Etiqueta: trámites

  • Moscú busca darle transparencia a los servicios administrativos usando Blockchain.

    El Departamento de Tecnologías de la Información de Moscú ha anunciado una subasta para construir un sistema basado en ethereum que albergará los servicios electrónicos que ahora se ofrecen a los moscovitas para impulsar los servicios administrativos de la ciudad. El costo estimado para su desarrollo se establece en 57 millones de rublos rusos, es decir, alrededor de 860,000 dólares.

    La lista de servicios que se alojarán en la plataforma incluyen la emisión de documentos relacionados con los propietarios y residentes, y la asignación de espacios en los mercados de agricultores de la ciudad. El sistema se basará en un consenso de prueba de autoridad y tendrá una capacidad máxima de 1,5 millones de espectadores simultáneos.

    La administración mencionó que la implementación de blockchain facilitará una mayor transparencia con los residentes locales y mostrará el movimiento de datos y fondos en el ecosistema financiero local. El equipo de TI mencionó que el proyecto tomará alrededor de 2 meses una vez que se hayan encontrado los contratistas y no después de que hayan comenzado a trabajar en el desarrollo. La administración tiene como objetivo basar el sistema blockchain en la cadena de bloques Ethereum que posiblemente allane el camino hacia un token de utilidad con sede en Moscú similar a lo que Seúl está planeando, donde seria posible que varios servicios civiles acepten pagos en rublos digitales o criptomonedas nativas.

    Este proyecto también se integrará con otros experimentos de blockchain que actualmente lleva a cabo el gobierno de la ciudad, incluida una plataforma de votación denominada ‘Active Citizen’ que se viene desarrollando desde 2017, y que permite a los residentes de Moscú expresar sus preferencias sobre asuntos como ubicaciones de nuevos senderos para bicicletas y decoración de calles, o calificar eventos de la ciudad.

    Asimismo, el sistema para asignar lugares en el mercado de agricultores de la ciudad en la cadena de bloques ethereum, se lanzó en 2018, con una disponibilidad de más de 2.700 puestos de negociación durante la temporada de mercado (de abril a noviembre) que cuentan con una demanda de unas 20.000 personas.

    Además, existe un plan para permitir que varios distritos voten electrónicamente durante las elecciones legislativas de la ciudad este otoño, utilizando tecnología blockchain. «El voto electrónico se lleva a cabo en la elección de diputados a la Duma de la ciudad de Moscú el 8 de septiembre de 2019», se lee en el anuncio . «Cada votante en el distrito piloto podrá elegir cómo votar». Los distritos donde tendrá lugar la votación electrónica fueron elegidos por los ciudadanos a través de «Active Citizen’. Alrededor del 6% de los votantes (o 450,000 votantes) en 3 distritos electorales tendrán la oportunidad de participar en la votación electrónica.

    Esta no es la primera vez que Rusia aprovecha los beneficios de la tecnología Blockchain. También la filial rusa de Raiffeisen Bank International utilizó Masterchain, una plataforma local de blockchain, para emitir hipotecas electrónicas.

  • El fenómeno del licenciamiento

    En esencia, el licenciamiento es la pervertida estrategia diseñada para intervenir desde el poder central improductivo, en la actividad y producción económica de los sectores productivos, dejando por fuera a los sectores improductivos; precisamente porque son “improductivos”. Y al poner “improductivo” entre comillas, lo hago con el propósito de referirme a esos sectores que no le representan ingresos ladinos al rey y a los compinches del rey.

    Buen ejemplo de un licenciamiento pérfido es aquel licenciamiento diseñado para excluir los precios competitivos más bajos y así aumentar los ingresos de los grupos privilegiados a través de esquemas de clientelismo parásito; a la vez que logran más ingresos fiscales para alimentar al estado obeso y desmedido.

    En los EE. UU. está el caso de una persona que invitó a otra para hacerle las uñas, y escogió a propósito hacerlo frente a las oficinas de la agencia de cosmetología de la ciudad, en dónde fue arrestado por cometer el horrendo crimen de hacerle las uñas sin licencia. ¿Desde cuándo y cómo es que instauramos gobiernos para evitar que los ciudadanos pudiesen ganarse la vida? Si fuese el caso, todos los vendedores ambulantes en nuestras calles deberían ser arrestados y multados. No se hace porque no es posible hacerlo; y no por falta de ganas de hacerlo.

    El caso de las manicures es obvio, pero hay una inmensa cantidad de otros casos en dónde no es tan obvio y absurdo. La realidad es que el acto de licenciamiento en Panamá nos llegó cuando aramos la finca del rey de España conocida como Castilla de Oro. Nadie podía llevar a cabo comercio dentro de la finca del rey si éste no le daba licencia para ello. Pero, de inmediato surgió el mercado informal, particularmente en los arrabales fuera de la ciudad amurallada de San Felipe; lo cual llevó a la creación de una ley que prohibía a los negros la buhonería. Hoy día nada ha cambiado sino los nombres. Tenemos el taxi pirata que funciona si la licencia que ahora llamamos “cupo”; y nadie sabe el propósito del cupo; salvo el de la coima, que si no se paga no se obtiene el cupo. A nadie que le he preguntado la razón del cupo me contesta que tendría motivos de seguridad.

    La realidad es que la licencia gubernamental que supone ser para protegernos no hace tal cosa, y más bien es el instrumento de una estafa. Es algo análogo a los controles que dificultan o entorpecen a los ciudadanos probos la tenencia y porte de armas de fuego para su defensa. Las autoridades alegan que nos están protegiendo, lo cual es falso; entre otras razones, porque las autoridades y sus policías no tienen el don de la ubicuidad y en la mayoría de los casos llegan a la escena del crimen luego que los malhechores se han ido. ¿Se imagina usted que hiera o mate a un asaltante con un arma sin licencia? Quien estaría en aprietos es quien usa su derecho inalienable de defender su vida o propiedad. En el fondo se trata de gobiernos que temen a los ciudadanos probos. O, gobiernos que tienen negocios de contrabando de armas y quieren aumentar los precios de las mismas.

    El incentivo natural del ciudadano que busca ser retribuido por su servicio es la ganancia lograda en virtud de un buen producto o servicio dado con atención y esmero. La pregunta es si ¿acaso el licenciamiento gubernamental agrega algo sustantivo a ello? O lo podemos ver por otro lado; el que estemos acostumbrando a la población a depender de una inexistente o ineficaz protección gubernamental, mientras que vamos perdiendo nuestra capacidad crítica. Algo así como: “No, yo no necesito protegerme porque para eso está el estado y su policía?

    De ser por el licenciamiento Thomas Edison no hubiese podido ser certificado como ingeniero, o Abraham Lincoln no hubiese podido practicar leyes. O peor, Albert Einstein no podría haber enseñado clases de ciencia en una secundaria.

    La realidad del licenciamiento es que no sólo encarece las cosas sino que es instrumento de la corrupción. El que hayamos aceptado mansamente que creamos el gobierno para que nos conceda permiso para comerciar es más que absurdo. Para lo que sí son buenos los burócratas gubernamentales, y ni hablar los burrócratas, es para crear más y mejores formas de coartar nuestras libertades, encarecerlo todo, y crear una inmensa economía informal. Y… menos mal que gozamos de dicha economía informal; pues, de lo contrario, ser pobre sería mucho más trágico.

  • El riesgo de los placebos al luchar contra la corrupción.

    La sociedad civil empieza a hartarse de la corrupción. Y eso es algo bueno. Los políticos y los lobbies que hablan en nombre de la sociedad civil parecen estar dispuestos a presentar medidas contra la corrupción, una de ellas es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
    La idea no suena mal en principio pero nos parece al final un poco contraproducente por las siguientes razones.

    1. Es aceptar que la justicia en Panamá no es independiente y por lo tanto no puede juzgar los delitos de corrupción cuando estos ocurren sino mucho después cuando el corrupto tiene tiempo de haber dejado el poder. O sea que se reconoce de facto que la justicia solo se aplica cuando se quiere rematar a una adversario políticamente derrotado y no para poner frenos a los desmanes de una adversario en el poder. Habrá que esperar que los poderosos dejen de serlo para poderlos enjuiciar. Hasta cierto punto es una expresión de impotencia e incapacidad ante la posibilidad de tener un Órgano Judicial que funcione y un Ministerio Publico independiente que pueda y quiera investigar al poder. Y este es un tema que no podemos aplazar. Medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción evidencian una intención de atrasar indefinidamente ver este problema.

    2. Es una licencia para la impunidad porque la ley panameña tiende a caer en la falsa igualdad entre el funcionario que recibe la coima con el ciudadano que paga la coima. “Tan corrupto es el que paga la coima como el que la recibe” dice el dicho popular. Esto tiende a ignorar que existen varios tipos de corrupción y que las relaciones de poder entre funcionarios y ciudadanos no son siempre simétricas.
    Existe una corrupción que podemos llamar de privilegio. Donde una persona paga a un funcionario para que no la castiguen con una sanción o multa mucho mayor que el precio de la coima, o donde una persona paga para que la avancen en una fila saltado sobre los demás, que llegaron primero o que tienen más méritos, por ejemplo en una licitación estatal. En este tipo de corrupción se puede argumentar que la persona que corrompe y el funcionario trabajan en igualdad y son igualmente culpables.

    Pero luego existe otro tipo de corrupción. En el cual el ciudadano se ve obligado a pagar una coima para que no se le castigue por una falta o delito inexistente o para que se le haga cumplir un derecho legal que el funcionario no quiere cumplir. Ejemplo, el que tiene que pagar para que no se le multe por una infracción de tránsito inexistente, el que tiene que pagar para que su permiso o trámite en una oficina pública, pese a estar correcto en todos los requisitos, no duerma el sueño eterno en un despacho público. Para que su pedido no quede retenido en aduanas indefinidamente. Para que se le dé su cita médica. Esta es la corrupción del día a día que más se ve y se sufre y está basada en una asimetría de poder entre ciudadano y funcionario. Pretender que los dos son igualmente culpables significa que los ciudadanos que tuvieron que pagar las coimas no van a denunciar. Es una licencia para la impunidad.

    3. No se examinan otros temas importantes para la lucha contra la corrupción.
    La Contraloría General de la Nación debe tener una función preventiva que vaya más allá del control previo. El zar anticorrupción debe ser un funcionario de la Contraloría no del Ejecutivo, y debe entrar a analizar no solo denuncias de corrupción sino los procedimientos que facilitan la corrupción, como la burocracia innecesaria, los trámites complejos, los cuellos de botella en los procedimientos, las filas y colas en los trámites. Debe ser algo así como el General Accounting Office de los Estados Unidos. La mejor manera de evitar la corrupción es evitar los trámites poco transparentes.
    No se examina los atrasos e incumplimientos en la Ley de Transparencia por ejemplo, o en la aplicación del gobierno en línea, donde muchas veces los trámites que aparecen en la web, no son los que se piden cuando se llega a la ventanilla. Todas esas son oportunidades de corrupción que no se atienden.

    4. No se examina el tema del tamaño del Estado o que el Órgano Legislativo tenga más recursos que el Judicial por ejemplo. Allí está una de las bases de nuestros problemas. Una Asamblea de Diputados que renuncia a su función de control por estar negociando prebendas del Ejecutivo y un Órgano Judicial débil y sin recursos.

    Mientras no ataquemos todos estos temas, medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción serán más bien medidas para sentirnos bien, no para controlar el flagelo.