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  • ICE, debido proceso y los límites del poder

    ICE, debido proceso y los límites del poder

    En estos días, Minnesota se ha vuelto un laboratorio constitucional en tiempo real. La muerte de Alex Pretti (37), un enfermero de cuidados intensivos, abatido por agentes federales (ICE), durante operativos vinculados a inmigración en Minneapolis, detonó protestas, litigios y un choque frontal entre la lógica de “seguridad operativa” y el núcleo de los derechos individuales.

    Según reconstrucciones periodísticas y material audiovisual citado en reportes, el hecho ocurrido el 24 de enero generó, casi de inmediato, un debate sobre la fuerza especial ICE, el uso de la fuerza, la preservación de evidencia y el respeto a procedimientos básicos cuando el Estado actúa “en la calle” con armas y autoridad.  En paralelo, el Estado de Minnesota impulsó acciones judiciales para asegurar preservación de pruebas y control institucional sobre la escena y la investigación, y un juez federal ordenó medidas para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional destruyera o alterara evidencia relacionada con el caso.

    Desde una mirada libertaria—y, más aún, desde una mirada constitucional—la cuestión no es partidaria: es de límites. La Constitución estadounidense no concibe a la persona como “administrada”, sino como titular de derechos frente al poder. La Cuarta Enmienda no es un adorno: protege “a las personas… en sus personas, casas, papeles y efectos” contra “registros y aprehensiones irrazonables” y exige órdenes judiciales basadas en causa probable y con particularidad. En castellano llano: el Estado no puede salir “de pesca” (fishing expeditions), ni hacer redadas como método, ni reemplazar el estándar judicial por la intuición de un operativo.

    La Quinta Enmienda agrega el corazón del debido proceso: nadie debe ser privado de “vida, libertad o propiedad” sin due process of law.  Ese principio es precisamente lo que separa a una república de una maquinaria administrativa: el gobierno debe justificar su coerción ante reglas previas, revisables, y ante un juez independiente. Cuando la coerción se vuelve rutina, cuando se normaliza el “detener primero, explicar después”, como ocurre con el accionar de ICE, la ciudadanía deja de ser ciudadanía y pasa a ser tolerancia condicional.

    Los Padres Fundadores sabían que este conflicto era estructural. Madison lo escribió sin romanticismo: “If men were angels, no government would be necessary… y el gran problema es obligar al gobierno a controlarse a sí mismo.”  Eso es exactamente lo que está en juego cuando un operativo federal puede derivar en muerte, y luego en disputa por evidencia, narrativas oficiales y control del expediente.  No se trata solo de “un caso”: se trata de si los frenos institucionales funcionan cuando el Estado se mueve rápido, armado y bajo presión política.

    Una sociedad libre no mide su salud por lo bien que “se siente” la seguridad, sino por cuánto resiste el poder la tentación de atajos. Por eso, el debate abierto en Minnesota estos días es más grande que Minnesota: ¿prevalece la regla constitucional de orden judicial, causa probable y debido proceso, o la cultura de la redada y el hecho consumado? En esa respuesta—no en los comunicados—se ve si los derechos fundamentales son reales o meramente retóricos.

  • Mujer afgana: el dolor de ya no poder serlo

    Para una mujer afgana, la diferencia entre haber emigrado al extranjero o, como la mayoría, haberse quedado en su país apostando a que nunca regresarían a la barbarie, significa en estos momentos vivir una vida aceptable o estar muerta en vida.

    «Mañana ya no iré a la universidad. Los talibanes son como animales, no entienden el Corán. Para ellos las mujeres no deberían educarse. Se acabó todo para nosotras», dice una joven mujer afgana casada que acudía hasta ayer a educarse con el apoyo total de su esposo.

    Durante el régimen talibán, uno de sus portavoces llegó a declarar que «la cara de una mujer es una fuente de corrupción».

    Un estudio de ONU Mujeres denomina la segregación sistemática de la sociedad afgana en aquellos años como un «apartheid de género», pues las mujeres no podían trabajar, ni estudiar a partir de los 8 años o salir al balcón de su casa sin un hombre. Ninguna mujer afgana debía hablar en voz alta o reír en la calle, ya que ningún extraño debía escuchar la voz de una mujer. Peor aún, la violencia contra la mujer en un 23 por ciento estuvieron relacionados con compromisos y casamientos forzados, 14 por ciento conllevaron violencia física, y 9 por ciento una combinación de violación, prostitución forzada y relaciones sexuales forzadas por parte de los maridos. Y no queremos saber sobre cómo se daban esos casamientos forzados entre inocentes niñas y hombres adultos.

    Afganistán ya era en 2011 el peor país donde una mujer podía vivir, según una encuesta de la fundación Thomson Reuters, y ahora todo indica que la situación para ellas solo va a empeorar. Ayer mismo podían verse las primeras cuadrillas de talibanes pintando las paredes y vidrieras comerciales donde una mujer afgana aparecía promocionando algún producto o servicio.

    En Kabul en la década de 1970, las mujeres se educaban, vestían con minifalda y atuendos de moda, como cualquier mujer urbana occidental de aquella época. Con el regreso talibán al poder, no sólo la burka (velada completa de cabeza a los pies), sino que no podrán usar el móvil, tener acceso a redes sociales como Facebook o salir con las amigas por la ciudad. Ninguna mujer en el mundo merece vivir encerrada y amenazada.

    Entre 1996 y 2001, los talibanes en el poder imprimieron una visión ultraortodoxa de la ley islámica, que impide a la mujer estudiar, trabajar o simplemente salir de su casa sola o con amigas. Para salir debe hacerlo con el consentimiento del hombre del hogar, ser acompañada por un miembro masculino de la casa y siempre bajo una burka que la vela del público.

    Las flagelaciones, lapidaciones y las ejecuciones han sido parte del paisaje habitual en plazas y sitios públicos durante esos años de los talibanes a cargo. Hasta hoy, algunas de estas prácticas sobrevivían en entornos rurales, quizás con no tanta frecuencia y brutalidad, pero lentamente se suponía que iban a desaparecer; no a reimponerse nuevamente a la vista de una sociedad occidental que observa impávida cómo estas prácticas pueden suceder en pleno siglo XXI.

    «No es retroceder unos años, es volver a la edad media», asegura con firmeza la joven Khadija desde Kabul a la agencia EFE. Ella se casó libremente con su marido en 2019 y ambos viven desde entonces juntos.

    Khadija, sin embargo, cree que a partir de ahora ninguna mujer podrá elegir su vida. Opina que la mayoría de los talibanes tiene «delirios y problemas mentales» y «no entiende lo que es Afganistán, muchos ni siquiera son de aquí».

    Zarifa Ghafari lleva prácticamente toda su vida luchando por los derechos de las mujeres en Afganistán. Hace solo tres años se convirtió en la mujer más joven en ser escogida alcaldesa (en el país afgano a los alcaldes los nombra el presidente y no salen de las urnas) y una de las pocas mujeres en ocupar ese puesto, la primera en su provincia. Ahora, con la toma de Kabul por parte de los talibanes e instaurado de nuevo el régimen, teme por su vida. “Ser mujer en mi país significa vivir una vida realmente llena de dificultades, donde todo se juzga por género”, ha dicho.

    «Es una pesadilla para las mujeres que han estudiado, que piensan en un mañana mejor para ellas y las generaciones futuras», dijo Aisha Khurram (22), representante de la juventud afgana ante la ONU y estudiante de la Universidad de Kabul.

    Los talibanes afirmaron que respetarían los derechos humanos si regresaban al poder en Afganistán, enfatizando en los de las mujeres, pero (y éste es un gran «pero») según los «valores islámicos» más ortodoxos.

    Sin embargo, la mujer afgana mira con desconfianza esas promesas, sobre todo aquellas que durante dos décadas pudieron concurrir a la universidad, ocuparon cargos de responsabilidad política, en periodismo, el poder judicial y las fuerzas de seguridad.

    La periodista afgana, Shabnam Bayani, afirmó recientemente en una entrevista con la emisora panárabe Al Arabiya, que «las mujeres desaparecieron de las calles de Kabul por temor a la acción de los talibanes», reportó la agencia de noticias ANSA.

    El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo estar «horrorizado» por «ver cómo desaparecen los derechos tan duramente conquistados por las niñas y mujeres de Afganistán».

    Hoy, durante la reunión de emergencia del Consejo, Guterres expresó: «Estoy particularmente preocupado por los informes de crecientes violaciones contra mujeres y niñas afganas. Es esencial que se protejan sus derechos ganados con tanto esfuerzo».

    Frente a lo que está sucediendo, es imposible no pensar en los llamados movimientos feministas de los últimos años, las que llaman a una sororidad (solidaridad entre mujeres) odiando a todo aquello que no sea violento en sus formas de expresar los reclamos. Esas demostraciones con cánticos a los gritos, rechazando al hombre, desnudando los cuerpos exponiendo y haciendo de la vulgaridad y  fealdad un valor, esas mujeres que denigran las convicciones religiosas de los demás, sólo pueden hacerlo en el mundo occidental, el mundo libre y capitalista que odian.

    Ese «poder hacerlo» es justamente la diferencia de ser mujer en un país con libertades o sin ellas, la suerte de tener garantizados sus derechos individuales o despertarse un día en una enorme cárcel de mujeres.

  • Por qué es importante limitar al gobierno

    En esta época de COVID y de encierros dictatoriales, más que nunca, debemos examinar la naturaleza de los gobiernos, sus funciones y sus limitaciones. Y cuando digo “limitaciones” me refiero a: para lo que sirven y para que no sirven. Como suelo repetir incansablemente, los gobiernos no sirven para “resolver tus problemas”, tal como estaba escrito en la pancarta de un manifestante en Colón: “Exigimos vengan a resolver nuestros problemas”.

    Hace unos días fue aniversario del 9/11 y fecha en que se desencadenó un aumento sustancial del intervencionismo gubernamental o central en la vida de los ciudadanos, no sólo allá sino aquí mismo en Panamá; ¿o es que no han visto el jaleo de viajar en aviones y tal? O el caso de policías decomisando licor que pasajeros llevaban en sus maletas en viajes a Taboga. Y ahora que ciertos legisladores proponen una vacunación ¡obligatoria! Tanto el 9/11 como el COVID y tal, son eventos ideales para que el estado profundo se vuelva más profundo; con lo cual los ciudadanos van perdiendo el control de sus vidas. Y no, no estoy contra el gobierno sino contra el gobierno desmedido.

    Uno de los comodines que han surgido con la Pandemia es ese de “confía en los expertos”. Curioso si consideramos que los expertos no confían en los expertos. Mejor sería decir: “Escucha a los expertos, investiga y usa el sentido común.” El problemita es que resulta tan cómodo dejarnos ir con la corriente… Cuando dicen, “el gobierno o los gobiernos son corruptos”, salta la respuesta: “Bueno, sí, pero eso siempre ha sido el caso.” Pero ello no significa que lo será para siempre ya que, igual que ocurre hoy con la CSS, todo mal camino conduce a mal destino. Arreglar el jaleo de la CSS es más que factible. El reto está en el exitoso lavado de cerebro del “no a la privatización”; particularmente cuando quienes lo vociferan no tienen la menor idea de los que es la privatización o descentralización.

    En cuanto a la vacunación OBLIGATORIA, vayámonos enterándonos de que ello no es ético, como tampoco es legal. Ya han salido versiones según las cuales aún no se ha demostrado que la vacuna rusa es más segura que el mismo COVID. ¿Qué te parece que legislen la obligación de tomar pastillas para reducir el colesterol o lo que sea? ¿O es que piensas que el COVID es más mortal que las enfermedades coronarias?

    A fin de cuentas, prácticamente nada obligado es bueno; tanto así que ni el mismo Creador nos obligó a ser buenos. Lo que hizo fue decirnos: “Amaos los unos a los otros” y según entiendo “amar” y “obligar” no son sinónimos.

    En resumen, lo que sí es completamente importante es que los ciudadanos vayamos logrando ser auto determinantes; que seamos capaces de ser productivos y compasivos. Y… de no dejarnos mangonear por los politicastros del estado profundo.

  • El ocaso del estado de derecho

    La sabiduría política, esa que no guarda parentesco con la criolla infecciosa que padecemos, sólo se logra a través de una amarga experiencia de generaciones que pagaron caro el aprendizaje. Y el deterioro de dicha sabiduría comienza con el mal uso de los vocablos a través de los cuales buscamos transmitir ideas claras y concisas. Tal es el caso de la palabra libertad o de la frase ‘estado de derecho’. El ejemplo al cual suelo recurrir a cansancio es el de ese partido político estadounidense que se autodenomina “liberal”, a pesar de que en la práctica sus políticas están lejos de ser cónsonas con una auténtica libertad y así los pueblos van perdiendo el derrotero de la prosperidad social y económica.

    ¿Qué ocurre con la comunicación humana cuando cada quien inventa nuevas y vagas definiciones a los vocablos que permiten un mejor entendimiento entre humanos? Ocurren varias cosas, tales como el que, aunque nos hablamos no nos entendemos. Y en ello vemos que los términos ya no son herramientas del entendimiento, como cuando algunos dicen ser liberales sin serlo. O decir que el neoliberalismo es una tendencia de extrema derecha, cuando en realidad es una tendencia que se inclina a la izquierda.

    Por otro lado, quienes escribimos somos criticados por el uso términos muy “rebuscados” o tal. ¿Será que debemos limitar nuestro vocabulario en vano intento por rescatar a los que van abandonando su idioma?

    En todo caso, la idea que me ocupa hoy es la del significado de la frase “estado de derecho”; frase que originalmente usaban los ingleses para referirse a la libertad, y que hoy día ha ido perdiendo no sólo definición sino preponderancia.

    Hay quienes aducen que en los antiguos pueblos de Grecia o de Roma no había libertad. Sin embargo, el asunto no es tan simple y, en todo caso, el que muchos no entendieran y respetasen los derechos humanos de sus prójimos no significa la inexistencia de esos derechos. A través de toda la historia humana, si buscamos, podremos encontrar ese remanente que entendía y procuraba la libertad. Friedrich A. Hayek cuenta del término “isonomía”, perdido en desuso, que aparecía en 1598 en la obra de John Florio, “World of Wordes”, que significa “igualdad de leyes para toda clase de personas.” También se ha usado la frase, “el gobierno de la ley,” y “estado de derecho.” O, simplemente, las reglas del juego.

    Y si nos vamos a la Grecia antigua encontramos el término “demokratia” con el sentido de un ideal político inclusivo. Lastimosamente con el pasar del tiempo los politicastros fueron degenerando el concepto, tal como hemos visto hoy día en Venezuela, en dónde gran parte de la población no acoge el mandato de la ley, sino que idolatran a un caudillo redentor que nos rescata del sufrimiento. En Panamá lo vemos con tantos que dicen que tal o cual robó, pero le dio al pueblo.

    Sepamos entonces que desde el momento en que una nación no es gobernada por una ley justa, sino por un mandatario que dicta sus propios caprichos, allí no hay libertad, y tampoco democracia.

    Más aún, el estado de derecho puede ser determinado por el tamaño del gobierno; ya que cuando un gobierno excede el tamaño acorde con su encargo, se va transformando en una especie de camaleón que se viste del color de sus propios intereses y no los de su comunidad. En Panamá, por ejemplo, cuando se reparten jamones o hasta casas, el gobierno se convierte en un árbitro de ganadores y perdedores, lo cual dista rotundo de ser estado de derecho. Lo que corresponde al estado es tutelar los derechos humanos luego de lo cual la población deja de procurar su prosperidad por cuenta propia y se sienta a esperar que el gobierno y sus torcidos politicastros resuelvan aquello que son completamente incapaces de resolver, lo cual intentan mediante la confiscación a otros que sí producen.

    Un estado de derecho, nos dijo Hayek, es aquel en dónde las reglas del juego están dadas antes del comienzo del juego. Reglas que permiten a los jugadores conocer cómo los gobernantes electos usarán los poderes coercitivos que les han sido delegados.

    Un estado de derecho es análogo a límite de velocidad en las carreteras, que es para todos. Más aún, y, a fin de cuentas, el estado de derecho es el instrumento que constriñe o limita el poder del gobierno. Tal es el caso que exige autorización de juez cuando se montan retenes, dado que se está afectando una libertad humana fundamental, la de libre tránsito.

    Y no se trata sólo del tamaño del gobierno sino de su alcance; y en dicho sentido vuelve a tomar vigencia el tema de los retenes, que las autoridades pretenden justificar en virtud de una seguridad insegura. El retén mal usado sólo da apariencia y no sustancia. Y aún más allá, todo ese malandar es una pendiente resbalosa que nos conduce a la servidumbre.

    Y al hablar de alcance también deberíamos caer en cuenta de que a medida que inflamos la ley, la vamos viciando en ambigüedades; luego de lo cual la población no sólo deja de entenderla sino de atenderla. Por algo vemos que buena parte de nuestras leyes, comenzando con la constitución, son letra muerta.

    El otro aspecto de la gobernanza desmedida en tamaño y alcance, es el de sus costos impositivos, los cuales recaen en el mismo pueblo que pretende servir, aunque tío pueblo no lo perciba. La masa pueblerina ya sumida en una ausencia de derechos, simplemente supone que mediante mayores impuestos a los “ricos”, se pueden resolver sus carencias. Y pongo el término “ricos” entre comillas, para denotar que su mismo significado es vago; ya que deja una gran área de ambigüedad.

    Y, el impuesto justo es un impuesto justo; en dónde el segundo “justo” no es de justicia sino de tamaño; es decir, aquello que cabe. El impuesto justo es el mínimo cónsono con la tarea; ya que es más económico y no promueve la evasión. A fin de cuentas y, en resumen, los impuestos son excesivos cuando el gobierno mismo es excesivo. Y lo mismo aplica al alcance del gobierno. Y ni hablar de lo que ocurre cuando los gobernantes o sus acólitos se creen expendedores de dádivas. Deleznable pretender que se es solidario o caritativo al repartir aquello que no te pertenece.