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Categoría: Politica y Actualidad

  • El Salvador registra documentos oficiales en la blockchain

    El Salvador registra documentos oficiales en la blockchain

    El Salvador vuelve a colocarse en el centro de la conversación global sobre innovación tecnológica y gobierno digital. Tras haber sido el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, ahora el gobierno de El Salvador ha dado un paso más allá: comenzó a registrar documentos oficiales en la blockchain de Bitcoin, marcando un precedente en la integración de tecnologías descentralizadas dentro del aparato estatal.

    La iniciativa, anunciada por la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC) y la empresa estadounidense Simple Proof, utiliza el protocolo OpenTimestamps, desarrollado por el ingeniero Adam Back (figura histórica en la comunidad de Bitcoin), para “sellar” los documentos con marcas de tiempo inmutables. De esta manera, El Salvador se convierte en el primer país en usar la blockchain de Bitcoin como infraestructura de certificación pública y verificación documental.

    ¿Cómo funciona el sistema?

    El método no almacena los documentos originales ni información personal en la blockchain. En su lugar, genera un hash criptográfico —una huella digital única— del archivo, la cual se registra en una transacción dentro de la red Bitcoin.

    Cada bloque de la cadena, que se produce aproximadamente cada diez minutos, actúa como un sello de tiempo universal, garantizando que ese documento existía en ese momento y que no ha sido modificado desde entonces.

    Según Carlos Toriello, CEO de Simple Proof, esto permite una verificación pública y descentralizada sin comprometer la privacidad: “Por primera vez, los gobiernos pueden registrar su trabajo directamente, sin depender de intermediarios ni de sistemas cerrados”.

    Este enfoque ofrece dos ventajas clave:

    1. Privacidad total — ningún dato sensible se expone en la cadena.
    2. Verificabilidad universal — cualquier persona puede confirmar que un documento fue emitido oficialmente, sin tener que confiar en una autoridad central.

    Primeros usos oficiales: educación y certificación

    El primer uso práctico se aplicó a los certificados del programa educativo CUBO+, impulsado por la ONBTC, que ofrece formación avanzada sobre Bitcoin, Lightning Network y tecnologías financieras. Cada diploma emitido tiene un hash registrado en la blockchain, y cualquier persona puede verificar su autenticidad mediante un explorador público.

    Algunos egresados optaron por hacer visible su nombre, mientras que otros eligieron el anonimato; sin embargo, todos comparten la posibilidad de demostrar que su título es legítimo y verificable en cualquier momento.

    La ONBTC y Simple Proof ya trabajan en proyectos piloto con otros ministerios del gobierno para extender el sistema a documentos administrativos, legales y académicos. Aunque aún no se han publicado cifras oficiales sobre el costo del proyecto ni su calendario de expansión, se espera que en 2025 y 2026 más entidades públicas adopten esta metodología.

    Beneficios institucionales y sociales

    Este sistema ofrece múltiples beneficios para el Estado y la ciudadanía:

    1. Transparencia y confianza pública
      Al registrar documentos de forma inmutable, el gobierno refuerza la credibilidad institucional y reduce el riesgo de manipulación, falsificación o pérdida de información.
    2. Resguardo histórico y digital
      Los archivos públicos enfrentan el peligro de deterioro físico y obsolescencia tecnológica. Con blockchain, cada registro queda respaldado permanentemente, sin depender de un servidor central.
    3. Protección contra el fraude y la desinformación
      En un contexto donde la inteligencia artificial facilita la creación de falsificaciones digitales, la posibilidad de verificar en segundos la autenticidad de un documento resulta vital para mantener la integridad informativa.

    Desafíos técnicos y sociales

    No obstante, el proyecto también enfrenta desafíos significativos. Primero, aunque la blockchain garantice la inmutabilidad del hash, la vinculación entre el documento original y su huella requiere estrictos controles: si un archivo es alterado antes de su registro, el hash se vuelve inútil como prueba de autenticidad.

    Segundo, la usabilidad ciudadana: verificar un documento en la blockchain puede resultar complejo para el público general, por lo que será necesario diseñar interfaces simples y campañas de alfabetización digital.

    Tercero, la institucionalización del sistema. Para que la iniciativa no quede en un experimento aislado, se necesita que todos los ministerios adopten la misma infraestructura y estándares de registro.

    Contexto regulatorio y evolución de la política Bitcoin en El Salvador

    El proyecto se desarrolla en un entorno regulatorio en evolución. El Salvador fue pionero en declarar Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, mediante la Ley Bitcoin, impulsada por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, en 2025 se aprobó una reforma que eliminó la obligatoriedad de aceptar Bitcoin como medio de pago, manteniendo su estatus legal, pero de uso opcional.

    Esto refleja una maduración en la estrategia tecnológica del país: en lugar de centrarse exclusivamente en la adopción monetaria, el gobierno busca aplicar la infraestructura de Bitcoin como herramienta para la digitalización y la transparencia administrativa.

    El Salvador frente al mundo: comparaciones internacionales

    Aunque El Salvador es pionero en usar la blockchain de Bitcoin para documentos estatales, otros países han explorado soluciones similares con diferentes grados de descentralización.

    Estonia: el referente de la administración digital

    Estonia es considerada el modelo más avanzado de gobierno electrónico, con su plataforma X-Road que conecta casi todos los servicios públicos en línea. Aunque a menudo se asocia con blockchain, los expertos señalan que no emplea una blockchain pública, sino una infraestructura criptográfica centralizada con funciones similares de seguridad y trazabilidad.
    Esto demuestra que “ser digital” no siempre significa “usar blockchain”, y que la descentralización completa no siempre es necesaria para garantizar transparencia.

    Georgia y Suecia: registros de propiedad

    En Georgia, el gobierno implementó un sistema basado en blockchain para registrar propiedades y transacciones inmobiliarias, en colaboración con la empresa Bitfury.
    En Suecia, la Autoridad Catastral probó un sistema similar, registrando títulos de propiedad mediante blockchain para reducir costos y fraudes notariales.
    Estos casos muestran que la tecnología puede ser útil en áreas donde la verificación pública y la trazabilidad tienen alto valor social y económico.

    Factores de éxito y obstáculos globales

    De la comparación internacional se desprenden tres lecciones clave:

    1. El éxito no depende sólo de la tecnología, sino de la gobernanza institucional que la acompaña.
    2. Los marcos legales y la interoperabilidad son esenciales: sin reconocimiento jurídico, el valor probatorio del registro blockchain puede ser cuestionado.
    3. La capacitación y la adopción social son determinantes: sin educación digital, la herramienta pierde su propósito ciudadano.

    Una apuesta ambiciosa hacia la era de la transparencia descentralizada

    El proyecto del gobierno de El Salvador de registrar documentos oficiales en la blockchain de Bitcoin representa un salto tecnológico audaz, tanto por su componente técnico como simbólico. No se trata sólo de digitalizar la administración, sino de anclar la confianza del Estado en una red descentralizada global.

    El camino no está exento de desafíos —tecnológicos, institucionales y educativos—, pero su potencial es enorme. Si se consolida, El Salvador podría convertirse en el primer país del mundo donde los documentos oficiales sean verificables por cualquier persona, en cualquier momento, a través de la blockchain de Bitcoin.

    Una promesa que, de cumplirse, redefiniría el concepto mismo de transparencia gubernamental en la era digital.

  •  Larry Fink habla sobre los “activos del miedo” y por qué importa

    En la reciente conferencia Future Investment Initiative (FII) en Arabia Saudita, Larry Fink, CEO de BlackRock, señaló que tanto el oro como las criptomonedas están dejando de ser meros instrumentos de inversión para convertirse en “activos del miedo”. La afirmación, lejos de ser un simple capricho, aporta luz sobre cómo las grandes instituciones ven el actual entorno financiero global: con incertidumbre monetaria, deuda creciente y un sistema fiduciario bajo presión.

    El oro y su caída simbólica

    Tradicionalmente, el oro ha sido considerado el refugio por excelencia: una reserva de valor cuando las divisas se debilitan, cuando los gobiernos imprimen o cuando los mercados tiemblan. Pero Fink observa una señal inquietante: el precio del oro ha experimentado una caída por debajo del umbral simbólico (por ejemplo, por debajo de USD 4.000 la onza). Esa caída pone en evidencia que incluso los activos “seguros” no lo son tanto cuando el miedo sistémico se filtra en los mercados. Fink explica que los flujos hacia oro y criptomonedas se comportan más como indicadores de ansiedad institucional que como simples refugios.

    Criptomonedas: de especulación a diversificación institucional

    En paralelo, Fink ha hablado de las criptomonedas —especialmente de Bitcoin— como algo más que activos de alto riesgo: las describe como “no malos activos”, y les concede un lugar similar al del oro.  Según él, el hecho de que grandes actores ahora contemplen las criptos refleja un cambio: la diversificación ya no es solo hacia más oro o más bonos seguros, sino hacia nuevas clases de activos que podrían responder al debilitamiento de los sistemas fiduciarios tradicionales.

    ¿Por qué importa para el panorama global?

    Tres consideraciones clave emergen de lo que Fink plantea:

    1. Deuda y riesgo soberano: En un mundo donde los gobiernos acumulan deuda, imprimen moneda o recurren a políticas expansivas, los activos tradicionales pierden parte de su atractivo relativo. Fink lo resume como una “moneda del miedo” en que muchos buscan refugio fuera de lo tradicional.
    2. Monedas fiduciarias cuestionadas: Si el dólar, el euro o el yen sufren depreciaciones o intervenciones masivas, los inversores institucionales comienzan a explorar opciones más allá de lo estatal. El oro y las cripto emergen en ese contexto.
    3. Cambio estructural en inversión institucional: Que BlackRock —gestora de más de 10 billones de dólares en activos— declare que las criptomonedas “tienen un lugar” y que el oro está recibiendo flujos por “miedo”, marca una transición en la forma en que entiende el riesgo global.

    Qué debemos observar

    Para quienes siguen los mercados globales, las declaraciones de Fink sugieren lo siguiente:

    • Cuidado con la idea de que existe un “refugio seguro absoluto”. Los entornos de alta incertidumbre pueden afectar hasta los activos considerados más sólidos.
    • Observar la entrada de capital institucional en criptomonedas: más allá del precio, el hecho de que actores tradicionales cambien de mentalidad es relevante.
    • Atender las señales macro-económicas: inflación, déficits fiscales, política monetaria y geopolítica tienen un papel directo en por qué los inversores buscan “alternativas”.

    Larry Fink nos pone frente a un mensaje claro: los hábitos de inversión tradicionales están cambiando porque el sistema financiero global está bajo tensión. El oro ya no brilla con luz propia como antes, y las criptomonedas están dejando de ser solo apuestas para convertirse en parte del debate serio sobre diversificación institucional. En un mundo donde “refugio” ya no significa lo mismo, estará en manos de inversores e instituciones adaptar sus estrategias al nuevo paisaje que Fink describe.

  • Cuando los Gobiernos se Desbocan

    Las noticias que a diario nos llueven buscan, más que nada o en buena medida, la sensación que crea y atrae audiencia. Lastimosamente, detrás de muchas noticias que cubren eventos noticiosos están los eventos que las generaron, tal como en su momento fue el drama del SARS-COVID-2; el cual, hoy día, como que ya no resuena y resulta muy lastimoso y perjudicial ya que el daño creado por la reacción politiquera en la forma que los gobiernos manejaron el COVID estará con nosotros creando problemas sociales y económicos por muchos años. Y, lo que vale resaltar es cuando los gobiernos se desbocan, mejor dicho, de los desgobiernos, ya que llamar “gobierno” a las medidas tomadas para y durante el COVID es una barbaridad.

    El daño producido a la comunidad no fue sólo los negocios afectados, los trabajos perdidos, la educación atropellada y tal sino otros daños que subyacentes que la población ni ve ni entiende; comenzando por gobiernos que sin más ni menos violaron derechos de libertad consagrados en la constitución alegando que nos están cuidando. Si así me vas a cuidar, mejor no me cuides. Y los daños subyacentes van por el lado de lo económico, que es un tema muy poco entendido por la inmensa mayoría. Abordemos el asunto a ver si entendemos.

    El mayor daño económico se dio con el gobierno gringo cuyas acciones para salvarnos del COVID ha dejado otros daños que podrían ser peores que el COVID. Y esas afectaciones también venían de arrastre desde el colapso económico inmobiliario del 2008, que fue creado por gobiernos anteriores como medida para crear casas para todos; y habría que ver quienes son “todos”.

    El desbarajuste económico tuvo consecuencias que afectaron a muchos y grandes sectores que, según la politiquería del momento, eran ‘demasiado grandes para dejar que colapsaran’. ¡Qué lindo!, y los chiquitos a Patacón. ¡Por supuesto!, que tal medida fue una avenida que favorecía más corrupción y desbarajustes futuros. Lo digo sin ambages (rodeos): ‘Las quiebras de negocios son elemento necesario del crecimiento económico’. ¿Qué sentido tiene salvar a la gran empresa que no supo o sabe tener éxito? Y… ¿qué implica ese “salvar”? Allí es dónde la puerca tuerce el rabo.

    Uno de los elementos fundamentales de una pujante economía está en lo que se conoce como “destrucción creativa”; es decir, que cuando algo no funciona, debemos dejar que quiebre, que ya vendrá otros que sí saben y no cometerán los mismos errores u horrores. En resumen, no hay mayor motivación o incentivo al buen emprendimiento que el pánico al fracaso. Si la empresa grandota quiebra, es una empresa; pero si la disque “salvan”, es probable que estemos “salvando” a algo que no funciona y eso no afectará a una empresa sino al resto de la comunidad, porque la estamos “salvando” con valiosos recursos de la comunidad.

    El meollo del tema que les abordo es el de la metichería de los políticos y malos empresarios compinches en lo que no es asunto de políticos ni de gobiernos; los cuales están allí para evitar las trampas y no como ocurre a diarios ‘para hacer las trampas’. Eso no es “libre comercio” ni tampoco es “capitalismo”, ni comunismo o socialismo, es ¡corrupción!

    En Panamá este puede ser el caso de MiBus y el Metro. Empresas gubernamentales que se ven lindas y todo el mundo las celebra y defiende, pero… ¿son buenas? ¿Son sostenibles? Yo opino que no, pero esas preguntitas nadie se las hace y no sabremos la respuesta hasta el día en que colapsen. Ayer me dijo una empleada que veía en MiBus con mucho miedo porque parecía que el mismo se iba a desarmar. Amanecerá y veremos…

  • En el Gobierno el Fracaso es Éxito

    ¿Te parece absurdo lo que digo en el título, donde en el gobierno el fracaso es éxito ? Entonces explícame ¿cómo es que mientras más fracasa el NODUCA más $$$ se le asigna? El reto está en entender las razones detrás de algo tan absurdo; y no crean que hablo sólo de Panamá, ya que el mismo fenómeno se dan en Gringolandia y otros sitios. Las “razones” son muchas, pero comencemos con las más básicas que son las reglas o realidades de la diferencia entre lo que es gobierno y lo que es empresa privada.

    En la empresa privada el éxito depende de si se logra ganancia, lucro; que, a su vez, requiere ofrecer un producto por el cual alguien o muchos están dispuestos a soltar sus billetes, lo cual no es el caso en la empresa gubernamental, cuyos fondos operativos le llegan vía los ‘impuestos’; es decir, aquello que se impone de Fidanque a Toledano. Y ya, nomás con esta realidad deberíamos entender que él o los gobiernos no están para los negocios, sean estos: electricidad, agua, transporte, educación, salud, etc.

    La función de gobierno no es compatible con los negocios, no sólo por las razones expuestas anteriormente sino es la de asegurar que las actividades comunitarias se lleven a cabo respetando al prójimo; sus derechos inalienables de libertad al hablar, transitar, religión, comerciar y mucho más. Pero, desdichadamente, desde siempre, están los que se ganan el sustento respetando a los demás y, por otro lado, los que eligen ganarse el sustento o el disfrute violando al prójimo. Si tan sólo los gobiernos se dedicaran a su verdadero encargo otro gallo cantaría en el mundo y en Panamá.

    Si mañana se les regala a los educadores y funcionarios del NODUCA las escuelas para que se conviertan en empresas privadas educativas y su éxito dependa de la calidad del producto ¿qué cree el lector harían los sindicatos magisteriales y los funcionarios?

    Tomemos el caso del fracasado NODUCA, el cual es una entidad de gobierno que se ha metido a hacer lo que no es gobernar. ¿O crees que educar es gobernar? Desgraciadamente el “no a la privatización” es prueba latente del lavado de cerebro que le han metido pervertidos políticos y otros al pueblo con el propósito de mantenerlos mansitos.

    Vean no más lo que ocurriría si se privatiza en MEDUCA: Se reduciría notablemente la congestión vehicular Se mejoraría la educación Se reduciría la burrocracia Los padres dejarían de ser víctimas pasando a ser clientes con el derecho de elegir Mejorarían notablemente las condiciones de las escuelas Se reduciría en grande la politiquería Mejoraría la economía Se reduciría el tamaño de mastodonte gubernamental Aumentaría notablemente la diversidad educativa El gasto educativo disminuiría ya que las privadas, entre otras, compiten en calidad y precio Se reduciría en grande la pobreza Al achicar el gobierno el mismo se torna más eficiente Crearíamos una cultura de emprendimiento y no de sometimiento En fin… podría seguir y seguir enumerando los resultados positivos; tal como que en vez de tener una sola entidad planificando la educación, tendríamos miles.

    El tuétano del mal es que, en nuestra querida Panamá, desde tiempos inmemorables, hemos cultivado una cultura de juega vivo, de sacarle provecho a la masa inculta e ignorante. Recuerdo de niño que mi padre, que igual que mi abuelo Novey, hizo empresa que dio miles de plazas de trabajo e hizo patria, hablaba de la cantidad de rabos blancos que como empresarios se morían de hambre, pero como políticos se volvían ricos, poderosos y engreídos. Pero hoy ya los de rabo prieto se la aprendieron y entraron a la competencia de la corrupción y el desgobierno.

  • Entre Quesos y Gobiernos

    Jamás imaginé que existiera una relación significativa entre los quesos y los gobiernos, hasta que leí un ensayo de Ludovico Lumicisi, ingeniero en computación radicado en Dinamarca, quien aborda esta conexión de manera tan curiosa como reveladora. En su texto, Lumicisi relata cómo el queso, junto con otros alimentos duraderos como las carnes secas o la leche fermentada, tuvo un papel fundamental en la historia militar: fue sustento indispensable para las legiones romanas, los ejércitos mongoles y otras fuerzas preindustriales. Sin embargo, su análisis no se limita al ámbito gastronómico o histórico, sino que avanza hacia un terreno más profundo: la economía política.

    Lumicisi utiliza el queso como metáfora para explicar la noción de “dinero sano”, es decir, de una moneda respaldada por valor real y no distorsionada por políticas monetarias arbitrarias. Según el autor, pocos comprenden verdaderamente qué es el dinero, cuál es su origen y cómo los poderes políticos han manipulado su función a lo largo del tiempo. Así, el queso se convierte en símbolo de un bien tangible, de algo que posee valor intrínseco y cuya escasez o abundancia responden a dinámicas naturales, no a decretos gubernamentales.

    Históricamente, diversos bienes han servido como medios de intercambio: la sal, el cacao, el trigo, el arroz, el ganado o incluso el tabaco. Todos ellos representaban valor en la medida en que eran útiles, deseables y difíciles de producir. De manera similar, el queso, al igual que otros productos alimenticios, fue utilizado en ciertos contextos como moneda de trueque, reflejando una economía basada en la producción real y no en la emisión monetaria. Este paralelismo sirve de punto de partida para una crítica más amplia: la del intervencionismo estatal en los mercados y sus consecuencias sobre la estabilidad económica y la cultura social.

    Uno de los ejemplos más ilustrativos que cita Lumicisi es el caso de los Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980, cuando el gobierno federal acumuló aproximadamente 1.4 mil millones de libras de queso en almacenes nacionales. La medida se justificó como un subsidio para proteger a los productores lácteos ante la sobreproducción y la caída de precios. Sin embargo, la política resultó contraproducente: al intervenir artificialmente en la oferta y la demanda, el Estado generó distorsiones que, a largo plazo, afectaron tanto a productores como a consumidores. El resultado fue un “montaña de queso” almacenada a costa del contribuyente, un ejemplo paradigmático de cómo la buena intención de “ayudar al mercado” puede terminar perjudicándolo.

    En términos económicos, este tipo de políticas se asocian con la teoría del intervencionismo, la cual sostiene que el Estado, al alterar los precios y subvencionar sectores específicos, termina debilitando la eficiencia del mercado y creando dependencias estructurales. Autores como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises advirtieron que tales intervenciones conducen inevitablemente a una expansión del poder político y a una pérdida de libertad económica. En otras palabras, el intervencionismo no solo afecta los precios, sino también la cultura política de las naciones: promueve la idea de que el bienestar depende de la acción del gobierno y no de la responsabilidad individual o la competencia productiva.

    Ejemplos de estas distorsiones abundan en América Latina. En Panamá, por ejemplo, la intervención gubernamental en la producción y comercialización del arroz ha generado ciclos de sobreproducción y escasez, acompañados de conflictos entre productores, distribuidores y el propio Estado. Las políticas de control de precios, aunque presentadas como medidas para proteger al consumidor, terminan desincentivando la inversión agrícola y fomentando la informalidad. Algo similar ocurre con otros productos básicos o energéticos, como el etanol mezclado con gasolina, que responde más a intereses políticos que a criterios de eficiencia económica.

    El verdadero problema, por tanto, no es el queso en sí, sino la mentalidad que subyace a la idea de que el Estado puede y debe regular todos los aspectos de la economía. Cuando los gobiernos se arrogan funciones empresariales o paternalistas, se produce una confusión entre lo público y lo privado, entre lo político y lo productivo. En última instancia, quienes se benefician no son los ciudadanos comunes, sino los grupos de poder que manipulan las políticas públicas para su propio beneficio.

    Si los gobiernos se limitaran a cumplir su función esencial, esto es, garantizar el orden, la justicia y la protección de derechos fundamentales, sin interferir en los mecanismos naturales del mercado, la sociedad experimentaría una auténtica prosperidad. El intervencionismo, aunque a menudo se presenta como una solución compasiva, termina siendo una trampa económica y cultural. Tal vez por eso la analogía del queso resulte tan oportuna: como producto, puede fermentar y madurar; pero, si se le encierra en exceso, acaba por pudrirse.

  • Aguinaldos públicos: la fiesta inmoral del privilegio

    La reciente revelación de que diversas entidades del Estado panameño destinarán más de 70 millones de dólares en 2025 y 67 millones en 2026 a gratificaciones y aguinaldos debería encender una alarma no solo económica, sino fundamentalmente moral. Desde una perspectiva republicana responsable, lo preocupante no es solo la cifra , ya de por sí escandalosa en un contexto de crisis fiscal y carencias sociales, sino la filosofía que subyace a este tipo de prácticas: la idea de que el dinero de los demás puede usarse como si fuese propio, para premiar lealtades, alimentar clientelas y perpetuar privilegios.

    Incluso si existiera algo parecido a una verdadera meritocracia en la administración pública (lo que en la práctica está muy lejos de ocurrir, pues las vacantes suelen llenarse por simpatías políticas más que por concurso de oposición y antecedentes), el otorgamiento de bonos y aguinaldos extraordinarios con recursos públicos es profundamente inmoral. El dinero estatal no es un fondo privado de gratificaciones, ni una caja de celebración para premiar al funcionario más sumiso al jerarca de turno. Es, en rigor, el fruto del esfuerzo de millones de ciudadanos que trabajan y producen, y a quienes el Estado extrae coercitivamente parte de su ingreso mediante impuestos.

    La administración del dinero de otros sólo puede justificarse en nombre de economías de escala y coordinación, para proveer bienes que, de otra forma, serían más costosos o ineficientes de gestionar individualmente. Es decir: seguridad, justicia, salud y educación básica. Servicios esenciales cuya provisión colectiva tiene una justificación pragmática y, también humanitaria. Más allá de ese marco, todo uso de los fondos públicos es un acto de expoliación.

    Por eso, cuando se destinan decenas de millones a aguinaldos y bonos para funcionarios, muchos de los cuales ya disfrutan de estabilidad laboral, privilegios sindicales y escalas salariales difíciles de encontrar en el sector privado, lo que se consuma es un acto de despilfarro inmoral. Se premia no al mérito, sino a la cercanía política; no al esfuerzo, sino al servilismo. Y peor aún: se financia ese derroche con los recursos que podrían aliviar problemas urgentes y reales, como el acceso al agua potable, la infraestructura de salud colapsada o la crisis educativa.

    No se puede juzgar estas cifras con criterios de legalidad formal, porque la ley puede ser tan solo el instrumento de un sistema de privilegios. Lo que está en juego es un principio ético: nadie tiene derecho a disponer del fruto del trabajo ajeno salvo para lo estrictamente necesario en términos de convivencia y protección mutua. Cuando se usan millones de dólares para “coronar” al mejor burócrata complaciente, lo que ocurre es un doble atropello: se roba al ciudadano y se degrada la noción misma de servicio público, transformándola en botín partidista.

    No hay que perder de vista lo más importante: lo que para un funcionario es un “bono de gratificación”, para un ciudadano es el sacrificio de horas de trabajo, de emprendimientos postergados, de inversión no realizada. Cuando el Estado se convierte en una fiesta de aguinaldos, deja de cumplir su función más básica y se convierte en un festival de saqueo institucionalizado.

    La ética liberal nos recuerda que administrar el dinero de los demás es siempre un acto de extrema responsabilidad. No se trata de hacer fiestas con recursos públicos, sino de garantizar que lo que se toma al ciudadano retorne en forma de bienes esenciales que aseguren la vida en sociedad. Todo lo demás es abuso, y el abuso no se justifica ni con leyes ni con lindos discursos.

  • Socialismo Donde Sea, es Estatismo

    Cuando uno pregunta a algún socialista que muestre ejemplos donde esa doctrina estatista haya dado buenos resultados, no faltan quienes mencionan a los países escandinavos. Pero la realidad es que el centralismo, sea a la panameña o a la escandinava, suele ser puro tilín-tilín y nada de paleta. Es cierto que en Escandinavia existe libertad relativa de emprendimiento, pero también ha habido largos períodos de fuerte estatismo, con impuestos confiscatorios y regulaciones desbordadas que afectan los derechos de propiedad. No es muy distinto a lo que en Panamá conocemos como una burocracia de pillaje.

    Los resultados de tales políticas se hicieron evidentes en Suecia en la última década del siglo pasado, cuando el país entró en una profunda recesión. La crisis obligó a un giro decisivo hacia políticas de mercado: privatizaciones, reducción del gasto público y reformas que devolvieron dinamismo a la economía. Fue ese cambio, y no el estatismo previo, lo que permitió recuperar el crecimiento y sentar las bases de un desarrollo más sostenido.

    Lo notable es que, a partir de entonces, incluso los gobiernos socialdemócratas que sucedieron mantuvieron buena parte de esas reformas promercado. Es decir, la experiencia mostró que, sin un marco de respeto a la iniciativa privada, el bienestar prometido no es sostenible.

    Cuando se analiza si un país favorece un emprendimiento robusto y un desarrollo justo, basta observar si los jóvenes talentos encuentran allí futuro o prefieren emigrar. En Escandinavia, como en tantas partes, muchos han buscado oportunidades en otros horizontes, precisamente porque ningún sistema basado en la coerción y la obediencia logra sostener un crecimiento vigoroso. El incentivo genuino —la posibilidad de avanzar gracias al propio esfuerzo, con espacio para el éxito o el fracaso— sigue siendo insustituible.

    ¿Cómo ahorrar capital y generar riqueza en un sistema que se basa en confiscar para repartir? La experiencia panameña ofrece ejemplos claros: las zonas de menor pobreza no son las que dependen del “parte y reparte”, sino aquellas donde el emprendimiento libre ha podido florecer.

    No hay atajos hacia un desarrollo pujante que no pasen por la libre empresa. Los mejores resultados los obtienen quienes más y mejor se esfuerzan, y esos logros se derraman hacia el resto de la comunidad. Basta comparar a COPA con la vieja Air Panamá de la era estatista: mientras la primera prospera en competencia global, la segunda fracasó bajo la tutela del gobierno. En 1990 me tocó analizar la posibilidad de revivirla y mi recomendación fue clara: cerrarla, porque no tenía futuro.

    En definitiva, si queremos ver resultados reales, debemos mirar más allá de sentimientos ideológicos. Suecia aprendió a la fuerza que el estatismo no era sostenible, y que solo con un marco de mercado podía garantizar bienestar a largo plazo. Panamá haría bien en tomar nota: mientras sigamos atrapados en las viejas mañas del reparto político, será difícil emprender las correcciones que necesitamos.

  • Gen Z en Nepal: corrupción, protesta y redes sociales

    En los primeros días de septiembre de 2025, Nepal vivió una explosión de ira popular, especialmente entre la juventud, que estalló por la corrupción y medidas autoritarias como la prohibición de redes sociales. Estas protestas, lideradas por la llamada “Generación Z”, dejaron al menos 51 muertos, miles de heridos, edificios públicos incendiados y el fin del gobierno de Khadga Prasad Sharma Oli. En su lugar, se nombró a Sushila Karki como primera ministra interina, con la promesa de nuevas elecciones.

    Qué desencadenó el estallido

    El detonador inmediato fue la prohibición del acceso a 26 plataformas de redes sociales, que el gobierno justificó con la necesidad de controlar la desinformación, las cuentas falsas y discursos de odio. Pero para muchos ciudadanos, en especial jóvenes, esa medida fue la gota que colmó el vaso: la expresión digital es central para su vida, su socialización y su activismo.

    Más allá del cierre digital, lo que sostuvo la protesta fue el profundo malestar acumulado: corrupción sistémica, nepotismo, desigualdad económica, desempleo juvenil (que en algunos reportes supera el 20 %) y una clase política percibida como privilegiada e impune.

    Reacción institucional y consecuencias inmediatas

    Ante la presión, el gobierno dio marcha atrás con la prohibición de redes sociales, el primer ministro renunció, se disolvió el parlamento y se fijaron nuevas elecciones para marzo de 2026.

    Se designó a Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, como primera ministra interina. Su perfil es visto como más creíble, independiente y firme en temas de anticorrupción.

    Análisis desde una perspectiva liberal

    Los principios liberales —gobierno limitado, rendición de cuentas, respeto a las libertades individuales, transparencia, libre expresión— se ven claramente invocados en lo que reclamaban los manifestantes. Estas protestas son, en muchos sentidos, una demanda liberal de mayor responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos. Cuando un gobierno censura redes sociales, concentra poder, permite corrupción impune, o no garantiza oportunidades económicas, vulnera directamente esos principios liberales.

    El desempleo juvenil alto refleja una falla en permitir que los individuos se desarrollen y prosperen, otro punto clave para el liberalismo: no se trata solo de expresarse, sino de tener un entorno donde la iniciativa individual tiene valor, donde no todo depende del favor del Estado. El acceso y la libertad de expresión digital tiene una dimensión de libertad individual; prohibir redes sociales es un ataque al derecho de los ciudadanos de informar, organizarse, expresarse, prácticas fundamentales según teorías liberales clásicas y contemporáneas.

    La corrupción y el nepotismo funcionan como aranceles ocultos sobre la iniciativa privada. Cuando los políticos acumulan privilegios o agrandan su influencia a través de las instituciones públicas, se reduce la competencia, se desincentiva el mérito, y se vuelven barreras arbitrarias para quienes no formen parte de esas redes.

    Riesgos y desafíos

    Un reto importante es que la mera remoción de líderes no basta. Si no hay una reforma institucional profunda —poder judicial independiente, control de corrupción, transparencia en contratación pública, fin de la impunidad—, se corre el riesgo de que nuevos líderes reproduzcan los mismos vicios. Otro riesgo es que en el intento de restaurar el orden, se justifiquen medidas autoritarias en nombre de la estabilidad, lo que socavaría exactamente lo que los manifestantes exigen: libertad, dignidad, poder ciudadano.

    Lo sucedido en Nepal no es solo una revuelta política más; es una expresión de los principios liberales de demanda de responsabilidad, gobierno limitado, transparencia, libertad de expresión y oportunidades individuales. Para quienes valoran esas ideas, estas protestas son una llamada clara: la legitimidad del Estado depende ya no solo de elecciones, sino de cómo ese gobierno se comporta cada día.

    El caso de Nepal ofrece ejemplos útiles para cualquier país: la censura digital puede ser tan incendiaria como la inflación en otras latitudes, la impunidad genera explosiones sociales, y la juventud puede ser el motor de la renovación liberal si encuentra canales democráticos, institucionales y reales de participación.

  • Argentina bajo la lupa de Saifedean Ammous: ¿un Ponzi insostenible?

    Saifedean Ammous, autor de The Bitcoin Standard, lanzó una dura advertencia hacia el modelo económico de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. En un reciente post en X y artículos en redes, Ammous describe la estrategia de bonos de alto rendimiento del país como un “Ponzi de deuda e inflación” que está al borde del colapso.

    ¿Qué señala Ammous?

    Según Saifedean Ammous, el modelo económico en la Argentina de Milei se caracteriza por:

    • La llamada bicicleta financiera (“carry trade” de bonos estatales) es central. Inversores compran bonos con tasas que superan la devaluación del peso, apostando a que ese diferencial les dará ganancias reales.
    • Para sostener esos rendimientos, dice Ammous, el gobierno imprime moneda, lo que devalúa más el peso, obligando a ofrecer tasas cada vez más altas. Este bucle lo califica como insostenible: “no puede durar para siempre”.
    • Afirma que el gobierno ha destruido la moneda, convertido el sistema financiero en un “casino de shitcoins” (una metáfora para describir políticas monetarias volátiles o dudosas), y que la única defensa real para quienes tienen ahorros es refugiarse en activos más seguros como Bitcoin o el dólar.
    • Además, advierte que una fuga de inversores se producirá cuando la devaluación del peso supere los retornos que ofrecen los bonos, lo que provocará una corrida hacia activos más estables.

    ¿Qué ha dicho antes Ammous en relación al modelo argentino?

    Algunos posteos anteriores de Ammous ayudan a entender que esta advertencia no es nueva:

    • En agosto de 2025 criticó al gobierno de Milei por proponer rollovers de bonos con tasas de interés altísimas (69%), de los cuales sólo se logró renovar aproximadamente el 61%.
    • También denunció lo que llama “fraude del fiat” (“fiat fraud”), en referencia a la emisión de moneda sin respaldo y el uso de deuda estatal y rescates multilaterales como estrategias de corto plazo que ocultan un problema estructural.

    Implicaciones reales

    Este modelo tiene efectos concretos sobre la economía argentina:

    • Fuga de capital y dependencia de los bonos como mecanismo de liquidez. En lugar de fomentar la inversión en producción o infraestructura, gran parte del capital se destina a apuestas financieras volátiles.
    • Pérdida del poder adquisitivo para quienes tienen pesos, pues la inflación erosiona ahorros y salarios, mientras los retornos de los bonos pueden quedar por debajo de la tasa real de devaluación si el peso cae muy rápido.
    • Riesgo político y social: cuando los rendimientos ya no compensen las pérdidas cambiarias, puede generarse pánico financiero, retiro masivo de depósitos en moneda local y presión al gobierno para devaluar o recurrir al financiamiento externo (como el FMI).

    Escenarios posibles según Ammous

    1. Colapso del esquema financiero: el modelo de «la bicicleta financiera» llega a un punto en que los bonos ya no resultan atractivos frente a la inflación y la devaluación, provocando una salida masiva hacia dólares o Bitcoin.
    2. Dependencia creciente de financiamiento externo para sostener obligatoriamente los compromisos del Estado, lo cual puede generar pérdida de autonomía económica.
    3. Políticas regresivas: para pagar los intereses altos, el Estado podría reducir gasto social, aumentar impuestos o depreciar aún más su moneda, lo que golpea más a quienes menos tienen.

    Reflexión final

    Lo que Ammous denomina “Ponzi” no es simplemente una etiqueta provocativa, sino una alerta con bases que combinan inflación persistente, deuda insostenible, emisión monetaria y pérdida de confianza. Para quienes comparten una visión liberal o de dinero sólido, su crítica subraya que sin dejar de lado la retórica, lo que realmente importa es la disciplina sobre el gasto, la transparencia, y la creación de condiciones que favorezcan la productividad antes que la especulación financiera.

    Para Argentina, el reto es inmenso: equilibrar tasas que atraigan inversores sin hipotecar la moneda, evitar que los bonos sean la única salvación financiera, y restaurar la credibilidad económica. Y para los que buscan refugio, Bitcoin ya no es solo un activo más: se presenta cada vez más como una alternativa real ante la fragilidad del sistema fiat.

  • Pérdidas y Ganancias

    «La intervención gubernamental no sólo da al traste con las señales de ganancias y pérdidas sino que destruye el sector formal del emprendimiento»

    Por muchas razones, gobernar y administrar empresas no son actividades compatibles; pero en Panamá vemos que nuestros gobiernos han invadido actividades propias del mercado, lo cual tiene consecuencias desastrosas. Montar y administrar una empresa es una aventura de mucho riesgo; tanto así que de cada 10 empresas que un día inician, a los 10 años sólo subsiste una. 1/3 subsiste a tablas, otro ganando poco y la mayor parte de las que ganan no ganan mucho. Por ello, generalizar insinuando que todos los empresarios son ricos es absurdo.

    El elemento esencial que motiva el éxito está en perder o ganar; para lo cual también es esencial entender las señales del mercado y ninguna de estas cosas se aplican a gobernar países, ya que es asunto de lucro o ganancias ni de pérdidas sino de cumplir el mandato estatal vertido en constitución; si ello es posible.

    El empresario debe conocer y estar atento a las señales del mercado, mientras que la función de las autoridades, que es mantener la libertad y la paz que permita a los ciudadanos emprender sus vidas, no consiste en estar atento a las pérdidas o ganancias sino al encargo que se les hace.

    Las empresas ganan cuando atienden y entienden las señales del mercado y los políticos ganan cuando atienden y entienden las señales políticas o politiqueras.

    En un mercado libre el premio de ganancia va al buen emprendedor; mientras que, en la política, muy a menudo, el premio va al que engaña. La función gubernamental no es otra que garantizar libertad y justicia; de manera que con el éxito del mercado salgan todos favorecidos, tanto empleadores como empleados.

    Lastimosamente en el esquema señalado anteriormente no les va bien a los zorros politiqueros del gallinero. Sin embargo, la intervención gubernamental más allá de su función propia no sólo da al traste con las señales de ganancias y pérdidas, sino que va destruyendo el sector formal de emprendimiento; mientras que aumenta el informal; y menos mal, ya que si ni a este último le va bien, entonces sí es serio el asunto.

    Las estrategias de los zorros para cazar gallinas son variadas; controles de precios; subsidios; tasas en intereses flacos; hacerse pasar por empresa, tal como el IDAAN, MEDUCA, electricidad, transporte, gas licuado, etc. Hacen ver que subsidian y favorecen a los que menos tienen… ¡falso! Tristemente el común de la gente ve el costo reducido, pero no cómo hacen los zorros para engañar con esos supuestos subsidios. Bien se ha dicho que: “lo barato sale caro”.

    Más aún, la intervención trae otras perversidades, tal como una mala asignación de los recursos “impuestos”, los humanos, incentivos y, ni hablar la prostitución de empresarios que se inscriben en el juego sucio y logran ganancias no en el libre mercado sino en el adulterado. Y ni hablar que por allí entran las ideas socialistas que terminan acabando con el buen emprendimiento.

    Me apena decirlo, pero… en Panamá el empresario que no juega según las reglas de los zorros no le suele ir nada bien. Y algo poco conocido es que buena parte de lo que en el país llamamos inversión empresarial nos llega por dineros que vienen en fuga de sitios en dónde las cosas andan mucho peor que aquí. Por ejemplo ¿cómo saber cuáles negocios no son más que lavamáticos de fondos externos?

    Y, como ya he señalado y vale abundar, las distorsiones que se dan cuando los gobiernos de zorros se apoderan de los gallineros producen distorsiones inimaginables al común de las gallinas; luego de lo cual lo que tenemos no es un mercado sano que promueve el desarrollo, sino todo lo contrario.