En 1937, Franklin Delano Roosevelt (FDR), el autor del New Deal, el que importó la socialdemocracia a los Estados Unidos, el ídolo de los social liberales y sindicalistas de los Estados Unidos, santo del Partido Demócrata de los USA, en un discurso público dijo:
“Una meticulosa atención se debe dar a la relación especial de los servidores públicos con los ciudadanos y el gobierno. Todos los empleados del gobierno deben darse cuenta que el proceso de negociación colectiva, como está entendido comúnmente, no puede ser transplantado al sector público. Este tiene limitaciones distintivas e irremontables.”
Para Roosevelt, “La propia naturaleza del gobierno hace imposible que los funcionarios puedan controlar a su empleador, porque ese empleador es el pueblo mismo que habla por medio de la leyes aprobadas por sus representantes electos.”
Roosevelt se opone a las tácticas militantes tipo sindicato en el sector público.
“Particularmente, quiero enfatizar mi convicción de que las tácticas militantes no tienen lugar en las funciones de cualquier organización de servidores públicos. Sobre los funcionarios del servicio federal descansa la obligación de servir a todo el pueblo. Esta obligación es fundamental. Una huelga de empleados públicos manifiesta un intento de impedir u obstruir las funciones del gobierno. Estas acciones, para paralizar la función pública del gobierno son impensables e intolerables.”
En pocas palabras, para Roosevelt, los servidores públicos, tienen un empleador, y ese no es el gobierno sino los ciudadanos. Por lo tanto un sindicato de servidores públicos sería un sindicato contra los propios ciudadanos. Esto tiene consecuencias económicas serias y por eso los sindicalistas de la época no lo apoyaban ya que comprendían las consecuencias. En la empresa privada, los sindicatos como un instrumento de negociación colectiva de los trabajadores con la patronal, les permite a los trabajadores vender su fuerza de trabajo más cara y en mejores condiciones, permitiéndoles a éstos gozar de una proporción más elevada de las ganancias de la empresa. Como el trabajador ayuda a la empresa a generar ganancias, tiene el derecho a negociar una proporción de estas ganancias. No es lo mismo en los empleos públicos.
Los empleos públicos no generan ganancias, puede que sean empleos necesarios para la sociedad pero no generan ingresos, son gastos. Estos gastos salen de los fondos que recauda el estado de los sectores productivos. Ya sea de manera directa mediante impuestos o de manera indirecta mediante deuda pública o inflación monetaria. Los funcionarios reciben sus pagos gracias a la recaudación que hace el Estado de los dineros de los impuestos de todos. Cuando los empleados públicos negocian por más dinero, negocian por más dinero de los impuestos de todos. Cuando los empleados hacen huelgas, hacen huelga contra los ciudadanos que pagan sus salarios. Esto significa para los ciudadanos productivos mayores impuestos o mayor inflación. Y un deterioro de la función pública además, ya que el estado va a tener que hacer menos inversiones y gastos sociales y gastar más en salarios y pensiones para los funcionarios.
Pero aún más, para Roosevelt la sindicalización pública significaba un deterioro de la democracia.
FDR decía que la sindicalización de los empleados estatales haría imposible tener cualquier tipo de políticas públicas democráticas. Los votantes ya no tendrían la última palabra en las políticas públicas, sino que los políticos elegidos democráticamente tendrían que negociar con los sindicatos de funcionarios la ejecución de una política pública y la asignación de recursos presupuestarios con los sindicatos de empleados estatales. Esto era contrario a la democracia y los sindicatos de su época apoyaban a Roosevelt en su posición.
Uno de los riesgos de tener burocracias estables, independientes de la política partidista y militantemente organizada, es la posibilidad de tener un “estado profundo”, una burocracia que vele militantemente por sus propios intereses a expensas de los políticos electos y de los intereses de los ciudadanos. Las instituciones diplomáticas, militares, de seguridad son notorias por formar organizaciones tipo estado profundo. En Panamá los gremios de maestros y médicos estatales son notorios por sus políticas de estado profundo a expensas del interés público. También el sistema judicial. Y parece que la cosa va empeorar con este gobierno.
Para empezar, el fallo del 27 de noviembre del 2014 reconoce el derecho a sindicalización y convenciones colectivas de los trabajadores estatales. Panama además ha cometido falta de visión al firmar los convenios 87 y 98 de la OIT que parecen reconocer el derecho a la sindicalización de los empleados estatales y éstos forman parte del Bloque de la constitucionalidad. En otras palabras, el derecho de empleados no productivos a asociarse contra los ciudadanos a los que deben servir tiene rango constitucional en nuestro país. El gobierno actual, empeñado consciente o inconscientemente a dejarle a los panameños del futuro la mayor cantidad de bombas de tiempo posibles, no tiene otra alternativa que aceptar y regular la política presentando un proyecto de ley para regular el derecho de huelga, la asociación sindical, el derecho a negociación colectiva de los empleados parasitarios del sector público, uno de los sectores públicos más grande per cápita de la región y que ya consume en salarios mucho más de lo que gasta en inversiones, tanto así que el aumento de la deuda pública en los últimos años, ya no se va en deuda para inversiones sino en gastos operativos corrientes.
Si la profecía de Roosevelt sobre los sindicatos de empleados públicos se cumple, el presupuesto del país se va a hacer inmanejable. Los ejemplos de los varios estados de los Estados Unidos, del Sur de Europa y de Suramérica demuestran que un sector de funcionarios bien organizados puede literalmente hacer sangrar hasta la muerte a las sociedades a las cuales gobierna; y llevarlas a la quiebra, al tomarse de rehén el estado y literalmente comerse el presupuesto presente y futuro en salarios y pensiones.
Y además, los funcionarios se escapan del control de los propios ciudadanos a los que por naturaleza deben servir. Ya hemos visto cómo los gremios de maestros han impedido cualquier modernización del sistema educativo panameño. Ya hemos visto cómo los gremios de médicos han logrado impedir aumentar la oferta de servicios médicos amenazando con irse a la huelga cuando el gobierno ha querido contratar médicos extranjeros para servir en áreas donde nadie quiere trabajar. Ahora cualquier esfuerzo para reformar la ineficiente, cara e hipertrofiada burocracia panameña va a ser mucho más difícil.
No es posible que los gobernantes actuales quieran esto para Panamá.
