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Etiqueta: Reformas Constitucionales

  • Índice de libertad económica municipal en las ciudades europeas 2021. Por qué importan

    «Índice de libertad económica local (LEFI) 2021. Ciudades europeas», acaba de ser presentado por la Fundación para el Avance de la Libertad en Madrid. Por qué son importantes para Panamá también.

    La comparación de la libertad económica es una herramienta eficaz en el debate social y político. La Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, ha desarrollado varios estudios nacionales e internacionales que comparan y clasifican la cantidad de libertad en la economía y otras áreas. Uno de ellos, el Índice de Libertad Económica de las Ciudades de España, que se publica anualmente desde 2018.

    El Índice de Libertad Económica Local (LEFI) es un paso adelante hacia la internacionalización de este tipo de investigación comparada. Su objetivo es evaluar la libertad económica en las comunidades o municipalidades a través de las fronteras, respondiendo así al desafío que plantea la diversidad de funciones y poderes de las autoridades municipales en diferentes países. Este primer LEFI se ha aplicado a un conjunto de treinta grandes ciudades de la Unión Europea, EFTA y Reino Unido, a través de datos proporcionados por fuentes oficiales. LEFI proyecta así un cuadro fijo de la situación de la libertad económica a nivel local en el continente europeo. Si bien la libertad económica todavía depende en gran medida de la formulación de políticas nacionales, las decisiones municipales tienen un impacto cada vez mayor en un mundo que se está volviendo mucho más urbano a un ritmo muy rápido. Cuanta más libertad económica disfruta una ciudad, más prosperidad, empleos y oportunidades generará para sus residentes. Para el caso, por ejemplo, Madrid vs el resto de comunas españolas, ha gozado de mayores libertades durante la pandemia, lo que le ha permitido salir rápidamente de la crisis económica y especialmente la laboral.

    La libertad económica opera como un atractivo de la actividad empresarial, generando así puestos de trabajo y oportunidades para todos los habitantes de una ciudad. Dependiendo del marco legislativo particular de cada país, las autoridades municipales tienen varios niveles de poder de decisión sobre asuntos que afectan su libertad económica local.

    índice libertad

    Los investigadores recomiendan a todos los gobiernos municipales que consideren cómo utilizar su poder de toma de decisiones existente a favor de una economía local más libre, e impulsar una mayor autonomía local de las autoridades regionales o nacionales, de modo que la ciudad pueda desarrollar su propia estrategia para ser más competitiva y atractiva.

    Además, dan especialmente tres tipos de recomendaciones para la libertad económica local, que, de adoptarse, sin duda mejorarían el desempeño de la ciudad no sólo en este particular índice, sino en otros similares: Reducir el gasto y la deuda locales; la austeridad municipal y las cuentas saludables generan prosperidad para todos.

    Es particularmente importante:

    • Pagar la mayor cantidad posible de la deuda existente, con el objetivo de que la deuda sea cero después de no más del período ordinario en el cargo de un ayuntamiento. Establecer mecanismos de contención de la deuda es una política inteligente para perseguir este fin.
    • Reducir sustancialmente el gasto local, particularmente conteniendo o, si es posible, reduciendo la planilla municipal. La subcontratación de servicios, especialmente los de mayor costo, es otra política eficiente. En muchas ciudades, un área de costo particularmente alto es la policía local.
    • Reducir o, idealmente, eliminar todos los subsidios de la ciudad y cualquier servicio que también sea proporcionado por un nivel de administración diferente (por ejemplo, regiones).
    • Reducir la carga fiscal local sobre los residentes de la ciudad. Menos impuestos significa más dinero en la economía real y en los bolsillos de los residentes.

    Es necesario:

    • Reducir los impuestos que recauda directamente la ciudad.
    • Elegir el pago ciudadano por los servicios en lugar de los “servicios gratuitos” pagados con impuestos.
    • Reducir la cantidad de sanciones (por ejemplo, multas de estacionamiento).
    • Impulsar que una mayor parte de los impuestos nacionales / regionales se delegue en las ciudades, con poder suficiente para decidir cuánto recaudar y, por lo tanto, competir mediante la reducción de impuestos.
    • Mejorar los servicios evitando el intervencionismo.
    • Los servicios altamente profesionales solo son posibles a través de la provisión del sector privado.

    Y por último sugieren:

    • Subcontratar los principales servicios e introducir elementos de competencia efectiva en su prestación.
    • Cierre o venta de empresas de la ciudad.
    • Evitar la concesión de licencias, la sobrerregulación local de las empresas y cualquier barrera a la economía colaborativa.
    • Evitar cualquier intervención en el mercado de alquiler residencial.

    Con todos estos parámetros en mente, posiblemente, cuando se realice el próximo índice más global, las ciudades que aparezcan mejores rankeadas, serán las que atraerán mayores inversiones. Panamá no es un estado federal, pero frente a una posible reforma constitucional, sería importante tener en cuenta discutir públicamente la posibilidad de dejar mayor autonomía a sus ciudades. Y es importante aclarar que autonomía no es lo mismo que descentralización.

    En un mundo competitivo, globalizado y con barreras bajas de entrada, estar a la vanguardia en políticas públicas livianas y flexibles, marcará la diferencia entre pertenecer al mundo desarrollado o continuar perpetuando la pobreza.

  • La Constituyente: algunas reflexiones

    La Constituyente y su debate, si originaria o paralela, si conveniente o no su reforma en estos momentos, nos hizo recordar algunas sentencias muy valiosas que consideramos deben ser un punto de partida para reflexionar sobre la discusión pública de estos momentos.

    Juan Bautista Alberdi, conocido como el padre del constitucionalismo latinoamericano, en el capítulo XXXIV de su célebre obra, Las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, nos  advierte sobre los peligros potenciales de los protagonistas: «La mejor política, la más fácil, la más eficaz para conservar la Constitución, es la política de la honradez y de la buena fe; la política clara y simple de los hombres de bien (…). Pero entiéndase que la política de la honradez requerida por la sana política no es la honradez apasionada y rencorosa (…). La sinceridad de los actos no es todo lo que se puede apetecer en política; se requiere además la justicia, en que reside la verdadera probidad.

    Para muchos, no todos, proponentes de la Constituyente,  los integrantes reformadores, saldrían de las bases mismas de los partidos políticos. ¿Sería esa una buena idea?

    «Cuando la Constitución es oscura o indecisa, se debe pedir su comentario a la libertad y al progreso (…).

    «… Para que los pueblos la amen [a la Constitución], es menester que la vean rodeada de prestigio y de esplendor…»

    Asimismo, nos da luces sobre el deber ser, del carácter perpetuo o duradero de una Carta Magna: «El principal medio de afianzar el respeto de la Constitución es evitar en todo lo posible sus reformas. Éstas pueden ser necesarias a veces, pero constituyen siempre una crisis pública, más o menos grave. (…) Deben evitarse todo lo posible, o retardarse lo más. La verdadera sanción de las leyes reside en su duración. Remediemos sus defectos, no por la abrogación, sino por la interpretación.

    «[…] Conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución. ¿Tiene defectos, es incompleta? No reemplacéis por otra nueva. La novedad de la ley es una falta que no se compensa por ninguna perfección; porque la novedad excluye el respeto y la costumbre y una ley sin estas bases es un pedazo de papel, un trozo literario.

    «La interpretación, el comentario, la jurisprudencia, es el gran medio de remediar los defectos de las leyes. (…) La ley es un Dios mudo: habla siempre por la boca del magistrado. Éste la hace ser sabia o inocua. De palabras se compone la ley, y de las palabras se ha dicho que no hay ninguna mala, sino mal tomada».

    «… Cread la jurisprudencia, que es el suplemento de la legislación, siempre incompleta, y dejad en reposo las leyes, que de otro modo jamás echarán raíz.

    «Para no tener que retocar o innovar la Constitución, reducidla a las cosas fundamentales, a los hechos más esenciales del orden político. No comprendáis en ella disposiciones por su naturaleza transitorias, como las relativas a elecciones.

    «… Gobernar poco, intervenir lo menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir la autoridad, es el mejor medio para hacerla estimable».

    Entonces, tanto legislación como interpretación de la ley, son las características claves para el sostenimiento de la Ley Fundamental, así , la función que la legislación debería tener, en relación con la estabilidad del sistema, sería integradora. Es decir, que la legislación debería interpretar la Constitución y así reglamentar las carencias normativas, no restringiendo los derechos y garantías por ella dictada, sino manteniendo la amplitud que ella otorga.

    De allí la importancia de la interpretación constitucional consiste en «desentrañar el sentido de la descripción efectuada por el autor de la norma».

    Concluyendo, si la legislación va contra el espíritu de la Carta Magna, con jueces interpretando, bastaría para lograr su respeto y desechar todo aquellos que el legislador actuara en contrario. Sin la necesidad de una Constituyente paralela u originaria que posiblemente mejorarían en mucho estos procesos ¿estos mecanismos ya no están establecidos en la actual Constitución?

    Con ello, se lograría ir sobre el aparato administrativo del estado, que es el que deformado y por sobre la Ley, avanza sobre los derechos fundamentales. Y esta diferencia es vital entender, porque ahora mismo, no se está demandando el cese de tal cuestión, sino algo más de una Constitución y para ello, recordar siempre que: “Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de los gobiernos esperan una cosa contraria a la naturaleza” y que ”Todo pueblo que come de la limosna del suelo solamente será un pueblo de mendigos toda su vida”.

  • Rusia utiliza blockchain en la votación de reformas constitucionales, que decidirán la reelección de Putin

    La tecnología blockchain jugará un papel importante en determinar si el presidente ruso Vladimir Putin podrá gobernar hasta el 2036.

    El gobierno ruso anunció la noticia a través de un aviso en la web el viernes pasado. Según el informe, los ciudadanos mayores de 18 años podrán votar electrónicamente sobre una enmienda constitucional que pretende permitir al Presidente Putin gobernar durante dos mandatos más de seis años cada uno. A través de un sistema impulsado por tecnología blockchain, los votantes deberán elegir “si o no” a cada una de las cuestiones sometidas a elecciones. Los residentes de la capital rusa deberán inscribirse para la elección digital, cuyo proceso de votación propiamente dicho tendrá lugar entre el 24 y el 30 de junio.

    Según el comunicado emitido desde el gobierno, se explicó que el proceso utilizará el sistema de voto electrónico impulsado por blockchain, dado que la misma responde a la búsqueda de “garantía de seguridad y transparencia”, ya que ayudará a anonimizar y cifrar cada voto.

    El extracto del comunicado señala que:

    «La seguridad y la transparencia de la votación electrónica serán garantizadas por la tecnología blockchain. Esta red no tiene un solo servidor: para cambiar la información de los boletines, es necesario obtener la aprobación de la mayoría de los participantes de la red, por lo que el blockchain es casi imposible de romper».

    Pese a que las autoridades de Moscú están adoptando la convicción de que el voto mediante blockchain podría añadir cierta legitimidad al proceso de toma de decisiones, las autoridades locales no especificaron qué compañía proveerá los servicios tecnológicos para el sistema, ni puntualizó en el tipo de tecnología blockchain que se implementará durante la votación. El Presidente electo propuso una controvertida enmienda constitucional en enero para conservar el poder.

    Las enmiendas constitucionales en cuestión buscan consolidar en el poder a Vladimir Putin por al menos doce años más al frente de Rusia, aunque si la gente no expresa su apoyo en la novedosa votación electrónica, el presidente deberá abandonar el cargo a fin de mandato, en 2024.

    El resto de reformas incluyen que por Constitución sea fijado el salario mínimo en un nivel no inferior al salario digno, la indexación anual de pensiones y beneficios sociales, la garantía de apoyo específico, el derecho a una atención médica de calidad para todos los rusos, independientemente de la región, y el papel del estado en la protección y crianza de los niños. y apoyando los valores familiares tradicionales.

    Las enmiendas proponen establecer la prioridad de la Constitución rusa sobre las decisiones de los tribunales internacionales, para proteger la soberanía y la integridad del país. El estado también se compromete a crear condiciones para la preservación de la diversidad natural de Rusia. También se presta especial atención a la elección del Presidente y el nombramiento de funcionarios federales, la prohibición de que los altos funcionarios de Rusia tengan permiso de ciudadanía o residencia de un estado extranjero, abran cuentas y mantengan efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros.

    Putin, la “persona más influyente en el espacio blockchain” según Changpeng Zhao (CEO de Binance), no ha introducido hasta el momento legislaciones respecto al ecosistema cripto en Rusia, pese a haber emitido varios plazos para adoptar una. De hecho, la incorporación del voto electrónico en el panorama político ruso ha estado en desarrollo durante varios años.

    En 2019, las elecciones a la Duma (Parlamento) de la ciudad de Moscú y las decisiones sobre algunas estaciones de metro adicionales en la ciudad de Troitsk utilizaron sistemas de voto electrónico. Los informes de Moscú siguen mostrando señales proactivas hacia la regulación de la tecnología de las criptomonedas y de blockchain y, al menos esta vez, sobre una votación tan importante con repercusiones a nivel geopolítico global, comunican que utilizarán blockchain por seguridad y transparencia. De ahí a que le crean, es otra historia.

  • Significantes vacíos, el camino de la Constituyente

    El Populismo adora los significantes vacíos. Un significante vacío es una acción simbólica que se presenta como la resolución de grandes problemas nacionales, que traen grandes esperanzas pero que al final no significa nada. No hay que presentar nada, solo vender ilusión y esperanza. Las reformas constitucionales y peor aún, la Constituyente Originaria, se han venido usando como significantes vacíos. O sea, igual que el Muro de Trump, que crea ilusión de poder lograr que los Estados Unidos blancos anglosajones se desvinculen de los vecinos del sur de piel parda, pero que nunca se hará, sólo se vende la ilusión y la esperanza de que así será si los malos no dejan de impedirlo, o el embargo a Cuba, que vende a los cubanoamericanos la ilusión del fin del comunismo en Cuba, pero que en realidad solo sirve para que el partido Republicano logre sus votos en el estado crucial de Florida, porque si los gringos realmente quisieran acabar con el comunismo en Cuba lo hubieran intentado en los años noventa. Y es más conveniente que los comunistas sigan en Cuba a que se vayan. Todos estos son significantes vacíos. El embargo es para lograr votos en Florida, no para tumbar a l comunismo en Cuba.

    Y el mayor significante vacío que tiene la política panameña es la idea de la Constituyente Originaria.

    La izquierda desde siempre, varios insignes catedráticos de derecho constitucional, y muchos abogados que juran que serán los nuevos padres refundadores de la Patria, están vendiendo desde hace décadas la idea de que parchar, o sea, hacer cambios graduales a una Constitución, es mala; que en realidad, es mejor que Panamá tenga una constitución nueva cada 20 años como otros países latinoamericanos, más y cuando nuestra constitución fue producto de un Contrato Social falso, porque fue impuesta por una dictadura militar. En un principio tienen razón, pero la Constituyente se convierte en un significante falso cuando se empieza a vender como la gran panacea a los problemas nacionales. ¿Mejorar la educación? Constituyente. Mejorar la salud? pues Constituyente Originaria. Que la misma reciba los regalos que quiero en Navidad, ¡Constituyente originaria ya!

    La Constituyente se convierte en un significante falso cuando se presenta como la gran panacea a los problemas nacionales. Cuando se debate que se quiere llegar a la Constituyente originaria porque mágicamente van a salir de allí las respuestas a los grandes problemas nacionales, y no se debate el cómo se va a hacer una constituyente originaria. Tampoco se discute qué se desea poner en una constitución que no pase de cartas al niño Dios y normas programáticas, que hablen mucho de la República de Papel ideal que queremos, y no de la arquitectura del Estado para que funcione bien, especialmente el tema espinoso del balance de poderes. No se dice cómo se va a impedir que la clase política actual, que ya dio muestras en estas reformas de lo que realmente quiere en una constitución, no logre imponer sus clones en una constituyente, y que en lugar de la República de Papel progre que desea la izquierda y los abogados constitucionalistas, terminemos con una constitución que sea un manifiesto a los valores teocráticos conservadores y a un estado abusivo y todopoderoso.

    Porque una constituyente es una ola de grillos y un salto al vació. Todo el mundo espera que salga su constitución soñada, pero resulta que los sueños de unos no son los sueños de otros y la constitución puede terminar siendo el resultado de los sueños de otros. Panamá puede terminar mucho más dividido y paralizado que antes.

    En otras palabras, la Constituyente, para que no sea un significante vacío, debe ser vista como un medio y no un fin en sí. Si queremos refundar el Estado Panameño, entonces es hora de discutir qué estado queremos, no esperar a la Constituyente para iniciar las discusiones. Mientras no sea haga esta discusión, la Constituyente será un significante vacío y quien usa la Constituyente como significante vació es un demagogo. Hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede conseguir.

    Llegar a una Constituyente originaria es fácil, que salga una buena constitución que realmente ayude al país es más difícil. Felices fiestas patrias.

  • Principales objeciones al proyecto de reformas constitucionales de La Concertación

    ¿Por qué no gusta el proyecto de reformas propuesto? Porque el tema es que mientras estamos ocupados tratando de solucionar dos problemas importantes a escala constitucional, la Concertación va mucho más allá;  y quiere colarnos asuntos de carácter programático en la Constitución que definen el papel y propósito del Estado mucho más allá del tema de los honorables diputados y magistrados. Las reformas constitucionales propuestas por la Concertación contienen cambios substanciales a la idea del Estado Panameño.

    Por ejemplo, se plantea cambiar el artículo 1 de la Constitución para definirlo como una nación pluricultural y étnica, organizada en un Estado Social de Derecho. Además propone un artículo nuevo, larguísimo artículo, donde establece que sus funciones son las de promover los derechos humanos, la participación en paridad, la convivencia y demás buenas intenciones, pero nunca en ningún momento declara que todo este respeto a los Derechos Humanos, la participación y la convivencia tiene como objeto asegurar la vida, la libertad, la prosperidad y la búsqueda de la felicidad de los asociados. Se pinta un mundo idílico como un propósito en sí mismo. Cuando la finalidad de todo esquema constitucional es asegurar el desarrollo de las personas individuales. La sociedad al final es un conjunto de individuos. No hay en los cambios programáticos ninguna mención a esto.

    Hay un dicho, que quien parte y reparte, se lleva la mejor parte. La Concertación propone un artículo nuevo, en el cual se convierte en sí misma en “la instancia nacional de participación ciudadana, en materia de diálogo social, construcción de consensos, consulta, verificación, recomendación y propuestas sobre la formulación y ejecución de las políticas públicas y compromisos de Estado.” Francamente esto es terrible. Básicamente un organismo se quiere abrogar y centralizar en sí, temas que son parte de la sociedad civil, los partidos políticos, los medios de comunicación y los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Esto es corporativismo. Y es inaceptable en un estado democrático moderno.

    Se propone también modificar el artículo 35 de la Constitución, eliminando las menciones a la moral cristiana y a la Iglesia Católica como la de la mayoría de los panameños. Estamos de acuerdo. Sin embargo no se menciona por ningún lado la idea de separación de la Iglesia y el Estado y la prohibición de una religión de Estado. Creo que tras la presidencia de Juan Carlos Varela, Panamá no puede esperar más. El documento de la Concertación se queda corto. Muy corto. Es un artículo que por ser de carácter normativo, puede ser modificado con urgencia.

    La Concertación para el Desarrollo de nuevo vuelve a proponer un artículo nuevo programático, o sea tipo carta al Niño Dios sobre el tema ecológico.  El problema es que si un grupo de presión logra colar en las reformas su tema mascota, otros grupos de presión van a buscar lo mismo. Esta es una de las razones por las cuales las reformas constitucionales, si quieren tener éxito, deben limitarse a temas normativos que afectan la arquitectura del Estado. Debemos dejar de tratar de decir en la Constitución que país queremos. Más bien debemos tratar de evitar tener un país que no queremos.

    De nuevo, en los derechos políticos establece que el art 137 debe mandar que las postulaciones para cargos de elección popular deban ser en paridad, solo para añadir en la propuesta de cambios al artículo 139 que no habrá discriminación por sexo, raza, religión o que tiendan a destruir la forma democrática de gobierno. Lo sentimos mucho;  la Concertación Nacional para el Desarrollo debe tener bien en claro algo: por el principio de no contradicción, es imposible que A sea B y no sea B. O hay paridad, o hay “no discriminación” y democracia. Pero no pueden coexistir ambas cosas. Porque para forzar la paridad, se tiene que discriminar por cuotas basadas en sexo o raza y se tiene que ignorar la voluntad de los votantes en los partidos que llevan a cabo elecciones primarias internas. No se puede establecer dos normas constitucionales dispuestas a contradecirse entre sí.

    El problema actual es el balance de los poderes del Estado y las reformas que la Concertación propone: normas programáticas idílicas. Queda por ver si lo que proponen para el tema que nos importa, es realmente efectivo, o no.

  • Las Reformas de la Concertación

    Ganó Nito, y con él, la necesidad de reformar la Constitución. Sin embargo, hay algo de apuro; en menos de un mes se quiere que la actual Asamblea apruebe reformas constitucionales, como ya sugirió Balbina Herrera hace diez años, usando como base las reformas constitucionales propuestas por la Concertación para el Desarrollo. El principal problema es que se presentan como consensuadas una reformas que no lo han sido. Son una propuesta de ciertos grupos, pero no el objeto de un debate profundo. Y son propuestas que datan de hace diez años, cuando mucho de los problemas que causan hastío en la ciudadanía vienen más bien de hechos más recientes. Por ejemplo,  dudamos que las propuestas de la Concertación sobre la Asamblea Nacional tengan la misma aceptación entre los ciudadanos o limiten realmente los abusos que los ciudadanos detestan. Es más, ni siquiera tocan el tema realmente.

    Dudamos también que las reformas de la Concertación resuelvan los problemas del  Órgano Judicial; es más,  con la creación de un Tribunal Constitucional,  es muy posible que los agraven.

    Otro hecho preocupante es la intención de la propia Concertación Nacional para el Desarrollo en erguirse en una especie de organismo deliberante en sí,  ignorando que precisamente para ésto existe o debe existir el Poder Legislativo.

    El apuro trae cansancio. Es claro que la Concertación tiene razón en concentrarse en el tema de la arquitectura estatal, o sea,  en los poderes del Estado, que son los pocos temas en los cuales existe algún consenso en que tienen que cambiar;  aunque no se ha consensuado realmente en el cómo tienen que cambiar.

    Las reformas de la Concertación proponen cambios en temas como la definición del Estado panameño y los derechos individuales y sociales sobre los cuales NO EXISTE CONSENSO y cambiar estos temas deben ser tema de una Constituyente.  No de Reformas Constitucionales.

    Los asuntos donde existe consenso de que debe haber cambios, son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la manera cómo el Estado determina los presupuestos. Las reformas de la Concertación tocan estos temas, pero a nuestro juicio los llevan por caminos equivocados.

    En el Poder Legislativo los cambios son más que todo cosméticos, no van más allá ni aluden a los temas que se deben discutir, como por ejemplo si la Asamblea debe ser bicameral o si deben haber elecciones de medio período.  En el Órgano Judicial por ejemplo se propone la idea del Tribunal Constitucional, idea a la cual podemos hacer fuertes objeciones.  Y finalmente trata apenas algo de municipios y corregimientos.

    Si Nito Cortizo comete el error de forzar estas reformas, los temas que la ciudadanía ve como problemáticos en los poderes Legislativos y Judiciales continuará. La falta de rendición de cuentas a los ciudadanos en ambos poderes seguirá igual o se agravará.

    Este hastío podría empañar la gestión de Nito Cortizo y dirigir al país aún más hacia el salto al vacío de la Constituyente.

    Uno de los problemas de la Concertación Nacional para el Desarrollo es que por su naturaleza es una entidad corporativista, y como entidad corporativista busca consensos en lugar de mayorías representativas.  Y el voto representativo de los ciudadanos está reemplazado por las gestiones de lobbies y grupos de presión. El dialogo en la Concertación no debe reemplazar nunca el diálogo de la democracia representativa. Porque se termina la República, justamente lo que queremos salvar.