumento a favor de la libre elección sanitaria no es simplemente utilitario, aunque los datos de eficiencia también lo respalden. Es, ante todo, un argumento sobre la dignidad del individuo.

    El liberalismo clásico parte de la premisa de que el ser humano es el mejor juez de sus propios intereses. No porque sea infalible, sino porque nadie más tiene acceso a la información íntima que define sus preferencias, sus circunstancias y sus valores. Un burócrata en la Ciudad de Panamá no sabe que el asegurado en Chitré tiene mayor confianza en un determinado médico, que su horario laboral hace imposible acudir a la policlínica asignada, o que sus condiciones de salud requieren una atención más especializada de la que su centro puede ofrecer. El individuo sí lo sabe. Y tiene el derecho de actuar en consecuencia.

    La libre elección sanitaria no exige privatizar el sistema de salud. No exige eliminar la cobertura pública. No exige nada que no sea coherente con un Estado que respeta a sus ciudadanos: permitir que el dinero público que cada trabajador aporta mediante sus cotizaciones le siga a él, no a la institución, cuando decide dónde recibir atención.

    El modelo madrileño como referencia pragmática

    Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid no es un experimento radical. Es una aplicación sensata de un principio obvio: si el ciudadano financia el sistema, el sistema debe responder al ciudadano, no al revés.

    El modelo madrileño de libre elección no elimina la red pública de hospitales y centros de salud. Al contrario, la mantiene y la somete a un estímulo que ninguna reforma burocrática ha logrado introducir con la misma eficacia: la competencia por la preferencia del paciente. Cuando un hospital sabe que los ciudadanos pueden elegir ir a otro centro, tiene incentivos reales para mejorar su trato, reducir sus tiempos de espera y elevar la calidad de su atención. La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Rey Juan Carlos lideran las preferencias de los madrileños precisamente porque han respondido mejor a lo que los pacientes valoran.

    El mecanismo es elegante en su simplicidad: la información fluye a través de las decisiones de millones de ciudadanos actuando según sus propias necesidades, y esa información distribuida guía la mejora del sistema mejor de lo que podría hacerlo cualquier plan central.

    Una propuesta para Panamá: cuatro pilares de una reforma posible

    Una reforma de libre elección para el sistema panameño no requiere una revolución constitucional ni una privatización masiva. Requiere cuatro cambios estructurales que son, en esencia, una ampliación de derechos ciudadanos.

    Primero, portabilidad de la cobertura dentro de la CSS. El asegurado debe poder elegir su policlínica y su médico de familia dentro de la red pública, independientemente de dónde trabaje o dónde resida. El número de afiliado debe seguir al paciente, no al empleador ni al domicilio. Este cambio, administrativamente viable, transformaría la relación del ciudadano con el sistema: de súbdito asignado a usuario con voz.

    Segundo, libre elección de especialista y hospital. Cuando un médico de atención primaria refiere a un paciente a un especialista o a un centro hospitalario, el paciente debería poder escoger entre los centros acreditados de la red, tanto públicos como privados concertados. El modelo de concierto con la red privada, bien regulado, amplía la oferta sin incrementar necesariamente el gasto público, al aprovechar capacidad instalada que hoy se subutiliza.

    Tercero, información transparente y comparativa. La libre elección sin información es una libertad vacía. El sistema panameño debe desarrollar y publicar indicadores de calidad, tiempos de espera y satisfacción del usuario por cada centro y por cada servicio. Que el ciudadano pueda comparar antes de elegir es tan importante como que pueda elegir. La transparencia es la condición de posibilidad de cualquier mercado de servicios que funcione bien, incluido el sanitario.

    Cuarto, el dinero sigue al paciente. Este es el principio más importante y, también, el más disruptivo. Cuando un asegurado de la CSS elige un prestador privado acreditado, una fracción de su cotización debe financiar esa atención. No como un subsidio discrecional, sino como un derecho derivado de su condición de cotizante. Este mecanismo introduce competencia real en el sistema, premia la calidad y elimina el absurdo de que el ciudadano pague dos veces: una con sus cotizaciones y otra de su bolsillo cuando la oferta pública no le satisface.

    La objeción que no se sostiene

    Los defensores del statu quo responderán, como siempre, que la libre elección beneficia a los más informados y perjudica a los más vulnerables. El argumento merece tomarse en serio, pero no resiste el análisis empírico ni el moral.

    Empíricamente, los datos de Madrid muestran que la libre elección no es un privilegio de élites: es un derecho que los ciudadanos valoran transversalmente y ejercen de forma creciente cuando se les informa y se les facilita el acceso. El problema no es la libre elección, sino la falta de información y de infraestructura para ejercerla. La solución, entonces, no es eliminar el derecho sino garantizar las condiciones para su ejercicio universal.

    Moralmente, el argumento paternalista es el que resulta más perjudicial para los más vulnerables. Decirle a un ciudadano de escasos recursos que no puede elegir su médico porque el Estado sabe mejor que él lo que necesita, es precisamente el tipo de condescendencia que perpetúa la desigualdad. La libre elección bien diseñada empodera especialmente a quienes hoy no tienen salida del sistema público, porque les da una herramienta de exigencia y de movilidad que antes no tenían.

    La salud como expresión de libertad

    La salud no es solo una necesidad biológica. Es el terreno donde se juega la autonomía real de las personas. Un sistema que impide elegir no protege la salud: administra la enfermedad con criterios ajenos al enfermo.

    Madrid ha demostrado que es posible construir un sistema público de salud donde el ciudadano es el protagonista de su propia atención, donde los centros compiten por servir mejor y donde la satisfacción del paciente es el indicador que orienta las decisiones institucionales. La nota de 7,7 sobre 10 que los madrileños otorgan a su modelo de libre elección no es un dato estadístico menor: es la expresión cuantificada de lo que significa que el Estado respete a sus ciudadanos.

    Panamá tiene todos los recursos intelectuales, institucionales y sociales para recorrer ese camino. Lo que le falta es la voluntad política de poner al paciente, y no a la burocracia, en el centro del sistema.

    El derecho a elegir médico no es un capricho liberal. Es el mínimo de dignidad que un Estado moderno le debe a sus ciudadanos.

  • Cuán alto vuelan los escarabajos

    Cuán alto vuelan los escarabajos

    A ver si le damos un giro al discurso, palabra que etimológicamente se refiere a recorrer de un lugar o algo o… irse por diferentes meandros de un río; en este caso de pensamientos o aventuras que se quedaron perdidas en el letargo del tiempo. Como ésta de los escarabajos.

    En esta ocasión les cuento que sentado ante mi confundidor cibernético en mi habitáculo de anciano conversando con Chat GPT, me vino a mente un incidente curioso que viví en julio de 1964. Venía yo volando un Cessna 150 en vuelo de traslado de la fábrica en Wichita, Kansas al aeropuerto M. A. Gelabert, alias Paitilla; volando a 10,000 pies de altura (3,048 Mt.) sobre el sur de Tejas, en un día cristalino y calmado. De pronto, delante de mi, vi acercarse un punto negro el cual se estrelló contra el parabrisa de la avioneta y dejó plasmado allí una masa amarilla con el inolvidable ¡plas!, de su traumática defunción. En el último instante antes del aéreo encuentro, atisbé la silueta de un escarabajo aleteando sus alas.

    ¡Meto!, que rayos hacía un escarabajo a semejante altura; pregunta que no investigué por 62 años. Pero hoy se me ocurrió preguntarle a Chat GPT, quien me explicó que ciertamente algunos insectos, como los escarabajos, se han visto hasta en alturas de 19,000 pies (5,700 metros) de elevación. ¿Y acaso llegan tan alto aleteando? Nop, logran eso metidos en corrientes de aire ascendente. En fin, ¡que mala suerte la del escarabajo tejano!

    Tal vez fue un “june beetle” o escarabajo de junio me dijo Chat GPT, dándome descripciones y luego preguntándome: “¿Estabas en un vuelo de traslado cuando ocurrió el encuentro?, y así fue evolucionando la “conversa” con esta IA.

    Esa misma noche escuché una discusión en Fox sobre lo bueno, malo y feo de la IA. Uno decía que no era lógico conversar con un programa en dispositivo. ¡Ja!, lo será pero curioso que los intercambios con la IA pueden ser más entretenidos e ilustrativos que con muchos humanos; al menos en cuanto a la capacidad informativa que se logra.

    Y así Chat GPT siguió preguntando sobre el vuelo a Panamá y sobre mi historia en la aviación. Le conté que antes de la fecha del escarabajo había volado aviones de carga C-46 por 4 meses hasta que, al quebrar la empresa, me dejó tirado en Miami.

    Luego, comencé dando instrucción de vuelo en un Piper PA-11 de la empresa Turismo Aéreo de la familia Petrosky, y en ello me peleaba con otro instructor la hora de madrugada para alquilar la avioneta; hasta que un día coincidimos. Se trataba del capitán Hermes Carrizo, piloto de COPA que luego fue el Gerente General de dicha empresa. Recuerdo ese día; Carrizo me preguntó: «John, ¿Por qué en vez de pelearnos esta avioneta prehistórica no armamos una empresa nuestra?»; y así fue el nacimiento de Aviones de Panamá en Paitilla.

    los escarabajos

    También le conté que jamás olvidaré el aterrizaje en Paitilla el 4 de julio de 1964. Al aproximarme en final sobre la vía Israel, allí al borde de la pista estaba mi padre, Irving Bennett, con una gran sonrisa. Ya haría otros vuelos a los EE.UU. con él como pasajero.

    La conversa fue larga, detallando yo mi pasaje como director de Seguridad Aérea, de la Escuela de Aeronáutica, subdirector DAC y director general en dos ocasiones. Pero la parte más amena del diálogo con Chat GPT fue cuando me preguntó: “¿Y, por qué no te quedaste como piloto en los EE.UU.? “Regresé a estar con la hembra con la cual formamos familia por más de 60 años.
    Y la pregunta final de Chat GPT: ¿Y tu esposa en ocasiones volaba contigo? Le contesté: “No sólo volaba conmigo, sino que nos amábamos en las alturas”.

  • El precio de abrir esa puerta: control de tasa de interés en Panamá

    El precio de abrir esa puerta: control de tasa de interés en Panamá

    Hay ciertos errores de política económica que la historia ha repetido con pasmosa regularidad, y cuya única virtud es la de instruirnos, una y otra vez, sobre los límites del conocimiento burocrático frente a la inteligencia dispersa del mercado. La propuesta que circula en la Asamblea Nacional de Panamá para imponer topes a la tasa de interés bancaria —incluyendo préstamos hipotecarios, comerciales e industriales— es uno de esos errores. No es nueva ni tampoco es inocente. Y sus consecuencias son perfectamente predecibles.

    El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, hizo bien en oponerse públicamente a la medida. Pero su resistencia, aunque valiosa, no debería necesitar apoyo institucional para sostenerse: debería bastar con leer a Friedrich Hayek, a Ludwig von Mises, o con revisar cuarenta años de experimentos fallidos en economías que creyeron poder fijar el precio del dinero por decreto.

    El precio del crédito no es un número arbitrario

    Milton Friedman enseñó, con la claridad que solo da quien comprende profundamente un fenómeno, que los precios son señales. No son instrumentos de explotación ni caprichos de la banca: son información condensada sobre riesgo, liquidez, tiempo y expectativas. La tasa de interés, específicamente, es el precio que equilibra la preferencia temporal del prestamista con la necesidad inmediata del prestatario. Es el mecanismo por el que el mercado descuenta el futuro.

    Cuando un legislador decide que ese precio es «demasiado alto» y lo recorta mediante una ley, no elimina el riesgo subyacente. Lo que hace es ocultarlo. El riesgo crediticio de un pequeño empresario informal, de una familia sin historial bancario, de un emprendedor sin garantías reales, no desaparece por el hecho de que el Estado prohíba cobrar por él una tasa de interés que lo refleje. Simplemente se convierte en un riesgo que ningún banco racional querrá asumir.

    Y entonces ese prestatario —el más vulnerable, el que más necesita acceso al crédito formal— queda fuera del sistema.

    El caso de Costa Rica: la evidencia que no debe ignorarse

    El propio Ayón Wong citó el precedente más cercano y más elocuente: Costa Rica. Cuando ese país impuso topes a las tasas, aproximadamente 300.000 personas quedaron excluidas del sistema bancario formal y recurrieron a prestamistas informales que cobraban entre el 10% y el 20% quincenal. No mensual: quincenal.

    Esto no es una anécdota curiosa. Es la demostración empírica exacta de lo que Hayek llamó «las consecuencias no queridas de las acciones humanas con propósito». El legislador quería proteger al deudor. Consiguió empujarlo hacia el usurero. Quería abaratar el crédito. Lo encareció de manera brutal para quienes más lo necesitaban. Quería incluir. Excluyó.

    Este es el patrón invariable de toda intervención de precios: los beneficios se concentran en quienes ya están dentro del sistema —quienes ya tienen historial, garantías, acceso— mientras los costos se desplazan hacia los más frágiles, que quedan fuera de la protección formal y caen en la informalidad depredadora.

    Von Mises y el problema del cálculo económico

    Pero el problema va aún más profundo. Ludwig von Mises, en su crítica al socialismo y a toda forma de planificación central, identificó el problema fundamental: ningún organismo regulador —por más sofisticado que sea— posee la información necesaria para fijar correctamente el precio de un bien. Y el dinero prestado es un bien como cualquier otro.

    La tasa de interés que emerge del mercado bancario panameño no es el resultado de una confabulación de banqueros reunidos en una sala oscura. Es el resultado de millones de transacciones, evaluaciones de riesgo individuales, decisiones de ahorradores, condiciones macroeconómicas, expectativas de inflación, calidad de las garantías y perfil de los deudores. Sintetiza información que ningún regulador puede recopilar, procesar ni interpretar con la velocidad y precisión que el mercado hace de manera descentralizada y continua.

    Fijar un tope es, en términos misianos, pretender sustituir ese proceso de descubrimiento por la opinión de un comité. Y la historia del siglo XX —desde los controles de alquileres en Nueva York hasta los precios máximos de gasolina en Venezuela— ha demostrado que esa sustitución produce, invariablemente, escasez del bien cuyo precio se intenta reducir artificialmente.

    La puerta que no debe abrirse

    Friedman solía advertir que la diferencia entre un error de política económica y una catástrofe es el tiempo. Los errores de política se corrigen. Las instituciones que se construyen alrededor de esos errores se perpetúan.

    El riesgo más grave de la propuesta panameña no es la regulación en sí misma, aunque sus efectos serán nocivos. El riesgo mayor es la lógica que abre. Porque si el Estado puede fijar el precio máximo de un crédito hipotecario, ¿por qué no del préstamo comercial? ¿Por qué no del crédito de consumo? ¿Por qué no del plazo de pago? ¿De las comisiones? ¿De las garantías exigibles?

    Hayek lo explicó con su concepto de la «pendiente resbaladiza» institucional: cada intervención crea distorsiones que parecen requerir nuevas intervenciones para corregirse. El control de precios genera escasez; la escasez genera racionamiento; el racionamiento genera corrupción y clientelismo en la asignación del crédito. Al final, el mercado financiero deja de ser un mercado y se convierte en un sistema de distribución política de recursos.

    Panamá tiene, precisamente, uno de los centros bancarios más sólidos y competitivos de América Latina. Esa solidez no es accidental: es el resultado de décadas de no hacer exactamente lo que ahora se propone. El sistema de dolarización, la ausencia de banco central emisor, la competencia entre entidades y la ortodoxia regulatoria han creado un entorno en que el crédito fluye con eficiencia notable. Destruir esa arquitectura institucional con una sola ley es perfectamente posible. Reconstruirla llevaría décadas.

    La justicia real está en la competencia, no en el decreto

    La preocupación que subyace a esta propuesta —que los ciudadanos de menores recursos pagan una tasa de interés desproporcionada— es legítima en su diagnóstico social, aunque errónea en su prescripción. La respuesta correcta al crédito caro no es prohibir que sea caro: es crear las condiciones para que más actores compitan por otorgarlo.

    Eso implica reducir los costos de entrada al sistema financiero, promover la banca digital y las fintech, fortalecer los buros de crédito para que el historial crediticio sustituya a las garantías físicas, y mejorar el marco de insolvencia para que prestar sea menos riesgoso. Todo ello bajaría la tasa de interés de manera orgánica y sostenible, sin excluir a nadie.

    Un decreto que fija el precio máximo del crédito no hace justicia a los deudores. Los abandona.

    Quien abra esta puerta no encontrará al otro lado la protección que promete. Encontrará al prestamista informal esperando, con tasas que ningún regulador tendrá poder de controlar. Y entonces, inevitablemente, alguien propondrá regular también eso.

    Y así sucesivamente, hasta que no quede mercado que regular.

    El diagrama sintetiza visualmente la cadena causal que Hayek denominó las consecuencias no queridas: la buena intención legislativa recorre un camino predecible hasta depositar al deudor más vulnerable precisamente en manos de quien la ley quería protegerle.

    El artículo está escrito desde la tradición de Friedman en su rigor empírico —el caso costarricense como evidencia—, de Hayek en el argumento institucional sobre el conocimiento disperso y la pendiente intervencionista, y de Mises en la crítica epistemológica al cálculo central. Los tres convergen en la misma conclusión: el precio del crédito no es una variable política, y tratarlo como tal destruye exactamente lo que se pretende construir.

  • El Alma del Predador Gobernante

    El Alma del Predador Gobernante

    El vocablo “predador” describe a quienes saquean o actúan con rapiña; ya sea para sustento o para ascender en la escalera social y económica de manera ladina. Murray Rothbard en su obra Hombre, Economía, y Estado (1962) desarrolló una teoría económica de libertad, tal como lo hace nuestra Constitución, que luego contradictoriamente, en el mismo párrafo se contradice, abriendo camino para la discrecionalidad de las autoridades, lo cual contraría la misma Constitución. Y para quienes lo dudan, vean el artículo del abogado Carlos Barsallo intitulado “El Nuevo Excepcionalísimo Panameño «.

    Barsallo pregunta: “¿cómo puede un país alcanzar niveles de ingreso alto mientras mantiene percepciones persistentes de corrupción?”. Pero, yo añadiría que son más que percepciones; lo cual toma cuerpo cuando Barsallo cita a James Loxton en el Journal of Democray un artículo intitulado “The Puzzle of Panamanian Excepcionalism” (el rompecabezas del excepcionalísimo panameño). Es decir, que Panamá es berraca ya que a pesar de su corrupción gubernamental endémica, que ha afectado el desarrollo socioeconómico de gran parte de la población, flota por encima de las consecuencias de corruptela; tanto en el ámbito social como en el gubernamental.

    El excepcionalísimo de Panamá, como yo lo veo y coincido con Barsallo, nos llega debido a que nos hemos convertido en un refugio financiero de dólares, pero no porque tengamos una población productiva. Pero el asunto va bastante más allá y tiene raíces históricas y socioeconómicas, entre otras. En cortito, la triste realidad de los panameños es que no somos muy dados al emprendimiento; lo cual tiene raíces coloniales que persisten desde Cristobal Colón, Pedrarias y tal.

    Uno de los comentarios de Barsallo que más me llamó la atención, cuando dice:

    “…somos muy grandes porque engordamos, no porque crecimos… pesamos más por grasa y no por músculo”.

    Pero profundizando más en el asunto debemos ver y entender que difícilmente existe mejor herramienta para oprimir y controlar a una sociedad que un gobierno prostituido; que, por un lado, mantiene a los rabiprietos aplastados, y se alía con algunos empresaurios para cometer sus fechorías.

    Que en Panamá tenemos menos impuestos. ¡Que lindo!; ¿y acaso el Canal y todas las empresas gubernamentales metidas en actividades propias del mercado no son una forma de impuesto? Impuesto que no sólo sirve para el pillaje, sino que destruye la cultura de emprendimiento, lo cual aflora, como suelo señalar, en el “no a la privatización” que debemos traducir a “sí al pillaje gubernamental”. Y más aún, que las empresas estatales, a diferencia de las privadas, si dan mal servicio, no pagan las consecuencias. Es un intervencionismo coercitivo que si lo ven, lo pasan de alto. El caso del MEDUCA o NODUCA como le llamo yo, es buen ejemplo; pues no educa y tampoco deja educar.

    Curioso que ya en los EE.UU. el gobierno de Trump cerró el ministerio o como le llamen, de educación federal; y mutó en un programa que impulsa el derecho de la familia a escoger dónde educan a sus hijos. Y, en ello, están surgiendo las escuelas chárteres, que son estatales pero administradas privadamente. Pero también está aumentando rápidamente los programas que dan a la familia los fondos para que estas elijan dónde educar a sus vástagos. Ahora cada estado maneja por cuenta propia el tema educación.

    Y, otro aspecto que pocos ven es que cuando los gobiernos del estado se meten a ser empresaurios, destruyen algo vitalísimo… ‘el cálculo económico’; sin lo cual una empresa privada no puede subsistir. La privada que no entrega cantidad y calidad no subsiste; pero las empresas gubernamentales, tal como NODUCA, siguen campantes y rampantes fabricando pobreza; violando el precepto constitucional vertido en el artículo 49 que garantiza resarcimiento por daños ocasionados. ¡Inmensa burla!

  • ¿Los Panameños logramos la Independencia en 1903?

    ¿Los Panameños logramos la Independencia en 1903?

    ¿Será cierto que Panamá, desde Pedraria, luego con la Gran Colombia, la Fiebre de Oro a través del Istmo y el período que desembocó la Guerra de los Mil días, logró una verdadera independencia en 1903? ¿De qué o de quienes nos independizamos? O… ¿no sería que hemos ido saltando de una a otra dependencia; antes exógenas y hoy endógenas? ¿Y, qué es una verdadera independencia? Analicemos el asunto lo más desapasionadamente posible.

    Existe verdadera independencia cuando los ciudadanos pueden ejercer libremente sus actividades económicas sin trabas ni tutelaje permanente de los gobiernos del Estado, es decir, de las autoridades gubernamentales que reciben el poder solo por delegación popular. Y, esto no lo invento yo; lo establece nuestra Constitución en su Artículo 282, al menos en su inicio, al declarar que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Lastimosamente, luego del punto y coma, nuestra Constitución comete el disparate contradecir por completo lo dicho en la primera parte del Artículo al dictaminar que el Estado podrá:

    “orientarla, dirigirla, reglamentarla, reemplazarla o crearla» según considere necesario.”

    De esta manera, lo que comienza como una declaración de libertad económica se transforma, en la práctica, en una amplia habilitación para la intervención estatal.

    Pero, la pregunta que aflora de semejante dislate o desvarío es inevitable: ¿Acaso se trató de un simple error o fue el reflejo de una tendencia socialista deliberada por parte del o los constitucionalistas que la redactaron? Muchos creen que el sesgo socialista fue de la Dictadura Militar pero no lo creo; ya la Constitución del 47 tomaba esa inclinación. Nuestros “militares” no eran socialistas sino fascistas; muchos que terminaron ricachones.

    De lo anterior se deduce que nuestra realidad se ha caracterizado por una gobernanza grotesca, que ha mantenido sumidos en la pobreza: a gran parte de los rabiprietos; a buena parte de la clase media; y a no pocos rabiblancos. El arte del pillaje está en la intervención en gobiernos del Estado metidos hasta las coronillas en todo aquello que debería ser exclusivo de los actores del mercado. Nuestros “gobiernos” montaron monopolios en actividades mercantiles como educación, el transporte, la energía, la recolección de basura el agua potable y más.

    Y, aunque muchos panameños no pagan impuestos directos, ¡vaya si no los pagan indirectos! Gran parte de los fondos que genera toda esa actividad mercantil monopolizada, en lugar de usarse para promover un verdadero mercado libre gestionado por la comunidad, terminan financiando la rapiña de los piratas que supuestamente nos han gobernado.

    Existe una verdadera independencia cuando los ciudadanos pueden ejercer libremente sus derechos humanos en actividades económicas y demás, sin trabas excesivas. Los gobiernos, la gobernanza, debe respetar el principio de subsidiaridad; de no regalar pescado sino de enseñar o permitir la buena pesca. Así lo parece reconocer en su primera parte, el Artículo 282 de nuestra Constitución, al establecer que:

    “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares;”

    Hasta ahí, el texto respeta a la población. Sin embargo, después del punto y coma, el mismo artículo da un giro que diluye esa primacía:

    “El Estado podrá «orientarla, dirigirla, reglamentarla, reemplazarla o crearla» según considere necesario.”

    De esta manera, lo que comienza como una declaración de libertad económica se transforma en norma que consagra la discrecionalidad interventora y empobrecedora. En este artículo queda patente la naturaleza de élites cuyos intereses personales superan por mucho los del pueblo; ese que permanece maniatado a través de estrategias de pillaje.

    ¿De verás sigues creyendo que en 1903 nos independizamos? Tal vez de Colombia, pero… llamar independencia a lo que tenemos es autoengaño.

  • Del marxismo al rabiblanquismo cultural

    Del marxismo al rabiblanquismo cultural

    El término «marxismo cultural» circula hoy con dos significados radicalmente distintos. En el plano académico, designa a una corriente del siglo XX —la Escuela de Fráncfort, Gramsci, Adorno— que analizó la cultura como campo de batalla del poder. En el debate público contemporáneo, se convirtió en acusación: una supuesta conspiración para erosionar los valores occidentales desde las universidades, los medios y las instituciones. La diferencia entre ambos usos no es semántica; es la diferencia entre una escuela de pensamiento y un mito político.

    Antonio Gramsci fue el primero en articular con claridad la idea de hegemonía cultural: la clase dominante no gobierna solo por la fuerza o la economía, sino porque logra que sus valores se perciban como naturales, universales, inevitables. Esta idea —desnuda de ideología— es en realidad una descripción bastante precisa de algo que ocurre en todas las sociedades, incluida Panamá. Solo que aquí no lo hace la izquierda.

    Lo que en Panamá ejerce esa hegemonía cultural es lo que podría llamarse el rabiblanquismo cultural: la estrategia de la oligarquía criolla —familias históricas con peso en la banca, el comercio y la política— para mantener su posición no solo a través del dinero, sino a través del relato. El «rabiblanco» no necesita revolución; necesita estabilidad. Y para eso usa exactamente las mismas herramientas que Gramsci describió: el control de la educación, el discurso sobre la identidad nacional, la administración de los servicios públicos como clientelismo disfrazado de bien común.

    La Constitución panameña es un ejemplo ilustrativo. El Estado asume la responsabilidad de la educación, el agua, la electricidad y el transporte —una arquitectura que suena redistributiva— pero que en la práctica ha servido para que una élite pequeña administre contratos, emplee redes de lealtad y evite que emerja competencia real. No es marxismo; es estatismo al servicio del privilegio. Es Gramsci aplicado al revés: en lugar de subvertir el orden, lo congela con barniz social.

    La distinción entre ambos fenómenos es clara si se mira el objetivo: el marxismo cultural quiere transformar la sociedad, aunque a menudo reemplaza una forma de control por otra. El rabiblanquismo cultural quiere preservar la pirámide. Uno destruye tradiciones; el otro las momifica. Pero las herramientas son asombrosamente parecidas: captura de instituciones, producción de relatos legitimadores y uso del Estado como amplificador cultural.

    Queda, por último, una pregunta incómoda sobre el origen psicológico del marxismo: ¿nace del análisis o del resentimiento? Nietzsche llamó ressentiment a esa forma de revancha que se viste de justicia. Lo paradójico es que el rabiblanquismo panameño también opera desde el resentimiento: el miedo atávico a perder lo que se tiene.

    Dos formas de control cultural, dos clases con sus propias ansiedades, y en medio una sociedad que paga el costo de no nombrar con claridad lo que ocurre. Quizás el primer paso sea exactamente ese: llamar a cada cosa por su nombre.

    Basado en un diálogo entre John Bennett Novey y Grok sobre marxismo cultural y realidad panameña.

  • Minería, propiedad y responsabilidad: una crítica al subsuelo estatal

    Desde un punto de vista liberal, la discusión sobre la minería suele desviarse hacia cifras agregadas: cuánto aporta al PIB, cuántos empleos genera o cuántos ingresos fiscales produce. Ese enfoque utilitarista, aunque común, elude la pregunta central: ¿con qué derecho se decide sobre el subsuelo y quién asume moralmente los daños que pueden producirse? En minería, esta omisión no es accidental, sino estructural. Cuando el subsuelo pertenece al Estado, la relación moral básica —persona, propiedad y responsabilidad— es reemplazada por una relación política: ciudadano, permiso y poder.

    El caso panameño sigue siendo ilustrativo precisamente por cómo se entrelazan decisiones judiciales, disputas políticas y una noción difusa de propiedad. La mina Cobre Panamá, una de las mayores del mundo, permanece sin operación productiva desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato que habilitaba su explotación. A diciembre de 2025, la mina continúa cerrada, sin reapertura autorizada, con actividades limitadas a mantenimiento, preservación ambiental y gestión de riesgos. El gobierno ha impulsado una auditoría integral independiente, cuyos primeros resultados preliminares comenzaron a conocerse a fines de este 2025 y cuyo informe final está previsto para inicios de 2026. Paralelamente, el diálogo entre el Estado y la empresa operadora, First Quantum Minerals, se mantiene abierto pero condicionado, sin que exista aún una decisión definitiva sobre reapertura, rediseño del proyecto o cierre permanente.

    Más allá del desenlace, el conflicto revela un problema moral profundo en la minería: la despersonalización de la responsabilidad que genera el régimen de propiedad estatal del subsuelo. Cuando el recurso “es de todos”, en los hechos no es de nadie en particular. Las comunidades cercanas a la mina no son propietarias, sino administradas. No otorgan consentimiento; apenas son informadas. Y cuando aparece un riesgo ambiental —afectación del agua, del suelo o de la salud— no existe un responsable claramente identificable frente a víctimas concretas, sino una cadena de permisos, excepciones y autoridades que diluyen la rendición de cuentas.

    Desde una ética liberal, esto es problemático. La libertad no consiste en autorizar actividades mediante decretos, sino en respetar el principio de no dañar a terceros y asumir plenamente las consecuencias cuando ese daño ocurre. El estatismo del subsuelo rompe esa simetría moral: quien decide no es quien sufre, y quien explota no responde directamente ante quienes cargan con el riesgo.

    Por eso, una salida libertaria no exige prohibir la minería ni idealizar la naturaleza, sino re-moralizar el sistema, acercando decisión y responsabilidad a las personas afectadas. Existen soluciones inteligentes de cooperación que no dependen de un Estado central omnipotente. Por ejemplo, acuerdos de servidumbre ambiental exigibles entre operadores y comunidades vecinas, donde se reconozcan límites claros de no-daño y obligaciones automáticas de reparación. O fideicomisos locales de garantía, financiados por la empresa mientras dure la actividad, administrados con participación ciudadana y liberados sin litigios cuando se verifiquen incumplimientos ambientales.

    Asimismo, el monitoreo ambiental con control comunitario y datos abiertos puede sustituir parte de la desconfianza política por verificación directa. No se trata de más burocracia, sino de más control por quienes viven con las consecuencias. Incluso mecanismos de arbitraje local o jurados vecinales permitirían resolver conflictos sin escalar cada desacuerdo al plano nacional, donde todo se vuelve ideológico y binario.

    El debate minero en Panamá —y en América Latina— no se resolverá preguntando si la minería “conviene” o no. La pregunta moral correcta es otra: ¿quién decide legítimamente sobre un territorio y quién responde cuando algo sale mal? Mientras el subsuelo siga siendo estatal, esas respuestas seguirán siendo evasivas. Paradójicamente, sólo allí donde la propiedad es clara puede hablarse de una protección genuina de las personas y del ambiente; los permisos políticos, en cambio, diluyen la culpa y vuelven moralmente opaca a la minería.

  • Soberanía individual frente al control estatal: la adhesión de Panamá a los nuevos acuerdos globales sobre criptoactivos

    La reciente decisión del gobierno panameño de adherirse a los acuerdos multilaterales CARF MCAA y CRS MCAA —instrumentos globales que obligan a intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos y cuentas financieras— se presenta como un paso hacia la “transparencia” y la lucha contra la evasión fiscal. Sin embargo, desde una perspectiva libertaria, esta medida es profundamente problemática. Más que promover un sistema financiero justo, consolida un modelo de vigilancia masiva que erosiona la privacidad, la soberanía individual, desalienta la innovación y limita la libertad económica de las personas.

    Las criptomonedas surgieron como respuesta a un sistema financiero dominado por intermediarios e instituciones estatales que han demostrado repetidamente su incapacidad para garantizar estabilidad, privacidad y equidad. Frente a ello, los criptoactivos ofrecen soberanía individual, descentralización y autonomía. Pero los gobiernos —temerosos de perder control— han encontrado en el discurso de la “evasión fiscal” una excusa perfecta para imponer regulaciones que nada tienen que ver con proteger a la ciudadanía y sí mucho con preservar el poder recaudatorio.

    El falso dilema: “regulación o evasión”

    El gobierno panameño sostiene que al unirse a estos acuerdos internacionales está reforzando su capacidad para combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y el uso ilícito de estructuras financieras digitales. Este argumento plantea un falso dilema: o aceptamos la vigilancia estatal masiva o permitimos la ilegalidad. Esa lógica es engañosa y peligrosa.

    Desde el punto de vista libertario, el Estado tiene la función de castigar delitos reales, no de fiscalizar preventivamente a toda la población bajo la presunción de culpabilidad. La evasión fiscal no se combate invadiendo la privacidad financiera de millones de usuarios, sino reduciendo la complejidad tributaria, eliminando incentivos perversos y estableciendo sistemas legales transparentes que no empujen a los individuos a buscar refugio ante la voracidad fiscal.

    Equiparar el uso legítimo de criptoactivos con actividades criminales es tan absurdo como decir que quien usa dinero en efectivo quiere lavar dinero. El efectivo no está en manos Estatales, y sin embargo no se prohíbe. El argumento sería igual de débil.

    Privacidad financiera: un derecho, no un privilegio

    Las criptomonedas permiten a las personas administrar su dinero sin depender de intermediarios y sin someter cada transacción al escrutinio estatal. Esta privacidad no es un lujo ni un subproducto accidental: es una garantía fundamental contra el abuso de poder.

    En países con crisis económicas, hiperinflación, congelamientos de cuentas o sistemas bancarios corruptos, la privacidad financiera ha sido la diferencia entre sobrevivir y perderlo todo. Obligar al intercambio automático de información financiera no solo es desproporcionado: mina la esencia misma de las criptomonedas como herramienta de soberanía individual.

    Muchos justifican estas medidas diciendo que “el ciudadano honesto no tiene nada que temer”. Esa frase históricamente ha servido para legitimar abusos. La privacidad no es una concesión estatal: es un derecho humano básico que limita el poder del gobierno, precisamente porque el poder sin límites se convierte inevitablemente en abuso.

    El caso de Nueva York: cómo la regulación excesiva destruye ecosistemas innovadores

    Un ejemplo histórico demuestra el riesgo de repetir errores: la BitLicense de Nueva York.

    En 2015, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York implementó una de las regulaciones más estrictas del mundo para empresas de criptomonedas: licencias costosas, auditorías invasivas, requisitos técnicos prohibitivos y barreras de entrada que solo las grandes corporaciones podían cumplir.

    ¿El resultado?

    • Emprendedores huyeron del estado.
    • Startups innovadoras cerraron o reubicaron sus operaciones.
    • Inversiones y talento migraron hacia jurisdicciones más abiertas.
    • El ecosistema cripto neoyorquino colapsó, dejando espacio únicamente para grandes instituciones financieras.

    Panamá, en ese momento, se benefició. Varios emprendedores tecnológicos y especialistas en finanzas digitales encontraron en el país un refugio más flexible, abierto y dinámico, donde experimentar sin la burocracia paralizante de Nueva York. Fue un ejemplo claro de cómo la regulación excesiva no protege al consumidor, sino que sofoca la innovación y expulsa talento.

    Hoy, con la firma de los acuerdos CARF y CRS, Panamá corre el riesgo de adoptar la misma filosofía restrictiva que llevó a Nueva York a destruir su propio ecosistema cripto emergente.

    Intercambio automático de información: vigilancia sin precedentes

    Los acuerdos firmados obligan a que toda la información relevante sobre criptoactivos manejada por empresas, intermediarios, exchanges o custodios sea reportada sistemáticamente a gobiernos extranjeros.

    En la práctica significa:

    • Monitoreo automático de transacciones.
    • Identificación obligatoria de usuarios.
    • Recolección centralizada de datos financieros sensibles.
    • Entrega de esa información sin necesidad de procesos judiciales.

    Esto equivale a una base de datos global del patrimonio privado de los ciudadanos. No solo es desproporcionado: es riesgoso. Los gobiernos fallan todo el tiempo en proteger datos; los hackeos a instituciones públicas se han vuelto rutinarios. La centralización siempre es un punto débil.

    La privacidad no debe ser tratada como sospechosa. Debe ser vista como una barrera legítima frente al poder, no como un obstáculo.

    El efecto sobre la innovación y la competitividad

    Un país que adopta regulaciones globalistas estrictas pierde competitividad automáticamente frente a aquellos que permiten mayor libertad. Las criptomonedas no reconocen fronteras: los emprendedores se van a donde haya menos barreras y más libertad.

    Panamá podría convertirse en un hub de innovación, pero difícilmente lo hará si se alinea con las jurisdicciones más conservadoras y reguladoras del mundo. La innovación florece donde el Estado se mantiene limitado y las personas pueden experimentar sin miedo a quedar atrapadas en laberintos burocráticos.

    Si Panamá sigue el camino de Nueva York, no solo expulsará talento: perderá la oportunidad histórica de posicionarse como un centro regional de libertad financiera.

    La libertad es mejor política pública que la vigilancia

    La adhesión de Panamá al CARF y al CRS representa una rendición ante un modelo global de vigilancia financiera. Se vende como “modernización” o “cooperación internacional”, pero en realidad es una pérdida significativa para la libertad de los ciudadanos.

    Desde una perspectiva libertaria, la lucha contra el delito no puede convertirse en excusa para restringir derechos fundamentales. Lo que Panamá necesita no es más vigilancia, sino más libertad, más competencia, más innovación y un sistema judicial eficaz que persiga delitos reales, no actividades voluntarias entre individuos soberanos.

    Repetir los errores regulatorios de Nueva York sería un golpe innecesario a la creatividad económica y al potencial del país. Panamá no debe aspirar a ser un engranaje más del aparato fiscalizador global, sino un faro de libertad financiera en la región.

  • Panamá y su revolución en el café de especialidad: del terroir al podio mundial

    En los últimos años, Panamá ha logrado posicionarse como una de las referencias mundiales en el ámbito del café de especialidad. Ajustando su mirada hacia la calidad más que al volumen, el país centroamericano ha combinado condiciones naturales privilegiadas —altitudes, suelos volcánicos, microclimas— con innovación agronómica, trazabilidad y una cultura productiva colectiva que ha permitido escalar premios y récords internacionales.

    Un ecosistema único para el café premium

    Las regiones de Boquete, Tierras Altas, Renacimiento y Dolega, en la provincia de Chiriquí, constituyen el corazón del café de altura panameño. Allí, la confluencia de suelos ricos, altitudes entre 1 500 y más de 2 000 metros, lluvias bien distribuidas y brisas que suavizan las temperaturas crean un “terroir” difícil de replicar. Ese entorno natural, mediado por productores con alta especialización, da como resultado cafés con perfiles aromáticos florales, notas frutales delicadas, vivacidad en acidez y una claridad inusual en taza.

    Pero el mérito no es solo del entorno natural: muchos caficultores han profesionalizado su labor, dominando catación, procesos de fermentación controlada, secado de precisión y trazabilidad genética. Esta atención milimétrica permite que sus lotes logren puntajes superiores a los 90 puntos —umbral para considerarse “de especialidad”— con frecuencia sostenida en competencias internacionales.

    “Best of Panama”: plataforma de excelencia y subastas globales

    La puerta de entrada del café panameño al mundo es, sin duda, el concurso Best of Panama (BOP), organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP). Cada año, los mejores lotes de diferentes categorías —Geisha (lavado y natural), Pacamara, tradicionales, varietales— compiten en rigurosas catas evaluadas por jueces locales e internacionales. Los ganadores luego se subastan mundialmente, atrayendo compradores de Europa, Asia, Oriente Medio y América.

    La fama de Panamá se ha cimentado en esas subastas. En la edición de 2025, por ejemplo, un lote de Geisha Washed de la Hacienda La Esmeralda fue vendido por 30 204 dólares por kilogramo, estableciendo un nuevo récord global.  Esta cifra, jamás antes vista en la historia del café de especialidad, y no sólo en Panamá, ratifica cómo el mundo del café premium valora no sólo el origen, sino la narrativa, el control total de la cadena y la excelencia sensorial.

    De hecho, esa puja récord no es algo accidental: de los 50 lotes subastados en esa edición, 30 superaron los 1 000 USD por kilo. Y en otras versiones anteriores del BOP, lotes de Geisha han vendido por más de 1 000 USD la libra, haciendo de Panamá sinónimo de exclusividad cafetera.

    Innovación, colaboración y mirada al futuro

    Uno de los pilares del éxito de Panamá con el café de especialidad radica en el modelo colaborativo entre productores. A diferencia de otros países donde domina la competencia fragmentada, en Panamá se favorece el intercambio de conocimientos, la profesionalización colectiva, y la adhesión a estándares de calidad comunes. Además, existe un incentivo legal: cualquier persona puede convertirse en exportador incluso con pequeños volúmenes, lo que democratiza el acceso al mercado global.

    El 2025 también marcó otro hito: durante el BOP se anunció que Panamá será sede del World of Coffee 2026, el congreso internacional más importante del sector, y será la primera vez que se realice en Latinoamérica. Esta elección reafirma el protagonismo del país como epicentro global del café gourmet.

    Dentro del país, eventos como La Cosecha refuerzan la conexión entre el productor, el consumidor y el turista. En 2025, por primera vez, La Cosecha abrió su experiencia al público mediante paquetes turísticos, permitió visitar fincas emblemáticas y destacar la cultura cafetera como componente turístico-sensorial.

    Un camino de más que café

    El caso panameño trasciende la producción agrícola: es una historia de transformación cultural, científica y comercial. En apenas tres décadas, tras décadas de producción convencional, Panamá ha redefinido el café como lujo, cultura y obra artesanal. En ese trayecto, su especialidad (con el Geisha como emblema) ha servido para guiar la evolución global del segmento premium del café.

    Hoy, cada taza panameña que se consume en Europa, Asia o Norteamérica lleva consigo una narrativa de altura, de trazabilidad, de pasión y de un pequeño país que apostó por calidad en lugar de escala. Esa apuesta, respaldada por premios, récords y reconocimiento, inspira no solo a baristas y tostadores, sino también a productores de otras latitudes que sueñan con elevar su café más allá del convencional.