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Las Reformas de la Concertación

Ganó Nito, y con él, la necesidad de reformar la Constitución. Sin embargo, hay algo de apuro; en menos de un mes se quiere que la actual Asamblea apruebe reformas constitucionales, como ya sugirió Balbina Herrera hace diez años, usando como base las reformas constitucionales propuestas por la Concertación para el Desarrollo. El principal problema es que se presentan como consensuadas una reformas que no lo han sido. Son una propuesta de ciertos grupos, pero no el objeto de un debate profundo. Y son propuestas que datan de hace diez años, cuando mucho de los problemas que causan hastío en la ciudadanía vienen más bien de hechos más recientes. Por ejemplo,  dudamos que las propuestas de la Concertación sobre la Asamblea Nacional tengan la misma aceptación entre los ciudadanos o limiten realmente los abusos que los ciudadanos detestan. Es más, ni siquiera tocan el tema realmente.

Dudamos también que las reformas de la Concertación resuelvan los problemas del  Órgano Judicial; es más,  con la creación de un Tribunal Constitucional,  es muy posible que los agraven.

Otro hecho preocupante es la intención de la propia Concertación Nacional para el Desarrollo en erguirse en una especie de organismo deliberante en sí,  ignorando que precisamente para ésto existe o debe existir el Poder Legislativo.

El apuro trae cansancio. Es claro que la Concertación tiene razón en concentrarse en el tema de la arquitectura estatal, o sea,  en los poderes del Estado, que son los pocos temas en los cuales existe algún consenso en que tienen que cambiar;  aunque no se ha consensuado realmente en el cómo tienen que cambiar.

Las reformas de la Concertación proponen cambios en temas como la definición del Estado panameño y los derechos individuales y sociales sobre los cuales NO EXISTE CONSENSO y cambiar estos temas deben ser tema de una Constituyente.  No de Reformas Constitucionales.

Los asuntos donde existe consenso de que debe haber cambios, son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la manera cómo el Estado determina los presupuestos. Las reformas de la Concertación tocan estos temas, pero a nuestro juicio los llevan por caminos equivocados.

En el Poder Legislativo los cambios son más que todo cosméticos, no van más allá ni aluden a los temas que se deben discutir, como por ejemplo si la Asamblea debe ser bicameral o si deben haber elecciones de medio período.  En el Órgano Judicial por ejemplo se propone la idea del Tribunal Constitucional, idea a la cual podemos hacer fuertes objeciones.  Y finalmente trata apenas algo de municipios y corregimientos.

Si Nito Cortizo comete el error de forzar estas reformas, los temas que la ciudadanía ve como problemáticos en los poderes Legislativos y Judiciales continuará. La falta de rendición de cuentas a los ciudadanos en ambos poderes seguirá igual o se agravará.

Este hastío podría empañar la gestión de Nito Cortizo y dirigir al país aún más hacia el salto al vacío de la Constituyente.

Uno de los problemas de la Concertación Nacional para el Desarrollo es que por su naturaleza es una entidad corporativista, y como entidad corporativista busca consensos en lugar de mayorías representativas.  Y el voto representativo de los ciudadanos está reemplazado por las gestiones de lobbies y grupos de presión. El dialogo en la Concertación no debe reemplazar nunca el diálogo de la democracia representativa. Porque se termina la República, justamente lo que queremos salvar.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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