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Etiqueta: recaudación

  • Decálogo fiscal para cualquier país civilizado

    Luego de mencionar los diez puntos que a continuación se exponen, consigno los aspectos que estimo clave al efecto de proceder a una necesaria reforma fiscal que se ejemplifica con reducciones en el gasto público para permitir que se engrosen los bolsillos de la gente.

    Primero, la idea central por la que se cobran impuestos es la de financiar el gasto gubernamental que demanda la estricta y limitada función de proteger los derechos de las personas que habitan el suelo bajo esa jurisdicción estatal, por tanto los tributos no solo deben resultar lo más bajos posibles sino que no deben gravarse objetos imponibles fuera de esa jurisdicción, abandonando entonces el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria debido a que el gobierno local no se ocupa de garantizar derechos de quienes están fuera de sus fronteras.

    Segundo, en un sistema republicano los ingresos fruto de los respectivos gravámenes no pueden ser menores a los egresos debido a la política de endeudamiento y financiamiento monetario. En este contexto la deuda pública externa debe estar prohibida ya que está reñida con la democracia pues compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. En esta línea argumental, no es permisible establecer un correlato con lo que ocurre en los ámbitos privados donde tiene sentido la decisión voluntaria y libre de establecer plazos para contraer deudas y reembolsos. En este sentido, debe destacarse que constituye una contradicción en los términos la expresión “inversión pública”, puesto que la inversión es por su naturaleza un acto subjetivo que estima mayor valor en el futuro que en el presente por lo que el sujeto en cuestión se abstiene de consumir para ahorrar cuyo destino es la inversión. Por ende, en el presupuesto nacional los rubros de gastos deben dividirse en corrientes y en activos fijos pero nunca “inversión” que en ningún caso cabe cuando se recurre a la coerción. En esta misma línea argumental, la financiación vía procesos inflacionarios queda descartada puesto que una sociedad libre requiere la eliminación de la banca central y el curso forzoso.

    Tercero, los ratios como la participación de los aparatos estatales en la renta nacional o los tributos sobre el producto nacional bruto no deben apuntar a que crecimientos en la riqueza justifican incrementos en el gasto o en la recaudación. La presión fiscal debe consignarse en valores absolutos y cuando excede lo necesario resulta saludable la rebelión fiscal, tal como ocurrió en el origen de la revolución estadounidense como marca y límite a lo que el gobierno pude succionar de la población. Este enfoque de simplificación y unificación fiscal complementado con los puntos que siguen liberan a los llamados “expertos fiscales” para que se dediquen a actividades útiles.

    Cuarto, la curva Laffer muestra que a mediada que las tasas fiscales se incrementan aumenta la recaudación hasta que en un punto -debido al debilitamiento y fractura de la estructura productiva- la recaudación disminuye a medida que la presión impositiva se eleva. Esto hace aparecer como que hay un punto óptimo fiscal de máxima presión tributaria que permite una máxima recaudación, pero a lo que originalmente apuntaba Arthur Laffer con su curva (ya insinuada por Adam Smith en 1776) es el establecimiento de un punto de mínima presión fiscal necesario para cumplir con la antedicha misión gubernamental en una sociedad abierta.

    Quinto, no hay tal cosa como impuestos al consumo puesto que todos los gravámenes son al patrimonio: cuando se dice que se aplica un tributo al consumo es que se grava una empresa que vende productos clasificados como de consumo pero esa empresa se hace cargo del impuesto con su patrimonio, por tanto todos los impuestos afectan las tasas de inversión y, como consecuencia, reducen salarios e ingresos en términos reales ya que esa es la única causa que permite elevarlos al incrementarse el ritmo de capitalización.

    Sexto, todos los impuestos deberían eliminarse con excepción del impuesto al valor agregado con la máxima base imponible al efecto de aprovechar el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que permite ese gravamen con lo que se ahorran controles en un contexto donde no deben operar exenciones fiscales que siempre significan que otros deben hacerse cargo de la diferencia con lo que se dejan de lado no solo las dobles imposiciones sino que no se aplican impuestos directos -los que gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva- que obligan a preguntas e inquisiciones insolentes sobre el origen y destino de los recursos por parte de los agentes de recaudación.

    Séptimo, el referido impuesto se traducirá en alícuota proporcional ya que todos los progresivos implican regresividad puesto que los contribuyentes de jure contraen sus inversiones con lo que, como queda dicho, reducen salarios e ingresos en términos reales. Este es el motivo por el que las constituciones liberales prohibieron los gravámenes progresivos y también los directos. Además, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, contradice las posiciones patrimoniales que había establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay derroche de capital lo cual agudiza la antes referida baja en los salarios e ingresos de la población. También la progresividad bloquea la indispensable movilidad social en el asenso y descenso en la pirámide patrimonial.

    Octavo, en materia fiscal es indispensable contar con un sistema federal para no solo descentralizar el poder sino para establecer competencia entre las provincias y municipios puesto que en este esquema los gobernadores e intendentes administran sus recaudaciones locales al efecto de que los pobladores no se muden a otra jurisdicción y para atraer inversiones, lo cual tiende a la prudencia en materia del gasto, y la coparticipación al gobierno central debiera ser exclusivamente para atender a la justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa.

    Noveno, la denominada redistribución de ingresos llevada a cabo por los aparatos estatales no es función gubernamental puesto que la distribución queda en manos de la gente que pone de relieve con sus preferencias y necesidades en los procesos de mercado lo cual hace que los comerciantes que atienden esas necesidades y preferencias obtienen ganancias y los que yerran en ese objetivo incurren en quebrantos, lo cual excluye toda posibilidad de empresarios prebendarios que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que en toda ocasión atentan contra el bienestar de sus semejantes.

    Y décimo, la eliminación de todas las cargas arancelarias y no arancelarias que siempre obligan a desembolsar mayor erogación por unidad de producto con lo que el nivel de vida de los locales empeora, en lugar de liberar recursos humanos y materiales para atender otras necesidades. Esto significa no limitar el comercio libre a zonas de integración regional sino la integración al mundo en un contexto donde se acepte que el monopolio legal constituye una seria amenaza para la población y el dumping destructivo es el realizado compulsivamente con los recursos de terceros, por ejemplo, a través de las “empresas estatales” deficitarias.

    Como anunciamos al comienzo, aquí refiero sumariamente algunos ejemplos de reducción en la dimensión del aparato estatal a los que he dedicado mayores espacios en otras oportunidades, en este caso para poder aplicar el decálogo que antecede.

    En primer lugar, la importancia vital de abrir el proceso educativo a la competencia sin la existencia de ministerios de educación o de cultura que se arroguen la facultad de dictaminar sobre estructuras curriculares y exento de instituciones estatales que inexorablemente perjudican a los más pobres que se hacen cargo de los costos debido a la contracción de inversiones por parte de los contribuyentes de jure.

    Es imperioso eliminar todas las embajadas puesto que a diferencia de lo que tenía lugar en la época de las carretas, las comunicaciones y teleconferencias de la actualidad hacen que resulten del todo superfluas las lujosas mansiones, los pasaportes diplomáticos y los nutridos séquitos del caso.

    Debe contarse con mercados laborales libres sin las concepciones fascistas de representaciones coactivas y “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno al efecto de liberar recursos humanos y materiales al introducirse innovaciones tecnológicas que incentivan a los empresarios a sacar partida de nuevos arbitrajes para lo cual requieren capacitaciones en los nuevos destinos.

    No tiene sentido mantener a las mal llamadas “empresas estatales” puesto que en toda circunstancia implica asignar los siempre escasos recursos en áreas que no son prioritarias para la gente y si se constituyen en las que demanda la población resulta superflua la intervención con el consiguiente ahorro en gastos administrativos en un contexto donde no cabe la impostura de jugar al empresario que siempre es arriesgando fondos propios, todo lo cual naturalmente empeora si la “empresa” en cuestión arroja déficit.

    En el Poder Ejecutivo habría que eliminar todos los ministerios y convertirlos en secretarias de relaciones exteriores, defensa, interior y una vinculada a las finanzas públicas, todas trabajando en la casa de gobierno al efecto de poder vender los inmuebles que hasta el momento albergaban esas y otras muchas reparticiones que habría que borrar del organigrama.

    En el ámbito del Poder Legislativo se debería reducir drásticamente la representación en diputados y contar con un senador por jurisdicción provincial, y en ambas cámaras que todos trabajen tiempo parcial con severas limitaciones temporales para legislar lo cual significa restringirse al estudio y promulgación del presupuesto y a la estricta protección a los derechos de las personas.

    Es urgente reformar el mal llamado “sistema de seguridad social” -en verdad sistema de inseguridad antisocial- que para cualquiera que haya explorado algo de análisis actuarial se percata de que el sistema de reparto obligatorio estafa a los pensionados que han aportado durante su vida activa para recibir montos inaceptables. Hay quienes sostienen la insensatez de que si los aparatos estatales no obligan a prever para la vejez el titular no lo hará, sin tener en cuenta los ejemplos de inmigrantes paupérrimos que llegaban a costas desconocidas y ahorraban de sus trabajos para adquirir departamentitos y terrenitos que luego fueron esquilmados por demagogos que instauraron el referido sistema vergonzoso. Por otra parte, si fuera cierta la irresponsabilidad mencionada, habría que destacar una estructura policial para asegurarse que el pensionado no dilapide su ingreso. El fruto del trabajo ajeno es sagrado y cada uno debería darle el destino que considere mejor.

    En la jurisdicción de la Justicia debería fortalecerse el sistema de árbitros privados sin ninguna limitación para generar procesos abiertos y competitivos en el descubrimiento del derecho y no como resultado del diseño y la ingeniería social. En cuanto a las cárceles, deberían privatizarse, en cuyo contexto el delincuente trabaja para resarcir a la víctima y para financiar su alojamiento y no dejar desamparada a las víctimas y además imponer cargas fiscales a toda la sociedad para mantener criminales.

    En lugar de criticar las formas arbitrarias de distribución de la pauta publicitaria por parte de un organismo oficial, habría que cerrarlo y tercerizar lo que el Gobierno considere pertinente anunciar o hacerlo a través de conferencias de prensa.

    Asimismo, las oficinas estatales de construcción de estadísticas habría que sustituirlas por entidades privadas en un contexto de auditorias cruzadas y competitivas para asegurarse la calidad de las mismas según sean los requerimientos de la población.

    Como tantas veces he escrito, es necesario reafirmar que el voto es un derecho y no una obligación en el contexto de la eliminación de las llamadas listas sábanas y equivalentes para sustituir por procedimientos compatibles con el sistema republicano para que resulte claro que el proceso electoral es el aspecto formal de la democracia y su aspecto sustancial es la protección de los derechos individuales.

    Por último en este resumen telegráfico, junto con la arriba mencionada prohibición de contraer deuda pública, es imperioso subrayar la también referida necesidad de liquidar la banca central ya que cualquiera de los tres caminos que elija para operar, sea expandiendo la base monetaria, contrayéndola o dejándola inamovible, en cualquiera de las tres variantes estará necesariamente distorsionando los precios, que son los únicos indicadores para asignar recursos eficientemente con lo que la población se empobrece. Como queda consignado, es indispensable que la gente pueda elegir los activos monetarios que sean de su preferencia sin la imposición del curso forzoso. En la medida en que se vayan adoptando estas políticas pueden irse introduciendo reformas fiscales compatibles con un sistema genuinamente republicano sin interferencias de un Leviatán desbocado que aniquila las libertades individuales tan ponderadas por todos los grandes maestros de la ciencia jurídica y la economía.

  • Tasa impositiva y recaudo impositivo no son lo mismo

    Se ha visto que un impuesto ideal no debe pasar de un 10% y, definitivamente no más allá del 20%; lo cual es mucho más lógico cuando quienes administran la cosa pública son una banda de malhechores; que son tan ignorantes que no se dan cuenta de que podrían robar más con una tasa impositiva menor.

    La ignorancia legislativa es uno de los grandísimos problemas de nuestra sociedad; es decir, legisladores o, si se quiere, diputados, que no entienden de economía. Pero, antes de seguir sería bueno ponernos en sintonía respecto al o a los significados de la palabra “economía”; la cual viene del griego “oikos» o “casa”, término que incluía todo el contenido de la casa. La palabra “oikos» asociada con el vocablo “nemó” o “administrador”, de la casa. Pero la definición mía al término es: “Cómo poner la paila con lo que nos entra”; es decir, con recursos limitados. Luego, vienen definiciones tales como “la riqueza de los recursos de un país, especialmente en términos de la producción y consumo de bienes y servicios.” Pero… realmente ¿acaso en ello está la verdadera riqueza? Y, también hay definiciones como: “el manejo cuidadoso de los recursos disponibles”; lo cual nos debería llevar a la pregunta: ¿Nuestros legisladores y políticos en general, manejan cuidadosamente nuestros recursos?.

    A lo que voy es que, mal andamos cuando no entendemos que los aumentos de las leyes de impuestos no se traducen en mayor recaudo; lo cual debía ser obvio para quienes alguna vez han administrado su propio negocio. Lastimosamente, son pocos los políticos o politicastros que han montado empresas y las han administrado exitosamente; estos, más bien lo que “administran” son los recursos ajenos, y los administran muy mal. Si tienes un negocio y aumentas precios no significa que automáticamente vas a ganar más. Obviamente, disminuirá la clientela; sea que no estén dispuestos a pagar más o que puedan pagar más.

    Más allá, el aumento en impuestos tiende a disminuir los recaudos a más largo plazo. Tal vez en el corto plazo el político de turno aumente su recaudo; hasta que el efecto negativo o dañino de semejante medida socave la producción y actividad del mercado. Nuevamente, en este caso, vemos que se trata de desincentivos, tal como el disminuir los ahorros del productor, los cuales son esenciales para la inversión y el crecimiento. Desgraciadamente los politicastros tienden a torcerles las mentes a la población diciéndoles cosas tales como: “es que los ricos se quieren hacer más ricos.”

    La realidad es que llega el momento en que las personas muy acaudaladas ya no pueden vivir mejor y sus riquezas las usan para efectuar nuevos negocio e inversiones. Esta es la experiencia que me quedó de mi abuelo Novey y de sus hijos y mi padre, quienes crearon docenas de empresas y miles de plazas de trabajo; pero si los conocías en casa, te darías cuenta que no vivían en lujosa extravagancia.

    Está el caso del economista Laffer, quien publicó la hoy famosa “Curva Laffer”, la cual explica de forma obvia lo que ocurre cuando aumentamos los impuestos más allá de lo racional. El problema con la explicación gráfica de Laffer es que es demasiado sencilla, a punto que cualquiera puede entender el mensaje y eso no les gusta a los malos políticos. En efecto, los impuestos tienen consecuencias y a partir de cierto punto dichas consecuencias se tornan negativas; particularmente par los más pobres. Se ha visto que un impuesto ideal no debe pasar de un 10% y, definitivamente no más allá del 20%; lo cual es mucho más lógico cuando quienes administran la cosa pública son una banda de malhechores; que son tan ignorantes que no se dan cuenta de que podrían robar más con una tasa impositiva menor.

    En fin, el secreto de una pujante economía está en motivar o incentivas un emprendimiento que se traduzca en mejores ganancias para todos.

  • La frontera entre el impuesto justo y el impuesto ladrón

    El recaudo fiscal exagerado convierte al estado en una entidad que en muchos sentidos es criminal. Y es que más allá del diezmo (10%) el gasto estatal no mejora la condición de su gente sino todo lo contrario. Bien se ha demostrado que al rebasar el recaudo justo para el encargo constitucional comienzan a pasar muchas cosas perversas, tales como: La economía se ralentiza y el ingreso personal y familiar disminuye, con todo y la supuesta transferencia de una vana asistencia social que alegan dar los politicastros. En síntesis, existe una correlación directamente inversa entre el tamaño del gobierno y la prosperidad; es decir, a más gobierno menos prosperidad.

    En el caso de Panamá, hace rato que padecemos de un maligno neoplasma gubernamental. Y peor cuando con vamos tomando conciencia de que llega el momento en que los aumentos impositivos para alimentar al megalodón estatal termina disminuyendo el recaudo fiscal junto con el bienestar social.

    Richar W. Rahn del instituto para el crecimiento económico global, nos alerta que el aumento de impuestos, tal como el de ganancias de capital, que dependen de una inclinación o disposición de vender bienes raíces o acciones, trastoca y perjudica al país. Si aumentas semejantes impuestos terminas cambiando ciertas actividades económicas y con ello otras que no advertimos y que son económicamente perjudiciales.

    En los EE.UU. bajo el presidente Reagan con impuestos personales al 28% se recaudaba mucho más que con el 70% del presidente Carter. Es análogo a las bombas de agua, que para que funcionen hace falta cebarlas.

    Cuando joven veía las cómicas del Pato Donald y de Rico Mc Pato, que se revolcaba en montañas de monedas de oro. Esas eran y son imágenes graciosas pero falaces, ya que ningún rico cuerdo guarda el dinero así; sino lo invierte y reinvierte, con lo cual va creando más y mejor economía para todos. Lo mismo no se puede decir del gobierno desmedido.

    En los EE.UU. muchos candidatos de izquierda quieren instituir un impuesto a la riqueza, pensando que con ello van a costear sus alucinantes planes de un bienestar utópico. El problema con ello es que la riqueza no es cosa fija sino muy variable y subjetiva; y quienes lo proponen han perdido contacto con la realidad, o peor.

    Creer que el emprendedor exitoso va a seguir invirtiendo y produciendo sólo para que lleguen los diputados a disque “redistribuirlo” es la madre de la ingenuidad. Y, nuevamente, ¿será tan difícil entender que el buen emprendedor es un recuso muy escaso que, como el buen corcel de carrera, corre mucho mejor cuando se le aflojan las riendas? Que el gobierno, por su parte, tiene el encargo de tirar de las riendas de los torcidos y no a los buenos corredores. Pero triste que ni jalar las riendas de los torcidos hacen bien. Y esto último es como los perversos retenes del tránsito que, son análogos a la captura de camarones con redes de arrastre: barren con el lecho marino, trastocando el balance biológico, para capturar unos cuantos camarones.

    En resumen, es triste tener que hablar de impuesto ladrón, porque se supone que el ideal es guardar respeto por la autoridad. Pero, tristemente, la autoridad se gana y luego se mantiene con buenos ejemplos y no con esa propaganda paga que dice cosas como: “Estamos trabajando para ustedes”. No parece.