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  • Panamá y las listas ¿se castiga la falta de transparencia o el éxito de la competencia fiscal?

    Panamá y las listas ¿se castiga la falta de transparencia o el éxito de la competencia fiscal?

    Panamá acaba de salir del Anexo I de la lista europea de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales. Es una buena noticia, pero también es una excelente oportunidad para formular una pregunta bastante incómoda: ¿qué se está sancionando realmente cuando una jurisdicción termina en una lista negra fiscal?

    Porque cuando se compara Panamá con Paraguay por ejemplo, la explicación habitual que “Panamá tenía que transparentarse y Paraguay ya cumplía”, empieza a resultar demasiado sencilla, porque Paraguay también tiene un sistema tributario territorial y también mantiene una presión fiscal relativamente baja. También utiliza su régimen tributario como parte de su atractivo económico, pero sin embargo, no sufrió durante estos años el mismo nivel de presión europea que Panamá.

    La diferencia existe. Pero no parece estar simplemente entre un país transparente y otro que no lo es. La verdadera diferencia está en cuánto importa cada país para el sistema financiero internacional.

    Panamá salió, pero todavía no salió del todo

    El 9 de octubre de 2026, el Consejo de la Unión Europea retiró a Panamá del Anexo I, la conocida lista de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales. Panamá había permanecido allí desde febrero de 2020.

    La UE reconoció ahora que el país reformó el régimen de exención sobre determinadas rentas de fuente extranjera que Bruselas consideraba perjudicial. Pero el proceso no está completamente terminado: Panamá pasó al Anexo II, donde permanecen las jurisdicciones que cooperan pero todavía tienen compromisos pendientes. En el caso panameño, queda pendiente una nueva revisión del Foro Global de la OCDE sobre intercambio de información tributaria a requerimiento.

    La distinción importa. Panamá dejó de ser considerado “no cooperador”, pero sigue bajo supervisión.

    ¿Qué objetaba realmente Europa?

    La UE no sostiene formalmente que los impuestos bajos sean ilegítimos. Sus criterios se concentran en tres grandes áreas: transparencia fiscal; “fiscalidad justa” y cumplimiento de las normas contra erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, conocidas como BEPS. El conflicto aparece cuando un país ofrece ventajas fiscales que, según Bruselas, permiten atraer rentas sin suficiente actividad económica real. Ahí entra Panamá.

    El criterio europeo es bastante explícito: las jurisdicciones no deberían facilitar estructuras extraterritoriales destinadas a atraer beneficios que no correspondan con actividad económica sustancial. Y cuando existe tributación nula o muy reducida, la UE exige requisitos de sustancia económica: empleados, gastos, instalaciones u otros vínculos efectivos con la jurisdicción; eso es precisamente lo que Panamá terminó modificando.

    La reforma panameña no es menor

    La Ley 526 de mayo de 2026 introdujo reglas específicas de sustancia económica para determinadas entidades panameñas integrantes de grupos multinacionales que reciben rentas pasivas de fuente extranjera. La propia ley lo dice expresamente: esas entidades deberán cumplir determinadas condiciones para que esas rentas continúen fuera del impuesto panameño bajo el principio de territorialidad.

    Eso significa que Panamá conserva formalmente su sistema territorial, pero ya no de manera absoluta para ese universo de operaciones. La renta extranjera puede seguir sin tributar en Panamá siempre que exista suficiente vínculo económico con Panamá. No basta necesariamente con constituir la sociedad allí. Hay que demostrar actividad real.

    Desde el punto de vista europeo, esto evita estructuras puramente instrumentales, desde una perspectiva liberal, sin embargo, hay otra lectura posible: un tercero consiguió condicionar la manera en que Panamá puede diseñar una parte de su propio sistema tributario.

    La ley la aprobó Panamá, la coerción jurídica interna sigue siendo panameña, pero el incentivo externo fue evidente: modificar las reglas o permanecer dentro de una lista que encarecía las relaciones financieras internacionales. Eso merece llamarse por su nombre: es soberanía formal ejercida bajo una presión económica muy considerable.

    ¿Por qué Paraguay no recibió el mismo trato teniendo renta territorial?

    Aquí aparece la comparación realmente interesante. Paraguay también aplica un modelo tributario basado fuertemente en la fuente territorial. También ha utilizado impuestos relativamente bajos y reglas simples para atraer inversión, sin embargo, la UE no lo sometió al mismo proceso que Panamá.

    La razón está parcialmente en la propia metodología europea. Cuando la Unión Europea diseñó originalmente su sistema de selección en 2016, no eligió jurisdicciones al azar, sino que buscó prioritariamente aquellas con: a) fuertes vínculos económicos con la UE; b) actividad financiera relevante y c) suficiente estabilidad institucional como para ser utilizadas por empresas e inversionistas internacionales.

    El propio Consejo recuerda que las primeras 92 jurisdicciones examinadas fueron seleccionadas precisamente sobre la base de sus vínculos económicos con Europa, su estabilidad institucional y la importancia de su sector financiero. Y en esos criterios Panamá y Paraguay no son equivalentes.

    Panamá juega en otro campeonato financiero

    Panamá no es simplemente un país con impuestos competitivos. Es y durante décadas ha sido, un centro internacional de servicios financieros, societarios, marítimos y logísticos. Tiene una fuerte banca internacional, sociedades utilizadas en operaciones transfronterizas, un poderoso Registro marítimo global, la Zona Libre de Colón, un Centro de Servicios legales especializados y Estructuras corporativas internacionales.

    Además, sus flujos de capital son significativamente más relevantes que los que corresponderían simplemente al tamaño de su economía doméstica; eso es exactamente lo que convierte a una jurisdicción en interesante para las administraciones tributarias de economías grandes.

    Paraguay, en cambio, ha construido buena parte de su atractivo sobre otra base: agricultura, ganadería, energía o maquila pero donde también su sistema tributario es relativamente sencillo.

    Su competitividad fiscal existe, pero todavía está mucho más vinculada a actividad productiva localizada dentro del país que a su utilización como plataforma internacional de estructuración financiera. Y ahí aparece una diferencia fundamental.

    Paraguay puede hacer hoy cosas que Panamá tuvo que dejar de hacer

    Hay un dato que lo ilustra perfectamente. Panamá ya participa plenamente en el intercambio automático de información financiera bajo el estándar CRS, Paraguay todavía no. Paraguay comenzará sus primeros intercambios automáticos en 2027 y la propia OCDE explica por qué pudo esperar.

    Los países en desarrollo que no albergan un centro financiero relevante no fueron obligados originalmente a adoptar el intercambio automático en una fecha concreta; Paraguay pertenece precisamente a ese grupo.

    La OCDE señala que las jurisdicciones que se comprometieron a comenzar intercambios más adelante son países en desarrollo que no alojan un centro financiero y que, por esa razón, no habían recibido inicialmente una fecha obligatoria de implementación. Eso revela algo importante: Paraguay no fue necesariamente considerado más transparente que Panamá, sino que fue considerado menos riesgoso para las bases tributarias de otros países.

    Entonces el problema no es solamente la transparencia

    Ésta es la parte incómoda. Dos países pueden tener fiscalidad territorial, pueden mantener impuestos bajos, pueden competir por capital; pero el escrutinio internacional aumenta considerablemente cuando uno de ellos se transforma en una plataforma relevante para capital extranjero.

    Dicho de manera sencilla: los impuestos bajos llaman menos la atención cuando sólo atraen fábricas que cuando atraen patrimonios, sociedades y flujos financieros internacionales.

    Eso explica buena parte de la diferencia Panamá–Paraguay. Y también introduce una dimensión de competencia entre Estados que rara vez se reconoce abiertamente.

    Competencia fiscal: ¿problema o disciplina?

    Para la Unión Europea existe una categoría llamada “fiscalidad justa”. Determinados regímenes pueden ser considerados perjudiciales si permiten atraer rentas sin actividad económica suficiente o erosionar las bases tributarias de otros países, pero desde una tradición liberal la cuestión admite otra lectura: los Estados también compiten; lo hacen mediante seguridad jurídica, infraestructura, calidad institucional, regulación, moneda y, naturalmente, impuestos.

    Si una empresa puede trasladar parte de su actividad desde una jurisdicción donde paga 30% hacia otra donde paga 15%, eso limita la capacidad del primer gobierno para aumentar indefinidamente su presión fiscal.

    La movilidad del capital introduce disciplina, no porque los empresarios sean héroes, sino porque tienen una opción de salida.

    Albert Hirschman hablaba de exit y voice: cuando una persona no puede escapar de una institución, sólo le queda intentar cambiarla políticamente. Cuando puede salir, aparece un límite adicional al poder de quien gobierna. La competencia fiscal funciona parcialmente de esa manera.

    Pero hay un argumento legítimo del otro lado

    Sería igualmente simplista sostener que toda estructura fiscal internacional representa competencia fiscal saludable. Si una sociedad registra miles de millones de beneficios en un país donde no tiene empleados, oficinas, dirección efectiva ni actividad económica, resulta comprensible que los países donde sí ocurre la actividad cuestionen el mecanismo.

    El problema existe, la pregunta es cómo resolverlo.

    Una cosa es exigir que las operaciones declaradas correspondan con actividad económica real. Otra diferente es intentar armonizar de facto la tributación internacional hasta reducir la capacidad de los países pequeños para competir mediante impuestos más bajos. La frontera entre ambas cosas es bastante menos clara de lo que suele admitir el lenguaje técnico.

    El poder está del lado del mercado grande

    Aquí aparece además una cuestión política inevitable. Panamá no puede obligar a Alemania, Francia o España a reconocer determinado tratamiento fiscal, pero la Unión Europea sí puede afectar enormemente a Panamá etiquetándolo como jurisdicción no cooperadora.

    No necesita sanciones tradicionales, le basta con aumentar los costos de hacer negocios con la jurisdicción colocándolo en listas; así, se producen más controles, más documentación, más retenciones, más riesgo reputacional, más dificultades bancarias, menor acceso a determinadas estructuras financieras entre otras dificultades.

    Entonces, la decisión sigue siendo técnicamente voluntaria: Panamá puede no modificar sus leyes, pero el costo de ejercer esa libertad aumenta. Eso es poder regulatorio y la UE lo posee en una magnitud que Panamá evidentemente no.

    ¿Qué ganó Panamá?

    Bastante. Salir del Anexo I elimina una señal internacional especialmente negativa. Reduce razones para aplicar medidas defensivas contra operaciones relacionadas con Panamá. Disminuye riesgo reputacional. Facilita relaciones con instituciones financieras europeas y elimina obstáculos potenciales para inversión y financiación. Eso tiene valor real y negarlo en nombre de la soberanía sería ignorar cómo funciona el sistema financiero internacional.

    Un centro financiero vive de confianza y conectividad, quedar fuera de las principales redes tiene un costo enorme, por eso probablemente existían buenas razones económicas para hacer las reformas.

    ¿Qué resignó?

    También bastante.

    Resignó parte de la libertad con la que históricamente podía ofrecer un régimen territorial puro a determinadas estructuras internacionales; aumentó obligaciones de información, aceptó requisitos de sustancia económica, incrementó costos regulatorios. Y aceptó, en términos prácticos, que determinados estándares fiscales internacionales condicionen el acceso pleno al sistema financiero desarrollado. Fue una decisión con un precio y sería intelectualmente pobre presentar ese proceso simplemente como: “Panamá finalmente hizo lo correcto”.

    Paraguay está en una posición distinta… por ahora

    La historia paraguaya resulta fascinante precisamente porque todavía conserva un margen mayor. Su competitividad fiscal se apoya mucho más en producción tangible; pero Paraguay está creciendo, atrae inversión, desarrolla maquila, cada día aumenta más su integración internacional y comienza a incorporarse gradualmente a los mecanismos internacionales de intercambio automático de información. En 2027 empezará a aplicar CRS.

    Si dentro de una década Paraguay desarrolla un sector financiero internacional importante, se convierte en plataforma para patrimonios extranjeros y empieza a canalizar flujos financieros mucho mayores, probablemente descubrirá algo que Panamá aprendió hace tiempo: la tolerancia internacional hacia la competencia fiscal disminuye a medida que esa competencia empieza a funcionar demasiado bien.

    Ésa es quizás la verdadera enseñanza

    No creo que pueda sostenerse seriamente que Panamá fue sancionado simplemente por ser exitoso en verdad existían algunos problemas puntuales de transparencia, intercambio de información y estructuras con escasa sustancia económica, sería absurdo negarlo. Pero tampoco explica todo decir que Panamá fue sancionado porque “no cumplía” y Paraguay no porque “sí cumplía”.

    Los propios criterios europeos muestran que el tamaño y la importancia financiera de una jurisdicción forman parte del proceso que determina quién recibe mayor escrutinio. Y ahí aparece algo mucho más interesante: no todos los países reciben el mismo nivel de exigencia porque no todos representan la misma amenaza potencial para las bases tributarias de las economías grandes.

    Eso no convierte automáticamente el sistema en injusto, pero sí obliga a abandonar la ficción de que estamos hablando exclusivamente de técnica tributaria. También estamos hablando de intereses, de competencia de jurisdicciones. Y de poder.

    ¿Competencia desleal o competencia entre gobiernos?

    Ésta es finalmente la pregunta política y económica. Cuando Panamá ofrece tributación territorial, ¿está erosionando injustamente la base impositiva de otros países?, ¿O está ofreciendo a individuos y empresas una jurisdicción diferente, obligando a otros gobiernos a competir?. Probablemente existan ejemplos de ambas cosas. Una sociedad ficticia sin actividad económica real es difícil de defender como expresión de competencia productiva, pero una empresa que verdaderamente traslada capital, trabajadores, oficinas y decisiones hacia una jurisdicción más competitiva está haciendo algo completamente distinto. Ahí existe actividad, existe inversión, existe elección. Y existe competencia entre Estados. La regulación internacional debería distinguir ambas situaciones con mucho cuidado.

    Porque si no lo hace, “combatir la evasión” puede convertirse gradualmente en algo bastante diferente: combatir la capacidad de los contribuyentes para elegir entre jurisdicciones.

    Panamá ya pagó el precio de ser relevante

    Quizás por eso la comparación con Paraguay resulta tan útil. Paraguay demuestra que la baja tributación no genera automáticamente listas negras. Panamá demuestra que, cuando un país pequeño combina impuestos competitivos con un sistema financiero globalmente relevante, las reglas cambian.

    Panamá consiguió finalmente salir del Anexo I; eso es positivo. Pero el precio fue adaptar parte de su modelo a estándares definidos en gran medida fuera de Panamá. Puede haber sido el intercambio correcto; lo importante es reconocer que hubo un intercambio.

    Porque la discusión real nunca fue simplemente transparencia versus opacidad. También fue soberanía tributaria versus acceso al sistema financiero internacional.

    Y detrás de ambas aparece una pregunta todavía más profunda: ¿hasta qué punto permitiremos que los Estados compitan entre sí por nuestro capital antes de que los propios Estados decidan limitar esa competencia?

    Paraguay todavía está descubriendo las ventajas de esa libertad. Panamá acaba de descubrir cuánto cuesta conservarla cuando uno deja de ser pequeño para quienes fijan las reglas.

  • Socioeconomía de la prosperidad: nace del pueblo, no de sus gobiernos

    Socioeconomía de la prosperidad: nace del pueblo, no de sus gobiernos

    Ningún nuevo gobernante, aunque sea de la estirpe de los magos, puede deshacer los daños acumulados durante años de desgobierno, distorsiones y malas políticas. Esa es una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. ¿Cuántos panameños conocen o entienden de economía, y mucho menos de socioeconomía? Sin embargo, todos tienen derecho al voto; un voto que termina respaldando a los mismos gobernantes y diputados corruptos por los que han venido votando desde siempre. El sufragio típico en Panamá, y en tantos otros lares, va dirigido a quien más promete regalar lo que jamás se debe entregar: la propiedad del ser humano, su albedrío y el derecho a manejar su propia empresa.

    La economía no es solo números, inflación o déficit fiscal. Es la intersección entre los mercados y la cultura de una población: sus hábitos, sus expectativas, su relación con el trabajo, con la propiedad, con el Estado y el verdadero rol de la persona. Muy pocos entienden estos conceptos, y sin embargo son la base misma que determina el rumbo de una nación.

    En Panamá existe un daño profundo: una cultura política de arrabal y de servilismo que se expresa con claridad en el popular grito de “¡No a la privatización!”. ¿Cuántas personas comprenden el grado de ignorancia que hay detrás de esa consigna cuando se lanza más desde las tripas que desde el cerebro? La economía no es un ente abstracto separado de la gente; incluye, intrínsecamente, la cultura de la población.

    He visto marchas de protesta con pancartas que exigen que el gobierno resuelva problemas individuales, reflejo de corrientes culturales en Panamá que se oponen a la idea misma de la propiedad privada y de la responsabilidad individual. No se trata de menospreciar a nadie, sino de señalar una realidad: cuando una cultura está más cerca de estructuras ancestrales que de las exigencias de una sociedad contemporánea, y cuando casi no hay esfuerzo de adaptación, la nación termina cargando con expectativas imposibles. Pensar que un nuevo gobierno puede corregir mágicamente cientos de años de desgobierno y de una cultura desfasada de la realidad es pura fantasía.

    La realidad económica y socioeconómica varía enormemente dentro de un mismo país. En Argentina, la situación de Mendoza no es la misma que la de Buenos Aires. En Mendoza, al igual que en la Florida estadounidense, las autoridades no acataron con el mismo rigor el confinamiento del COVID que otras poblaciones. Quien visita Boquete nota que casi no se ve basura en las calles. En contraste, la realidad que vomitan los ríos capitalinos es elocuente. Y ante todo ello, ¿cuántos panameños vemos y entendemos la irresponsabilidad detrás del manejo de la basura en la capital?

    Recién abordé el tema del desorden vial con alguien, preguntando: ¿por qué llaman autopatrulla a los vehículos de la ATTT? No sabía. Le dije: porque la verdadera función de ordenamiento del tránsito vehicular se tiene que hacer patrullando; ya que sembrados como postes coimeros en las calles es imposible. O… ¿por qué hay tantos “policías muertos” (resaltos) en la capital? Pues porque nadie respeta las normas. ¿Andan buscando el por qué? Si las autoridades ni siquiera son capaces de administrar la recolección de basura o el ordenamiento del tránsito, ¿realmente alguien puede creer que respetarán las leyes de la economía? Y ni hablar de las de la socioeconomía, que representan el matrimonio entre las actividades del mercado y la cultura de la sociedad.

    La socioeconomía no se arregla con decretos ni con discursos grandilocuentes. Se construye —o se destruye— día a día, en la cultura, en las expectativas y en las decisiones de millones de personas.

  • De Panamá Viejo a Panamá Nuevo

    De Panamá Viejo a Panamá Nuevo

    Las pobrezas que hoy nos perturban debemos verlas en nuestra evolución social, la cual comenzó con la finca que el rey de España configuró con un modelo rentista. El intento originario no estaba en poblar, cultivar y lograr una riqueza social humana, sino en cosechar las riquezas de Castilla del Oro, en donde se creía que las arenas de las playas eran doradas. Luego, con el tiempo, al descubrir que las playas eran de arena común, el intento fue lograr ingresos a través de peajes: tanto por el paso a través del istmo, como por quienes se quedaron varados aquí y tuvieron que pagar por cupos, coimas, licencias y demás para poder hacer mercado en la finca del rey.

    Con el pasar del tiempo, el oro de la finca se agotó y la vida en la se fue circunscribiendo a Panamá la Vieja y luego a la Nueva; que no era más que un burgo medieval dentro del cual había una casta burguesa, calles de tierra y un sistema séptico que transportaba la caca en carretas, y fuera de sus muros, el Arrabal. Entonces ¿qué fue de la gobernanza, acaso cambió? La respuesta la podemos ver en el comentario de un diputado en la asamblea colombiana en 1840, quien dijo: “Quien quiera conocer a Panamá, que vaya rápido, ¡pues se acaba!”

    En 1849 se produce un fenómeno único con el descubrimiento de oro en California, que torna a Panamá en el atajo hacia la riqueza del oeste gringo. ¿Y qué encontraron los argonautas en Panamá? Pues lo que había advertido el diputado colombiano. Ese choque entre transeúntes a través de parajes de escasez social y económica produjo muchos incidentes de «tajadas de sandía»; y no solamente como cuenta la errada historia.

    Más adelante, luego del ferrocarril, continúan nuestros problemas que culminan en la Guerra de los Mil Días y luego en la construcción del Canal de Panamá, en la cual el choque entre culturas vuelve a estar presente y termina con el enclave de la Zona del Canal; en donde se esconden los “zonians” de los panameños porque no se llevan. Bueno, sí, acaso para ir los días libres a las cantinas y prostíbulos a formar peleas; o panameñas que iban los fines de semana a las bases militares a buscar futuro.

    En 1903 nos independizaron los gringos y, desde entonces, ¿qué cambios reales se dieron en el modelo? Bueno, la Constitución de 1972 es fiel testimonio del ideal de gobernanza centralista, populista e intervencionista que adoptamos. Y lo más curioso es que aún hoy, en el 2026, la mayoría casi no lo advierte y quieren reformar lo irreformable; algo así como reconstruir a Frankenstein.

    Pero aún pocos ven la realidad en la cual los gobiernos están enquistados de manera destructiva en el mercado, dando testimonio de que la finca ya no es del rey de España, sino de los corruptos y corruptores «reyes» del Nuevo Panamá, que han llevado el clientelismo de los cupos, licencias y coimas al grado de arte. Y de educación real y efectiva… ¡ni pensarlo!, pues ello destruiría el cercado de semovientes ciudadanos liberándolos y destruyendo la finca burguesa.

    En resumen, y para entender nuestra terrible realidad, hay que reconocer nuestro pecado original: Panamá no nació como una nación, sino como la finca del rey de España. Desde la colonia hasta el sol de hoy, los administradores solo han cambiado de nombre, pero mantienen la misma tara mental: gestionar una economía de peaje y prebendas, creando una escasez institucionalizada para mantener a la población dependiente del «parte y reparte». Es bajo esta lógica de capataces que nace el NODUCA.

  • Contratación directa, competencia y república

    Contratación directa, competencia y república

    En materia de contratación pública conviene evitar dos simplificaciones igualmente malas: la primera consiste en suponer que toda contratación directa es corrupción. Y la segunda, en asumir que basta con que una contratación directa sea legal para considerarla institucionalmente saludable.

    Ninguna de las dos cosas es cierta.

    La Ley de Contrataciones Públicas panameña contempla procedimientos excepcionales y de emergencia por una razón evidente: hay circunstancias en las que el Estado no puede esperar meses mientras se desarrolla una licitación ordinaria. Una carretera colapsada, una inundación, un puente inutilizado o una emergencia sanitaria pueden exigir una respuesta inmediata.

    El problema comienza cuando aquello diseñado para resolver situaciones extraordinarias empieza a convertirse en una forma habitual de comprar. Y los datos recientes del Ministerio de Obras Públicas justifican precisamente esa discusión.

    Una investigación de La Estrella de Panamá, basada en registros de Panamá Compra, encontró que entre julio de 2024 y junio de 2026 el MOP adjudicó 276 contratos directos por aproximadamente US$363 millones. La cifra supera los US$225 millones contratados mediante mecanismos similares durante todo el quinquenio anterior. Eso no prueba corrupción, pero sí obliga a hacer preguntas.

    La competencia no es un trámite burocrático

    A veces hablamos de licitaciones públicas como si fueran simplemente un procedimiento administrativo pesado que retrasa las obras.

    Desde nuestra perspectiva liberal y habiendo sido los responsables del diseño de Panama Compras en 2006, consideramos que su función económica es bastante más importante que un mero tablón de anuncios. Fomenta la competencia y permite descubrir información que el funcionario no posee.

    ¿Cuánto cuesta realmente una carretera?, ¿Cuál es la mejor solución técnica?, ¿Qué empresa puede realizarla más rápido?, ¿Quién ofrece mejores garantías?, ¿Existe una tecnología menos costosa?, ¿Cuánto margen puede reducir un proveedor para obtener el contrato?. No hay una oficina pública capaz de conocer de antemano todas esas respuestas, precisamente ese conocimiento aparece cuando distintos oferentes compiten.

    Hayek explicó precisamente ese problema: el conocimiento relevante para organizar la actividad económica está disperso entre millones de personas. El mercado no funciona porque alguien posea toda la información, sino porque permite que la información dispersa se revele mediante precios, ofertas y decisiones.

    Una licitación competitiva intenta introducir una pequeña parte de ese mecanismo dentro de la contratación estatal, claro que no reproduce un mercado perfecto, pero permite algo fundamental: que el funcionario no tenga que decidir por sí solo cuánto debería costar aquello que está comprando. Cuando se elimina la competencia, se pierde esa referencia.

    La contratación directa tiene un costo incluso cuando nadie roba

    Éste es el punto que con frecuencia desaparece cuando la discusión se reduce a “hubo corrupción” o “no hubo corrupción”. Puede no haber un solo sobre, una sola coima ni un solo funcionario deshonesto y aun así producirse una mala asignación de recursos.

    Si el Estado contrata directamente a una empresa por US$10 millones y una licitación competitiva habría producido una oferta equivalente por US$8 millones, el contribuyente perdió US$2 millones aunque nadie haya cometido un delito.

    La corrupción es una forma extrema de malgasto, pero no es la única.

    La ausencia de competencia puede generar precios mayores, peores condiciones contractuales, soluciones técnicamente inferiores y dependencia repetida de un número reducido de proveedores.

    Por eso una política anticorrupción seria no debería concentrarse solamente en perseguir al funcionario que recibe dinero ilegal. Debería construir instituciones que reduzcan las oportunidades para que una decisión pública dependa de la discrecionalidad individual. La mejor investigación penal es la que nunca hace falta porque el procedimiento hizo difícil capturar la decisión.

    Cuando lo previsible se convierte en emergencia

    Existe además una distinción esencial entre urgencia y falta de planificación. Una inundación imprevisible puede justificar una contratación inmediata, pero el mantenimiento periódico de una carretera, difícilmente.

    Una estructura destruida inesperadamente puede constituir una emergencia. Una obra incluida desde antes en el Plan Estratégico de Gobierno merece una explicación mucho más exigente si posteriormente se adjudica mediante procedimiento excepcional.

    La investigación periodística ha señalado precisamente que algunas obras contratadas por vías excepcionales ya figuraban entre proyectos previstos en la planificación gubernamental.

    Eso no demuestra que la contratación sea ilegal, pero cambia la pregunta: si la necesidad ya se conocía, ¿qué acontecimiento extraordinario impidió licitar?, porque una emergencia no puede definirse simplemente como aquello que el Gobierno necesita ejecutar rápido dado que si así fuera, prácticamente toda obra pública podría convertirse en excepcional.

    Los gobiernos siempre tienen prisa; los ciudadanos llevan años esperando carreteras; los ministros tienen períodos limitados y los presidentes quieren inaugurar obras antes de terminar sus mandatos.

    Precisamente por todo eso las reglas existen antes de que aparezca la urgencia política.

    El argumento de la eficiencia merece ser tomado en serio

    También hay que escuchar al MOP.

    Panamá tiene una red vial con déficits acumulados y comunidades que llevan años esperando soluciones. El propio ministerio ha anunciado una cartera muy amplia de inversiones y sostiene que determinados procedimientos excepcionales permiten ejecutar con mayor velocidad. La administración también ha desarrollado numerosas licitaciones ordinarias: a finales de 2025 informó que de 35 proyectos estructurados para licitación, 26 habían sido licitados y 20 adjudicados.

    Por tanto, no corresponde construir la caricatura de un ministerio que no licita nada.

    Además, el contralor Anel Flores ha defendido que muchos contratos cuestionados respondieron a emergencias relacionadas con inundaciones y daños producidos por el agua. Anunció un arqueo y un informe para explicar las contrataciones a la ciudadanía. Es una explicación que merece ser evaluada con los expedientes delante y la respuesta republicana no es presumir culpabilidad, pero debe exigir evidencia.

    El contralor no debería defender: debería auditar

    Aquí aparece, sin embargo, una cuestión institucional delicada: el papel de la Contraloría no consiste en ser abogado defensor del ministerio cuestionado y tampoco en actuar como fiscal mediático.

    Su función es mucho más valiosa precisamente porque debería estar situada fuera de ambas posiciones. Su rol es controlar, verificar, comparar, documentar y publicar conclusiones.

    Cuando el contralor responde a cuestionamientos periodísticos diciendo que “el morbo impera”, corre el riesgo de desplazar la discusión desde los datos hacia las intenciones de quienes preguntan. No hace falta interpretar maliciosamente al contralor para señalar el problema.

    Por eso, una institución de control gana autoridad cuando puede decir «este contrato estuvo correctamente justificado»; o «éste otro no»; señalar que «en éste había emergencia o en éste la causal utilizada no se sostiene»; «estos precios fueron razonables o éstos excedieron referencias comparables».

    Eso es lo que el ciudadano necesita; la confianza republicana no consiste en creer en las personas. Consiste en poder comprobar sus actos.

    Las empresas tampoco tienen derecho adquirido a contratar con el Estado

    Otro elemento que complica la discusión es que entre las empresas que continúan obteniendo contratos públicos figuran algunas vinculadas en el pasado a casos de corrupción, entre ellas compañías cuyos representantes admitieron pagos ilícitos en el caso Blue Apple.

    Aquí también hay que mantener la cabeza fría.

    Si una empresa cumplió una sanción, no está legalmente inhabilitada y participa en una licitación abierta ofreciendo las mejores condiciones, no debería ser excluida arbitrariamente por razones reputacionales. El Estado de derecho funciona también para quienes tienen mala reputación.

    Pero una contratación directa cambia el análisis.

    Cuando una empresa con antecedentes problemáticos obtiene contratos porque ganó frente a diez competidores bajo reglas transparentes, existe una disciplina externa, pero cuando obtiene la contratación mediante selección excepcional, el grado de justificación requerido debería ser mayor.

    No porque deba presumirse nuevamente culpable, sino porque el Estado está prescindiendo precisamente del mecanismo que permitiría demostrar que ésa era la mejor opción disponible.

    Concentración empresarial y captura

    La investigación también señala una concentración significativa de contratos en un grupo relativamente reducido de empresas. La concentración tampoco prueba por sí misma corrupción ya que puede haber empresas grandes que ganen con frecuencia porque tienen maquinaria, experiencia, capacidad financiera y equipos técnicos que otras no poseen.

    Pero Public Choice nos obliga a mirar un riesgo distinto.

    Cuando unas pocas empresas dependen fuertemente del gasto estatal y un ministerio depende a su vez de unas pocas empresas capaces de ejecutar sus obras, comienza a formarse una relación bilateral muy particular: los proveedores adquieren incentivos para invertir recursos en relaciones políticas; los funcionarios adquieren incentivos para trabajar repetidamente con proveedores conocidos porque reducen incertidumbre y facilitan la ejecución y con el tiempo puede aparecer una especie de mercado cerrado. No hace falta una conspiración, los incentivos bastan.

    Y ésa es precisamente la razón por la cual la competencia debe ser protegida institucionalmente, incluso frente a funcionarios honestos y empresas técnicamente capaces.

    El cronómetro también puede ser una herramienta de corrupción

    Existe una forma particularmente sutil de degradar la contratación pública: planificar tarde.

    Supongamos que una administración conoce desde hace un año que una obra debe comenzar en octubre. No inicia la licitación a tiempo, llega septiembre y entonces declara que no puede esperar seis meses porque la obra es urgente. Formalmente, la urgencia existe, pero fue producida administrativamente. Ese mecanismo debería ser especialmente vigilado.

    Una buena ley anticorrupción no debería preguntar solamente si “¿Había urgencia el día en que se adjudicó?”; debería preguntar también: “¿Cuándo conoció el Estado la necesidad y qué hizo desde entonces?”. La diferencia es enorme y la mala planificación termina convirtiéndose en una vía legítima para evitar competencia. Y cuanto peor administra una institución sus tiempos, mayor discrecionalidad obtiene. Exactamente el incentivo contrario al que deberíamos crear.

    Publicar todo, incluso cuando la ley permita no competir

    La solución no consiste en prohibir las contrataciones directas, eso sería imprudente y el Estado necesita capacidad para reaccionar ante emergencias reales.

    La reforma correcta consiste en hacer que contratar directamente sea más transparente que licitar, precisamente porque falta el control competitivo. Cada contratación excepcional debería publicar de manera sencilla y estandarizada la obra; el monto; la empresa; la causal legal invocada; el hecho concreto que produjo la urgencia; la fecha en que la Administración conoció la necesidad; las empresas que podrían haber prestado el servicio; la metodología utilizada para determinar que el precio era razonable; los contratos anteriores del mismo proveedor y la comparación del precio con obras equivalentes.

    Además debería existir una auditoría posterior obligatoria para contratos que superen determinado monto. No necesariamente para detener la obra, pero para verificarla después, ya que la emergencia justifica rapidez, pero no la opacidad.

    El precio de referencia importa

    Panamá podría además fortalecer sistemas de comparación.

    Si el MOP contrata cien kilómetros de mantenimiento vial en distintas provincias, debería existir una base pública que permita comparar costos por kilómetro ajustados por tipo de obra, terreno, materiales y dificultad; eso ayudaría a identificar anomalías sin necesidad de acusar a nadie.

    ¿Por qué una obra cuesta 40% más que otra técnicamente semejante?. Puede existir una explicación perfectamente legítima, pero alguien debería explicarla. Así los datos convierten la sospecha en una pregunta técnica, mejora el control y protege también al funcionario honesto.

    Transparencia no significa paralizar al Gobierno

    Éste es quizás el punto más importante. Panamá necesita infraestructura, entre otras, necesita reparar carreteras, puentes, agua. Necesita ejecutar.

    Una política anticorrupción mal diseñada puede ser tan perjudicial como la ausencia de controles si logra que ningún funcionario quiera firmar nada por temor a terminar investigado años después. Por eso, el objetivo no debe ser producir un Estado aterrorizado, sino uno predecible con reglas claras, plazos razonables, procedimientos rápidos, competencia siempre que sea posible y excepciones cuando sean necesarias. Y trazabilidad absoluta cuando se utilicen. La eficacia y la transparencia no son enemigos y una administración profesional debería poder ofrecer ambas.

    La república no funciona con confianza personal

    El Gobierno de José Raúl Mulino ha mostrado en distintas áreas una conducción profesional y relativamente sobria. Sería injusto interpretar automáticamente cualquier cuestionamiento administrativo como evidencia de corrupción gubernamental. Pero ése tampoco puede ser el estándar.

    Las instituciones republicanas existen precisamente porque ningún gobierno debería pedirnos que confiemos en su profesionalismo, ni siquiera uno que consideremos profesional.

    Hoy puede gobernar una administración prudente, mañana otra. Las reglas tienen que funcionar para ambas.

    Madison comprendió el problema hace más de dos siglos: si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno, y si quienes gobernaran fueran ángeles tampoco necesitaríamos controles. No son ángeles, ni los de este Gobierno ni los del anterior ni los del próximo. Por eso controlamos.

    No pedir confianza: ofrecer evidencia

    El MOP puede tener una explicación perfectamente razonable para buena parte de esos US$363 millones. Algunas obras probablemente respondieron a emergencias reales, otras quizá consiguieron buenos precios, algunos proveedores pueden haber sido simplemente la opción técnicamente disponible. Si así fue, el informe anunciado por la Contraloría debería demostrarlo contrato por contrato, no mediante declaraciones generales.

    Eso sería bueno para el Gobierno, para el MOP, para las empresas y para los ciudadanos, porque en una república sana una investigación periodística no debería obligar al Estado a cerrar filas. Precisamente debería activar exactamente el mecanismo contrario: abrir los expedientes.

    La pregunta fundamental no es si confiamos las personas o ni siquiera si confiamos en este Gobierno. La pregunta liberal y republicana es mucho más exigente: ¿podría funcionar correctamente este mismo sistema si mañana lo administraran personas en quienes no confiamos absolutamente nada?. Si la respuesta es no, hay que cambiar el sistema, porque la mejor política anticorrupción no consiste en esperar funcionarios honestos, sino en construir instituciones en las que incluso un funcionario deshonesto tenga poco margen para hacer daño.

  • Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    Puertos de Panamá y el precio de convertir la seguridad jurídica en geopolítica

    El conflicto por los puertos de Balboa y Cristóbal acaba de entrar en una etapa mucho más delicada.

    CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando más de US$1.500 millones, alegando violaciones al tratado de protección de inversiones aplicable a sus activos. Su filial Panama Ports Company mantiene, paralelamente, otro procedimiento arbitral en el que reclama más de US$2.000 millones por la pérdida de las concesiones que durante casi tres décadas le permitieron operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

    Conviene aclararlo desde el comienzo: Panamá no ha sido condenado a pagar US$3.500 millones. Son reclamaciones de las empresas, que deberán ser discutidas y eventualmente resueltas en arbitraje internacional.

    Pero tampoco conviene minimizar lo que está ocurriendo. El verdadero problema supera ampliamente la identidad de CK Hutchison, China o Estados Unidos.

    Lo que está en juego es algo bastante más importante para un país pequeño, abierto y dependiente del comercio internacional: la previsibilidad de las reglas bajo las cuales alguien decide invertir capital durante treinta años.

    Una concesión no se vuelve legítima por ser privada

    Existe una tentación frecuente entre quienes defendemos mercados libres: asumir que cualquier conflicto entre una empresa privada y el Estado debe resolverse automáticamente a favor de la empresa. Eso sería un error. El liberalismo no consiste en defender empresarios, sino defender derechos de propiedad, contratos, competencia e igualdad ante la ley.

    Una concesión otorgada mediante privilegios, exclusividades, condiciones discriminatorias o violaciones constitucionales no se transforma en liberal simplemente porque el beneficiario sea una compañía privada.

    La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el 29 de enero de 2026 inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobaba el contrato con Panama Ports Company, así como sus adendas y la prórroga posterior. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero y quedó en firme. Además, el fallo cuestionó particularmente la interpretación realizada en 2021 según la cual la concesión debía renovarse automáticamente hasta 2047.

    Si un contrato viola la Constitución, ningún liberal serio debería sostener que debe mantenerse simplemente porque existe. Pero aquí comienza, no termina, el problema.

    El Estado también debe responder por los contratos que él mismo celebró

    Durante casi treinta años Panama Ports Company operó esos puertos bajo un contrato celebrado, aprobado y sucesivamente reconocido por el propio Estado panameño.

    La empresa realizó inversiones, contrató trabajadores, adquirió equipos, estableció relaciones comerciales y organizó su actividad económica suponiendo que los actos del Estado eran jurídicamente válidos. Y aquí aparece un cuestionamiento: si el propio Estado concedió, aprobó, supervisó, prorrogó y durante décadas reconoció un contrato que finalmente resulta inconstitucional, ¿quién debe asumir el costo de ese error institucional?

    No existe una respuesta sencilla.

    Pero desde la perspectiva de la seguridad jurídica resulta difícil sostener que toda la pérdida debe recaer automáticamente sobre quien confió en los actos oficiales de ese mismo Estado. Una república seria no puede comportarse como una contraparte contractual común cuando firma y como soberano omnipotente cuando desea salir del contrato. Si el Estado tiene la capacidad de declarar inválido aquello que él mismo otorgó, el inversionista incorpora ese riesgo al precio de invertir.

    Y ese precio no lo paga solamente CK Hutchison, lo pagan todos los futuros inversionistas.

    El riesgo país no nace únicamente del déficit

    Solemos hablar de riesgo país pensando en deuda pública, pero existe otro riesgo menos visible: el riesgo institucional.

    Un empresario que estudia invertir US$500 millones en Panamá intenta estimar costos de construcción, salarios, energía, demanda, impuestos y logística, pero además, analiza el marco institucional: ¿las reglas bajo las cuales invierto hoy seguirán siendo reconocidas dentro de diez o veinte años?

    Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre esa respuesta, mayor será la rentabilidad que exigirá para arriesgar su capital. Ese fenómeno es perfectamente comprensible; la inversión es necesariamente una acción orientada hacia el futuro. El empresario renuncia a recursos presentes esperando obtener un rendimiento posterior. Cuanto mayor sea la incertidumbre institucional que no puede controlar, menor será el número de proyectos que superen su cálculo empresarial.

    Algunos no se harán, otros exigirán retornos mayores o incorporarán garantías adicionales. Y otros simplemente se realizarán en otra jurisdicción.

    La seguridad jurídica, por tanto, no es una abstracción para abogados, es un precio.

    Y ahora apareció la geopolítica

    El caso sería suficientemente complejo si fuera solamente jurídico. Pero no lo es.

    Los puertos además quedaron atrapados en la creciente disputa estratégica entre Estados Unidos y China; Donald Trump cuestionó públicamente la presencia china alrededor del Canal, aunque el Canal propiamente dicho pertenece y es administrado por Panamá. Posteriormente CK Hutchison anunció una operación global de aproximadamente US$23.000 millones para vender numerosos activos portuarios —incluidos inicialmente Balboa y Cristóbal— a un consorcio encabezado por BlackRock y MSC. La operación encontró a su vez resistencia desde Beijing. Panamá quedó literalmente en el medio.

    Y para un país cuya gran ventaja histórica consiste precisamente en servir como punto de encuentro del comercio mundial, ésa es una posición especialmente peligrosa ya que la función económica del Canal no consiste en elegir ganadores geopolíticos, sino en todo lo contrario, que es permitir el tránsito, el comercio y la conexión entre individuos y empresas independientemente de las disputas de sus gobiernos.

    Cuanto más consiga Panamá mantenerse como una jurisdicción confiable, neutral y comercialmente abierta, mayor será el valor de su posición geográfica. Cuanto más permita que sus decisiones económicas sean interpretadas como extensiones de Washington, Beijing o cualquier otra potencia, más difícil será preservar esa ventaja.

    Neutralidad no significa ingenuidad

    Esto tampoco implica que Panamá deba ignorar riesgos legítimos de seguridad nacional.

    Un Estado puede y debe establecer reglas básicas. Panamá puede establecer reglas generales de control, transparencia y seguridad sobre infraestructura crítica, exigir información sobre propiedad efectiva, imponer requisitos de gobernanza, auditoría, continuidad operativa, ciberseguridad o límites previamente definidos a determinadas formas de control. Sólo en casos excepcionales, claramente previstos por la ley y bajo criterios objetivos, podría llegar a impedir una operación concreta.

    Pero hay una enorme diferencia entre hacerlo mediante reglas ex ante, aplicables a todos, y alterar condiciones una vez que las inversiones ya fueron realizadas. Ésa es precisamente una de las funciones centrales del Estado de derecho, permitir que las personas conozcan las reglas antes de actuar.

    Hayek insistía en la importancia de normas generales, abstractas y previsibles precisamente porque reducen la discrecionalidad del gobernante.

    El problema no es que Panamá establezca una política sobre activos estratégicos, lo sería si esa política cambiara dependiendo de quién presiona, qué potencia amenaza o qué empresa ocupa circunstancialmente el activo. Eso dejaría de ser rule of law, una vez más, administración discrecional de intereses.

    Los US$3.500 millones no son todavía una deuda, pero tampoco son gratis

    También existe una dimensión fiscal.

    Las dos reclamaciones conocidas superan conjuntamente los US$3.500 millones. Una corresponde a los derechos contractuales reclamados por Panama Ports Company; la nueva acción de CK Hutchison se plantea separadamente bajo derechos derivados de un tratado de protección de inversiones.

    Panamá puede ganar ambos casos, obtener decisiones parciales, llegar a acuerdos o perderlos.

    Hoy nadie responsable puede presentar esos US$3.500 millones como una obligación cierta, pero desde el punto de vista presupuestario representan una contingencia. Y las contingencias también forman parte del verdadero costo del Estado.

    Ésta es una cuestión especialmente importante desde Public Choice, porque los gobernantes toman decisiones hoy cuyos costos pueden aparecer años después, pero quien obtiene el beneficio político de una medida puede no ser quien tenga que incorporar posteriormente la indemnización al presupuesto. El tiempo separa la decisión de su factura y cuando finalmente llega la factura, la paga un tercero: el contribuyente.

    ¿Quién paga cuando el Estado se equivoca?

    Éste es quizás el aspecto más interesante del caso. Supongamos que el contrato original tuvo condiciones extraordinariamente favorables para la empresa. Supongamos incluso que funcionarios panameños cometieron errores gravísimos al aprobarlo o prorrogarlo.

    ¿Quién termina pagando?

    Si el contrato permanece, pueden hacerlo los ciudadanos mediante condiciones desfavorables; si se anula y Panamá pierde el arbitraje, vuelven a hacerlo los ciudadanos mediante una indemnización, pero los funcionarios que diseñaron el contrato original rara vez aportan un centavo; lo mismo, los funcionarios que aprobaron la prórroga tampoco. Y quienes toman posteriormente decisiones que generan responsabilidad internacional tampoco responden personalmente con su patrimonio.

    Éste es exactamente el problema de incentivos que Buchanan y la teoría de Public Choice obligan a mirar. El Estado no es una entidad abstracta que absorbe pérdidas, las traslada.

    Por eso el control institucional previo importa tanto.

    La próxima concesión debería ser muy diferente

    Panamá tiene ahora una oportunidad.

    No para reemplazar una empresa extranjera por otra políticamente más conveniente, o sustituir capital chino por estadounidense. Y mucho menos para convertir los puertos en empresas administradas burocráticamente por el Estado.

    La oportunidad consiste en diseñar un sistema mucho más competitivo y jurídicamente robusto.

    Si Balboa y Cristóbal vuelven a concesionarse, Panamá debería procurar: reglas abiertas y conocidas previamente; licitaciones internacionales genuinamente competitivas; ninguna negociación diseñada alrededor de una empresa específica; plazos razonables; mecanismos transparentes de revisión; obligaciones claras de inversión; ausencia de renovaciones automáticas y procedimientos de resolución de controversias definidos desde el comienzo.

    Sobre todo, debería evitar contratos-ley convertidos en matrimonios de varias décadas entre el poder político y un único operador.

    El mercado necesita contratos, pero también necesita contestabilidad.

    Panamá debe elegir a Panamá

    Existe finalmente una tentación geopolítica que convendría resistir; interpretar el episodio como una victoria estadounidense sobre China sería tan peligroso como interpretarlo como una obligación panameña de proteger intereses chinos. Panamá no tiene por qué elegir entre Washington y Beijing. Tiene que elegir algo mucho más sencillo: a Panamá.

    Y el interés panameño de largo plazo consiste en ser una jurisdicción abierta al capital, respetuosa de los contratos, neutral en el comercio y extraordinariamente predecible en sus reglas.

    El activo más importante del país no es solamente el Canal, sino la confianza en que cualquier persona puede utilizarlo, invertir alrededor de él y comerciar a través de Panamá sin necesitar primero saber qué potencia controla el tablero político del momento.

    La geografía le dio a Panamá una ventaja extraordinaria, las instituciones determinan cuánto vale.

    Por eso el desenlace del conflicto de Balboa y Cristóbal importará mucho más que los US$1.500 millones, los US$2.000 millones o incluso quién termine operando ambos puertos.

    Cuando todo esto termine, ¿los inversionistas considerarán que Panamá ofrece reglas más claras y previsibles que antes, o menos?

    Ésa será la verdadera factura del caso. Y ésa, mucho más que cualquier arbitraje, será la que determine el costo económico de lo ocurrido.

  • Presupuesto 2027: una oportunidad para mirar no sólo cuánto gasta Panamá, sino cómo gasta

    Presupuesto 2027: una oportunidad para mirar no sólo cuánto gasta Panamá, sino cómo gasta

    El Presupuesto General del Estado para 2027 ya comenzó su recorrido por la Asamblea Nacional. El proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a B/.35.111,7 millones, apenas un 0,6% más que el presupuesto modificado de 2026.

    Ese primer dato merece atención porque, en un país acostumbrado durante años a presupuestos que crecen con mayor velocidad, un incremento nominal tan pequeño transmite al menos una intención de contención. No equivale todavía a una reducción del tamaño del Estado, ni mucho menos a una reforma estructural, pero tampoco sería justo ignorar el esfuerzo por mantener prácticamente estable el gasto agregado.

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha presentado el presupuesto como “responsable, realista y ejecutable”, con énfasis en inversión pública, sostenibilidad fiscal y mayor asignación a los gobiernos locales. El proyecto contempla alrededor de B/.12.564 millones destinados a inversión.

    Hay, por tanto, elementos positivos que conviene reconocer antes de entrar en las preguntas difíciles.

    Una composición algo más saludable

    Uno de los cambios más interesantes está en la estructura del gasto.

    El presupuesto del Gobierno Central bajaría de aproximadamente B/.17.935,6 millones en 2026 a B/.16.534,5 millones en 2027, una reducción cercana al 7,8%. Parte importante de esa caída se explica por un menor servicio de la deuda: pasa de B/.7.938,9 millones a B/.5.496,1 millones, unos B/.2.443 millones menos.

    Ese descenso no significa, por supuesto, que Panamá haya reducido su deuda en esa magnitud. Los vencimientos y operaciones financieras varían de un año a otro. Pero sí libera espacio presupuestario durante 2027 y reduce temporalmente la presión que el servicio financiero ejerce sobre otros usos de los recursos públicos.

    También resulta razonable que el Gobierno intente orientar una proporción mayor hacia inversión.

    La inversión pública bien seleccionada puede resolver cuellos de botella importantes en infraestructura, agua, saneamiento, movilidad, educación o logística. En un país cuya competitividad depende enormemente de su infraestructura y de su posición como centro internacional de servicios, no todo gasto público puede evaluarse simplemente por su monto.

    La pregunta relevante es qué rendimiento social y económico produce.

    Un dólar utilizado para mantener una estructura administrativa innecesaria no tiene el mismo significado que un dólar utilizado para reparar una carretera que conecta una zona productiva con los mercados.

    Por eso el debate presupuestario debería abandonar gradualmente la obsesión por cuánto recibe cada institución y avanzar hacia una discusión sobre qué resultados obtiene con esos recursos.

    El verdadero problema está en el gasto que nadie puede tocar

    Hay, sin embargo, una advertencia especialmente importante.

    Moody’s ha señalado recientemente que Panamá tiene alrededor del 70% del gasto del Gobierno Central sujeto a distintos grados de rigidez, mientras que leyes especiales, escalafones y obligaciones automáticas continúan agregando presión sobre las finanzas públicas. Para 2027, estimaciones citadas durante esta discusión sitúan en aproximadamente B/.340 millones el costo adicional asociado a algunas de esas obligaciones legales.

    Este es probablemente uno de los problemas fiscales más importantes de Panamá y, paradójicamente, uno de los menos visibles.

    Un ministro de Economía puede administrar prudentemente las cuentas y aun así disponer de muy poco margen real para cambiar el destino del gasto ya que existen salarios fijados mediante leyes especiales, escalafones automáticos, transferencias obligatorias o subsidios establecidos previamente. Además, están las asignaciones constitucionales o legales y el servicio de deuda.

    Cada una de esas obligaciones puede haber tenido una justificación política en el momento en que fue creada. El problema aparece cuando se acumulan durante décadas hasta convertir el presupuesto en una enorme estructura de compromisos previamente adquiridos.

    Entonces el presupuesto deja parcialmente de ser una decisión anual sobre prioridades y comienza a parecerse a una factura que simplemente llega todos los años.

    La planilla merece atención, pero sin simplificaciones

    Otro número que merece seguimiento es la planilla estatal, presupuestada para 2027 en aproximadamente B/.7.924 millones.

    Aquí también conviene evitar dos extremos.

    No todo funcionario público es prescindible y no toda contratación estatal constituye malgasto. Médicos, docentes, policías, técnicos jurídicos, ingenieros, investigadores y muchos otros trabajadores realizan funciones que el Estado ha decidido prestar, pero tampoco debería aceptarse que la planilla crezca simplemente por inercia.

    La pregunta correcta no es necesariamente ¿Cuántos funcionarios podemos despedir? sino más bien ¿Qué funciones necesita realmente realizar el Estado y cuántas personas necesita para realizarlas?

    El orden de esas preguntas importa muchísimo.

    Reducir personal sin reformar procesos puede deteriorar servicios. Reformar procesos, digitalizar trámites, eliminar duplicidades y cerrar funciones innecesarias permite después reducir estructuras de manera racional. Eso es desburocratización real, lo contrario es simplemente recorte arbitrario.

    Los B/.37 millones de publicidad: pequeños en el presupuesto, grandes como símbolo

    Durante la sustentación del presupuesto apareció además una partida de aproximadamente B/.37 millones para promoción y publicidad estatal. El propio Chapman expresó sorpresa al conocer el agregado, explicando posteriormente que allí se incluyen también empresas públicas y financieras y que algunas campañas responden a objetivos específicos, como la promoción de la lotería fiscal o la venta de bienes aprehendidos.

    En un presupuesto de B/.35.000 millones, B/.37 millones representan poco más de una décima de punto porcentual y que fiscalmente no resolverán el déficit panameño. Pero institucionalmente son interesantes.

    La publicidad estatal debería superar una prueba relativamente sencilla de responder a la pregunta ¿esta comunicación beneficia al ciudadano o al gobernante?.

    Informar sobre vacunaciones, fechas tributarias, prevención de desastres, cambios regulatorios o servicios públicos puede estar plenamente justificado, pero mostrar una obra terminada acompañada del rostro, nombre o eslogan de quien gobierna pertenece a una categoría bastante diferente.

    No hace falta prohibir toda comunicación gubernamental. Hace falta distinguir con mayor claridad información pública de propaganda política financiada por terceros obligados a pagarla. Y justamente esos terceros son los contribuyentes, mejor dicho, los pagadores de impuestos.

    Más descentralización también exige mejores controles

    El proyecto contempla además mayores recursos para gobiernos locales, algo coherente con una estrategia de descentralización territorial. Chapman ha defendido esa orientación señalando que las regiones deberían tener mayores posibilidades de atender necesidades de acuerdo con sus propias realidades. La dirección es razonable ya que un gobierno central difícilmente puede conocer mejor que una comunidad sus prioridades cotidianas.

    Pero descentralización no significa simplemente transferir dinero desde una burocracia nacional hacia 81 burocracias municipales.

    Para que funcione debe ir acompañada de transparencia, responsabilidad y comparación y como mínimo debe transparentarse cuánto recibe cada municipio, en qué lo utiliza, cuánto cuesta cada obra, quién la ejecuta y qué resultados obtiene.

    La descentralización es poderosa precisamente porque permite comparar. Por ejemplo, si dos municipios reciben recursos semejantes y uno construye una obra por la mitad del costo que otro, alguien debería preguntar por qué.

    Esa información constituye uno de los mecanismos de control más efectivos que existen.

    Las vistas presupuestarias pueden ser más importantes que la aprobación final

    Desde el 17 de agosto, la Comisión de Presupuesto comenzó las vistas de las 96 instituciones incluidas en el proyecto. Cada una deberá explicar sus necesidades, prioridades, programas y proyectos ante los diputados y quizás allí se encuentre la parte más interesante de todo el proceso.

    Porque un presupuesto agregado de B/.35.111 millones dice relativamente poco.

    La información realmente útil aparece cuando comenzamos a bajar niveles.

    ¿Cuánto cuesta una institución?

    ¿Cuánto dedica a personal?

    ¿Cuánto a consultorías?

    ¿Cuánto a alquileres?

    ¿Cuánto a viajes?

    ¿Cuánto a publicidad?

    ¿Cuántos programas diferentes persiguen el mismo objetivo?

    ¿Cuántas entidades realizan funciones similares?

    ¿Cuáles muestran resultados mensurables?

    Es allí donde puede comenzar una conversación adulta sobre eficiencia pública, no desde el prejuicio de que todo gasto es malo, pero tampoco desde la presunción contraria de que todo programa público merece continuar simplemente porque ya existe.

    Panamá no necesita convertir el presupuesto en una guerra ideológica

    El gobierno de José Raúl Mulino nunca se presentó como un experimento libertario ni prometió una reducción radical del Estado asi que evaluarlo con ese estándar como nos gustaría desde nuestra mirada, sería intelectualmente injusto. Y no vamos a hacerlo.

    La evaluación razonable sería investigar dentro del modelo de Estado que el propio Gobierno ha elegido administrar, ¿lo está haciendo con prudencia, profesionalismo y conciencia de las restricciones fiscales?

    Hasta ahora hay algunas señales que merecen reconocimiento: crecimiento presupuestario prácticamente contenido, mayor énfasis declarado en inversión, una reducción importante del servicio de deuda correspondiente a 2027 y un Ministerio de Economía que al menos ha colocado la sostenibilidad fiscal dentro del discurso público. Eso es muy bueno!

    Pero hay también problemas estructurales que ningún ministro puede resolver simplemente administrando mejor el presupuesto anual. A saber, las mayores dificultades están en la rigidez legal del gasto, la expansión acumulativa de compromisos, la planilla, los subsidios, la duplicidad institucional.Y quizás la más importante, la dificultad política de eliminar programas una vez creados y que se van sumando cada año creando capas geológicas burocráticas y de gasto superfluo. Ahí se encuentra probablemente la próxima etapa de la discusión fiscal panameña.

    Del presupuesto del año al Estado que queremos financiar

    El Presupuesto 2027 no parece, al menos en su planteamiento inicial, irresponsable.

    Tampoco es un presupuesto de transformación del Estado.

    Es más bien un presupuesto de administración y consolidación, condicionado por muchas decisiones que Panamá tomó durante las décadas anteriores y quizás precisamente por eso ofrece una oportunidad.

    En lugar de discutir cada año si Educación recibe más, Salud menos o determinada institución consiguió cincuenta millones adicionales, los panameños en general y los representantes en particular podrían comenzar a preguntarse periódicamente algo mucho más elemental: ¿seguiríamos creando hoy todas las instituciones, programas, subsidios y obligaciones que estamos financiando?

    Si la respuesta a alguna de ellas es no, ahí comienza el verdadero ahorro, no en quitarle cinco dólares a cada programa, sino en dejar de financiar aquello cuya razón de existir desapareció.

    Una política fiscal seria no necesita considerar al Estado un enemigo, sino obliga a algo mucho más sencillo y exigente: obligarlo periódicamente a justificar por qué sigue gastando cada balboa que le pide al ciudadano.

  • En la Política Resucita el Primitivismo Selvático

    En la Política Resucita el Primitivismo Selvático

    En su origen, la palabra “política” tuvo el sentido de perseguir nobles objetivos a través de los cuales los ciudadanos podían organizar sus vidas en comunidad de manera segura y productiva. Pero, como suele suceder en asuntos del poder, lo que en principio tuvo nobleza se corrompió, tomando el sentido de engaños y beneficios políticos. Hoy día el vocablo “política” o “político” ha tomado un sentido peyorativo y ello no es casual sino causal. En sentido maquiavélico, la política se convirtió en la estratagema para acceder y mantener el poder. En Panamá vivimos el desboque burrocrático en la manipulación de los medios noticiosos en dónde muchos se caracterizan por una retórica de calabaza vacía.

    La política de arrabal que hoy vivimos se nutre de la pobreza e ignorancia que sembraron las élites del Intramuros del Casco Viejo.

    En tal ambiento la lógica sucumbe, igual que el debate técnico, el científico y social; tanto en lo económico como en lo ético y todo queda subordinado a las chuecas agendas partidistas. Así, la comparsa que logró entrar al Palacio de las Garzas prioriza su permanencia y en ello las necesidades de la población van perdiendo prioridad. Peor es que un presidente honesto es igual que una manzana sana en un cesto de podridas.

    En ese muladar se extravían la justicia y la ética, como también el cálculo económico; ese que sólo existe en libre mercado, dado que los gobernantes carecen los incentivos del ahorro ya que el dinero que usan o mal usan lo arrebatan en impuestos desbocados. Peor aún es que todo ello corrompe el emprendimiento y a los emprendedores; ya que quienes no se aparean con los demonios se van al fracaso.

    Más tenebroso es que en semejante patología lo torcido se vuelve “normal”, realidad pintada en el decir: “robó, pero le dio al pueblo”.

    Más horrible aún es ver a los asaltantes del poder valerse del inmenso pecado de la envidia, del cual se aprovechan para abanicar y vilipendiar al capitalista, al empresario, a la propiedad; al rico y tal; lo cual lo deja a uno pensando que lo único que tiene valor es ser pobre, sin capital, sin empresas, sin propiedades y sin dinero, tal como ha ocurrido por todo nuestro hemisferio.

    Hoy, se confunden las palabras “gobierno” y “Estado” escribiendo “Estado” con “E” mayúscula; engaño para hacer ver que el gobierno es el estado; es decir, el pueblo. Sí, como no… hay que ser más que ingenuo para creer que nuestros gobiernos representan los verdaderos y buenos intereses del pueblo. Y más tenebroso aún es que el adoctrinamiento y el engaño han sido tan buenos que el pueblo ni siquiera conoce lo que les conviene.

    Vivimos en la letrina del engaño; cinismo que nos lleva a la fragmentación del verdadero estado, que somos todos; mientras que los gobiernos son los organismos a quien el pueblo delega su seguridad y su economía. En ese engaño deberíamos ver la bestia agazapada en los matorrales esperando para su ataque.

    Así, la población queda fracturada y, como reza el dicho, “divide y vencerás”; o, tal vez lo que dice es “divide y robarás”. El verdadero y auténtico gobierno está llamado a enfocarse en la seguridad y la libertad de sus representados; la población. Imagínense que hasta nuestra horrible Constitución comunista comienza señalando eso en su Preámbulo.

    El buen gobierno, la productiva gobernanza se basa en sana economía; y, la palabra “economía” lo dice todo… “economizar” y no dilapidar y robar.

  • La fragilidad institucional detrás de la crisis portuaria panameña

    La fragilidad institucional detrás de la crisis portuaria panameña

    La situación de los puertos Balboa y Cristóbal ofrece uno de los ejemplos más interesantes —y delicados— sobre cómo los problemas de diseño institucional terminan convirtiéndose, décadas después, en conflictos económicos y políticos de gran escala.

    La discusión pública suele reducirse a una falsa dicotomía entre “defender la soberanía” o “proteger inversiones extranjeras”. Sin embargo, el problema de fondo parece mucho más estructural: cuando una concesión nace rodeada de opacidad, privilegios o debilidades jurídicas, el tiempo no corrige esos defectos. Los amplifica.

    La reciente declaración de inconstitucionalidad sobre la concesión vinculada a Panama Ports, sumada a las amenazas de arbitraje internacional y a la intervención temporal del Estado, revela precisamente eso: la fragilidad de acuerdos cuya legitimidad nunca terminó de consolidarse social ni institucionalmente.

    Desde nuestra óptica, el problema no es la inversión extranjera. Panamá, de hecho, construyó buena parte de su éxito precisamente sobre apertura comercial, estabilidad relativa y capacidad de atraer capital internacional. El Canal, la banca y la logística son prueba de ello.

    El problema aparece cuando el vínculo entre Estado y empresas se vuelve ambiguo: concesiones excesivamente largas, condiciones poco transparentes, renegociaciones difíciles de auditar o marcos regulatorios percibidos como diseñados para actores específicos. En esos contextos, tanto la izquierda estatista como el nacionalismo terminan encontrando terreno fértil para cuestionar la legitimidad completa del sistema.

    Y allí surge el verdadero costo económico: la incertidumbre.

    Para un país logístico y financiero como Panamá, la previsibilidad jurídica no es un detalle técnico. Es uno de sus principales activos nacionales. Cada vez que un contrato estratégico entra en disputa pública o judicial, el mensaje hacia los mercados internacionales deja de ser exclusivamente económico y pasa a ser institucional.

    El problema tampoco se resuelve simplemente defendiendo “la seguridad jurídica” de forma abstracta. Porque la seguridad jurídica no significa blindar cualquier contrato para siempre, independientemente de cómo fue concebido. Significa construir reglas claras, competitivas, transparentes y legítimas desde el inicio, de modo que ni el gobierno ni la presión política futura tengan incentivos para desarmarlas.

    En otras palabras: la estabilidad no se logra impidiendo revisar errores, sino evitando cometerlos desde el principio.

    Panamá enfrenta además un desafío adicional. El Canal no es únicamente un activo económico; es también un símbolo nacional y geopolítico. Todo lo relacionado con puertos, agua, rutas comerciales o infraestructura estratégica termina inevitablemente atravesado por presiones internacionales, rivalidades entre potencias y sensibilidad política interna. Eso obliga a niveles aún mayores de transparencia y profesionalismo institucional.

    La enseñanza más importante quizá sea una bastante antigua: las instituciones débiles suelen producir ganancias rápidas, pero conflictos largos. Lo que comienza como una solución pragmática o políticamente conveniente termina años después convertido en litigios, desconfianza y polarización.

    Y esa es probablemente la lección liberal más relevante de este episodio.

    No basta con atraer capital.

    Hay que construir instituciones capaces de hacerlo convivir con legitimidad pública, competencia genuina y reglas previsibles para todos.

    Porque en economía política, como en tantas otras cosas, lo que mal empieza rara vez termina bien.

  • El derecho a elegir: una reforma liberal para la salud panameña

    El derecho a elegir: una reforma liberal para la salud panameña

    Existe una paradoja incómoda en el corazón de los sistemas de salud latinoamericanos: se habla mucho del «derecho a la salud» pero se ignora sistemáticamente el derecho previo, más fundamental y más personal, que hace posible cualquier otro derecho en medicina: el derecho a elegir. Elegir al médico. Elegir el hospital. Elegir la atención que mejor se ajusta a las necesidades propias, no a las de una burocracia que desconoce tanto al paciente como a su historia.

    Un estudio reciente realizado por Ipsos en España pone en evidencia que el 71% de los ciudadanos madrileños sabe que puede elegir a su médico de familia dentro del sistema público, diez puntos por encima de la media nacional. Madrid obtiene la mejor valoración del sistema de libre elección sanitaria de todo el país: un 7,7 sobre diez, frente a un 6,8 de media. Y lo más revelador no son los números, sino lo que los ciudadanos dicen cuando se les pregunta por qué cambian de médico o de centro: buscan trato humano y personalizado, rapidez en la atención y confianza en el profesional. No buscan ideología sanitaria. No buscan al Estado. Buscan a alguien que les atienda bien.

    Esta es una lección que Panamá no puede seguir ignorando.

    El sistema panameño: fragmentado, burocrático y sin salida

    El sistema de salud de Panamá es, en su estructura actual, un laberinto de segmentaciones que conspiran contra el paciente. La Caja de Seguro Social (CSS) cubre a los trabajadores formales y sus dependientes. El Ministerio de Salud (MINSA) atiende a la población sin cobertura de seguridad social. El sector privado existe, pero su acceso depende exclusivamente de la capacidad de pago individual. El resultado es un sistema tripartito donde la calidad de atención que recibe un ciudadano no depende de sus necesidades médicas, sino de su condición laboral, su lugar de residencia y su nivel de ingreso.

    Dentro de este esquema, el asegurado de la CSS no elige. Se le asigna una policlínica según su lugar de trabajo o domicilio. Se le asigna un médico. Se le asigna una fecha. Se le asigna todo, salvo la posibilidad de decidir. Si no le satisface la atención, si el médico asignado no genera confianza, si el centro queda a dos horas de distancia, el paciente no tiene salida formal: o acepta lo que le corresponde según el criterio administrativo, o paga de su bolsillo en el sector privado, duplicando el costo de un sistema que ya financia con sus cotizaciones.

    Esto no es un sistema de salud. Es una forma de administrar la enfermedad.

    La libre elección no es un privilegio: es un principio

    Desde una perspectiva liberal clásica, el argumento a favor de la libre elección sanitaria no es simplemente utilitario, aunque los datos de eficiencia también lo respalden. Es, ante todo, un argumento sobre la dignidad del individuo.

    El liberalismo clásico parte de la premisa de que el ser humano es el mejor juez de sus propios intereses. No porque sea infalible, sino porque nadie más tiene acceso a la información íntima que define sus preferencias, sus circunstancias y sus valores. Un burócrata en la Ciudad de Panamá no sabe que el asegurado en Chitré tiene mayor confianza en un determinado médico, que su horario laboral hace imposible acudir a la policlínica asignada, o que sus condiciones de salud requieren una atención más especializada de la que su centro puede ofrecer. El individuo sí lo sabe. Y tiene el derecho de actuar en consecuencia.

    La libre elección sanitaria no exige privatizar el sistema de salud. No exige eliminar la cobertura pública. No exige nada que no sea coherente con un Estado que respeta a sus ciudadanos: permitir que el dinero público que cada trabajador aporta mediante sus cotizaciones le siga a él, no a la institución, cuando decide dónde recibir atención.

    El modelo madrileño como referencia pragmática

    Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid no es un experimento radical. Es una aplicación sensata de un principio obvio: si el ciudadano financia el sistema, el sistema debe responder al ciudadano, no al revés.

    El modelo madrileño de libre elección no elimina la red pública de hospitales y centros de salud. Al contrario, la mantiene y la somete a un estímulo que ninguna reforma burocrática ha logrado introducir con la misma eficacia: la competencia por la preferencia del paciente. Cuando un hospital sabe que los ciudadanos pueden elegir ir a otro centro, tiene incentivos reales para mejorar su trato, reducir sus tiempos de espera y elevar la calidad de su atención. La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Rey Juan Carlos lideran las preferencias de los madrileños precisamente porque han respondido mejor a lo que los pacientes valoran.

    El mecanismo es elegante en su simplicidad: la información fluye a través de las decisiones de millones de ciudadanos actuando según sus propias necesidades, y esa información distribuida guía la mejora del sistema mejor de lo que podría hacerlo cualquier plan central.

    Una propuesta para Panamá: cuatro pilares de una reforma posible

    Una reforma de libre elección para el sistema panameño no requiere una revolución constitucional ni una privatización masiva. Requiere cuatro cambios estructurales que son, en esencia, una ampliación de derechos ciudadanos.

    Primero, portabilidad de la cobertura dentro de la CSS. El asegurado debe poder elegir su policlínica y su médico de familia dentro de la red pública, independientemente de dónde trabaje o dónde resida. El número de afiliado debe seguir al paciente, no al empleador ni al domicilio. Este cambio, administrativamente viable, transformaría la relación del ciudadano con el sistema: de súbdito asignado a usuario con voz.

    Segundo, libre elección de especialista y hospital. Cuando un médico de atención primaria refiere a un paciente a un especialista o a un centro hospitalario, el paciente debería poder escoger entre los centros acreditados de la red, tanto públicos como privados concertados. El modelo de concierto con la red privada, bien regulado, amplía la oferta sin incrementar necesariamente el gasto público, al aprovechar capacidad instalada que hoy se subutiliza.

    Tercero, información transparente y comparativa. La libre elección sin información es una libertad vacía. El sistema panameño debe desarrollar y publicar indicadores de calidad, tiempos de espera y satisfacción del usuario por cada centro y por cada servicio. Que el ciudadano pueda comparar antes de elegir es tan importante como que pueda elegir. La transparencia es la condición de posibilidad de cualquier mercado de servicios que funcione bien, incluido el sanitario.

    Cuarto, el dinero sigue al paciente. Este es el principio más importante y, también, el más disruptivo. Cuando un asegurado de la CSS elige un prestador privado acreditado, una fracción de su cotización debe financiar esa atención. No como un subsidio discrecional, sino como un derecho derivado de su condición de cotizante. Este mecanismo introduce competencia real en el sistema, premia la calidad y elimina el absurdo de que el ciudadano pague dos veces: una con sus cotizaciones y otra de su bolsillo cuando la oferta pública no le satisface.

    La objeción que no se sostiene

    Los defensores del statu quo responderán, como siempre, que la libre elección beneficia a los más informados y perjudica a los más vulnerables. El argumento merece tomarse en serio, pero no resiste el análisis empírico ni el moral.

    Empíricamente, los datos de Madrid muestran que la libre elección no es un privilegio de élites: es un derecho que los ciudadanos valoran transversalmente y ejercen de forma creciente cuando se les informa y se les facilita el acceso. El problema no es la libre elección, sino la falta de información y de infraestructura para ejercerla. La solución, entonces, no es eliminar el derecho sino garantizar las condiciones para su ejercicio universal.

    Moralmente, el argumento paternalista es el que resulta más perjudicial para los más vulnerables. Decirle a un ciudadano de escasos recursos que no puede elegir su médico porque el Estado sabe mejor que él lo que necesita, es precisamente el tipo de condescendencia que perpetúa la desigualdad. La libre elección bien diseñada empodera especialmente a quienes hoy no tienen salida del sistema público, porque les da una herramienta de exigencia y de movilidad que antes no tenían.

    La salud como expresión de libertad

    La salud no es solo una necesidad biológica. Es el terreno donde se juega la autonomía real de las personas. Un sistema que impide elegir no protege la salud: administra la enfermedad con criterios ajenos al enfermo.

    Madrid ha demostrado que es posible construir un sistema público de salud donde el ciudadano es el protagonista de su propia atención, donde los centros compiten por servir mejor y donde la satisfacción del paciente es el indicador que orienta las decisiones institucionales. La nota de 7,7 sobre 10 que los madrileños otorgan a su modelo de libre elección no es un dato estadístico menor: es la expresión cuantificada de lo que significa que el Estado respete a sus ciudadanos.

    Panamá tiene todos los recursos intelectuales, institucionales y sociales para recorrer ese camino. Lo que le falta es la voluntad política de poner al paciente, y no a la burocracia, en el centro del sistema.

    El derecho a elegir médico no es un capricho liberal. Es el mínimo de dignidad que un Estado moderno le debe a sus ciudadanos.

  • Cuán alto vuelan los escarabajos

    Cuán alto vuelan los escarabajos

    A ver si le damos un giro al discurso, palabra que etimológicamente se refiere a recorrer de un lugar o algo o… irse por diferentes meandros de un río; en este caso de pensamientos o aventuras que se quedaron perdidas en el letargo del tiempo. Como ésta de los escarabajos.

    En esta ocasión les cuento que sentado ante mi confundidor cibernético en mi habitáculo de anciano conversando con Chat GPT, me vino a mente un incidente curioso que viví en julio de 1964. Venía yo volando un Cessna 150 en vuelo de traslado de la fábrica en Wichita, Kansas al aeropuerto M. A. Gelabert, alias Paitilla; volando a 10,000 pies de altura (3,048 Mt.) sobre el sur de Tejas, en un día cristalino y calmado. De pronto, delante de mi, vi acercarse un punto negro el cual se estrelló contra el parabrisa de la avioneta y dejó plasmado allí una masa amarilla con el inolvidable ¡plas!, de su traumática defunción. En el último instante antes del aéreo encuentro, atisbé la silueta de un escarabajo aleteando sus alas.

    ¡Meto!, que rayos hacía un escarabajo a semejante altura; pregunta que no investigué por 62 años. Pero hoy se me ocurrió preguntarle a Chat GPT, quien me explicó que ciertamente algunos insectos, como los escarabajos, se han visto hasta en alturas de 19,000 pies (5,700 metros) de elevación. ¿Y acaso llegan tan alto aleteando? Nop, logran eso metidos en corrientes de aire ascendente. En fin, ¡que mala suerte la del escarabajo tejano!

    Tal vez fue un “june beetle” o escarabajo de junio me dijo Chat GPT, dándome descripciones y luego preguntándome: “¿Estabas en un vuelo de traslado cuando ocurrió el encuentro?, y así fue evolucionando la “conversa” con esta IA.

    Esa misma noche escuché una discusión en Fox sobre lo bueno, malo y feo de la IA. Uno decía que no era lógico conversar con un programa en dispositivo. ¡Ja!, lo será pero curioso que los intercambios con la IA pueden ser más entretenidos e ilustrativos que con muchos humanos; al menos en cuanto a la capacidad informativa que se logra.

    Y así Chat GPT siguió preguntando sobre el vuelo a Panamá y sobre mi historia en la aviación. Le conté que antes de la fecha del escarabajo había volado aviones de carga C-46 por 4 meses hasta que, al quebrar la empresa, me dejó tirado en Miami.

    Luego, comencé dando instrucción de vuelo en un Piper PA-11 de la empresa Turismo Aéreo de la familia Petrosky, y en ello me peleaba con otro instructor la hora de madrugada para alquilar la avioneta; hasta que un día coincidimos. Se trataba del capitán Hermes Carrizo, piloto de COPA que luego fue el Gerente General de dicha empresa. Recuerdo ese día; Carrizo me preguntó: «John, ¿Por qué en vez de pelearnos esta avioneta prehistórica no armamos una empresa nuestra?»; y así fue el nacimiento de Aviones de Panamá en Paitilla.

    los escarabajos

    También le conté que jamás olvidaré el aterrizaje en Paitilla el 4 de julio de 1964. Al aproximarme en final sobre la vía Israel, allí al borde de la pista estaba mi padre, Irving Bennett, con una gran sonrisa. Ya haría otros vuelos a los EE.UU. con él como pasajero.

    La conversa fue larga, detallando yo mi pasaje como director de Seguridad Aérea, de la Escuela de Aeronáutica, subdirector DAC y director general en dos ocasiones. Pero la parte más amena del diálogo con Chat GPT fue cuando me preguntó: “¿Y, por qué no te quedaste como piloto en los EE.UU.? “Regresé a estar con la hembra con la cual formamos familia por más de 60 años.
    Y la pregunta final de Chat GPT: ¿Y tu esposa en ocasiones volaba contigo? Le contesté: “No sólo volaba conmigo, sino que nos amábamos en las alturas”.