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Etiqueta: paraísos fiscales

  • Sentencia del TJUE sobre Apple y los Derechos de Propiedad

    La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a Apple a devolver 13.000 millones de euros por las ayudas fiscales de Irlanda plantea cuestiones importantes desde la perspectiva de los derechos de propiedad y la responsabilidad empresarial. Este caso refleja la compleja interacción entre los derechos de propiedad de una empresa privada, las políticas fiscales nacionales y la regulación europea, poniendo de manifiesto los desafíos que enfrentan las grandes corporaciones en un mercado global.

    1. El Derecho de Propiedad y la Soberanía Fiscal:

    Apple, como una empresa privada, tiene el derecho de gestionar sus propiedades y beneficios de acuerdo con las leyes fiscales de los países en los que opera. Sin embargo, este derecho choca con las regulaciones de la Unión Europea, que buscan evitar distorsiones en la competencia generadas por ayudas estatales indebidas. En este caso, Irlanda otorgó a Apple un tratamiento fiscal ventajoso, que la Comisión Europea consideró como una ayuda ilegal, lo cual va en contra de las normativas comunitarias que buscan asegurar un mercado justo y competitivo.

    Desde la perspectiva de los derechos de propiedad, Apple argumenta que siempre ha pagado los impuestos requeridos por la ley y que no ha recibido ningún trato especial. La empresa defiende su derecho a operar bajo las reglas fiscales que cada país ofrece, destacando que la competencia fiscal entre países es un aspecto fundamental de la soberanía nacional. Sin embargo, el fallo del TJUE resalta que estas ventajas fiscales pueden ser vistas como subvenciones encubiertas que benefician injustamente a una empresa sobre otras, violando así los principios de competencia equitativa.

    2. Propiedad Intelectual y Beneficios Imponibles:

    Un aspecto crucial del caso es cómo se asignan los beneficios derivados de la propiedad intelectual, que son un pilar fundamental para empresas tecnológicas como Apple. El TJUE determinó que la asignación de estos beneficios a las sucursales irlandesas de Apple era incorrecta y que la empresa había aprovechado indebidamente estas decisiones fiscales para reducir su carga impositiva en Europa. Este punto resalta un conflicto común entre el derecho de propiedad intelectual de la empresa y la interpretación de las leyes fiscales internacionales y comunitarias.

    Apple sostiene que los ingresos ya estaban sujetos a impuestos en Estados Unidos y que no existe una doble imposición, pero la Comisión argumenta que los beneficios derivados del uso de la propiedad intelectual debían tributar en Irlanda, donde las operaciones reales ocurrían. Esto subraya una discrepancia en cómo se deben tratar los derechos de propiedad intelectual en un contexto global y cómo se vinculan a las obligaciones fiscales en diferentes jurisdicciones.

    3. La Visión de la Empresa y el Conflicto de Jurisdicciones:

    Desde el punto de vista de Apple, la disputa se centra en a qué gobierno se deben pagar los impuestos y no en la cantidad de impuestos a pagar. La empresa se presenta como un contribuyente responsable que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y destaca que las acciones de la Comisión Europea intentan reescribir retrospectivamente las reglas fiscales, afectando negativamente la seguridad jurídica y la planificación empresarial.

    Este argumento resalta una preocupación común entre las empresas multinacionales: la incertidumbre regulatoria y la falta de coherencia en la aplicación de las leyes fiscales internacionales. La falta de un marco armonizado crea desafíos para las empresas, que deben navegar entre diferentes regulaciones nacionales y europeas, lo que puede afectar sus decisiones de inversión y expansión.

    Conclusión:

    La sentencia del TJUE contra Apple refleja un caso emblemático donde los derechos de propiedad, las políticas fiscales nacionales y las regulaciones europeas colisionan. Desde la perspectiva de los derechos de propiedad, Apple defiende su libertad para operar bajo las leyes nacionales, mientras que la Unión Europea busca limitar los privilegios fiscales que considera perjudiciales para la competencia. Este caso subraya la necesidad de un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad empresarial y la salvaguarda de un mercado competitivo y justo en la Unión Europea.

    Por último, pero no menos importante, todo se resume a que si los gobiernos se dedicaran a aquellas funciones para las cuales fueron creados, como impartir seguridad y justicia, y dejaran de intervenir en los derechos de propiedad de una empresa, estos conflictos no deberían darse. Cada empresa no debería verse obligada a acceder a complejos vehículos legales para protegerse de ser expoliada por altos impuestos. El principio de costo-beneficio debería ser suficiente para guiar las decisiones empresariales: pagar impuestos de manera transparente debería ser más sencillo y menos costoso que buscar mecanismos de elusión. Bajos impuestos junto a la claridad y la simplicidad en la regulación fiscal permitirían a las empresas centrarse en innovar y crecer, en lugar de navegar por un laberinto de normas fiscales que siempre son voraces y a menudo resultan inciertas y contradictorias.

  • Criptomonedas abren camino a las ‘Golden Visa’ en Islas Caimán

    En un emocionante avance que fusiona el mundo de las criptomonedas con la inversión inmobiliaria, Ledn, una respetada prestamista de criptomonedas desde 2018, ha anunciado una asociación revolucionaria con Parallel, la principal corredora de bienes raíces criptográficos en las Islas Caimán. Esta alianza pionera permite a los inversores utilizar sus activos digitales como garantía para financiar y adquirir propiedades en uno de los destinos más deseados del mundo, las Islas Caimán, todo ello sin necesidad de recurrir a moneda fiduciaria y con el mayor objetivo de obtención de la Golden Visa. El anuncio, realizado el 22 de agosto de 2023, señala un paso significativo hacia adelante en la integración de las criptomonedas en la economía tradicional.

    Una Puerta Abierta a la ‘Golden Visa’

    En el corazón de esta colaboración está la oportunidad de obtener una «Golden Visa», un concepto parte de programas de ciudadanía por inversión que se ofrecen en diversos países. La «Golden Visa» permite a los inversores extranjeros acceder a la residencia permanente y, en última instancia, a la ciudadanía en el futuro. Este programa se encuentra en 22 países alrededor del mundo, incluyendo destinos codiciados como las Islas Caimán, España, Estados Unidos y Grecia.

    En el caso específico de las Islas Caimán, el camino hacia la residencia permanente se allana a través de una inversión de al menos 2.4 millones de dólares estadounidenses en bienes raíces. Con un mercado inmobiliario en auge que ofrece una amplia gama de propiedades y ninguna restricción a la propiedad extranjera ni impuestos recurrentes, las Islas Caimán ya son un destino favorito para inversores extranjeros en busca de rendimientos sólidos en sus inversiones inmobiliarias.

    Criptomonedas como Garantía para Préstamos

    El aspecto más emocionante de esta asociación es cómo los inversores pueden aprovechar sus criptomonedas existentes para financiar sus inversiones inmobiliarias. Con la colaboración de Ledn y Parallel, los inversores pueden utilizar sus tenencias de Bitcoin como garantía para obtener préstamos a través de Ledn. Estos préstamos permiten a los inversores adquirir bienes raíces a través de Parallel, la corredora líder en bienes raíces criptográficos en las Islas Caimán.

    Al eliminar la necesidad de convertir las criptomonedas en moneda fiduciaria para financiar las compras inmobiliarias, esta asociación presenta una oportunidad única para los inversores cripto-nativos. La capacidad de aprovechar las ganancias acumuladas en criptomonedas sin liquidar sus activos digitales puede considerarse un enfoque más eficiente y conveniente para ingresar al mercado inmobiliario de lujo.

    Una Evolución en la Fusión de los Mundos Financiero e Inmobiliario

    La asociación entre Ledn y Parallel no solo es un paso adelante en términos de opciones de inversión, sino también un testimonio de la aceptación y regulación creciente de las criptomonedas en los sistemas financieros tradicionales. Ambas compañías están reguladas por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, lo que refleja la voluntad del regulador de fomentar el desarrollo  de la industria criptográfica en la región.

    En resumen, la colaboración entre Ledn y Parallel marca un hito emocionante en el mundo de las criptomonedas y la inversión inmobiliaria. Al permitir a los inversores utilizar sus activos digitales como garantía para obtener préstamos y comprar bienes raíces, se ha abierto una nueva puerta hacia la inversión en destinos exclusivos como las Islas Caimán. Esta asociación no solo simplifica el proceso, sino que también destaca la evolución constante de la criptografía dentro de la corriente principal financiera y económica.

  • Comisión Europea recomienda que no se conceda apoyo financiero estatal a empresas que tengan vínculos con paraísos fiscales

    La Comisión Europea ha recomendado ayer, 14 de Julio, que los Estados miembros no concedan apoyo financiero a empresas que tengan vínculos con países que figuren en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. También se deben aplicar restricciones a las empresas condenadas por delitos financieros graves, como fraude financiero, corrupción o impago de impuestos y obligaciones en materia de seguridad social, entre otros. El objetivo de esta recomendación es proporcionar orientación a los Estados miembros sobre cómo establecer condiciones para la percepción de apoyo financiero que impidan el uso indebido de fondos públicos y refuercen las salvaguardias contra los abusos fiscales en toda la UE, en consonancia con la legislación de la Unión. Al coordinar las restricciones en materia de ayuda financiera, los Estados miembros también evitarían desajustes y distorsiones en el mercado único.

    La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: «Nos encontramos en una situación sin precedentes, en la que se conceden a las empresas volúmenes excepcionales de ayuda pública en el contexto de la pandemia de coronavirus. En estas circunstancias, resulta particularmente inaceptable que las empresas receptoras de ayudas públicas mantengan prácticas de elusión fiscal en las que intervengan paraísos fiscales. Ello constituiría un uso abusivo de los presupuestos nacionales y de la UE, en detrimento de los contribuyentes y de los sistemas de seguridad social. Conjuntamente con los Estados miembros, queremos asegurarnos de que esto no ocurra».

    Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha declarado: «La equidad y la solidaridad forman la base de los esfuerzos de recuperación de la UE. Todos estamos inmersos en esta crisis y cada cual debe pagar la proporción de impuestos que en justicia le corresponde, a fin de que podamos prestar apoyo a nuestros esfuerzos colectivos de recuperación y evitemos socavarlos. Quienes eluden deliberadamente las normas fiscales o cometen actividades delictivas no deben beneficiarse de los sistemas que intentan sortear. Debemos garantizar la protección de los fondos públicos para que puedan estar realmente al servicio de los contribuyentes honrados de la UE».

    Corresponde a los Estados miembros decidir si desean conceder ayudas financieras y establecer medidas en consonancia con las normas de la UE, entre las que se incluyen las normas sobre ayudas estatales, y los objetivos políticos que se persiguen. La pandemia de coronavirus ha requerido un esfuerzo sin precedentes, tanto a nivel nacional como de la UE, para apoyar a las economías de los Estados miembros y facilitar su recuperación. Esto incluye importantes ayudas financieras para proporcionar liquidez y capital a las empresas, conservar puestos de trabajo, salvaguardar las cadenas de suministro y favorecer la investigación y el desarrollo. En este contexto, varios Estados miembros manifestaron su voluntad de adoptar normas para restringir el acceso a este apoyo por parte de las empresas que mantienen prácticas de elusión fiscal en las que intervienen paraísos fiscales o que han sido condenadas por delitos financieros. Por ello, pidieron orientaciones a la Comisión sobre la mejor manera de abordar esta cuestión.

    La recomendación efectuada tiene por objeto proporcionar un modelo a los Estados miembros, acorde con la legislación de la UE, sobre la manera de evitar que las ayudas públicas se utilicen en estructuras de fraude o evasión fiscal, elusión fiscal y blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo. En particular, no deben recibir apoyo público las empresas que tengan vínculos con países y territorios no cooperadores a efectos fiscales de la lista de la UE (es el caso, por ejemplo, cuando una empresa tiene su residencia fiscal en uno de ellos). En caso de que los Estados miembros decidan introducir estas disposiciones en su legislación nacional, la Comisión sugiere una serie de condiciones a las que debería supeditarse la ayuda financiera. La lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, sostienen que es la mejor base para aplicar tales restricciones, ya que permitirá que todos los Estados miembros actúen de forma armónica y evitará medidas individuales que puedan ser contrarias a la legislación de la UE. Sugieren también que el uso de la lista para aplicar las restricciones también generará mayor claridad y seguridad para las empresas.

    Al mismo tiempo, la Comisión manifiesta que está dispuesta a analizar con los Estados miembros los planes específicos de estos para garantizar que la concesión de ayudas estatales, en particular en forma de recapitalizaciones, se limite a las empresas que pagan la proporción de impuestos que en justicia les corresponde.

    También enuncian que «Para proteger a los contribuyentes honrados», «la Comisión también recomienda excepciones a estas restricciones, cuya aplicación debe hacerse en condiciones estrictas. Aunque mantengan vínculos con países y territorios no cooperadores a efectos fiscales según la lista de la UE, las empresas deben poder acceder a la ayuda financiera en determinadas circunstancias. Este podría ser el caso, por ejemplo, de las empresas que demuestren haber abonado un impuesto adecuado en el Estado miembro durante un determinado periodo de tiempo (por ejemplo, los últimos tres años) o que acrediten una presencia económica real en el país de la lista. Se aconseja a los Estados miembros que introduzcan sanciones adecuadas para disuadir a los solicitantes de facilitar información falsa o inexacta».

    Los Estados miembros, señalan, también deben acordar requisitos razonables para que las empresas demuestren que no tienen vínculos con países y territorios no cooperadores a efectos fiscales según la lista de la UE. La recomendación sugiere principios para ayudar a los Estados miembros en este ámbito.

    Por último, los Estados miembros habrán de informar a la Comisión de las medidas que aplicarán para cumplir la recomendación adoptada el 14 de Julio, en consonancia con los principios de buena gobernanza de la UE. La Comisión publicará un informe sobre el impacto de esta recomendación en un plazo de tres años.

    Comunicado de Prensa de la Comisión Europea.Brussels, 14.7.2020 C(2020) 4885 final

  • Francia busca apoyo para el impuesto corporativo mínimo a nivel mundial

    El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que la tributación ‘justa’ de las empresas multinacionales estará en el centro de la agenda del G7 durante la presidencia francesa del grupo. Al hablar la semana pasada en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Le Maire dijo que Francia buscará un acuerdo en el G7 para las tasas mínimas de impuestos corporativos en los países desarrollados para garantizar que las empresas multinacionales no puedan ‘evadir impuestos’.

    Si bien Le Maire aceptó que un grado de competencia fiscal es saludable, fue muy crítico con las jurisdicciones que mantienen tasas de impuestos corporativos nulas, una situación que describió como ‘inaceptable’. ‘Esto permite a las empresas escapar de una tributación justa’, dijo. Francia ocupa la presidencia del G7 para el año 2019. Uno de sus objetivos para la presidencia es el ‘fortalecimiento de la dimensión social de la globalización a través de políticas de comercio, impuestos y desarrollo más justas y equitativas’.

    Le Maire dijo que había discutido el tema con su homólogo estadounidense, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin. El impuesto estaría destinado a eliminar los desequilibrios entre el monto que pagan las pequeñas y las grandes empresas. ‘Hay un acuerdo común entre todos los miembros del G7 de que necesitamos un nuevo sistema de impuestos’, dijo en el Foro Económico Mundial en la estación de esquí suiza de Davos.

    Este nuevo sistema global, dijo, debería incluir un impuesto a las multinacionales digitales que Francia está presionando para introducir dentro de la Unión Europea y luego al nivel del G7. ‘Pondremos sobre la mesa la idea de un impuesto justo para los gigantes de Internet’, dijo a Reuters TV en una entrevista. Esta propuesta cuenta con el respaldo de activistas de justicia financiera, pero muchos países no están dispuestos a renunciar a tasas de impuestos atractivas como parte de su propuesta de valor. Según un informe reciente de la OCDE, las tasas impositivas corporativas promedio en todo el mundo se han reducido a 21,7%, mientras que existen doce jurisdicciones con tasas nulas, incluidos los territorios británicos de Guernsey, Jersey, la Isla de Man y las Islas Virgenes Británicas.

    Sin embargo, los ministros de finanzas de la UE no lograron acordar un impuesto sobre los ingresos digitales en diciembre, a pesar del plan franco-alemán de último minuto para salvar la propuesta al reducir su enfoque a compañías como Google  y Facebook .  El brazo ejecutivo de la UE propuso el año pasado un impuesto del 3 por ciento sobre los ingresos en línea de las grandes firmas digitales, alegando que las empresas canalizaron las ganancias a través de los estados con las tasas impositivas más bajas. Pero esa propuesta necesita el respaldo de los 28 estados miembros de la UE, incluidos los países pequeños y con pocos impuestos, como Irlanda, que se han beneficiado al permitir que las multinacionales registren sus ganancias en ventas digitales a clientes en otros lugares de la UE.

    Le Maire ha dicho desde entonces que se podría llegar a un acuerdo para fines de marzo. El gobierno francés ha invertido un considerable capital político en la iniciativa, que se considera en París como un ejemplo útil de acción conjunta europea antes de las elecciones parlamentarias de la UE en mayo. Le Maire dijo que Francia también quiere que el G7, que también incluye a Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Canadá, introduzca nuevas reglas que obliguen a las compañías a reportar sus salarios más altos y más bajos para reducir la brecha salarial y ayudar a abordar  las desigualdades sociales existentes.  Los planteos del ministro fueron teniendo de fondo social el alzamiento de los chalecos amarillos; señalando el movimiento, Le Maire dijo que el problema era urgente, argumentando que se trataba de una crisis del capitalismo que ‘ya no cumple con los requisitos de la gente’.

  • La OCDE espera un impuesto digital global para 2020.

    La posibilidad de un acuerdo internacional para cobrar impuestos a los gigantes de la tecnología de los EE. UU. como Amazon, Google y Facebook es un tema candente, ya que los países amenazan con hacerlo solos y Europa se encuentra dividida.

    Como parte de una revisión de su código tributario el año pasado, los EE. UU. incluyeron una disposición para disuadir a las multinacionales de evitar los impuestos de los EE. UU., domiciliando patentes y otros intangibles en jurisdicciones de bajos impuestos.

    El secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, dijo este jueves pasado que este año la OCDE espera sentar las bases para un impuesto internacional a los gigantes digitales que podría entrar en vigor en 2020. El cambio desplazaría los ingresos tributarios multinacionales de los paraísos fiscales y de algunas naciones exportadoras hacia países con un gran número de consumidores.

    Las propuestas presentadas por la OCDE han sido acordadas por 127 países, e incluyen planes más limitados de algunos estados miembros de la UE que se enfocan solo en compañías digitales. Asimismo, la OCDE ha comunicado que hay un consenso creciente detrás de una propuesta de Estados Unidos para una revisión de las normas tributarias corporativas globales, a medida que los países intentan llegar a un acuerdo sobre cómo imponer a las empresas multinacionales en la era digital.

    Conforme a los planes, las empresas pagarían impuestos según el lugar en el que realizan sus ventas, un cambio significativo, ya que hasta ahora el impuesto a las empresas dependía en gran medida de la ubicación de sus empleados, oficinas y otros activos. El nuevo régimen, que limitaría las oportunidades para que las compañías cambien las ganancias de jurisdicciones con impuestos altos a bajos, se aplicaría a todos los grupos multinacionales, no solo a las compañías digitales a las que apuntaba la acción inicialmente.

    Las naciones más ricas está encabezando los esfuerzos para repensar los acuerdos internacionales que sustentan el impuesto corporativo, como parte de una ofensiva sobre cómo las multinacionales mueven las ganancias entre las jurisdicciones. El año pasado, Bruselas también propuso un impuesto interino a escala de la UE sobre los ingresos por servicios digitales para evitar dicen, un mosaico de impuestos a las empresas digitales en diferentes estados miembros. Los ministros de finanzas de la UE aún están negociando sobre la iniciativa provisional, que requiere una aprobación unánime.

    Asimismo, algunos países de la UE liderados por Francia, y Gran Bretaña y España en gran medida, anunciaron que, a falta de normas internacionales que impidan a las empresas trasladar las ganancias a países con impuestos bajos, están creando sus propios impuestos nacionales dirigidos específicamente a las grandes empresas digitales y argumentaron que las empresas tecnológicas con sede en los Estados Unidos, no pagan su parte justa de impuestos en los países donde venden servicios digitales. Irlanda, Dinamarca y Suecia, por su parte, han bloqueado el plan de la UE, mientras que la poderosa Alemania está algo indiferente, por temor a las represalias de Estados Unidos contra su industria automotriz.