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Categoría: Politica y Actualidad

  • ¿Qué es la Asistencia Social?

    Escribir enfocando temas como el de la pregunta del título de este escrito tiene sus altibajos; y comienzo por los bajos. Debido a que son temas poco o mal abordados en los medios tradicionales, una mitad de la población no los conoce o entiende y la otra… si acaso los entiende la desatiende. ¿Y por qué habrían de desatender temas tan importantes como el de la “asistencia social”? Por variedad de razones; pero quizá las más relevantes son: 1) criticar la asistencia social no es popular; 2) no saben qué hacer al respecto, particularmente en el ámbito politiquero y así se menea la tamborera.

    Pero, para entrarle al tema por la puerta principal, que sería la del verdadero significado de la frase “asistencia social”, se trata de “programas de ayuda económica o servicios para personas en necesidad.” Y, de salida, entramos en el laberinto de la realidad y del entendimiento; es decir: ¿cómo y por qué quedan tantos atrapados en necesidad de asistencia; y entonces viene la palabrita “social”. ¿Qué es eso de “asistencia social?”

    Para un político bien puede ser la oportunidad de subir y quedarse sembrado en puestos de disque “autoridad” que le redundan en gratificaciones $$$. Y digo “disque autoridad” ya que la verdadera “autoridad” resuelve y no usa su “autoridad” para pelechar. Y voy al meollo del asunto: Que la verdadera asistencia social debería apuntar a lograr que la gente no requiera asistencia social económica; y ello por muchas razones de peso:

    1. La verdadera asistencia social no debería ser un fin en sí misma, sino un medio temporal para empoderar a las personas y comunidades, fomentando su autosuficiencia.
    2. El verdadero asistencialismo no crea más dependencia y miseria; detrás de lo cual hay razones económicas, sociológicas y tal. Si lo haces mal, terminas creando una dependencia crónica.
    3. Cuando personas faltas de motivación logran supuestos subsidios, pierden el des superación, creando patrones intergeneracionales, con familias enteras estancadas en una cultura de servilismo.
    4. El villano es el clientelismo electoral; en dónde, por ejemplo, legisladores en vez de legislar facilitando el emprendimiento hacen lo contrario. Por algo en Panamá la formalidad va en picada y la informalidad en ascenso.
    5. El mal asistencialismo genera corrupción que desvía recursos productivos en actividades improductivas. No más hay que ver los millardos que se han descubierto en los EE.UU., de fondos de supuesto asistencialismo que han terminado enriqueciendo a malandrines y otros han ido aparar a Somalia.

    Estos son apenas unos apuntes de efectos terribles del mal asistencialismo, que promueva dependencia prolongada o permanente, erosionando la autoestima; y ni hablar que crea división de clases.

    La verdadera asistencia social no debe venir de arriba hacia abajo, no es un asunto gubernamental; es decir, de los políticos hacia Tío Pueblo, sino que quien verdaderamente está en posición de asistir es el “prójimo”; ese que estando “próximo” y conoce al necesitado le puede ayudar.

    Es terrible que los supuestos políticos crean que su función es andar confiscando y repartiendo para quedarse con el filete. Y el enorme problema y reto es ver cómo salimos de ese lodazal de maleantería política que lo hemos establecido como cosa buena.

    La parranda de llamados “subsidios” siempre tiende a ir en aumento, pero ya llegará el momento en que sea insostenible y quienes pagarán son nuestros hijos.

    En fin, más prueba que en Minnesota que han defraudado con el programa de “asistencia social” por más de $9 mil millones y viene mucho más; dinero que ha ido a bolsillos políticos y peor, a parar en grupos terroristas islámicos. Si allá llueva, por acá no escampa.

  • Salario mínimo y empleo “mínimo” 

    Cada vez que se anuncia un ajuste al salario mínimo, el debate se enciende con la misma promesa: “subir el piso” para mejorar la vida de quienes menos ganan. Suena noble. Pero la pregunta incómoda sigue allí: ¿la norma realmente eleva el bienestar de los trabajadores más vulnerables o, en la práctica, termina cerrándoles la puerta del empleo formal?

    En Panamá, el salario mínimo no es una cifra única, sino un mosaico de tasas: se fija por región, actividad económica y tamaño de empresa, y se revisa al menos cada dos años. Eso no es un detalle técnico; es el corazón del problema. Cuando el Estado define precios —y el salario es un precio: el de la hora de trabajo— inevitablemente afecta decisiones de contratación, horarios, inversión y, sobre todo, supervivencia de negocios pequeños. El Decreto Ejecutivo del 10 de enero de 2024 formalizó ese esquema por hora y por categorías en todo el país.

    El marco reciente lo ilustra bien. En 2025, la propia mesa tripartita reconocía que el sistema vigente comprende 59 tasas para 74 actividades, y hablaba de un salario mínimo promedio alrededor de B/.636.80 mensuales; además, admitía que aún estaban en fase técnica sin cifras propuestas, revisando informalidad, mipymes y comportamiento del mercado laboral.  Ese punto es crucial: si el diagnóstico incluye informalidad y fragilidad empresarial, un aumento mal calibrado puede acelerar lo que se quiere evitar.

    Y, sin embargo, el proceso cerró con humo blanco. El 10 de diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo informó un “consenso histórico” entre trabajadores, empleadores y gobierno: nuevas tasas que regirán desde el 16 de enero de 2026, con ajustes descritos como escalonados y con ejemplos de incrementos de entre B/.9.50 y B/.15 mensuales en ciertos rubros y regiones.  Medios que citan despacho de EFE resumieron el resultado como aumentos de US$10 a US$15 al mes, también con entrada en vigor el 16 de enero de 2026.

    Ahora bien: incluso cuando el aumento es “moderado”, el impacto no se reparte parejo. En el mercado hay empresas holgadas y empresas al límite. Las primeras absorben costos o los trasladan con más facilidad; las segundas recortan turnos, frenan contrataciones o cierran. En esa transición, los primeros en quedar fuera suelen ser los de menor productividad inicial: jóvenes sin experiencia, trabajadores con baja escolaridad, personas con discapacidad, y quienes necesitan horarios flexibles. La ley, que pretendía ayudar, termina actuando como filtro.

    A esto se suma una realidad que hoy día ya nadie discute: la automatización avanza. Cuando el costo legal de contratar sube, la máquina compite mejor. No por maldad del empresario, sino por aritmética. Un incremento pequeño puede ser la gota que justifique el autoservicio, la cocina semiautomatizada o el reemplazo de tareas rutinarias.

    El objetivo debería ser que más gente gane más, sí, pero a través de productividad, formación, reducción de trabas y formalización, no solo por decreto. Si el salario mínimo se convierte en “empleo mínimo”, el precio lo pagan, paradójicamente, quienes menos margen tienen para esperar. Y esa es la ironía que Panamá debería vigilar muy de cerca en 2026.

  • Minería, propiedad y responsabilidad: una crítica al subsuelo estatal

    Desde un punto de vista liberal, la discusión sobre la minería suele desviarse hacia cifras agregadas: cuánto aporta al PIB, cuántos empleos genera o cuántos ingresos fiscales produce. Ese enfoque utilitarista, aunque común, elude la pregunta central: ¿con qué derecho se decide sobre el subsuelo y quién asume moralmente los daños que pueden producirse? En minería, esta omisión no es accidental, sino estructural. Cuando el subsuelo pertenece al Estado, la relación moral básica —persona, propiedad y responsabilidad— es reemplazada por una relación política: ciudadano, permiso y poder.

    El caso panameño sigue siendo ilustrativo precisamente por cómo se entrelazan decisiones judiciales, disputas políticas y una noción difusa de propiedad. La mina Cobre Panamá, una de las mayores del mundo, permanece sin operación productiva desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato que habilitaba su explotación. A diciembre de 2025, la mina continúa cerrada, sin reapertura autorizada, con actividades limitadas a mantenimiento, preservación ambiental y gestión de riesgos. El gobierno ha impulsado una auditoría integral independiente, cuyos primeros resultados preliminares comenzaron a conocerse a fines de este 2025 y cuyo informe final está previsto para inicios de 2026. Paralelamente, el diálogo entre el Estado y la empresa operadora, First Quantum Minerals, se mantiene abierto pero condicionado, sin que exista aún una decisión definitiva sobre reapertura, rediseño del proyecto o cierre permanente.

    Más allá del desenlace, el conflicto revela un problema moral profundo en la minería: la despersonalización de la responsabilidad que genera el régimen de propiedad estatal del subsuelo. Cuando el recurso “es de todos”, en los hechos no es de nadie en particular. Las comunidades cercanas a la mina no son propietarias, sino administradas. No otorgan consentimiento; apenas son informadas. Y cuando aparece un riesgo ambiental —afectación del agua, del suelo o de la salud— no existe un responsable claramente identificable frente a víctimas concretas, sino una cadena de permisos, excepciones y autoridades que diluyen la rendición de cuentas.

    Desde una ética liberal, esto es problemático. La libertad no consiste en autorizar actividades mediante decretos, sino en respetar el principio de no dañar a terceros y asumir plenamente las consecuencias cuando ese daño ocurre. El estatismo del subsuelo rompe esa simetría moral: quien decide no es quien sufre, y quien explota no responde directamente ante quienes cargan con el riesgo.

    Por eso, una salida libertaria no exige prohibir la minería ni idealizar la naturaleza, sino re-moralizar el sistema, acercando decisión y responsabilidad a las personas afectadas. Existen soluciones inteligentes de cooperación que no dependen de un Estado central omnipotente. Por ejemplo, acuerdos de servidumbre ambiental exigibles entre operadores y comunidades vecinas, donde se reconozcan límites claros de no-daño y obligaciones automáticas de reparación. O fideicomisos locales de garantía, financiados por la empresa mientras dure la actividad, administrados con participación ciudadana y liberados sin litigios cuando se verifiquen incumplimientos ambientales.

    Asimismo, el monitoreo ambiental con control comunitario y datos abiertos puede sustituir parte de la desconfianza política por verificación directa. No se trata de más burocracia, sino de más control por quienes viven con las consecuencias. Incluso mecanismos de arbitraje local o jurados vecinales permitirían resolver conflictos sin escalar cada desacuerdo al plano nacional, donde todo se vuelve ideológico y binario.

    El debate minero en Panamá —y en América Latina— no se resolverá preguntando si la minería “conviene” o no. La pregunta moral correcta es otra: ¿quién decide legítimamente sobre un territorio y quién responde cuando algo sale mal? Mientras el subsuelo siga siendo estatal, esas respuestas seguirán siendo evasivas. Paradójicamente, sólo allí donde la propiedad es clara puede hablarse de una protección genuina de las personas y del ambiente; los permisos políticos, en cambio, diluyen la culpa y vuelven moralmente opaca a la minería.

  • Guy Sorman sostiene que Trump, va de fracaso en fracaso

    En su artículo “Trump, de fracaso en fracaso”, publicado originalmente en ABC y retomado en medios como El Almendrón, el economista y pensador francés Guy Sorman traza un balance crítico de la presidencia de Donald Trump tras un año de su elección. Lejos de adherirse a la retórica triunfalista que el propio Trump suele emplear, Sorman presenta una mirada crítica y fundamentada en resultados concretos, poniendo en cuestión la eficacia de las políticas y el impacto real de su gestión sobre la economía, la democracia y la política exterior estadounidense.

    Desde el inicio, Sorman sostiene que Trump —quien proclama ser “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”— ha acumulado fracasos palpables en elementos que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Como ejemplo, el autor menciona la subida del precio del café, producto emblemático del consumo estadounidense, tras la imposición de aranceles elevados a las importaciones de Brasil. Sorman utiliza esta anécdota para ilustrar que las políticas proteccionistas de Trump no han producido los beneficios prometidos, sino que han generado incertidumbre y volatilidad en sectores clave como el comercio y la agricultura, donde el empleo y la producción se han resentido.

    Un punto central de la crítica de Sorman es que la economía estadounidense, aunque muestra crecimiento en términos agregados, lo hace gracias al dinamismo empresarial y a su liderazgo en tecnologías avanzadas, más que por las decisiones de la Casa Blanca. Esto sugiere que los beneficios observados no se deben al mando presidencial, sino al mercado y a los empresarios que operan independientemente del entorno político. En cambio, la imposición variable de aranceles y la hostilidad hacia la inmigración, según Sorman, están debilitando sectores como la construcción y la agricultura, elevando el desempleo y deteriorando la estabilidad de las cadenas de producción.

    Más allá de la economía, Sorman también aborda la erosión de las instituciones democráticas bajo el liderazgo de Trump. Afirma que el Estado de derecho, durante años considerado un pilar de la democracia estadounidense, se ha visto debilitado. Señala que el Departamento de Justicia, tradicionalmente independiente, ha sido utilizado como instrumento político para perseguir adversarios, y que la ampliación del uso del derecho de gracia —como en el caso de los indultos a participantes del asalto al Capitolio de enero de 2021— refleja una preocupante falta de respeto por la justicia imparcial.

    En ámbitos internacionales, Sorman destaca fracasos significativos en política exterior. Trump se jactó de haber alcanzado acuerdos de paz y haber terminado conflictos, pero la realidad muestra conflictos persistentes y relaciones deterioradas con aliados europeos. La negociación de un alto el fuego en Ucrania, por ejemplo, se describe como débil y sin avances sustantivos, mientras que la política hacia América Latina carece de foco y resultados claros.

    Asimismo, Sorman cuestiona la coherencia de la estrategia global de Trump, especialmente su aparente volatilidad en temas clave como comercio y alianzas. Más que una visión estratégica, el autor sugiere que las decisiones parecen responder a estados de ánimo o preferencias personales, lo que genera desconfianza y una mayor aversión de actores internacionales a involucrarse con la economía estadounidense.

    Finalmente, Sorman califica a Trump como un “accidente” en la historia estadounidense: un líder cuya prioridad personal por la gloria y el enriquecimiento propio ha eclipsado los intereses de la población y el fortalecimiento de instituciones democráticas. Según este análisis, incluso muchos de los seguidores de Trump, divididos y desencantados, se darían cuenta de que las promesas transformadoras no se han traducido en realidades que mejoren su calidad de vida.

    En conjunto, el artículo de Sorman presenta una crítica sustantiva y argumentada sobre los resultados de la presidencia de Trump: un tablero de fracasos más que de logros, especialmente cuando se evalúan con criterios económicos, institucionales y de política exterior. Este enfoque invita a reflexionar sobre la eficacia de liderazgos centrados más en la retórica personal que en políticas coherentes y sustentables.

  • Venezuela, Cuba y Nicaragua ante su mayor crisis: ¿se derrumbarán los autoritarismos del Caribe?

    Los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba han sobrevivido a todo tipo de sanciones, crisis económicas y presiones sociales a lo largo de la historia. Aunque cada uno tiene su propia dinámica, están interconectados por alianzas políticas, económicas y de seguridad que refuerzan su resistencia. La incógnita es si este modelo se derrumba o encuentra nuevas formas de supervivencia.

    Estos países, dominados por el desorden institucional, han sido evaluados como territorios sin democracia ni libertades civiles. En el Democracy Index 2024, de la Economist Intelligence Unit (EIU), aparecen clasificados como regímenes autoritarios, en los niveles más bajos del ranking global.

    El Rule of Law Index señala que Cuba permanece asfixiada por un partido único, sin pluralismo político, y que Nicaragua se caracteriza por una justicia partisana, persecución a la oposición y concentración de poder en el Ejecutivo.

    En conjunto, estos regímenes encarnan violaciones sistemáticas de derechos humanos, ausencia de garantías democráticas y un Estado de derecho reducido a escombros. Al entrelazarse, proyectan una advertencia para la región sobre el declive del ideal democrático.

    El ocaso de la liga autoritaria

    Durante años, Venezuela sostuvo a Cuba y Nicaragua con petróleo subsidiado y acuerdos de cooperación que amortiguaron el colapso de sistemas inviables. Cuba ha sido soporte estratégico del poder venezolano, controlando seguridad e inteligencia, esfuerzo ahora concentrado a mantener la servidumbre sobre su propio pueblo, a un paso de la rebelión.

    Nicaragua sirvió de aliado y palanca internacional mientras el sandinismo simulaba su naturaleza de régimen forajido. Esta interdependencia ha tejido un bloque que reproduce el mismo patrón: represión de la disidencia, manipulación electoral, proscripción de prensa y medios de comunicación libres.

    Por otra parte, los indicadores del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2024 de la CEPAL revelan una vulnerabilidad económica inédita. El cierre de 2025 marca la mayor debilidad común en dos décadas: Cuba proyecta una caída del PIB de -1,5 % en 2025 y un crecimiento ínfimo de 0,1 % en 2026, acompañado de crisis energética y colapso del turismo.

    En Venezuela se vive una inflación desbordada y la zozobra de un pueblo privado de servicios básicos, que sobrevive con pensiones y salarios inferiores a un dólar mensual.

    Entre apoyos dudosos y confrontación directa

    Rusia y China han sido pilares externos del autoritarismo latinoamericano, aunque con enfoques distintos. Moscú ofrece respaldo militar y diplomático, limitado hoy por las sanciones y el desgaste económico de la guerra en Ucrania. Pekín privilegia un apoyo pragmático mediante inversiones estratégicas que permite la captura de recursos y mercados.

    Estados Unidos, por su parte, manifiesta su confrontación con un masivo despliegue militar y operaciones de seguridad en el Caribe, bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Ante Nicaragua, impone sanciones contra sus funcionarios y acrecienta denuncias de violaciones de derechos humanos.

    La depauperación extrema del pueblo cubano hace insostenible la narrativa que justifica el fracaso comunista como consecuencia del embargo impuesto desde 1962.

    El detonante regional

    En Venezuela, la crisis humanitaria, el colapso económico y la migración masiva hacen insostenible la situación. El conflicto trasciende las fronteras nacionales y se proyecta en el plano global.

    En este contexto, resulta claro que Estados Unidos no depende del petróleo venezolano para sostener su economía ni su seguridad energética: con una producción cercana a 13,6 millones de barriles diarios en 2025, se mantiene como uno de los mayores productores mundiales. En contraste, Venezuela apenas alcanza entre 956 000 y 1 132 000 barriles diarios, una caída dramática frente a los más de 3 millones que producía en los años noventa.

    La infraestructura petrolera venezolana está devastada: refinerías deterioradas y una capacidad de extracción reducida convierten a la industria en un símbolo de decadencia, más que en un activo estratégico. Entonces, las acciones de Estados Unidos no se explican como disputa por el control del petróleo venezolano.

    Escenarios bajo otra lógica

    Se detecta el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, por activar una crisis internacional monitorizada, una narrativa de seguridad nacional que se proyecta en lo interno y sirve de justificación para medidas de dudosa constitucionalidad.

    Las elecciones al Congreso se celebrarán el 3 de noviembre de 2026, con la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 cargos de gobernador, una posibilidad de desequilibrio político que Trump quiere bloquear. Partiendo de una deriva autoritaria de esa administración y un cambio de política exterior que no tiene retroceso, se plantean varias posibilidades:

    • Ruptura inminente: el desconocimiento de los resultados electorales cerró la vía negociada. La juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero abrió un proceso de quiebre que pudo haberse contenido con una transición política. La presión norteamericana, mediante ataques selectivos contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico, podría precipitar un derrumbe del régimen, con una primera fase marcada por la anarquía y la violencia. Luego, se instalaría un gobierno amparado por la legitimidad de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024.
    • Transición militar-constituyente: la falta de credibilidad de los negociadores dificulta un acuerdo. Nicaragua y Cuba enfrentarían presiones internas similares. Bajo un momento constituyente, factores militares podrían asumir el control y, con apoyo externo, canalizar una fuerza constituyente hacia una restauración democrática.
    • Continuidad autoritaria: la ausencia de consenso de los factores políticos y la eventual neutralización de Estados Unidos permitiría la supervivencia de los autoritarismos. Se consolidarían alianzas regionales y se intensificaría la represión interna para mantener el poder –panorama improbable considerando el interés de la administración Trump por justificar su dinámica con la crisis caribeña–.

    Transición incierta, coste seguro

    La definición depende de una combinación de factores. La interconexión entre Venezuela, Nicaragua y Cuba convierte cualquier ruptura en un fenómeno regional. El papel de Estados Unidos, Rusia y China es decisivo: sin un acuerdo entre ellos, la transición será altamente conflictiva.

    Lo cierto es que la crisis actual no se vincula con la seguridad energética, sino que está determinada con la política interna estadounidense y la estrategia de Trump. Lo que considero inexorable es que el precio de esta guerra de autoritarismos lo seguirá pagando, en última instancia, el pueblo venezolano.The Conversation

    Tulio Alberto Álvarez-Ramos, Profesor/Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Palantir y el espejismo de la seguridad: una advertencia desde la frontera orwelliana

    Hay nombres de empresas que parecen concebidos en una novela de ciencia ficción. Palantir es uno de ellos. En la obra de Tolkien, los palantiri eran piedras de visión: artefactos que permitían ver cualquier rincón del mundo, pero siempre a riesgo de perder la voluntad frente a quien controlara el cristal.
    En nuestra realidad, Palantir Technologies cumple un papel inquietantemente parecido.

    Durante años, esta compañía se ha presentado como una constructora de “software para decisiones complejas”. No recopilan datos —dicen—, solo proporcionan la infraestructura para que otros lo hagan mejor. A simple vista, parece una promesa de eficiencia. Pero en el trasfondo, se perfila un cambio profundo en la relación entre ciudadanos, gobiernos y empresas tecnológicas: un desplazamiento silencioso hacia un modelo donde la vigilancia deja de ser excepcional y se convierte en arquitectura.

    Cuando todos los datos conversan entre sí

    Palantir se especializa en integrar información dispersa: bases de datos policiales, registros migratorios, historiales médicos, cuentas fiscales, patrones de consumo, contactos, ubicaciones. Lo que antes eran islas, su software lo convierte en un archipiélago perfectamente conectado.
    Y cuando todos los datos “hablan”, lo hacen sobre nosotros.

    El problema no es solo tecnológico. Es político, ético y, sobre todo, humano. La posibilidad de correlacionar cada movimiento, cada decisión, cada vulnerabilidad individual configura un poder que ningún Estado democrático debería delegar —y mucho menos sin supervisión transparente. Las herramientas que prometen revelar terroristas también pueden identificar manifestantes, periodistas incómodos o comunidades enteras consideradas “de riesgo” por algoritmos sin rostro.

    Un sistema capaz de verlo todo no es neutral. Es una tentación.

    El matrimonio peligroso entre gobiernos y corporaciones

    Las asociaciones público-privadas que impulsan este tipo de tecnología han sido vendidas como alianzas pragmáticas: el Estado obtiene herramientas de última generación, la empresa obtiene contratos millonarios.
    Pero ¿quién protege al ciudadano en medio de esa negociación?

    Cuando un gobierno externaliza su capacidad de vigilancia a un actor privado, ocurre algo preocupante: la soberanía se terceriza. Los contratos son opacos, las auditorías escasas, el escrutinio público casi nulo. El poder se desplaza hacia quienes controlan la tecnología, no hacia quienes controlan el voto.

    Las democracias modernas se construyen sobre equilibrios delicados: separación de poderes, transparencia, control judicial, prensa libre. La introducción de plataformas de análisis masivo de datos puede romper ese equilibrio sin ruido, sin violencia, sin que la ciudadanía siquiera note que se ha cruzado un umbral.

    Porque la vigilancia del siglo XXI no grita. Apenas susurra.

    El retrovisor orwelliano

    En 1984, Orwell imaginó un mundo donde la vigilancia era total y explícita: cámaras, micrófonos, pantallas omnipresentes. Lo inquietante de nuestra época es que no hace falta esa teatralidad. Basta con que los datos se acumulen, se integren y se procesen bajo lógicas que nadie comprende del todo.

    El Gran Hermano ya no necesita mirar: basta con que los sistemas predigan.

    ¿Quién decide qué es sospechoso? ¿Quién corrige los errores del algoritmo? ¿Quién garantiza que un perfil de riesgo no se convierta en sentencia antes del juicio? ¿Quién se responsabiliza cuando una vida es condicionada por datos mal interpretados?

    La respuesta, demasiadas veces, es: nadie en particular.

    La última línea de defensa

    Quizá el mayor peligro no sea Palantir como empresa, sino nuestra complacencia colectiva: la aceptación pasiva de que la seguridad justifica cualquier intromisión, de que la eficiencia es más importante que la libertad, de que “si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer”.

    Ese es el primer paso hacia la erosión de derechos que costaron siglos de lucha.

    La tecnología no es el enemigo. La opacidad sí. La ausencia de límites legales también.
    La idea de que “el fin justifica los medios”, aplicada al manejo de datos, es una pendiente resbaladiza hacia un futuro donde la privacidad es un recuerdo.

    Por eso es indispensable exigir transparencia total en los contratos, auditorías independientes, evaluación de impacto en derechos humanos y un debate público real sobre qué tipo de sociedad queremos construir.

    El dilema no es técnico. Es moral.

    Porque si permitimos que la infraestructura de vigilancia crezca sin control, llegará el día en que miremos atrás y descubramos que la línea entre democracia y distopía se cruzó sin que nos diéramos cuenta.

  • Acción de Gracias: Una celebración de la cooperación voluntaria

    La festividad de Acción de Gracias suele recordarse por sus imágenes de mesas abundantes, reuniones familiares y un momento de pausa para expresar gratitud. Sin embargo, desde una perspectiva libertaria, esta celebración adquiere un significado aún más profundo: es un homenaje a la cooperación voluntaria, a la solidaridad espontánea entre individuos libres y al poder transformador de la empatía frente a la coerción y la brutalidad.

    El origen histórico más difundido de Acción de Gracias suele centrarse en los peregrinos y los pueblos indígenas que compartieron alimentos y conocimientos para sobrevivir. Más allá de mitificaciones, lo esencial es reconocer que ese encuentro representa un principio fundamental: las sociedades prosperan cuando las personas eligen colaborar libremente, no cuando se imponen unas a otras mediante la fuerza. Los peregrinos no sobrevivieron gracias a un edicto, un impuesto o una orden centralizada, sino gracias al intercambio de saberes, la ayuda mutua y la solidaridad de quienes decidieron tender la mano sin esperar nada a cambio.

    Desde el pensamiento libertario, Acción de Gracias es el ejemplo de que la cooperación voluntaria es más fuerte y más sostenible que cualquier forma de imposición estatal o social. La libertad individual no solo permite crear, producir e innovar; también crea las condiciones para que florezcan la empatía y el consenso. Cuando las personas se relacionan como iguales, sin amenazas ni coerciones, las decisiones se toman con mayor responsabilidad y las relaciones se construyen sobre una base de respeto mutuo.

    La solidaridad auténtica no nace de un decreto. No puede planificarse desde arriba ni forzarse mediante obligaciones artificiales. Surge de la identificación humana, del reconocimiento de que todos enfrentamos desafíos y que compartir fortalezas nos enriquece a todos. Agradecer es, en cierto sentido, un acto libertario, pues implica reconocer la agencia de los demás: sus acciones libres, sus decisiones voluntarias, su esfuerzo ofrecido sin exigir sumisión o reciprocidad obligatoria.

    Hoy, en un mundo donde las tensiones políticas, ideológicas y culturales parecen multiplicarse, recuperar este espíritu es más necesario que nunca. La brutalidad —física, económica o discursiva— se infiltra cuando se pierde la voluntad de escuchar, de comprender y de buscar acuerdos sin recurrir a la fuerza. La tradición de Acción de Gracias puede servir como un antídoto: un momento para volver a mirar al otro como un aliado potencial, no como un adversario; para recordar que la cooperación funciona mejor cuando se basa en el respeto y en la libertad.

    Del mismo modo, la gratitud nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras comunidades. Las redes de apoyo, los proyectos compartidos, el emprendimiento y las iniciativas sociales nacen de personas que deciden unirse para crear valor. Esa es la esencia de una sociedad viva y libre. En Acción de Gracias, reconocemos no solo lo que hemos recibido, sino la importancia de cuidar esos espacios de libertad que permiten que tales relaciones florezcan.

    Celebrar Acción de Gracias es celebrar la capacidad humana de convivir sin dominar, de colaborar sin imponer, de agradecer sin condiciones. Es una invitación a seguir construyendo un mundo donde la empatía y el consenso sean más fuertes que la imposición y la violencia, donde cada gesto de solidaridad sea un acto libre que reafirme nuestra humanidad compartida.

  • Reduflación: Qué es, por qué ocurre y cómo afecta al consumidor

    En los últimos años, el término reduflación ha ganado protagonismo en los debates económicos y en las conversaciones cotidianas. Aunque para muchos puede sonar novedoso, describe un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común: pagar lo mismo —o incluso más— por un producto que trae menos cantidad. Esta práctica, que suele pasar desapercibida, tiene implicaciones profundas en la economía doméstica y en la percepción de los precios por parte de los consumidores.

    ¿Qué es la reduflación?

    La reduflación es una estrategia utilizada por algunas empresas en contextos de inflación o aumento de costos. Consiste en reducir el tamaño, peso o cantidad de un producto sin modificar su precio, o bien aumentando el precio de forma menos evidente. En esencia, el consumidor paga lo mismo, pero recibe menos. Esta táctica permite a las compañías enfrentar el incremento en los costos de producción sin provocar un impacto tan visible como lo sería un aumento directo en el precio.

    Orígenes del concepto

    El término tiene sus raíces en la palabra inglesa shrinkflation (de shrink, encoger, y inflation, inflación). Surgió para describir un fenómeno observado especialmente a partir de la década de 1970, cuando varias economías enfrentaban presiones inflacionarias significativas. A medida que los costos subían, las empresas buscaban formas creativas de mantener sus márgenes sin alienar a los consumidores. Recortar cantidad —pero no precio— se convirtió en una solución discreta y eficaz.

    Con el tiempo, este fenómeno se ha globalizado, adoptando nombres distintos en diversos países hispanohablantes: reduflación, infladecimiento o inflación encubierta.

    Ejemplos comunes de reduflación

    La reduflación se presenta principalmente en productos de consumo masivo, especialmente aquellos en los que el consumidor no suele revisar con detalle el peso neto. Algunos ejemplos típicos incluyen:

    • Snacks y galletas: Una bolsa que antes contenía 200 gramos ahora trae 170 gramos, pero mantiene el mismo precio.
    • Productos de higiene personal: Champús o geles que reducen su contenido de 400 ml a 350 ml.
    • Chocolate y dulces: Barras que disminuyen unos gramos o cambian su forma para ocultar la reducción.
    • Cereales y alimentos en caja: Envases del mismo tamaño exterior pero con menor contenido interior gracias a un mayor “espacio de aire”.
    • Papel higiénico: Rollos con menos hojas o más delgadas.

    En muchos casos, el envase conserva dimensiones similares, por lo que la reducción es difícil de detectar a simple vista.

    Por qué ocurre la reduflación

    Las causas principales incluyen:

    1. Aumento en los índices de la inflación.
    2. Incremento en los costos logísticos, especialmente en transporte y energía.
    3. Presión competitiva: las empresas temen que subir precios cause pérdida de clientes.
    4. Estrategias de marketing que buscan mantener productos dentro de rangos psicológicos de precio.

    Impacto en el consumidor y el mercado

    Aunque legal, la reduflación puede generar una sensación de engaño. Contribuye a una inflación percibida mayor, ya que el consumidor nota que sus compras rinden menos pese a pagar lo mismo. Además, dificulta la comparación de precios entre productos y marcas.

    Cómo detectar la reduflación

    • Revisar el peso neto y compararlo con versiones anteriores.
    • Observar variaciones en el diseño del envase.
    • Comparar el precio por unidad de medida (por gramo o mililitro), información que muchos comercios ya exhiben.

    La inflación disfrazada, un deber detectarla

    La reduflación es una respuesta empresarial a la inflación y al aumento de costos, pero también representa un desafío para la transparencia y la confianza del consumidor. Con una mayor conciencia y hábitos de compra críticos, es posible reducir su impacto en la economía doméstica.

  • La culpa no es del inmigrante: es del sistema

    La discusión sobre el inmigrante suele nublarse con emociones, prejuicios y simplificaciones. Pero si realmente queremos entender qué pasa —y qué no pasa— lo primero es recordar un principio básico de pensamiento crítico: correlation is not causation.
    Es decir: que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra.

    En fenómenos complejos, como la economía, la seguridad o la movilidad social, no existe una única causa suficiente. Siempre hay múltiples variables interactuando al mismo tiempo. Y adjudicarle toda la responsabilidad a un solo grupo —por ejemplo, los inmigrantes— no solo es conceptualmente incorrecto: es políticamente funcional, porque desvía la atención de quienes sí diseñan la estructura de incentivos de una sociedad.

    Argentina, Chile, Panamá o los Estados Unidos, son un caso ejemplar. Estos países fueron construidos por olas migratorias que buscaban libertad, trabajo, paz y la posibilidad de “hacerse la América”. Y lo lograron —no porque el continente fuera perfecto, sino porque el marco institucional permitía a cada persona trabajar, arriesgar, emprender y prosperar sin esperar subsidios ni protecciones especiales.

    Ese punto es clave: el inmigrante histórico venía detrás de libertades, no detrás de beneficios. No buscaba refugiarse en un Estado paternalista, sino en un sistema que lo dejara desarrollar su propio destino.

    El problema contemporáneo es distinto, y no por culpa del inmigrante. Si un país ofrece acceso irrestricto a bienes y servicios financiados con impuestos locales —sin requisitos claros de residencia, aportes o integración— la responsabilidad es de la política pública, no del individuo que responde racionalmente a los incentivos disponibles. Lo mismo ocurre con los temores que hoy circulan sobre religión, violencia o choques culturales: imputar colectivamente delitos, valores o intenciones a millones de personas que migran es tan irracional como injusto. La evidencia global muestra que la inmensa mayoría migra para trabajar, estudiar, escapar de regímenes opresivos o simplemente buscar una vida más segura. La violencia no “viene” con una nacionalidad, ni con una religión; emerge cuando los Estados fallan en asegurar justicia, garantizar la paz y hacer observar las reglas, que deben ser claras para todos.

    El error no está en abrir las puertas, sino en no fijar condiciones transparentes y parejas para quienes entran y para quienes ya están dentro. Criminalizar al migrante es siempre más fácil que admitir fallas estructurales —pero es, además, profundamente equivocado. Por eso, cuando alguien afirma que “la inmigración genera costos”, habría que corregir la frase: no es la inmigración; es la mala política migratoria.

    Si una reglamentación incumple la Constitución o crea beneficios que generan distorsiones, la solución no es cerrar la puerta a quienes vienen a trabajar, sino corregir la norma, ordenar el sistema y alinear incentivos.

    Culpar al inmigrante por aprovechar un marco institucional mal diseñado es tan absurdo como culpar al consumidor por comprar productos en oferta. Las personas —locales o extranjeras— actúan siguiendo su interés. Los incentivos los define el Estado.

    Además, la evidencia global contradice la narrativa simplista de que “los inmigrantes cuestan y no aportan”. La comunidad india en Estados Unidos, por ejemplo, duplica el ingreso medio del país, domina sectores de alta tecnología y registra el promedio de IQ y nivel educativo más alto en segunda generación. Este dato no es necesario para un argumento libertario —que se basa en la igualdad de derechos, no en coeficientes intelectuales—, pero sí desmonta el prejuicio de que solo algunos grupos “valen la pena”. Hostigar a alguien que produce, programa, trabaja y general valor en la sociedad no solo es moralmente miserable: es económicamente suicida.

    Si queremos mejorar, empecemos por el diagnóstico correcto: los problemas no vienen de afuera. Vienen de un sistema roto que nadie quiere arreglar.

  • Salario Mínimo Constitucional es Enemigo del Mercado

    Desde el Artículo 65, la Constitución de Panamá se declara enemiga del mercado cuando garantiza salario mínimo (SM) y participación en las ganancias de las empresas

    Para los politicastros, la manera fácil de cumplir con los mandatos constitucionales de gobierno, si es que eso les interesa, la encontraremos en la ‘coerción vs el intercambio voluntario’. Es así ya que es mucho más fácil gobernar coercitivamente, particularmente cuando la mayor parte de la población prefiere los gobiernos regalones; lo cual es mucho más fácil que andar predicando el amor por el trabajo, el ahorro y la inversión. Y, a pesar de que la mayoría proclama su sentimiento al decir cosas como: “robó, pero le dio al pueblo” o, “no a la privatización”; lo típico es que culpe al mercado o a los ricos de sus penurias.

    Por ejemplo, ya desde el Artículo 65 la Constitución de Panamá se declara enemiga del mercado cuando garantizan salarios mínimos (SM) y participación en las ganancias de las empresas; lo cual no sólo no es compatible con una libertad de mercado, sino que ni siquiera conviene los más necesitados. El Artículo 65 es una norma constitucional de carácter comunista, pues niega el derecho a la propiedad. Pero, lo más curioso es que jamás se han atrevido a cumplir con dicha legislación.

    Y así sigue nuestra constitución violando las normas que rigen un mercado sano y productivo; tal como vemos en el siguiente artículo, el 66, el cual dice que “la ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el SM del trabajador”. Semejante norma es contraria al mercado pues ya lo que decide la remuneración no es, necesariamente, el buen rendimiento del empleado sino la magnanimidad del legislador. Y peor es que viola la libertad, destruye el empleo formal promoviendo la informalidad o peor, al desempleo.

    No más vean lo que me dijo una curiosa fuente por allí:

    “Cada vez que sube el SM, se destruye empleo formal. Entre el 2010 y 2024 el salario mínimo real subió un 68% (MEF) la informalidad pasó de 38% a 47% (INEC, ago. 2025) el desempleo juvenil (15 a 29) pasó a 34.2%, el más alto de Latinoamérica 183,000 jóvenes ni estudian ni trabajan (los ninis).

    El que gana $686 en la Región 1 no es el mesero sino el que logró sobrevivir al aumento. Los otros 3 que despidieron están manejando UBER o vendiendo minutos. El SM diferenciado es un chiste cruel (Decreto 9 de 2023:

    Actividad

    		 Región 1

    (grande)

    		 Región 2

    (pequeña)

    		 Diferencia
    Peón agropecuario $481 $336 -30%
    Mesero(a) $686 $449 -35%
    Construcción (ayudante) $792 $492 -38%

    A todo ello muchas empresas no logran absorber el costo y terminan en quiebra.

    Casos reales:

    • Zona Libre de Colón: 42 empresas cerraron tras aumento 2024 → 2,800 empleos perdidos
    • Bananeras de Puerto Armuelles: redujeron 1,200 plazas y ahora contratan por “tarea” (pagan $12/día, por debajo del mínimo)
    • Restaurantes Panamá: 68% subieron precios 12-18% (encuesta CAPAC 2025)
    País Política SM Desempleo 2025 Informalidad
    Singapur NO existe SM nacional 2.1% 13%
    Suiza Solo por cantón y profesión 2.4% 8%
    Dinamarca Solo por convenios colectivos 2.8% 11%
    Panamá 96 tasas diferentes rígidas 12.8% 47.8%

    La solución que nadie quiere pero que convertiría a Panamá en uno de los países más ricos del mundo sería respetar la libertad de mercado; que los salarios fuesen pactados entre empleadores y empleados; mientras que el gobierno podría actuar en contra de explotación. Tal medida generaría en 5 años:

    • 250,000 nuevos empleos formales (CEPAL)
    • Caída de un 28 a 30% o más en la informalidad
    • El salario promedio subiría 22% dada la competencia (caso Chile 2018)

    En resumen, a quien protege el SM es a los burrócratas corruptos y a los malos sindicalistas.