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Etiqueta: Reformas políticas

  • Contratación directa, competencia y república

    Contratación directa, competencia y república

    En materia de contratación pública conviene evitar dos simplificaciones igualmente malas: la primera consiste en suponer que toda contratación directa es corrupción. Y la segunda, en asumir que basta con que una contratación directa sea legal para considerarla institucionalmente saludable.

    Ninguna de las dos cosas es cierta.

    La Ley de Contrataciones Públicas panameña contempla procedimientos excepcionales y de emergencia por una razón evidente: hay circunstancias en las que el Estado no puede esperar meses mientras se desarrolla una licitación ordinaria. Una carretera colapsada, una inundación, un puente inutilizado o una emergencia sanitaria pueden exigir una respuesta inmediata.

    El problema comienza cuando aquello diseñado para resolver situaciones extraordinarias empieza a convertirse en una forma habitual de comprar. Y los datos recientes del Ministerio de Obras Públicas justifican precisamente esa discusión.

    Una investigación de La Estrella de Panamá, basada en registros de Panamá Compra, encontró que entre julio de 2024 y junio de 2026 el MOP adjudicó 276 contratos directos por aproximadamente US$363 millones. La cifra supera los US$225 millones contratados mediante mecanismos similares durante todo el quinquenio anterior. Eso no prueba corrupción, pero sí obliga a hacer preguntas.

    La competencia no es un trámite burocrático

    A veces hablamos de licitaciones públicas como si fueran simplemente un procedimiento administrativo pesado que retrasa las obras.

    Desde nuestra perspectiva liberal y habiendo sido los responsables del diseño de Panama Compras en 2006, consideramos que su función económica es bastante más importante que un mero tablón de anuncios. Fomenta la competencia y permite descubrir información que el funcionario no posee.

    ¿Cuánto cuesta realmente una carretera?, ¿Cuál es la mejor solución técnica?, ¿Qué empresa puede realizarla más rápido?, ¿Quién ofrece mejores garantías?, ¿Existe una tecnología menos costosa?, ¿Cuánto margen puede reducir un proveedor para obtener el contrato?. No hay una oficina pública capaz de conocer de antemano todas esas respuestas, precisamente ese conocimiento aparece cuando distintos oferentes compiten.

    Hayek explicó precisamente ese problema: el conocimiento relevante para organizar la actividad económica está disperso entre millones de personas. El mercado no funciona porque alguien posea toda la información, sino porque permite que la información dispersa se revele mediante precios, ofertas y decisiones.

    Una licitación competitiva intenta introducir una pequeña parte de ese mecanismo dentro de la contratación estatal, claro que no reproduce un mercado perfecto, pero permite algo fundamental: que el funcionario no tenga que decidir por sí solo cuánto debería costar aquello que está comprando. Cuando se elimina la competencia, se pierde esa referencia.

    La contratación directa tiene un costo incluso cuando nadie roba

    Éste es el punto que con frecuencia desaparece cuando la discusión se reduce a “hubo corrupción” o “no hubo corrupción”. Puede no haber un solo sobre, una sola coima ni un solo funcionario deshonesto y aun así producirse una mala asignación de recursos.

    Si el Estado contrata directamente a una empresa por US$10 millones y una licitación competitiva habría producido una oferta equivalente por US$8 millones, el contribuyente perdió US$2 millones aunque nadie haya cometido un delito.

    La corrupción es una forma extrema de malgasto, pero no es la única.

    La ausencia de competencia puede generar precios mayores, peores condiciones contractuales, soluciones técnicamente inferiores y dependencia repetida de un número reducido de proveedores.

    Por eso una política anticorrupción seria no debería concentrarse solamente en perseguir al funcionario que recibe dinero ilegal. Debería construir instituciones que reduzcan las oportunidades para que una decisión pública dependa de la discrecionalidad individual. La mejor investigación penal es la que nunca hace falta porque el procedimiento hizo difícil capturar la decisión.

    Cuando lo previsible se convierte en emergencia

    Existe además una distinción esencial entre urgencia y falta de planificación. Una inundación imprevisible puede justificar una contratación inmediata, pero el mantenimiento periódico de una carretera, difícilmente.

    Una estructura destruida inesperadamente puede constituir una emergencia. Una obra incluida desde antes en el Plan Estratégico de Gobierno merece una explicación mucho más exigente si posteriormente se adjudica mediante procedimiento excepcional.

    La investigación periodística ha señalado precisamente que algunas obras contratadas por vías excepcionales ya figuraban entre proyectos previstos en la planificación gubernamental.

    Eso no demuestra que la contratación sea ilegal, pero cambia la pregunta: si la necesidad ya se conocía, ¿qué acontecimiento extraordinario impidió licitar?, porque una emergencia no puede definirse simplemente como aquello que el Gobierno necesita ejecutar rápido dado que si así fuera, prácticamente toda obra pública podría convertirse en excepcional.

    Los gobiernos siempre tienen prisa; los ciudadanos llevan años esperando carreteras; los ministros tienen períodos limitados y los presidentes quieren inaugurar obras antes de terminar sus mandatos.

    Precisamente por todo eso las reglas existen antes de que aparezca la urgencia política.

    El argumento de la eficiencia merece ser tomado en serio

    También hay que escuchar al MOP.

    Panamá tiene una red vial con déficits acumulados y comunidades que llevan años esperando soluciones. El propio ministerio ha anunciado una cartera muy amplia de inversiones y sostiene que determinados procedimientos excepcionales permiten ejecutar con mayor velocidad. La administración también ha desarrollado numerosas licitaciones ordinarias: a finales de 2025 informó que de 35 proyectos estructurados para licitación, 26 habían sido licitados y 20 adjudicados.

    Por tanto, no corresponde construir la caricatura de un ministerio que no licita nada.

    Además, el contralor Anel Flores ha defendido que muchos contratos cuestionados respondieron a emergencias relacionadas con inundaciones y daños producidos por el agua. Anunció un arqueo y un informe para explicar las contrataciones a la ciudadanía. Es una explicación que merece ser evaluada con los expedientes delante y la respuesta republicana no es presumir culpabilidad, pero debe exigir evidencia.

    El contralor no debería defender: debería auditar

    Aquí aparece, sin embargo, una cuestión institucional delicada: el papel de la Contraloría no consiste en ser abogado defensor del ministerio cuestionado y tampoco en actuar como fiscal mediático.

    Su función es mucho más valiosa precisamente porque debería estar situada fuera de ambas posiciones. Su rol es controlar, verificar, comparar, documentar y publicar conclusiones.

    Cuando el contralor responde a cuestionamientos periodísticos diciendo que “el morbo impera”, corre el riesgo de desplazar la discusión desde los datos hacia las intenciones de quienes preguntan. No hace falta interpretar maliciosamente al contralor para señalar el problema.

    Por eso, una institución de control gana autoridad cuando puede decir «este contrato estuvo correctamente justificado»; o «éste otro no»; señalar que «en éste había emergencia o en éste la causal utilizada no se sostiene»; «estos precios fueron razonables o éstos excedieron referencias comparables».

    Eso es lo que el ciudadano necesita; la confianza republicana no consiste en creer en las personas. Consiste en poder comprobar sus actos.

    Las empresas tampoco tienen derecho adquirido a contratar con el Estado

    Otro elemento que complica la discusión es que entre las empresas que continúan obteniendo contratos públicos figuran algunas vinculadas en el pasado a casos de corrupción, entre ellas compañías cuyos representantes admitieron pagos ilícitos en el caso Blue Apple.

    Aquí también hay que mantener la cabeza fría.

    Si una empresa cumplió una sanción, no está legalmente inhabilitada y participa en una licitación abierta ofreciendo las mejores condiciones, no debería ser excluida arbitrariamente por razones reputacionales. El Estado de derecho funciona también para quienes tienen mala reputación.

    Pero una contratación directa cambia el análisis.

    Cuando una empresa con antecedentes problemáticos obtiene contratos porque ganó frente a diez competidores bajo reglas transparentes, existe una disciplina externa, pero cuando obtiene la contratación mediante selección excepcional, el grado de justificación requerido debería ser mayor.

    No porque deba presumirse nuevamente culpable, sino porque el Estado está prescindiendo precisamente del mecanismo que permitiría demostrar que ésa era la mejor opción disponible.

    Concentración empresarial y captura

    La investigación también señala una concentración significativa de contratos en un grupo relativamente reducido de empresas. La concentración tampoco prueba por sí misma corrupción ya que puede haber empresas grandes que ganen con frecuencia porque tienen maquinaria, experiencia, capacidad financiera y equipos técnicos que otras no poseen.

    Pero Public Choice nos obliga a mirar un riesgo distinto.

    Cuando unas pocas empresas dependen fuertemente del gasto estatal y un ministerio depende a su vez de unas pocas empresas capaces de ejecutar sus obras, comienza a formarse una relación bilateral muy particular: los proveedores adquieren incentivos para invertir recursos en relaciones políticas; los funcionarios adquieren incentivos para trabajar repetidamente con proveedores conocidos porque reducen incertidumbre y facilitan la ejecución y con el tiempo puede aparecer una especie de mercado cerrado. No hace falta una conspiración, los incentivos bastan.

    Y ésa es precisamente la razón por la cual la competencia debe ser protegida institucionalmente, incluso frente a funcionarios honestos y empresas técnicamente capaces.

    El cronómetro también puede ser una herramienta de corrupción

    Existe una forma particularmente sutil de degradar la contratación pública: planificar tarde.

    Supongamos que una administración conoce desde hace un año que una obra debe comenzar en octubre. No inicia la licitación a tiempo, llega septiembre y entonces declara que no puede esperar seis meses porque la obra es urgente. Formalmente, la urgencia existe, pero fue producida administrativamente. Ese mecanismo debería ser especialmente vigilado.

    Una buena ley anticorrupción no debería preguntar solamente si “¿Había urgencia el día en que se adjudicó?”; debería preguntar también: “¿Cuándo conoció el Estado la necesidad y qué hizo desde entonces?”. La diferencia es enorme y la mala planificación termina convirtiéndose en una vía legítima para evitar competencia. Y cuanto peor administra una institución sus tiempos, mayor discrecionalidad obtiene. Exactamente el incentivo contrario al que deberíamos crear.

    Publicar todo, incluso cuando la ley permita no competir

    La solución no consiste en prohibir las contrataciones directas, eso sería imprudente y el Estado necesita capacidad para reaccionar ante emergencias reales.

    La reforma correcta consiste en hacer que contratar directamente sea más transparente que licitar, precisamente porque falta el control competitivo. Cada contratación excepcional debería publicar de manera sencilla y estandarizada la obra; el monto; la empresa; la causal legal invocada; el hecho concreto que produjo la urgencia; la fecha en que la Administración conoció la necesidad; las empresas que podrían haber prestado el servicio; la metodología utilizada para determinar que el precio era razonable; los contratos anteriores del mismo proveedor y la comparación del precio con obras equivalentes.

    Además debería existir una auditoría posterior obligatoria para contratos que superen determinado monto. No necesariamente para detener la obra, pero para verificarla después, ya que la emergencia justifica rapidez, pero no la opacidad.

    El precio de referencia importa

    Panamá podría además fortalecer sistemas de comparación.

    Si el MOP contrata cien kilómetros de mantenimiento vial en distintas provincias, debería existir una base pública que permita comparar costos por kilómetro ajustados por tipo de obra, terreno, materiales y dificultad; eso ayudaría a identificar anomalías sin necesidad de acusar a nadie.

    ¿Por qué una obra cuesta 40% más que otra técnicamente semejante?. Puede existir una explicación perfectamente legítima, pero alguien debería explicarla. Así los datos convierten la sospecha en una pregunta técnica, mejora el control y protege también al funcionario honesto.

    Transparencia no significa paralizar al Gobierno

    Éste es quizás el punto más importante. Panamá necesita infraestructura, entre otras, necesita reparar carreteras, puentes, agua. Necesita ejecutar.

    Una política anticorrupción mal diseñada puede ser tan perjudicial como la ausencia de controles si logra que ningún funcionario quiera firmar nada por temor a terminar investigado años después. Por eso, el objetivo no debe ser producir un Estado aterrorizado, sino uno predecible con reglas claras, plazos razonables, procedimientos rápidos, competencia siempre que sea posible y excepciones cuando sean necesarias. Y trazabilidad absoluta cuando se utilicen. La eficacia y la transparencia no son enemigos y una administración profesional debería poder ofrecer ambas.

    La república no funciona con confianza personal

    El Gobierno de José Raúl Mulino ha mostrado en distintas áreas una conducción profesional y relativamente sobria. Sería injusto interpretar automáticamente cualquier cuestionamiento administrativo como evidencia de corrupción gubernamental. Pero ése tampoco puede ser el estándar.

    Las instituciones republicanas existen precisamente porque ningún gobierno debería pedirnos que confiemos en su profesionalismo, ni siquiera uno que consideremos profesional.

    Hoy puede gobernar una administración prudente, mañana otra. Las reglas tienen que funcionar para ambas.

    Madison comprendió el problema hace más de dos siglos: si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno, y si quienes gobernaran fueran ángeles tampoco necesitaríamos controles. No son ángeles, ni los de este Gobierno ni los del anterior ni los del próximo. Por eso controlamos.

    No pedir confianza: ofrecer evidencia

    El MOP puede tener una explicación perfectamente razonable para buena parte de esos US$363 millones. Algunas obras probablemente respondieron a emergencias reales, otras quizá consiguieron buenos precios, algunos proveedores pueden haber sido simplemente la opción técnicamente disponible. Si así fue, el informe anunciado por la Contraloría debería demostrarlo contrato por contrato, no mediante declaraciones generales.

    Eso sería bueno para el Gobierno, para el MOP, para las empresas y para los ciudadanos, porque en una república sana una investigación periodística no debería obligar al Estado a cerrar filas. Precisamente debería activar exactamente el mecanismo contrario: abrir los expedientes.

    La pregunta fundamental no es si confiamos las personas o ni siquiera si confiamos en este Gobierno. La pregunta liberal y republicana es mucho más exigente: ¿podría funcionar correctamente este mismo sistema si mañana lo administraran personas en quienes no confiamos absolutamente nada?. Si la respuesta es no, hay que cambiar el sistema, porque la mejor política anticorrupción no consiste en esperar funcionarios honestos, sino en construir instituciones en las que incluso un funcionario deshonesto tenga poco margen para hacer daño.

  • Nuestro enemigo, el estado

    El título de este escrito es el título del libro de Albert Jay Nock, y no sé si al lector le ocurre igual que a mí cuando por primera vez escuché decir semejante cosa: que el estado es nuestro enemigo, ya que a través de toda mi vida se me había presentado o vendido la imagen mental del estado benefactor o bondadoso, que resuelve, protege y combate a los malos y a la pobreza. Esa burbuja de ingenuidad se fue rompiendo con las advertencias de personajes como Nock, que abre su obra literaria con una cita de Herbert Spencer (1850): “Sea cierto o no de que el Hombre fue moldeado en iniquidad y concebido en el pecado, es incuestionablemente cierto de que el Gobierno es concebido de la agresión, y por la agresión.” Y si vamos a la historia veremos cuan ciertas son estas palabras.

    La realidad es que todo se presta para el bien o para el mal; sin embargo, hay cosas que mejor se prestan para ser instrumentos del mal; y los gobiernos están de primeritos en esa lista de la ignominia. La distinción debería ser simple: El gobierno o la gobernanza, en su justa medida, es esencial en un mundo de abundantes injusticias, en el cual unos optan por salir adelante pisoteando a otros. Pisotean arrebatando vidas, hiriendo, negando libertades y despojando propiedades; y para ello se supone es el estado y gobierno. Pero, esa esencial y delicada función de velar por la vida, la libertad y la propiedad debe llevarse a cabo sin menoscabar el orden espontáneo social; es decir, fomentando que cada quien resuelva por cuenta propia sus necesidades, entre las cuales está la de extender la mano al prójimo. Es así ya que sin ello los destinos humanos no pueden prosperar.

    Pero, resulta que el gobierno o el rey no sólo es el instrumento ideal para velar por la vida, libertad y propiedad, sino también lo es para abusar del poder y usarlo como instrumento de la rapiña. ¿O será que no hemos caído en cuenta de ello? ¿Acaso no hemos visto como los que acceden a los puestos de “autoridad” van conformando una casta que se imagina superior? Una casta que investida con un poder adulterado puede entrometerse en todo. Inclusive, pueden encarcelar a toda una comunidad bajo el falaz alegado de: “Te estamos cuidando”.

    Y es que el poder es algo difícil de definir. Pruébalo, anda y define en tu mente, con tus palabras imaginarias, lo que entiendes por “poder”. Yo acabo de hacer lo mismo en este momento que escribo, y mis palabras mentales fueron: “El poder es poder; es decir, es poder hacer algo por la fuerza de la fuerza o, idealmente, por razón de la fuerza de la verdad”; lo cual me lleva más allá. Me lleva a preguntar: ¿Cuál fuerza es mayor, la fuerza de la fuerza o la fuerza de la razón del pensamiento lleno de la verdad? La pregunta es más que válida.

    Hace años, en un conclave de gremios empresariales que se habían separado del CoNEP, debido, precisamente, a abusos del poder, yo sugería que dicho organismo (consejo nacional de la empresa privada) no era un gremio sino un consejo de gremios; cuya función consistía en permitir y promover un intercambio de ideas sobre las cuales los distingos gremios podían encontrar comunidad o… encontrar la fuerza de la razón. Pero un joven representante de uno de los gremios me reclamó: “Tú lo que quieres es un club de conversación.” Le respondí: “¿Y qué propones tú que sea el CoNEP?” Me dijo algo así: “Un instrumento del poder empresarial.” Le dije: “¿Crees que existe mayor fuerza que la razón? Y el joven no supo responder pues, dudo que entendía.

    Como bien señala Nock: “Las ideas tienen consecuencias…” Pero, a diferencia de las consecuencias de nuestros actos personales, los actos de los organismos nacidos y forjados en el poder, fácilmente se combinan para promover los intereses de la coerción, a expensas de los más débiles. Más aún, el estado excedido no sirve a los débiles sino de ellos se sirve; pues son los mismos débiles que eligen en votos de ignorancia a los henchidos de vano poder.

    Una cosa es la satisfacción de nuestras necesidades personales por intermedio de nuestro ingenio y esfuerzo y, a su vez, a través de intercambios de muto acuerdo. Otra cosa, muy diferente y perversa, es la procura de satisfacer necesidades propias por intermedio del trabajo de otros, sin que en ello medie un muto acuerdo. Así, por ejemplo, son los controles de precios coercitivamente impuestos a través del estado excedido en poder; en cual caso se mitigarían carencias del momento a la vez que se potencias otras mucho mayores a futuro.

    ¿No ha visto el lector a tantos políticos que llegan a ser acaudalados sin que de ellos se conozca empresa que no sea la política y la fuerza del estado en vicio? ¿Acaso no es más que obvio que se trata de síntomas del poder estatal desbocado? Creer que en tales circunstancias el estado pueda ser instrumento de desahogo de los más necesitados es máxima ingenuidad o peor.

    Y, más allá, cuando a quienes se ataca son a los que salen a denunciar la rapiña del estado excedido, es que debía ser obvio que estamos frente a nuestro enemigo el estado; particularmente, cuando un estado es erigido sobre las arenas de adulteradas constituciones. Pero aún, teniendo constituciones construidas sobre la roca sólida de la razón y la verdad, no queda garantizado el gobierno comedido y puesto al auténtico servicio del pueblo; ya que quienes ejercer el poder exagerado fácilmente pueden prostituir las instituciones estatales para practicar la rapiña bajos instintos.

    Hoy, el común de la gente no entiende lo que es un gobierno limitado; lo cual les suena caricaturesco cuando, para ellos, el poder es para ser poderoso, tal como la lujuria es para ser lujurioso. Y, a fin de cuentas… ¿qué hemos de proponer a cambio del estado, sus gobiernos y gobernantes? ¿Acaso estoy hablando de “reformas políticas”, o de una afanada búsqueda del caudillo salvador?

    Lo que debemos esforzarnos por ver es que mientras persista una población escasamente educada, que no tenga la profundidad de carácter, así como la capacidad intelectual para entender los principios subyacentes, seguiremos a merced de nuestro enemigo el estado.

    Y… hoy que les escribo, lo hago consciente que igual que Nock, me dirijo al remanente; es decir, a esa minoría capaz de entender y de tomarse el tiempo de leer; pues no son los fácilmente manipulados los que podrán propiciar un cambio. Pero semejante cambio no podrá ocurrir sin antes no colapsan las corruptas prácticas de enemigo estado. Y es, precisamente, eso lo que hoy día estamos presenciando, aunque pocos lo advierten. Que el estado de ayer ya no tiene cabida en el mundo del mañana.

    Y más allá de las predicciones de Albert Jay Nock en 1935, hay que ver que los cambios sociales son como tomar el tren; es decir, que tienes que estar en la estación cuando llegue el mismo. O son como los frutos que sólo se pueden cosechar cuando maduros. O… tal vez, son como los restos de un naufragio, que sólo sirven como asidero luego del naufragio. Hoy, en el 2020, ya va siendo obvio que los cambios siempre han estado presentes, en mayor o menor grado. Los eventos que estamos viendo en sociedades más desarrolladas, tal como en los EE.UU., así lo muestran.

    Y es que se está exacerbando el frenesí de pedir al estado o, mejor dicho, a los zorros del gallinero, aquello que jamás debíamos pedirles. Y hablo de gallineros y zorros, ya que el estado, propiamente dicho, no es para lo que mayormente le usamos hoy día. Que si controles de precios, inflación, endeudamiento, manipulación agraria y tantas otras actividades impropias. Y son los jóvenes hoy día que, a pesar de que tal vez no lo entiendan… ¡vaya si no lo sienten!

    En síntesis, y como señala Nock, “igual que el estado no tiene dinero propio, tampoco el poder que tiene es propio; pero vayan ustedes a ver si los politicastros lo entienden o les importa. El poder del político o del politicastro es aquel que le damos los ciudadanos. Y no será hasta que despertemos que dejaremos de permitir que se abuse de aquello que nos pertenece a cada uno de nosotros.

  • A menor impuesto, mayor ingreso

    Este es el tercer escrito de la serie que aborda, para luego de la cuarentena: 1) La reducción de impuestos. 2) Eliminación de impedimentos propios de las leyes laborales, y 3) Y… perfilar la gobernanza; en dónde “gobernanza”, según los buenos diccionarios, es “la manera de gobernar que, en varios sentidos, es sinónimo de gobernabilidad.

    A su vez, el concepto de “gobernabilidad” es algo elusivo, dado que refleja diferentes o distintos matices. Para un gobierno y sus autoridades la gobernabilidad tiene que ver con el estilo que busca el respaldo popular de sus políticas. Pero para “libertófilos” como yo, la gobernabilidad va de la mano con algo señalado en el Preámbulo de nuestra Constitución: “…exaltar la dignidad humana…”, frase que viene precedida por: “Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad…”

    Visto lo anterior, surge la pregunta: “¿Cómo fortalecemos la nación, garantizamos la libertad, al tiempo que exaltamos la dignidad humana? Pues ¡obviamente!, la garantía viene en mancuerna con la garantía de la libertad, que la Constitución, de salida, tilda como un “fin supremo”. Ahora, en atención a lo señalado surge otra pregunta: “¿Cómo garantizar la libertad?” Pues… conociendo lo que. Y es aquí que comienzan nuestros problemas de gobernabilidad.

    La libertad queda enmarcada en nuestro derecho a la vida, esa que ni el mismo Creador nos negó, al uso y usufructo de nuestras facultades en respeto a los demás, y a la defensa de lo que es propio de cada quien. Y, redundantemente, lo propio de cada quien es la vida, la libertad y propiedad. Dicho de otra forma: Somos libres para hacer lo bueno y no lo malo. Pero en ello van surgiendo las contrariedades, particularmente cuando ni nos podemos poner constitucionalmente de acuerdo en lo más básico ya descripto; lo cual, desdichadamente, envilece y prostituye nuestra Constitución. Pero, no nos perdamos, que el tema es la gobernabilidad.

    El propósito de un buen gobierno es el de coadyuvar a que la población cuide sus derechos básicos y esenciales, ya que, si ni eso puede hacer tío pueblo, es vano pensar que el gobierno y sus políticos la harán por ellos.

    El gobierno está para defender nuestras vidas, pero no para dirigirlas. Es más, “gobierno” está definido como “la conducción arbitraria de una nave.” ¿Quieres tú que otro conduzca de manera arbitraria tu vida?; particularmente cuando las reglas del juego han sido prostituidas y orientadas a la salvaguarda de los bastardos intereses del estado profundo y no los de una población que delegó lo indelegable.

    El título de este escrito habla de “impuestos”, lo cual, típicamente interpretamos en el sentido fiscal. Pero… ¿acaso lo que se le ha impuesto a la sociedad es sólo fiscal? ¡Por supuesto que no! Con el impuesto fiscal viene ligado el impuesto de una gobernanza diabólica en servidumbre. Más allá, el impuesto exagerado es el síntoma mórbido de la patología del estado profundo. Así, desde el momento en que se exageran los impuestos van en aumento los incentivos para la evasión, sea legal o ilegal.

    El economista Daniel J. Mitchell, especialista en políticas fiscales y quien nos ha visitado en varias ocasiones en Panamá, nos asegura que una exageración en la carga económica fiscal termina empobreciendo a todos. No sólo es falso, sino absurdo, creer que el éxito económico de unos se traduce en menos ingreso para otros; por regla, es todo lo contrario. En un bote a remos el remero fuerte y enérgico no quita, sino que aporta a todos. Y, en todo caso, el interés del buen remero es el de fortalecer al débil, a fin de disminuir la carga. Y por otro lado, bien se ha demostrado en diversos estudios que, “todas las clases sociales tienden a subir o bajar su economía juntitos.” Tampoco es cierto la letanía de que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Todo ello no pasa de ser odiosas mantras ideológicas.

    En cuanto al “estado profundo” o “cuarto poder”, veamos que “el poder corrompe y cuando es absoluto corrompe de manera absoluta.” Si lo dudas date una vuelta de turista por Venezuela, Cuba o Corea del Norte o China. Así, vemos que, a través del tiempo, nuestros gobiernos se tornaron glotones, no sólo en cantidad sino en acaparamiento, es decir, dedicándose a cosas que no son propias de una sana gobernanza.

    El costo del recaudo fiscal exagerado junto a la confusión de sus instrumentos fiscales es ilógico. Podríamos irnos a un impuesto único al consumo y prácticamente cerrar la DGI y todos salimos ganando… menos los zorros del gallinero.

    Lo que sí les aseguro es que pronto el gobierno se quedará sin ingresos para pagar planillas, subsidios, inversiones alocadas sin sentido, particularmente en tiempos de COVID. En tal situación ¿qué creen que va a pasar? Pues… o nos ajustamos a la realidad o sufriremos consecuencias.

  • «Salvemos el trabajo», ¿podríamos replicar en Panamá la iniciativa checa que está preservando el empleo en medio de la pandemia?

    Como ya hemos comentado, la Pandemia no sólo es un virus afectando la salud; afecta la economía entera, cuya manifestación más dolorosa es la pérdida de trabajos. El covid-19 hará desaparecer globalmente, solo entre abril y junio de este año, el 6,7% de las horas de empleos, lo que equivale a la pérdida de 195 millones de puestos a tiempo completo, informó la Organización Internacional del  Trabajo (OIT).  El documento prevé que la región de Latinoamérica y el Caribe pierda 14 millones de puestos de trabajo, mientras que Centroamérica verá destruidos 3 millones de empleos.

    «En términos de empleo en riesgo, en América Latina tenemos identificado que un 44% de los trabajadores lo hacen en sectores que consideramos que tienen un alto riesgo», afirma Roger Gomis, economista de la OIT y colaborador en la redacción del informe. Esta es una cifra sustancialmente más alta que la media global, situada en el 38% de la fuerza de trabajo global.

    Ante estas cifras aterradoras, las únicas medidas gubernamentales que se vislumbran por ahora son sólo paliativas, programas específicos para esos trabajadores cesantes,  realizando transferencias de efectivo para compensar los ingresos perdidos, o la provisión de bienes de primera necesidad.

    Pero ese dinero se acabará pronto, dado que se consumen de una vez,  no hay producción, o sea, un flujo que constantemente alimente el ahorro y consumo, motores de una economía sana. ¿Entonces qué?  Solo estamos separados del pánico por las estadísticas por los informes lentos de las autoridades y un Código laboral que no responde ni  a las necesidades actuales, ni a las que vendrán.  Tarde o temprano tendremos que mirar una nueva realidad ante los ojos.

    Pero esa propuesta la dejaremos para más adelante. Ahora les vamos a contar cómo lo están haciendo en República Checa, un país que no sólo es un éxito por cómo está aplanando su curva, sino porque es uno de los pocos que sólo ha disminuido un 5 % de su fuerza laboral.

    El interesante proyecto se denomina “Preservar el trabajo”  y su «contraseña» es » No pierdas a los trabajadores, sino compártelos». La iniciativa surgió del esfuerzo de unos emprendedores que se basaron en el hecho de que actualmente hay dos extremos: o las empresas tienen completamente caída su actividad por el volumen de negocios y no saben qué hacer con los empleados (hoteles, restaurantes por ejemplo) o  hay empresas que, probablemente, en forma temporal están muy necesitadas de empleados (cajeros, despachadores de mercancías, almacenadoras, etc.). El objetivo de la plataforma no sorprendería a nadie: reducir los costos de transacción y vincular mejor la oferta con la demanda.

    Esta genial idea, fue inmediatamente tomada por el Vicepresidente del Comité Económico y el Presidente del Subcomité de TIC, Telecomunicaciones y Economía Digital de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa, Martin Jiránek, del Partido Pirata.

    El objetivo es una economía compartida. El concepto: no despedir a los empleados, prestarlos a otro empresario; o mejor dicho, se la llama asignación temporal de un empleado: un acuerdo sobre el «préstamo» temporal de un empleado para trabajar con otro empleador. Un empleado en comisión de servicio sigue siendo un trabajador del empleador original, pero la empresa a la que está asignado le da el trabajo. En la práctica, un «préstamo de trabajadores» temporal funcionará para que, durante el tiempo de la asignación, el nuevo empleador le otorgue trabajos, organice, administre y controle su trabajo, así como a sus trabajadores principales. Lo importante es que se mantenga la relación laboral existente. El empleador original factura los costos salariales del empleador temporal y los sueldos de los trabajadores temporales. Esto le ahorra dinero, sin perder la inversión en sus trabajadores experimentados. Por supuesto, el empleado debe aceptar la asignación o su pase temporal al otro empleador. Las condiciones laborales y salariales de un empleado asignado temporalmente a otro empleador no deben ser peores que las de sus empleados existentes.

    La Cámara de Comercio Checa se unió a la iniciativa y pidió a las empresas que ofrezcan a sus empleados a otras empresas en lugar de despidos debido a medidas gubernamentales contra el coronavirus . Las empresas tienen una línea telefónica gratuita para la oferta y la demanda de trabajo y también pueden usar la aplicación en línea de los emprendedores, llamada WorkLinks.com. Los sindicatos y el gobierno apoyan en conjunto este proyecto surgido de la iniciativa privada y por ahora les está funcionando. Por ejemplo, el Grupo de Transporte Škoda está reclutando actualmente a través de este sistema y muchas empresas paradas les están proveyendo sus trabajadores, en una auténtica relación de ganar-ganar.

    Imaginemos ahora mismo la situación en Panamá: mientras la mayor parte de empresas relacionadas al turismo, malls, restaurantes, están cesando trabajadores, hay otras que temporalmente necesitan empleados, por ejemplo los deliveries, los supermercados online que necesitan procesar mayores pedidos ahora que la gente no puede salir. Si se pudiera “traspasar o prestar” algunos trabajadores de estas primeras compañías a que vayan a empacar, entregar, en fin, hacer logística mientras dure la crisis, o apoyar otras tareas contables o lo que se requiera, quizás habría menos desempleo temporal, mientras pensamos seriamente la necesaria reforma a futuro del Código laboral, si no queremos que realmente la crisis nos termine de hundir. Aprendamos de los que lo hacen bien. Aprendamos por ahora de los checos, que a su vez  aprendieron duramente lo que fue el comunismo, a donde juraron firmemente no regresar nunca más.

  • Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Cómo sabotear las reformas constitucionales.

    Panamá tiene una Constitución creada por una Asamblea de Representantes de Corregimiento, durante una dictadura militar. Es una constitución impuesta por gente que nadie eligió. Aún así, gracias al carácter pragmático del panameño, sobrevivió a la dictadura militar, y es ahora una de las constituciones mas antiguas de América Latina, despúes de la de Mexico, Costa Rica y Uruguay.

    Para el panameño promedio, es un compromiso a la opción de dar el salto al vacío de una Constituyente Originaria, algo que aparementemente solo preocupa a los abogados constitucionalistas que buscan la constitución perfecta para la República de Papel Perfecta y a la extrema izquierda deseosa de refundar el país constitucionalmente.

    Para el resto de los panameños, una constituyente es como destapar una olla de grillos, algo que va a traer mas divisiones que respuestas y prefieren dejar las cosas como están. No hay un clamor social masivo por una Constituyente, no por ahora.

    Eso no quiere decir que los panameños tienen reservas sobre la estructura estatal que heredamos de los militares. En varios puntos ha habido deseos de reformar temas específicos de la Constitución.

    En 1990 el clamor era por eliminar a la Guardia Nacional de la Constitución. Y dar autonomía al Canal de Panamá antes de que revirtiera. Entre 1990 y 1994 el clamor era reformar estos dos artículos.

    Pero la Asamblea dominada por la Democracia Cristiana tenía otras ideas. Pensaron que tenían poder constituyente y no lo tenían. Se embarcaron en un ambicioso programa de reformas, que tocaban prácticamente toda la Constitución. La gente no esperaba eso. Las reformas perdieron legitimidad, y la democracia cristiana también. Las reformas fueron rechazadas en referéndum y la democracia cristiana pasó de tener 28 diputados a tener 2. De allí en adelante, se limitaron a sobrevivir por 5 años, hasta que se extinguieron.

    Ahora, en el 2019, el clamor es contra la arquitecura de los poderes del estado, el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo. El gobierno de Ricardo Martinelli se encargó de desnudar todos los privilegios que tienen, la falta de control mutuo entre éstos, que mas bien tienen un contubernio para abusar del presupuesto, una justicia politizada, lenta, poco efectiva, y corrupta. Así que el clamor por reformas hizo que el candidato ganador, Laurentino Cortizo, incluyera reformas constitucionales sobre estos temas, el Judicial y el legislativo. El problema es que estas reformas tienen que pasar por la Asamblea. Y esto significa que los diputados tienen que reformarse a sí mismos. Es como pedirle a los reos que reformen el Código Penal para ponerse castigos mas duros. Algo muy difícil de que pase.

    Es allí donde comienzan los errores. El carácter conciliador y de tratar de quedar bien siempre traiciona al nuevo presidente. En primer lugar, se le pasó el muerto a la Concertación Nacional, la cual tampoco es un poder constituyente en sí. En lugar de manejarse como un proyecto de estado del ejecutivo, que tenía que buscar apoyos en la oposición y en la sociedad civil. La Concertación empieza a tratar temas que van mas allá de las reformas propuestas en el programa electoral. Y luego se le pasa el muerto a los diputados. Que empiezan a colar cuanta locura, interés particular o grupal o simplemente por figurar, se les ocurra meter en la Constitución.

    El mismo error de la Democracia Cristiana en 1992, con una diferencia. La democracia cristiana quería usar las reformas constitucionales para imponer su visión país. Ahora más bien se trata de meter lo que se quiera por interés personal o por llamar la atención. Algo mucho peor. Lo cual seguramente repetirá la experiencia de 1992, el rechazo popular a las reformas, y deja una ventana abierta para que se cuele el Viento Bolivariano a Panamá. Ante los manejos de los diputados, el gobierno optó por usar la estrategia de Neruda.. “me gustas cuando callas porque estás como ausente”. Y callados y como ausentes estuvieron mientras los diputados de su propio partido ayudan a incendiar el país. Tocar temas como derechos individuales o sociales es definitivamente tema de constituyente. Meter en la Constitución temas de carácter de leyes de menor jerarquía, es jugar con fuego. Y los diputados están jugando con fuego. Porque en ninguno de esos temas hay consenso y legitimidad para reformarlos, o peor, la tendencia es reformarlos de manera contraria a lo que quieren los diputados. Pareciera que tienen la intención expresa de sabotear el programa de reformas, para que no se toque solo lo que se debe tocar, los propios privilegios de los diputados. De esa manera ganan 5 años mas de privilegios y despues de ellos el diluvio.

    Por fin aparece la llegada de la Brisa Bolivariana, donde Diosdado Cabello dice a los mandatarios que critican a Maduro, “preocupense por gobernar, que esa brisa bolivariana se convertirá en huracán”. Nuestro presidente no puede seguir callado y como ausente, y tiene que salir a gobernar en el tema de las reformas, porque si los diputados encienden el país, el huracán de fuego puede llegar a tocarlo a él y a todos nosotros.

    Las reacciones del Ministerio de la Presidencia aunque tardías son correctas. Aunque tardías. Veremos cómo se desarrolla la história.